Examen derecho administrativo, Exámenes de Derecho Administrativo

¡Descarga Examen derecho administrativo y más Exámenes en PDF de Derecho Administrativo solo en Docsity! WJOLAH PREGUNTAS-TIPO-EXAMEN-RESUELTAS.pdf Anónimo Régimen Jurídico de la Actuación Administrativa 3" Grado en Derecho E boo Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Madrid Es) ls FIEP - Feria de Postgrado Madrid 208 | kira ET DEESTUDIOS DE POSTGRADO ¡Inscrilete! Te esperamos :) Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Universidad Postgrados Europea NOME Más info ACTO Y PROCEDIMIENTO 1. Califique jurídicamente: A) omisión de la resolución expresa de un recurso de alzada La administración está obligada a resolver. Para resolver un recurso de alzada dispone de 3 meses. Si en ese tiempo no se resuelve, habrá silencio administrativo y se tendrá por desestimado. Si el recurso de alzada se hubiera interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud, el recuso se entenderá estimado si no se notifica de forma expresa la resolución del recurso en el plazo de tres meses, siempre y cuando no se refiera a las siguientes materias: al ejercicio del derecho de petición; transmisión de facultades relativas al dominio o servicio público; actividades que puedan dañar el medio ambiente y procedimientos de responsabilidad patrimonial. b) precinto de una obra ini: administrativa. jada sin haber obtenido licencia, tras la resolución 'ormación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad Los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos, esto quiere decir que produce efectos jurídicos. La administración puede adoptar actuaciones materiales para ejecutar el acto. Reservados todos los derechos. c) omisión del pago del justiprecio, tras sentencia firme. Inactividad material. Se produce cuando la administración está obligada a actuar y no lo hace. Se regula en el art 29 LPCA. En este caso la administración está obligada a realizar una prestación en favor de una o varias personas. Para poder interponer recurso contra la inactividad material, el particular debe hacer un requerimiento previo, y si tras 3 meses no obtiene respuesta de la administración, puede interponer recurso contencioso-administrativo por inactividad de la administración. d) la entrada en el domi pol lo de una persona, sin autorización del morador, ni de la No se permite la explotación económica Actuación material en vía de hecho. La vía de hecho supone una actuación administrativa que no tiene cobertura jurídica. La administración debe rodearse de elementos procedimentales o garantías que no usa. En este caso, para proceder a la entrada de un domicilio, como la inviolabilidad del domicilio está recogida por la constitución, se necesita una autorización por parte del dueño o de la administración o judicial, según corresponda. Falta esa actuación formal previa. Está actuando al margen del procedimiento establecido. La vía de hecho tiene un control judicial diferente, se impugna que la administración actúe sin cobertura através de un procedimiento contencioso administrativo. La administración está lesionando los intereses legítimos del particular. Hay un defecto procedimental, al ser un derecho susceptible de amparo constitucional podría producir la nulidad por el art 47. de resolver. Produciendo distintos efectos en función de si estamos ante actos favorables o desfavorables. - Actos favorables: los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. - Actos desfavorables: en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad: En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo-de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95. 4. Para celebrar la consecución de la Champions league por el Real Madrid, el Ayuntamiento de Madrid decide tondonar'ttodas las sanciones pecuniarias impuestas por aparcamiento indebido en las zonas ORA, ¿es posible? La administración puede eliminar el acto por motivos de legalidad-o-por motivos de Las Administraciones Públicas pueden revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. La celebración de la Champions noes un motivo justificado para quitar una sanción. La administración está actuando fuera de la ley. De esta regulación se deduce que la revocación de actos de gravamen sólo se admite en los casos en que expresamente lo permita el ordenamiento. El significado de estos límites es el siguiente: - No debe constituir dispensa o exención no permitida por las leyes. Se exige la previsión expresa de la dispensa o exención para poder plantear la revocación. - La revocación no puede ser contraria al principio de igualdad. Esto significa que si se revoca una resolución tienen que revocarse las demás que sean iguales y, a la inversa, si no se ha revocado una determinada, no podrán revocarse otras iguales. - La revocación no puede ser contraria al interés público, lo que obliga a motivar la inexistencia de contradicción con el mismo y a ponderar los beneficios que comporta la revocación del acto, y los inconvenientes que resultarían de su conservación. 5. Un ayuntamiento interpone fecursode'alzada el día 9 de noviembre de 2016 frente a la resolución de fecha 3 de octubre de 2016, notificada el 9 de octubre de 2016, del Consejero de Medio Ambiente por la que sévimpone una sanción a dicho ayuntamiento. ¿Está correctamente interpuesto el recurso? ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos. 3 É G 2 > Z Es posible que una administración recurra contra otra. En los litigios entre Administraciones públicas no-se puede interponer recurso en vía administrativa, hay que ir directamente al contencioso. Cuando una Administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada. Si dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contesta, el requerimiento se entenderá rechazado. Y entonces se interpondrá el recurso contencioso. 6. Comente la siguiente afirmación: en los procedimientos en que la administración ejercite potestades sancionadoras o de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad por el vencimiento del plazo máximo. establecido sin que se haya dictado resolución expresa, sin que en tal computo de caducidad se incluya el plazo de notificación. En el cómputo del plazo no se cuenta el plazo de notificación. La administración tiene la obligación de resolver y notificar en plazo. La administración está obligada a resolver en el plazo que se establezcan. Si no lo hace dentro de ese plazo, en los actos desfavorables se produce la caducidad. Para que se produzca la caducidad, se tiene que solicitar porel interesado. Tiene que existir una resolución por la cual quede caducado el procedimiento. Hasta entonces, la administración podrá dictar una resolución extemporánea. 