Concepto de Derecho Administrativo - Apuntes - Derecho_Parte3, Study notes for

Description: Apuntes de Derecho sobre el Concepto de Derecho Administrativo: el ordenamiemto jurídico administrativo, El Sistema Normativo, La Ley, etc. Ulima - Universidad de Lima
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ser manifestada de forma expresa e incluso de forma escrita, pero también puede ser presunta como por ej. cuando se da un determinado valor al silencio (ej.: la administración consultiva donde se emiten informes sobre distintos temas)

También hay declaraciones de conocimiento como por ej. el poder certificante de la AP (es decir, los certificados que emite la AP)

Incluso en algunos casos, los actos administrativos también pueden ser manifestaciones de un deseo, deseo de un órgano de la AP en relación con la toma de posición a la decisión que toma otro órgano de la AP.

Los particulares podemos trabar relaciones con la AP pero no por ello son consideradas como actos administrativos. Hemos de subrayar la posibilidad de que otros órganos constitucionales puedan realizar actuaciones materialmente administrativas pero que no son actos administrativos.

Los distintos poderes del Estado, que se estructuran en órganos (algunos con la consideración de órganos constitucionales), están llamados a realizar una función estrictamente señaladas por sus normas reglamentarias.

Estos órganos constitucionales realizan, de forma instrumental, alguna actividad que puede ser considerada como materialmente administrativa (ej.: CD y S que además de aprobar leyes y controlar al ejecutivo, realizan labores que se quedan en su ámbito de realización) Advertimos la existencia de unas relaciones jurídicas de carácter administrativo que obedecen a normas comunes a las que regulan las relaciones de las AP con los funcionarios. No podemos decir que sean actos administrativos en tanto en cuanto no proceden de la AP.

Estos actos materialmente administrativos también son susceptibles de los mismos recursos (contencioso−administrativo) que los actos administrativos, y ello para que no se produzca indefensión.

3.− Clases:

Podemos distinguir entre:

Actos administrativos decisorios vs. Actos administrativos no decisorios. Los decisorios son una manifestación de la voluntad de la AP, define una situación jurídica de la Administración frente a terceros (ya sea un individuo ya sea otra AP)

Los no decisorios son cuando la AP manifiesta un deseo o conocimiento sin que se defina ninguna situación jurídica, la decisión quedará pospuesta para otro momento.

Actos administrativos resolutorios vs. Actos administrativos de trámite. Los resolutorios son los que ponen fin al procedimiento administrativo, también se denominan actos administrativos definitivos.

Los de trámite son las actuaciones que se realizan a lo largo del procedimiento administrativo para que, de forma instrumental, sirvan para definir el acto administrativo.

La posibilidad de recurrir los actos administrativos depende de que tengan la consideración de actos administrativos resolutorios o bien de trámite. El art. 107 LO 30/92 establece esta distinción, es decir, que los actos administrativos resolutorios son siempre recurribles y que los actos administrativos de trámite son recurribles en aquellos supuestos específicamente tasados en el art. 107.

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Actos administrativos favorables o declarativos de derecho vs. Actos administrativos de gravamen. Los favorables amplían el patrimonio jurídico de aquellos a quien se dirigen (ej.: la concesión de una subvención....)

Los de gravamen producen una delimitación o reducción del patrimonio de aquellos a los que afectan. Estas actuaciones necesitan justificarse es una potestad que le haya sido atribuida de forma expresa a la AP por parte del ordenamiento jurídico. Además, y como suponen una limitación a los sujetos a los que afectan, han de estar motivadas.

Actos administrativos constitutivos vs. Actos administrativos declarativos. Los constitutivos son los que crean, modifican o extinguen una situación jurídica.

Los declarativos acreditan un hecho acontecido pero no decide sobre ese hecho ni sobre las situaciones jurídicas derivadas del mismo.

Desde el punto de vista de los destinatarios de los actos administrativos podemos distinguir:

Actos administrativos singulares los singulares son aquellos que tienen un sujeto definido

Actos administrativos generales los generales son aquellos que se dirigen a la generalidad de los sujetos pero que no están individualmente definidos o identificados.

Se consideraba que los reglamentos tenían la característica fundamental de su generalidad, pero esto choca con la distinción entre el acto administrativo y el reglamento.

Desde el punto de vista de la AP que dicta el acto administrativo:

Actos administrativos dictados por la Administración activa (actos de gestión)

Actos administrativos dictados por la Administración consultiva

Actos administrativos dictados por la Administración de control ! aquellos que o bien antes o bien después de que se dicte el acto administrativo están llamados a definir el marco en que se lleve a cabo el control.

Podemos considerarlos procedentes de un órgano:

Unipersonal♦ Colegiado♦

Distinción entre actos administrativos:

! definitorios o resolutorios: el que pone fin al procedimiento administrativo

! que causa estado: aquel que ya no puede ser objeto de impugnación administrativa, es decir, aquel que ha agotado los recursos administrativos (la vía administrativa)

! firmes: donde ya no cabe sobre ellos ningún tipo de recursos, ni administrativo ni jurisdiccional bien porque han sido agotadas todas las vías posibles o bien porque no se haya presentado en el plazo establecido (es lo que se llama firme por consentido)

En nuestro ordenamiento existen dos preceptos que nos determinan cuando el acto alcanza la consideración de acto administrativo que causa estado (aquellos solo susceptibles de recursos

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contenciosos−administrativos por vía jurisdiccional y no por vía administrativa):

art. 109 Ley 30/92, son las resoluciones de los recursos de alzada; los procedimientos que tienden a sustituir al recurso de alzada (art. 107.2 Ley 30/92); aquellas resoluciones que carezcan de un superior jerárquico; las demás resoluciones de órganos administrativos cuando así esté establecido por la ley; y también los acuerdos, pactos, convenios o contratos que pongan fin a la vía administrativa.

en el ámbito local: art. 52.2 LBRL, estos son; resoluciones del pleno, alcalde y comisiones de gobierno. Salvo en aquellos procedimientos denominados bifásicos donde una parte se tramita de forma municipal y otra de forma autonómica.

También se hace referencia al art. 27.2 LBRL, es decir, a supuestos de delegación de competencias de la CCAA a favor de municipios o Diputación provincial o Diputación de los municipios. Existe un recurso sobre estas actuaciones ente la AP delegada.

También causarán estado las actuaciones o resoluciones de órganos inferiores cuando se resuelvan por medio del alcalde o autoridades y por delegación, si las resoluciones de dicho alcalde o autoridades pueden poner fin a la vía administrativa.

También los actos que prevea cualquier disposición legal; y las normas de organización de las CCAA donde se prevea dicha situación.

Otra distinción entre actos administrativos donde se establece que no podrán ser recurridos los actos administrativos de acuerdos y consentidos, y en base a esto son actos administrativos:

originarios: son el resultado de un procedimiento administrativo que concluye con una resolución.

confirmatorios: aquellos que reiteran el contenido de un acto previo.

Distinción entre actos administrativos:

reglados: son aquellos que la AP dicta sobre la base de una norma jurídica y que limita el contenido de ese acto administrativo (ej.: licencia urbanística)

discrecionales: son aquellos que, aun teniendo algunos elementos reglados (sometidos a ciertos límites), hay un elemento discrecional que permite a la Administración optar entre distintas posibilidades, esta elección se realiza con base a criterios de oportunidad.

