apuntes de esto, Apuntes de Historia. Universidad Alfonso X El Sabio (UAX)
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Asignatura: historia, Profesor: Enrique Enrique, Carrera: Podología, Universidad: UAX
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TEMA VIII: LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

I. LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

La extinción de la obligación tributaria queda recogida en los arts. 59 a 76 LGT. En ellos se regulan las distintas formas de extinción:

• El pago (arts. 60 a 65) • La prescripción (arts. 66 a 70) • La compensación (arts. 71 a 73) • Deducciones sobre transferencias (art. 74) • Condonación (art. 75) • Insolvencia (art. 76)

II. EL PAGO

a). Concepto

Es la forma de extinción natural de la obligación tributaria y supone el cumplimiento de la obligación que pesa sobre el deudor.

Una vez realizado el pago, en los términos previstos por el ordenamiento, la deuda tributaria queda extinguida y el deudor liberado

El requisito esencial para proceder al pago de la obligación tributaria es que ésta sea líquida y exigible:

Líquida: es imprescindible que mediante la oportuna liquidación tributaria se haya determinado de forma precisa y concreta la cuantía a pagar

Exigible: no basta que la obligación tributaria se haya devengado, es imprescindible que se haya abierto el período de declaración del tributo (Ej. IRPF el devengo es el 31 de diciembre, período de presentación de autoliquidación e ingreso, mayo – junio del ejercicio siguiente).

b. Sujetos: acreedor y deudor

Acreedor: es imperativo realizar el pago ante el órgano competente, aunque para facilitar el pago intervengan las Entidades Colaboradoras (bancos y cajas de ahorro). Los pagos realizados a órganos no competentes para recibirlos no liberarán al obligado (art. 33.3 Reglamento General de Recaudación – RGR-).

Deudor: es el obligado al pago ya sea deudor principal o responda por cualquier otro concepto. El art. 33.1 RGR admite el pago por un tercero no obligado. (Ej. Una de las partes de un contrato – compraventa- asume la obligación de satisfacer los impuestos correspondientes a la otra).

c. Objeto

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El objeto del pago es la deuda tributaria (art. 58 LGT). Para que el pago en período voluntario libere al deudor, ha de ser de la totalidad de la deuda.

d. Plazos (Art. 62 LGT)

1º. En el caso de autoliquidaciones:“deberán pagarse en los plazos que establezca la normativa de cada tributo”.

2º. En el caso de deudas liquidadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

• Las notificadas del 1 al 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes posterior.

• Las notificadas del 16 en adelante, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.

3º. En el caso de deudas de notificación colectiva y periódica el pago deberá efectuarse entre el día 1 de septiembre y el 20 de noviembre (siempre que no se haya establecido otro plazo en la normativa reguladora)1 (Ej. Como tributos de notificación colectiva y periódica podríamos citar dos impuestos locales: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles – IBI- o el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica o Impuesto de Circulación).

4º. Las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados, se pagarán en el momento de la realización del hecho imponible.

5º. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago deberá efectuarse en los siguientes plazos:

• Si la providencia de apremio se notifica entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de cada mes.

• Si la providencia se notifica del 16 en adelante, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente.

e. Forma de pago(Arts. 60 LGT y 23 y siguientes RGR)

De acuerdo con los citados artículos el pago puede hacerse:

• en efectivo (art. 34 RGR) (cheque, transferencia, domiciliación, tarjeta) • mediante efectos timbrados (art. 39 RGR) • en especie (art. 40 RGR)2

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1 En estos casos la LGT remite al plazo establecido a la “normativa reguladora”, que serán normalmente las de la correspondiente Ordenanza Fiscal Municipal. Sólo si faltase esa regulación se aplicará como regla supletoria la siguiente: “pago en el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 20 de noviembre”. 2 En este sentido, el citado artículo del RGR regula el pago en especie mediante la entrega de bienes del patrimonio histórico español. Para la tramitación es necesario que haya una valoración previa del “bien” por el Ministerio de Cultura y una aceptación posterior por el Director General de Recaudación.

f). Suspensión, Aplazamiento y Fraccionamiento

1º. SUSPENSIÓN: son dos los supuestos de “suspensión” del ingreso de la deuda tributaria:

primero: en los supuestos en los que la ley de cada tributo lo establezca, el ingreso de la deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o parcialmente, sin aportación de garantías y a solicitud de éste, si otro obligado tributario presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver, con indicación de que el importe de la devolución que pueda ser reconocido se destine a la cancelación de la deuda cuya suspensión se pretende.

El importe de la deuda suspendida no podrá ser superior a la devolución solicitada.