7. La administración inicia de un expediente para otorgar una distinción honorífica a un funcionario por su próxima publicación. Téámscumido el plazo reglamentariamente previsto para la resolución del expediente, esta no se produce ¿qué efectos jurídicos tiene? Una distinción honorífica sería un acto favorable iniciado de oficio. La administración tiene la obligación de dictarresolución expresa y notificarla:en el plazo. correspondiente: Si pasado el plazo reglamentario, no hay una resolución expresa nos encontramos ante un silencio administrativo, que produce la desestimación del acto. 8. ¿Considera usted impugnable el acto por el que se inicia el procedimiento de expulsión de un extranjero de territorio español? Se ingresa al mismo en un centro de internamiento. Nos encontramos ante un acto de trámite. Son actos que no ponen fin al procedimiento, sino que forman parte de él. Por normal general no pueden ser impugnados. Sólo pueden ser impugnado cuando decidan el fondo del asunto directa o indirectamente; ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad No se permite la explotación económic: FIEP FERIA OA DE ESTUDIOS DEPOSTGRADO je y 2 E X Ss a] FIEP - Feria de Postgrado | Madrid Magna determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzca un perjuicio irreparable. Se podría insertar en el primer supuesto tiene efectos de forma directa o indirecta como una resolución porque está en el fondo del asunto, aunque también podríamos ver que afecta a los derechos de esa persona y puede causar indefensión. 9. Mediante la rec: ación de errores materiales, de hecho, o aritméticos, regulada en la LPAC, las adi raciones públicas pueden rectificar los errores que proceden de una inadecuada aplicación del ordenamiento jurídico ¿es correcta esta afirmación? Sí. A través de la revisión de oficio: 10. Comente la siguiente afirmación: “en cualquier procedimiento administrativo el vencimiento del plazo sin haberse notificado resolución expresa por causa imputable i: ión o al interesado, legitima al particular interesado en el procedimiento a entender estimado o desestimado el procedimiento según proceda, sin perjuicio de la resolución que la administración debe dictar”. Si la Administración, resuelve, aunque sea tarde (art 21.3) Se sujetará al siguiente régimen: a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. 11. Los actos administrativos se presumen válidos y sin excepción alguna producirán efectos desde la fecha en que se dicten ¿es correcto esto? Es cierto que los actos administrativos se presumen válidos según el 39 LPCA, pero la producción de efectos tiene que ver con la eficacia y no la validez. Un acto puede ser válido y no eficaz; es decir el acto se ajusta a derecho, pero no produce efectos. Hotel Villa . . Reservados todos los derechos, . No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso, cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración, sin que resulte admisible la existencia soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa. 19. Al otorgar la Confederación Hidrográfica del Tajo una concesión de aprovechamiento de recursos hidrológicos para refrigerar una Central Térmica de ciclo combinado se incorpora entre el clausulado, la obligación de respetar las previsiones de la Ley de Pesca Fluvial para la conservación de las especies. ¿Esa cláusula permite a la Confederación exigir la construcción de un paso o escala de peces? Siempre que se acredite suficientemente la necesidad del paso o escala, al ser una cláusula legal (modo). 20. En los actos adoptados por el Gobierno en ejercicio de su función de dirección política, ¿cómo es el alcance del control jurisdiccional a juicio del Tribunal Supremo? Idéntico al control sobre los hechos discrecionales, debiendo controlarse los hechos determinantes, los elementos reglados establecidos por la normativa de aplicación. El Tribunal ejerce un control, cuando el legislador haya definido mediante conceptos judicialmente asequibles los límites o requisitos previos a los que deben sujetarse para comprobar si el Gobierno ha respetado aquellos y cumplido estos al tomar la decisión de que se trate. 21. Ante la ejecución de unas obras ilegales en un chalet propiedad de JA, el Alcalde dicta acuerdo por el que se requiere a J.A. que proceda a la legalización de lo ilegalmente construido mediante la oportuna solicitud de licencia o, en caso contrario, proceda a su demo! n. Frente a dicho requerimiento, don J.A. interpone recurso contencioso-administrativo. El requerimiento de legalización constituye un acto de trámite cualificado que permite su impugnación interponiendo el correspondiente recurso contencioso-administrativo, lo que no significa que la ausencia de recurso impida si eventualmente se dicta una orden de demolición su impugnación plena y poder utilizar contra la misma cualquier motivo de nulidad radical o de anulabilidad, entre los que se encuentra la caducidad de la acción de restauración de la legalidad urbanística. La respuesta correcta es: El recurso debe ser admitido, ya que si bien es un acto de trámite por el que se inicia el procedimiento de legalización, al decidir sobre el fondo del asunto. 22. Don J.A. solicitó del Ayuntamiento de CV el otorgamiento de una concesión para instalar un Kiosco de bebidas, con instalaciones fijas, en la esquina norte del Parque Municipal La Estrella, siendo denegado por Decreto del Alcalde de 25/09/2018, sin que 8 ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad ' l 3 2 FIEP - Feria de Postgrado Hotel Villa AN | Mad rid Magna DE ESTUDIOS DEPOSTGRADO fuese recurrida en vía adi trativa o contencioso-administrativa. Posteriormente, don J.A. solicita el septiembre de 2019 una nueva autorización para instalar en la referida esquina norte del Parque Municipal La Estrella un Kiosco, ahora con obras desmontables. Dicha solicitud es nueva denegada por el Alcalde. Interpuesto recurso contencioso-administrativo, el Ayuntamiento alega la inadmisibilidad del recurso, por tratarse de un acto reproductor de otro firme y consentido. Los actos administrativos para que hayan de entenderse como reproducción o confirmación de otros anteriores, definitivos y firmes por consentidos, no viene impuesta por la semejanza de argumentaciones o criterios vertidos en la elaboración de aquellos por el órgano administrativo, sino que debe de interpretarse de una manera muy restrictiva en el sentido más favorable posible a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, al exigir que entre el acto confirmatorio y el anterior consentido, exista la más completa identidad de sujetos, de pretensiones y de fundamentos. La respuesta correcta es: El recurso debe ser admitido, ya que lo solicitado y denegado no es exactamente idéntico. 23. Presentada una solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial en el Registro del Ayuntamiento de CV por don J.A., el Alcalde procede a notificarle acuerdo por el que se le requiere que presente dicha solicitud no en papel, sino a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, con apercibimiento de que en caso contrario se le tendrá por desistido de su solicitud. El acuerdo exige a la parte solicitante que presente la solicitud y la documentación vía telemática, con apercibimiento de archivo en caso contrario, lo que determina que la resolución administrativa recurrida es un acto de trámite cualificado y, por tanto, recurrible en vía contencioso- administrativa. El mismo impide continuar la tramitación del procedimiento. La respuesta correcta es: Don J.A. puede recurrir directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa dicho acuerdo, al configurarse como un acto de trámite cualificado. ) MOR AO y CONTRATOS 1. ¿Forma parte del sector público, a efectos de aplicación de la ley de contratos del Sector Publico una empresa en cuyo capital participa el sector privado en un 70% y que tiene como objeto la prestación del servicio Publico municipal de abastecimiento de agua y alcantarillado? Es una empresa que sirve para satisfacer las necesidades del interés general. Como su financiación es principalmente privada no es sector público. Para ser sector público debería tener un porcentaje inferior al 50%. . . Reservados todos los derechos, . No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. 2. Defina jurídicamente el Régimen: A) gestión del transporte urbano de viajeros: Es un contrato de concesión de servicios. Son servicios básicos o esenciales para la población. Es un derecho de los ciudadanos y un deber de la administración. La titularidad del servicio es de la administración, pero no se presta directamente por la Administración; sino que se encarga a una o varias personas la gestión de un servicio. Se puede usar la gestión directa o indirecta. Este tipo de contratos supone una transferencia del riesgo operacional al concesionario. B) Gestión de la limpieza de los edificios Públicos municipales. Es un contrato de servicios. Son prestaciones que consisten en el desarrollo de una actividad o dirigido a la obtención de un resultado distinto al de una obra o suministro. Son tareas auxiliares y complementarias. Tienen un plazo de 5 años. 10. C) Compraventa de un bien inmueble patrimonial del municipi La ley define de manera negativa que contratos no corresponden al sector público. Están excluidos las relaciones jurídicas que pueda entablar sobre bienes patrimoniales de la administración. D) Incorporación de un informático a la plantilla municipal La ley define de manera negativa que contratos no corresponden al sector público. Están excluidos los contratos que realiza la administración con sus empleados. Si no es funcionario, se le aplica el Estatuto Básico del empleo público. 3. Defina los siguientes contratos: - Contrato de obras: Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la ejecución de una obra. Están incluidas también las obras de reparación, rehabilitación, conservación, mantenimiento o demolición. La Administración encarga a un particular la realización de una obra pública (sufragada con dinero público). La diferencia con el contrato de concesión de obra pública es que el contrato de obra se ejecuta a riesgo del contratista. El contratista debe ejecutar la obra en los plazos establecidos. Para no correr con toda la financiación de la obra hay abonos y pagos a cuenta; va adquiriendo una serie de recursos en función de las certificaciones periódicas de obra. El contratista sólo realiza la obra, la Administración es quien hace uso de ella. 10 ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos. ú 3 2 3 3 > a FIEP FERIA OA DE ESTUDIOS DEPOSTGRADO je y 2 E X Ss a] FIEP - Feria de Postgrado | Madrid 1] Magna - Prevista en el pliego: es menos grave para el derecho comunitario, ya que todos sabían que esas modificaciones podrían darse. Tienen que estar previstas de forma clara y es necesario precisar su alcance y sus límites. Se producen ante situaciones que ha descrito el propio pliego. Sólo se puede modificar un 20% del precio inicial hacia arriba o hacia abajo. (art 204) - No prevista en el pliego: es muy restrictivo, ya que altera la libre competencia. (art 205). Son modificaciones que surgen por causas sobrevenidas. Sólo se puede dar en tres supuestos: - Cuando se necesite añadir nuevas obras no previstas, pero no sea posible cambiar al contratista y siempre que no exceda del 50% (si excede sería un nuevo contrato). - Circunstancias sobrevenidas, que no hayan podido ser previstas en su momento (50%). - Modificaciones no sustanciales: si supera el 50% es sustancial. Para las obras se considera que es sustancial si supera el 15%. Las modificaciones acordadas por el órganon de contratación serán obligatorias para el contratista si no supera su cuantía el 20% (art 206). 6. En los supuestos de contratos de concesión de obra púl certificaciones de obra? ica, ¿existen pagos por En los contratos de obra sí. Los pliegos pueden prever contratos cuyos pagos se realizan a cuenta. Por ejemplo, las certificaciones de obra en los contratos de obra. Certificaciones y abonos a cuenta. Art 240: A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo. Se les abona las cantidades en la cuenta. La entidad financiera descuenta la comisión. 7. ¿Puede la administración adjudicar un contrato administrativo sin la previa tramitación y aprobación del expediente de contratación? La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que deberá ser publicado en el perfil de contratante (art 116) Pero cuando se precise de la tramitación de urgencia, la aprobación del expediente no es necesaria (art 120) 13 Hotel Villa . . Reservados todos los derechos. . No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional: el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley. 8. La consejería pretende contratar a una empresa privada para que realice el control de seguridad en los accesos del edi , ¿es ello posible y en ese caso como se denominaría el contrato? ¿y la contratación de esa empresa para resolución de los procedimientos de imposición de sanciones por aparcamiento incorrecto? Control de seguridad: contrato de servicios Imposición sanciones: contrato de gestión de servicios 9. ¿Cuál es el régimen jurídico contractual de Hispasat SA sociedad de capital en la que el sector público estatal tiene una participación en su capital del 9,5%? ¿Y el régimen de la SEPI, entidad de derecho público cuyas actividades están sujetas al ordenamiento jurídico privado y está adscrita al Ministerio de Hacienda? Hispasat: para ser sector público, la participación del sector publico debería ser superior al 50%. SEPI: administración pública y poder adjudicador 10. A efectos de la aplicación subjetiva de LCSP que consideración tiene: - CGPJ: es una autoridad administrativa independiente. Es sector público, administración pública y poder adjudicador. - Banco de España: es una autoridad administrativa independiente. Es sector público, administración pública y poder adjudicador. - Empresa municipal de la vivienda: es una sociedad mercantil de capital social municipal, por lo que forma parte del sector público. Además, se considera poder adjudicador (satisface necesidades de interés general) pero no administración pública. - Entidad pública empresarial ADIF: sector público 14 ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad 11. La empresa municipal de la vivienda de “Villaparaíso” decide vender a un fondo inmobiliario las viviendas protegidas que tienen sus activos. ¿Qué tipo de contrato debe celebrar y cuál es el régimen jurídico? Es una sociedad mercantil de capital social municipal, por lo que forma parte del sector público. Además, se considera poder adjudicador (satisface necesidades de interés general) pero no administración pública. Los actos de preparación y adjudicación se rigen por la LCSP, pero los efectos, modificación y extinción se rigen por el derecho privado. 12. La empresa de aguas N.S.A, sociedad participada en un 49% por la iniciativa privada en tanto que el 51% restantes es de titularidad municipal, es la entidad que gestiona el servicio público de abastecimiento y saneamiento del municipio N, y necesita ahora contratar la ejecución de las obras. En este caso nos encontramos ante un ente del sector público. Ya que la ley de contratos del sector público establece que serán sector público las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a), b), c), d), e), 8) y h) del presente apartado sea superior al 50 por 100. 13. ¿Es posible resolver de mutuo acuerdo un contrato de ser: s en el que se ha producido previamente un incumplimiento culpable del contratista? La ley permite la resolución del contrato por mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. La ley establece que el mutuo acuerdo se puede producir cuando no se haya incurrido en ninguna causa de ilegalidad por resolución del contrato, porque si es así, y se resuelve por mutuo acuerdo, caemos en un fraude de ley, lo que sería nulo de pleno derecho. 14. ¿Quién indemniza los daños ocasionados a terceros en la ejecución de la construcción de un puente que lleva a cabo un contratista de la administración? 15. La administración adjudicó un contrato de obras a la mercantil MCL SA. Ya iniciada la ejecución del contrato, la administración adjudicadora averigua que la mercantil en el momento de la adjudicación del contrato estaba incursa en una prohibición de contratar. Ante ello ¿qué puede hacer la administración? La Administración puede llevar a cabo la revisión de oficio o resolver el contrato. 15 ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad la UAM el abono de los intereses de demora en el pago de 5 certificaciones de obra, emitidas entre septiembre de 2018 y marzo de 2019, y que aún no habían sido ni reclamados por el contratista ni abonados voluntariamente por la UAM. La aprobación de la liquidación definitiva del contrato sin expresar salvedad al respecto no impide la reclamación de las cantidades debidas en concepto de intereses por demora en el pago de certificaciones de obra dentro del plazo previsto por el artículo 25 de la Ley General Presupuestaria. La respuesta correcta es: Podrá reclamar dichos intereses de demora, al no haber prescrito el plazo para ello. 22. El Ayuntamiento de Madrid, aprueba los Pliegos para adjudicar el contrato de concesión de servicios de la piscina cubierta y gimnasio de Santa Teresa. En la determinación de los criterios para adjudicar el procedimiento abierto a la oferta más ventajosa en su conjunto, la ponderación de los diferentes criterios. Goza de discrecionalidad en la determinación de la ponderación de los criterios, relacionados con el objeto del contrato, teniendo como límite que se otorgue una puntuación superior a la oferta más ventajosa y menor a la menos ventajosa y que se guarde la adecuada proporción en la atribución de puntos a las intermedias. Puede haber criterios que impliquen un juicio de valor, son criterios que están llenos de contenido jurídicos indeterminados. Tienen que estar previamente contemplados en el pliego administrativo de cláusulas particulares. Se permite demostrar a las entidades que se han realizado obras parecidas otras veces y que se dispone de los recursos necesarios. El art 145 LCSP establece que los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán ser, entre otros, los siguientes: “La experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución”. Se permite incorporar como medio de valoración la experiencia del personal, pero no de la empresa. Se puede tener en cuenta la experiencia, pero no se permite que la experiencia puntúe más de manera arbitraria para conceder el contrato al ente que tenga más experiencia ya que esto distorsiona la libre competencia. Para que se tenga en cuenta la experiencia como criterio debe resultar ajustado a derecho. Entendemos que resulta ajustado a derecho cuando la experiencia o calidad del personal afecte de manera positiva a la ejecución del contrato y que ese criterio no sea el único a tener en cuenta, en definitiva, que sea un criterio más, que sume puntos a la entidad a la hora de decidir, pero que la Administración no se base únicamente en ese. Se puede usar como criterio de solvencia, pero no criterio de adjudicación. 18 ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad 23. El Ayuntamiento de Madrid convoca la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de ser: integral de limpieza de residuos sólidos urbanos (basuras) y mantenimiento de los jardines y zonas verdes, en un único contrato, sin ninguna división en lotes, al considerar que con ello se obtiene un mayor ahorro, puesto que ambos servicios son prestados por las mismas grandes empresas. Debe procederse a la división en lotes, ya que la acumulación innecesaria de objetos en un mismo contrato es contraria a los principios de concurrencia y libre competencia en contratación pública. La división en lotes permite que un mayor número de empresas puedan optar al contrato. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes. El órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse (salvo en los casos de contratos de concesión de obras). Motivos válidos: la división en lotes del objeto del contrato conlleve el riesgo de restringir injustificadamente la competencia o que dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. 24. El Ayuntamiento de Madri. a la adjudicación del contrato de gestión de las consultas públicas a la ciudadanía. Entre sus determinaciones se establece como requisito de solvencia la necesidad de contar con un determinado equipo, conformado por 1 jurista especialista en derecho local, 1 politólogo, 1 sociólogo y 1 gestor de eventos, debiendo cada uno de ellos acreditar una experiencia a de 6 años. La empresa Diversa, S.A. presenta su proposición dentro del procedimiento abierto. Tras no resultar adjudicataria, al haber quedado en 22 lugar, impugna dicha decisión alegando la ilegalidad de los pliegos, ya que la experiencia máxima debería haber sido de 3 años. Si ha participado en la licitación, aceptando los pliegos, no puede después impugnarlos. 25. La mercantil IM participa en la licitación convocada por la UAM para adjudicar el servicio de mantenimiento de las fotocopiadoras del campus. Por error incorpora en el sobre 2, relativo a la información sujeta a juicio de valor, unas facturas proforma del valor de cada máquina que oferta, que debería haber incorporado en el sobre 3, relativo a la información evaluable mediante fórmulas matemáticas. La Mesa de contratación excluye la oferta de IM al vulnerar el secreto de las proposiciones. La exclusión es correcta, porque se trata de garantizar que en la apreciación del valor atribuible a cada uno de estos criterios sometidos a juicio de valor no influye en absoluto el conocimiento de los elementos económicos determinados mediante simples formulas. 