LECCION XXVI

El acto administrativo (continuación):

4.− Elementos subjetivos: Administración, órganos, competencia e investidura del funcionario: El primer elemento subjetivo es la AP ya que sin AP no habría actos administrativos, pero una AP no entendida cono cualquier poder del Estado, sino formalmente entendida (AP territorial e institucional).

Pero la AP es un ente que actúa por medio de unos órganos, que son los que manifiestan su actividad. Por tanto el segundo elemento subjetivo es el órgano competente para dictar actos administrativos; ese órgano es competente porque actúa dentro de las normas del ámbito material que le ha sido concedido, si bien también existen normas que distribuyen la competencia por razón del territorio, y

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finalmente, las competencias pueden estar distribuidas por razón del tiempo.

El órgano administrativo es un concepto, al igual que la AP; y es el personal a su servicio el que dará el soporte material a dicho concepto.

El tercer elemento subjetivo es la investidura del funcionario (es decir, de estas personas del órgano administrativo)

Para reconocer un acto administrativo no sólo debemos de reconocer que proviene de la AP, sino que dentro de esa AP proviene de un órgano competente, es decir, que ha de ser dictado por una persona que haya sido investida formalmente. Se trata de una persona que ha superado unas pruebas, ha sido nombrado, ha tomado posesión y además está en una situación profesional de servicio activo. Concurriendo toda una serie de circunstancias, reconocemos que una persona está investida formalmente para ser reconocida como funcionario de la AP.

Pero más allá de esto, se exige, se requiere que en cada uno de los actos administrativos dictados por ese funcionario el sujeto no se encuentre incurso en una situación de abstención o de recusación.

Estos conceptos suponen la separación de ese funcionario (o autoridad) de ese procedimiento o actuación administrativa.

Abstención y recusación: art. 28 y 29 Ley 30/92 donde se establecen las causas y formas de poner en marcha este mecanismo.

El art. 28 exige que las autoridades o personal de las AP (...) se abstendrán (voluntariamente) de la participación en ese procedimiento, sino se abstiene voluntariamente cabe que los órganos superiores ordenen que se abstenga (es decir, le separarían unilateralmente)

Las causas determinan el grado de presunción de implicación de la autoridad o persona de la AP en el asunto, son:

tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pudiera influir en aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado

tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato

tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior

haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate♦ tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar

La no abstención en los casos en que proceda podrá dar lugar a responsabilidad, puede sancionarse administrativamente, sin perjuicio de que también pueda dar lugar a responsabilidad penal (ej.: tráfico de influencias)

El art. 28.3 establece que la actuación de las autoridades donde hubieran debido abstenerse, no serán anuladas, no implicará la invalidez del acto administrativo. Esto se explica porque el acto administrativo, por encima de todo, será válido o inválido si es conforme al derecho, y si ha sido

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dictado conforme al derecho será válido (por más que quien lo haya dictado no se hubiera abstenido como legalmente debería haber hecho) Por otra parte también están presentes razones de seguridad jurídica.

La recusación es complementaria a la abstención. El art. 29 dice que en los casos previstos en el art. 28, podrá solicitarse, en cualquier momento del proceso, que esa autoridad o funcionario sea separado del proceso; esta recusación se planteará por escrito donde se expresará la causa en que se funda.

Este incidente se tramita:

al día siguiente de la presentación de la recusación se manifestará si es aceptada o rechazada♦ si el recusado niega la causa, el órgano superior tomará una decisión. Esa decisión no es susceptible de recurso porque no determina la finalización del procedimiento ni produce indefensión. Si bien puede impugnarse ese acto.

5.− Elementos objetivos:

A) Presupuesto de hecho, fin, causa, motivo: El presupuesto de hecho es una situación real que determina una consecuencia jurídica determinada; el acto administrativo se dicta porque la ley establece una consecuencia jurídica de una situación fáctica dada. (ej.: sanción administrativa = consecuencia de un comportamiento que está calificado como infracción administrativa, es decir, consecuencia del presupuesto de hecho)

El fin del acto administrativo es el objetivo que persigue la norma jurídica al habilitar y atribuir una potestad a la AP. Y a cada potestad le corresponde, en términos generales, un determinado fin público. (ej.: potestad expropiatoria que habilita a la AP a privar parcial o totalmente de su patrimonio a un sujeto para conseguir un fin considerado de interés público o social)

Si a la AP se le otorga una potestad para conseguir un determinado fin, y utiliza esa potestad para conseguir otro fin (por más que también fuera un fin público) se lo considera desviación de poder, lo cual puede llegar a constituir la nulidad del acto administrativo. Y si esa potestad se utiliza para conseguir un fin privado puede constituir un delito de prevaricación, cohecho .... (ej.: desviación de poder podrá ser, siempre que se demuestre adecuadamente, cuando las multas de tráfico son impuestas no con fines de seguridad en el tráfico sino con fines recaudatorios)

La causa es la adecuación entre el contenido del acto administrativo y el fin al que va dirigido, de forma que sin esa adecuación el acto administrativo carece de causa. El art. 52 Ley 30/92, establece esta relación causal como elemento sustancial, esencial, pero es un elemento muy abstracto.

B) La declaración, su contenido (condición, plazo, modo y reservas): Se tarta de una manifestación que pone de relieve la voluntad para resolver una determinada situación.

La declaración hace referencia a los posibles vicios que pueden afectar a la AP, vicios que no son aquellos que suponen la alteración en el ordenamiento jurídico, sino que son aquellos que afectan o pueden afectar a esa voluntad que manifiesta la AP a través de los actos administrativos. Estos vicios son también aquellos que pueden afectar a los sujetos privados cuando realizamos un negocio jurídico, son la intimidación, el error, el dolo.....

Esos vicios de la voluntad se proyectan no sobre la Administración como estructura jurídico−pública, sino sobre los que en un momento determinado actúan en nombre de esa Administración, y por ello lo actuado por esa persona física se imputa a quien representa.

Estos vicios tienen una consideración muy específica o particular. En los negocios jurídicos un vicio

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puede anular el mismo si se demuestra que este vicio existe. Pero si en ese vicio incurre la persona física que tiene la representación de la AP los efectos son distintos porque la AP actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho. E incluso podría tener una importancia nula si esa persona física, representante de la AP, actuó bajo la influencia de un vicio pero el acto administrativo realizado es conforme al derecho.

El principio de legalidad, objetivamente, impone que la AP ha de actuar conforme al derecho, pero esto conlleva algunas matizaciones teniendo en cuanta la diferencia entre los actos administrativos reglados y los actos administrativos discrecionales. Los primeros son aquellos que la AP dicta sobre la base de una norma jurídica y que limita el contenido de ese acto administrativo (ej.: licencia urbanística), y los segundos son aquellos que, aun teniendo algunos elementos reglados (sometidos a ciertos límites), hay un elemento discrecional que permite a la Administración optar entre distintas posibilidades, esta elección se realiza con base a criterios de oportunidad. Los vicios afectan de forma distinta si se trata de un tipo u otro de actos.

Tratándose de los actos administrativos discrecionales, los vicios afectan de forma distinta que a los reglados, dado que tiene más importancia porque no hay una base jurídica.

El contenido: este se regula en el art. 53 Ley 30/92. La pregunta es: ¿es posible someter un acto administrativo a una condición, plazo, modo y reserva?

La tipicidad del acto administrativo puede permitir, e incluso exigir, que este acto administrativo venga acompañado por algún tipo de determinación accesoria de la voluntad. Pero hay algunos actos administrativos que son incompatibles con estas determinaciones accesorias. (ej.: licencia de obras donde no se cumplen todas las condiciones requeridas, la AP puede optar por : 1. denegar el acto administrativo; 2. la condiciones iuris, que es que se otorga licencia pero bajo un tipo de condición muy especial, es decir, que la licencia se somete a un tipo de requerimiento especial)

6.− Elementos formales:

A) El procedimiento: ver el título IV (= El procedimiento administrativo)

B) Forma externa de manifestación. La motivación: Los negocios jurídicos privados no requieren ningún tipo de forma específica; los actos administrativos, sin embargo, deben ser rodeados de ciertas formalidades. Como principio general se requiere la escritura según lo dispuesto por el art. 55 Ley 30/92.

La principal razón por la que se manifiesta de forma escrita es por la seguridad jurídica; otra razón es que el acto administrativo es la plasmación final de la voluntad que se ha ido conformando a través del procedimiento administrativo, donde se incorporan todos los documentos relativos a las distintas actuaciones o trámites procesales que se han ido llevando a cabo.

Sin embargo el art. 55 también permite otra formas de manifestación de la voluntad de la AP, así por ej. las órdenes que dicta un agente de tráfico son una manifestación de la voluntad de la AP (los gestos del agente). Otras veces el acto administrativo se manifiesta de forma verbal, ese acto ha de tener una constancia que se refiere a la certificación de ese acuerdo, el acuerdo ha de ser trasladado a un documento escrito (esto es una cautela referida a la eficacia del acto administrativo)

Además el art. 55 viene a decir que cuando el órgano superior dicta órdenes verbales, el órgano inferior que recibe dichas órdenes ha de tomar nota de las misma, plasmándolas luego en un documento escrito por medio de una fórmula predeterminada.

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¿Qué estructura tiene que tener esa forma escrita del acto administrativo? La estructura del documento no está previsto en ningún sitio, pero hay una costumbre jurídica que pone de manifiesto como se vienen estructurando los actos administrativos. Podemos establecer como esquema fundamental:

encabezamiento, con expresión del órgano o autoridad que dicta ese acto administrativo

normas reguladoras de la competencia que habilita a ese órgano para decidir sobre ese asunto

cita las normas reguladoras del fondo del asunto

si incorporará una relación de los actos administrativos que se han ido realizando a lo largo del procedimiento administrativo

se expresarán los órganos consultivos que se hayan tomado en consideración

motivación del acto, es una referencia al supuesto de hecho, a la causa y los fundamentos jurídicos, es decir, es una recapitulación

la decisión donde se manifiesta la voluntad del acto administrativo

posibles recursos y ante que autoridad se pueden interponer

lugar, fecha y firma del órgano administrativo correspondiente

La motivación: es una parte del contenido del acto administrativo, supone o constituye las razones, tanto de hecho como de derecho, que apoyan a la administración a resolver los casos, es el soporte fáctico y jurídico de la decisión que la AP adopte en el acto administrativo.

La administración, como consecuencia del principio de legalidad, han de actuar conforme al derecho. Esa sujeción al derecho debe ponerse de manifiesto a través de la motivación.

La motivación como expresión del fundamento de hecho y de derecho no es obligatoria en todos los casos, el art. 54 Ley 30/92 establece una lista de aquellos actos que han de estar motivados:

actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos son los actos administrativos de gravamen

actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje son actos administrativos que suponen una rectificación de una toma de posición de la AP

los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos son aquellos actos administrativos que constituyen una ruptura con la posición o postura que tradicionalmente ha mantenido la AP

los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales....

los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos aquellos que modifican la temporalidad

los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa razones por las que la AP adopta una resolución y no

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otra

la motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte en el proceso de selección, el fundamento ha de ajustarse específicamente a las bases del concurso

La motivación no tiene porque ser especialmente exhaustiva aunque se exige que sea una motivación ad hoc, es decir, específica para ese caso en concreto (no puede ser genérica)

Todo ello puede ser objeto de control jurisdiccional, una vía para poder controlar la motivación es el control de los fundamentos.

7.− El silencio administrativo o el acto presunto:

Introducción: se regulan en los art. 42 a 44 Ley 30/92. Partimos de la obligación de la AP de resolver los procedimientos iniciados (tanto los iniciados de oficio como aquellos iniciados a instancia de parte)

El art. 42.1 establece que no sólo existe la obligación de resolver sino también de notificar la resolución para que llegue a conocimiento de los afectados. Aunque existen una excepciones:

aquellos procedimientos que concluyen por un acuerdo o pacto entre la AP y la otra parte;♦ aquellos casos donde el procedimiento consiste en una indicación o comunicación por parte del sujeto privado hacia la AP como el ejercicio de un derecho

Estos procedimientos han de ser resueltos en un plazo determinado, aquel plazo que esté previsto para su resolución.

El art. 42.2 establece un plazo máximo de 6 meses, salvo en algunos supuestos concretos, estos son:

cuando lo establezca una norma con rango de ley

cuando así venga previsto por una norma comunitaria

A falta de que la AP se pronuncie sobre un plazo, se aplica que el plazo máximo es de 3 meses.

El art. 42.5 establece unas causas que habilita a la AP a ampliar el plazo:

cuando la AP considera que falta algún documento que deben ser aportados por alguna de las partes del procedimiento, se paraliza dicho procedimiento hasta que el interesado incorpore el documento al expediente

cuando se requiere un informe de la UE, se paraliza el procedimiento hasta que dicho informe sea remitido

cuando se soliciten informes a la misma AP u otra AP, el plazo no puede ser mayor de 3 meses desde que lo solicita hasta que se remite el informe, durante ese tiempo se suspende el procedimiento

cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente

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cuando se hagan negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o acuerdo, se interrumpe el procedimiento

NOTA!!! Estos no son propiamente una ampliación del plazo, sino que son una interrupción del transcurso del plazo (la ampliación del plazo la determina la propia AP)

El silencio administrativo: se establecen una serie de efectos para aquellos casos en que la Administración obligada a resolver una situación no lo haga. El silencio es la respuesta que da el derecho a la falta de respuesta de la Administración.

Los efectos son distintos en aquellos casos donde el procedimiento se ha iniciado a instancia de parte o de oficio. Su régimen se deduce de los art. 43 y 44 Ley 30/92.

A instancia de parte el silencio tiene efectos estimatorios (= silencio positivo) salvo algunos casos específicos.

El art. 43.2 establece que, en general, se estima automáticamente la petición, aunque existen algunas excepciones, las excepciones tendrán efectos desestimatorios. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto, este recurso será estimatorio.

De oficio el art. 44 distingue dos posibilidades:

en los procedimientos de reconocimiento de situaciones jurídicas favorables a los interesados el silencio tiene carácter negativo

cuando el procedimiento tiene como fin el ejercicio de una potestad llamada a producir unos efectos desfavorables para el perjudicado, de la falta de notificación expresa de la resolución se derivan efectos negativos

Los efectos del silencio, regulados en el art. 43.3 Ley 30/92, son válidos para los iniciados a instancia y de oficio:

! estimación por silencio: son, a todos los efectos, actos administrativos finalizados

! desestimación por silencio: permite a los interesados la interposición de recursos administrativos para que se revise esa desestimación presunta (por la AP o por un tribunal de lo contencioso−administrativo)

Paralelo al conjunto de ficciones que constituye este silencio administrativo, está la obligación de la Administración de resolver fuera del plazo, más allá de transcurrirse el plazo..... Nunca caduca la obligación de resolver, pero la capacidad decisoria de la administración al resolver fuera del plazo tiene una serie de efectos: solamente puede tener efectos confirmatorios pero solo si es estimatorio ese silencio (art. 43.4)

En los casos donde el silencio tiene carácter desestimatorio, la resolución expresa que eventualmente puede adoptar la Administración fuera de plazo, se puede adoptar sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Una vez transcurrido el plazo, incluido paralelamente después de interpuesto el recurso ante la desestimación, puede venir la estimación del proceso (post−proceso) de la administración ( ojo de esto no estoy muy segura, mirar mejor)

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LECCION XXVII

El acto administrativo (continuación):

8.− Efectos del acto: presunción de validez y retroactividad: Los actos administrativos están acompañados de la presunción de validez, cuando se dicta se presume que son conformes al derecho (lo cual no quiere decir que lo sean), de hecho, toda la actuación de la AP está acompañada de esa presunción IURIS TANTUM, pero ello también quiere decir que admite pruebas en contrario.

Como consecuencia de esa presunción están llamados a tener eficacia inmediata, esto se deriva de la autotutela, de su capacidad de imponer lo decidido, es decir, la autotutela ejecutiva y no sólo la declarativa.

Sobre las bases de la autotutela, el legislativo establece lo que se establece en el art. 57 de la Ley 30/92, la presunción de validez y eficacia inmediata como regla general.

La finalidad de la eficacia inmediata es la satisfacción de los intereses generales. Pero existen excepciones como que el acto administrativo establezca otra cosa distinta, los efectos del acto pueden ser aplicados de forma retroactiva o bien a efectos demorados.

Eficacia retroactiva: art. 57.3; tendrá eficacia retroactiva cuando:

Se dicten en sustitución de actos anulados, para suplir la falta de efectos del acto anulado;• Estén llamados a generar efectos favorables en el interesado, siempre que los supuestos de hecho del acto existieran en el momento al que se restrinjan.

Esta eficacia se da siempre que no se lesionen los derechos de otras personas.

Efectos demorados: se dan por distintas circunstancias:

Porque así lo disponga el acto• Porque el propio contenido o sentido del acto así lo exige (ej.: el plan docente cuando se establecen las fechas de los exámenes de la Universidad)

Cuando sea exigible la notificación o publicación del acto, esta es una actuación administrativa posterior a la realización del acto administrativo

9.− Eficacia sometida a notificación o publicación:

La notificación: Regulado en la Ley 30/92; y tiene por efecto el dar a conocer fehacientemente el contenido del acto administrativo. No solamente dotan de seguridad y garantía del contenido, sino que también tiene como fin el buscar un equilibrio entre las garantías del interesado y las garantías del interés público (art. 58 y ss)

En el art. 31 es donde se regula la condición del interesado en el procedimiento: lo son aquellos que hayan iniciado el procedimiento o bien se hayan personado en el mismo sin haberlo iniciado o bien aquellos que pueden verse afectados por las resoluciones adoptadas sin que ellos hayan iniciado ni participado en el procedimiento. A todos los interesados debe de notificárseles las resoluciones.

Los requisitos para la notificación:

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plazo: 10 días siguientes desde que el acto se haya adoptado

contenido de la notificación: texto íntegro de la resolución con indicaciones de si es definitivo o no en vía administrativa. Se deben expresar los recursos que, en su caso, procedan contra ese acto, el órgano ante el que debe de presentarse el recurso, plazos para interponerlo.... Todo ello sin perjuicio de que los interesados utilicen los recursos que consideren oportunos.

Esta es la notificación denominada notificación regular, es decir, aquella que es conforme al derecho. Pero el art. 58 ofrece la opción de que sean aceptadas aquellas notificaciones que no cumplen con todos los elementos requeridos para producir efectos, son las llamadas notificaciones defectuosas; y así el art. 58.3 Ley 30/92 establece que si bien es obligatorio que la notificación se trate de un texto íntegro de la resolución adoptada, puede carecer de algún otro elemento y no por ello ser ineficaz SI el individuo al que va dirigida la notificación, se da por notificado realizando alguna actuación que ponga de manifiesto que ha percibido el acto administrativo.

La práctica de la notificación está regulada en el art. 59 y de forma tal que, por un lado intenta garantizar que la notificación llegue a su destino, y por otro lado que la actitud del notificando no pueda llegar a impedir la eficacia de la notificación.

Para que exista una constancia de que se ha realizado la notificación, es obligatorio para la Administración incorporar al expediente administrativo un documento que acredite la práctica de la notificación (ej.: acuse de recibo, firma de haber recibido.....)

Esa notificación se practicará en el lugar que haya sido establecido por el interesado cuando el procedimiento es iniciado a instancia de parte. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no estar este, podrá hacerse cargo cualquier otra persona que se encuentre en dicho lugar siempre que haga constar su identidad. Pero se pueden dar las siguientes situaciones: si no hubiera nadie en el domicilio por lo que nadie se pudiese hacer cargo, se hará constar en el expediente y se volverá a intentar posteriormente dentro de los tres días siguientes; pero cuestión distinta es que si aún habiendo alguien en el domicilio, este no se quisiera hacer cargo, es decir, se rechaza la recepción de la notificación, esto se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite.

El art. 59.4 prevé que cuando los interesados del procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de notificación o el medio al que se refiere el art. 59.1, o bien, no se hubiese podido practicar la notificación, esta se hará por edicto, es decir, anuncios en el tablón de anuncios de su último domicilio o bien en el BOE, en el BOCA o en el BOP. Quedando suplida la notificación personal por la notificación por anuncios.

La publicación: La notificación puede ser sustituida por la publicación en algunos supuestos, la publicación no es lo mismo que los anuncios ni que la notificación, sino que es algo alternativo.

El art. 59.5 dispone que la publicación tendrá los mismos efectos que la notificación en los siguientes supuestos:

cuando la Administración estime que la notificación realizada a un solo sujeto no es suficiente para que una pluralidad indeterminada de sujetos se enteren de la misma

cuando se trata de procedimientos cuyo fin es la selección de uno o varios entre muchos aspirantes, la convocatoria será por publicación. Pero a partir de ese momento todas las actuaciones ya no son por publicación sino que se realiza por anuncios donde la publicación hubiese designado.

aquellos actos que deban serlo según las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo

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aconsejen las AP por razón de interés público

Es el art. 60 el que regula la publicación, pero se trata más bien de una cláusula residual. En cualquier caso la publicación ha de tener los mismos elementos que el art. 58.2 establece para la notificación.

10.− Suspensión: como medida de control y en vía de recurso:

Vía de recurso hemos de partir del principio de autotutela, ya que cuando hablamos de la suspensión del un acto administrativo nos estamos refiriendo a la vertiente ejecutiva del principio. Esto supone que los actos administrativos están llamados a producir efectos con independencia de que los afectados por ellos estén de acuerdo o no (ese desacuerdo ha de ser jurídico, es decir, ha de estar en desacuerdo por pensar que el acto administrativo es contrario al derecho); la impugnación de dichos actos administrativos no paraliza los efectos del mismo.

El equilibrio que el ordenamiento jurídico administrativo trata de conseguir, lo encontramos en la eficacia que produce el acto administrativo y también en la posible suspensión de los efectos del acto siempre que ese acto produzca los efectos inherentes a su contenido y pueda generar perjuicios irreversibles para el ciudadano.

Existen dos intereses en conflicto:

interés de la Administración para que el acto administrativo produzca efectos• interés del afectado de suspender los efectos cuando estos puedan causa perjuicios irreversibles. Para ello existe la suspensión cautelar que es válida hasta que se resuelvan los recursos presentados.

El art. 111 Ley 30/92 regula esta figura de la suspensión del acto administrativo, se establece que la impugnación del acto administrativo no produce, como regla general, la suspensión del mismo.

Ahora bien, el órgano al que se dirige el recurso, previa ponderación razonada entre el perjuicio al recurrente y el perjuicio causado al interés público, podrá pedir impugnar de oficio o de parte, la suspensión del mismo, esto se encuentra supeditado a:

que sean perjuicios irreversibles o cuasi−irreversibles

que la impugnación se fundamente en alguna de las causas del art. 62.1 (= vicios determinantes de la nulidad de pleno derecho)

La suspensión ha tenido un tratamiento novedoso en la Ley 30/92 porque antes estaba recogida de una forma más limitada. Esto se observa principalmente en el art. 111.3 Ley 30/92 donde se regula una suspensión del acto cuando el órgano que ha de resolver no lo hace, y por lo tanto ese silencio acerca de la solicitud de suspensión tiene efectos positivos, es decir, se presume la suspensión.

Pero la suspensión del acto administrativo, que es una búsqueda del equilibrio entre el interés general y el particular, no es única vía. A veces se exige la adopción de medidas cautelares para asegurar la protección del interés público o de terceros, regulado en el art. 111.4 Ley 30/92.

La suspensión podrá prolongarse (se prolonga la falta de efectos) según el art. 111.4 pero sólo si se impugnan los actos administrativos por vía contencioso−administrativa, es decir, si la solicitud por vía administrativa es rechazada, el interesado podrá impugnarla por vía contencioso−administrativa, y en ese recurso tampoco producirá efectos.

En el art. 111.5 Ley 30/92 se dice que la suspensión de aquellos actos administrativos que tengan por

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destinatarios una colectividad debe darse igual publicidad que se dio en su momento al acto administrativo.

Cuando el acto administrativo es objeto de revisión de oficio también es posible que cautelarmente la Administración, antes de resolver acerca de esa revisión de oficio, pueda suspender los efectos.

La CE habilita al gobierno para impugnar disposiciones y actos de las CCAA, esa impugnación tiene efectos suspensivos (como máximo 5 meses, sino ha de ser ratificado por el TC)

Como medida de control consideraciones históricas: cuando hablamos de suspensión por vía de control aludimos a la posibilidad de que una AP suspenda los efectos de un acto dictado por una AP distinta. Esto ha sido un mecanismo muy habitual en el ámbito de la Administración del Estado y la Administración local.

Si acudimos al Texto Refundido de Régimen Local de 1955 advertimos que el Gobernador civil podía suspender los actos y acuerdos de las corporaciones locales y remitirlo al órgano contencioso−administrativo para que lo depurara. Este mecanismo se pone en evidencia una vez que se aprueba la CE, donde se reconoce la autonomía de los órganos locales; como consecuencia de ello, una STC de 1981 el TC dice que ese mecanismo es contrario a la CE.

Y como consecuencia de la STC se dicta la Ley de 28 de Octubre de 1981 que trata de adaptar el régimen local a la CE suprimiendo este mecanismo.

Así llegamos a la Ley de 2 de Abril de 1985 (LBRL) en esa ley desaparece totalmente ese mecanismo; los artículos 65 y 66 LBRL regulan los mecanismos de impugnación sobre entidades locales. SOLO hay un supuesto donde se regula la suspensión de efectos de los actos administrativos de las corporaciones locales es en el art. 67 LBRL: estos son los supuestos en donde se vea en peligro el interés general por un acuerdo local.

Matizaciones: hay algunas leyes autonómicas que permiten que algunos actos administrativos sean suspendidos cuando afecten a materias compartidas entre las CCAA y el Estado.

11.− Extinción: cumplimiento, desaparición de presupuestos fácticos, vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición, anulación y revocación: se pueden producir por distintas circunstancias:

cumplimiento del acto administrativo

desaparición de los supuestos fácticos

vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición cuando el contenido del acto administrativo se vincula a un determinado evento y este se cumple, el acto administrativo pierde eficacia

anulación y revocación

LECCION XXVIII

El acto administrativo (continuación):

12.− La teoría de las nulidades:

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A) Inexistencia, nulidad y anulabilidad: hay que distinguir entre estos conceptos, la distinción teórica se basa en las siguientes circunstancias: hablamos de un acto jurídico nulo de pleno derecho cuando ese acto está afectado por algún vicio determinante de su nulidad, vicio que supone que en cualquier momento podrá ser solicitada la declaración de nulidad ante los órganos judiciales o incluso, el propio órganos judicial, de oficio, puede depurar la existencia de ese vicio. Una vez declarada la nulidad del acto jurídico, esta tiene efectos erga omnes, es decir, que desaparece el acto jurídico y no puede producir efectos frente a nadie.

Son vicios tales que no pueden ser sanados ni por voluntad de las partes ni por el paso del tiempo (no cabe hablar de convalidación) e incluso los actos posteriores que traigan causa de un acto declarado nulo de pleno derecho, serán nulos.

La anulabilidad supone que las partes − por lo tanto no es de oficio − puedan pedir la declaración de nulidad de ese acto anulable. En tanto en cuanto ese vicio es invocado, el órgano judicial podrá declarar nulo el acto jurídico.

Cuando decimos que un acto jurídico es anulable, estamos admitiendo que las partes pueden sanar ese acto afectado por algún vicio determinante de su anulabilidad, la subsanación podrá ser a través de la convalidación del mismo, es decir, sanando los vicios de los que adolece por voluntad de las partes.

Hay una prevalencia de la legalidad sobre la seguridad jurídica en los actos nulos de pleno derecho; mientras que en los actos anulables prevalece la seguridad jurídica sobre la legalidad y por ello pueden ser subsanados.

A esta doble categoría se le une otra no especificada en el derecho positivo pero sí una de la que se hace eco la jurisprudencia, son los actos inexistentes. Estos son aquellos que están privados incluso de la misma apariencia de acto jurídico. Y ello supone que las partes pueden desconocerlos.

B) Privilegios de la Administración y teoría de las nulidades: ¿cómo afecta la teoría de las nulidades a los actos administrativos? Para ello hemos de partir del art. 6.3 CC los actos contrarios a las normas administrativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención, es decir, que es regla general que los actos ilegales (=contrarios a derecho) son nulos de pleno derecho.

Cuando hablamos del Derecho Administrativo, es decir, cuando el acto jurídico es un acto administrativo, esa regla general del art. 6.3 CC no es válida ya que el acto administrativo, como regla general, es anulable y sólo en aquellos casos establecidos por el propio ordenamiento jurídico será nulo de pleno derecho.

Incluso, además de las categorías de actos nulos de pleno derecho, anulables e inexistentes, existen otros: los actos afectados por irregularidades no invalidantes. Esas irregularidades no determinan la nulidad del acto.

La modulación que sufre la teoría general (art. 6.3 CC) cuando nos referimos al DA se ve afectada por otra modulación, y es que los actos administrativos se presumen conforme a derecho, esto es, que los actos administrativos son actos ejecutivos y esto se proyecta por encima de la teoría de las nulidades; y tienen como consecuencia fundamental que los actos administrativos incluso afectados por los vicios más groseros, determinantes de la nulidad de pleno derecho, pueden ser objeto de ejecución forzosa.

El privilegio de autotutela ejecutiva posibilita que la Administración pueda exigir el cumplimiento del acto pese a que ese acto tenga un vicio, y esto continuará hasta que ese vicio no sea reconocido por la

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AP.

C) Grados de invalidez de los actos administrativos:

Los distintos grados de invalidez de los actos administrativos son:

actos inexistentes aquellos que carecen de apariencia de acto

acto nulo de pleno derecho

acto anulable

acto con irregularidades no invalidantes

13.− La nulidad de pleno derecho:

a. Características y efectos de la nulidad

Los actos nulos de pleno derecho NO se pueden convalidar según lo estipulado en el art. 67 Ley 30/92.

Este vicio hace que además el acto administrativo sea imprescriptible, es decir, el paso del tiempo no va a hacer que sane el vicio.

En cualquier momento, tanto los afectados por el acto como la Administración, pueden solicitar el reconocimiento de ese vicio determinante de la nulidad de pleno derecho.

El consentimiento del afectado por ese vicio no hace que el acto sea sanado para el ordenamiento.

b. Los supuestos legales

Para darse estas características, el acto administrativo debe incurrir en alguno de los vicios susceptibles de nulidad absoluta (art. 62 Ley 30/92) Si incurriere en otros vicios no recorridos en este artículos, siempre será anulable.

Algunos vicios del art. 62:

que es órgano que dicta el acto administrativo sea incompetente por razón de la materia o del territorio, y que lo sea de forma manifiesta

actos de contenido imposible, debe ser materia o físicamente imposible, pero no jurídicamente imposible. Es imposible que el acto produzca efectos por la propia materia de las cosas, puesto que si fuera jurídica sería simplemente ilegalidad del acto

la imposibilidad debe ser de carácter originario y no sobrevenido♦ la imposibilidad debe ser ideal o lógica, es decir, del propio contenido del acto se deduce que no puede ser cumplido

la imposibilidad también viene dada para actos de contenido ambiguo o indeterminado♦ actos administrativos que son en si mismos un delito o falta administrativos; o bien que se dicten sobre la base de una actividad previa considerada delictiva

cuando se vulnera la voluntad de los órganos que dictan los actos administrativos

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actos expresos o presuntos que son contrarios al ordenamiento jurídico, con contenido favorable para el interesado, cuando carece de los requisitos esenciales para adquirir derechos (ej.: expedición de un título, cuando no se han aprobado las asignaturas)

cualquier otro acto que se establezca sin normas con rango de ley, expedida por el legislador

El art. 62 Ley 30/92 también recoge, para las normas con carácter reglamentario, la nulidad de pleno derecho. Será así siempre que se vulnere una norma reglamentaria, una norma con carácter jerárquicamente superior.

También lo son normas que estén reservadas a la ley; normas jurídicas que establezcan efectos retroactivos de carácter sancionador de derechos fundamentales.

14.− La anulabilidad:

Características y efectos (preclusión del plazo impugnatorio y actos consentidos):

Se encuentra regulada en el art. 63 Ley 30/92. Son anulables los actos administrativos que vayan en contra de la desviación de poder (es decir, que son dictados para un fin distinto del indicado) e infracción del orden jurídico que no sea susceptible de nulidad de pleno derecho.

Cualquier infracción del ordenamiento jurídico no hace anulable un acto (art. 63.2 y 3) El defecto de forma sólo la hace anulable cuando el acto no tenga los requisitos esenciales para alcanzar el fin previsto o produzca indefensión.

Ese vicio de forma que supone que el acto se realice fuera de plazo, hace que sea anulable cuando el propio ordenamiento jurídico recoja la anulabilidad si no se cumplen los plazos.

Es decir, cuando se vulneran las reglas conforme al acto administrativo. Esto lleva aparejada la retracción de las actuaciones al momento en que se manifieste el vicio de forma para que se tramite el expediente administrativo desde que se efectuó ese vicio, salvando la declaración de nulidad. Se produce una depuración de las actuaciones posteriores.

Una de las características de la anulabilidad es la preclusión del plazo para anular, lo cual trae consigo el consentimiento.

Decimos que precluye el plazo para anular porque se dispone de un tiempo corto para manifestar su disconformidad con el acto administrativo mediante el planteamiento de un recurso. Transcurrido ese plazo precluye (ya no se puede interponer el recurso, es decir que si se presenta fuera de ese plazo no será admitido) y por ello si no se solicita la declaración de nulidad el acto administrativo adquiere firmeza por el consentimiento del afectado, con independencia de que el acto administrativo sea o no legal.

Convalidación, conversión e incomunicación de la invalidez:

Partimos de un acto administrativo que vulnera el ordenamiento jurídico, pero por un principio del Derecho Administrativo, el principio del favor acti hay una predisposición del ordenamiento jurídico a mantener los actos administrativos que tengan algún vicio.

Convalidación previsiones que permiten la subsanación de los defectos que pueden incidir en un acto administrativo dictado por la AP.

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Los actos anulables son actos convalidables, según el artículo 67.2 de la Ley 30/92, produciendo efectos desde que la Administración subsana dichos vicios. Salvo el supuesto del artículo 53.2 de la Ley 30/92 (¿?) si el acto administrativo tiene efectos retroactivos.

Si el vicio es por incompetencia, por razón de falta de jerarquía para dictar ese acto administrativo, el artículo 67.3 de la Ley 30/92 establece que puede ser convalidado por el órgano superior jerárquico.

Conversión art. 65 de la Ley 30/92, dice que son aquellos actos dictados por la Administración que no reúnan las condiciones de legalidad exigibles para ser considerados conforme a derecho, pero que tiene las características de otros actos distintos al dictado, tendrán efectos como ese acto del que tiene las características.

Ej: A es un acto dictado sin suficientes características pero que tiene trascendencia jurídica según otro acto, el B, del cual sí que cumple las características conforme a derecho. Por lo tanto se considera como acto el B y no el A.

Incomunicación de invalidez art.64 y 66 de la Ley 30/92, es la voluntad del legislador de mantener, conforme a derecho, todo lo dictado, aunque en algún momento haya podido haber un vicio.

Si hay un acto viciado, no comunica su invalidez a actos anteriores, siempre que sean independientes los distintos actos. Lo mismo sucede con actos posteriores si (solo si) esa invalidez no es esencial y los actos son independientes entre sí.

15.− Las irregularidades no invalidantes:

Son los vicios en los que puede incurrir el acto administrativo pero que son irrelevantes a los efectos de determinar la nulidad o anulabilidad de los mismos ( ej: fuera de plazo)

Las irregularidades no invalidantes no determinan la nulidad o anulabilidad del acto, pero esto no quiere decir que no pueda tener otros efectos jurídicos distintos de la anulabilidad del acto, por ejemplo pueden tener efectos resarcitorios

LECCION XXIX

El acto administrativo (continuación):

16.− La revisión de oficio:

También denominada revocación, supone la retirada definitiva de un acto anterior mediante otro acto de signo contrario. Esto supone una quiebra del principio de seguridad jurídica, el cual aboga por el mantenimiento de los actos administrativos.

La revisión de oficio se justifica o bien por motivos de legalidad o bien por motivos de oportunidad.

Tiene dos vertientes:

Revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho• Revisión de oficio de actos anulables•

A) De los actos nulos de pleno derecho: está previsto en el art. 102 de la Ley 30/92, modificado por la

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Ley 4/99. Se establece lo siguiente:

las AP podrán, en cualquier momento, revocar o declarar de oficio la nulidad de aquellos actos suyos que se encuentren dentro de los supuestos del art. 62.1 de la Ley 30/92

esta revisión de oficio puede plantearse tanto a iniciativa de la propia administración como por solicitud del interesado

para esta revisión se necesita un (previo) dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano homólogo autónomo. Este dictamen es preceptivo y vinculante.

según el art. 62.1 podrán ser revisados tanto los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa como aquellos que no hayan sido recurridos en plazo. Es decir, se trata de actos administrativos que ya no pueden ser impugnados por vía administrativa.

la revisión de oficio también puede ser iniciada a instancia de parte, el art. 102.3 de la Ley 30/92 regula en estos casos que, a la vista de la solicitud, la Administración puede inadmitir el asunto dando por concluido el procedimiento.

El art. 102.3 dispone que para declarar la inadmisión del asunto no es necesario el pronunciamiento previo del Consejo de Estado o de las CCAA, porque se inadmite cuando la solicitud de revisión no se apoye en las causas de nulidad del art. 62 o bien, cuando existiendo dichas causas, se haga sin fundamento.

el art. 102.5 establece previsiones de aquellos casos donde pasa el plazo para adoptar una resolución produciéndose SILENCIO. Los efectos del silencio son distintos en función de cómo se haya iniciado la revisión:

cuando se haya iniciado por la Administración el silencio, determina la caducidad del procedimiento

cuando se ha iniciado a solicitud de parte, el silencio tiene carácter desestimatorio

el art. 104 de la Ley 30/92 establece la posible suspensión de la eficacia del acto administrativo sometido al proceso de revisión.

B) De los actos anulables: Sirve sólo para los actos anulables que produzcan efectos favorables para los interesados. Vías de revocación:

Art. 103 de la Ley 30/92 modificado por la Ley 4/99 estableciéndose que se impide que la Administración pueda anular aquellos actos que incurren en algún supuesto de anulabilidad, sino que siempre que se lesionen los intereses públicos, la Administración ha de declarar su lesividad e impugnarlos ante el contencioso−administrativo. La AP ha de acudir a una instancia ajena a sí misma para pedir por vía judicial, la declaración de que ese acto es lesivo.

Además de ello, el legislador ha establecido un plazo para que la AP realice una declaración de lesividad y luego acuda a la vía contencioso−administrativa, ese plazo es de 4 años.

La declaración de lesividad se debe generar por la AP que ha dictado ese acto administrativo. Pero luego, para dictar la impugnación del mismo, se ha de acudir a lo contencioso−administrativo.

El art. 105.1 de la Ley 30/92 establece que las AP pueden revocar los actos de gravamen o actos con efectos perjudiciales en el patrimonio jurídico del ciudadano.

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El legislador establece algunas cautelas a favor de los intereses generales siempre que la revocación no suponga una quiebra del principio de igualdad, ni que sea contraria a los intereses generales... Los que prohíbe es la arbitrariedad de la Administración (art. 9 CE)

17.− Corrección de errores materiales o aritméticos:

Es el art. 105.2 de la Ley 30/92 el que establece que las AP pueden rectificar los errores materiales, fácticos o aritméticos en cualquier momento.

18.− La revocación por motivos de oportunidad:

A) Excepcionalidad e indemnización: Un mismo asunto puede ser resuelto de una forma u otra y ambas formas pueden ser de acuerdo al derecho.

El principio general es que los actos legales, aunque sean inoportunos, no pueden ser revocados, y ello como garantía de seguridad jurídica. Sin embargo la rigidez de este principio puede suponer perjuicios para los intereses generales, perjuicios que tampoco son deseables.

Aquí aparece la tensión entre la seguridad jurídica y los intereses generales, el principio de seguridad jurídica exige el mantenimiento de ese acto. Pero si ese acto es inoportuno, se abre la posibilidad de que la AP pueda reaccionar contra ese acto por motivos de oportunidad.

B) Especial consideración del ámbito de la Administración local: En el art. 16 del Reglamento de servicios de las corporaciones locales de 1955, se establecen distintos supuestos de revocación, entre ellos se encuentra la revocación por inoportunidad:

cuando se incumplen las condiciones a las que estuvieren subordinadas (este es un supuesto que se conoce como revocación−sanción)

cuando desapareciesen las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevienen otras que la habrían modificado (puede haber un derecho a indemnización, dependiendo de quien cambie esa situación)

cuando se adoptan nuevos criterios de revocación♦ cuando resulten otorgadas erróneamente (habrá indemnización cuando el error se debe a la negligencia de la AP)

En el supuesto de que la participación del afectado por la revocación haya inducido a la AP a error, la revocación de la licencia no habrá de ir acompañada de una indemnización (esto sobre la base de que es que alega su propia torpeza no debe de ser oído)

LECCION XXX

La coacción administrativa:

1.− La ejecución forzosa:

A y B) Concepto y ámbito, y El acto administrativo como título de ejecución forzosa: La Administración tiene la capacidad de autotutela declarativa, pero además, dispone de la autotutela ejecutiva, es decir, constituye la posibilidad de llevar a efecto el acto administrativo o deducción previa.

Cuando hablamos de ejecución forzosa de los actos administrativos hemos de localizar una previsión normativa que habilita la Administración para poder actuar. En el art. 95 de la Ley 30/92 se dispone que las AP pueden proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos

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administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales, es decir, que como principio general la AP está habilitada a proceder a la ejecución forzosa salvo excepciones contempladas en el mismo artículo; o bien que se exija que los Tribunales tengan que intervenir en los actos administrativos, es decir, que los tribunales amparen la ejecución forzosa de los actos administrativos quedando privada la AP de la autotutela ejecutiva.

Presupuesto necesario de la actividad ejecutiva de la AP es la existencia previa de un acto administrativo. El art. 93 de la Ley 30/92 regula este presupuesto necesario considerando el acto administrativo como fundamento jurídico de la ejecución forzosa.

La ejecución forzosa de un acto administrativo necesita de un previo apercibimiento, es decir, la AP ha de poner en conocimiento del sujeto afectado la ejecución de dicho acto, para que así el sujeto tenga la oportunidad de cumplir voluntariamente el contenido del acto administrativo.

La actividad de ejecución no puede ir más lejos de lo dispuesto en el acto administrativo, es decir, ha de limitarse a lo dispuesto en el acto administrativo. Por tanto, la ejecución administrativa no debe añadir nada a lo declarado por el acto administrativo.

Esto no impide que se incorpore el coste económico que la ejecución forzosa suponga al sujeto en que repercute dicha ejecución forzosa (= se le imponen las costas)

Los actos administrativos son ejecutivos y el hecho de su ejecución no depende de su firmeza ya que puede ser sometido a algún tipo de impugnación (ya sea administrativa o contencioso−administrativa) Pero el acto administrativo no precisa ser firme para poder ejecutarlo, a pesar de que sea recurrido, así lo señala el art. 94 de la Ley 30/92.

Si bien existen unos supuestos excepcionales del art. 111 y 113 o bien cuando se necesite de la aprobación posterior por parte de otra autoridad distinta de los que dictaron ese acto administrativo (es el caso de los llamados procedimientos bifásicos)

C) Los medios: se encuentran regulados en los art. 96 y ss de la Ley 30/92, y son:

apremio sobre el patrimonio

ejecución subsidiaria

multa coercitiva

compulsión sobre las personas

Apremio sobre el patrimonio puede utilizarse cuando el acto administrativo consiste en la declaración de una deuda o cantidad líquida que el sujeto ha de cumplir mediante su pago.

El Reglamento General de recaudación, en sus art. 91 y ss, dispone que cuando existe falta de pago por el administrado, la AP puede poner en marcha este procedimiento de apremio, el cual supone:

notificación de la deuda

notificación de que la deuda no ha sido pagada

iniciación de apremio = embargo de bienes para hacer frente al paga de la deuda

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venta en pública subasta

satisfacción de la deuda con el dinero derivado de la pública subasta

Ejecución subsidiaria se utiliza en actos administrativos no constitutivos de una deuda líquida, actos no pecuniarios. La AP queda habilitada para ejecutar esos actos administrativos por sus medios o encargándolos a terceros, y donde las costas repercutirán en el obligado. Con lo que el contenido del acto administrativo se convierte en una deuda pecuniaria que puede ser satisfecha o bien voluntariamente o bien por el procedimiento de apremio sobre el procedimiento.

Multa coercitiva es el medio que tiene la AP para la ejecución de actos administrativos de carácter personalísimo en que o bien no proceda la ejecución forzosa o bien la AP no considere oportuno dirigir la ejecución forzosa sobre dicho sujeto.

Habilita a la AP a imponer multas sucesivas y distanciadas en el tiempo con objeto de hacer quebrar la voluntad incumplidora del sujeto obligado por el acto para que cumpla con dicha obligación.

Dichas multas no son el ejercicio de la potestad sancionadora sino que es quebrar la voluntad incumplidora de quien no quiere cumplir el acto.

Además de cumplir el acto administrativo, habrá de hacer frente a las multas coercitivas, que podrán ser satisfechas voluntariamente o bien por el apremio sobre el patrimonio del afectado.

Compulsión sobre las personas incidir físicamente sobre el sujeto que no cumple y así obligar al cumplimiento del acto administrativo no cumplido voluntariamente. Son actos administrativos que supongan el cumplimiento de obligaciones personalísimas (de no hacer o soportar) O que no pueden ser objeto de multas coercitivas.

Dicha compulsión ha de estar habilitada de forma expresa.

Ej: expropiación forzosa, donde el territorio ha de ser ocupado por la AP o por

Quien se beneficie; y si no hay desalojo por el propietario expropiado, este puede

Ser sacado por la fuerza.

D) Principios generales: la AP no dispone de discrecionalidad en la elección de los medios, sino que ha de actuar según el tipo de acto administrativo. Los medios utilizados por la AP han de ser proporcionales al fin que se pretende ejecutar.

Los principios de derivan del art. 53.2 de la Ley 30/92, además son comunes los medios. La AP siempre debe actuar intentando restringir lo menos posible la libertad de los ciudadanos (art. 96 de la Ley 30/92)

No se puede simultanear distintos medios de ejecución forzosa, cuando se eligen los medios de ejecución forzosa no se puede actuar en dos vías distintas.

Tampoco la AP puede, para ejecutar los actos administrativos, entrar en el domicilio del demandado, sino que si la ejecución del acto administrativo dispone la entrada en el domicilio, la AP necesita la autorización judicial (expedida por los Jueces unipersonales de lo contencioso−administrativo)

2.− La coacción directa:

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Es, junto con la ejecución forzosa de los actos administrativos, otra actividad ejecutiva de la AP. La coacción directa no precisa la previa existencia de un acto administrativo, es decir, que constituye una excepción al art. 93.1 de la Ley 30/92.

Estos supuestos son muy excepcionales, no existe un acto administrativo que, como título ejecutivo, legitime a la AP a actuar. En cualquier caso dicha coacción directa está sometida a la legalidad, es decir, sólo puede actuar cuando los casos estén previstos expresamente en la ley.

Principio de la coacción directa: el carácter excepcional ejemplos:

calamidades públicas como un gran incendio, aplicando el principio de que la salud pública está por encima de la ley. Si bien debe de actuarse en términos de proporcionalidad, ya que dicho principio no da libertad absoluta.

estado de necesidad (art. 116 CE), pero incluso cuando la situación de necesidad no ha sido formalmente reconocida, la AP puede aplicar la coacción directa.

3.− Las coacciones ilegítimas: la vía de hecho.

Si la AP actua al margen de los medios de ejecución forzosa o actua en aquellos supuestos donde no se dan los presupuestos fácticos para la aplicación de la coacción directa, se da el supuesto llamado vía de hecho (= actuación ilegítima)

Ante esta situación, el administrado tiene distintas vías para oponerse en defensa de sus intereses o derechos agredidos:

Recurso contencioso−administrativo especialmente regulado frente a la AP (art. 30)♦ Interdictos (de retener y recuperar), que son recursos sumarios, procedimientos del orden civil donde puede ser demandada la AP para que deje de amenazar o perturbar su patrimonio.

Puede interponer el interdicto para recuperar la posesión cuando la AP haya producido una injerencia en el patrimonio jurídico.

En relación con los interdictos, el art. 101 de la Ley 30/92 establece una prohibición de utilizarlos contra la AP, si bien dicha prohibición no es absoluta (se permite cuando la AP actúa ilegítimamente)

Y así la AP se convierte en un sujeto más ya que puede ser juzgado por el orden civil, que es el que se encarga de resolver conflictos entre los ciudadanos.

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