Apuntes de Derecho Penal, Apuntes de Teología. Universidad Pontificia de Salamanca - Madrid (UPSAM)
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Apuntes de Derecho Penal, Apuntes de Teología. Universidad Pontificia de Salamanca - Madrid (UPSAM)

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Asignatura: chupapollas, Profesor: Jaime Cornejo, Carrera: Teología Pastoral, Universidad: UPSA-M
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MATERIA:

DERECHO PENAL

TRABAJO:

DERECHO DE PENAL

MAESTRA:

JOSEFINA DE LA CRUZ IZQUIERDO

ALUMNA:

SÁMCHEZ MONTEJO ESTHER

MAYRA PATRICIA HERNANDEZ REYES

FRANCISCO OSORIO HERNANDEZ

GABINO PÉREZ GAYTAN

SEMESTRE:

4º.

VILLAHERMOSA, TABASCO A 05 DE OCTUBRE DEL 2012

INDICE DE CONTENIDO PARTE 1. PARTE GENERAL (NOCIONES BÁSICAS) Generalidades del derecho penal El derecho penal: concepto, objeto, fines, límites, fundamento, naturaleza y medios de que dispone Clasificación del derecho penal Carcaterísticas del derecho penal Estapas por la que ha evolucionado el derecho penal Las disciplinas que se relacionan cn el derecho penal Las ciencias penales La evolución del derecho penal en méxico Escuelas penales

Teoría de la ley penal

La ley penal Fuentes de la ley penal Principios fundamentales de la ley penal Importancia del principio “NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE” Los diversos tipos de interpretación de la ley penal Los ámbitos de validez de la ley penal

Teoria del delito El delito: concepto, sistemas y clasificación Los elementos positivos y negativos del delito La acción (conducta) Tipicidad (tipo) La antijuricidad La imputabilidad La culpabilidad La punibilidad Iter criminis La tentativa Unidad y pluralidad de delitos Autoría y participación criminal Delitos dolosos Delitos culposos Delitos de omisión Teoría del delincuente

Consecuencias jurídicas del delito Sistemas de reacciones penales Teoría de la pena características y fines de la pena (por su consecuencias, por su aplicación, por la finalidad que persigue, por el bien jurídico que afecta) la pena en el código penal federal y estatal la individualización de la pena las medidas de seguridad la reparación de daños las acciones que nacen de los delitos

Introducción

Dado que el hombre está dotado de una voluntad libre que le permite desarrollar sus facultades naturales, teniendo como única limitante, a esa libertad, su propia naturaleza ; pero, en sociedad, esta libertad está forzosamente limitada por el respeto a la libertad de otros hombres; de aquí deriva la necesidad de normas o reglas que garanticen a cada miembro del cuerpo social, con una medida igual, el ejercicio de su actividad y desarrollo.

La teoría y existencia de este principio constituye el DERECHO, en su acepción más extensa. Por tanto, el derecho como un conjunto de normas de observancia obligatoria para todos los miembros de la sociedad, que han sido establecidas por el Estado de acuerdo a procedimientos previamente establecidos, permiten la convivencia de todos los miembros de la sociedad entre sí, de las instituciones del Estado y la interrelación de éstas y la sociedad. Desde luego, la manifestación del Derecho, en su aspecto práctico y real, es por medio o a través de la ley. Ella y a los intereses de la sociedad, para una

correcta y legal convivencia entre los miembros de la sociedad y su relación con las instituciones del Estado, que la misma ley denomina delito.

La causa de la infracción o de la no observación de las disposiciones de la ley, el delito, en perjuicio de la sociedad y de la obligatoriedad de la misma ley por los hombres, obedece a muchos y muy diversos factores, los que se mencionan más adelante; sin embargo, por lo pronto, se adelanta que esos factores tienen origen en la propia naturaleza del hombre y la convivencia estrecha a la que, hoy en día, se ve sometido. Pues, el hombre siempre pretenderá tener un mayor número de satisfactores que otros, incluso más de los que necesita, por el sólo hecho de acumular riquezas y el poder, que en la sociedad actual, representan una posición admirada y envidiada por algunos de sus miembros, aún cuando no las puede conseguir de manera honesta y legal.

En este sentido, es que el delito es una consecuencia de la convivencia social, que infringe normas legales, en el afán de llegar a obtener la aprobación- social, desde el punto de vista económico, y la dirigencia de la misma, como patrón de admiración.

En este orden de ideas, es que se desarrolla el tema denominado "del derecho penal”, analizándose la definición de éste y la ubicación del delito dentro de él. Por su parte, al delito se le define, se estudian los tipos de delito cuya existencia acepta la ley, desde el punto de vista de su realización y su ubicación dentro de la legislación que los prevé, las circunstancias que inciden en su existencia.

1.1 EL DERECHO PENAL DEFINICIÓN

Múltiples son las definiciones que diversos autores han estructurado sobre el Derecho Penal. Partiendo de la idea de que el Derecho en general surge como expresión de la necesidad de ordenar y organizar la vida comunitaria, al Derecho Penal se le ha visto siempre como un conjunto de normas de superior jerarquía por tutelar intereses jurídicos del individuo, del Estado y de la sociedad.

el derecho penal es una rama del derecho público interno, cuyas disposiciones tienden a mantener el orden político-social de una comunidad, combatiendo por medio de penas y otras medidas adecuadas aquellas conductas que le dañan o ponen en peligro.

Derecho penal es el conjunto de normas jurídicas, de Derecho público interno, que definen los delitos y señalan las penas o medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden social.

Labatut Glena define al Derecho Penal como “conjunto de normas cuya misión es regular las conductas que se estimen capaces de producir un daño social o de originar

un peligro para la comunidad, bajo la amenaza de una sanción”, en tanto para Cousiño Mac Iver es “conjunto de leyes o de normas que describen los hechos punibles y determinan las penas”. Mezger lo define, tomando ideas de Von Liszt, como “conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, asociando al delito como presupuesto la pena como consecuencia jurídica”.

Para Fernando Castella es “ una rama del Derecho Público Interno que estudia delitos, penas y medidas de seguridad. Francisco Pavón Vasconcelos es “el conjunto de normas jurídicas de Derecho Publico Interno, que define los delitos y señala las penas y medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden social.

Entre los autores mexicanos Carranza y Trujillo, después de pasar revista a diversas definiciones, concluye por afirmar que las mismas ofrecen tres vértices de coincidencia: delito, pena y relación jurídica entre ambos, considerando objetivamente que el Derecho Penal es el “conjunto de leyes mediante las cuales el Estado define los delitos, determina las penas imponibles a los delincuentes y regula la aplicación concreta de las mismas a los casos de incriminación”. Para PortePetit Candaudap el Derecho Penal es “ conjunto de normas jurídicas que prohiben determinadas conductas a hechos u ordena ciertas conductas, bajo la amenaza de una sanción”. En fin, Ignacio Villalobos declara que el Derecho Penal “ es originaria y legítimamente, una rama del Derecho Público Iinterno cuyas disposiciones se encaminan a mantener el orden social, reprimiendo los delitos por medio de las penas.

OBJETO DEL DERECHO PENAL Conjunto de normas que previene delitos y señalan penas a quienes las infrigen.

FINES DEL DERECHO PENAL Encausar la conducta humana para ser posible la vida gregaria; manifestandose como un conjunto de normas que rigen la conducta externa de los hombres en sociedad, las cuales pueden imponerse a sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza que dispone el Estado.

Algunos autores, siguiendo ciertas ideas kelsenianas, afirman que el contenido del Derecho es sociológico o político y que sociológico o político, más no jurídico, es el fin que persigue; idea que ha traído negativas consecuencias prácticas (como principal ejemplo están las leyes penales de Nuremberg) al no reconocer que el Derecho — obviamente el Penal en primer lugar—, al regular conductas, no puede carecer de un fin por sí, de lo contrario se llegaría a la conclusión de que un delito no es la lesión de un bien jurídicamente protegido, sino simplemente la violación de un deber. Así la finalidad del Derecho Penal en general, es la protección de los intereses de la persona humana, los que constituirán los bienes jurídicos; más no todos los intereses, sólo aquéllos de superior jerarquía, a los que otorga esa protección mediante la amenaza y la ejecución de la pena.

FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL

Son las teorías absolutas, relativas, mixtas y los preceptos constitucionales en seguridad jurídica en materia penal.

NATURALEZA DEL DERRECHO PENAL Es jurídica porque va a regular el comportamiento del hombre en sociedad, por medio del Estado como institución pública esta facultado para crear y aplicar las normas penales.

MEDIOS DE QUE DISPONE EL DERECHO PENAL Para ejercer su facultad de imponer penas a los que infrigen la ley son los centros penitenciarios pero tambien la privación de la libertad, el arresto, reparación del daño y la multa.

1.2 CLASIFICACIÓN DEL DERECHO PENAL Se desprende que el Derecho Penal, en sentido subjetivo, es el atributo de la soberanía por el cual a todo Estado corresponde reprimir los delitos por medio de las penas; en tanto el objetivo se forma por el conjunto de normas y de disposiciones que reglamentan el ejercicio de ese atributo: el Estado, como organización política de la sociedad, tiene como fines primordiales la creación y mantenimiento del orden jurídico; por tanto, su esencia misma supone el uso de los medios adecuados para tal fin.

DERECHO PENAL OBJETIVO (ius poenale)

DERECHO PENAL SUBJETIVO (ius puniendi)

Se refiere a las normas jurídico penales en sí.

Se refiere a la facultad de aplicar una sanción a aquéllos que actualizan las hipótesis que prevé el ius poenale.

A continuación se presentan diversas definiciones del Derecho Penal en sentido objetivo:

DEFINICIÓN Conjunto de principios relativos al castigo del delito.

Pessina Conjunto de reglas establecidas por el Estado, que asocian el crimen como hecho a la pena como su legítima consecuencia.

Lizst Conjunto de normas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, conectando al delito, como presupuesto, a la pena como su consecuencia jurídica.

Mezger Conjunto de aquellas condiciones libres para que el derecho que ha sido perturbado por una voluntad opuesta a él, sea restablecido y restaurado en todas las esferas y puntos a donde la violación llegó.

Silvela Sector del ordenamiento jurídico que, en garantía de las condiciones de existencia y desarrollo de la comunidad, atribuye efectos jurídicos propios (penas y medidas de seguridad) a determinadas conductas humanas (delitos).

Landrove Díaz

Derecho criminal es la ciencia que estudia el sistema de normas jurídicas reguladoras del poder (ius puniendi nacional e Internacional) que determinan las penas debidas a las acciones delictivas, las medidas de corrección y seguridad aplicables a los delincuentes y algunas indemnizaciones correspondientes a las víctimas; pretende el restablecimiento —desarrollo— del orden jurídico, la defensa de la sociedad y la repersonalización de los autores de aquellas acciones; en una palabra, la realización de algunos derechos humanos más violados.

Beristáin El Derecho Penal objetivamente considerado es el conjunto de leyes mediante las cuales el Estado define los delitos, determina las penas imponibles a los delincuentes y regula la aplicación concreta de las mismas a los casos de incriminación.

Carrancá y Trujillo

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL Cabe afirmar que la ciencia penal, el derecho penal, tiene las características siguientes: a) cultural (normativo), b) público, c) sancionador, d) valorativo, e)finalista y f) personalísimo.

Es cultural en tanto que, en la actualidad, los juristas suelen aceptar la clasificación de las ciencias en dos grandes bloques: culturales y naturales. Por un lado están las ciencias del ser (que incluyen las naturales) y por otro lado las del deber ser (llamadas culturales), y entre éstas se encuentran el derecho.

Es público en cuanto regula las relaciones entre el individuo y la sociedad, porque sólo el Estado es capaz de crear normas que definen delitos y que imponga sanciones en orden a la consagración del axioma liberal: nullum crimen, nulla poenas sine lege.

Es sancionador, garantizador diría el maestro Jiménez de Asúa, porque el derecho penal no crea la norma, sino que la hace positiva a través de la ley, pero es el soporte insustituible para el ordenamiento jurídico general y está ligado, más que ninguna otra rama del derecho, a la efectiva eficacia de este ordenamiento. Ello no resta importancia alguna a la disciplina objeto de estudio, sino que sólo la sitúa en su verdadero parámetro; sólo supone la existencia de un principio positivo, lógicamente anterior a la ley penal.

Es valorativo porque la filosofía de los valores ha penetrado profundamente en el dercho. El mundo de las normas debe asentarse en la realidad, pero el momento estrictamente jurídico se caracteriza no por esa mera comprobación o verificación de los hechos y de sus regularidades, sino por la vinculación de esa realidad a un fin colectivo, en virtud de cual los hechos son estimados valiosos o no valiososy , consecuentemente, procurados o evitados. Por ende, la ley regula la conducta de los hombres y establece la conducta que deberán observar en relación con esas realidades, en función de un fin colectivamente perseguido y de una valoración de esos hechos. El contenido de esas normas reguladoras de conducta, no comprobadoras de hechos, es una exigencia, un deber ser, mas no una realidad,, un ser. El derechos penal, en general, funciona como sistema tutelar de los valores más altos, es decir, sólo interviene ante las transgresiones vulneradoras de los valoresfundamentales de la sociedad.

Es finalista puesto que si se ocupa de conductas, lógicamente debe tener un fin. Pavón Vasconcelos distingue el fin el derecho penal en mediato e inmediato; el mediato tiene

su objetivo en la correcta convivencia social, en tanto que el inmediato consiste en la represión del delito.

Por último, es personalísimo si se tiene en cuenta que la pena se aplica únicamente al delincuente. Así, conforme a este carácter, la muerte del delincuente extingue la responsabilidad penal, aunque pueda subsistir la acción civil para la reparación del daño.

1.4 ETAPAS POR LAS QUE HA EVOLUCIONADO EL DERECHO PENAL

VENGANZA PRIVADA El progreso de la función represiva, cuestión que se ha pretendido identificar con la evolución de las ideas penales, presenta diversos matices según el pueblo a estudiado. Ni en todas las sociedades ha sido igual, ni tampoco ha sucedido, con normal tránsito, en las diversas épocas.

En los tiempos más remotos la pena surgió como una venganza del grupo, reflejando el instituto de conservación del mismo – la expulsión del delincuente se consideró el castigo más grave que podía imponerse, por colocar al infractor en situación de absoluto abandono y convertirlo en propicia víctima, por su desamparo, de agresiones provenientes de miembros de su propio grupo o de elementos extraños a éste. La expulsión , que en un principio se practicó para evitar la venganza del grupo a que pertenecía el ofendido, evitando así la guerra entre las tribus, se extendió para sancionar hechos violentos y de sangre cometidos por un miembro del conglomerado contra otro perteneciente al mismo.

Para Pessina, la primera reacción que se despierta en la conciencia de las primitivas colectividades, al constatar la atrocidad de los grandes crímenes, es la de descompuesta ira desencadenadora del furor popular contra el delincuente, irritación que revela en forma sumaria un fondo de verdad de la justicia penal, pero que reviste caracteres de pasión, constituyendo una venganza colectiva. “Quien rompe la paz, pierde la guerra. El individuo que lesiona, hiere o mata a otro, no tiene derecho a la protección común, pierde la paz y contra él tiene los ofendidos derecho a la guerra, derecho que a su vez lleva a constituir un deber ineludiblle como venganza de familia.

Ignacio Villalobos subraya que el período de la venganza privada no corresponde propiamente a un estadio de evolución del Derecho Penal, tratándose de un antecedente en cuya realidad hundden sus raíces las instituciones juríidicas que vinieron a substituirla, pensamiento que aclara Castellanos Tena al observar que no toda venganza puede considerarse antecedente de la represión penal, sino sólo la actividad vengadora apoyada por la colecctividad misma, proporcionándole la ayuda material o el respaldo moral necesario.

El talión representa, sin lugar a duda, un considerable adelanto en los pueblos antiguos al limitar los excesos de la venganza, ya personal o del grupo, señalando objetivamente la medida de la reacción punitiva en función al daño causado por el delito.

LA VENGANZA DIVINA

Este período, en el progreso de la función represiva, constituye una etapa evolucionada en la civilización de los pueblos. Los conceptos Derecho y religión se funden en uno solo y así el delito, más que ofensa a la persona o al grupo, lo es a la divinidad.

Dentro de este perído situamos al pentateuco, conjunto de cinco libros que integran la primera parte del Antiguo Testamento y en los que se contienen las normas del Derecho del pueblo de Israel, de evidente raigambre religiosa. El derecho de castigar (ius puniendi) proviene de la divinidad y el delito constituye una ofensa a está. La pena, en consecuencia, está encaminada a borrar el ultraje a la divinidad, a aplacar su ira, identificándose, para el delincuente, con el medio de expiar su culpa. En el Pentateuco encuéntrase excepcionalmente, en algunos casos, la venganza privada.