La deuda suspendida quedará total o parcialmente extinguida, sin que sean exigibles intereses de demora sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución.

segundo: el ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente, sin aportación de garantías, cuando se compruebe que por la misma operación se ha satisfecho a la misma u a otra administración una deuda tributaria.

2º. APLAZAMIENTO y FRACCIONAMIENTO (Arts. 65 y 82 LGT y 44 a 54 RGR)

Concepto y fundamento

Dentro del plazo establecido para efectuar el pago, podrá el obligado tributario solicitar su aplazamiento o fraccionamiento. El aplazamiento del pago (o su fraccionamiento, que es una modalidad de aplazamiento) es un incidente que puede producirse en el procedimiento de recaudación. Se diferencia, en este sentido, del fraccionamiento que se produce ope legis en determinados supuestos, como el del pago de la cuota en el IRPF, que se puede fraccionar en dos plazos con la simple indicación del obligado en su autoliquidación, sin necesidad de acuerdo de la Administración.

Las deudas tributarias podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se determinen reglamentariamente, y previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera, le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos, es decir, su fundamento es el de facilitar el pago , en la situación anteriormente citada.

En este sentido, el RGR, en su art. 51.1 dice que, el órgano competente para la tramitación del expediente examinará y evaluará la falta de liquidez y la capacidad para generar recursos y valorará la suficiencia e idoneidad de las garantías propuestas. En función de ello se decidirá sobre la solicitud.

Garantías

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Es requisito para conseguir el aplazamiento la prestación de garantías para asegurar el pago. A esta cuestión se dedica el art. 82 de la LGT. La garantía normalmente exigida será aval bancario solidario. Pero en determinados supuestos se admite el otro tipo de garantías: cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica la Administración tributaria podrá admitir otra garantía (hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente). O bien, podrá admitirse que, en lugar de una garantía en sentido técnico, el obligado solicite que se apliquen medidas cautelares, incluso puede acordarse la dispensa de garantías cuando se trate de deudas de cuantía inferior a la que se fije reglamentariamente o bien cuando el obligado carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva. La LGT menciona finalmente la posibilidad de aplazamiento sin necesidad de garantías en los demás casos que establezca la normativa tributaria.

Deudas aplazadas

Se puede solicitar el aplazamiento o el fraccionamiento de toda clase de deudas, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, con dos excepciones:

• Deudas que se satisfagan mediante efectos timbrados • Deudas correspondientes a retenedores u obligados a ingresar a cuenta

La Ley 34/2015, de 21 de septiembre de modificación parcial de la LGT, ha añadido dos excepciones más, es decir, tampoco podrá solicitarse el aplazamiento o fraccionamiento:

• En el caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la condición de créditos contra la masa.

• Y, las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado, reguladas en el Título VII de la LGT.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los cuatro supuestos anteriores, serán objeto de inadmisión.

Efectos

Efectos de la presentación de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario: impedirá el inicio del período ejecutivo. Dicha solicitud deberá incluir el ofrecimiento de garantía. El plazo para tramitar y resolver es de seis meses. En el caso de que transcurrieran los seis meses sin que hubiera sido notificada resolución, el obligado tributario podrá considerar desestimada su solicitud a efectos de interponer recurso o bien podrá esperar a que se dicte resolución expresa.

Efectos de la presentación de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo: las solicitudes podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado tributario el acuerdo de enajenación de los bienes embargados, suspendiéndose las enajenaciones hasta la notificación, en su caso, de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento.

g). Efectos del pago

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• 1º. El efecto esencial del pago es la extinción de la obligación tributaria con la consiguiente liberación del obligado tributario. La falta de pago en período voluntario determinará la apertura del procedimiento ejecutivo, que se producirá de manera automática.

• 2º. Con relación a su extinción mediante el pago y según el art. 63.1 de la LGT “las deudas tributarias son autónomas3. El obligado al pago de varias deudas podrá imputar el pago a la deuda que libremente determine”. En supuestos de ejecución forzosa el pago se imputará a la deuda más antigua.

• 3º. Por último, el cobro de un débito de vencimiento posterior no extingue el derecho de la Administración tributaria a percibir los anteriores en descubierto.

III. LA PRESCRIPCIÓN (Arts. 66 a 70 LGT)

a). Concepto

La prescripción constituye un modo de extinción de la deuda tributaria que se produce:

• por el transcurso del tiempo legalmente establecido, unido a • la inactividad de la Administración tributaria y del obligado tributario

Por lo tanto, los elementos configuradores de la prescripción son: el transcurso del tiempo y la pasividad de la Administración y del obligado.

