AIZPURUA y FERNANDEZ Opinion publica hacia el castigo de los delicuentes, Apuntes de Criminología. Universidad Europea de Miguel de Cervantes (UEMC)
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AIZPURUA y FERNANDEZ Opinion publica hacia el castigo de los delicuentes, Apuntes de Criminología. Universidad Europea de Miguel de Cervantes (UEMC)

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Asignatura: practicas, Profesor: urjc urjc, Carrera: Criminología, Universidad: UEMC
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Eva Aizpurúa González y Esther Fernández Molina (Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha)

Resumen: El estudio de las actitudes punitivas se ha convertido en una de las principales líneas de investigación de la Criminología actual. En este trabajo se analizan las demandas punitivas según los tipos delictivos. Sus principales aportaciones son la utilización de casos concretos y el empleo de una muestra representativa de la población española (n=1000). Los resultados obtenidos muestran cierto descontento con las penas vigentes que genera tensiones entre las sanciones exigidas socialmente y las previstas legalmente. A pesar de ello, los datos evidencian que las demandas rigoristas no son universales, sino que varían considerablemente en función de los delitos.

Palabras clave: Opinión pública, actitudes punitivas, sentencias, tipo delictivo

Title: Public opinion towards the punishment of offenders: The importance of the offence committed.

Abstract: The study of punitive attitudes has become one of the main research lines in the field of Criminology today. The current study analyses punitive demands based on the type of crime. Its main contributions are the use of specific cases and a representative sample of the Spanish population (n=1,000). The results indicate a certain dissatisfaction with current sentences, with a divergence between the sanctions demanded by society and those legally provided for. In spite of this, the data demonstrates that calls for harsh punishments are not universal, but rather vary considerably depending upon the crime in question.

Key words:Public opinion, punitive attitudes, sentences, type of crime.

Recepción del original: 21 octubre 2015 Fecha de aceptación: 14 enero 2016

1. Introducción * Uno de los rasgos distintivos de la modernidad tardía es la importancia conce- dida a la opinión pública en el desarrollo de la política criminal. Mientras que en otro tiempo las decisiones en esta materia quedaron reservadas a grupos de expertos, la voz de los ciudadanos desempeña a día de hoy un rol innegable. Su análisis ha contribuido a explicar la evolución de los sistemas de justicia penal y las diferencias existentes en unos y otros países. La irrupción del público ha transformado la dinámica de elaboración de las políticas públicas, haciéndola más sensible a la presión populista, especialmente en relación con el sentimien- to de que los delincuentes no son castigados con el suficiente rigor (Garland, 2001). A pesar de las reformas que han ido endureciendo la respuesta penal en nombre de la ciudadanía, la insatisfacción se ha mantenido constante. Así lo demuestra la creencia, firmemente arraigada en la sociedad, sobre la laxitud de los tribunales. Se trata de un hallazgo común en diferentes países que ha permanecido estable a lo largo del tiempo (Hough y otros, 2013; Hough y Roberts, 1998; Tufts y Roberts, 2002; Varona, 2008, 2013).

Tradicionalmente se utilizó la valoración de los tribunales como indicador del sentimiento punitivo. Sin embargo, a medida que avanzaba la línea de investigación comenzó a cuestionarse este procedimiento por dos motivos fundamentales. El primero de ellos era que la evaluación de los tribunales em- pleando preguntas abstractas no permitía conocer en qué delito pensaban los encuestados cuando afirmaban que las condenas eran insuficientes (Varona, 2013; Viki y Bohner, 2009). La segunda gran crítica era que quienes reclamaban mayor severidad lo hacían basándose en su percepción acerca de las penas que aplican los jueces, y no en las realmente impuestas (Varona, 2013). En efecto, una de las evidencias más sólidas que arroja la literatura es que los ciudadanos desconocen cómo se aplican las leyes penales y tienden a subestimar la firmeza del sistema (Fernández y Tarancón, 2010; Hough y otros, 2013). Ahora bien, cuando a los participantes se les proporcionan casos concretos, las sanciones que escogen tienden a ser muy similares a las que aplica la judicatura, e incluso más benevolentes (Gelb, 2008; Hough y Roberts, 1998; Roberts y otros, 2009;

Opinión pública hacia el castigo de los delincuentes: La importancia del delito cometido

Artículo 1/2016, enero-febrero (n.º 161)

Directora: Deborah García Magna. Coordinadora: Araceli Aguilar Conde. Editado por la Sección de Málaga del IAIC Edificio Institutos de Investigación, Universidad de Málaga. Campus de Teatinos, 29071- Málaga www.boletincriminologico.uma.es Correo electrónico: [email protected] Tel: (+34) 95 213 23 25 Fax: (+34) 95 213 22 42 Dep. Legal: MA-857/1996 ISSN versión impresa: 1137-2427 ISSN versión electrónica: 2254-2043

Sumario: 1. Introducción 2. Metodología 2.1. Participantes 2.2. Instrumento 2.3. Procedimiento 2.4. Análisis de datos 3. Resultados 3.1. La valoración de los ciudadanos de las penas vigentes 3.2. El tipo de delito y su influencia en la valoración de las penas 4. Discusión y conclusiones Bibliografía.

Instituto andaluz interuniversitario de Criminología BOLETÍN CRIMINOLÓGICO

* Esta investigación se ha realizado en el marco del proyecto “Índices de Criminalidad en Castilla-La Mancha”, financiado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (POII-2014-009-P).

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Tufts y Roberts, 2002; Varona, 2008). Esto es cierto para los delitos de menor gravedad, en los que se encuentra un pronunciado apoyo hacia las medidas alternativas al internamiento. No obstante, este apoyo es condicional y al evaluar casos en los que se han cometido delitos es- pecialmente graves, la población reclama condenas más duras que las proporcionadas por el sistema (Miller y Applegate, 2014; Roberts y Hough, 2005).

Desde la publicación del clásico estudio de Sellin y Wolfgang en 1964, la investigación ha constatado que los hechos violentos son percibidos por la población como más graves y, por ende, merecedores de sanciones más contundentes (Stilianou, 2003). De este modo, la sociedad se muestra tolerante con las conductas menos graves, pero reclama medidas ejemplares cuando los hechos revisten especial gravedad (Miller y Applegate, 2014). Por tanto, no puede asumirse que la ciudadanía mantenga actitudes uniformes hacia el delito y su con- trol, ya que estas se caracterizan por su flexibilidad y am- bivalencia (Mascini y Houtman, 2006). Tales hallazgos han cuestionado la imagen de un público exclusivamente punitivo que ha dominado el debate social y político reciente. Sin embargo, el conocimiento acumulado es parcial, especialmente en España, y la relación entre las demandas sociales y las reformas legales continúa siendo incierta. El presente trabajo pretende contribuir a la comprensión de este ámbito de estudio, superando algunas de las limitaciones atribuidas a otras investiga- ciones. La primera de ellas tiene que ver con el diseño muestral y hace referencia tanto a la utilización de mues- tras pequeñas, como al empleo de procedimientos no probabilísticos que han restringido las posibilidades de generalizar sus resultados. Este estudio permite avanzar en este sentido, aplicando un método de muestreo estra- tificado y recogiendo información de 1.000 sujetos. La segunda limitación hace referencia a la formulación de preguntas generales que ha impedido evaluar el carácter ambivalente de la opinión pública. A diferencia de inves- tigaciones anteriores que han examinado la percepción global sobre las condenas, este trabajo analiza la actitud hacia una multiplicidad de delitos, permitiendo esclare- cer sus particularidades. Finalmente, la especificación de las penas previstas para cada tipo delictivo supone un avance en la medida en que reduce el riesgo de que los entrevistados fundamenten sus respuestas en una percepción distorsionada de la penalidad vigente. En suma, se pretende explorar el nivel de afinidad entre las sanciones que reclaman los ciudadanos y las que establece la legislación, dando respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Cómo valora la sociedad española las penas previstas para distintos comportamientos delicti- vos?, y ¿existe alguna relación entre la valoración de las sentencias previstas para unos y otros delitos?

2. Metodología 2.1. Participantes En el estudio han participado 1.000 sujetos residentes en España, con edades comprendidas entre los dieciocho y los ochenta y ocho años (M=46,33 DT=16,45). El 51,1% fueron mujeres y el 48,9% hombres.

La muestra se extrajo mediante muestreo es- tratificado por la intersección tamaño del hábitat- Comunidad Autónoma, aplicándose cuotas de sexo y edad a las unidades últimas (sujetos). El error de muestreo se situó en ±2,9% para un nivel de confianza del 95,5% y en el supuesto de máxima indeterminación (p=q=50).

2.2. Instrumento El cuestionario empleado fue el III Barómetro de la Actividad Judicial. En concreto, se utilizaron doce casos en los que se presentaban distintas conductas delictivas, indicando sus sanciones correspondientes y solicitando a los encuestados que valorasen su grado de acuerdo con ellas. Los delitos analizados comprendieron la violación, la exhibición de material pornográfico a menores, el espio- naje de documentos privados, la sustitución de un recién nacido por otro, el robo con fuerza o violencia, la copia y venta de discos y películas, la evasión de impuestos, la pro- vocación de incendios forestales, la conducción bajo los efectos de las drogas, la malversación de dinero público, la prevaricación y el homicidio con agravantes. Todas las preguntas fueron evaluadas a través de escalas graduadas con tres opciones de respuesta, donde 1 significaba que las penas eran “insuficientes”, 2 que eran “adecuadas” y 3 que eran “excesivas”.

2.3. Procedimiento La información se obtuvo entre el 16 y el 21 de mayo de 2012 mediante encuesta telefónica asistida por ordenador (Computer Assited Telephone Interviewing).

2.4. Análisis de datos El tratamiento estadístico se llevó a cabo con los pro- gramas IBM-SPSS-Statistics (versión 19.0) y Factor (versión 9.2). Tras realizar el análisis descriptivo de los datos se obtuvieron los coeficientes de correlación entre las variables. Teniendo en cuenta sus características –de tipo politómico, con formato de respuesta ordinal y dis- tribuciones alejadas de la normalidad– se calcularon las matrices de correlación policóricas. Posteriormente se aplicó un análisis factorial exploratorio de tipo R. El mé- todo de extracción fue mínimos cuadrados no ponderados (unweighted least squares, ULS) y el método de rotación promin. Los procedimientos para estimar el número de factores fueron el criterio de Kaiser-Guttman y las corre- laciones residuales.

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3. Resultados 3.1. La valoración de los ciudadanos de las penas vigentes En un primer momento se analizó en qué medida la po- blación española consideraba adecuadas las penas previstas para cada uno de los delitos. Tal y como indica la tabla 1, en siete de los doce casos las sentencias fueron calificadas como indulgentes por la mayoría de los participantes. Sin embargo, un estudio más pausado de los datos revela que la valoración de las sentencias no es uniforme, sino que varía considerablemente atendiendo al tipo delictivo.

Existe un conjunto de infracciones cuyas condenas se consideran insuficientes. Estas incluyen la violación, la ex- hibición de material pornográfico a menores, la sustitución de un recién nacido por otro, la provocación de incendios, la conducción bajo los efectos de las drogas, la malversación de dinero público y el homicidio con agravantes. En con- traste, los delitos de robo con fuerza o violencia, evasión de impuestos y prevaricación dividen al público entre quienes creen que las penas son insuficientes y quienes creen que son adecuadas. Finalmente, se observan dos conductas cu-

yas penas se consideran adecuadas. Estas son el espionaje de documentos privados, y la copia y venta de discos.

El mayor desajuste entre la opinión ciudadana y las sancio- nes previstas se produce en el supuesto de exhibición de ma- terial pornográfico a menores, donde la privación de libertad por un período de seis meses a un año le parece insuficiente al 87,6% de los españoles. En cambio, la menor discrepancia se produce en el delito de espionaje, donde el 67,7% de los participantes considera adecuada la pena de uno a cuatro años de prisión, e incluso a un 12,2% le parece excesiva.

3.2. El tipo de delito y su influencia en la valoración de las penas Con el objetivo de conocer en qué medida la reivindi- cación de contundencia en unos casos encuentra reflejo en otros, se aplicó un análisis factorial exploratorio. El test de esfericidad de Bartlett (X2Bartlett= 1267,6; gl=66; p=0,000), el índice de adecuación muestral de Kaiser- Meyer-Olkim (KMO=0,813) y el determinante de la matriz (Determinante=0,279) indicaron que los datos eran aptos para su estudio factorial.

Tabla 1. Porcentaje de respuesta en cada uno de los casos (n=1000)

Valoración de la pena

Delito cometido Pena prevista Insufic. Adecuada Excesiva

X1 Violación 6-12 años prisión 73,3 26,3 0,4

X2 Exhibición material pornográfico a menores 6-12 meses prisión 87,6 12,0 0,4

X3 Espionaje 1-4 años prisión 20,1 67,7 12,2

X4 Sustitución de recién nacidos 1-5 años prisión 81,1 18,3 0,6

X5 Robo con fuerza o violencia 1-5 años prisión 48,1 50,5 2,2

X6 Copia y venta de discos 6-24 meses prisión 13,8 60,7 25,5

X7 Fraude a la Hacienda Pública 1-5 años prisión 46,9 47,3 5,8

X8 Incendios forestales 1-5 años prisión 63,8 34,4 1,8

X9 Conducción bajo los efectos de las drogas 3-6 meses prisión 76,2 22,8 1,0

X10 Malversación 3-6 años prisión 68,4 31,0 0,6

X11 Prevaricación 1-4 años prisión + 10-20 años

inhabilitación 40,9 55,5 3,6

X12 Homicidio doloso 15-20 años prisión 60,1 38,8 1,1

Tabla 2. Matriz de correlaciones policóricas para el conjunto de variables

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X1 1

X2 ,410* 1

X3 ,213* ,273* 1

X4 ,428* ,411* ,241* 1

X5 ,313* ,288* ,335* ,368* 1

X6 ,151* ,237* ,369* ,123* ,277* 1

X7 ,127* ,264* ,249* ,182* ,155* ,233* 1

X8 ,409* ,342* ,227* ,225* ,345* ,209* ,340* 1

X9 ,266* ,380* ,326* ,263* ,297* ,258* ,193* ,340* 1

X10 ,315* ,396* ,198* ,341* ,224* ,104* ,332* ,409* ,222* 1

X11 ,238* ,202* ,219* ,226* ,267* ,152* ,185* ,231* ,206* ,367* 1

X12 ,519* ,273* ,219* ,338* ,367* ,134* ,109* ,293* ,289* ,286* ,260* 1

*p<0,01

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Como evidencia la tabla 2, los coeficientes de correla- ción fueron heterogéneos, sugiriendo relaciones robustas en unos supuestos y débiles en otros. La relación más fuerte se dio entre el par de variables X1 y X12 (0,519), revelando que quienes reclamaban castigos más severos para el delito de violación lo hacían también en el supuesto de homicidio con agravantes. En cambio, la vinculación más débil se dio entre las variables X6 y X10 (0,104), mostrando cómo la valoración de las penas asociadas a los delitos de malversación y copia y venta de discos era prácticamente independiente, pudiendo considerar insuficiente una de ellas pero no la otra.

Sobre la matriz anterior se aplicó el análisis factorial. El criterio de Kaiser-Guttman y los estadísticos residua- les (RMCR=0,032; GFI=0,99) aconsejaron la retención de tres factores que explicaron el 52,916% de la varianza común. El factor 1 agrupó a las variables X1 (violación), X2 (exhibición de material pornográfico a menores), X4 (sustitución de un recién nacido por otro), X5 (robo con fuerza o violencia) y X12 (homicidio con agravantes). Sus saturaciones fueron elevadas, oscilando entre 0,269 (para X2) y 0,808 (para X1). Puesto que integraba hechos de especial gravedad, cuya naturaleza era mayoritariamente violenta, y que atentaban contra las personas, fue denomi- nado “Delitos contra bienes jurídicos individuales”.

El factor 2 quedó conformado por los ítems X2 (pre- varicación), X7 (fraude), X8 (provocación de incendios forestales) y X10 (malversación). Dado que se trataba de delitos contra el orden socioeconómico, la seguridad co- lectiva y la Administración, este segundo factor recibió el nombre de “Delitos contra bienes jurídicos colectivos”. A diferencia del factor 1, sus víctimas no eran sujetos individuales sino grupos sociales y los daños ocasionados eran menos tangibles. Solamente la variable X5 (robo con fuerza o violencia) mostró una estructura compleja, relacionándose con ambos factores. Este hallazgo cobra

sentido en la medida en que es una figura delictiva violenta (lo cual explica su participación en el primer factor), pero al mismo tiempo atenta contra el patrimonio (justificando su relación con el segundo factor).

Finalmente, el factor 3 presentó tres cargas signifi- cativas (X3, espionaje; X6, copia y venta de discos y X9, conducción bajo los efectos del alcohol). En contraste con los anteriores, el mismo agrupó a conductas muy heterogéneas, cuya única característica común era no ser violentas ni atentar contra el patrimonio. Por ello fue denominado “Otros delitos”.

La correlación entre los factores fue positiva y elevada (F1-F2=0,557; F1-F3=0,648; F2-F3=0,527), indicando que la evaluación de las sentencias no era independiente para cada grupo de delitos. De este modo, exigir mayor con- tundencia para responder a los delitos que atentan contra bienes jurídicos individuales se asociaba con la exigencia de contundencia en el control de otro tipo de delitos.

4. Discusión y conclusiones En primer lugar, es destacable la insatisfacción de los ciudadanos con algunas de las penas que establece la legislación española. La mayoría de ellos considera que el sistema penal no actúa con la severidad que debiera, al menos cuando se trata de determinadas conductas delicti- vas. Muestra de ello es que en siete de los doce casos, entre los cuales se encuentran los delitos de mayor gravedad, la población manifestó su deseo de endurecer las condenas. Este hallazgo coincide con la literatura previa, revelando cómo los hechos más graves tienden a intensificar las de- mandas punitivas (Fernández y Tarancón, 2010; Miller y Applegate, 2014; Roberts y Hough, 2005). En efecto, se observa cómo la valoración de las penas, lejos de ser uniforme, varía en función de los comportamientos delic- tivos. Esta variabilidad se manifiesta doblemente. Por un

Tabla 3. Matriz de componentes rotados, comunalidades (h2), varianza explicada y valores propios

Ítems D. Individuales D. Colectivos Otros delitos h2

X1 Violación 0,808 0,890

X12 Homicidio con agravantes 0,721 0,430

X4 Sustitución de un recién nacido 0,485 0,472

X5 Robo con fuerza o violencia 0,390 0,338 0,683

X10 Malversación 0,815 0,672

X7 Fraude 0,534 0,345

X8 Incendios forestales 0,391 0,722

X11 Prevaricación 0,299 0,298

X2 Exhibición de material pornográfico 0,269 0,583

X6 Copia y venta de discos 0,648 0,413

X3 Espionaje 0,596 0,406

X9 Conducción bajo los efectos de las drogas 0,359 0,557

Valor propio 4,048 1,224 1,077

Varianza explicada (%) 33,737 10,203 8,977

Nota: Método de extracción: mínimos cuadrados no ponderados; rotación: promin. Las saturaciones superiores a 0,30 se imprimen en negrita.

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lado se proporciona una valoración única para cada caso, habiendo supuestos en los que la ciudadanía exige mayor severidad y otros en los que esto no ocurre. Por otro lado, los análisis sugieren que la opinión pública hacia las sentencias no es aleatoria, sino que tiende a agruparse se- gún los tipos delictivos. Los ciudadanos tienden a evaluar de forma similar las penas previstas para los delitos que lesionan los bienes jurídicos individuales, como también tienden a evaluar de manera similar las penas previstas para los delitos que atentan contra los intereses colectivos. Estos resultados son consistentes con la evidencia científi- ca, poniendo de relieve la importancia del delito cometido en la configuración de las actitudes hacia el castigo (Tajali y otros, 2013).

Sin embargo, tales hallazgos contrastan con un cuerpo de estudios que ha documentado cómo en casos concre- tos la sociedad impone sanciones más benevolentes que las establecidas en la normativa. Estos resultados obede- cen a dos motivos. El primero de ellos es que muchos de estos trabajos han presentado delitos comparativamente menos graves, como son el hurto (Hough y otros, 2009; Hough y otros, 2013), el robo sin violencia (Fernández y Tarancón, 2010), la falta de lesiones (Hough y otros, 2009; Tufts y Roberts, 2002; Varona, 2008) o el tráfi- co de drogas de escasa entidad por parte de un adicto (Varona, 2008). En tales supuestos la sociedad se mues- tra comprensiva, siendo los delitos más graves los que establecen una clara ruptura en la opinión pública hacia el castigo (Miller y Applegate, 2014). Dicho resultado encuentra reflejo en esta investigación, donde sólo dos hechos relativamente menores –como son la copia y ven- ta de discos y el espionaje de documentos privados–, suscitaron el consenso entre las condenas demandadas socialmente y las previstas legalmente.

A diferencia de los citados trabajos, que proporcio- naban información detallada sobre el suceso delictivo y el infractor, éste informaba únicamente del delito come- tido. Esta menor concreción puede haber intensificado las demandas rigoristas de los participantes. El motivo es que la omisión de variables relevantes lleva a los encues- tados a completar la información recurriendo a sus ideas preconcebidas acerca del delito y del delincuente. Como demuestra el conocimiento acumulado, estas percepcio- nes incluyen una visión magnificada de la delincuencia (Gelb, 2008; Hough y Roberts, 1998; Varona, 2008) que puede haber inducido a suponer las circunstancias más desfavorables al responder a los casos, dando como re- sultado posicionamientos más punitivos (Varona, 2015). Futuras aproximaciones podrán avanzar en esta dirección, ofreciendo descripciones más detalladas e introduciendo variables complementarias que permitan profundizar en la comprensión de las actitudes hacia el castigo. En este sentido será conveniente estudiar de forma simultánea los distintos factores explicativos, tanto aquellos vinculados al hecho delictivo como los que se refieren a los propios entrevistados.

Finalmente, cabe señalar la necesidad de ahondar en los significados que subyacen a estos hallazgos. Los mis- mos coinciden con la literatura en que las sentencias son percibidas como insuficientes, pero no permiten identifi- car los fines que considera la ciudadanía al emitir dichas valoraciones: ¿Opina que son insuficientes para prevenir la reincidencia? ¿Cree que son deficitarias en su tarea de reinsertar a los delincuentes? Investigaciones posteriores podrán esclarecer estos significados aplicando técnicas cualitativas que faciliten la interpretación de los datos cuantitativos y profundicen en aspectos relevantes de los mismos.

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Sobre las autoras: Eva Aizpurúa González es becaria FPU en el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sus principales líneas de investigación son la opinión pública hacia el delito y las técnicas de investigación social. Esther Fernández Molina es profesora del Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sus líneas de investigación principales son: justicia de menores y actitudes hacia el castigo juvenil.

Contacto con las autoras: [email protected] Cómo citar este artículo: AIZPURÚA GONZÁLEZ, Eva, y FERNÁNDEZ MOLINA, Esther, “Opinión pública hacia el castigo de los delincuentes: La importancia del delito cometido”, en Boletín Criminológico, artículo 1/2016, enero-febrero (nº 161). Disponible en http:// www.boletincriminologico.uma.es/boletines/161.pdf [Fecha de consulta:]

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