El sistema de represión seguido en la épocas primitivas nos muestra que la pena fue considerada, primero como un castigo y después como una expiación. Este último cooncepto fue sustituido más tarde por el de retribución, pues el hecho de haber perdurado durante siglos el principio talional nos prueba que la medida de la pena no era sino el resultado de una apreciación, con raras excepciones, meramente objetiva del daño resultante del delito. En la mayoría de los casos bastaba la simple comprobación de la relación natural entre la conducta del sujeto y el daño material causado para aplicar la pena. Lo anterior pone de relieve que fueron pocas las legislaciones que pudieron escapar, mediante reglas de excepción, al influjo de tan genérica concepción y, por ello, se puede señalar como características de tan lejanas épocas, la aplicación de la pena con riguroso criterio objetivo.

LA VENGANZA PÚBLICA

Es un acto de venganza, pero ejercido por un representante del poder público. En este caso simplemente se traslada la ejecución justiciera a alguien que representa los intereses de la comunidad, en su manifestación más primitiva.

El interés primordial por castigar con severidad a quien causa un daño caracteriza a esta fase. La semejanza o igualdad en el castigo haven ver claramente que se trata de una verdadera venganza. En el código de Hammurabi, la ley de las doce tablas y el pentateuco mosaico se encuentran disposiciones relativas a esta fase; de modo evidente, la biblia plasma la ley del talión.

VENGANZA FAMILIAR

En este periodo, un familiar del afectado realiza el acto de justicia y causa un daño al ofensor.

ETAPA HUMANITARIA

Como respuesta a la fase anterior surge una reacción humanista en materia penal, de manera que se pretende dar un giro absoluto y radical a la dureza del castigo.

Grandes pensadores, filósofos y humanistas, con su obras e ideas, han influido en el derecho penal y ciencias a fines.

Según Novoa. Iba a ser el movimiento ideológico del siglo XVIII, promovido por “el despertar intelectual y libertario”, el que habría de señalar las pautas, haciendo accesible el camino, hacia una total reforma penal. Dentro de este movimiento

destacan, fundamentalmente, las obras de Montesquiu (el esítitu de las leyes), Voltaire (sobre la tolerancia) y Rousse (el contrato social), en las cuales se denuncian las excesiva crueldad de las penas y lo irregular de los procesos, señalándose, como fundamento de la pena, el contrato social.

César Beccaria, con el pequeño libro De los delitos y de las penas, logró convulsionar a la sociedad de su época, estableciendo una serie de principios o derechos mínimos del delincuente. Suu voz, como elogiosamente expresa Enrique Ferri, suscitó un “estremecimiento de entusiasmo”. En toda Europa, tanto entre los pensadores y juristas como entre los reyes legisladores, inspirando un movimiento de reforma legislativa.

La influencia del libro de Beccaria se trajo en notables reformas en la legislación penal, entre ellas la abolición, en muchos casos, de la pena capital y de la tortura; consagró la proporcionalidad de la pena a la gravedad de los delitos; limitó los poderes del juez y, en lo posible, hizo más expedita la justicia. Beccaria concluye su libro con estas palabras que resumen su contenido esencial: “De cuanto hemos visto hasta ahora se puede deducir un teorema utilísimo, aunque poco conforme con el uso, que es el más común legislador de las naciones: para que toda pena no constituya un acto violento de un individuo, o de muchos, contra un ciudadano particular, dicha pena debe ser esencialmente pública, inmediata, necesaria, la mínima de las posibles, proporcionada al delito y prescrita por las leyes.

ETAPA CIENTÍFICA En ella se mantienen los principios de la fase humanitaria, pero se profuundiza científicamente respecto del delincuente. Se piensa que el castico no basta, por humanizado que sea, sino que además se requiere llevar a cabo un estudio de personalidad del sujeto y analizar a la víctima; es indespensable conocer el porqué del crimen, saber cuál es el tratamiento adecuado para readaptar al sujeto y, sobre todo, prevenir la posible comisión de delitos. En esta etapa se estima que el delito y el sujeto son producto de las fallas sociales, son influencia de índole diversas (interna y externa).

1.5 LAS DISCIPLINAS QUE SE RELACIONAN CON EL DERECHO PENAL

En primer lugar debe quedar claro que el Derecho guarda una unidad, es sólo uno; sin embargo se pueden distinguir sectores del mismo sistema jurídico, que se caracterizan de manera tan acentuada que es posible distinguir distintas ramas especiales, nacidas de la complejidad de la vida humana, de aquí que pueda hablarse del Derecho Penal como rama del Derecho Público — pues sólo el Estado puede establecer las leyes que determinen los delitos y el gobernado se hallará en una situación de subordinación frente a aquél— interno de un país, y que guarda relaciones con otras ramas de la enciclopedia jurídica:

DERECHO CONSTITUCIONAL

En primer lugar, al ser el Estado el único sujeto actualmente facultado para determinar y sancionar los delitos, guarda estrecha relación el Derecho Penal con éste, por estar justamente establecida en la Constitución la forma en que se organiza el Estado y las facultades de determinados órganos en la determinación de las acciones consideradas delitos y la forma de sancionar a los que cometieron dichas acciones. Igualmente al ser la Constitución la base de todo sistema jurídico actual, en ella se encuentran preceptos penales fundamentales. Entre nosotros, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene, como ejemplo, el

importantísimo principio típico (nullum crimen sine lege) en su artículo 14. Por último, también guarda relación en virtud de que, al organizar el Derecho Constitucional al Estado, según las necesidades que en un momento dado reconoce la colectividad, y al dar el Derecho Penal satisfacción a esas necesidades protegiéndolas mediante la amenaza de la pena, ciertos tipos de delitos pueden surgir o derogarse de acuerdo al cambio en la tutela de determinados intereses, puede citarse en este sentido la derogación de los tipos que tutelaban penalmente la religión de Estado , al establecerse el laicismo constitucional.

DERECHO INTERNACIONAL

El delito ha cobrado una importante vida internacional, hoy en día es incuestionable la estrecha relación que guardan los Estados, producto de la inmediatez de los medios de comunicación y de los intereses económicos que enlazan a todos los pueblos de la tierra; por lo que incluso se habla ya de la existencia de un Derecho Penal internacional, que tiene el mayor de sus frutos con la no poco discutida creación de la Corte Penal Internacional, producto de la voluntad de varios Estados que se obligan incluso a modificar sus legislaciones internas para ajustarse a los convenios pactados.

DERECHO CIVIL

Cuando el desconocimiento de las obligaciones civiles importa una perturbación del orden público, entra en función el Derecho Penal, pues el daño ya no es sólo sufrido por el particular, el daño causado es resentido por el interés general, por ejemplo, cuando se incumplen gravemente las obligaciones alimentarias con e cónyuge o con los hijos. Pero no sólo de esta forma se relacionan el Derecho Penal y el Civil o el Mercantil, pues los delitos patrimoniales, por ejemplo, no podrían comprenderse sin acercarse a instituciones propias de estas ramas del Derecho, como la quiebra fraudulenta por ejemplo.

DERECHO ADMINISTRATIVO

Garantizando a través de la sanción penal la permanencia de bienes superiores del Estado y la administración. La más evidente relación se encuentra en aquellos casos en que la administración pública, a través de decretos leyes, vincula consecuencias de índole punitiva a determinadas conductas reputadas ilícitas.

POLÍTICA CRIMINOLÓGICA

Se conoce a la disciplina conforme a la cual el Estado debe realizar la prevención y la represión del delito. En realidad, su próposito es el aprovechamiento práctico, por parte del legislador, de los conocimientos adquiridos por las ciencias penales, para poder satisfacer propios del ordenamiento jurídico.

SOCIOLOGÍA

Disciplina que se ocuppa del delito como fenómeno social y estudia las causas sociales de la criminalidad. Tambien investiga y trata de determinar las causas sociales.

En México, Porte Petit le otorga categoría científica y afirma que estudia los factores de índole social productores de la criminalidad.

ANTROPOLOGÍA

Estudia los caracteres físico – psíquicos del hombre delincuente, sin perder de vista la influencia del ambiente. En esa virtud, en ella se distinguen tres partes: el estudio de los caracteres orgánicos (Morfología); de los factores químicos-humorales (Endocriminología)y de los psíquicos (Psicología), a los que viene a sumarse la influencia externa (ambiente).

BIOLOGÍA

Se ocupa de la vida de los criminales, estudiando preferentemente el fenómeno de la herencia con la transmisión de enfermedades, tendencias y predisposiciones.

PSICOLOGÍA

Se encarga de estudiar la psíque del hombre delincuente determinando los desarrollos o procesos de índole psicológico verificados en su mente.

MEDICINA FORENCE

Se ocupa de la aplicación de los conocimientos de la medicina a los casos penales. Su importancia es indudable, pues sólo merced a ella es posible determinar con absoluta precisión, de modo científico, las causas de la muerte en algunos delitos como el homicidio, el infanticidio, etc., proporcionando valiosos elementos para la comprobación de los elementos del delito en innúmeras iinfracciones penales y aún para aclarecer la responsabilidad penal.

CRIMINALÍSTICA

Es el conjunto de conocimientos especiales que sirven de instrumento eficaz para la investigación dell delito y del delincuente.

Moreno González define a la criminalística como “ la discipplina que aplica fundamenttalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sencible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de lo órganos encargados de administrar justicia, su existencia, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo”.

1.6 LAS CIENCIAS PENALES El conjunto de ciencias penales es de una extraordinaria amplitud, ya que por la propia índole de la normativa represiva esta parcela se encuentra muy cercana al avance y desarrollo de la ciencias llamadas natulares y, así, se habla de biología criminal, de medicina forense, de criminalística, etcétera.

En estas condiciones, creemos que solamente la criminología puede decirse que, al participar de algún modo de la caracterización normativa del derecho penal, se encuentra en una relación de emparejamiento con el mismo, que como veremos más adelante le hace coincidir en un objeto común.

Por su parte, la ciencia del derecho penal, a la que algunos autores dan la denominación de dogmática jurídico-penal, constituye un conjunto de conocimientos lógicamente estructurados y que pretenden establecer la esencialidad de la naturaleza del contenido del derecho penal. Tal contenido está integrado por las normas jurídicas que establecen los delitos, señalan las ppenas y medidas de seguridad y su forma de aplicación.

Nos encontramos ante una verdadera ciencia, claro está perteneciente al mundo del deber ser o sea a las ciencias culturales, que tratan de desentrañar, en sus raíces más profundas, la verdadera significación del contenido normativo del derecho penal y también de esclarecer la finalidad de la ratio legis.

Su objeto es, pues, muy claro el contenido del conjunto de normas integrantes del derecho penal. Pero si bien la elaboración dogmática es una actividad extensible a todas las ramas del árbol jurídico, “en el derecho penal tiene absoluta vigencia”, situación que no es de extrañar dados los rasgos distintivos de la disciplina penalista.

También tiene su método, que detecta una larga tradición derivada del sistema jurídico continental europeo, que proporciona la mayoría de los elementos para el análisis dogmático y que tiene unos ancestros de estirpe acrisolada: el derecho romano, la exégesis francesa y la

jurisprudencia de conceptos alemana. No es extraño, por consiguiente, que la actividad metodológica de los juspenalistas del sistema anglosajón sea sustancialmente diferente, ya que los principios sustentadores del mismo y de sus funciones operativas son totalmente diversas de las que caracterizan a la dogmática jurídica-panal dimanante del sistema europeo continental.

En el clasicismo penal, para Grispigni, el método adopta tres formas:

♦ Es inventivo, porque gracias a él se descubren nuevos hechos, nuevas relaciones entre las cosas.

♦ Es ordenador o constructivo, cuando los supuestos fácticos descubiertos son científicamente sistematizados.

♦ Es explicativo, ya que, a través de él, se nos pone de manifiesto una ciencia lógicamente coordinada.

Finalmente, antes, durante y más claramente después de la aparición de la teoría de la acción finalista, se ha agudizado la orientación hacia un método finalístico de análisis que como señala Jiménes de Asúa: averigua la función para la cual fue creada la ley; explora la integración teleológica de los conceptos; esclarece el bien jurídico; desentraña el tipo legal; aprovecha el método sistemático, etc., logrando con ello una correcta interpretación de la ley, descifrando su voluntad.

1.7 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PENAL EN MÉXICO

El derecho penal precortesiano

Antes de la conquista española, el territoorio que posteriormente integro la Nueva España estuvo habitado por numerosos grupos indígenas, algunos de los cuales llegaron a tener un alto grado de civilización. Estos fueron, entre otros, los reino de Acolhuacan, Texcoco, México, Tacuba y Maya.

Aunque no es posible hablar de un derecho penal precortesiano, como conjunto de normas codificadas y de obligatoriedad general para los diversos pueblos indígenas, no podemos desconocer que los pequeños pueblos indígenas, tributarios de los grandes reinos asentados en esas tierras, al asimilar la cultura y las custumbres de éstos, adoptaran para sí aquellas normas, fundamentalmente de carácter consuetudinario, con los ajustes adecuados a sus particulares modos de vida, que pretendían tutelar determinados bienes jurídicos, cuya permanencia era fundamental para su sobrevivencia.

Carranza y Trujillo escribió, que lo más destacado por los historiadores, fue la desigualdad que previó en esos pueblos al establecerse y respetarse jerarquías sociales, aristocracias, guerrera y sacerdotal, ya que el poder militar y religioso han ido siempre de la manoen el dominio de los pueblos, flotando sobre las desigualdadeseconómicas; en una palabra, los pueblos indígenas sólo conocieron oligarquías dominantes y consecuentemente una justicia penal diferenciada, según las clases, con penas diversas según la condición social de los infractores.

Lucio Mendieta y Nuñez, apoyándose como fuente informativa en las diversas obras de J. Kohler, de Clavijero, señaló como hechos delictivos en los reinos de Acolhuacan, de México y de Tacuba, conforme a las definiciones actuales, a los siguientes:

Aborto: pena de muerte para las mujeres que ingería brebajes abortivos, e igual pena a quienes los proporcionaran;

Abuso de confianza: pena de esclavitud para el autor del abuso.

Adulterio flagrante: pena de muerte para ambos adúlterios, exepto el adulterios realizado por el hombre casado con mujer soltera, que era excluído de pena;

Alcahuetería: considerada como una actividad “ruin”, se castigaba quemando la cabellera del culpable con una tea encendida;

Asalto: pena de muerte para los saltadores de caminos;

Calumnia grave cometida en público: pena de muerte;

Daño en la propiedad ajena originando la muerte de un esclavo, se castigaba con pena de esclavitud para el culpable, en compensación al dueño de la víctima;

Embriaguez: se sancionaba “trasquilando” al culpable en la plaza pública, destruyéndole su casa y privándolo de un oficio honroso. Como excepción, se permitía beber abundantemente sólo en bodas y fiestas solemnes;

Encubrimiento: por venta de mercancía robada: pena de muerte;

Falsificación de medidas: pena de muerte;

Incesto: pena de muerte cuando se cometía entre parientes dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, salvo cuñados y cuñadas;

Estrupo: pena de muerte;

Falso testimonio: idéntica pena a la atrubuida al delito denunciado;

Peculado: pena de muerte y confiscación de bienes;

Malversación de fondos: esclavitud;

Pederastía: pena de muerte para el agente y el paciente, extendiéndose la pena para el hombre que vestía ropas femeninas y para mujer que se ataviaba con ropas de hombre;

Remoción de mojoneras: pena de muerte;

Sedición: pena de muerte;

Traición: pena de muerte

La pena de muerte se ejecutaba por ahorcamiento, lapidación, decapitación y descuartizamiento; asimismo se imponía la pena consistente a la pérdida de la libertad.

Colonial

A la llegada de los españoles, las costumbres y manifestaciones de la cultura indígena fueron abolidas y se impusieron las del pueblo conquistador. Las leyes de Indias constituían el principal cuerpo legal de la Colonia que se aplicó en la Nueva España. Otras legislaciones, como las Ordenanzas Reales de Castilla, la Legislación de Castilla, las Ordenanzas Reales de Bilbao, así como el Fuero Real, las Partidas y la Novísima Recopilación estuvieron vigentes en la época colonial.

Mención especial merece el Tribunal del Santo Oficio instaurado por la Santa Inquisición. Indica Marco Antonio Pérez de los Reyes que este tribunal de la fe surgió en el siglo XII en Italia, se extendió por toda Europa yy su función principal era la de combatir a los herejes. El autor citado hace un recuento de las conductas perseguidas por la Inquisición , entre las que se encuentran las siguientes: herejías protestantes, apostasía, blafesmia, sacrilegio, judaísmo, hechicería, magia blanca y negra, satanismo, aquelarre, espiritismo, ateísmo, sectas místicas; bigamia, matrimonio de religiosos, simple fornicación, supersticiones, pacto con el demonio, astrología. Algunas de las penas que aplicaba el referido Tribunal eran relajación, galeras, cárcel temporal o de por vida, destierro, confiscación, multa, azotes, vergüenza pública, abjuración, infamia, represión y penitencias espirituales.

ÉPOCA INDEPENDIENTE

Al iniciarse la Independencia surgió la necesidad de contar con una legislación nueva, propia del pueblo mexicano. Así, empezaron a promulgarse leyes mexicanas pero con influencia de la legislación colonial, a veces a un aplicables a falta de leyes nuevas.

La constitucióon de 1824 adoptó el sistema federal. Por cuanto hace a la materia penal, lo más sobresaliente fue la expedición de los códigos penales que son, en orden cronológico, los siguientes:

a. Código penal para el estado de veracruz, puesto en vigor en 1869 b. Código penal de 1871, conocido como código de Martínez de Castro, vigente

hasta 1929 y con influencia de la escuela clásica. c. Código penal de 1929, conocido como código de Almaraz, vigente hasta 1931 y

con influencia de la escuela positiva. d. Código penal de 1931, vigente y aplicable en el Distrito Federal en materia

común, así como en toda la República en materia federal. A la fecha, el Códifo Penal Federal recibe la crítica de ser antiguo y caduco; sin embargo, su adecuación al momento actual se ha logrado mediante innumerables reformas. Mucho se discute acerca de la necesidad de contar con un código nuevo, que se adapte a los actuales requerimientos de la sociedad mexicana.

Por otra parte, también hay quienes señalan la necesidad de contar con un Código Penal para toda la República, en vez de que cada entidad federativa tenga el suyo, como ocurre en la actualidad.

1.8 ESCUELAS PENALES ESCUELAS JURÍDICAS-PENALES

Se ofrece un panorama referente a la concepción que diversas corrientes tuvieron respecto de los problemas fundamentales que plantea el derecho penal, cuyo conocimiento es vital para entender las actuales figuras e instituciones jurídico – penales.

ESCUELA CLÁSICA. Es una corriente que apareció a raíz de las nuevas ideas surgidas como reacción vigorosa a la anterior y ancestral forma de ver el derecho penal.

Los pensadores cuyas obras dieron origen a esta escuela son varios, entre los cuales se considera a Francisco Carrara como el máximo representante; otros fueron Romagnossi, Hegel, Rossi y Carmignani.

Lo sobresaliente de cada escuela son las conclusiones concretas o postulados a que llegaron sus seguidores, pues en ellos se resume su postura y filosofía; dichos postulados son las siguientes:

Libre albedrío. Establece que todos los hombres nacen con igualdad para actuar conforme a derecho, de manera que quien lo contraría lo hace a su libre elección; además se niega el determinismo, el fatalismo o la predisposición hacia el delito.

Igualdad de derechos. Derivado del anterior, se colige que el hombre nace igual en cuanto a sus derechos; por ello, la ley debe aplicarse de la misma manera a todos los hombres, por provenir de esa circunstancia de igualdad.

Responsabilidad moral. Como el hombre nace con libre albedrío y puede escoger libremente entre el bien y el mal, la responsabilidad es de tipo moral.

El delito como eje y como entidad jurídica. El punto de partida de los problemas penales lo constituye el delito, que es una entidad meramente jurídica; así, importa más lo objetivo que lo

subjetivo. La manifestación externa constitutiva del delito es lo que interesa, independientemente de circunstancias internas, y con base en el delito debe castigarse al delincuente.

Método del empleado. Como se sabe, el objeto determina el método en la investigación , de manera que esta escuela sigue el deductivo.

Pena proporcional al delito. La pena debe ser un castigo directamente proporcional al delito cometido y estar previamente señalada en la ley.

Clasificación de los delitos. Esta escuela elabora diversas clasificacionesde delitos.

ESCUELA POSITIVA. Surge como reacción a la escuela clásica y se fundamenta en bases científicas que corresponden a las ciencias naturales. Sus seguidores son varios, pero se reconocen como los principales a Enrico Ferri, Rafael Garófalo y Cesar Lombroso.

Los postulados de la escuela positiva constituyen la negación de los señalados por la clásica, y son los siguientes:

Niega el libre albedrío. Esta escuela afirma que el hombre no escoge libre y conscientemente el mal sobre el bien; puesto que es un ente natural y, en algunos casos, con anormalidades que evitan su sano y libre discernimiento, no puede elegir.

Dicha escuela afirma que hay hombres que nacen con predisposición hacia su futura manera de comportamiento, de acuerdo con sus características biológicas, antropológicas y psicológicas.

Responsabilidad social. A diferencia de la escuela clásica, la positivista manifiesta que la responsabilidad, lejos de ser moral, es de tipo social. La colectividad, al tener en cuenta la posible predisposición hacia el delito en determinados sujetos, deben tomar las medidas necesarias para prevenirlo y, en un momento determinado, defenderse.

El delincuente, punto central. El delito no es el centro de atención, sino la persona que lo comete; a su vez, el delincuente es el objeto de estudio, mientras que el delito es sólo la consecuencia.

Método completo. Las positivistas utilizaron el método inductivo, conocido también como experimental. A partir de estudios acerca de un delincuente o sujeto antisocial concreto llegaron a determinadas conclusiones y desarrollaron hipótesis, con lo que postularon tesis relacionadas con el comportamiento criminal.

Pena proporcional al estado peligroso. En esta corriente se niega que la pena tenga o deba tener proporcionalidad directa con el delito y se asegura que ha de ser proporcional al estado peligroso, independientemente del tipo y la gravedad del delito.

Prevención. De los postulados anteriores se desprende la importancia de la prevención del delito, que debe darse en lugar de la represión. Los positivistas creen que, al igual que en la medicina, es más conveniente prevenir que curar.

La medida de seguridad es más importante que la pena. En vez de castigar es mejor prevenir y, por tanto, aplicar las medidas de seguridad para evitar las penas. Tales medidas de seguridad se clasifican según diversos criterios y se afirma que debe aplicarse la más adecuada al caso, en virtud de la peligrosidad y caracterología específica del sujeto.

Clasificación de delincuentes. A esta escuela no le preocupa tanto la clasificación de delitos como la de los delincuentes, con fundamento en su peligrosidad y características sociales y psicológicas, de las cuales existen diversas clasificaciones.

Sustitutivos penales. Éstos se proponen como medios para evitar la abundancia y crueldad de las penas.

ESCUELAS ECLÉCTICAS. En realidad, en estas escuelas se agrupan varias corrientes. Como respuestas a las dos anteriores, surge esta tercera postura, que llega a ser una fusión de aquellás.

Las escuelas eclécticas aceptan y niegan postulados tanto de la escuela clásica como de la positivista y excepcionalmente aportan algo propio y significativo. Las más importantes son la tercera escuela, la escuela sociológica y la escuela técnico-jurídico.

Tercera escuela. La principal surge en Italia y sus representantes más destacados son Alimena y Carnevale. La tercera escuela sustenta los postulados siguientes:

a. Negación del libre albedrío. b. El delito es un hecho individual y social. c. Se interesa por el delincuente, más que por el delito. d. Señala las ventajas del método inductivo. e. Adopta la investigación científica del delincuente. f. Considera la responsabilidad moral. g. Distingue entre imputables e inimputables. h. Plantea la reforma social como deber del Estado.

Escuela sociológica. Surgida en Alemania, también se conoció como la joven escuela. Su representante principal es Franz Von Liszt y sus postulados son los que se detallan a continuación:

a. La pena tiene como fin conservar el orden jurídico. b. Emplea los métodos jurídico y experimental. c. Concibe al delito como fenómeno jurídico y natural. d. Considera que los factores criminógenos son individuales, físicos, sociales y

económicos. e. Afirma que la pena es una necesidad. f. Estima la imputabilidad y la peligrosidad del delincuente. g. Deben existir penas y medidas de seguridad.

Escuela técnico-jurídico. También de origen Italiano, tiene como representantes fundamentales a Manzini, Battaglini y Rocco. Los postulados de dicha escuela son los siguientes:

a. Eleva a primer grado el derecho positivo. b. Destaca que el ordenamiento jurídico debe prevalecer sobre otros criterios. c. Al derecho penal le debe interesar el conocimiento científico de los delitos y las

penas. d. La pena funciona para prevenir y readaptar. e. La responsabilidad penal debe basarse en la capacidad para entender y querer. f. Rechaza el planteamiento de problemas filosóficos.

Como afirma Jiménez de Asúa: “las escuelas penales pertenecen al pretérito…La lucha de las escuelas ha determinado”.

En la actualidad, la legislación penal mexicana conserva rasgos de la escuela clásica en algunos preceptos y de la positiva en otros, aunque puede precisarse que el Código de 1871 manifestó una

fuerte influencia de la clásica, el de 1929, de la positiva y el de 1931 (vigente) adoptó una postura ecléctica.

UNIDAD II “TEORÍA DE LA LEY PENAL” 2.1 LA LEY PENAL

La Ley Penal, única fuente capaz de crear delitos y penas, estados peligrosos y medidas de seguridad, ha de reunir los requisitos materiales y formales exigibles a toda ley. Sin embargo, la Ley Penal debe tener la categoría de Ley Orgánica cuando las penas que establezca (penas privativas de libertad) constituyan desarrollo de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente (art. 81.1 de la Constitución Española). Este rango de Ley Orgánica no es necesario que concurra en todas las leyes penales y así esta reserva no alcanza a las normas que establecen penas de multa. De esta forma, el principio de legalidad (art. 25 de la Constitución) se traduce en materia penal y punitiva en la reserva absoluta de ley que, en la mayoría de los casos, debe revestir la categoría de orgánica. Este monopolio de la ley como fuente del Derecho Penal es exigencia de la seguridad y certeza jurídica propia del Estado de Derecho, incompatible con la naturaleza de los reglamentos emanados de la Administración Pública.

A. Estructura de la Ley Penal. En la Ley penal, como en toda norma jurídica, existe un precepto o presupuesto y una sanción o consecuencia jurídica. La norma penal establece un presupuesto (la descripción de un delito, falta o estado peligroso) y le vincula una consecuencia imperativa (pena o medida de seguridad). Esto ocurre en los tipos penales que integran la llamada parte especial (delitos en particular) de los Códigos Penales, sin que se pueda extender esta técnica a la parte general de los textos penales, formada para evitar repeticiones de la norma penal.

La Ley penal expresa el pensamiento del legislador e implica siempre un juicio de valor -imperativo y desfavorable- sobre determinada conducta que desaprueba y castiga con una pena. La función que desempeña la Ley penal es castigar determinadas conductas, implicando indirectamente la prohibición de las

mismas o estableciendo mediatamente una norma de conducta. Las normas que describen delitos o faltas y establecen penas se dirigen a todos los ciudadanos que integran la sociedad y también a los órganos judiciales encargados de su aplicación, mientras que estos órganos judiciales del Estado son los únicos destinatarios de las normas que describen estados peligrosos y establecen medidas de seguridad.

C. Interpretación de la Ley Penal. La interpretación de la Ley Penal consiste en averiguar el sentido de la norma, su contenido y alcance para aplicarla a un caso concreto. El objeto de la interpretación no es descubrir la voluntad del legislador sino la voluntad de la ley (ratio legis).

La interpretación puede ser: auténtica (realizada por el mismo texto penal, definiendo un concepto), judicial (hecha por los órganos judiciales encargados del enjuiciamiento de los delitos y faltas) y doctrinal (o interpretación científica hecha por los estudiosos del Derecho Penal).

Al interpretar una ley penal es preciso determinar la ley aplicable mediante las normas del concurso de leyes (art. 8 del Código Penal), ámbito temporal y espacial de la norma punitiva y, una vez localizada la ley aplicable, es preciso descubrir su sentido para resolver el caso concreto que se nos presenta. Tienen gran importancia muchas veces las imperfecciones de la misma ley constituidas por las erratas y los defectos de redacción del propio legislador.

Existen fundamentalmente cuatro medios de los que se sirve el intérprete: la interpretación gramatical (análisis del lenguaje y del sentido vulgar, jurídico o técnico de las palabras empleadas), histórica (proyectos, proceso de elaboración de la ley, exposición de motivos), sistemática (colocación o situación de la norma penal dentro del sistema y comparación con otras normas) y teleológica (que busca el fin de la norma, determinando el bien o interés jurídicamente protegido por la ley penal). Por sus resultados, la interpretación puede ser declarativa (identidad entre voluntad y letra de la ley), restrictiva (la voluntad legal va más allá de la voluntad legal), extensiva (la voluntad legal rebasa la letra de la ley y, por tanto, está prohibida si agrava la responsabilidad criminal) y progresiva (debe responder siempre al momento y necesidades de la época en que se aplica la ley penal). Según el artículo 3.1 del Código Civil, «las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas». En el Derecho Penal está prohibida la analogía como procedimiento para colmar las lagunas de la ley, por imperativo del principio de legalidad (artículo 4.1 del Código Penal 1995). Por el contrario, rige el principio in dubio pro reo (en caso de duda a favor del reo) que no es una regla de interpretación de la ley penal, sino una regla válida para el proceso penal y valoración de la prueba.

D. Vigencia de la ley penal. La ley penal tiene un ámbito temporal y una eficacia espacial, así como una vigencia en relación con las personas. En este último sentido debemos proclamar que el principio de igualdad ante la ley (art. 14 de la Constitución Española) no admite excepciones en la norma penal, sin perjuicio de determinadas inmunidades o prerrogativas procesales reconocidas constitucionalmente (inviolabilidad del Rey, artículo 56.3, inviolabilidad e inmunidad de los parlamentarios, artículo 71) o convencionalmente (status diplomático), concedidas por necesidades de la función y no de la persona.

El ámbito temporal de la ley penal debe estudiarse teniendo en cuenta su vigencia o validez formal (desde su entrada en vigor hasta su derogación expresa o tácita) y eficacia o vigencia material (la ley penal se aplica a los hecho s cometidos bajo su vigencia). La regla general es el principio de irretroactividad y la excepción es la retroactividad de la ley penal favorable. Con carácter general se formula el principio de irretroactividad en el artículo 2.3 del Código Civil («Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario»), prohibiendo el Derecho Penal -como consecuencia del principio de legalidad- la retroactividad de las normas penales. Consagrado constitucionalmente (art. 25.1), el principio de retroactividad absoluta de la ley penal es formulado también en el artículo 2 del Código Penal. No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por la ley anterior a su perpetración, disposición que extiende su eficacia a las medidas de seguridad.

La excepción a esta regla está constituida por la llamada retroactividad de la ley penal más favorable que, generosamente, reconoce el artículo 2 del Código Penal, aunque al publicarse aquéllas hubiere recaído sentencia firme y el condenado estuviere cumpliendo la condena. La eficacia de la retroactividad de la ley penal más favorable supera la santidad de la cosa juzgada y se extiende al reo que se encuentre cumpliendo la condena. Incluso el Tribunal Supremo ha aplicado esta retroactividad, con discutible criterio, a las sentencias ya ejecutadas para el cómputo de la reincidencia. El ámbito espacial de la ley penal está regulado por el principio general de territorialidad, consecuencia de la soberanía. El artículo 8 del Código Civil y los artículos 4.21 y 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial consagran el principio de territorialidad, según el cual la ley penal se aplica a todos los delitos, cometidos dentro del territorio del Estado y no se puede aplicar a delitos cometidos fuera del territorio estatal (RODRÍGUEZ DEVESA). Se entiende por territorio todos los espacios donde el Estado ejerce su soberanía, tanto en tierra como en el mar territorial (incluidas las aguas interiores), el espacio aéreo territorial, los buques y aeronaves (distinguiendo entre las de guerra y las privadas), así como las sedes de misiones diplomáticas en el extranjero. Por el principio real o de protección la ley penal española se aplica a determinados delitos cometidos fuera de territorio nacional (art. 23.3 de la L.O.P.J.), algunos delitos cometidos por españoles en el extranjero (art. 23.2 de la L.O.P.J.) o, por el principio de la comunidad de intereses, a delitos internacionales cualquiera que sea el lugar de comisión (art. 23.4 de la L.O.P.J.).

2.2 FUENTES DEL DERECHO PENAL

Cuando hablamos de fuentes (de fons y fondo) del Derecho, lo hacemos en sentido figurado para referirnos al donde surge, toma origen o mana el Derecho. La característica fundamental de las normas jurídicas en contraposición a otros órdenes normativos, es el sentido de obligatoriedad, de tal forma podremos hablar de fuente directa del Derecho cuando nos encontramos ante algún proceso de creación de donde surge con la fuerza de obligar por sí, y mediata, cuando la obligatoriedad la deriva de otro proceso.

Así tenemos que son fuentes del Derecho en general:

a. Fuentes reales, históricas y formal

ÁMBITO DE VALIDEZ

FUENTES DEL DERECHO

REALES: son los fenómenos sociales que propician el surgimiento de una norma jurídica

HISTÓRICAS: son los di objetivos en los cuales se cont en las normas jurídicas y co stituyen el antecedente de otras

FORMALES: son procesos de

creación de las normas jurídicas

2.3 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA LEY PENAL

El Principio De Legalidad

es un axioma de valoración de lo justo por una sociedad en virtud del cual no se puede aplicar una sanción si no esta escrita previamente en una ley cierta.El Principio de Legalidad Penal es el fundamento en virtud del cual ningún hecho puede ser considerado como delito sin que una ley anterior lo haya previsto como tal.

Tipos Son:

1. Principio de legalidad sustancial

2. Principios de legalidad formal

Principio de legalidad penal sustancial El Principio De Legalidad Penal Substancial es un axioma extrajurídico de defensa social en virtud del cual se sanciona con una pena o se somete a una medida de seguridad cualquier acción u omisión o estado peligroso de una persona que vaya contra la sociedad o el Estado. Mas en la Web o en su ordenador.

Principio de legalidad penal formal ElPrincipio de Legalidad penal Formal es un axioma jurídico por el cual ningúnhecho puede ser considerado como delito sin que la ley anterior lo haya previsto como tal.

La descripción del delito o situación peligrosa tiene que preceder al acto delictivo o al comportamiento peligroso. Considera y castiga como delito, todo hecho que esté en la ley como tal. No considera ni castiga los hechos que no estén en la ley, aun cuando esos hechos sean lesivos a la sociedad o al individuo.

Ejemplos de este Principio Legalidad Penal Formal citamos:

• “No hay delito sin ley anterior que lo establezca como tal” (Nullum crimen sine praevia lege);

• “No hay proceso sin ley previa de cómo hacerlo” (Nullum iuditio sine praevia lege)

Son tomados por una opción política liberal, democrática, defensora de derechos, libertades y garantías fundamentales del individuo.

Funciones • Garantizar los derechos y libertades del individuo. Protege al delincuente de la

venganza pública, ya que ningún acto por más repugnante y perjudicial puede ser castigado sino está tipificado como delito en el Código Penal.

• Evitar el arbitrio del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.

FUENTES FORMALES

DOCTRINA: Opiniones provenientes de los jurisconsultos sobre el Derecho positivo.

PRINC PIOS GENERALES DEL DERECHO: Máximas derivadas del Derecho natural y que constituyen el espíritu de la legislación.

COSTUMBRE: Integrada por la repetición reiterada de un acto (inveterata consuetudo) y el sentido de obligatoriedad (opinio iuris sive necesitati ) del mismo.

JURISPRUDENC A: Doctrina creada a partir de resoluciones judiciales r iteradas y contestes sobre una mat ri , mitidas por los órganos jurisdiccionales legalmente calificados para ello.

LEY: Manifestación de l v luntad sobe ana a través del órg no legalm nte facultado y m dia te el p ocedimiento también egal e te esta l do, y qu crea situa iones generales, impersonales y abstractas.

• Afirmar la certeza y seguridad jurídicas.

• Limitar la potestad de castigar(imperium) del Estado. Ya que únicamente se podrá ejercer esta potestad cuando la conducta de una persona se subsume en una figura penal previamente tipificada como delito por el Poder Legislativo.

El principio de Proporcionalidad

Consecuencia del principio de igualdad es también el de proporcionalidad, en cuanto la pena ha de ser proporcional a la gravedad del hecho, tanto por su jerarquía respecto del bien jurídico afectado, como por la intensidad del ataque al mismo. Ha de excluirse penas iguales para hechos diferentes, puesto esto implica también discriminación. Una afección a la vida nunca puede tener la misma pena que una afección al patrimonio.

Es por tanto un desafío político criminal, no fácil de superar en nuestros países, el ir desmontando todo el sinnúmero de desigualdades y discriminaciones frente a la ley penal, y ello dado que el derecho penal es "extrema ratio" y por tanto su eficacia es muy relativa para la superación de la cuestión criminal, y más bien, es el derecho el que la define políticamente. También la eficacia de la eliminación de discriminaciones globales o puntuales es muy relativa. En otras palabras, no es que desconozcamos la función evidentemente simbólica del desmonte de discriminaciones, y por ello muy significativa desde una perspectiva político criminal, ya que los símbolos tienen gran fuerza real; pero es necesario añadir implementaciones instrumentales, en los aparatos y operadores del sistema penal, y más aún llevar a cabo las correspondientes políticas económicas, sociales o culturales. Si no se lleva a cabo también esto último caeríamos en el grave error de creer que la política criminal va a reemplazar o ser una alternativa a todo el entramado político social.

El principio de Lisividad

Otro principio básico garantista de un Derecho penal democrático, es el principio de lesivídad. Esto es, que sólo se persiguen hechos que afecten a un bien jurídico, ya que es el principio básico que desde los objetivos del sistema determina qué es un injusto o un delito.

En un sistema democrático, el principio básico de la igualdad ante la ley, que implica desde una perspectiva formal al de legalidad de los delitos y de las penas, desde una consideración material, implica el de lesividad de los bienes jurídicos. No hay duda entonces que no se puede estar sino de acuerdo hoy, como elemental a un sistema democrático, que los delitos han de definirse desde su lesividad a los bienes jurídicos, ya que ellos surgen desde los objetivos que justamente definen el sistema y por lo tanto a los delitos y las penas. Luego, ello quiere decir que la cuestión del delito o del injusto no es de modo alguno, en primer término, una cuestión puramente dogmática, sino que está regida y determinada político-criminalmente.

Otra cosa diferente es el argumento falaz que se emplea en dichas clasificaciones. El reside en la afirmación de que los bienes jurídico políticos-criminalmente, en un sistema democrático, están determinados por el objetivo del desarrollo de las personas. Esto es, no hay bienes jurídicos por razones de Estado o por razón social. Planteamientos que siempre esconden el interés político, económico, cultural o social de un determinado sector y no el desarrollo de todas y cada una de las personas como tales.

Pero más allá de estas disputas conceptuales, resulta que la implementación del principio de lesividad lleva nuevamente a considerar las realidades concretas en que se va a aplicar, y a recalcar que es sólo un programa de acción y que su eficacia para que sea efectivo requiere ser garantizada. Como ya señalamos anteriormente, la distribución de bienes es desigual, y más aún en nuestros países hay grandes capas de la población o que no gozan de determinados bienes, o lo hacen en forma muy precaria y porque ello mismo no quedan abarcados por el sistema penal en su protección, y más bien serán alcanzados o perseguidos por él, ya que de entre ellos saldrán en gran medida los que afecten a aquellos que gozan de todos los bienes en forma plena. Es una consecuencia lógico-diabólica de la distribución desigual de los bienes, por lo cual de partida

entonces habrán un gran sector de la población que serán marginal al principio de lesividad, y más bien será aquel sobre el cual recaiga el sistema penal, en razón de ese mismo principio de lesividad. Un círculo vicioso diabólico.

Pero no sólo eso, sino que la exigüidad del disfrute de los bienes produce a su vez la desigual repartición de la intervención punitiva. No parece la misma lesividad de tener por horas o días a un vagabundo o a un poblador que a un profesional o a un empresario. No parece la misma lesividad el asalto a un banco que la destrucción de la cabaña o choza de un poblador. Luego también desde esta perspectiva, se produce la marginalidad de un gran sector de la población que no parece cubierta por el principio político criminal de la lesividad.

Más aún, esta misma desigual distribución de selectividad punitiva, lleva a que no se atienda a los bienes pertecientes a las grandes mayorías, y por otra parte se acentúa la protección de bienes por razones ajenas a una participación igualitaria. Esto es, que en definitiva, solo se protege a sectores de la ciudadanía por razones políticas, económicas, sociales, o culturales.

En otras palabras, se contradice un planteamiento del Derecho penal, mínimo y de desligitimación del Derecho penal, que son las consecuencias inherentes a un efectivo principio de lesividad. La intimidad, la libertad sexual, la diversidad cultural, la ecología, la educación, la salud, el consumo, etc., no aparecen

El principio de Responsabilidad o Culpabilidad

Otro principio básico político criminal, es el principio de la responsabilidad o culpabilidad, que proviene del principio democrático elemental de la dignidad de la persona humana.

La persona en un sistema democrático es un ente autónomo respecto del Estado, con capacidad propia y por tanto no sometido a la tulela de éste. Necesariamente la intervención del Estado ha de considerar como límite y legitimación de su intervención la responsabilidad de la persona. Esto implica, consecuencialmente, que toda persona tiene responsabilidad, no hay personas irresponsables y que por tanto el Estado tiene un derecho sobre ella.

Ahora bien, el principio de responsabilidad lleva no sólo al excluir la llamada responsabilidad objetiva, que por tanto no es personal en el injusto o delito sino también a considerar qué respuesta era exigible a ese sujeto por el sistema penal, lo cual implica entonces la co- responsabilidad del sistema, pues para exigir, es necesario que se haya otorgado las correspondientes condiciones para tal exigencia. Se trata, entonces, de las discusiones de la responsabilidad del sujeto por su hecho, o la llamada culpabilidad o responsabilidad por el hecho.

El principio de la Indemnidad Personal

Por último y sin naturalmente agotar todos los principios garantistas, es un principio elemental de un derecho penal democrático, que proviene igualmente de un principio de dignidad de la persona y su autonomía ética, el de la indemnidad personal; es decir, la sanción a aplicar no puede afectar al ciudadano en la esencia de su persona ni sus derechos, la persona no puede ser instrumentalizada por la sanción, no puede ser medio para fines más allá de ella misma, ni tampoco se le puede cercenar de tal modo sus derechos que ello implique una limitación extrema de sus capacidades de desarrollo personal. En tal sentido, en nuestros países hay que luchar contra la práctica de sanciones para-estatales que dan lugar a una doble ética en Latinoamérica, por una parte constituciones en las cuales se recogen todas las declaraciones de derechos humanos y por otra parte, una organización de facto dirigida o apoyada desde el Estado, que viola todos estos derechos; como denuncian todos los organismos internacionales: la tortura, el desaparecimiento forzado de personas, las ejecuciones sumarias, por citar aquellas transgresiones más graves, son frecuentes en muchos de nuestros países. Es uno de los primeros problemas que tiene que afrontar una política criminal democrática, con el objeto de garantizar que ello no suceda o no vuelva a suceder.

El principio de la necesidad de la pena ha de regir todo el sistema penal, ya desde la persecución policial, ya que a menudo por ejemplo, en hechos de poca monta, la detención de un joven puede ser sumamente perjudicial y sin embargo, basta con llamar a la familia, al asistente social respectivo, o a la educadora, en el mismo sentido en el proceso penal también tiene que verse influido por la necesidad de la pena y por tanto en gran cantidad de delitos puede ser preferible terminar el proceso con una conciliación y no con una sentencia condenatoria.

Indemnidad personal y necesidad de la pena son un desafío político criminal en cuanto requiere de garantización en nuestro sistema, dado el hecho que la mayoría de las personas a las cuales se les aplica la pena en nuestros países, son aquellas que pertenecen a los sectores más desfavorecidos de las sociedad.

PRINCIPIOS DEL ORDEN JURIDICO. Hemos de considerar principios, de un modo general, rescatando opiniones de la filosofía jurídica y de la ciencia del Derecho, de un modo comparado y, entonces, sin limitar la exposición a nuestro país; algunos de estos principios han gozado de general aceptación en la Argentina. Podrá verse como algunos nos resultan comunes y cómo es posible su creación, razón mediante; cómo pueden confundirse o fundirse con valores; o cómo se nutren en los distintos orbes del saber, del sentimiento y la conciencia. PRINCIPIO DE RESPETO. Desenvuelto por Rudolf Stammler, partidario del neokantismo de la Escuela de Marburgo. Para Stammler, el Derecho no puede estar vinculado a contenidos empíricos determinados, pues entoces sus normas carecerían de validez universal. Ello no significa que el Derecho sea independiente de la sociedad. El derecho ostenta universalidad y formalidad (el Derecho es la condición lógica de la ciencia social), lo que se hace patente especialmente en lo que Stammler llama “el Derecho justo”, esto es, el Derecho que posee propiedades objetivas no basadas en condiciones históricas dadas o en propósitos que tiene una comunidad con respecto al futuro. Según Stammler (ver Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía), dicha idea del Derecho es la única que puede hacer posible la unidad jurídica de una comunidad y aun la visión de todas las comunidades sociales como un todo sometido a normas objetivamente válidas. Sobre este cimiento, menciona dos principios: el de respeto y el de solidaridad. El primero, como principio de un Derecho justo tiene dos facetas: a) Una voluntad no debe quedar a merced de lo que otro arbitrariamente disponga; y b) Toda exigencia jurídica deberá ser de tal modo que en el obligado se siga viendo al prójimo. PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD. Se refiere al curso del ser, coincidente con el deber ser que la norma expresa. Toda norma tiene un máximo de cumplimiento en la comunidad (principio de efectividad) para que sea una norma verdadera. PRINCIPIO DE LA INVIOLABILIDAD DE LA PERSONA HUMANA. No se puede imponer cargas no compensables sin el consentimiento. Es un principio individualista. Se basa en Kant: las personas son fines en sí mismas y no pueden ser utilizadas como medios para beneficio de otros; los individuos son separables e independientes, lo que hace que no se puedan tratar los deseos e intereses de diferentes personas como si fuera los de una misma persona, aunque se deban sacrificar intereses en aras de otros, más importantes (interpretación que hace Carlos S.Nino). (Como se observa, los principios –aunque sea superfluo expresarlo- son relativos, no son absolutos). En nuestra opinión, tal interpretación es aceptable, pero no debe separarse el bien individual del bien común y la prevalencia es del bien común, pero esto no implica que invariablemente en aras del bien común se impongan cargas no compensables; a veces coinciden el bien individual con el bien común y existen deechos que no pueden ser afectados: vida, libertad, integridad, honor, objeción de conciencia. No hay principios puros, todos se rozan o pueden graficarse con círculos o esferas que se superponen parcialmente y que han de entenderse dinámicamente, en movimiento constante, por lo que puede cambiar el alcance o la jerarquía. Con respecto a la

impureza, verbi gratia, el principio ontológico presenta una zona común con el principio de la inviolabilidad de la persona humana PRINCIPIO DE LA AUTONOMIA DE LA PERSONA HUMANA. Pertenece a la filosofía liberal. El Estado diseña instituciones y es neutral respecto a los planes individuales, pero puede facilitar estos planes. La persona tiene el derecho de realizar actos que no perjudiquen a terceros (artículo 19 de la Constitución de la Nación Argentina) y los derechos y garantías de la Constitución Nacional. La contrapartida es el Estado intervencionista. Aquí debería plantearse el tema de si la libertad es divisible o no. Hay muchas variantes en la filosofía liberal. PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA. Una de las formulaciones posibles, dice Nino, expresa que las personas deben ser tratadas para ciertos fines, sobre la base de sus acciones voluntarias y no según otras circunstancias, como raza, nacionalidad, sexo, clase social, creencias, etcétera. La dignidad se describe como calidades merecedoras de respeto, buen concepto, decoro, excelencia, normas de conducta recta y proba, buena fe y, en fin, una suma de condiciones y calidades personales.

2.4 El principio fundamental Nullum crimen, nulla poena sine lege

Sin embargo, estas fuentes formales del Derecho en general, no tienen el mismo sentido en el Derecho Penal, donde el principio fundamental NULLUM CRIMEN SINE PREVIA LEGE POENALE SCRIPTA ET STRICTA (no hay delito sin previa ley penal escrita y estricta) establece como la única fuente directa, inmediata y suficiente del mismo, a la ley, y este principio es válido sólo en tanto que está establecido legalmente. En México es en la Constitución, base del sistema jurídico, donde se establece a la ley como la única fuente directa del Derecho Penal:

Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una leyexactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

2.5 LOS DIVERSOS TIPOS DE LA INTERPRETACIÓN PENAL

Según los sujetos

Aunque la interpretación tiene como fin único conocer el sentido de la ley y desde tal punto de vista no admite clasificación, la doctrina a diferenciado varias clases atendiendo a los sujetos que la realizan , a los medios o procedimientos empleados y al resultado aque se llega.

Según por su origen la realizan la interpretación puede ser: doctrinal, judicial y auténtica.

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