Los derechos reales: su concepto y caracteres - Apuntes - Derecho_Parte2, Apuntes de Derecho Civil

Derecho Civil

Descripción: Apuntes de Derecho sobre los derechos reales: su concepto y caracteres, obligaciones propter rem y derechos reales in faciendo, supuestos de obligaciones reales, etc. UASB - Universidad Andina Simón Bolívar
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Cuando la usucapión tiene por objeto cosas y bienes inmuebles, según el art. 1959 el plazo es de 30 años

El art 1960 establece unas reglas que facilitan el cumplimiento de este requisito de tiempo, estas reglas son:

El poseedor actual puede completar el tiempo necesario para la usucapión uniendo su tiempo al del causante

Según el art.1960.2, el poseedor actual que demuestre su posesión en una época anterior se va a presumir que ha poseído durante el período de tiempo intermedio, lógicamente si no se demuestra lo contrario.

Según el art. 1960, el día que se inicia la usucapión se entiende cumplido en su totalidad, sin embargo el último día se tiene que cumplir íntegramente.

Los requisitos específicos que se exige para la usucapión ordinaria son la buena fe y el justo título.

Buena Fe, según el art. 1950 la buena fe consiste en la creencia que la persona de quien se recibió la cosa era la dueña y que por tanto podía transmitir el dominio.

Este art. se tiene que poner en relación con el art. 433.

Según el art.1951, los requisitos que se exigen en los arts. 433 a 436, se aplican a la buena fe a efectos de la usucapión.

Justo Título, según el art. 1952, justo título es el que legalmente sea suficiente para transmitir el dominio o derecho real de cuya usucapión se trate.

Según el art. 1953 el justo título tiene que ser verdadero y tiene que ser válido. El art. 1954 establece que el justo título siempre se tiene que probar.

Según la Ley de Patrimonio de Estado, los particulares pueden apropiarse o adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por usucapión.

Sentencia 16−7−99, venta de una finca, se acuerda el pago en tres plazos, solo se paga el primero, el vendedor no reclama nada y después de más de 10 años pide la resolución del contrato de compraventa por no haberse realizado el pago. El juez estima que la propiedad es del comprador porque han transcurrido los plazos, dice que la buena o mala fe no tiene que ver con el pago del precio. El vendedor recurre diciendo que no han transcurrido los requisitos para la usucapión por no existir buena fe, el recurso es al TS que da la razón al juez de Primera Instancia por la que el vendedor se queda sin finca y sin precio y entiende el TS adquirida la finca por usucapión y que hay justo título.

El justo título es el legalmente suficiente según los arts 1953 y 1954 debe reunir unos requisitos:

Verdadero• Título válido, no sirve a afectos de la usucapión un título absolutamente no vale tampoco porque produce ningún efecto jurídico. El título anulable puede tener origen en múltiples circunstancias, art. 1301 y ss: intimidación, error, dolo.

El título anulable sirve a efectos de la usucapión, anulable por una causa muy específica, quien ha transmitido la cosa o dº que se está usucapìendo no es el titular, sentencia 20−10−92 dice que el título que sirve para la usucapión es el anulable.

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Si el título es anulable por otra causa específica, el plazo para impugnarlo si no se impugna se puede adquirir no por que haya transcurrido la usucapión sino que al transcurrir el plazo de impugnación, el título se consolida, si transcurren los 4 años se adquiere ese Dº al no anularse este título impugnable, si el plazo de impugnación es mayor que el de la usucapión se adquiere el Dº cuando transcurre el plazo de impugnación según Albadalejo.

Esto se relaciona con la transmisión de dominio, art. 1950.

Para que la usucapión pueda llegar a adquirir la propiedad o Dº de aquel transmitente que no es el propietario, tiene que haber falta de propiedad en el transmitente.

Según el art. 1954, el título a efectos de la usucapión tiene que probarse, solo a efectos de la usucapión. La propia ley facilita la prueba del título en el art. 35 LH. Según este art. a los efectos de la usucapión a favor del titular inscrito, será justo título la inscripción y se va a entender que el titular inscrito ha poseído en concepto de dueño, pública, pacífica e ininterrumpidamente y de buna fe durante todo el tiempo en que ha estado vigente el asiento.

Este art. 35 LH lo que dice es que si hay un Dº inscrito en el Registro aunque el vendedor no fuere el propietario, por el hecho de la inscripción se entiende poseedor pacífico durante el tiempo de vigencia del asiento.

EFECTOS DE LA USUCAPIÓN.

La usucapión produce sus efectos inmediatamente una vez que haya transcurrido el plazo fijado, tanto para la usucapión ordinaria como para la usucapión extraordinaria, ahora bien, no se puede aplicar de oficio por los tribunales, sino que necesariamente tiene que ser alegada. Además la usucapión produce efectos retroactivos, o lo que es lo mismo, aunque produzca sus efectos una vez el plazo fijado(3, 6 años, 10, 20, 30 años para bienes inmuebles según sea ordinaria o extraordinaria) se va a entender que se han producido los efectos desde el momento en que se empezó a poseer.

La usucapión además se tiene que probar, si lo que se alega directamente es el hecho de la usucapión, la prueba corresponde a quien la alegue, si lo que se alega es la titularidad de un Dº, la prueba corresponde a la persona que alegue ser titular de ese Dº.

Además hay que tener en cuenta que cuando se trate de Dº Reales en cosa ajena, la propiedad se presume libre mientras no se demuestre lo contrario. Se admite por el propio CC que se pueda renunciar a la usucapión que se ha ganado pero no se puede renunciar al Dº a adquirir mediante usucapión en lo sucesivo, según se deduce del art.1935.

Se admite así mismo que la renuncia se pueda realizar de manera expresa o tácita, mediante actos de los que se deduzca que se ha abandonado el Dº que se había obtenido mediante la usucapión. El que renuncia, tiene que tener capacidad para disponer y que en la renuncia tiene que cumplir los límites que establece el art. 6 CC(no contrario al interés, orden público ni perjudique a 3º). Ahora bien, los acreedores o cualquier otra persona interesada en hacer valer la usucapión pueden utilizarla o alegarla a pesar de la renuncia expresa o tácita del deudor o del propietario, según se deduce del art. 1937.

USUCAPIÓN LIBERATORIA

El art. 35 LH plantea el problema de aceptarlo como prescripción iuris tantum o si es una afirmación como ice Albadalejo, entonces tendrá efectos si está vigente.

La usucapión liberatoria se refiere al supuesto de que se está poseyendo una finca, bien por parte del

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propietario bien por parte de un tercero en concepto de libre, o lo que es lo mismo, como si la finca no estuviera gravada con ninguna carga o gravamen.

Transcurridos los plazos necesarios para la usucapión, esa carga o gravamen se extingue, desaparece, entonces se habla de usucapión liberatoria

Se discute la naturaleza jurídica de esta usucapión, algunos autores la consideran usucapión, otros hablan de prescripción extintiva.

Para explicar la naturaleza jurídica de la usucapión liberatoria hay autores que sostienen que el Dº Real en cosa ajena se extingue como consecuencia de una prescripción extintiva y hay autores que sostienen que estamos ante una usucapión, porque el propietario o el tercero que está usucapiendo, adquiere las facultades que conlleva el Dº real y las adquiere mediante la usucapión, por tanto, si se parte de que estamos ante una usucapión, esta puede ser a su vez una usucapión ordinaria o una usucapión extraordinaria y así mismo la usucapión liberatoria, se puede dar a favor del propio propietario de la finca o bien a favor de un tercero distinto del propietario que está usucapiendo la finca.

En el caso del tercero que está usucapiendo la finca, una vez que haya transcurrido el plazo necesario para la usucapión va a adquirir la propiedad de la finca libre de toda carga o gravamen.

Esto lo regula el art. 36 de la Ley Hipotecaria, el CC no dice nada al respecto.

TEMA 14

RENUNCIA Y ABANDONO

Lo primero que se plantea es si son conceptos idénticos o distintos.

Algunos autores como Castán equiparan renuncia y abandono.

Sin embargo, actualmente se ha intentado diferenciarlos, considerando que la renuncia va a ser el género y el abandono va a ser la especie, es decir, el abandono es una renuncia en la cual la voluntad de defenderse se va a manifestar de manera concluyente o expresa, abandonando la cosa, así se dice que para que exista abandono se tienen que dar dos requisitos, el animus y el corpus, el animus es la intención de despojarse del dº y el corpus es el desprenderse corporalmente de la cosa y se considera por estos autores que el abandono se refiere al dº de propiedad y que la renuncia se refiere s los restantes dº reales en cosa ajena.

Para explicar la naturaleza jurídica de la renuncia y el abandono, hay quien considera que se trata de negocios jurídicos, hay quien habla de actos jurídicos y hay quien habla que se trata de facultades que forman parte del contenido del Dº de propiedad o Dº real correspondiente.

En todo caso, se trata de negocios jurídicos de carácter dispositivo, por tanto, para renunciar o abandonar el Dº se tiene que tener capacidad para disponer.

La renuncia quedará sujeta a los requisitos exigidos por el art. 6 CC.

En cuanto a los efectos hay que distinguir si se abandona el dº de propiedad o si se renuncia a otros dº reales. Si se abandona el dº de propiedad hay que distinguir si esta tenía por objeto una cosa mueble.

Si lo que se abandona es un bien inmueble lo que sucede es que la propiedad de ese inmueble pasa directamente al Estado.

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En el caso de encontrarnos con una Copropiedad, si uno de los copropietarios renuncia a su parte, según la mayoría de las sentencias del TS, aunque no es un criterio unánime, se incrementa la parte o cuota de los demás copropietarios.

Si se renuncia a un dº real en cosa ajena, lo que sucede es que las facultades de ese dº real quedan absorbidas automáticamente por el propietario.

A veces la renuncia de un Dº conlleva que el renunciante quede liberado del cumplimiento de determinadas obligaciones.

Interpretación del art. 432, referente a la posesión: posesión en sentido restringido, quien se comporta como propietario porque piensa que es propietario, el problema es que el art. 1940, 1957 y 1959 admiten que puede ser objeto de usucapión un Dº Real, el requisito imprescindible para que exista usucapión es la posesión en concepto de dueño, entonces si entendemos el art. 432 en sentido restringido, encontraríamos que un Dº real distinto del de propiedad no podría ser objeto de usucapión, pero como el CC lo admite se ha dicho que es poseedor en concepto de dueño tanto el que se comporta como propietario como el usufructuario, cuando se cumplan los plazos establecidos; así el usufructo es posesión en concepto porque es usufructuario y se comporta como poseedor en concepto de dueño. La nueva LEC lo considera posesión en concepto distinto de dueño. LA justificación es la adquisición de un d real mediante la usucapión.

CONSOLIDACIÓN

El titular de un dº real sobre cosa ajena adquiere la propiedad según el art. 513 si reúne en una misma persona la propiedad y el usufructo.

Art. 513: El usufructo se extingue:

Por muerte del usufructuario.

Por expirar el plazo por que se constituyó, o cumplirse la condición resolutoria consignada en el título constitutivo.

Por la reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona.

Por la renuncia del usufructuario.

Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo.

Por la resolución del derecho del constituyente.

Por prescripción.

TEMA 15

ACCIÓN REIVINDICATORIA

Exige dos requisitos: el demandante tiene que demostrar se Dº de propiedad, si se realiza una adquisición originaria de la propiedad, por ejemplo por Ocupación. no hay ningún problema porque es fácil de demostrar, pero si la propiedad se ha adquirido de manera derivativa se tiene que demostrar la propiedad, teniendo en cuenta todas las transmisiones anteriores.

Sin embargo, la propia ley facilita la prueba de la propiedad y en relación con los bienes muebles el art. 464

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facilita la prueba de la propiedad, y en relación a los bienes inmuebles, el art. 38 LH habla de la certificación del Registro como suficiente para demostrar el dominio, si no se demuestra lo contrario, por el principio de legalidad y el de legitimación.