19 ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad PROPIEDAD Y URBANIZACIÓN 1. El propietario de una finca clasificada como suelo urbanizarle sectorizado, sobre la que no se habían ejecutado obras de urbanización, asiste sorprendido a la iniciativa del Ayuntamiento que le cambia la clasificación de la parcela a suelo no urbanizarle. Ante este hecho acude a usted para que le asesore si tiene derecho a obtener indemnización al habérsele privado de la facultad de edificar. El suelo urbanizable sectorizado es aquel susceptible de urbanización, al cambiar la clasificación a suelo no urbanizable ya no se puede transformar el suelo. El Planeamiento determina los derechos y deberes del derecho de propiedad. La delimitación del derecho de propiedad no da lugar a la indemnización, porque el ¡us edificandi no forma parte del derecho de propiedad. La regla general es que el Planificador dispone de un cierto margen discrecional técnico para poder clasificar el suelo. Si está mínimamente motivado es válido. 2. La prohibición de construir en un parque natural es una verdadera privación singular de la propiedad que debe ser indemnizado ¿es correcta dicha afirmación? ¿Y la prohibición de construir cualquier edificación en parcelas de propiedad privada a una distancia inferior a 25 m en las carreteras estatales? No hay una privación de la propiedad. La propiedad no aparece por ser propietario, sino que es el planeamiento quien determina las facultades y los deberes del derecho de propiedad. La delimitación del derecho de propiedad no da lugar a la indemnización porque el ius edificandi no forma parte del derecho de propiedad. El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y explotación conforme con su calificación. El TC sostiene que, entre el derecho de propiedad y función social, en última instancia prevalecerá siempre el interés público, ya que el derecho subjetivo cede para convertirse en un equivalente económico. El legislador es quien determina la función social de la propiedad. La finalidad que puede dar cobertura a una intervención de la administración, sólo le corresponde determinarlo al legislador, no hay un límite previo. Puede basarse en la protección del medioambiente, pero también garantizar la seguridad vial, garantizar las costas... 3. La nueva Ley de aguas prohíbe a los titulares de pozos en terrenos de propiedad privada que modifiquen los usos e incrementos del caudal de los aprovechamientos que venían utilizando hasta su entrada en vigor. Don Ángel, afectado por esta disposición legal, se dirige a usted para que asesore y, en especial, para que le aconseje si dispone de alguna para reclamar esta privación de sus derechos. 20 ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad La administración tiene 4 años para declarar que el acto es lesivo para la administración. La administración tiene que recurrir su propio acto en el contencioso administrativo. Es el único supuesto en el que la administración es demandante. La administración debe motivar que el acto es lesivo para los intereses generales. Evidentemente hay que motivar todos los actos, y éstos aún más ya que son restrictivos de derecho. 2. El Ministerio de Defensa expropió en 1970 unos terrenos para la construcción de unos pabellones militares destinados a nda de los oficiales-profesores de la escuela de guerra. El 27 de octubre de 2017, el Ministerio celebró un Convenio con el Ayuntamiento en donde se sitúan los terrenos cuyo objeto es clasificar el suelo expropiado como suelo urbano residencial para viviendas libres. Los descendientes de los propietarios expropiados quieren saber si tienen derecho a la reversión. Es una garantía adicional del particular estrechamente vinculada a la causa expropiandi. Es un derecho a recuperar el bien cuando desaparezca la causa expropiandi. El régimen aplicable a la reversión es el vigente en el momento de su solicitud, no se debe tener en cuenta la legislación expropiatoria que reguló la expropiación. Uno de los motivos para poder llevar a cabo la reversión, es que haya desafectación, los bienes ya no están destinados a la finalidad por la que se expropiaron. Para tener derecho a la reversión es necesario que no hayan transcurrido veinte años desde la toma de posesión de aquéllos. En este caso, han pasado 40 años, por lo que no tienen derecho. 3. El Jurado Provincial de Expropiación, fijó el 28 de febrero de 2020, el justiprecio de una expropiación tramitada por el Ministerio de Fomento sin que hasta la fecha este hubiera abonado el justiprecio, ¿qué puede hacer el particular para que se le pague? Una vez fijado el precio, el obligado al pago tiene 6 meses para abonar el precio. Se pueden producir intereses de demora, si transcurren 6 meses sin determinarse el justiprecio. Si pasan 6 meses desde que se determina el justiprecio y no se abona, se aplican los intereses del art 57. Se permite aplicar intereses sobre intereses. Puede interponer un recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración. Se da el supuesto de “cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución”. Primero es necesario un requerimiento previo a la Administración, si en el plazo de un mes no contesta, interpone el recurso. 23 ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad Además, el particular cuenta con la garantía de la retasación. Si transcurren cuatro años sin que se haya abonado el justiprecio, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación. Una vez efectuado el pago o realizada la consignación, aunque haya trascurrido el plazo de cuatro años, no procederá el derecho a la retasación. 4. El acuerdo de necesidad de ocupación es un trámite que resulta siempre indispensable de forma que su omisión produce la nulidad del expediente expropiatorio, ¿correcto? En las expropiaciones urgentes no es necesario el acuerdo de necesidad de ocupación Se entiende implícito. La urgente ocupación exige un acuerdo del Consejo de Ministros. La ley establece que se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados, según el proyecto y replanteo aprobados y los reformados posteriormente, y dará derecho a su ocupación inmediata. En las expropiaciones ordinarias, por norma general se necesita un acuerdo de necesidad de ocupación, la falta de este acuerdo supone una actuación material de la administración en vía de hecho, está actuando al margen del procedimiento. Está afectando al derecho de la propiedad que es un derecho fundamental recogido en la CE, por lo que se producirá la nulidad. En algunas ocasiones, puede estar implícito, no se necesita una resolución expresa. Cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la descripción material detallada, la necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprobación del proyecto, pero el beneficiario estará igualmente obligado a formular la mencionada relación a los solos efectos de la determinación de los interesados. 5. El órgano Provincial de Expropiación Forzosa dictó resolución por la que fijó el justiprecio en una cantidad que, a juicio de la Administración estatal, es desorbitada, razón por la que pretende recurrir a la vía jurisdiccional. Responde si usted si puede hacerlo, si el acto es recurrible directamente por agotar la vía administrativa y ante qué órganos debería efectuarlo. Contra las resoluciones del Jurado Provincial, la administración puede interponer una declaración de lesividad. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. 24 ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos. su totalidad. FIEP FERIA OA DE ESTUDIOS DEPOSTGRADO je y 2 E X Ss a] FIEP - Feria de Postgrado La administración tiene 4 años para declarar que el acto es lesivo para la administración. La administración tiene que recurrir su propio acto en el contencioso administrativo. Es el único supuesto en el que la administración es demandante. La administración debe motivar que el acto es lesivo para los intereses generales. n? ¿Se 6. ¿Cómo se declara la utilidad pública o el interés social en una expropia puede recurrir la determinación de la causa expropiandi? El legislador es quien define las causas de utilidad pública o los supuestos de interés social que legitiman la intervención de la administración en el derecho de propiedad. El Tribunal Constitucional ha determinado que es un criterio flexible, no hay límites. Dependerá del momento histórico, de los objetivos constitucionales y de la sensibilidad jurídica. El Tribunal Supremo no puede controlar la causa expropiandi, ya que es el legislador quien lo decide. Existe la necesidad de que la causa expropiandi tenga una estricta vinculación con el objeto expropiado. No se puede plantear litigios contra la causa expropiandi, pero la determinación de los bienes que van a ser objeto de expropiación, sí es controlable judicialmente. Hay una vinculación entre el fin de la expropiación y la necesidad de ocupación de los bienes (lista de bienes objetos de expropiación). A esa determinación de bienes se le denomina, el acuerdo de necesidad de ocupación. Esto sí es objeto de control jurisdiccional por parte del Tribunal Supremo. Se permite a los tribunales corregir los bienes indispensables para la expropiación. 7. ¿Hay alguna diferencia entre reversión y retasación en el procedimiento expropiatorio? La reversión es un derecho que permite recuperar el bien o derecho expropiado cuando se den algunos de estos motivos: no ejecutar la obra o no establecer el servicio que motivó la expropiación; que existan bienes sobrantes o que haya desafectación. La retasación se produce cuando en el plazo de 4 años desde que se estableció el justiprecio, la administración no ha pagado. Habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación. 8. El Consejero de Obras Públicas de la CAM aprueba el Proyecto de Construcción del Tranvía Boadilla- Madrid, que declara la utilidad pública y la urgente necesidad de la ocupación de los terrenos afectados, convocando a los propietarios afectados al levantamiento de las actas públicas, pudiendo poner de relieve los errores en la identificación de los bienes o la extensión, sin que el citado proyecto haya sido 25 Hotel Villa | Madrid Magna . . Reservados todos los derechos, . No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. En algunas ocasiones, el acuerdo de necesidad puede estar implícito, no se necesita una resolución expresa. - Urgente: el procedimiento se inicia por acuerdo del Consejo de Ministros en las expropiaciones estatales. Una vez declarada la urgente ocupación, no hay acuerdo de necesidad de ocupación, está implícito en el proyecto aprobado. Hay que describir exhaustivamente en el propio proyecto el conjunto de bienes a expropiar. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1. María presenta al ayuntamiento el 29 de junio de 2019, una reclamación de indemnización por los daños causados a su inmueble como consecuencia de la caída de una grúa que estaba podando los arboles de la calle. A día de hoy, la administración municipal ni ha contestado ni iniciado el procedimiento, ¿qué puede hacer el particular afectado? En el procedimiento de responsabilidad patrimonial, la administración tiene un plazo de 6 meses para resolver. Si pasado ese tiempo, la administración no contesta se entiende desestimado por silencio negativo. El procedimiento de responsabilidad patrimonial agota la vía administrativa, por lo que el particular podrá acudir a la vía contencioso- administrativa interponiendo un recurso. 2. En un centro penitenciario de titularidad estatal se produjo un motín entre la población reclusa, sin intervención de los celadores y del personal funcionario. A consecuencia del cual fallecieron dos de los presos que protagonizaron los disturbios. Sus familiares se dirigen a usted a fin de que les asesore sobre la viabilidad de e: indemnización a la administración penitenciaria. Nos encontramos ante un supuesto, en el que la Administración tiene un deber especial de vigilancia. Para exigir responsabilidad a la administración se exigen tres requisitos: lesión resarcible, imputación del daño y relación de causalidad. - Lesión resarcible: los particulares tienen derecho a ser indemnizados de cualquier lesión producida por el funcionamiento de la administración. El particular no tenía el deber jurídico de soportar el daño; el daño debe ser real y efectivo, en este caso ha producido el fallecimiento del recluso; evaluable económicamente (en este caso se podrían exigir también daños morales por el fallecimiento de un familiar) y es individualizado. 28 ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad ' | 3 2 FIEP - Feria de Postgrado Hotel Villa AN | Mad rid Magna DE ESTUDIOS DEPOSTGRADO - Imputación del daño: en este caso se ha producido una inactividad de la administración. Ante la producción de un motín en la cárcel, no intervinieron ni funcionarios ni celadores. Esta conducta es imputable a la administración. - Relación de causalidad: es directa y necesaria. El interno está en una situación especial, hay un especial deber de cuidado por parte del Estado. Culpa in vigilando. Los familiares de la víctima están legitimados para solicitar una indemnización. 3. Las grandes nevadas del fin de semana pasado, que produjeron cortes en las carreteras de acceso a Madrid, impidieron a la familia García, abordar a tiempo el avión que les trasladaría a las islas donde iba a tener lugar el matrimonio de una de sus hijas, perdiendo asimismo el importe de la reserva del hotel, ¿considera usted que tienen derecho a al resarcimiento por los daños que se le han producido, y en concreto, qué tipo de daños? Caso fuerza mayor 4. El fuerte viento del último temporal que azotó la ciudad de Huelva produjo la caída de varios árboles sobre los coches aparcados en la calle, produciendo graves daños materiales. ¿Sus propietarios pueden e» indemnización al ayuntamiento? ) 5. El bus 27 de la EMT de Madrid sufrió un accidente por un error del conductor, a consecuencia de lo cual varios pasajeros de avanzada edad sufrieron fracturas de cadera, peroné y vertebras. Estos pretenden obtener indemnización de la administración pública. ¿Qué vía jurídica han de seguir, a quien tienen que demandar y cual será el régimen jurídico aplicable? MOR AO y En primer lugar, pueden iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial. El derecho a reclamar prescribe al año producido el hecho, o en el caso de que haya daños de carácter físico, al año de la curación. En este caso, el servicio de autobuses de la EMT es una concesión de servicios, por lo que habría que determinar si responde la administración o el contratista. La doctrina ha llegado a la conclusión de que, por regla general, es el responsable por los daños generados por la gestión del servicio, a no ser que esos daños se produzcan como consecuencia de una orden de la Administración. En este caso, el daño se ha producido por un error del conductor. Es el juez quien decidirá si hay responsabilidad del concesionario o hay responsabilidad solidaria. 29 . . Reservados todos los derechos, . No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. *Para exigir responsabilidad a la administración se exigen tres requisitos: lesión resarcible, imputación del daño y relación de causalidad. - Lesión resarcible: los particulares tienen derecho a ser indemnizados de cualquier lesión producida por el funcionamiento de la administración. El particular no tenía el deber jurídico de soportar el daño; el daño debe ser real y efectivo, en este caso los señores han sufrido fracturas; evaluable económicamente y es individualizado. - Imputación del daño: en este caso se ha producido un funcionamiento anormal de los servicios públicos, ya que ha habido un accidente por un error del conductor. No se necesita que haya culpa para que se pueda imputar el daño. Esta conducta es imputable a la administración. - Relación de causalidad: es directa y necesaria. Hay una relación entre la acción del conductor y los daños causados. 6. La administración incoa de oficio un expediente de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados por la empresa AGADISA. Transcurridos nueve meses desde que se inició sin que haya finalizado el procedimiento, ¿qué efectos produce el transcurso del plazo? En el procedimiento de responsabilidad patrimonial, la administración tiene un plazo de 6 meses para resolver. Si pasado ese tiempo, la administración no actúa o no resuelve, se entiende desestimado por silencio negativo. 7. El descenso de las temperaturas hasta los -252 hace que se revienten las tuberías y canalizaciones del agua potable en algunos barrios de Madrid, produciéndose la inundación de los bajos comerciales y de varias casas. Los afectados pretenden exigil indemnización por esos daños producidos a la Comunidad de Madrid de quien depende el Canal de Isabel Il. ¿Qué le parece a usted? Fuerza mayor 8. Tras la anulación por el TSJ de Madrid del Plan Parcial del Sector del Grajo, en Colmenar Viejo, don Juan, propietario de una parcela incluida dentro de su ámbito, solicita una indemnización al Ayuntamiento comprensiva del valor que hubiese tenido el aprovechamiento urbanístico atribuido por el Plan anulado. 30 ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad ' | 3 2 FIEP - Feria de Postgrado Hotel Villa AN | Mad rid Magna DE ESTUDIOS DEPOSTGRADO los principios de seguridad jurídica y confianza legítima determina la ausencia de uno de los presupuestos básicos de la responsabilidad patrimonial. 13. Como consecuencia de una persecución policial se produce un tiroteo que causa daños en los coches aparcados en la zona. Los afectados solicitan indemnización a la Administración, que la desestima alegando que fue necesario realizar dichos disparos para cumplir adecuadamente las fusiones atribuidas a los policías. 14. Una señora sufre lesiones al golpearse contra la pared de un e: lo como consecuencia de un fuerte golpe de mar en un paseo marítimo. La policía municipal había cortado el tráfico en esa zona y había advertido a los viandantes que extremaran su precaución si circulaban por la acera opuesta al muro. JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ) 1. ¿Puede el Consejo de Transporte, interponer recurso contencioso-administrativo contra la delegación del Ministerio Fomento de determinada información pública solicitada? ¿Y el consejo social de la UAM contra las decisiones del consejo de Gobierno de UAM? No hay posibilidad jurídica de impugnar los actos y disposiciones de la Administración por parte de los órganos que la componen, debido a que los órganos no tienen personalidad jurídica. Lo mismo sucede con los órganos colegiados. MOR Art 20: No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública: a) Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente. AO y 2. ¿Se pueden recurrir en casación las sentencias dictadas por la sala de C-A de los TSJ en apelación? ¿Y los autos de la misma sala sobre medidas cautelares, dictados en primera instancia? 33 . . Reservados todos los derechos, . No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Se pueden recurrir en casación las sentencias dictadas por la sala de C-A de los TSJ en apelación cuando exista un interés casacional. También se puede recurrir autos dictados por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia: los que pongan término a la pieza separada de suspensión o de otras medidas cautelares. (art 87) Es requisito necesario interponer previamente el recurso de reposición/súplica. 3. Contra las resoluciones del CGPJ, ¿cabe interponer recurso contencioso- administrativo?, ¿ante que órgano? ¿y contra los actos del TEAC? - CGP): Sí. Ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. - TEAC: Audiencia Nacional 4. ¿Se puede interponer recurso de casación ante la sala de lo contencioso administrativo del TSJ? ¿y ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional? El recurso de casación se interpone ante la Sala contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Si el recurso se fundamenta en la infracción de normas de la Comunidad Autónoma será competente una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el TSJ. 5. Contra las resoluciones adoptadas por el Secretario de Estado de transportes del ministerio de fomento, ¿qué recursos caben y en qué plazos puede interponerse? Agota la vía administrativa Recurso de reposición: 1 mes Recurso contencioso: 2 meses 6. En la pieza separada de medidas cautelares donde se solicita la suspensión de la incautación de la fianza en el contrato de concesión de obra pública, el órgano jurisdiccional realiza una adecuada ponderación de los intereses acordando dicha suspensión. 34 ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad Concurre la pérdida de la finalidad legítima del recurso, esto es, que el mismo quedase vacío de contenido por causar la ejecución de la actividad administrativa impugnada una situación jurídica irreversible o de difícil reparación en la esfera jurídica de la parte recurrente y frente a los intereses generales propios de los actos impugnados, pues como se nos dice en el escrito de solicitud de la medida (a) el hecho de que la Administración tenga en su poder las fianzas desde su constitución permite afirmar que el acto administrativo podrá ser fácilmente ejecutado si se llega a confirmar su validez en este proceso jurisdiccional; y, (b) el elevado importe de las fianzas permite apreciar que su incautación anticipada -antes de la firmeza judicial del acto impugnado- conllevaría un indudable perjuicio económico para la mercantil concursada y en fase de liquidación. Porque al tratarse de una empresa mercantil, la elevada cuantía de la fianza puede ocasionar la pérdida de la finalidad del recurso. 7. En el recurso de apelación planteado ante la Audiencia Nacional frente a una Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, el recurrente: debe dirigirse a cuestionar los razonamientos jurídicos de la sentencia de instancia, al ser un recurso frente a ésta. 8. El inquilino que ocupa en alquiler un piso de protección |, construido por la Empresa Municipal de la Vivienda, está disconforme con su venta a un fondo de inversión, por lo que decide impugnar dicha venta. Está legitimado, porque el acuerdo de venta repercute en su esfera jurídica. Es suficiente la invocación de su interés en la impugnación de la resolución administrativa que decide la transmisión de las viviendas, pues ello implica que la por él ocupada pasa del sector público a una empresa privada, con las diferencias en cuanto al grado de protección social de la vivienda y de sus arrendatarios que ello implica. Es claro que afecta a la situación de un arrendatario acogido a un régimen público de viviendas de protección oficial, su transmisión al ámbito privado, de modo que esta alteración de la condición y cualidad del arrendador no puede considerarse indiferente para el arrendatario. 9. La dimensión constitucional del derecho a la prueba permite al órgano jurisdiccional denegar la práctica de la prueba. Salvo que la denegación sea inmotivada, o mediante una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable. 10. El Tribunal Supremo, al analizar el recurso de casación formulado frente a una sentencia de la Audiencia Nacional que confirma una sanción de la Comisión Nacional 35 ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso- administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal. La decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del proceso en que se dicte y no vinculará al orden jurisdiccional correspondiente. DOMINIO PÚBLICO 1. La directora general de sostenibilidad de la costa, otorgó por delegación de la Ministra, una concesión de domi público marítimo-terrestre para instalar en la isla de Ibiza un Beach club. El dueño del hotel vecino a la playa donde pretende implantarse la instalación, quiere recurrirlo. ¿Qué recursos caben en vía administrativa y judicial? Plazo y órgano. 2. Don Higinio ha vendido poseyendo desde 1986 un inmueble municipal que estuvo destinado a matadero municipal, de forma interrumpida y sin opo: n por parte de los órganos municipales. Sin embargo, el actual gobierno municipal quiere reintegrar el bien a su patrimonio, para lo cual se dirige a usted a fin de que le asesore si puede hacerlo, y en ese caso cual sería el instrumento jurídico a utilizar. 3. El acceso para pasear y pescar en los muelles de carga del puerto de Valencia es libre y gratuito al tratarse de un bien de dominio público, ¿es esto correcto? 38 ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad 4. Señala la diferencia entre servicio público y servicio de interés económico general. 5. Defina brevemente el deslinde de los bienes de la administración, la recuperación de oficio de los bienes de dominio público y el desahucio administrativo. 6. Los bienes de derecho público por naturaleza, ¿se pueden desafectar? ¿Y los bienes patrimoniales desalentados de un servicio público, se pueden vender? 7. Explique las diferencias entre afectación y adscripción de los bienes de la Administración General de estado. 8. Don J.A., tiene construido un invernadero en la zona de dominio público hidrá del rio manzanares, a su paso por el paraje de El Graja, desde 1985, donde cultiva hortalizas cuya venta constituye su medio de vida. La Confederación Hidrográfica del Tajo acuerda la recuperación de oficio del terreno en diciembre de 2019. Don J.A. recurre el acuerdo, aduciendo que la inclusión del terreno dentro del deslinde no altera a la posesión que él venía ostentando. No se reconoce la propiedad privada dentro del dominio público, ni es posible su adquisición por usucapión o mera tolerancia de la administración dado su carácter imprescriptible e inalienable, por antigua que fuera la posesión. Por ello es procedente 39 ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad la recuperación de oficio. El deslinde declara la titularidad del terreno como dominio público hidráulico, por lo que puede ser recuperado en cualquier momento. 9. Don J.A. ha desempeñado, hasta su jubilación en diciembre de 2019, el cargo de conserje del colegio público San Andrés, de Colmenar Viejo. Por la Junta de Gobierno Local se acuerda la recuperación de de la vivienda ubicada en el colegio donde don J.A. lleva residiendo desde hace 25 años. Don J.A. se opone alegando que no es un usurpador porque ocupa la vivienda de forma quieta y pacífica, precisando que la vivienda aparece en el Catálogo de bienes municipales como bien patrimonial. No cabe ejercer la acción de recuperación de oficio al no haberse producido una usurpación, dado que la ocupación del inmueble hasta ese momento era legal, habiendo transcurrido más de 1 año desde que está siendo ocupada por don J.A. El Ayuntamiento no puede ejercer la acción de recuperación de oficio, al haber transcurrido más de 1 años desde que Don J.A. ostenta la posesión de la vivienda. 10. La Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de CV, que arrastra grandes pérdidas debido a una gestión ineficiente, acuerda la venta de 3.000 viviendas de protección oficial, de titularidad municipal, a un fondo de inversión, para equilibrar sus cuentas sociales. Don J.A., que vive en uno de los inmuebles con un alquiler social, recurre el acuerdo de enajenación. Es potestad de la Administración, como titular de los mismos, la enajenación de bienes patrimoniales, si bien se encuentra sometida en su ejercicio a la justificación de que los bienes a enajenar no sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. La forma primaria de explotación de los bienes patrimoniales es la obtención del rendimiento propio de los mismos conservándolos dentro de su propio patrimonio y que es, por el contrario, subsidiaria, por suponer una merma de su patrimonio que dificulta el cumplimiento de sus fines, la enajenación de los mismos para obtener de ellos un mero rendimiento económico. No se trataba en este caso de motivar simplemente la decisión discrecional de enajenar las viviendas de las que aquí se trata, por puras razones de oportunidad o de conveniencia, sino de justificar cumplidamente que aquéllas no eran necesarias para el cumplimiento de los fines de la empresa municipal. La enajenación debe ser anulada, porque en el acuerdo no se acredita que los bienes sean innecesarios para cumplir las competencias asignadas a la Empresa Municipal. 11. El uso por don J.A. de la acera colindante con su bar para instalar una terraza con sillas y mesas de plástico que recoge cada noche requiere la obtención: De una autorización demanial, por tratarse de un uso común especial del dominio público viario. El derecho de vado y paso de vehículos o la instalación de una terraza con elementos desmontables constituye un aprovechamiento común especial de un bien de dominio público, en cuanto las aceras forman parte de la calle, y están sujetos a la previa 40 ¡Inscríbete en la Feria Internacional de Estudios Posgrado aquí! Reservados todos los derechos No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad