2, Apuntes de Derecho de los Consumidores . Universidad de Granada (UGR)
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Apuntes de Derecho Contratación en Masa y Derecho del Consumidor La Contratación en el Código Civil Necesidad de una legislación especial LA NOCIÓN JURÍDICA DE CONSUMIDOR Temario Parte 1
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CONTRATACIÓN EN MASA Y

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

TEMA 1

INTRODUCCIÓN

RAZONES Y SINRAZONES PARA LA PROTECCIÓN JURÍDICA

DE LOS CONSUMIDORES EN EL MARCO DEL

DERECHO DE LA CONTRATACIÓN

1-LA CONTRATACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL(Profesora Laura Gazquez)

2-AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y CONTRATACIÓN EN MASA.

INSUFICIENCIAS Y DISFUNCIONES DEL MODELO DE CONTRATACIÓN

EN EL CC. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL

CONTRATANTE ESTABLECIDAS POR EL CÓDIGO Y SUSCEPTIBLES DE

UTILIZACIÓN A FAVOR DEL CONSUMIDOR. LA NECESIDAD DE UNA

LEGISLACIÓN ESPECIAL (Profesora Laura Gazquez)

El Derecho del Consumo está basado en el principio pro-consumidor. Conseguir la

protección del consumidor no es fácil ya que el ámbito del consumo es de gran

complejidad y amplitud.

Aceptado el principio de protección del consumidor, la heterogeneidad de los distintos

supuestos que se pueden dar, ha hecho que se produzca un gran incremento legislativo

para que todos los supuestos queden recogidos en normas jurídicas. Este incremento

legislativo ha afectado a todo el Derecho.

El conjunto de leyes regidas por el principio pro-consumidor se denomina Derecho del

Consumo y ha afectado tanto al Derecho Público como al Derecho Privado. Así, se han

visto afectados campos tan diversos como el Derecho Civil, Derecho Mercantil,

Derecho Administrativo, Derecho Procesal y Derecho, pero ha sido el Derecho Civil

uno de los sectores más afectados y sobre todo la materia referida a contratos y a

responsabilidad extracontractual. Los contratos por la desigualdad entre las partes

contratantes y la responsabilidad extracontractual por la indemnización por daños al

consumidor con o sin culpa.

Pero con independencia del sector, el Derecho del Consumo se rige siempre por el

principio de protección a consumidores y usuarios. No se puede olvidar que la aparición

de esta normativa es consecuencia de la insuficiencia demostrada por las disposiciones

generales de control de mercado y defensa de consumidores. Hasta épocas recientes, los

intereses de los consumidores no estaban reconocidos como tales, la protección se

confundía con la de los ciudadanos en general. El Derecho clásico, tal y como aparece

en el momento de la codificación se ha demostrado totalmente incapaz de abordar la

problemática de la sociedad del consumo, en la que el consumidor aparece como la

parte débil de la contratación.

Muchos con los contratos que demuestran la desigualdad entre las partes contratantes.

Con el fin de proteger a la parte débil se pueden dar dos sistemas de protección, la

protección directa y la protección indirecta.

1) Protección directa. Conjunto de medidas adoptadas por los poderes públicos como consecuencia del artículo 51 de la CE (ordenación del mercado interior,

libertad de competencia, regulación de monopolios, política de precios,

regulación de importaciones, etc). Art 51 CE: “1. Los poderes públicos

garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante

procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses

económicos de los mismos.2. Los poderes públicos promoverán la información

y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y

oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que

la Ley establezca. 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la

Ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos

comerciales”.

2) Protección indirecta. Conjunto de medidas adoptadas, en concreto, para la atribución de facultades, derechos, o beneficios concretos a los consumidores.

Todas las políticas de protección de consumidores han nacido en la segunda mitad del

siglo XX. Las causas de esta aparición son:

1) La noción de contrato que tenemos es la de las codificaciones civiles del siglo XIX. El concepto de contrato del CC está bastante alejado del principio

proconsumidor, ni siquiera existe la categoría de consumidor, siempre se habla

de partes contratantes que están en un plano de igualdad. Por tanto, no existe

ninguna base jurídica para dar protección a la parte más débil.

2) El principio de autonomía de voluntad que recoge el art 1255 del CC. Según este artículo, “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones

que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la

moral ni al orden público” Este artículo choca frontalmente con las nuevas

técnicas de contratación donde la igualdad de las partes no es un dato real.

Principio de autonomía de voluntad. Dentro de la contratación uno de los principios

fundamentales es el principio de autonomía de voluntad que se ha visto modificado

desde hace unos años.

En la época de la promulgación del CC, el siglo XIX, impera el espíritu liberal que

considera que son las partes con total libertad las que tienen que establecer lo que

consideren más conveniente para sus intereses. También se cree que los contratantes,

para llegar a un acuerdo, se encuentran en un plano de igualdad jurídica. El Estado, por

ello, no puede intervenir, no tiene que determinar el contrato ni tiene que proteger a

ninguno de los contratantes.

Fruto de este espíritu liberal es el principio de autonomía privada o autonomía de

voluntad, consagrado en el artículo 1255 del CC. Las únicas limitaciones para contratar

son la ley, la moral y el orden público.

Este principio puede entenderse en dos sentidos:

 Libertad para establecer el contenido del contrato

 Libertad para contratar o no

En nuestros días esta autonomía privada no se puede mantener debido a los actuales

sistemas de contratación.

Hay que poner en relación los artículos 1255 y 1091. Según este último artículo, “Las

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes

contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Con ello se refuerza la eficacia

obligatoria de la autonomía privada.

Hoy, el significado del principio de autonomía no es el mismo. El que contrata no lo

hace en situación de igualdad y tampoco tiene plena libertad para contratar o no. Las

limitaciones del artículo 1255 se han quedado cortas; el ámbito de libertad se ve cada

vez más reducido. De tal forma, que aunque sigue vigente el principio su amplitud es

distinta.

La desigualdad entre las partes contratantes da lugar a que se presente con facilidad el

abuso de una parte sobre la otra, de la parte fuerte frente a la débil. Por ello se hace

precisa la intervención del Estado en materia de contratación que tiene como

consecuencia la disminución de la libertad contractual.

En las leyes especiales aparece esta intervención estatal (LGDCU, ley que fija horarios

comerciales, ley que fija precios…..). De esta forma, la autonomía privada se ha visto

matizada por diversas circunstancias, rompiéndose la doble libertad:

 En ocasiones se fija legalmente el contenido del contrato (ejemplo, normas imperativas del contrato de arrendamiento)

 Las partes se ven obligadas a contratar por establecerlo así la ley (ejemplo, contrato forzoso de seguro obligatorio de vehículo)

 Los contratos de adhesión también rompen la libertad. Se trata de contratos cuyo contenido es obra sólo de una de las partes, de tal forma que la otra parte no

participa en su formación, se limita a aceptar o adherirse al esquema fijado

unilateralmente por la otra parte.

El esquema preestablecido de contrato constituye “las condiciones generales de la

contratación”, las cuales pueden quedar incorporadas en el documento que se ofrece. En

este caso, es necesaria la remisión expresa a las condiciones y la declaración de que se

adhiere, conoce y aprueba estas condiciones. Los contratos de adhesión pueden dar

lugar a grandes abusos y por ello se hace necesaria, tanto la intervención legislativa

como la judicial. El fin es la protección de la parte que se adhiere al contrato.

Necesidad de una legislación especial

Los principios contenidos en el CC chocan con la nueva contratación y con el principio

de autonomía privada. Existe un contratante débil que es preciso proteger. En la

sociedad de consumo ha quedado claro que la legislación vigente hasta hace poco

tiempo, y sobre todo, la normativa del CC, es insuficiente para conseguir la adecuada

protección de los consumidores. La legislación no se adapta al principio proconsumidor.

Por todo ello, se ha hecho necesaria una legislación especial que tenga como

fundamento la protección de los consumidores. Esta necesidad se ha visto, no sólo en el

ordenamiento jurídico español sino también a nivel comunitario. De esta forma se puede

hablar de una normativa general orientada a la protección de los consumidores y

usuarios que comprende:

 Normativa comunitaria (Derecho originario y Derecho derivado)

 Normativa española (ordenamiento jurídico interior)

3-LA NOCIÓN JURÍDICA DE CONSUMIDOR (Profesor Pasquau Liaño)

Nos interesa saber a quien considera el Derecho como “consumidor”, ya que es el sujeto

que merece la protección especial de un conjunto de leyes. Se trata de una protección

que va más allá de la que ofrece el CC a cualquier contratante.

Pero la noción de consumidor es complicada a pesar que desde 1984 existen en España

leyes especiales dirigidas expresamente a su protección.

En ningún artículo del CC aparece la palabra “consumidor”. Su protección ha surgido

con posterioridad al CC. En el CC se designan en abstracto las partes en el contrato

(arrendador/arrendatario, comprador/vendedor, comitente/comisionista, etc.), sin

distinguir nunca quién es y quién no es consumidor.

La noción de consumidor entra en el ordenamiento jurídico en la segunda mitad del

siglo XX y en España unos años más tarde que en los países de su entorno, exactamente

en 1984. En la ciencia económica sí se hablaba del consumidor, pero entendiéndolo

como la situación en que se encuentran unas personas en el mercado, al que acuden para

satisfacer unas necesidades.

El modelo de contrato que recoge el CC está basado en la neutralidad del Derecho

frente a las partes, su único fin es la de asegurar el cumplimiento de las reglas del juego.

Sólo contempla dos excepciones a esta neutralidad: falta de capacidad de obrar (minoría

de edad e incapacidad) y vicios de consentimiento (error, dolo y coacción). En estos

casos existe la posibilidad de anular el contrato. Pero fuera de estas excepciones, el

contrato debe ser cumplido; entre las partes tiene fuerza de ley.

En el CC se recoge un modelo de contrato de carácter liberal. Existe libertad de

transacción y se parte del presupuesto de capacidad de las partes. Este modelo no sirve

para los contratos que se refieren a bienes y servicios producidos y comercializados en

masa, contratos en los que se da una asimetría entre las partes. El contenido del contrato

ya no refleja la voluntad de las partes y se produce una desigualdad objetiva.

Como el modelo aséptico y neutral del CC no sirve, hacen falta una serie de

modificaciones con el fin de apoyar a la parte débil del contrato (consumidor). Estas

modificaciones son las que vamos a estudiar y se encuentran en diversas leyes. Pero

antes de la aprobación de estas leyes especiales, la jurisprudencia del Tribunal Supremo

recoge situaciones en las que una de las partes es “consumidor”. El TS fue utilizando

algunos instrumentos del CC para conseguir soluciones justas y proteger al consumidor.

Estos instrumentos son los antecedentes de las distintas medidas recogidas hoy en leyes.

Figuras del CC utilizadas por el TS para proteger al consumidor. A modo de

ejemplo vamos a ver tres figuras:

a) Vicios de consentimiento. Error, dolo y coacción (violencia e intimidación). La víctima dispone de 4 años para solicitar la anulación del contrato. En el CC son

figuras muy excepcionales, pero cuando una de las partes es consumidor, el TS

observa más fácilmente la existencia de un vicio de consentimiento. Afirma el

TS que existe un desigual conocimiento de las partes sobre el contrato, y dice

que aparece el deber de información del profesional al no profesional. Si no se

cumple, si el profesional sabe que la otra parte no está informada y no le

informa, aparece el dolo. Por tanto, el TS en su jurisprudencia crea un figura, a

partir del CC, que es el deber de informar.

b) Interpretación de los contratos. El art 1288 del CC establece que, “la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la

parte que hubiese ocasionado la oscuridad” El TS ha utilizado este artículo para

proteger al consumidor, cuando un contrato tipo contiene una cláusula que

puede entenderse de varias formas, se interpreta a favor del consumidor (regla

de interpretación “contra proferentem”). Por ejemplo, si en un contrato de

seguro aparece una cláusula que indica que entra el robo, sin señalar nada más,

si se produce un hurto cabe pensar en una interpretación de la cláusula coloquial

o jurídica. En el primer caso, el hurto entra en el seguro y en el segundo caso no

entra. El TS para proteger al consumidor ha optado por una interpretación

coloquial.

c) Integración de la buena fe en el contenido del contrato. El artículo 1258 señala que “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde

entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino

también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la

buena fe, al uso y a la ley”. Por ejemplo, cuando el promotor de unas viviendas

hace publicidad de ellas, si finalmente no cumple con lo recogido en los folletos

publicitarios, el TS le condena por incumplimiento pues se considera que la

publicidad forma parte del contrato. Esta concreción del art 1258 del CC se ha

recogido posteriormente en el art 8 de la Ley General para la Defensa de

Consumidores y Usuarios.

Estas y otras figuras del CC han sido el precedente para que, a través de la

jurisprudencia, acabaran creándose las técnicas actuales de protección al consumidor

recogidas en leyes especiales.

Concepto jurídico de “consumidor”. Existen pleitos en los que se plantea si un

determinado contratante es consumidor. No es frecuente, pero ocurre. La importancia de

fijar el concepto de consumidor es doble:

 Delimitar el supuesto de hecho del Derecho del Consumo

 Definir la política de protección a los consumidores (objetivo/pretensiones)

Existen dos definiciones legales de consumidor, una es la española y otra la europea.

a) Definición en la legislación europea. Se dice que es consumidor la persona física que contrata para fines o con propósitos ajenos a su actividad empresarial o

profesional. A pesar de ser un criterio vinculante por aparecer en algunas

directivas comunitarias en materia de protección de consumidores, casi todas las

leyes españolas de transposición utilizan la noción de consumidor del artículo 1,

párrafos 2 y 3 de la LGDCU de 1984 (ley anterior a la entrada de España en la

UE).

b) Definición en la legislación española. El artículo 1 de la LGDCU recoge una definición en positivo y otra en negativo. La definición en positivo se encuentra

en el párrafo 2 que establece que “A los efectos de esta Ley, son consumidores o

usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como

destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios,

actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada,

individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden”.

La definición en negativo se encuentra en el párrafo 3 que dice, que “No tendrán

la consideración de consumidores o usuarios quienes sin constituirse en

destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o

servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación,

comercialización o prestación a terceros”

Las dos definiciones no coinciden y aunque en la mayoría de los casos no se generan

problemas, en algunas ocasiones sí se generan desacuerdos.

Supuestos sobre el concepto de consumidor

1-Asociación cultural Bailes Regionales de Aragón. Según el CC el plazo para reclamar

por vicios ocultos es de 6 meses. En la Ley de Garantía en la Venta de Bienes de

Consumo (Ley 23/2003), el plazo de garantía es de 2 años. El defecto se ha reclamado

a los 9 meses, por lo que si se aplica el CC ya no se puede reclamar y para poder aplicar

la Ley 23/2003 es preciso que la Asociación sea considerada consumidor.

La Asociación es una persona jurídica, consumidora final del DVD, además con su uso

no se realizan servicios remunerados. En la noción europea no entra ya que sólo pueden

ser considerados consumidores las personas físicas. Sin embargo, aplicando la noción

española sí puede ser considerada “consumidor” la Asociación de Bailes Regionales.

Por ejemplo la SAP de Teruel de 31 de febrero de 2002 considera que un sindicato que

adquiere una fotocopiadora es consumidor final por lo que pueden aplicarse las leyes

especiales.

En España no existe problema para que una Asociación sea consumidor. El TSJ de

Luxemburgo podría considerar mal transpuesta la directiva en lo relativo al concepto de

consumidor. En la actualidad se está elaborando en nuestro país un texto refundido de

Derecho de Consumo en el que la noción de consumidor no coincide con la de la

LGDCU.

2-Una policlínica contrata con una empresa el mantenimiento de su ascensor. En dicho

contrato aparece una cláusula abusiva, dicha cláusula será nula si se considera que la

policlínica es consumidor, en aplicación del artículo 10 de la LGDCU. La empresa de

mantenimiento alega que es de aplicación el art 1255 del CC.

Según el art 1.3 de la LGDCU no son consumidores finales quienes sin constituirse en

destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con

el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o

prestación a terceros. Interpretando literalmente este artículo, la policlínica no es

consumidor, pero el servicio que presta a terceros no tiene por objeto subir a los

pacientes en ascensor. Se trata de un servicio accesorio. Podría considerarse consumidor

entendiendo la definición del art 1 de la LGDCU de forma amplia. Sin embargo, el

concepto europeo se refiere a actividades ajenas a la actividad profesional y el ascensor

no es ajeno, es accesorio. Para esta definición la policlínica no es consumidor.

La Sentencia de la AP de Burgos de fecha 15 de febrero de 2001 sobre el caso, indica:

“Lo realmente importante y que excluye la aplicación de la legislación especial es que

ese bien o servicio que se adquiere, tenga por finalidad directa llevar a cabo labores de

producción, transformación, comercialización o prestación a terceros, de tal manera que

esos bienes o servicios se integren de manera relevante en el ámbito comercial que

desarrolla la adquierente”. Esto significa que para la policlínica es un servicio accesorio

por lo que le es de aplicación del Derecho de Consumo. Esta tesis es defendible pero

rebatible. Otras sentencias han acudido a esta para considerar que empresarios,

profesionales, etc sean considerados consumidores.

Pero las leyes nacionales deben interpretarse de acuerdo con el Derecho Comunitario.

Entonces, la interpretación de la AP de Burgos no es la adecuada.

El TS se ha pronunciado en dos ocasiones sobre el particular. No son muy explícitas,

incluso una de ellas ha sido muy criticada:

 Sentencia del TS de 21 de septiembre de 2004. Un agricultor compra un tractor y quiere considerarse consumidor. Por ser persona física, el TS afirma que se

trata de un consumidor.

 Sentencia del TS de 15 de diciembre de 2005. El TS desautoriza el argumento de la AP de Burgos. En un supuesto similar, el del dueño de un restaurante que

contrata la luz y quiere ser considerado consumidor, el TS dice que no es

consumidor cualquier demandante, sólo lo es el destinatario final en el ámbito

personal, familiar y doméstico. Esta tesis se acerca a la que sostiene el Derecho

comunitario.

El anteproyecto del TR indica que son consumidores y usuarios las personas físicas o

jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a la actividad empresarial o profesional. Se

olvida de la idea de destinatario final. Es un concepto más ajustado a la normativa

comunitaria.

Así como España está elaborando un TR, en Europa se está elaborando un libre Verde

sobre Revisión del Acervo Comunitario en materia de consumo (8 de febrero de 2007).

En este libro se abren dos opciones: 1-Seguir con e l concepto de la Directiva. 2-

Ampliar el concepto de consumidor a persona física o jurídica que actúa con fines

básicamente ajenos al objeto de su actividad empresarial o profesional.

La solución en España podría ser la de proteger a todo contratante, no sólo al

consumidor. Se trataría de trasladar las normas de Derecho de Consumo al CC. En

concreto el tema de la garantía (ampliación de 6 meses a 2 años) y el de las cláusulas

abusivas.

3-Comunidad de Propietarios de un edificio en el que hay viviendas, despachos

profesionales y locales comerciales, contrata con una empresa de mantenimiento de

ascensores, si el contrato contiene una cláusula abusiva, surge el problema de saber si la

Comunidad es o no consumidor.

Según la Ley de Propiedad Horizontal, las comunidades de propietarios son

comunidades de bienes. La jurisprudencia señala que toda comunidad es consumidora

ya que actúa en nombre de los vecinos y se estaría desatendiendo a los particulares si no

se la considerara como tal. Ahora bien, si todo el edificio fuera de locales y

profesionales ya no sería consumidor

4-Un empresario agrícola tiene un edificio que utiliza como vivienda y como nave y

almacén de aperos y maquinaria agrícola. Contrata la reparación del tejado del edificio,

en tal caso puede ser considerado como: a) Persona física que contrata la reparación de

su vivienda. b) Persona física, empresario agrícola que contrata la reparación de la nave.

Se le plantea una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo

sobre si, de acuerdo con el Derecho Europeo, el contratante es o no consumidor. La

decisión del tribunal ha sido comentada por muchos autores. El tribunal deniega la

condición de consumidor basándose en que el contratante no demuestra la

insignificancia del uso profesional de la nave, respecto del uso privado.

No puede aplicarse la legislación especial desde el punto de vista del Derecho del

Consumo Europeo. Este concepto de consumidor ha sido muy criticado por una parte de

la doctrina y hoy se encuentra en vías de revisión en el Libro Verde sobre Revisión del

Acervo Comunitario en Materia de Consumo. Hoy, el Tribunal de Luxemburgo

considera que el Derecho de Consumo es un derecho especial que introduce

excepciones al Derecho común. Siempre que exista doble finalidad, privada y

empresarial o profesional, no es aplicable el concepto de consumidor.

TEMA 2

PANORAMA GENERAL DE LA NORMATIVA

DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES(Profesora Laura Gazquez)

INTRODUCCIÓN ¿QUÉ PROTECCIÓN?

1-LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y

USUARIOS DE 1984

2-LA PROTECCIÓN DISPENSADA POR LAS DIRECTIVAS EUROPEAS

3-ALUSIÓN A LA NORMATIVA AUTONÓMICA

4-VALORACIÓN DE CONJUNTO

NORMATIVA COMUNITARIA

El trabajo de la UE tiene dos líneas de actuación para la protección del consumidor:

1. Desarrollo de fórmulas jurídicas de protección de intereses colectivos 2. Búsqueda de soluciones a los problemas transfronterizos

1-Desarrollo de fórmulas jurídicas de protección de intereses colectivos. Directiva 98/27

relativa a las acciones inhibitorias en materia de protección de intereses de los

consumidores. Con esta normativa se pretende que los consumidores puedan litigar a

través de sus representantes (asociaciones de consumidores). Estas asociaciones podrán

solicitar la cesación de cualquier actividad ilícita.

2-Búsqueda de soluciones a los problemas transfronterizos. Existe un plan de acción

sobre el acceso de los consumidores a la justicia. Con este plan de acción se pretenden

remediar las dificultades que se pueden encontrar los consumidores europeos cuando

intenta hacer valer sus derechos, especialmente en el caso de transacciones

transfroterizas

Derecho originario Las principales referencias en los tratados constitutivos son:

 La época de inicio, en el ámbito comunitario, de protección de los consumidores, se puede situar en la Carta del Consumidor de 1973 del Consejo

de Europa. Anteriormente, en el Tratado de Roma de 1957, la protección del

consumidor se hacia de manera indirecta por medio de la promoción de la libre

competencia. Pero en el Tratado de Roma no se hace alusión expresa a la

política de consumo, sólo de manera implícita existen referencias a lo largo de

su articulado.

 Es en el Acta Única Europea de 1986 que reforma el Tratado de Roma, donde se incluye por primera vez una referencia expresa a la protección de los

consumidores. Referencia que se contiene en el párrafo tercero del artículo 100

A. Según este artículo la protección de los consumidores tendrá un nivel

elevado.

 La consolidación de esta protección se produce en 1992 en el Tratado de Maastricht donde aparecen dos menciones expresas a esta política, el artículo 35

y el Título XI (art 129 A) denominado “Protección a los consumidores”. En este

artículo, además de reiterar el objetivo de conseguir un nivel de protección

elevado, establece los instrumentos jurídicos para poder alcanzarlos.

 Posteriormente, en el Tratado de Ámsterdam de 1997 se introdujo alguna modificación en el artículo 129. Cambia la numeración y pasa a ser el art 158.

Según este artículo para promover los intereses de los consumidores, la

Comunidad protegerá la salud, la seguridad e intereses económicos de los

consumidores, así como promoverá su derecho a la información, a la educación

y a organizarse para salvaguardar sus intereses. También establece este artículo

que cuando se ejecuten otras políticas y acciones comunitarias, siempre se

tendrán en cuenta las exigencias de protección de los consumidores.

 Finalmente, en el Proyecto de Constitución Europea que se firmó en Roma el 29 de octubre de 2004, su Título IV se cierra diciendo expresamente que en las

políticas de la UE se garantizará un nivel elevado de protección a los

ciudadanos.

El Tratado Constitutivo de la CE se refiere en su artículo 153 a la protección a los

consumidores. Establece este artículo que:

“1-Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de

protección, la Comunidad contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses

económicos de los consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la

educación y a organizarse para salvaguardar sus intereses.

2. Al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones comunitarias se tendrán en cuenta

las exigencias de la protección de los consumidores.

3. La Comunidad contribuirá a que se alcancen los objetivos a que se refiere el apartado

1 mediante:

a. Medidas que adopte en virtud del artículo 95 en el marco de la realización del mercado interior;

b. Medidas que apoyen, complementen y supervisen la política llevada a cabo por los Estados miembros.

4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta

al Comité Económico y Social, adoptará las medidas mencionadas en la letra b) del

apartado 3.

5. Las medidas que se adopten en virtud del apartado 4 no obstarán para que cada uno

de los Estados miembros mantenga y adopte medidas de mayor protección. Dichas

medidas deberán ser compatibles con el presente Tratado. Se notificarán a la Comisión.”

En este artículo se consagran una serie de derechos a favor de los consumidores:

derecho a la información, derecho a la educación, y derecho a la representación.

Posteriormente se han ido especificando otros derechos.

Derecho derivado. Las normas de protección de los consumidores recogidas en los

Tratados constitutivos se han trasladado al derecho derivado, sobre todo a directivas.

El objetivo principal que se pretende con estas directivas es la protección del

consumidor. Con ellas se han regulado de manera directa los derechos reconocidos en

los tratados constitutivos. Otras directivas, aunque no tengan como objetivo principal la

protección del consumidor, indirectamente también inciden en esta protección. Todo

esto tiene su reflejo en las legislaciones y en la jurisprudencia nacional que suponen un

añadido muy importante a la protección del consumidor.

Estas directivas se pueden agrupar en dos grandes categorías:

a. Directivas de aplicación general en todos los ámbitos del consumo b. Directivas más específicas. Se trata de directivas que afectan a sectores o

métodos de venta más concretos.

Las características de la protección de los consumidores a través de directivas son:

a. Las directivas comunitarias no constituyen un marco reglamentario completo por que, si bien algunos sectores están cubiertos, en otros se carece de normas

específicas.

b. Algunas directivas, sobre todo las creadas para legislar un aspecto muy concreto, nacieron para un problema de un momento y como transcurre un largo período

desde la aprobación de la directiva hasta su transposición a los ordenamientos

jurídicos, las directivas han quedado obsoletas y antiguas. Las prácticas

comerciales avanzan con más rapidez, sobre todo lo relacionado con las nuevas

tecnologías.

c. El conjunto de directivas forma un entramado de normas que da lugar a un marco regulatorio muy complicado, que es difícil de entender tanto para las

empresas como para los propios consumidores.

Los campos que han sido objeto de regulación por la UE, mediante directivas, son

muchos, de forma que todos los derechos de los consumidores se encuentran protegidos.

En concreto los campos de protección son:

a)Directivas generales

 Directivas sobre publicidad engañosa

 Directivas sobre indicación de precios

 Directivas que regulan las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores

 Directivas sobre la venta y la garantía de los bienes de consumos

b)Directivas específicas, dirigidas a sectores y métodos de venta

 Directivas sobre productos alimenticios

 Directivas sobre cosméticos

 Directivas sobre medicamentos de uso humano

 Directivas relativas a contratos o Contratos negociados a distancia o Contratos negociados fuera de establecimientos mercantiles o Contratos de adquisición del derecho de utilización de un inmueble a

tiempo compartido

o Contratos de transportes (viajes combinados, transporte aéreo, responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, normas

comunes para la seguridad de la aviación civil, compensación por

denegación de embarque, protección de pasajeros aéreos)

o Contratos de servicios financieros (créditos al consumo, comercio electrónico, pagos transfronterizos…)

 Directivas relativas al derecho a indemnización y resolución de litigios o Acciones de cesación o Prácticas comerciales desleales o Resolución extrajudicial de conflictos en materia de consumo

NORMATIVA ESPAÑOLA

Es preciso destacar algunos aspectos previos:

1) Tanto en España como en todos los países de la UE, toda la legislación nacional relacionada con los consumidores se ha limitado, en gran medida, en ser una

traducción o incorporación de las Directivas Comunitarias.

2) Existen en España una serie de competencias asignadas al Estado y a las CCAA que hacen que haya distintas legislaciones en materia de consumidores, normas

de ámbito estatal y normas de ámbito autonómico.

Hasta la promulgación de la CE de 1978 no existía en el ordenamiento jurídico español

ninguna disposición legal que de manera expresa se pronunciara a favor de los

consumidores. Es con la CE de 1978 y en concreto con su artículo 51, cuando por

primera vez se recoge en nuestro ordenamiento esta idea de defensa y protección de los

consumidores y usuarios. Además, se va a considerar como principio rector de las

relaciones sociales.

El art 51 establece en los tres párrafos de que consta que:

“1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios,

protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos

intereses económicos de los mismos.

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores

y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan

afectar a aquéllos, en los términos que la Ley establezca.

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la Ley regulará el comercio

interior y el régimen de autorización de productos comerciales”

Este artículo constituye el punto de arranque de la política de protección de

consumidores y usuarios que se ha desarrollado desde entonces; un artículo que ha

habido que tener en cuenta en el posterior desarrollo de la legislación ordinaria.

El artículo 51 se encuentra en el Capítulo III del Título I que aparece bajo la rúbrica

“Principios rectores de la política social y económica”. Además este artículo hay que

relacionarlo con el artículo 53 que señala que “El reconocimiento, el respeto y la

protección de los principios reconocidos en el Capítulo III, informará la legislación

positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”.

Establecido el art 51 como principio rector de la política económica y social, se produce

un desarrollo legislativo posterior para que sea eficaz este artículo constitucional. La

consecuencia más inmediata fue la publicación de la Ley 26/1984, de 19 de julio,

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En su redacción original

era una ley breve y en realidad constituía una primera aproximación a la regulación del

consumo.

Los objetivos perseguidos por la LGDCU eran:

1) Establecer procedimientos eficaces para la defensa de los consumidores y usuarios

2) Disponer del marco legal adecuado para favorecer un desarrollo óptimo del movimiento asociativo en este campo

3) Declarar los principio, criterios, obligaciones y derechos que configurarán la defensa de los consumidores y usuarios y que deberán ser tenidos en cuenta por

los poderes públicos en las actuaciones y desarrollos normativos futuros

La Ley 26/1984 está dedicada a una especial protección de los consumidores y usuarios

y es por ello que es normal que uno de los criterios fundamentales de la ley sea declarar

la irrenunciabilidad previa de los derechos y facultades otorgadas a consumidores y

usuarios. También declara la ley la nulidad de cualquiera de aquellos actos o contratos

que se puedan realizar en fraude de esta ley.

Esta ley de 1984 ha sido objeto de numerosas reformas, la última y que le ha afectado

bastante ha sido la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los

consumidores y usuarios. Con ella se pretende adaptar la legislación española a las

nuevas exigencias europeas y también solucionar problemas concretos de los

ciudadanos. El art 1 de la Ley 44/2006 detalla todas las modificaciones que se hacen a

la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y

Usuarios.

A continuación se van a analizar los principios básicos de la LGDCU y las reformas

más importantes que ha sufrido, en especial la Ley 44/2006 a que se acaba de hacer

referencia.

En el artículo 1 se establece el objeto de la ley, la protección de los consumidores y

usuarios y se define lo que son los consumidores y usuarios. Dice la ley en su segundo

apartado que son “las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan

como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios,

actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o

colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden” Además, en el

siguiente apartado los define en negativo: “No tendrán la consideración de

consumidores o usuarios quienes sin constituirse en destinatarios finales, adquieran,

almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos

de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros”.

Este concepto de consumidor se ha visto ampliado en la Ley 22/1994, de 6 de julio, de

responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos ya que la

protección no es sólo para los destinatarios finales.

En el artículo 2 se establecen los derechos básicos de los consumidores y usuarios:

a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad. b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular,

frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

c) La indemnización o reparación de los daños y perjuicios sufridos. d) La información correcta sobre los diferentes productos o servicios y la

educación y divulgación, para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso,

consumo o disfrute.

e) La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de

sus intereses, todo ello a través de las asociaciones, agrupaciones o

confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.

f) La presión jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión.

El resto de los artículos desarrollan, de forma pormenorizada, todos y cada uno de estos

derechos. Conviene destacar el Capítulo IX dedicado a las “Infracciones y Sanciones”

que en su art 32 dice que “las infracciones en materia de consumo serán objeto de las

sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente

sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan

concurrir.”

En función de los artículos 148 y 149, la competencia sobre protección de consumidores

y usuarios puede ser transferida a las CCAA. Por ello, el parlamento andaluz ha

aprobado la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los

Consumidores y Usuarios de Andalucía.

La LGDCU de 1984 ha sido objeto de diversas e importantes reformas. Por su técnica

legislativa ha sido una ley muy criticada y además ha habido que ir incorporando

algunas directivas europeas. La reforma más reciente ha sido la realizada a través de la

Ley 44/2006 de 27 de diciembre. Las modificaciones que se han introducido han

intentado dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades

Europeas y han incorporado nuevas directivas.

El artículo 1 de la Ley 44/2006 establece las modificaciones que se hacen a la LGDCU.

Las principales reformas son:

1. Se pretenden mejorar las cláusulas abusivas así como la publicidad engañosa 2. Se regula el tema de la información fraudulenta en la alimentación 3. Se regula la facturación injustificada 4. Se establecen medidas para evitar los obstáculos que imposibilitan darse de baja.

La ley se enfrenta a los problemas actuales de los consumidores para que su

protección sea más efectiva. Así por ejemplo, con respecto a los problemas para

darse de baja, la nueva ley prohíbe los plazos excesivamente largos. Los

contratos de suministro, sobre todo los de telefonía móvil y electricidad, deberán

cumplir determinadas normas:

 Información clara sobre la forma para darse de baja

 Las penalizaciones por darse de baja pueden continuar pero no pueden ser abusivas.

5. Se prohíbe el redondeo al alta, sobre todo en la telefonía y en lo aparcamientos públicos. Así en telefonía no se podrá redondear por minutos, sino por los

segundos realmente consumidos. Los parkings públicos que venían cobrando

por fracciones de hora y no por tiempo real, a partir de esta ley tendrán que

facturar por minutos de estacionamiento.

6. Se establecen mejoras para reclamar extrajudicialmente y se regula un arbitraje de consumo.

7. Se obliga a una mayor seguridad en los productos y en la ley se introducen mejoras en el ámbito alimentario. La Agencia Española de Seguridad

Alimentaria cambia de nombre y pasa a denominarse Agencia Española de

Seguridad Alimentaria y Nutrición. Aparece esta agencia con funciones nuevas

que tienden a aumentar la información y educación en materia de nutrición y en

especial en la prevención de la obesidad.

8. Se permite la firma de convenios entre las asociaciones de consumidores y los operadores del mercado, con la finalidad de desarrollar proyectos de

información, de formación y de defensa de los consumidores.

TEMA 3

LA AGRESIVIDAD COMERCIAL Y

LA INDUCCIÓN A CONTRATAR

INTRODUCCIÓN(Profesor Pasquau Liaño)

Es dogma asumido que el mercado, en la medida en la que se asegure la libre

competencia, ya depara una protección para el ciudadano. Cuando existe igualdad de

condiciones entre demandantes, existe libertad para elegir.

Los mejores mecanismos de protección al consumidor son la transparencia del mercado

y la libre competencia. Con ello queda garantizada su elección racional. Pero la

realidad es que los mercados no son transparentes y la libertad no es tal al existir

distorsiones en la competencia.

Las principales distorsiones que se dan en la libre competencia son:

 Situaciones de monopolio u oligopolio que han originado la legislación antitrust

 Prácticas colusorias, es decir, acuerdos entre concurrentes para neutralizar la libre competencia. Estos acuerdos son nulos y dan lugar a sanciones por parte

del Tribunal de la Competencia

 Prácticas de competencia desleal que intentan falsear las leyes de la libre competencia.(ej: publicidad engañosa para distorsionar la visión del

demandante)

A lo largo del tema vamos a profundizar sobre las prácticas de competencia desleal que

intentan distorsionar el binomio calidad/precio. La publicidad, el marketing, la

distribución y colocación de productos, etc, son elementos que buscan esta distorsión,

de tal forma que la elección del consumidor deja de ser racional. Ya no sólo actúa

guiado por el producto o servicio de mejor calidad al mejor precio.

Este problema no existe para el CC, en él sólo se habla de comprador/vendedor/precio.

La única respuesta que se da es a los vicios de consentimiento.

Algunos de los factores que distorsionan la libre competencia y las decisiones de los

consumidores encuentran respuesta en el Derecho de Consumo. Se intentan evitar las

prácticas más abusivas y en general, los mayores riesgos del mercado.

1-INTRODUCCIÓN. TEORÍA GENERAL DE LOS CONTRATOS. VICIOS DE

CONSENTIMIENTO (Profesora Laura Gázquez)

El artículo 1089 del CC regula las fuentes de las obligaciones: “Las obligaciones nacen

de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que

intervenga cualquier género de culpa o negligencia”. Una de estas fuentes es,

precisamente, el contrato, pero el CC no define lo que es el contrato aunque contiene

una amplia regulación del mismo.

Las ideas básicas de lo que es un contrato según el CC:

 El contrato es fuente de obligaciones

 Las obligaciones nacen de los contratos y tienen fuerza de ley entre las partes

 El contrato existe desde que dos o varias personas consienten en obligarse en dar alguna cosa o en prestarse algún servicio

Definición. A partir de estas ideas básicas, puede definirse el contrato como un negocio

jurídico bilateral o un acuerdo de voluntades que está destinado a constituir, modificar o

extinguir una relación obligatoria.

De la definición se extraen las siguientes características fundamentales del contrato:

 Parte de un acuerdo de voluntades (consentimiento)

 Se crea una relación obligatoria

 Lo acordado tiene fuerza de ley entre las partes

 Existe libertad de forma

Los elementos del contrato son los requisitos o condiciones que integran el contrato y

que contribuyen a la formación y a la validez del mismo. Se pueden distinguir tres tipos

de elementos, esenciales, naturales y accidentales

1-Los elementos esenciales son aquellos que son imprescindibles y sin los cuales no

puede existir el contrato. Según el artículo 1261, los elementos esenciales son el

consentimiento, el objeto y la causa:

“No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:

 Consentimiento de los contratantes.

 Objeto cierto que sea materia del contrato.

 Causa de la obligación que se establezca”

Consentimiento. Para que el contrato sea válido lo primero que hace falta es el

consentimiento contractual, es decir, la voluntad común de los contratantes libremente

expresada. En esta voluntad tienen que concurrir los requisitos siguientes:

 Dos o más declaraciones de voluntad que se unen y concuerdan.

 Aptitud jurídica de las partes, esto es, capacidad para contratar. Esta regulada en el artículo 1263 de modo negativo. Según este artículo, “no pueden prestar

consentimiento: a) Los menores no emancipados b) Los incapacitados.” La

capacidad para contratar coincide básicamente con la capacidad de obrar, de

forma que quien tenga limitada su capacidad de obrar tendrá limitada su

capacidad de contratar. Las prohibiciones legales para contratar son un fenómeno

distinto a las incapacidades. Se trata de sujetos capaces pero que se encuentran en

situaciones concretas que no les permiten realizar determinados contratos.

 Ausencia de vicios de voluntad. Para que el consentimiento de las partes genere el contrato, es necesario que sus voluntades se hayan determinado libremente y

de modo consciente y deliberado. Habrá que prestar el consentimiento con

ausencia de vicios. Los vicios que pueden afectar al consentimiento son la

violencia, la intimidación, el error y el dolo.

Objeto. Son las prestaciones a las que se obligan las partes (bien, servicio, precio…)

Causa. Finalidad perseguida por las partes en el contrato.

2-Los elementos naturales son los que acompañan a cada contrato, derivados de su

propia naturaleza.

3-Elementos accidentales existen sólo si las partes los han pactado; son condición,

término y modo.

2-LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA(Profesora Laura Gázquez)

La publicidad engañosa se encuentra egulada en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre,

General de Publicidad. Esta ley ha sufrido dos importantes modificaciones:

a) Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los

intereses de los consumidores y usuarios.

b) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Concepto legal y requisitos de la publicidad.

Según el artículo 2 de la LGP:

“A los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Publicidad:

Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o

privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional,

con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o

inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.

Destinatarios:

Las personas a las que se dirija el mensaje publicitario o a las que este alcance”

El requisito básico que debe cumplir la publicidad es que la información sobre las

características esenciales del producto que se da a través de la publicidad, tiene que ser:

 Objetiva

 Veraz

 Eficaz

 Suficiente

Si hay información precontractual, ésta tiene que facilitarse al consumidor de forma

gratuita.

Publicidad ilícita

La LGP regula la publicidad ilícita en el Título II, del artículo 3 al artículo 8. En el

artículo 3 se indican los tipos de publicidad ilícita y en los artículos siguientes se analiza

cada uno de ellos. Así, considera la ley que es publicidad ilícita:

a) La publicidad que atenta contra la dignidad de la persona o vulnera los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus

artículos 18 y 20, apartado 4. Se entienden incluidos en la previsión anterior los

anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando

particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto

desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen

asociada a comportamientos estereotipados que vulneran los fundamentos de

nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley

Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.

b) La publicidad engañosa. Es publicidad engañosa, según el artículo 4, “la publicidad que de cualquier manera, incluida su presentación, induce o puede

inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento

económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor. Es

asimismo engañosa la publicidad que silencie datos fundamentales de los bienes,

actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a error de los

destinatarios”.

c) La publicidad desleal. Establece el artículo 6 que es publicidad desleal:

 La que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona o

empresa, de sus productos, servicios, actividades o circunstancias o de sus

marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos.

 La que induce a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores, así como la que haga uso

injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas

o instituciones, o de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas

de otros productos competidores y, en general, la que sea contraria a las

exigencias de la buena fe y a las normas de corrección y buenos usos

mercantiles.

 La publicidad comparativa cuando no se ajuste a los requisitos que se señalan expresamente en el artículo 6 bis.

d) La publicidad subliminal. Según el artículo 7, “A los efectos de esta Ley, será publicidad subliminal la que mediante técnicas de producción de estímulos de

intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda

actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida”.

e) La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios. Hay determinados

productos específicos, generalmente los que pueden ocasionar riesgos en la

salud de las personas, cuya publicidad está sometida a un régimen de

autorización administrativa previa. Sin esta autorización, la publicidad es ilícita.

A ello se refiere el artículo 8 de la ley.

Contratación publicitaria

El Título III de la LGP regula la contratación publicitaria, del artículo 9 al artículo 24.

En concreto, en este Título se regulan, entre otros, el contrato de publicidad y el

contrato de difusión publicitaria

El artículo 15 define el contrato de publicidad como “aquél por el que un anunciante

encarga a una agencia de publicidad, mediante una contraprestación, la ejecución de

publicidad y la creación, preparación o programación de la misma”.

El artículo 19 define el contrato de difusión publicitaria como “aquél por el que, a

cambio de una contraprestación fijada en tarifas preestablecidas, un medio se obliga en

favor de un anunciante o agencia a permitir la utilización publicitaria de unidades de

espacio o de tiempo disponibles y a desarrollar la actividad técnica necesaria para lograr

el resultado publicitario”

Acciones de cesación y de rectificación

El Título IV de la LGP, del artículo 25 al artículo 32, se refiere a las acciones de

cesación y rectificación y a los procedimientos.

Proceden tales acciones cuando, a través de la publicidad, se ha podido causar perjuicio

a las personas. Establece el apartado 1 del artículo 25 que, “cualquier persona natural o

jurídica que resulte afectada y, en general, quienes tengan un derecho subjetivo o un

interés legítimo, podrán solicitar del anunciante la cesación o, en su caso, la

rectificación de la publicidad ilícita”.

Tal como establece el apartado 3 del mismo artículo 25, “La solicitud se hará por

escrito, en forma que permita tener constancia fehaciente de su fecha, de su recepción y

de su contenido”. En el artículo 26 se indica que:

“1. La cesación podrá ser solicitada desde el comienzo hasta el fin de la actividad

publicitaria.

2. Dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud, el anunciante

comunicará al requirente en forma fehaciente su voluntad de cesar en la actividad

publicitaria y procederá efectivamente a dicha cesación.

3. En los casos de silencio o negativa, o cuando no hubiera tenido lugar la cesación, el

requirente, previa justificación de haber efectuado la solicitud de cesación, podrá

ejercitar la acción prevista en el artículo 29”

En el artículo 29 se regula el ejercicio de la acción de cesación que va dirigida a la

obtención de una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a

la presente Ley y a prohibir su reiteración futura.

Para ejercitar la acción de cesación están legitimados determinados sujetos. El artículo

29.3 establece que están legitimados:

a. El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en

materia de defensa de los consumidores.

b. Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los

Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia

de defensa de los consumidores.

c. El Ministerio Fiscal.

d. Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los

consumidores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a

tal fin en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

e. Los titulares de un derecho o de un interés legítimo.

Sentencia estimatoria

El artículo 31 se refiere al contenido de la sentencia estimatoria de la demanda. Indica

este artículo que la sentencia estimatoria de la demanda deberá contener alguno o

algunos de los siguientes pronunciamientos:

a) Conceder al anunciante un plazo para que suprima los elementos ilícitos de la publicidad.

b) Ordenar la cesación o prohibición definitiva de la publicidad ilícita.

c) Ordenar la publicación total o parcial de la sentencia en la forma que estime adecuada y a costa del anunciante.

d) Exigir la difusión de publicidad correctora cuando la gravedad del caso así lo requiera y siempre que pueda contribuir a la reparación de los efectos de la

publicidad ilícita, determinando el contenido de aquella y las modalidades y

plazo de difusión.

3-CONTRATACIÓN AL MARGEN DE LOS ESTABLECIMIENTOS

ABIERTOS AL PÚBLICO (Profesora Laura Gázquez)

A)Contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles

Las características de este tipo de contratos son:

1) Se realizan fuera del lugar habitual destinado al comercio. La especialidad de este contrato es el lugar dónde ser realiza la oferta y la aceptación del contrato.

2) Se dirigen a personas que no han manifestado su deseo previo de contratar. El factor sorpresa juega a favor del empresario.

3) El comerciante ofrece, generalmente, sólo un tipo de producto o una marca determinada, lo que impide al consumidor la posibilidad de comparar precios

con otras ofertas de productos similares.

4) Dada la rapidez con la que se lleva a cabo esta contratación puede que la decisión del comprador no sea lo suficientemente reflexiva.

La regulación de este tipo de contratos ha sido, hasta el actual Real Decreto Legislativo

1/2007, la siguiente:

1) Directiva Comunitaria de 1985 (Dir. 577/1985, de 20 de diciembre), de protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los

establecimientos mercantiles. En ella se establecen un conjunto de medidas de

protección al consumidor por entender que, en los contratos que se celebren

fuera del establecimiento del comerciante, concurren circunstancias de iniciativa

de éste y de imposibilidad de comparación de la calidad y el precio de la oferta

que pueden determinar la existencia de prácticas comerciales abusivas.

2) Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles. (Vigente hasta el 1 de diciembre de 2007). Esta

ley regula, según la Exposición de motivos, dos aspectos fundamentales:

 La exigencia formal de la documentación del contrato o de la oferta contractual con la consecuencia obligada de reconocer al consumidor acción

para anular los contratos que se celebren obviando dicho requisito.

 El reconocimiento del derecho del consumidor a revocar el consentimiento prestado.

Los supuestos en los que se aplica esta ley se encuentran en el artículo 1 que

regula el ámbito de aplicación:

 Cuando tengan lugar fuera del establecimiento mercantil del empresario y se celebre a iniciativa del empresario o de un tercero que actúe por su cuenta.

 Cuando tengan lugar en la vivienda del consumidor o de otro consumidor o en su centro de trabajo.

 Cuando tengan lugar en un medio de transporte público.

 En cualquier caso siempre que la visita del empresario o de la persona que actúa por cuenta suya no haya sido solicitada expresamente por el

consumidor.

En el artículo 2 se establecen los contratos excluidos. Dice este artículo que no

obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la presente Ley no se aplicará:

 A los contratos en los que la prestación total a cargo del consumidor sea inferior a 8.000 pesetas (48 euros)

 A los contratos relativos a la construcción, venta y arrendamiento de bienes inmuebles, o que tengan por objeto algún otro derecho sobre los mismos.

 A los contratos de seguro.

 A los contratos que tengan por objeto valores mobiliarios.

 A los contratos documentados notarialmente.

 A los contratos relativos a productos de alimentación, bebidas y otros bienes consumibles de uso corriente en el hogar, suministrados por proveedores que

realicen a tales efectos desplazamientos frecuentes y regulares.

 A aquellos contratos en los que concurran las tres circunstancias siguientes:

o Que se realicen sobre la base de un catálogo que el consumidor haya tenido ocasión de consultar en ausencia del empresario o de quien actúe

por cuenta suya.

o Que se haya previsto una continuidad de contacto entre el empresario y el consumidor en lo referente a la operación que se realiza o a otra

posterior.

o Que el catálogo y el contrato mencionen claramente el derecho del consumidor a rescindir libremente el contrato durante un plazo que ha

de ser, como mínimo, de siete días o que establezcan, en la misma

forma, el derecho del consumidor a devolver las mercancías durante un

plazo igual al anteriormente mencionado, que empezará a contarse a

partir de la fecha de la recepción.

Con respecto a las formalidades del contrato la ley exige en el artículo 3, para

que el contrato sea válido y que tenga plena eficacia jurídica, que la voluntad

contractual haya sido formalizada por escrito. El documento debe contener de

forma clara y precisa el derecho del consumidor a revocar el consentimiento

otorgado.

En relación con el derecho de desistimiento al que esta ley denomina derecho de

revocación, señala el artículo 5 que, “El consumidor podrá revocar su

declaración de voluntad sin necesidad de alegar causa alguna, hasta pasados

siete días contados desde la recepción. Para determinar la observancia del plazo,

se tendrá en cuenta la fecha de emisión de la declaración de revocación” Las

consecuencias del ejercicio del derecho de revocación se encuentran en el

artículo 6 que señala que, “ejercido el derecho de revocación, las partes deberán

restituirse recíprocamente las prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 1303 y 1308 del Código Civil”.

3) Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias aprobado mediante Real Decreto

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Ha entrado en vigor el 1 de diciembre

de 2007, quedando derogadas las siguientes disposiciones:

a) Los artículos 48 y 65.1, letras n y ñ y la disposición adicional primera de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

Igualmente se derogan en la disposición final única de la Ley 7/1996, de 15 de

enero, las menciones que se realizan al artículo 48 y la disposición adicional

primera en su párrafo primero e íntegramente su último párrafo.

b) La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

c) Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.

d) Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos.

e) Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes combinados f) Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo

El TR regula los contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles en el

Título IV del Libro II, del artículo 107 al artículo 113. En estos artículos se

recogen todas las disposiciones de la Ley 26/1991 a que se acaba de hacer

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