También hay que tener en cuenta que el art. 448 dice que el poseedor en concepto de dueño tiene a su favor la presunción que posee con justo título y no se le puede obligar a exhibirlo.

En relación al demandado, la acción reivindicatoria se ejercita frente al poseedor actual, teniendo en cuenta que el art. 348 habla de poseedor o tenedor. La posesión actual debe tenerlo en cuenta en el momento de interposición de la demanda.

Al poseedor le corresponde demostrar que tiene dº a poseer.

En relación al objeto, se exige que esté plenamente identificado, sobre todo cuando se refiere a bienes inmuebles. Hay que tener en cuenta que en determinados supuestos, determinados bienes no pueden ser objeto de reivindicación. En relación a los bienes muebles, el art. 464 y en relación a los bienes inmuebles el art. 34 LH, es el que se refiere al Principio de FE Pública Registral, es el art. más importante de esta ley.

En cuanto a los efectos, si la acción reivindicatoria prospera, al demandante se le debe de restituir la cosa con todos los frutos, productos y accesiones.

En cuanto al plazo, al tratarse de una acción real y no tener un plazo expreso señalado por la ley, se le aplica el plazo de los 30 años.

Tema 8

Propiedad de casas por pisos o PROPIEDAD HORIZONTAL: su concepto, naturaleza y fuentes.

Se caracteriza por ser una propiedad especial que conlleva por una parte un Dº de propiedad exclusivo sobre los pisos o locales que son susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida a un elemento común o a la vía pública y por otra parte un Dº de copropiedad sobre los elementos comunes.

Actualmente la propiedad horizontal aparece por la Ley de 21 de julio de 1960, que ha sido modificada en numerosos artículos por la Ley de 6 de abril de 1999, y a su vez esta ley ha sido modificada por la nueva LEC. La ley del 99 se reforma procesalmente por la LEC, una causa de la reforma de la ley del 60 fue la exigencia de pago de los gastos comunes, se hizo por procedimiento moritorio, para exigir el pago de las cuotas de los gastos comunes a los propietarios morosos, este motivo es en relación a los requisitos exigidos para poder adaptar los edificios a los minusválidos, y por el RD del 98 que modificó la ley del 60 para poder instalar antenas parabólicas.

La propiedad horizontal se aplica en primer lugar a aquellas comunidades que han otorgado su correspondiente título de constitución, en segundo lugar a aquellas comunidades que aunque no han otorgado el título de constitución reúnen los requisitos del art. 396 CC modificado por la ley 6.4.99.

En cuanto a la naturaleza, se trata según la L 6.4.99 de una propiedad especial, que se va a regir o regular por lo dispuesto en la propia ley y por la autonomía de la voluntad de las partes en la medida que lo permita la ley.

La LPH se aplica a los supuestos o comunidades con título de constitución y también a las comunidades sin título constitutivo pero que reúnen los requisitos del art. 396 CC.

También se aplica esta ley a los complejos inmobiliarios privados, las urbanizaciones, en los términos que establece la propia ley. Esta nueva ley considera a la PH como una forma especial de propiedad y según esta

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ley, tienen la consideración de locales todas aquellas partes de un edificio que sean susceptibles de un aprovechamiento independiente, bien por tener salida a un elemento común o bien por tener salida directamente a la vía pública, según resolución 12.7.00. plantea el problema de un notario que considera local independiente dos locales que tenían salida a través de otro local, teniendo en cuenta que el local por el que salían era propiedad de la misma persona, en el registro no se lo inscriben al no cumplir los requisitos de la ley, la resolución considera que por el art. 1 LPH en relación con el art. 396 que es norma de carácter imperativo, y si el local no accede a elemento común o vía pública no es un elemento independiente.

El art. 1 LPH dice: La presente Ley tiene por objeto la regulación de la forma especial de propiedad establecida en el artículo 396 del Código Civil, que se denomina propiedad horizontal.

A efectos de esta Ley tendrán también la consideración de locales aquellas partes de un edificio que sean susceptibles de aprovechamiento independientemente por tener salida a un elemento común de aquél o a la vía pública.

La Ley de reforma ha modificado el artículo 396 del CC., que queda redactado de la siguiente manera:

"Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública podrán ser objeto de propiedad separada, que llevará inherente un derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del edificio, que son todos los necesarios para su adecuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones, cubiertas, elementos estructurales y entre ellos los pilares, vigas, forjados y muros de carga; las fachadas, con los revestimientos exteriores de terrazas, balcones y ventanas, incluyendo su imagen o configuración, los elementos de cierre que las conforman y sus revestimientos exteriores; el portal, las escaleras, porterías, corredores, pasos, muros, fosos, patios, pozos y los recintos destinados a ascensores, depósitos, contadores, telefonías o a otros servicios o instalaciones comunes, incluso aquéllos que fueren de uso privativo; los ascensores y las instalaciones, conducciones y canalizaciones para el desagüe, para el suministro de agua, gas o electricidad, incluso las de aprovechamiento de energía solar; las de agua caliente sanitaria, calefacción, aire acondicionado, ventilación o evacuación de humos; las de detección y prevención de incendios; las de portero electrónico y otras de seguridad del edificio, así como las de antenas colectivas y demás instalaciones para los servicios audiovisuales o de telecomunicación, todas ellas hasta la entrada al espacio privativo; las servidumbres y cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o destino resulten indivisibles.

Las partes en copropiedad no son en ningún caso susceptibles de división y sólo podrán ser enajenadas, gravadas o embargadas juntamente con la parte determinada privativa de la que son anejo inseparable.

En caso de enajenación de un piso o local los dueños de los demás, por este solo título, no tendrán derecho de tanteo ni de retracto.

Esta forma de propiedad se rige por las disposiciones legales especiales y, en lo que las mismas permitan, por la voluntad de los interesados.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las modificaciones introducidas en el Código Civil y en la Ley Hipotecaria por los artículos 1 y 2 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, permanecen en vigor con su redacción actual.

La nueva LPH modifica el art 396 CC, en este art se pone de manifiesto que la PH conlleva a parte de una propiedad en exclusiva sobre los pisos o locales, conlleva, además, un Dº de copropiedad sobre los elementos comunes y hace una larga enumeración de lo que se debe considerar como elementos comunes.

Según el art. 396 se consideran como elementos comunes el suelo, el vuelo o techo, los cimientos, la fachada

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del edificio, el portal, las escaleras, las porterías, todos los corredores, todos los pasos, los patios, pozos, todos los recintos e instalaciones dedicadas a ascensores, depósitos, contadores, telefonía u otros servicios comunes, aunque a veces estos elementos comunes se utilicen por determinados propietarios.

Se consideran también como elementos comunes los ascensores, todas las instalaciones necesarias para el desagüe y suministro del agua, gas, electricidad, incluso las que tienen por finalidad aprovechar la energía solar, todas las instalaciones de la calefacción, aire acondicionado, evacuación de humos, ventilación, todos las instalaciones destinada a prevenir incendios, el portero automático, el portero electrónico y todas las instalaciones que tengan por finalidad la seguridad del edificio, las antenas y todas las demás instalaciones para los servicios de telecomunicación, las servidumbres y cualquier otro elemento material o jurídico que por su propia naturaleza o destino resulten indivisibles.

No es una enumeración taxativa, se puede modificar por los títulos de constitución.

Estos elementos comunes no pueden ser objeto en ningún caso de división y solamente pueden ser enajenados, gravados o embargados juntamente con el elemento privativo de que sean anejo, además en el supuesto de que se enajene un piso o local en ningún caso los propietarios de los demás pisos o locales pueden ejercitar un Dº de tanteo o un Dº de retracto.

FUENTES

La propiedad horizontal según este art. 396 se va a regir por lo dispuesto en la LPH de 21.7.60, modificada por la ley 6.4.99 y a su vez modificada por la nueva LEC y en lo que la ley permite se va a regir por la autonomía de la voluntad.

La propia ley dispone que las comunidades de propietarios tienen el plazo de un año para adaptar sus Estatutos a lo dispuesto en la ley, teniendo en cuenta que no van a surtir efectos todas aquellas disposiciones que sean contrarias a lo dispuesto en la ley, y la propia ley deroga todas las disposiciones especiales que se opongan a la misma.

elementos comunes y privativos.

Se consideran elementos comunes todos aquellos destinados a un uso común general, bien por su propia naturaleza o bien por su propio destino.

El art. 396 CC con la nueva redacción hace una enumeración exhaustiva de lo que se consideran elementos comunes.

Los elementos comunes pueden ser elementos comunes por naturaleza o por destino.

Diferente de los elementos comunes son los denominados anejos, estos son espacios en principio susceptibles de aprovechamiento independiente que forman parte de ese piso o local, según el art. 5 LHP se consideran anejos los garajes, buhardilla...

Dentro de los elementos comunes, actualmente hay autores que hablan de lo que denominan elementos procomunales, que son aquellos que en principio reúnen las características para ser un elemento de carácter privativo pero que, sin embargo, bien por el uso que tienen o pq le interesa a la comunidad se consideran como un elemento común, un ejemplo típico son las viviendas del portero, es una especie de elemento común por destino.

Hay determinados elementos como los garajes que se pueden configurar de muy diversas maneras, si resulta que el garaje forma parte del piso o local se considera como anejo. A veces todo el local destinado a garajes se

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puede vender y se configura entonces como elemento privativo, a veces también lo que se vende son las plazas destinadas a garaje a personas que no forman parte de la comunidad, entonces es un elemento de carácter privativo, art. 68.2 RH.

A veces el garaje si resulta que se destina a aparcamiento de los propietarios de los pisos o locales, pero sin especificar cual es la plaza que le corresponde a cada uno, se configura como elemento común, y a veces, el garaje se puede destinar a un uso en interés de la comunidad y se puede configurar entonces como un elemento de carácter común, lo que se denomina elemento procomunal.

En relación a los elementos comunes, el art. 10 LPH establece que la comunidad tiene la obligación de realizar en ellos todas las obras que sean necesarias para el adecuado sostenimiento del inmueble o edificio, teniendo en cuenta que el inmueble tiene que reunir todas las condiciones que sean necesarias en relación a la seguridad, a la habitabilidad y a la estanquidad.

Si resulta que alguno de los propietarios se opone a la realización de estas obras e incluso a las obras que exija la Administración, ese propietario va a responder individualmente de las sanciones que desde el punto de vista administrativo se le impongan. Si resulta que no se sabe cuál es la naturaleza de la obra, si es necesaria o no, en principio debe resolverlo la junta de propietarios; si esta junta no dice nada al respecto, entonces se puede solicitar un arbitraje o incluso un informe técnico, todo cumpliendo los requisitos establecidos por la ley.

También en relación con los elementos comunes, ningún propietario puede exigir realizar nuevas obras, mejoras o nuevas instalaciones que resulte que no sean necesarias para la conservación, el sostenimiento del inmueble o su seguridad. Si aun así en la junta de propietarios por mayoría se decide la realización de estas obras no necesarias, el propietario que no esté de acuerdo con su realización y siempre que la realización de las mismas suponga que los gastos comunes exceden del importe de tres mensualidades, no está obligado a contribuir a la realización de esas obras aunque el propietario las use o las utilice.

Si resulta que la obra que se realiza puede afectar a alguno de los propietarios en el sentido de que se les va a privar del uso o disfrute de parte del edificio, se exige el consentimiento expreso de los propietarios afectados, según se deduce del art. 11 LPH:

1. Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad y seguridad del inmueble, según su naturaleza y características.

2. Cuando se adopten válidamente acuerdos para realizar innovaciones no exigibles a tenor del párrafo anterior y cuya cuota de instalación exceda del importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes el disidente no resultará obligado, ni se modificará su cuota, incluso en el caso de que no pueda privársele de la mejora o ventaja.

Si el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las ventajas de la innovación, habrá de abonar su cuota en los gastos de realización y mantenimiento, debidamente actualizados aplicando el correspondiente interés legal.

3. Las innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un propietario requerirán, en todo caso, el consentimiento expreso de éste.

4. Las derramas para el pago de mejoras realizadas o por realizar en el inmueble serán a cargo de quien sea propietario en el momento de la exigibilidad de las cantidades afectadas al pago de dichas mejoras.

Elementos Privativos son los elementos según el art. 1 LPH, todo espacio susceptible de aprovechamiento independiente por tener salida a un elemento común o por tener salida a la vía pública, resolución 12.7.00 (locales que tenían salida a través de otro local).

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facultades y OBLIGACIONES de los propietarios.

Según el art. 7 LPH, cada propietario puede hacer en su piso o local todas las obras, que estime por conveniente, siempre que no afecten a la seguridad del edificio, a su estructura arquitectónica, a su fachada y siempre que no causen ningún perjuicio en los dchos de los demás propietarios.

Cada propietario en su piso o local puede realizar aquellas actividades que estime por convenientes siempre que no se encuentren prohibidas por los estatutos, que no causen daño a la comunidad y que no se trate de actividades prohibidas por el RAMINP.

Si el propietario realiza cualquiera de las actividades prohibidas, el presidente, a petición propia o de cualquier propietario, le va a requerir para que cese en esas actividades, si resulta que a pesar de ese requerimiento el propietario continua realizando estas actividades, el presidente con la autorización de la junta de propietarios, podrá ejercitar la acción de cesación de dicha actividad, acción que se va a sustanciar por el juicio ordinario, según la Disposición Transitoria I de la nueva LEC.

El art. 9 LPH recoge también las obligaciones que tienen los propietarios, en primer lugar recoge la obligación que tiene la comunidad de mantener en buen estado el inmueble, así como los elementos comunes, por tanto, la obligación de respetar todas las instalaciones generales y los elementos comunes de los propietarios con independencia de que se utilice o no un elemento común y que se encuentre o no en su planta.

En todo caso estas obligaciones del respeto a los elementos comunes conlleva que se utilicen los mismos haciendo un uso adecuado y de manera que no se cause ningún daño ni ningún desperfecto.

En relación a su propio piso o local, cada propietario tiene la obligación de mantener en buen estado su propio piso o local, de manera que no se cause perjuicio ni a la comunidad ni a cada uno de los propietarios.

Por tanto, los propietarios de los pisos o locales tienen la obligación de consentir que en su vivienda o local se hagan todas las reparaciones que sean necesarias, e incluso tienen la obligación de tolerar la constitución de servidumbre que tengan por objeto servicios comunes de interés general.

A los efectos de realizar las reparaciones necesarias, tiene la obligación de permitir la entrada en el piso o local de las personas que sean necesarios para efectuar la reparación. Los propietarios, igualmente, tienen la obligación según el art. 9.1.e de contribuir al sostenimiento de los gastos comunes y contribuir con arreglo a la cuota de participación que se halla fijado en el título de constitución.

Los créditos a favor de la comunidad como consecuencia de contribuir a los gastos comunes siempre que corresponda a la anualidad vencida del año anterior y a la parte vencida de la anualidad corriente tienen preferencia frente a otros créditos con arreglo al art. 1923 CC, sobre todo en sus apdos. 3, 4 y 5. lógicamente, frente a este Cº siempre tiene preferencia el Cº que en relación al salario concede al trabajador el Estatuto de los Trabajadores.

Esta obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generados corresponde al propietario actual.

La jurisprudencia considera que esta obligación es una especie de obligación real que corresponde a quien en cada momento resulte ser el propietario del piso, así lo pone de manifiesto una sentencia de la AP. de Toledo de 30.5.2000.

Se trata de una obligación real, se habla de garantía real que guarda el piso al propietario actual.

El piso está afecto al cumplimiento de esta obligación, el que adquiere un piso o local aunque haya inscrito su dcho en el registro responde de las cantidades que el anterior propietario adeudase a la comunidad en relación

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a los gastos comunes y limitándose a la parte vencida de la anualidad corriente y a la anualidad del año anterior. Quien transmite la propiedad del piso o local declara ante notario el estado de su obligación en relación a los gastos comunes y no solo lo declara sino que tiene que presentar un certificado expedido por el Secretario con el visto bueno del Presidente, donde se haga constar que se halla al corriente del cumplimiento de esta obligación o se haga constar la cantidad adeudada.

El adquirente puede dispensar al transmitente del cumplimiento de esta obligación. Al cumplimiento de esta obligación se refiere el art. 21 LPH, art. modificado por la disposición final de la LEC. Según este art. el presidente puede exigir al propietario del piso o local el cumplimiento de esta obligación.

El adquirente responde de la deuda de la anualidad vencida del año de la transmisión. Por eso por parte del adquirente debe declarar que está al corriente de pago y si no es así, establecer la cuantía de la deuda, además de una certificación del presidente de la comunidad en la que conste la situación del transmitente en relación a las deudas de la comunidad. Los Cº relacionados con la comunidad tienen prioridad ante los acreedores.

El presidente respaldado por la comunidad puede iniciar un procedimiento monitorio, se exige un certificado del acuerdo de la junta de propietarios en el que se apruebe la liquidación de la deuda que se tenía pendiente con la comunidad. Si resulta que el demandado se opone de manera razonada o fundamentada, entonces el procedimiento que rige es el ordinario, esto se criticaba por los administradores de fincas, pero con la LEC se ha modificado, lo que si se sigue criticando es el procedimiento ordinario cuando queda constatada la deuda y la LPH de abril del 99 regula en el art. 21, de manera expresa, pero se ha modificado por la LEC en la regulación de deudas inferiores a 5 millones, no exige ni abogado ni procurador.

El hecho de no contribuir al pago de estos gastos hace que los propietarios afectados, aunque puedan asistir a la junta, quedan privados de su Dº de voto. Asimismo, cuando se hace la convocatoria de una junta, se tiene que hacer constar que los propietarios que no se encuentren al corriente de pago en la fecha de celebración de la junta y que no hayan impugnado judicialmente la deuda o que no hayan consignado ante el juez o notario la cantidad correspondiente, quedan privados de su dº de voto.

Según el art. 9, cada propietario está obligado a contribuir según su cuota al fondo de reserva que tiene que tener la comunidad. Este fondo de reserva tiene que representar por lo menos el 5% del presupuesto anual que se haya aprobado por la comunidad, la titularidad de este fondo la tiene la comunidad y puede concertar un contrato de seguro o de mantenimiento. Se han planteado muchos problemas con el mantenimiento de los ascensores.

Además, los propietarios tienen la obligación de comportarse con la diligencia debida en el uso del edificio o inmueble y también con la diligencia debida en las relaciones con los demás propietarios. También cada propietario está obligado a notificar al secretario, por cualquier medio que permita tener una prueba de su recepción, un domicilio en territorio español sonde se le notifiquen todas las citaciones y notificaciones. Si resulta que no se realiza esta notificación, ésta se hará en el propio piso o local que tenga en el inmueble. Si resulta que a pesar de esto no se puede notificar al propietario porque no se le encuentra, entonces las citaciones se realizarán en el Tablón de Anuncios de la comunidad o en un lugar visible de uso general habilitado expresamente para este efecto.

También se debe notificarse por parte del propietario y se tiene que comunicar al secretario el cambio de titularidad de la vivienda o local, con la consecuencia de que si no se comunica, el propietario responde solidariamente de las deudas con la comunidad de propietarios incluso las devengadas después de la transmisión con el nuevo propietario. No es necesario que se practique esta notificación o comunicación si la comunidad por otros medios ha tenido conocimiento del cambio de titularidad o se han producido una serie de actos que demuestran ese cambio o se ha realizado de manera notoria.

órganos de la colectividad.

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Dentro de ellos nos encontramos con Presidente, puede existir uno o varios vicepresidentes; Secretario Administrador y Junta de propietarios.

Estos son los órganos de la comunidad de propietarios, sin embargo, en el título de constitución o bien los propietarios si asó lo acuerdan mayoritariamente se pueden establecer otros órganos.

PRESIDENTE, se elige, bien por elección, bien porque se haya establecido un turno rotatorio a bien simplemente por sorteo. Hay que tener en cuanta que a quien le toque ser presidente tiene en principio aceptar el cargo, el nombramiento en principio es obligatorio, pero se puede excusar ante el juez invocando las razones que estime convenientes y el juez tendrá que resolver lo que proceda.

La función del presidente es representar legalmente a la comunidad, en juicio o fuera de juicio y aquí hay que tener en cuenta que aunque el art. 13 LPH le otorga ese cargo, una sentencia del TS de 6.3.00 manifiesta que a pesar de este art. el presidente para ejercitar una acción en nombre de la comunidad, necesita un acuerdo de la junta de propietarios.

Junto al presidente pueden existir un vicepresidente, la existencia de este la facultativa.

Secretario y administrador, estas figuras las puede ejercer el mismo presidente o bien corresponder estos cargos a persona distinta. Asimismo el secretario y administrador pueden acumularse en la misma persona o ser personas distintas, en todo caso, para ser administrador se exige ser una persona de cualificación profesional SF y legalmente reconocida.

junta de propietarios, está integrada por todos los propietarios del edificio, según el art. 15 LPH, la asistencia a la junta de propietarios puede ser personal o mediante representación. Mediante representante legal o mediante representante voluntario.

Si resulta que el piso o local es propiedad de varias personas, deben designar a uno de ellos para que asista a la junta y para que vote. Si resulta que el piso se encuentra en usufructo, el propietario o el nudo propietario (propietario que ha entregado a otro la facultad de uso y disfrute del objeto de su DR de propiedad), salvo que se trate de acuerdos que afecten al título de constitución o Acuerdos importantes, en cuyo caso la delegación tiene que ser expresa.

Los propietarios que no estén al corriente de pago en las deudas que tengan con la comunidad pueden asistir a la junta pero no tienen dcho al voto, lógicamente, salvo que judicialmente impugnen el acuerdo o hayan hecho la consignación de la deuda ante notario o juez, ahora bien, si pueden los propietarios que no están al corriente en el pago de las deudas con la comunidad impugnar los acuerdos de la junta de propietarios que afecten a las cuotas de participación en los gastos de sostenimiento.

Según el art. 16 LPH la junta se tiene que convocar por el presidente por lo menos una vez al año con la finalidad de aprobar los presidentes, se convoca una Junta Ordinaria.

La junta se puede convocar cuantas veces lo estime necesario el presidente o bien cuando lo soliciten la cuarta parte de los propietarios que representen un 25% en las cuotas de participación, entonces será una Junta Extraordinaria.

La convocatoria de la junta se tiene que anunciar a cada uno de los propietarios por los medios que establece el art. 9 LPH.

En la convocatoria se tiene que expresar la fecha, el lugar y la hora, el orden del día y los asuntos a tratar. Existe una primera convocatoria en la cual para que se considere constituida la junta, tiene que estar presente la mayoría de los propietarios que representen la mayoría de las cuotas de participación. Para la segunda

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convocatoria no se exige ningún quórum.

El art. 17 LPH se refiere a los requisitos que se tienen que cumplir para la adopción de los acuerdos, para modificar el título constitutivo, los estatutos, así como para aprobarlos se exige la unanimidad, asimismo para constituir nuevas plantas sobre el edificio o elementos comunes se exige según el art. 12 la unanimidad.

Si se trata de obras que afectan a elementos comunes de interés general, es SF que voten a favor del acuerdo las 3/5 partes de los propietarios que representen las 3/5 partes en las cuotas de participación en los elementos comunes, cuando se trata de instalar o de suprimir ascensores, portería, vigilancia o cualquier otro elemento común e interés general aunque la realización de estas obras suponga una modificación del título constitutivo o una modificación de los estatutos, es SF que voten a favor del acuerdo las 3/5 partes de los propietarios que representen las 3/5 partes de las cuotas de participaciones.

También se exige esta misma mayoría para realizar contratos de arrendamiento de elementos comunes que no tengan un uso específico, cuando se trata de suprimir barreras y de adaptar el edificio para que puedan tener acceso a él personas con minusvalía, es SF que voten a favor del acuerdo la mayoría de los propietarios que represente la mayoría en las cuotas de participación (en gastos de sostenimiento de los gastos comunes).

En todos estos supuestos, los propietarios que no hayan asistido a la junta y que en el plazo de un mes a partir del día en el cual se les notificó el acuerdo no lo hayan impugnado, no hayan manifestado su voluntad en contra, se estima que han votado favorablemente.

Si se trata de instalar antenas parabólicas o realizar toda clase de infraestructura para el acceso a los servicios de telecomunicación o si se trata de instalar sistemas para aprovechar la energía solar e instalar los nuevos sistemas e energía colectiva, es SF que voten a favor del acuerdo 1/3 de los propietarios que representen 1/3 en las cuotas de participación, esto se modificó por RD de febrero de 1998.

Para adoptar otros acuerdos, si se trata de una primera convocatoria tienen que votar a favor del acuerdo la mayoría de los propietarios que representen la mayoría en las cuotas de participación y si estamos en una segunda convocatoria es SF que se vote a favor la mayoría de los propietarios presentes que represente la mayoría de las cuotas de participación también presentes y si aún así no se puede adoptar el acuerdo, el juez puede decidir en el plazo de 20 días (para acudir al juez hay un plazo de un mes).

Los acuerdos de la junta pueden ser objeto de impugnación, a la que se refiere el art. 8. según este art. los acuerdos de la junta de propietarios se pueden impugnar en los siguientes supuestos:

Cuando el acuerdo sea contrario a lo dispuesto en la Ley o en los Estatutos.• Cuando el acuerdo se considera gravemente perjudicial para la comunidad en beneficio de unos cuantos propietarios.

Cuando el acuerdo sea perjudicial para cualquier propietario pq no tenga obligación de consentirlo, de tolerarlo o pq se considere como un abuso del Dº.

Los acuerdos pueden impugnarlos el propietario ausente, el propietario al que se le haya negado indebidamente su dº al voto y el propietario que haya salvado su voto (el que vota en contra o se abstiene).

Es requisito indispensable para impugnar los acuerdos que el propietario que impugne esté al corriente con la comunidad de las deudas que tenga con ella, salvo que se trate de acuerdo que tenga por objeto la modificación de las cuotas de participación en los gastos de sostenimiento.

Si se trata de acuerdos que son contrarios a la ley o a los estatutos, la acción para impugnar estos acuerdos tiene un plazo de caducidad de un año. Si se trata de acuerdos contrarios a los intereses de la comunidad o acuerdos contrarios a los intereses de algún propietario, la acción para impugnar dichos acuerdos tiene un

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plazo de caducidad de tres meses.

Los acuerdos de la junta quedan reflejados en un acta que debe firmarla el secretario y el presidente y en la cual se deben hacer constar los extremos siguientes: fecha de la junta, si es ordinaria o extraordinaria, relación de los propietarios asistentes a la junta, orden del día y los acuerdos adoptados, según manifiesta el art. 19.

Estas actas se guardan en el registro de la propiedad y el administrador debe guardar durante cinco años toda la documentación referente a la comunidad.

RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS POR DEUDAS CONTRAÍDAS CON TERCEROS.

Según el art. 22 de la LPH:

1. La comunidad de propietarios responderá de sus deudas frente a terceros con todos los fondos y créditos a su favor. Subsidiariamente y previo requerimiento de pago al propietario respectivo, el acreedor podrá dirigirse contra cada propietario que hubiese sido parte en el correspondiente proceso por la cuota que le corresponda en el importe insatisfecho.

2. Cualquier propietario podrá oponerse a la ejecución si acredita que se encuentra al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad en el momento de formularse el requerimiento a que se refiere el apartado anterior.

Si el deudor pagase en el acto de requerimiento, serán de su cargo las costas causadas hasta ese momento en la parte proporcional que le corresponda.

De este modo, responde la comunidad con todos su créditos y fondos y subsidiariamente responden los propietarios cuando el propietario sea requerido, cuando el propietario sea parte en el proceso, el propietario solo responderá en proporción a su cuota.

Actualmente cualquier propietario en el supuesto de que se demande a l comunidad de propietarios, puede intervenir en el precio con arreglo a lo dispuesto en el art. 13 LEC.

Constitución, modificación y extinción de la propiedad horizontal.

A la constitución de la PH se refiere el art. 5: El título constitutivo de la propiedad por pisos o locales describirá, además del inmueble en su conjunto, cada uno de aquellos, al que se asignará número correlativo. La descripción del inmueble habrá de expresar las circunstancias exigidas en la legislación hipotecaria y los servicios e instalaciones con que cuente el mismo. La de cada piso o local expresará su extensión, linderos, planta en las que se hallare y los anejos, tales como garaje, buhardilla o sótano.

En el mismo título se fijará la cuota de participación que corresponde a cada piso o local, determinada por el propietario único del edificio al iniciar su venta por pisos, por acuerdo de todos los propietarios existentes, por laudo o por resolución judicial. Para su fijación se tomará como base la superficie útil de cada piso o local en relación con el total del inmueble, su emplazamiento interior o exterior, su situación y el uso que se presuma racionalmente que va a efectuarse de los servicios o elementos comunes.

El título podrá contener, además, reglas de constitución y ejercicio del derecho y disposiciones no prohibidas por la Ley en orden al uso o destino del edificio, sus diferentes pisos o locales, instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, conservación y reparaciones, formando un estatuto privativo que no perjudicará a terceros si no ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad.

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En cualquier modificación del título, y a salvo lo que se dispone sobre validez de acuerdos, se observarán los mismos requisitos que para la constitución.

Estos requisitos son los siguientes:

Debe describir todo el inmueble o el edificio en su conjunto, mencionando todas las circunstancias que son necesarias con arreglo a la LH y además se debe de describir cada uno de los pisos o locales susceptibles de aprovechamiento independiente, haciendo constar cual es su situación, su lindero, la planta y lógicamente la superficie y sus anejos, como por ejemplo el garaje, la buhardilla o el sótano. El art. 68 del Reglamento Hipotecario admite la inscripción privativa de los garajes.

En el título de constitución, también se debe de fijar la contribución de los pisos y locales independientes a los gastos comunes.

Además, en el título de constitución se debe fijar la cuota de contribución de cada uno de los pisos y locales independientes en relación a los gastos comunes y para fijar y para fijar esta cuota se tiene en cuenta la superficie útil máxima del piso o local edificado, su emplazamiento, situación y el uso que previsiblemente va a hacer de esos elementos comunes.

El título de constitución de la propiedad horizontal lo puede otorgar el propietario o los propietarios del inmueble y también se puede establecer el título de constitución por laudo o por resolución judicial.

En cuanto a la capacidad se exige capacidad para disponer, en cuanto a la forma se exige forma documental, bien documento público o privado, ahora bien, para que el título de constitución de la PH surta efectos en relación a terceros, se tiene que inscribir en el registro y para inscribirlo en el registro es necesario que conste en escritura pública por aplicación del art. 3 LH: Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad judicial o por el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos.

En el registro se inscribe todo el inmueble en su conjunto, haciendo constar todas las circunstancias necesarias para registrar ese inmueble según la legislación hipotecaria y haciendo constar todos los pisos y locales que integran ese inmueble y, además, se inscribe separadamente cada uno de los pisos o locales.

Diferente de lo que es el título de constitución son los Estatutos, los estatutos constituyen un conjunto de reglas en relación a la constitución y ejercicio de dchos y demás disposiciones que no están prohibidas por la ley, relativas a como se va a utilizar el edificio, los diferentes pisos o locales, las instalaciones, los servicios, todo lo relativo a los gastos, administración, el gobierno de la comunidad y a la conservación, mantenimiento del inmueble y a los seguros.

Los Estatutos normalmente van unidos al título de constitución, pero no necesariamente, deben constar también documentalmente y estos estatutos no van a perjudicar a terceros si no están inscritos en el registro.

Distinto de los estatutos son las normas de régimen interno que rigen la comunidad y hay que tener en cuenta según el art. 17 LHP para aprobar y modificar el título de constitución y los estatutos lo que se exige es la unanimidad, lo que sucede es que como se plantearon problemas con este requisito se ha suavizado y es SF ahora con que las 3/5 partes que representen las 3/5 parte de las cuentas de participación, estén de acuerdo o un 1/3 de propietarios que participan en las cuotas de la comunidad en caso de reformas necesarias con mayoría e participaciones de la mayoría que participan en las cuotas.

La nueva LPH exige la constitución de un fondo de reserva, este fondo de reserva tiene que representar por lo menos el 5% del presupuesto anual que tenga la propia comunidad, la titularidad del fondo de reserva corresponde a la propia comunidad.

Para modificar el título de constitución o los estatutos, se exige siempre la unanimidad, salvo cuando se trate

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de determinados elementos comunes que aunque suponga las 3/5 partes representen las 3/5 partes de las cuotas de participación.

En relación con la extinción de la PH se extingue lógicamente cuando se destruye el edificio y se entiende que se ha destruido el edificio cuando el reconstruirlo suponga invertir más del 50% del valor del edificio, salvo que tuviera ya un contrato de seguro. También se extingue cuando se convierte en una propiedad o en una copropiedad.

la MULTIPROPIEDAD: su concepto y naturaleza.

La multipropiedad se regula en nuestro Dº por una Ley de 15.12.1998, cuya finalidad ha sido adaptar el Dº español a lo dispuesto en la Directiva de 26.10.1994.

La directiva deja libertad a los estados miembros para que utilicen la denominación o terminología que estimen conveniente.

En la ley española se prohíbe en el art. 1 la denominación de propiedad, multipropiedad o cualquier otra terminología que vincule este dº con el dº de propiedad.

La ley española habla de Dº de Aprovechamiento por Turnos sobre Bienes Inmuebles, dº que se puede constituir bien como dº personal o bien como dº real, es decir, dependiendo de la voluntad de las partes.

La ley española estima que las cantidades de arrendamientos que tenga por objeto 3 o más temporadas y con ampliación no superior a 50 años y los contratos de arrendamiento en los cuales se anticipan rentas de 10 o más temporadas quedan sometidos a lo dispuestos en esta ley, sin perjuicio de lo que dispone la Ley de Arrendamientos Urbanos.

En la Directiva se recoge la facultad de desistir del contrato por parte del adquirente sin que tenga que alegar ninguna justificación, sin que tenga que abonar ninguna indemnización.

Esta facultad de desistir del contrato se recoge en el art. 10 de la Ley 5.12.1998, según el art. 1 y art. 10, el adquirente puede desistir del contrato en el plazo de 10 días, a contar desde la fecha de la firma del contrato.

Según el art. 10 el adquirente puede resolver el contrato en el plazo de 3 meses, si el documento informativo no contiene los requisitos exigidos o si el contrato tampoco hace referencia a todos los hechos necesarios y que exige la ley o simplemente si el documento informativo lo que dice no es verdad. En este último caso sin perjuicio de las responsabilidades penales, el adquirente puede declarar la nulidad del contrato.

Si resulta que el adquirente deja el plazo de 3 meses para impugnar el contrato, tiene el plazo de 10 días para poder desistir el contrato, si resulta que el contrato no reúne todos los requisitos exigidos o el documento informativo y posteriormente se completan.

El adquirente para ver que se ha rellenado todos los extremos tiene 10 días para desistir el contrato. El único requisito para desistir del contrato es que el adquirente se lo comunique al propietario en el domicilio que este haya fijado en el contrato.

Mientras no hayan transcurrido los plazos para desistir el contrato o resolver el contrato no se puede exigir ningún pago por adelantado.

Esto lo expresa el art. 1.1: Es objeto de esta Ley la regulación de la constitución, ejercicio, transmisión y extinción del derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, que atribuye a su titular la facultad de disfrutar, con carácter exclusivo, durante un período específico de cada año, un alojamiento susceptible de

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utilización independiente por tener salida propia a la vía pública a un elemento común del edificio en el que estuviera integrado, y que esté dotado, de modo permanente, con el mobiliario adecuado al efecto, y el derecho a la prestación de los servicios complementarios. La facultad de disfrute no comprende las alteraciones del alojamiento ni de su mobiliario. El derecho de aprovechamiento por turno podrá constituirse como derecho real limitado o de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo.

El art. 13 admite también la facultad de resolver el contrato por parte del propietario, en caso de que el adquirente deje de pagar durante un año el canon o precio establecido.

La ley de 15.12.98 establece expresamente en el art. 1 que el Dº de aprovechamiento por turnos sobre bienes inmuebles comprende la facultad de utilizar o disfrutar de manera exclusiva un alojamiento que sea susceptible de aprovechamiento independiente por tener salida en vía común o vía pública con todo el mobiliario adecuado y con todos los servicios y prestaciones necesarias.

Solo puede tener por objeto alojamientos susceptibles de aprovechamiento independiente.

Los turnos no pueden ser inferiores a 1 semana y por lo menos dejar otra semana para que se realicen los servicios correspondientes.

En cuanto a la duración del dº, como mínimo tiene que tener un plazo de 3 años y como máximo el plazo de 50 años.

En cuanto a su constitución se exigen los siguientes requisitos:

El edificio este totalmente acabado y terminado y que esté inscrito en el registro y si todavía no se ha acabado la construcción del edificio que conste en el registro la declaración de obra nueva.

El propietario tiene que tener la correspondiente licencia para ejercer el turismo en la CCAA correspondiente.

Asimismo, el propietario tiene que concertar una serie de seguros que exige expresamente la propia ley

Además, el propietario tiene que concertar con una empresa de servicios que reúna los requisitos exigidos por cada CCAA, que realice los servicios correspondientes, salvo que el propietario corra con el cumplimiento de esta obligación.

El Dº de aprovechamiento por turnos para su constitución se tiene que hacer constar en escritura pública, constando los extremos siguientes:

Cual es el edificio, el alojamiento.• Los servicios.• Los estatutos.• La retribución.• La duración del Dº.• Contrato suscrito con la empresa de servicios.• Los seguros concertados por el propietario.•

Una vez otorgada la escritura pública se tiene que inscribir en el registro.

Este dº se tiene que reflejar en un contrato que tiene que contener los requisitos:

Fecha de celebración del mismo.• Momento de otorgamiento de la escritura.•

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Momento de Inscripción en el registro, constando los datos de la inscripción.•

NATURALEZA

En cuanto a la persona o DR la descripción del edificio, alojamiento, precio, así como, los servicios e instalaciones que se ofrecen, el art. 8 de la ley 15−12−98, teniendo en cuanta que su finalidad es adaptar el dº español a la directiva comunitaria, exige que por parte del propietario, exista un documento informativo con carácter de oferta vinculante que tiene que reunir una serie de requisitos:

Se tiene que hacer constar quien es el propietario, con todos sus datos de identidad precisas.• Se tiene que hacer constar la naturaleza el Dº.• Se tiene que hacer constar el edificio, los alojamientos de que dispone, el alojamiento concreto que se ofrece, el precio de adquisición tanto inicial como en periodos sucesivos. También el precio medio de los demás adquirentes.

Debe constar también los servicios y prestaciones que se vayan a realizar por la empresa de servicios contratada y la facultad de resolución del contrato y el desestimiento.

TEMA 9

propiedad INTELECTUAL.

La propiedad intelectual es el conjunto de poderes que la ley concede al autor de una obra científica, artística o literaria.

Se regula actualmente por un RD de 12.4.96, que recoge el texto refundido sobre la Propiedad Intelectual.

El Libro II de esta ley ha sido objeto de modificación por Ley 6.3.98, que recoge el Dº sui generis sobre las bases de datos que le corresponden al autor de los mismos, además, el texto refundido tiene por finalidad recoger los dispuesto en todas las Directivas en materia intelectual y las incorpora el Dº español.

Actualmente se ha aprobado una Directiva de 14.12.2001 que tiene por objeto regular la PI en la sociedad de información.

También está pendiente de aprobación por Directiva la regulación de todo lo relativo al Dº de participación. Este dº se regula por el art. 24 LPI.

El art.1: La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación; pone de manifiesto que la PI corresponde al autor de una obra científica, artística o literaria por el solo hecho de su creación, es decir, este art. exige que en esa creación haya intervenido la voluntad humana.

Al exigirse la creación también se está exigiendo según la mayoría de los autores el que ka obra sea original, el problema está en determinar ciando no existe originalidad.

Según el art. 2 la PI está integrada por los dchos que tienen un contenido moral y dchos con carácter patrimonial, en el caso de contenido moral es el denominado Dº Moral de Autor, y en el otro caso se habla de Dº Patrimonial del Autor.

El problema lo plantea la creatividad, subjetivamente cuando el autor aporta alguna idea suya y objetivamente cuando aporta algo nuevo la obra tiene que ser intervención humana (creación de programas informáticos).

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El requisito de la creatividad en algunos casos ha sido problemático, como en supuestos de creación de diseño de joyas, hay una sentencia del 92 que confunde creatividad con autoría de la obra; otro supuesto problemático se da en las obras fotográficas. Es necesario diferenciar qué clase de obra está protegida, siguiendo las pautas dadas por el art. 10 LPI.

El art. 2: La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.

Se distingue así lo que se denomina dº moral de autor y el dº patrimonial de autor. El dº moral de autor plantea el problema de la naturaleza jurídica, el art. 20 CE junto al art. 33 protegen este Dº.

El escultor Pablo Serrano elaboró una estatua para un hotel, a quienes la habían encargado no les gustó y la desguazaron, el autor pidió la devolución de su obra, entonces no existía la CE, tras esto pidió la protección del Dº moral de autor y que se le devolviera la obra o una indemnización, amparándose en el art. 20. Su petición fue denegada por lo que recurre al amparo del TC, el TC no resuelve refugiándose en que los hechos son anteriores a la entrada en vigor de la CE, estimando que no se puede aplicar la CE y pq este dº moral de autor no es un Dº fundamental.

Para la profesora Hernández Díaz−Ambrona el art. 20 ampara este dº por lo que debe ser considerado como un dº fundamental, ya que protege un interés personal, es un dº inalienable e irrenunciable, los dchos patrimoniales de autor conllevan otras connotaciones como el dº a reproducir la obra, a divulgarla, a participar en el precio de adquisición en subasta y el dº a participar en las copias privadas que se saquen.

Según el art. 3 Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:

1.º La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual.

2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.

3.º Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro II de la presente Ley.

Así, los dchos que recoge la ley son independientes, compatibles y acumulables, en primer lugar con el dº de propiedad, que puede tenerse sobre el soporte físico de la obra, dº de propiedad industrial y con otros dchos recogidos expresamente en esta ley.

Según el art. 56 el hecho de vender la obra no significa que se esté transmitiendo el dº a explotar la misma, únicamente si se trata de obra fotográfica o de obras de arte aplicadas, la venta autoriza a exponer la obra. Salvo que el autor expresamente se haya reservado ese Dº.

La sentencia del TS discute sobre la masota del programa de tv El mundo de Yupi, los hermanos Mariscal se lo ceden a dos sociedades distintas en el plazo de mes y medio y ambas sociedades lo utilizan, después se demanda a TVE pq se cree que está perjudicando a la imagen; aquí se pone de manifiesto la independencia del dº moral y del dº patrimonial, puede proteger la propiedad intelectual y la propiedad industrial a la misma obra.

El art. 4: A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entiende por divulgación de una obra toda expresión de la misma que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma; y por publicación, la divulgación que se realice mediante la puesta a disposición del público de un número de ejemplares de la obra que satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con la naturaleza y finalidad de la misma.

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Distingue entre lo que es la divulgación de una obra y lo que es su publicación, la divulgación es que la obra se va a dar a conocer al público con el consentimiento de su autor siempre, plantea el problema de si se divulga la obra cuando publica ya, cuando se enajena la obra, pero también se puede enajenar la obra, pero no para mostrarla.

La publicación de la obra es cuando se da a conocer el público mediante un número determinado de ejemplares.

SUJETO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

El sujeto de la PI es la persona física que ha creado la obra, sin perjuicio de que a veces las personas jurídicas se pueden beneficiar, y pueden quedar protegidos por los dchos que éstas le conceden. El autor de la obra plantea problemas en el caso de los programas informáticos. Según la LPI el creador es el empresario que contrata al personal que lo ha elaborado.

Se considera que es autor según la ley, mientras no se demuestre lo contrario, quien ha puesto su nombre a la obra o su pseudónimo. Si resulta que la obra se va a divulgar de forma anónima, se considera autor a la persona que la haya divulgado con el consentimiento del autor original de la misma.

Luego también se admiten las obras en colaboración y las obras colectivas. Una Obra en Colaboración es cuando un determinado libro o un edificio lo han realizado varios profesionales y todos figuran como autores, y sin el consentimiento de todos no se puede modificar o divulgar. Las Obras Colectivas se divulgan a través de una persona física o jurídica, no se especifican los colaboradores, a quien se le considera autor.

La obra en colaboración es aquella en la que intervienen varios autores, no se puede divulgar sin el consentimiento de todos ellos mientras que en la obra colectiva se edita o divulga por una persona física o jurídica que va a considerarse como la autora.

La St 11.7.00 establece que para que sea colectiva hay que establecer y fijar quien ha llevado todo y que los colaboradores no van a constar.

OBJETO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Se refiere a ello el art. 10: 1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.

b) Las composiciones musicales, con o sin letra.

c) Las obras dramáticas y dramático−musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.

d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.

e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.

f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.

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g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.

h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.

i) Los programas de ordenador.

2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella.

Según este art. puede ser objeto de PI toda obra científica, artística, literaria, que se expresa por cualquier medio o soporte tangible o intangible, actualmente conocido a que se invente en el futuro.

La St 20.2.98, referente a las estatuas de Plaza España, se discute su diseño, su autor presentó los bocetos en escayola pero luego se aplican en bronce. Al fallecer el autor sus herederos interponen una demanda al considerar que no se ha respetado el dº moral de autor. La St dice que una cosa es la propiedad sobre la obra, otra el dº de explotación y otra el dº moral de autor. El autor ganó el concurso, pero cedió su dº a construir la estatua. Se accede a indemnizar a los herederos por el daño moral al no cumplir con el diseño de la obra.

Por el art. 10.1 se protege el boceto o proyecto. Pueden ser objeto de PI las esculturas, pinturas, dibujos, obras de arte aplicadas o no, las obras de arte plástica, que son los diseños de un edificio, se construya o no. Además de los mapas , maquetas, que tengan por objeto cualquier tema de geografía, con carácter topográfico y en gral cualquier tema de ciencia. Los planos, diseños, maquetas de arquitectos e ingenieros, aquí se plantea qué es en realidad objeto de PI, el plano proyectado o la realización de la obra, la ejecución material también es objeto de PI según el art. 35 LPI.

Las obras fotográficas y cualesquiera otras obras de análoga naturaleza, se plantea el requisito de la creatividad, se protege a través del art. 128, la St 23.3.96 protege a la modelo cuya foto aparece en la portada de un libro.

Son objeto de PI las obras cinematográficas y los programas de ordenador, teniendo, además, en cuenta que el Libro II de la LPI, modificado por Ley 6.3.98 introduciendo el Dº Sui Generis de protección de las bases de datos.

DERECHO MORAL DE AUTOR. CONTENIDO.

A su contenido se refiere el art. 14, según el cual el Dº moral de autor es un Dº irrenunciable e inalienable y, además, va a estar integrado por las siguientes facultades:

Decidir el autor si va o no va a divulgar su obra.• Decidir en qué condiciones va a divulgar la obra, con su nombre, pseudónimo, anónimo.• También está integrado por la facultad a ser reconocido como autor de la obra así como por la facultad a que se respete la integridad de la obra, en este último supuesto se admiten aquellas modificaciones que no perjudiquen el interés legítimo del autor ni a su reputación.

Asimismo, el dº moral de autor está integrado por la facultad que tiene el autor de modificar su obra siempre que respete los dchos adquiridos y el interés de la nación si la obra forma parte del patrimonio histórico nacional.

Entre estas facultades se encuentra también la del supuesto de cambiar sus ideas o convicciones el decidir retirar la obra, lo que se denomina la Facultad de Arrepentimiento del Autor, pero indemnizando a los titulares del dº de explotación de la obra.

Por último entraña la facultad que tiene el autor de acceder al ejemplar raro o único que pueda quedar de una obra suya.

Además, si se trata de la facultad de exigir el respeto a la integridad de la obra y de la facultad a ser reconocido como autor de la obra. En caso que el autor haya fallecido, esta facultad le corresponde a

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las personas designadas en testamento por el autor y en su defecto a sus herederos, pero siempre que estos lo soliciten dentro de los 70 años siguientes a la muerte del autor o a la declaración de fallecimiento, según establece el art. 15 LPI.

derecho patrimonial de autor.

El art. 2: La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.

Establece este art. que el dº patrimonial de autor forma parte del contenido de la PI, y a este dº patrimonial se refiere concretamente el art. 17, lo denomina dº de explotación, este art, establece expresamente que el dº de explotación de la obra corresponde única y exclusivamente a su autor y a su vez tiene las siguientes manifestaciones:

Facultad de reproducir la obra, art. 18: Se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella.

Facultad de distribuir la obra, art. 19: 1. Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. 2. Cuando la distribución se efectúe mediante venta, en el ámbito de la Unión Europea, este derecho se extingue con la primera y, únicamente, respecto a las ventas sucesivas que se realicen en dicho ámbito por el titular del mismo o con su consentimiento. 3. Se entiende por alquiler la puesta a disposición de los originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o comercial directo o indirecto. Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposición con fines de exposición, de comunicación pública a partir de fonogramas o de grabaciones audiovisuales, incluso de fragmentos de unos y otras, y la que se realice para consulta in situ. 4. Se entiende por préstamo la puesta a disposición de los originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público. Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial directo ni indirecto cuando el préstamo efectuado por un establecimiento accesible al público dé lugar al pago de una cantidad que no exceda de lo necesario para cubrir sus gastos de funcionamiento. Quedan excluidas del concepto de préstamo las operaciones mencionadas en el párrafo segundo del anterior apartado 3 y las que se efectúen entre establecimientos accesibles al público. 5. Lo dispuesto en este artículo en cuanto al alquiler y al préstamo no se aplicará a los edificios ni a las obras de artes aplicadas.

Facultad de comunicación de la obra, art. 20: Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. o se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo. 2. Especialmente, son actos de comunicación pública: a) Las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático−musicales, literarias y musicales mediante cualquier medio o procedimiento. b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás audiovisuales. c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión comprende la producción de señales portadoras de programas hacia un satélite, cuando la recepción de las mismas por el público no es posible sino a través de entidad distinta de la de origen. d) La radiodifusión o comunicación al público vía satélite de cualesquiera obras, es decir, el acto de introducir, bajo el control y la responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programas, destinadas a la recepción por el público en una cadena ininterrumpida de comunicación que vaya

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al satélite y desde éste a la tierra. Los procesos técnicos normales relativos a las señales portadoras de programas no se consideran interrupciones de la cadena de comunicación. Cuando las señales portadoras de programas se emitan de manera codificada existirá comunicación al público vía satélite siempre que se pongan a disposición del público por la entidad radiodifusora, o con su consentimiento, medios de descodificación. A efectos de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, se entenderá por satélite cualquiera que opere en bandas de frecuencia reservadas por la legislación de telecomunicaciones a la difusión de señales para la recepción por el público o para la comunicación individual no pública, siempre que, en este último caso, las circunstancias en las que se lleve a efecto la recepción individual de las señales sean comparables a las que se aplican en el primer caso.

e) La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono.

f) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apartados anteriores y por entidad distinta de la de origen, de la obra radiodifundida.

Se entiende por retransmisión por cable la retransmisión simultánea, inalterada e íntegra, por medio de cable o microondas de emisiones o transmisiones iniciales, incluidas las realizadas por satélite, de programas radiodifundidos o televisados destinados a ser recibidos por el público.

g) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público, mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra radiodifundida.

h) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones.

i)El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas.

3. La comunicación al público vía satélite en el territorio de la Unión Europea se regirá por las siguientes disposiciones:

a)La comunicación al público vía satélite se producirá únicamente en el Estado miembro de la Unión Europea en que, bajo el control y responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programas se introduzcan en la cadena ininterrumpida de comunicación a la que se refiere el párrafo d) del apartado 2 de este artículo.

b) Cuando la comunicación al público vía satélite se produzca en el territorio de un Estado no perteneciente a la Unión Europea donde no exista el nivel de protección que para dicho sistema de comunicación al público establece este apartado 3 se tendrá en cuenta lo siguiente:

1.º Si la señal portadora del programa se envía al satélite desde una estación de señal ascendente situada en un Estado miembro se considerará que la comunicación al público vía satélite se ha producido en dicho Estado miembro. En tal caso, los derechos que se establecen relativos a la radiodifusión vía satélite podrán ejercitarse frente a la persona que opere la estación que emite la señal ascendente.

2.º Si no se utiliza una estación de señal ascendente situada en un Estado miembro pero una entidad de radiodifusión establecida en un Estado miembro ha encargado la emisión vía satélite, se considerará que dicho acto se ha producido en el Estado miembro en el que la entidad de radiodifusión tenga su establecimiento principal. En tal caso, los derechos que se establecen relativos a la radiodifusión vía satélite podrán ejercitarse frente a la entidad de radiodifusión.

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c) La comunicación al público vía satélite autorizada por un coproductor exigirá autorización previa de los demás coproductores a quienes pudiera perjudicar por razones de exclusividad lingüística o análogas en caso de que la obra consista meramente en imágenes.

4. La retransmisión por cable definida en el párrafo segundo del apartado 2.f) de este artículo, dentro del territorio de la Unión Europea, se regirá por las siguientes disposiciones:

a)La retransmisión en territorio español de emisiones, radiodifusiones vía satélite o transmisiones iniciales de programas procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea se realizará, en lo relativo a los derechos de autor, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y con arreglo a lo establecido en los acuerdos contractuales, individuales o colectivos, firmados entre los titulares de derechos y las empresas de retransmisión por cable.

b) El derecho que asiste a los titulares de derechos de autor de autorizar la retransmisión por cable se ejercerá, exclusivamente, a través de una entidad de gestión, de derechos de propiedad intelectual.

c) En el caso de titulares que no hubieran encomendado la gestión de sus derechos a una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, los mismos se harán efectivos a través de la entidad que gestione derechos de la misma categoría. Cuando existiera más de una entidad de gestión de los derechos de la referida categoría, sus titulares podrán encomendar la gestión de los mismos a cualquiera de las entidades. Los titulares a que se refiere este párrafo c) gozarán de los derechos y quedarán sujetos a las obligaciones derivadas del acuerdo celebrado entre la empresa de retransmisión por cable y la entidad en la que se considere hayan delegado la gestión de sus derechos, en igualdad de condiciones con los titulares de derechos que hayan encomendado la gestión de los mismos a tal entidad. Asimismo, podrán reclamar a la entidad de gestión a la que se refieren los párrafos anteriores de este párrafo c), sus derechos dentro de los tres años contados a partir de la fecha en que se retransmitió por cable la obra protegida.

d) Cuando el titular de derechos autorice la emisión, radiodifusión vía satélite o transmisión inicial en territorio español de una obra protegida, se presumirá que consiente en no ejercitar, a título individual, sus derechos para, en su caso, la retransmisión por cable de la misma, sino a ejercitarlos con arreglo a lo dispuesto en este apartado 4.

e) Lo dispuesto en los párrafos b), c) y d) de este apartado 4 no se aplicará a los derechos ejercidos por las entidades de radiodifusión respecto de sus propias emisiones, radiodifusiones vía satélite o transmisiones, con independencia de que los referidos derechos sean suyos o les hayan sido transferidos por otros titulares de derechos de autor.

f) Cuando, por falta de acuerdo entre las partes, no se llegue a celebrar un contrato para la autorización de la retransmisión por cable, las partes podrán acceder, por vía de mediación, a la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual. Será aplicable a la mediación contemplada en el párrafo anterior lo previsto en el artículo 153 de la presente Ley y en el Real Decreto de desarrollo de dicha disposición.

g) Cuando alguna de las partes, en abuso de su posición negociadora, impida la iniciación o prosecución de buena fe de las negociaciones para la autorización de la retransmisión por cable, u obstaculice, sin justificación válida, las negociaciones o la mediación a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará lo dispuesto en el Título I, Capítulo l, de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

Facultad de transformar la obra, a la cual se refiere el art. 21. La transformación de la obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. 2. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultante de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente.

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Aparte de estos dchos o facultades se regula el dº de participación, art. 24, pendiente de aprobación de Directiva, el 3% del precio de la venta, favorece a las Galerías de Arte.

Dº de remuneración que tiene el autor de la obra por la copia privada de la obra que haya realizado el copista, dº regulado expresamente en el art. 25.

En cuanto a la naturaleza de este dº, se trata de un dº que tiene un contenido patrimonial que forma parte del contenido de la denominada PI, se trata, por tanto, de un dº que protege un interés económico y que puede ser objeto de transmisión, bien por actos ínter vivos como por actos mortis causa. La LPI regula expresamente el contrato de cesión y el contrato de edición. La ST 14.12.00 sobre la naturaleza jurídica del dº de explotación, sociedad de películas y dº de explotación, tiene un crédito con hacienda, le embargan y subastan públicamente, compra un particular que cede estos dchos de explotación a la sociedad de la cual es también parte.

Por otra parte, el dº de explotación o dº patrimonial de autor tiene carácter temporal, pq le corresponde al autor por el plazo de 70 años desde el año siguiente a la muerte, si son anónimos 70 años desde la publicación y si son sin divulgar 70 años tras su elaboración.

El dº de explotación está integrado por los siguientes dchos o facultades:

Está integrado por la facultad de reproducción de la obra, según el art. 18 esta facultad significa que bien el original o bien una copia se inserte en un medio que sea apto para reproducirla.

Excepcionalmente se admite que se pueda reproducir la obra sin necesidad de autorización por parte del autor en los siguientes supuestos:

Cuando así lo exija una resolución judicial o administrativa.• Para uso privado de copista, sin perjuicio de la remuneración a la cual tiene dº el autor por estas copias privadas, art. 25.

Para adaptar la obra a las personas que no pueden ver, concretamente la adaptación al Braille.• Asimismo, se admite que se puedan utilizar las Bases de Datos siempre que se trate de un uso personal y de un uso privado, art. 34.

El art. 19 se refiere a la facultad o Dº de distribución de la obra, que consiste en poner el original o una copia de la obra a disposición del público a través de la venta, alquiler o préstamo, y se trata en principio de facultades independientes. Únicamente cuando se realiza una primera venta dentro de la CEE se extinguen estos dchos en relación a la ventas sucesivas que se realicen dentro de la CEE, esto significa que se puede vender y distribuir la obra independientemente.

En cuanto a la facultad de alquilar una obra, significa poner a disposición del público, bien el original bien una copia para un uso por tiempo determinado a cambio de un precio, y el préstamo significa poner la obra a disposición del público−original o copia−para un uso por tiempo determinado sin tener que pagar remuneración o contraprestación, art. 19.

La facultad de comunicación de la obra, el art. 20 la define como la facultad de poner a disposición del público la obra, sin que exista una distribución de la misma.

Los plazos empiezan a contar desde el 1 de enero del año siguiente, de producirse el fallecimiento o la divulgación lícita. Una vez pasados los 70 años del plazo de exposición de la obra, pasa a ser de dominio público, según manifiesta el art. 41: La extinción de los derechos de explotación de las obras determinará su paso al dominio público. Las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados 3.º y 4.º del artículo 14.

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El dº de explotación se puede transmitir por actos mortis causa o por actos ínter vivos, regulado en la ley de contrato de cesión y el contrato de edición.

El dº de explotación puede ser objeto de hipoteca mobiliaria.

Las acciones que protegen la propiedad intelectual art.133 LPI establece las siguientes acciones para el autor de la obra:

Acción de carácter real llamada Acción de Cese de Actividad Ilícita.• Acción personal para indemnizar los daños materiales y morales ocasionados al autor de la obra.•

La Acción de Cese de Actividad ilícita la establece el art. 134 LPI, puede consistir en ordenar la retirada de los ejemplares divulgados ilícitamente, suspender la divulgación ilícita, prohibir la divulgación ilícita de dichos ejemplares, ordenar destruir las planchas o medios utilizados para la divulgación ilícita o incluso ordenar el precinto de los medios empleados para realizar la divulgación.

El art. 135 se refiere a la Acción personal de Indemnización de daños materiales y morales. Para indemnizar los daños materiales se va a tener en cuenta la remuneración que hubiera obtenido el autor si él hubiese divulgado la obra o bien la ganancia que ha dejado de obtener como consecuencia de esta divulgación ilícita.

Si se trata de daños morales estos son objeto de indemnización, según el art. 135, aunque no hayan sido probados y para fijar la indemnización se tiene en cuanta en primer lugar las circunstancias en las cuales se ha producido la lesión, la gravedad y el grado de difusión ilícita de la obra.

La acción para exigir la indemnización tanto de los daños morales como los materiales, según el art. 135 tiene un plazo de prescripción de 5 años, a contar desde la fecha en la cual el perjudicado puede ejercitarla.

Asimismo, el juez en estos procedimientos puede adoptar tosas las medidas cautelares que estime convenientes.

Se plantea el problema de la legitimación de las sociedades de gestión para ejercitar demandas en defensa de la PI y concretamente en difusión del dº de explotación.

En relación con las entidades de gestión, el art. 150, tras la redacción que le ha dado la nueva LEC, considera que éstas están legitimadas para ejercitar las correspondientes demandas siempre que presenten sus estatutos y correspondiente acreditación legislativa. El demandado puede poner que la entidad no tiene legitimación, que el autor le ha autorizado y que ha pagado la correspondiente remuneración.

registro de la PROPIEDAD intelectual.

Al registro de la PI se refieren los arts. 136 y 137, se trata de un registro de ámbito nacional con una sede central en el Mº de Cultura, y facultando a las propias CCAA para que regulen su propio registro. En el registro se inscriben las obras que son objeto de PI y se puede denegar o suspender la inscripción si el registrador estima que la solicitud o el acto que se pretende inscribir no reúnen los requisitos exigidos.

Se presume que lo que el registro publica existe y pertenece a su titular mientras no se demuestre lo contrario, y el registro es público para quien tenga interés en conocer su contenido.

Art. 136: En caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta va a producirse de modo inminente, la autoridad judicial podrá decretar, a instancia de los titulares de los derechos reconocidos en esta Ley, las medidas cautelares que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos, y en especial:

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La intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate o, en su caso, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración.

2. La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda.

3. El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública. En el caso de los programas de ordenador, se podrá acordar el secuestro de los instrumentos referidos en el artículo 102 párrafo c).

4. El embargo de los equipos, aparatos y materiales a que se. refiere el apartado 20 del artículo 25 de esta Ley.

Art. 137: Las medidas cautelares de protección urgente previstas en el artículo anterior serán de tramitación preferente y se adoptarán con arreglo a lo establecido en las siguientes normas:

1.ª Serán competentes los Jueces de Primera Instancia en cuya jurisdicción tenga efecto la infracción o existan indicios racionales deque ésta va a producirse o en la que se hayan descubierto los ejemplares que se consideren ilícitos, a elección del solicitante de las medidas. No obstante, una vez presentada la demanda principal, será único Juez competente para cuanto se relacione con la medida adoptada, el que conozca de aquélla. Asimismo, cuando la medida se solicitó al tiempo de interponer la demanda en el juicio declarativo correspondiente o durante la sustanciación de éste, será competente para su resolución, respectivamente, el Juez o Tribunal al que corresponda conocer de dicha demanda o el que ya estuviera conociendo del pleito

2.ª La medida se solicitará por escrito firmado por el interesado o su representante legal o voluntario, no siendo necesaria la intervención de procurador ni la asistencia de letrado, excepto en los casos previstos en el párrafo segundo de la norma 1.ª.

3.ª Dentro de los diez días siguientes al de la presentación del escrito, del que se dará traslado a las partes, el Juez oirá a las que concurran a la comparecencia y resolverá, en todo caso, mediante auto al día siguiente de la finalización del plazo anterior. El auto será apelable en un solo efecto. No obstante lo anterior, en el caso de protección de los programas de ordenador y antes de dar traslado del escrito a las partes, el Juez podrá requerir los informes u ordenar las investigaciones que estime oportunas.

4.ª Cualquiera de las partes podrá solicitar la práctica de la prueba de reconocimiento judicial, y si ésta fuera admitida, se llevará a efecto de inmediato.

5.ª Antes de la resolución o en la misma, el Juez, si lo estima necesario, podrá exigir al solicitante fianza bastante, excluida la personal, para responder de los perjuicios y costas que se puedan ocasionar.

6.ª Si las medidas se hubieran solicitado antes de entablarse la demanda, ésta habrá de interponerse dentro de los ocho días siguientes a la concesión de aquéllas. En todo caso, el solicitante podrá reiterar la petición de medidas cautelares, siempre que aparezcan hechos nuevos relativos a la infracción u obtuviere pruebas de las que hubiese carecido anteriormente.

Derecho sui generis que tiene el autor de las bases de datos.

Este dº ha sido introducido por la Ley 6.3.98, que modificó el Libro II de la LPI de 12.4.96, con la finalidad de introducir la protección de lo que denomina dº sui generis sobre las bases de datos y considera esta ley que a quien se va a proteger es al fabricante de la base de datos, es decir, a la persona que ha empleado bien cualitativa o bien cuantitativamente sus recursos financieros sobre todo, su tiempo, su energía, para elaborar o producir la base de datos.

Se admite que el usuario pueda utilizar las bases de datos si realiza de las mismas un uso adecuado.

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Este Dº sui generis tiene un plazo de protección de 15 años a contar desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se ha creado o fabricado la base de datos, si resulta que la BD se ha puesto a disposición del público antes de determinar este plazo, el plazo de protección se empieza a contar a partir del 1 de enero del año siguiente de aquel en que se puso a disposición del público, según establece el art. 133 LPI.: El titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones. que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 134 y 135. Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas cautelares de protección urgente reguladas en el artículo 136.

Tema 16

derechos reales de goce; su concepto y especies.

Estos derechos son aquellos que atribuyen a su titular bien el goce total de una cosa ajena o bien algunos aspectos de la facultad de goce, por tanto, se trata de dchos reales limitados y se consideran con DR de Goce el Dº de Usufructo, el Dº de uso y Habitación (utilizar una cosa ajena, el dº de habitación es la facultad de tener una/s habitación en casa ajena, sin canon o contraprestación a satisfacer, art. 96 CC, en separación o divorcio se rige por lo acordado por los cónyuges en el Convenio Regulador, cuando no hay acuerdo se acude al juez y una de las medidas que tomará es en relación con la vivienda, que será para los hijos y el cónyuge en cuya compañía queden, si se reparten el juez decidirá a quien y si no hay hijos, al cónyuge con mayores necesidades a satisfacer; este dº de uso se puede inscribir en el Registro de la Propiedad).. También se considera como DR de goce el dº de servidumbre, el dº de censo, el dº de superficie y el dº de aprovechamiento por turnos sobre bs inmuebles con arreglo a la regulación de la Ley 15.12.98.

derecho de usufructo: su concepto y naturaleza.

El Dº de usufructo es un DR de Goce que atribuye a su titular la facultad de disfrutar de una cosa ajena como si se tratara del propietario, pero con la obligación de respetar la forma y la sustancia de la cosa dada en Usufructo. El CC lo define en el art. 467: El usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa. Según este art, es el dº a disfrutar una cosa ajena con la obligación de respetar su forma y sustancia a no ser que el título de su constitución o que la ley autoricen otra cosa.

Este art. 467 plantea qué se entiende por forma y qué se entiende por sustancia; y en segundo lugar según este art. el título de constitución del D de U puede autorizar otra cosa, es decir, que el título de constitución es lo que nos determina los dchos y las obligaciones que tiene el usufructuario.

SUSTANCIA Y FORMA.

Hay autores que consideran que Sustancia equivale a materia y que Forma equivale a los caracteres que tiene la cosa dada en U, sobre todo los caracteres esenciales.

Hay, sin embargo, quien entiende que por Sustancia se debe entender el valor de la cosa dada en U, incluyéndose el valor que potencialmente puede llegar a tener la cosa, y por Forma el destino económico, tanto el que tenga asignado el propietario como el que objetivamente pueda cumplir la cosa.

La Stc de 14.5.96 de la AP de Pontevedra y la Stc de la AP de Madrid de 24.4.00, tratan el supuesto de un usufructuario que arrienda el bien dado en U, el arrendatario quiere tirar unos tabiques del piso y pide autorización al usufructuario y en la otra para hacer un nuevo cuarto de baño, el usufructuario lo autoriza ( el nudo propietario es el propietario que no tiene la facultad de goce), en ambos supuestos se concluye en que no puede realizar las obras porque debe respetar la forma y sustancia por lo que quien debe autorizar la obra es el propietario, no el usufructuario. El art. 487 faculta al usufructuario a realizar mejoras.

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Según estas Stc 14.5.96 aplica el art. 467, considera que la obligación de conservar la sustancia equivale a la consideración de destruirla o conservarla parcialmente, incluyéndose aquellos actos que puedan alterar las condiciones no esenciales pero que se hayan tenido en cuenta al constituirse el U.

Y entienden por Forma, siguiendo la Stc del TS de 27.6.89 cualquier actividad del usufructuario que pueda atentar contra el Eº de la cosa ofrecida en usufructo o las características esenciales de la misma, a su aspecto natural.

Los autores que son partidarios de que la forma equivales al destino económico que tenga la cosa, ponen en relación el art. 467 con las mejoras que puede realizar el usufructuario, supuestos a los que se refieren los arts. 487: El usufructuario podrá hacer en los bienes objeto del usufructo las mejoras útiles o de recreo que tuviere por conveniente, con tal que no altere su forma o su sustancia; pero no tendrá por ello derecho a indemnización, Podrá, no obstante, retirar dichas mejoras, si fuere posible hacerlo sin detrimento de los bienes; y 488: El usufructuario podrá compensar los desperfectos de los bienes con las mejoras que en ellos hubiese hecho.

Según estoas arts. el usufructuario puede realizar en la cosa dada en U las mejoras útiles o de recreo que estimen por convenientes, con la única limitación que no alteren su forma o sustancia, no tienen dº a exigir ninguna indemnización por las mejoras que haya realizado, solo puede retirarlas si la cosa usufructuada no sufre ningún perjuicio y únicamente puede compensar los deterioros o desperfectos que haya sufrido la cosa usufructuada con las mejoras que hubiera realizado.

NATURALEZA JURÍDICA DEL Dº DE USUCFRUCTO.

El Dº de U es un Dº de goce que se debe de diferenciar entre otros del Dº de servidumbre, teniendo en cuenta que el CC define al Dº de servidumbre en el art. 530, según el cual es un gravamen sobre un bien inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño, el predio o finca a cuyo favor esté constituido el Dº de S, se denomina predio dominante, el predio que sufre el Dº de S se denomina predio sirviente.

El Dº de U atribuye una facultad de goce mucho más amplia que la que atribuye el Dº de S, pq el Dº de S solo autoriza al titular del predio dominante a servirse o utilizar parcialmente el predio sirviente y en la medida que ocasione el menor perjuicio posible al titular del predio sirviente. Además, el Dº de U puede recaer indistintamente sobre los muebles, inmuebles, incluso sobre dchos que sean susceptibles de transmisión, el Dº de D recae necesariamente sobre bienes inmuebles. El Dº de U es un dº eminentemente temporal, la primera causa de extinción según el art. 531.1 es la muerte del usufructuario. Mientras que el Dº de S tiene en cierta medida carácter perpetuo, es decir, aunque fallezca uno no se extingue el Dº de S pq continuará con el nuevo propietario del bien.

Asimismo, el Dº de U puede ser objeto de Transmisión, como se deduce del art. 480: Podrá el usufructuario aprovechar por sí mismo la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, aunque sea a título gratuito, pero todos los contratos que celebre como tal usufructuario se resolverán al fin del usufructo, salvo el arrendamiento de las fincas rústicas, el cual se considerará subsistente durante el año agrícola. Puede ser objeto de Hipoteca. Art. 107 LH, mientras que el Dº de S es un Dº inseparable de la finca a la que activa o pasivamente pertenezca y no puede ser objeto de hipoteca salvo la que se denomina Servidumbre de Aguas.

Con el Dº de Arrendamiento se diferencia pq el Dº de U es un DR y el Dº de A es un Dº de Crédito o personal y pq en el Dº de A interviene la renta que tiene que pagar el arrendatario, y, además el goce que atribuye el Dº de U es un goce más amplio que el atribuido por el Dº de A.

constitución.

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El art. 468 establece: El usufructo se constituye por la ley, por la voluntad de los particulares manifestada en actos entre vivos o en última voluntad, y por prescripción.(usucapión).

Por Ley también llamados Usufructos Legales, el único U legal que recoge el CC es el que corresponde al cónyuge viudo en relación a su legítima, según el art 834 y ss.

Por voluntad de los particulares o Usufructos Voluntarios, se pueden constituir por actos ínter vivos, a título oneroso o a título gratuito, el art. 640: También se podrá donar la propiedad a una persona y el usufructo a otra u otras, con la limitación establecida en el artículo 781 de este Código. Admite que se pueda donar a una persona el Dº de U a otra persona la nuda propiedad, siempre que se cumpla con la limitación que recoge el art. 781, sobre todo cuando se constituye el Dº de U a favor de carias personas de una manera sucesiva y el art. 781: Las sustituciones fideicomisarias en cuya virtud se encarga al heredero que conserve y transmita a un tercero el todo o parte de la herencia, serán válidas y surtirán efecto siempre que no pasen del segundo grado, o que se hagan en favor de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del testador.

Por vía de Enajenación, significa que se transmite el Dº de U a favor de una persona que antes no lo tenía.

Por vía de Retención, significa que el propietario transmite el Dº de propiedad pero se reserva el Dº de U, esto está en relación con el Constituto Posesorio.

Cuando se constituye por actos mortis causa, posibilidad admitida por el art. 867: Cuando el testador legare una cosa empeñada o hipotecada para la seguridad de alguna deuda exigible, el pago de ésta quedará a cargo del heredero.

Si por no pagar el heredero lo hiciera el legatario, quedará éste subrogado en el lugar y derechos del acreedor para reclamar contra el heredero.

Cualquiera otra carga perpetua o temporal, a que se halle afecta la cosa legada, pasa con ésta al legatario; pero en ambos casos las rentas y los intereses o réditos devengados hasta la muerte del testador son carga de la herencia.

Así se puede instituir a una persona en el Dº de U y a otra la nuda propiedad, siempre respetándose el límite del art. 781 y el art. 820: Fijada la legítima con arreglo a los dos artículos anteriores, se hará la reducción como sigue:

Se respetarán las donaciones mientras pueda cubrirse la legítima, reduciendo o anulando, si necesario fuere, las mandas hechas en testamento.

La reducción de éstas se hará a prorrata, sin distinción alguna. Si el testador hubiere dispuesto que se pague cierto legado con preferencia a otros, no sufrirá aquél reducción sino después de haberse aplicado éstos por entero al pago de la legítima.

Si la manda consiste en un usufructo o renta vitalicia, cuyo valor se tenga por superior a la parte disponible, los herederos forzosos podrán escoger entre cumplir la disposición testamentaria o entregar al legatario la parte de la herencia de que podía disponer libremente el testador.

Se plantea si estamos ante una institución de heredero o ante un legado.

El CC no recoge los requisitos que se deben de exigir para la constitución del D de U de una manera voluntaria, la Dª exige que el que lo constituya tenga la propiedad. En cuanto a la forma, se da en relación del art. 1280.1: Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles.

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También se puede constituir el Dº de U mediante la Usucapión, es objeto de usucapión los DR susceptibles de apropiación; y, además el CC en el art. 99: En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión fijada judicialmente conforme al artículo 97 por la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o entrega de un capital en bienes o en dinero.

Según el art. 469: Podrá constituirse el usufructo en todo o parte de los frutos de la cosa, a favor de una o varias personas, simultánea o sucesivamente, y en todo caso desde o hasta cierto día, puramente o bajo condición.

También puede constituirse sobre un derecho, siempre que no sea personalísimo o intransmisible.

Esto significa que el Dº de U no se puede constituir sobre el todo de una cosa o parte de las mismas, se puede constituir a favor de varias personas físicas bien de manera simultánea o sucesiva, se puede constituir sometiéndola a condición, bien condición suspensiva o resolutoria o a término suspensivo o a término resolutorio, también se puede constituir según se deduce del art. 515 a favor de una persona jurídica, concretamente a favor de un pueblo, corporación o sociedad, el único límite es el tiempo, art. 515: No podrá constituirse el usufructo a favor de un pueblo o Corporación o Sociedad por más de treinta años. Si se hubiese constituido, y antes de este tiempo el pueblo quedara yermo, o la Corporación, o la Sociedad se disolviera, se extinguirá por este hecho el usufructo.

contenido del derecho de usufructo: derechos y OBLIGACIONES del usufructuario y del nudo propietario.

Los dchos y las obligaciones que le corresponden al usufructuario vienen determinados por el título de constitución del Dº de U, y en su defecto se aplican las normas del CC.

Los dchos que le corresponden al usufructuario en relación a los frutos según el art. 471: El usufructuario tendrá derecho a percibir todos los frutos naturales, industriales y civiles de los bienes usufructuados. Respecto de los tesoros que se hallaren en la finca será considerado como extraño.

Así le corresponderán los frutos naturales, industriales y civiles que produzca la cosa usufructuada.

En cuanto a los tesoros el usufructuario será considerado como un extraño, si se trata de frutos civiles se entienden percibidos día a día y pertenecen al usufructuario en relación al tiempo de duración del Dº de U, según dice el art. 474: Los frutos civiles se entienden percibidos día por día, y pertenecen al usufructuario en proporción al tiempo que dure el usufructo.

Si son frutos naturales o industriales pendientes cuando comienza el Dº de U pertenecen al usufructuario.

Si son frutos naturales o industriales no pendientes cuando al final el usufructo pertenece al nudo propietario, pero este ha de abonar al usufructuario los gastos que realizó para su producción. Si resulta que el usufructuario arrendó las tierras del usufructo y resulta que el Dº de U se extingue antes que el arrendamiento, el usufructuario o sus herederos sólo tiene Dº a percibir la renta del arrendatario.

Además, el usufructuario tiene Dº a disfrutar del aumento que como consecuencia de la accesión haya recibido la cosa dada en usufructo, de las servidumbres y de todos los beneficios inherentes a la cosa dada en usufructo.

Según el art. 480: Podrá el usufructuario aprovechar por sí mismo la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, aunque sea a título gratuito, pero todos los contratos que celebre como tal usufructuario se resolverán al fin del usufructo, salvo el arrendamiento de las fincas rústicas, el cual se considerará subsistente durante el año agrícola.

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Este art. se relaciona con el art. 498: El usufructuario que enajenare o diere en arrendamiento su derecho de usufructo, será responsable del menoscabo que sufran las cosas usufructuadas por culpa o negligencia de la persona que le sustituya.

Desde el punto de vista teórico se plantea qué es el objeto de la transmisión. Hay autores que estiman que el objeto de transmisión es sólo el dº a percibir los frutos pues creen que el U se extingue por la muerte del usufructuario que cede sus frutos pq, además, éste sigue siendo responsable, siguiendo el art. 498.

Otros autores consideran que lo que es objeto de transmisión por actos a título oneroso o gratuito es el Dº de U y el CC solo establece una norma que sanciona la falta de diligencia del usufructuario que ha cedido el U, el usufructuario cedente.

Se discute en relación a la transmisión del Dº de U si puede transmitirse todos los U o si sólo los U voluntarios y dentro de los U legales los concedidos por el CC al cónyuge viudo.

El usufructuario puede hipotecar su Dº de U si se trata de U voluntarios según el art. 108 LH: No se podrán hipotecar:

Las servidumbres, a menos que se hipotequen juntamente con el predio dominante, y exceptuándose, en todo caso, la de aguas, la cual podrá ser hipotecada.

Los usufructos legales, excepto el concedido al cónyuge viudo por el Código Civil.

El uso y la habitación.

Así la LH admite que puede ser objeto de hipoteca el U legal que el CC concede al cónyuge viudo.

En relación a las mejoras, el usufructuario puede hacer las mejoras útiles o de recreo si no altera la forma o sustancia de la cosa dada en U. No tiene dº a exigir indemnización por las mejoras, sólo puede retirarlas si la osa a la que estén adheridas no sufre desperfectos y si puede compensar las mejoras realizadas con los deterioros de la cosa dada en U, según establecen los arts. 487 y 488.

Cuando se extingue el U, el usufructuario según el art. 522 tiene la facultad de retener la cosa dada en u hasta que el nudo propietario le pague los reintegros que le deba. Art. 522: Terminado el usufructo, se entregará al propietario la cosa usufructuada, salvo el derecho de retención que compete al usufructuario o a sus herederos por los desembolsos de que deban ser reintegrados. Verificada la entrega se cancelará la fianza o hipoteca.

OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO.

Estas obligaciones por Mº de la Ley, esto no significa que estas obligaciones no puedan ser modificadas bien en el título de constitución del Dº de U o bien con posterioridad a su constitución.

Las obligaciones son:

Art. 491: El usufructuario, antes de entrar en el goce de los bienes, está obligado:•

A formar, con citación del propietario o de su legítimo representante, inventario de todos ellos, haciendo tasar los muebles y describiendo el estado de los inmuebles.

A prestar fianza, comprometiéndose a cumplir las obligaciones que le correspondan con arreglo a esta sección.

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