En esta línea y según los arts 69.3 LGT y 62.4 RGR “la prescripción ganada extingue la deuda”. La prescripción del crédito tributario responde al mismo fundamento y sirve al mismo principio, la seguridad en las relaciones jurídicas.

b). Plazos

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

• El derecho de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

• El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.

• El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

• El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de garantías.

• La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la LGT añade un artículo 66 bis a la misma. En él se regula un nuevo plazo de prescripción de diez años aplicable al derecho de la Administración tributaria de iniciar el procedimiento de comprobación de la procedencia de las bases o cuotas compensadas o pendientes de

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3 Así, en los tributos de carácter periódico (IBI), el hecho de que un mismo sujeto deba diferentes anualidades no significa que todas ellas queden reunidas en una sola deuda: existirá una por cada período devengado.

compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación. Dicho plazo comenzará al día siguiente a aquél en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la autoliquidación o declaración del ejercicio en que se generó el derecho a compensar o a deducir.

Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, según el citado art. 66 bis, la prescripción de derechos establecida en el art. 66 (cuatro años), no afectará al derecho de la Administración para realizar comprobaciones e investigaciones conforme al artículo 115 de la LGT.

Según el art. 115 LGT “La Administración Tributaria podrá comprobar e investigar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables. Dicha comprobación e investigación se podrá realizar aún en el caso de que las mismas afecten a ejercicios, periodos o conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción regulada en el art. 66 a) de esta Ley, siempre que tal comprobación o investigación resulte precisa en relación con la de alguno de los derechos a los que se refiere el art. 66 de esta ley que no hubiese prescrito.

c). Inicio del plazo (art. 67 LGT)

Debido a que pasado cierto tiempo, una deuda prescribe es fundamental determinar cuando empieza a contar el plazo de prescripción:

• En el caso del derecho de la Administración tributaria a determinar la deuda mediante la oportuna liquidación: desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración. (En los tributos de notificación colectiva y periódica, el plazo de prescripción comenzará el día del devengo del tributo)

• En el caso de la acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas: desde la fecha que termine el plazo de pago voluntario.

• En el caso del derecho a solicitar las devoluciones y reembolso de avales: desde el día siguiente a aquel en que concluya el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o desde el día siguiente en que se realizó el ingreso indebido(..).

• En el caso del derecho a obtener la devolución o reembolso del coste del aval: desde el día siguiente a aquél en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, o desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca la devolución o el reembolso del coste de las garantías.

d). Interrupción del plazo

Si la prescripción es el efecto jurídico que establece la ley por el silencio continuado en una relación jurídica su interrupción, por el contrario, consiste en el efecto jurídico que se produce cuando se ejercita el derecho antes de que expire el plazo de prescripción. Concretamente la ley menciona los siguientes motivos (art. 68.2 LGT):

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• Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda. Por ejemplo, la propia providencia de apremio, u otras actuaciones dentro del procedimiento

• Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase o por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria. Por ejemplo, la impugnación de la providencia de apremio.

• Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción de la deuda tributaria. Como sería el pago parcial, la solicitud de aplazamiento o el ofrecimiento de garantías.

La Ley de Modificación parcial de la LGT, añade un apartado 9 al art. 68. Este precepto hace extensiva la interrupción del plazo de prescripción de la Administración para determinar la deuda nacida de una obligación tributaria en las obligaciones tributarias conexas a esta última.

e). Efectos

La prescripción ganada extingue la deuda. Este efecto aprovecha por igual a todos los obligados (incluidos los responsables), salvo el supuesto de que la obligación fuera mancomunada y sólo se reclamara a uno de los obligados la parte que le corresponde.

En cuanto al modo de ejercicio, rige la regla general sobre la apreciación de oficio de la prescripción. El pago de una deuda prescrita no podrá ser entendido como renuncia tácita a la prescripción ganada.

III. OTRAS FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA

A). LA COMPENSACIÓN

a). Concepto

Según el art. 1195 del Cc “Tendrá lugar la compensación cuando dos personas por derecho propio sean recíprocamente acreedores y deudores la una de la otra”.

En el mismo sentido, el art. 71.1 LGT aclara que: “Las deudas tributarias de un obligado tributario podrá extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado en las condiciones que reglamentariamente se establezcan”.

La compensación ha sido tradicionalmente uno de los métodos de extinción de las deudas tributarias. En la actualidad, existen determinados elementos que han venido a reforzar su campo de aplicación. Por ejemplo, tenemos que los modos de aplicación de los tributos dan lugar en algunos de ellos a devoluciones como fenómeno natural, de manera que se ofrecerán oportunidades de compensar los créditos derivados del derecho a percibirlas con las obligaciones a cargo del mismo obligado.

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b). Requisitos

• Según el art. 1196 del Cc para que una deuda pueda ser compensada ésta ha de ser “vencida, líquida y exigible”.

• La compensación se acordará de oficio4 o a instancia de parte5 (arts. 71.2 LGT y 55 a 59 RGR).

B). EXTINCIÓN DE DEUDAS DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO MEDIANTE DEDUCCIONES POR TRANSFERENCIA (Arts. 74.1 LGT y 60 RGR)

En este caso estamos ante la compensación de deudas tributarias con cantidades que la Administración del Estado debe transferir en ejecución de créditos presupuestarios.

Los flujos monetarios entre las distintas Administraciones, que siempre han existido, alcanzan en estos momentos una dimensión mayor y la LGT parece haber encontrado una vía fácil de disminuir la morosidad tradicional de otras Administraciones descontando de las transferencias a esas Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales el importe de las deudas tributarias de las mismas En la compensación de las deudas tributarias de otras Administraciones. Es necesario distinguir:

• la regla general es que estas deudas se compensarán de oficio en los términos ya examinados: extinción en la fecha de inicio del período ejecutivo o en la que se reúnan los requisitos para la compensación. Llamamos la atención de que en estos casos, aunque hubiera podido pensarse en que el acuerdo de compensación fuera decidido por la Administración “inferior”, se da por sentado que quien puede declararla es la Administración del Estado.

• Pero aparte de esta regla general, la LGT introduce la facultad de extinguir las deudas tributarias de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales deduciendo su importe de las transferencias en función de estas Administraciones. Por ejemplo, de la correspondiente al abono de la participación en ingresos del Estado o de la correspondiente a la recaudación del tramo autonómico de IRPF, que lleva a cabo la Agencia Tributaria6.

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4 La compensación será acordada de oficio en los casos que dice la ley, que son los siguientes:

los de deudas en período ejecutivo

los de deudas en período voluntario con las devoluciones que resulten de un mismo expediente de comprobación limitada o de inspección

los de deudas igualmente en período voluntario con las devoluciones que pudieran corresponder como resultas de anulación de una liquidación por resolución administrativa o judicial. 5 La compensación podrá ser solicitada por el propio obligado tributario, tanto respecto de deudas en período voluntario como en período ejecutivo. En el primer caso, la presentación de la solicitud impedirá el inicio del período ejecutivo, pero se devengarán intereses de demora hasta la fecha de reconocimiento del crédito, si en el momento de la solicitud el crédito ofrecido no ha sido reconocido. 6 F. PÉREZ ROYO, op cit, pg. 345-346

C). CONDONACIÓN (Art. 75 LGT)

Se trata de aquéllos casos en los cuales el “acreedor” manifiesta su voluntad de extinguir en todo o en parte su derecho de crédito sin recibir nada en pago, ni a cambio.

Se trata de casos excepcionales que se fundamentan en razón de justicia (Ej. Dejar de tributar en la Contribución Territorial Rústica en años de cosecha desastrosa, o en casos de catástrofes naturales, etc)

La condonación de la deuda tributaria debe ser autorizada por ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se señalen.

D). INSOLVENCIA (Art. 76 LGT)

Es una forma de extinción provisional de la deuda tributaria se trata de la insolvencia probada de los obligados tributarios, como consecuencia de “que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación por insolvencia probada total o parcial”

La extinción provisional se convertirá en definitiva una vez vencido el plazo de prescripción, si previamente a este plazo la deuda tributaria no se hubiera rehabilitado, es decir, si el deudor no hubiera alcanzado en este período mejor fortuna.

IV. GARANTÍAS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO

El Ordenamiento Jurídico en su afán protector del crédito tributario y del interés que cobija (el sostenimiento de los gastos públicos), crea unos mecanismos específicos de protección de la deuda y de dicho crédito. Estos mecanismos se regulan en los artículos 77 y siguientes de la LGT bajo la denominación de “Garantías de la deuda tributaria”. El desarrollo reglamentario de estos preceptos corresponde a los artículos 64 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. A continuación estudiaremos en un apartado la prelación en el cobro, por no tratarse de una garantía en sentido técnico, como afirma el profesor PÉREZ ROYO, es decir, en realidad no es un derecho de garantía, sino una cualidad del crédito tributario: su carácter de privilegio. En el segundo apartado veremos los derechos de garantía en sentido propio, es decir, los derechos reales de garantía.

A). Prelación en el cobro. A la hora de su cobro el crédito tributario es como regla general privilegiado frente a otros. