ADMINISTRATIVO LECCIONES, Proyectos de Sociología Administrativa. Universidad de Granada (UGR)
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PROBADO Y ASÍ SE DECLARA: Que allá por el año 20012, Aurelia, de 25 años de edad, y sin antecedentes penales, vecina de…
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LECCIÓN 2: JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

1. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

A. Relevancia y situación actual de la justicia administrativa.

El control de la actividad de la Administración por los Tribunales es una de las piezas

angulares del Derecho administrativo.

B. Origen y evolución del control judicial de la actividad administrativa.

El origen del control judicial de la actividad administrativa está en la propia Revolución

Francesa. La CE de 1799 atribuyó esa potestad al Consejo del Estado para ejercer

funciones consultivas. En Alemania se prefirió que fuese el juez ordinario quien

actuara en defensa de los ciudadanos. En Italia existe un sistema dual. En Gran

Bretaña dada la consideración del juez como único órgano del Derecho y sometida la

Administración a estricto control parlamentario.

En España la primera Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa es de 1845, año

en el que se asume el modelo francés y se confía el contencioso al equivalente del

Consejo de Estado. En 1956 nace en España la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. Se crea un sistema judicial profesionalizado especializado. La vigente

Ley 29/1998 es una actualización.

El art. 103 CE: establece que le corresponde a la jurisdicción contencioso-

administrativo el control de la potestad reglamentaria, de las actuaciones por las

actividades públicas y su sometimiento.

C) La organización de la justicia administrativa. Competencias.

Los órganos judiciales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son:

-Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (órganos unipersonales).

-Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo adscritos a la Audiencia

Nacional.

-Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

-Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de Madrid.

-Sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

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CRITERIOS:

Criterio orgánico: se basa en el órgano concreto del que procede el acto o

reglamento impugnado en el proceso y en la Administración en que dicho

órgano se encuadra.

Criterio material: atiende a la materia o sector sobre la que versa el acto

recurrido.

Los juzgados (art.8 LPCA) conocen de los actos de las Administraciones Locales y de

sus organismos, así como de aquellos que se deduzcan frente a los actos

administrativos de la Administración de las CCAA, salvo cuando procedan del Consejo

de Gobierno y tengan por objeto:

Cuestiones de personal.

Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a

60000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de

derechos que no excedan de seis meses.

Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no

exceda de 30050 euros.

Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia,

conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:

▲ Los actos de las Administraciones Locales y de las Administraciones de las

Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados

de lo Contencioso-Administrativo.

▲ Las disposiciones generales emanadas de las CCAA y de las Entidades

Locales.

▲ Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las Asambleas

Legislativas de las CCAA y de las instituciones autonómicas análogas al

Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

▲ Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económicos-

Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económica-

administrativa.

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D) Ámbito y extensión de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

La LJCA establece una definición positiva y negativa para configurar la idea de

universalidad o principio de cláusula general del control judicial de la actividad

administrativa. El art.1.1 LJCA define: Los Juzgados y Tribunales del Orden

Contencioso-Administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en

relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho

administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los

Decretos Legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Es:

Sujeta al Derecho administrativo.

Con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley.

Y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de delegación.

Hay que resaltar que la LJCA ha excluido como Administración Pública a

las Corporaciones de Derecho Público.

En concreto, corresponden a la Jurisdicción Contencioso-Administrativo las

materias:

-La protección jurisdiccional e los derechos fundamentales, los elementos reglados y la

determinación de las indemnizaciones procedentes.

-Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás

contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público.

-Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público adoptados en el

ejercicio de funciones públicas.

-Los actos de fiscalización dictados por la Administración concedente.

-La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

-Las restantes materias que le atribuya expresamente una Ley.

No corresponden a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ( art.3 LJCA):

• -Las cuestiones expresamente atribuidas a las Jurisdicciones Civil, Penal y

Social.

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• -El recurso disciplinario militar.

• -Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la

Administración Pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una

misma administración.

2. LAS PARTES Y EL RECURSO.

A) Las partes del proceso.

El proceso contencioso-administrativo se orienta en función del principio dispositivo.

Los órganos judiciales están obligados a juzgar dentro del límite de las pretensiones

formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentas el recurso

y la oposición. Los principios son:

Principio de dualidad de partes: parte demandante y parte demandada.

Principio de contradicción: nadie puede ser condenado sin ser oído y

vencido en juicio y las partes tienen derecho a conocer todas las alegaciones

que puedan influir en la resolución judicial.

Principio de igualdad de las partes: todas las partes tienen que tener los

mismos derechos, deberes, posibilidades y cargas procesales.

B) La capacidad procesal.

Las partes para intervenir en el proceso han de tener capacidad procesal (art.18

LJCA).

C) Legitimación y postulación.

Es necesario tener una relación con el objeto del proceso, ya sea para el

reconocimiento de derechos o intereses propios o de terceros.

1. Legitimación activa (arts. 19 y 20 LJCA).

-Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.

-Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades del art.18 LJCA.

-Las diferentes Administraciones Públicas territoriales.

-El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley.

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-Las entidades de Derecho público con personalidad jurídica dependientes de

cualquiera de las Administraciones Públicas para impugnar los actos que afecten

a sus fines.

-Cualquier ciudadano en los casos expresamente previstos por las leyes.

-La Administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante un

orden jurisdiccional, previa a su declaración de lesividad para el interés general.

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres también

ostentan legitimación para la defensa del derecho de igualdad entre mujeres y

hombres.

Las Administraciones Públicas y los particulares están legitimados para impugnar las

decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver

los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación sin necesidad

de declaración de lesividad.

La Ley Orgánica 3/2013 de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el

Dopaje en la Actividad deportiva tendrán legitimación para recurrir ante el orden

jurisdiccional contencioso administrativo las resoluciones del Tribunal Administrativo

del Deporte que se dicten en asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje.

Carecen de legitimación:

• Los órganos de cada Administración, así como los miembros de los órganos

colegiados salvo que estén legalmente autorizados.

• Los particulares cuando actúen como delegados, agentes o mandatarios de los

entes públicos.

• Las entidades de Derecho público respecto de la Administración de la que

dependan.

2. Legitimación pasiva (art.21 LJCA).

Será parte demandada la Administración Pública. Serán partes codemandadas las

personas o entidades cuyos derechos o intereses pudieran verse afectados por la

estimación de las pretensiones de los demandantes.

3. Postulación (arts. 23 y 24 LJCA).

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En el proceso ante órganos unipersonales, las partes pueden conferir su

representación procesal a un procurador o a un abogado, y deben ser asistidas

jurídicamente por un abogado. En órganos colegiados es indispensable que la

representación se otorgue a un procurador y la asistencia a un abogado.

4. El objeto del recurso y las pretensiones de las partes.

-El objeto del recurso: el objeto del proceso son las pretensiones del recurrente. Se

trata de controlar la actividad o inactividad administrativa sobre la base de las

pretensiones del recurrente, a las que en su caso el proceso debe dar satisfacción.

Cabe 4 modalidades:

Actos expresos o presuntos (por silencio administrativo positivo): no se

admiten recursos contra actos que sean reproducción de otros anteriores y

firmes, y confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en

tiempo y forma.

Disposiciones generales (reglamentos administrativos y los decretos

legislativos que excedan d los términos de la delegación legislativa): el recurso

puede ser directo e indirecto.

Inactividad de la Administración: procede cuando la Administración está

obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas

determinadas, así como de un acto, contrato o convenio, y ésta no dé

cumplimiento a la misma.

Vía de hecho: el interesado podrá formular requerimiento a la Administración

actuante, intimando su cesación.

-Pretensiones de las partes: variarán en función de la actividad administrativa

impugnada. Se admite la acumulación de pretensiones por un mismo demandante en

relación con una o varias actuaciones administrativas entre las que exista conexión

directa, así como acumulación de recursos.

3. EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

-INTRODUCCIÓN: presupuestos necesarios para interponer el recurso contencioso-

administrativo:

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• Es necesario agotar la vía administrativa, con dos excepciones: la impugnación

de una disposición general( no cabe recurso administrativo) y el recurso

especial para la protección de los derechos fundamentales.

• Cuando se pretende exigir el cumplimiento por la Administración de una

prestación a la que está legalmente obligada.

• Se exige formular un requerimiento previo a las Entidades Locales para

impugnar sus acuerdos o actos.

• En el recurso de lesividad, la Administración autora del acto que pretende

anular debe declararlo lesivo para el interés público.

• El recurso se interpondrá en el plazo de dos meses desde la notificación. En el

caso de actos presuntos, el plazo es de seis meses. Si se interpone frente a

una actuación en vía de hecho, el plazo es de 20 días.

• Los plazos para la interposición del recurso son de caducidad, pero en el mes

de agosto no corre ningún plazo.

• El proceso contencioso-administrativo no es gratuito, es necesario pagar unas

tasas judiciales.

A) PROCESO ORDINARIO: es el proceso común y sus reglas se aplican con carácter

supletorio a los demás.

-INTERPOSICIÓN, ADMISIÓN DEL RECURSO Y EMPLAZAMIENTO DE LAS

PARTES.

El proceso ordinario se inicia por un simple escrito que se limita a citar la disposición,

acto, inactividad o actuación consultiva de vía de hecho que se impugna y a solicitar

que se tenga por interpuesto el recurso. Hay que acompañar una serie de documentos

que se enumeran en el art.45 LJCA. Una vez realizado el anuncio del recurso, el

secretario judicial acordará su publicación en el diario oficial. Se realizará por el

secretario judicial la reclamación del expediente administrativo a la Administración

demandada para su remisión en el plazo de 20 días improrrogable. Tras puesta en

conocimiento de las partes, en el plazo de diez días, el Juez declarará no haber lugar

a la admisión del recurso cuando se den:

• Falta de jurisdicción o competencia del Juzgado o Tribunal.

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• Falta de legitimación.

• Se haya interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación,

caducidad del plazo de interposición del recurso.

• Otras causas con motivos de fondo o supuestos específicos de la vía de hecho

o inactividad de la Administración.

ALEGACIONES Y PRUEBAS:

La parte actora dispone de un plazo de 20 días para formular la demanda. Se declara

por auto la caducidad del recurso. Presentada la demanda, se le da traslado junto con

el expediente administrativo a las partes demandadas que hubieran comparecido para

que contesten en el plazo de 20 días.

Puede pedirse prueba sobre los hechos relevantes para la resolución del recurso que

no consten o estén incorrectos en el expediente.

-VISTA Y CONCLUSIONES:

En los arts. 62 a 66 LJCA concluido el trámite de pruebas, el secretario judicial

acordará la celebración de vista o la presentación de escritos de conclusiones. Tanto

en la vista como en las conclusiones, las partes formularán alegaciones sucintas

acerca de los hechos, valoración de la prueba practicada y los fundamentos de

derecho en que apoyen sus pretensiones, sin que puedan plantearse cuestiones que

no hayan sido suscitadas en escritos de demanda o contestación.

Cuando el Juez considere oportuno, que en el acto de vista o conclusiones se traten

motivos relevantes para el fallo y distintos de los allegados, lo pondrá en conocimiento

de las partes mediante providencia, dándole un plazo de 10 días para ser oídas sobre

ellos.

Celebrada la vista, el órgano judicial declara el pleito concluso para sentencia.

-TERMINACIÓN:

La sentencia es la resolución del órgano judicial que pone fin al proceso contencioso-

administrativo dando respuesta a las pretensiones de las partes. Debe contener una

relación de las actuaciones de las partes, los hechos y los fundamentos jurídicos en

los que se basa la decisión del Tribunal.

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En cuanto al contenido, el fallo podrá ser de inadmisibilidad del recurso o de

estimación o desestimación del mismo.

En función del art.130 LJCA las costas, en primera o única instancia, se impondrá las

costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie

que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En estimación o

desestimación parcial, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las

comunes por mitad.

Plazo para dictar sentencia: diez días desde que el pleito haya sido declarado

concluso.

Efectos: la sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso solo

producirá efectos entre las partes.

Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales

desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico

oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada.

La estimación de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación

jurídica individualizada sólo producirá efectos entre las partes.

B) OTRAS FORMAS DE TERMINACIÓN DEL PROCESO (además de caducidad):

Desistimiento: deberá ser ratificado expresamente por el recurrente o

acreditar el representante de la Administración demandada la autorización del

órgano competente para otorgarla.

Allanamiento: el juez o tribunal procederá a dictar sentencia de conformidad

con las pretensiones del demandante.

Reconocimiento de la pretensión en vía administrativa.

Conciliación: una vez formulada la demanda y la contestación puede ser

propuesta a las partes por el Juez o Tribunal cuando el proceso verse sobre

materias susceptibles de transacción y sobre estimación de cantidad.

C) PROCESO ABREVIADO:

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Se pretende dar mayor celeridad a ciertos supuestos en los que por su cuantía o

relevancia no parece necesario mantener determinados requisitos procesales

establecidos en el proceso ordinario. Artículo 78 LJCA:

• Este tipo de procedimiento se establece para los Juzgados de lo Contencioso-

Administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

• El proceso se inicia directamente con la demanda.

• Presentada la demanda, el Juez dictará providencia en la que ordenará la

admisión de la demanda y su traslado al demandado y citará a las partes para

la celebración de vista.

• Recibido el expediente administrativo, el Juez lo remitirá al acto y a los

interesados que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en

el acto de la vista.

• Comparecidas las partes, el Juez declarará abierta la vista.

Si las partes no comparecieren o lo hiciere sólo el demandado, se tendrá al actor por

desistido del recurso y se le condenará en costas y, si compareciere sólo el actor, se

proseguirá la vista en ausencia del demandado. Tras la práctica de la prueba, las

personas que sean parte en los asuntos podrán exponer de palabra lo que crean

oportuno para su defensa a la conclusión de la vista, antes de terminarse.

D) LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES:

-El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la

persona:

Se recoge en los artículos 114 a 122 LJCA. El art.53.2 CE establece que cualquier

ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos fundamentales ante los

Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y

sumariedad y a través del recurso de amparo ante el TC.

El carácter preferente significa que los órganos judiciales deben dar a estos

procedimientos especiales prioridad absoluta en su tramitación y resolución. La

sumariedad se traduce en una generalizada reducción de los plazos con respecto al

proceso ordinario.

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La cuestión de ilegalidad contra los reglamentos.

Este proceso se regula en los arts. 123 a 126 LJCA. Según el art.27.2. LJCA cuando el

Juez o Tribunal que conozca del recurso fuese competente para conocer del directo, la

sentencia tendrá efectos generales, sin que resulte preciso sustanciar la cuestión de

ilegalidad.

Si la competencia para conocer del recurso directo corresponde a otro órgano judicial

distinto del que dictó la sentencia en el recurso indirecto, deberá el órgano que resolvió

este recurso indirecto plantear la cuestión de ilegalidad ante el órgano competente.

La cuestión de ilegalidad se planteará en un plazo de 5 días desde que conste la

firmeza de la sentencia y mediante auto, emplazando a las partes para que, en un

plazo de 15 días, puedan comparecer y formular alegaciones.

El procedimiento en caso de suspensión administrativa de acuerdos.

El art.67 de LBRL permite al delegado del Gobierno suspender los acuerdos dictados

por las Entidades Locales radicadas en la CA, en el caso de que tales actos atenten

gravemente al interés general de España.

El art.127 LJCA regula el procedimiento que debe seguirse cuando estas y otras leyes

sectoriales imponen la necesidad de que la Administración o el órgano que suspende

el acuerdo interponga después un recurso contencioso-administrativo contra el mismo

en el plazo de 10 días.

El procedimiento para la garantía de la unidad de mercado.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá presentar recurso

cuando considere que una disposición, acto o vía de hecho procedente de cualquier

Administración Pública sea contraria a la libertad de circulación y establecimiento de

las personas y la libre circulación de bienes. El plazo para interponer el recurso será

de 2 meses.

El procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos

políticos.

El procedimiento para la declaración judicial de extinción de un partido político se

regirá por lo dispuesto en el art. 78 LJCA, con estas especialidades:

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• En la demanda deberá fundamentarse en cual o cuales motivos se fundamenta

la petición de declaración judicial de extinción.

• Plazo de dos meses a contar desde el vencimiento del art.12 bis.2 LPP.

• Una vez declarada la extinción del partido se notificará al registro para cancelar

la inscripción.

4.LAS MEDIDAS CAUTELARES. RECURSOS Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.

A) MEDIDAS CAUTELARES:

Intentan resolver el problema que suponen los perjuicios irreparables que pueden

ocasionarse al ciudadano, dada la lentitud de la propia justicia junto a la ejecutividad

de las resoluciones administrativas.

La regulación de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo ha

sido una de las cuestiones más polémicas y discutidas por la doctrina de la vieja Ley

de Jurisdicción de 1956.

La LJCA regula las medidas cautelares en sus arts. 129 a 136, aplicables a todo tipo

de procedimientos contencioso-administrativos. El art.129 LJCA se ocupa del

contenido de las medidas cautelares y cuantas medidas aseguren la efectividad de la

sentencia. La medida cautelar más común será la suspensión de la vigencia, eficacia

o ejecutividad de la disposición o del acto impugnado.

El hecho de que una medida cautelar se solicite o existan razonables perspectivas de

que pudiera ocasionarse un irreparable perjuicio de no aprobarse, no quiere decir que

por ello el Juez tenga la obligación de adoptarla. Sólo pueden acordarse previa

valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto y que puedan denegarse

siempre que puedan producir perturbación grave de los intereses generales o de

terceros.

Existen dos criterios asentados: el principio de periculum in mora y el principio de

fumus boni iuris.

B) LOS RECURSOS CONTRA LAS SENTENCIAS.

-RECURSO DE APELACIÓN:

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El art.81.1 LJCA, las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y

de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo serán susceptibles de

recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en asuntos cuya cuantía no

exceda de 30000 euros.

Serán de apelación:

• Las que declaren la inadmisibilidad del recurso.

• Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos

fundamentales de la persona.

• Las que resuelven litigios entre administraciones Públicas y las que resuelven

impugnaciones indirectas de las disposiciones generales.

-RECURSO DE CASACIÓN:

Según establece el art.86 LJCA , las sentencias en única instancia por los Juzgados

de lo Contencioso-Administrativo y las dictadas en única instancia o apelación por la

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo

Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia serán

susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso -Administrativo del

Tribunal Supremo. Se exceptúan para la protección del derecho de reunión y en los

procesos contencioso-electorales.

El recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS se limitará

a las cuestiones de derecho, con exclusión de las cuestiones de hecho. Las

pretensiones del recurso deberán tener por objeto la anulación total o parcial de la

sentencia o auto impugnado y la devolución de los autos al Tribunal de instancia o la

resolución del litigio por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal

Supremo.

Podrá ser admitido a trámite cuando el TS estime que el recurso presenta interés

casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. El tribunal de casación podrá

apreciar que existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto

de admisión:

• Fije una interpretación de las normas de Derecho estatal o de la UE en las que

se fundamenta el fallo contradictorio.

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• Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa

para los intereses generales.

• Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una

norma con rango de ley.

• Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su

decisión una doctrina constitucional.

• Interprete y aplique el Derecho de la UE en contradicción aparente con la

jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que pueda ser

exigible la intervención de éste título prejudicial.

• Resuelva un proceso en que se impugnó una disposición general.

• Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre

Adm.Públicas.

• Dictada en el procedimiento especial de protección de derechos

fundamentales.

El recurso se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de 30 días. La sentencia

fijará la interpretación de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o

clara de las de la UE sobre las que se consideró necesario el pronunciamiento del TS.

Y resolverá las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la

sentencia o auto recurrido o confirmándolos.

-REVISIÓN DE SENTENCIAS:

El art.102 LJCA tendrá lugar la revisión cuando:

• Se recobren documentos decisivos no aportados por causa de fuerza mayor.

• Si hubiera recaído en virtud de documentos que ignoraba una de las partes

haber reconocido y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o

declararse después.

• Los testigos hubiesen sido declarados condenados por falso testimonio dado

en las declaraciones.

• Se dicte sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia, ect.

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-LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA:

El derecho a la ejecución de la sentencia no sólo está comprendido dentro del derecho

a la tutela judicial efectiva sino que art. 118 CE establece la obligación de cumplir las

resoluciones firmes de Jueces y Tribunales.

La actividad de ejecutar de la de hacer ejecutar las sentencias. La primera puede

corresponder a la propia Administración y tiene la obligación de llevarla a cabo. La

LJCA remarca la obligación de las partes de cumplir las sentencias en la forma y los

términos que consignen. No puede suspenderse el cumplimiento ni declararse la

inejecución total o parcial del fallo. Puede ocurrir que la Administración trate de

defraudar el cumplimiento con actos o disposiciones administrativas posteriores para

ello o evitar la consecuencia del fallo.

El art.110 LJCA establece que, en materia tributaria, de personal al servicio de la

Administración Pública y de unidad de mercado, los efectos de una sentencia firme

que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o

varias personas podrán extenderse a otras cuando concurran:

-Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos

por el fallo.

-Que el juez o tribunal sentenciador fuera competente.

-Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde

la última notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso.

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