Concepto de Derecho Administrativo - Apuntes - Derecho_Parte3, Apuntes de Derecho Administrativo

Derecho Administrativo

Descripción: Apuntes de Derecho sobre el Concepto de Derecho Administrativo: el ordenamiemto jurídico administrativo, El Sistema Normativo, La Ley, etc. Ulima - Universidad de Lima
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ser manifestada de forma expresa e incluso de forma escrita, pero también puede ser presunta como
por ej. cuando se da un determinado valor al silencio (ej.: la administración consultiva donde se
emiten informes sobre distintos temas)
También hay declaraciones de conocimiento como por ej. el poder certificante de la AP (es decir, los
certificados que emite la AP)
Incluso en algunos casos, los actos administrativos también pueden ser manifestaciones de un deseo,
deseo de un órgano de la AP en relación con la toma de posición a la decisión que toma otro órgano
de la AP.
Los particulares podemos trabar relaciones con la AP pero no por ello son consideradas como actos
administrativos. Hemos de subrayar la posibilidad de que otros órganos constitucionales puedan
realizar actuaciones materialmente administrativas pero que no son actos administrativos.
Los distintos poderes del Estado, que se estructuran en órganos (algunos con la consideración de
órganos constitucionales), están llamados a realizar una función estrictamente señaladas por sus
normas reglamentarias.
Estos órganos constitucionales realizan, de forma instrumental, alguna actividad que puede ser
considerada como materialmente administrativa (ej.: CD y S que además de aprobar leyes y controlar
al ejecutivo, realizan labores que se quedan en su ámbito de realización) Advertimos la existencia de
unas relaciones jurídicas de carácter administrativo que obedecen a normas comunes a las que regulan
las relaciones de las AP con los funcionarios. No podemos decir que sean actos administrativos en
tanto en cuanto no proceden de la AP.
Estos actos materialmente administrativos también son susceptibles de los mismos recursos
(contencioso−administrativo) que los actos administrativos, y ello para que no se produzca
indefensión.
3.− Clases:
Podemos distinguir entre:
Actos administrativos decisorios vs. Actos administrativos no decisorios. Los decisorios son una
manifestación de la voluntad de la AP, define una situación jurídica de la Administración frente a
terceros (ya sea un individuo ya sea otra AP)
Los no decisorios son cuando la AP manifiesta un deseo o conocimiento sin que se defina ninguna
situación jurídica, la decisión quedará pospuesta para otro momento.
Actos administrativos resolutorios vs. Actos administrativos de trámite. Los resolutorios son los que
ponen fin al procedimiento administrativo, también se denominan actos administrativos definitivos.
Los de trámite son las actuaciones que se realizan a lo largo del procedimiento administrativo para
que, de forma instrumental, sirvan para definir el acto administrativo.
La posibilidad de recurrir los actos administrativos depende de que tengan la consideración de actos
administrativos resolutorios o bien de trámite. El art. 107 LO 30/92 establece esta distinción, es decir,
que los actos administrativos resolutorios son siempre recurribles y que los actos administrativos de
trámite son recurribles en aquellos supuestos específicamente tasados en el art. 107.
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Actos administrativos favorables o declarativos de derecho vs. Actos administrativos de gravamen.
Los favorables amplían el patrimonio jurídico de aquellos a quien se dirigen (ej.: la concesión de una
subvención....)
Los de gravamen producen una delimitación o reducción del patrimonio de aquellos a los que afectan.
Estas actuaciones necesitan justificarse es una potestad que le haya sido atribuida de forma expresa a
la AP por parte del ordenamiento jurídico. Además, y como suponen una limitación a los sujetos a los
que afectan, han de estar motivadas.
Actos administrativos constitutivos vs. Actos administrativos declarativos. Los constitutivos son los
que crean, modifican o extinguen una situación jurídica.
Los declarativos acreditan un hecho acontecido pero no decide sobre ese hecho ni sobre las
situaciones jurídicas derivadas del mismo.
Desde el punto de vista de los destinatarios de los actos administrativos podemos distinguir:
Actos administrativos singulares los singulares son aquellos que tienen un sujeto definido
Actos administrativos generales los generales son aquellos que se dirigen a la generalidad de los
sujetos pero que no están individualmente definidos o identificados.
Se consideraba que los reglamentos tenían la característica fundamental de su generalidad, pero esto
choca con la distinción entre el acto administrativo y el reglamento.
Desde el punto de vista de la AP que dicta el acto administrativo:
Actos administrativos dictados por la Administración activa (actos de gestión)
Actos administrativos dictados por la Administración consultiva
Actos administrativos dictados por la Administración de control ! aquellos que o bien antes o bien
después de que se dicte el acto administrativo están llamados a definir el marco en que se lleve a cabo
el control.
Podemos considerarlos procedentes de un órgano:
UnipersonalColegiado
Distinción entre actos administrativos:
! definitorios o resolutorios: el que pone fin al procedimiento administrativo
! que causa estado: aquel que ya no puede ser objeto de impugnación administrativa, es decir, aquel
que ha agotado los recursos administrativos (la vía administrativa)
! firmes: donde ya no cabe sobre ellos ningún tipo de recursos, ni administrativo ni jurisdiccional bien
porque han sido agotadas todas las vías posibles o bien porque no se haya presentado en el plazo
establecido (es lo que se llama firme por consentido)
En nuestro ordenamiento existen dos preceptos que nos determinan cuando el acto alcanza la
consideración de acto administrativo que causa estado (aquellos solo susceptibles de recursos
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contenciosos−administrativos por vía jurisdiccional y no por vía administrativa):
art. 109 Ley 30/92, son las resoluciones de los recursos de alzada; los procedimientos que tienden a
sustituir al recurso de alzada (art. 107.2 Ley 30/92); aquellas resoluciones que carezcan de un superior
jerárquico; las demás resoluciones de órganos administrativos cuando así esté establecido por la ley; y
también los acuerdos, pactos, convenios o contratos que pongan fin a la vía administrativa.
en el ámbito local: art. 52.2 LBRL, estos son; resoluciones del pleno, alcalde y comisiones de
gobierno. Salvo en aquellos procedimientos denominados bifásicos donde una parte se tramita de
forma municipal y otra de forma autonómica.
También se hace referencia al art. 27.2 LBRL, es decir, a supuestos de delegación de competencias de
la CCAA a favor de municipios o Diputación provincial o Diputación de los municipios. Existe un
recurso sobre estas actuaciones ente la AP delegada.
También causarán estado las actuaciones o resoluciones de órganos inferiores cuando se resuelvan por
medio del alcalde o autoridades y por delegación, si las resoluciones de dicho alcalde o autoridades
pueden poner fin a la vía administrativa.
También los actos que prevea cualquier disposición legal; y las normas de organización de las CCAA
donde se prevea dicha situación.
Otra distinción entre actos administrativos donde se establece que no podrán ser recurridos los actos
administrativos de acuerdos y consentidos, y en base a esto son actos administrativos:
originarios: son el resultado de un procedimiento administrativo que concluye con una resolución.
confirmatorios: aquellos que reiteran el contenido de un acto previo.
Distinción entre actos administrativos:
reglados: son aquellos que la AP dicta sobre la base de una norma jurídica y que limita el contenido
de ese acto administrativo (ej.: licencia urbanística)
discrecionales: son aquellos que, aun teniendo algunos elementos reglados (sometidos a ciertos
límites), hay un elemento discrecional que permite a la Administración optar entre distintas
posibilidades, esta elección se realiza con base a criterios de oportunidad.
LECCION XXVI
El acto administrativo (continuación):
4.− Elementos subjetivos: Administración, órganos, competencia e investidura del funcionario: El
primer elemento subjetivo es la AP ya que sin AP no habría actos administrativos, pero una AP no
entendida cono cualquier poder del Estado, sino formalmente entendida (AP territorial e
institucional).
Pero la AP es un ente que actúa por medio de unos órganos, que son los que manifiestan su actividad.
Por tanto el segundo elemento subjetivo es el órgano competente para dictar actos administrativos; ese
órgano es competente porque actúa dentro de las normas del ámbito material que le ha sido
concedido, si bien también existen normas que distribuyen la competencia por razón del territorio, y
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finalmente, las competencias pueden estar distribuidas por razón del tiempo.
El órgano administrativo es un concepto, al igual que la AP; y es el personal a su servicio el que dará
el soporte material a dicho concepto.
El tercer elemento subjetivo es la investidura del funcionario (es decir, de estas personas del órgano
administrativo)
Para reconocer un acto administrativo no sólo debemos de reconocer que proviene de la AP, sino que
dentro de esa AP proviene de un órgano competente, es decir, que ha de ser dictado por una persona
que haya sido investida formalmente. Se trata de una persona que ha superado unas pruebas, ha sido
nombrado, ha tomado posesión y además está en una situación profesional de servicio activo.
Concurriendo toda una serie de circunstancias, reconocemos que una persona está investida
formalmente para ser reconocida como funcionario de la AP.
Pero más allá de esto, se exige, se requiere que en cada uno de los actos administrativos dictados por
ese funcionario el sujeto no se encuentre incurso en una situación de abstención o de recusación.
Estos conceptos suponen la separación de ese funcionario (o autoridad) de ese procedimiento o
actuación administrativa.
Abstención y recusación: art. 28 y 29 Ley 30/92 donde se establecen las causas y formas de poner en
marcha este mecanismo.
El art. 28 exige que las autoridades o personal de las AP (...) se abstendrán (voluntariamente) de la
participación en ese procedimiento, sino se abstiene voluntariamente cabe que los órganos superiores
ordenen que se abstenga (es decir, le separarían unilateralmente)
Las causas determinan el grado de presunción de implicación de la autoridad o persona de la AP en el
asunto, son:
tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pudiera influir en
aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente
con algún interesado
tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo,
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan
en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para
el asesoramiento, la representación o el mandato
tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior
haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se tratetener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en
cualquier circunstancia o lugar
La no abstención en los casos en que proceda podrá dar lugar a responsabilidad, puede sancionarse
administrativamente, sin perjuicio de que también pueda dar lugar a responsabilidad penal (ej.: tráfico
de influencias)
El art. 28.3 establece que la actuación de las autoridades donde hubieran debido abstenerse, no serán
anuladas, no implicará la invalidez del acto administrativo. Esto se explica porque el acto
administrativo, por encima de todo, será válido o inválido si es conforme al derecho, y si ha sido
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Fecha de la carga: 11/07/2013
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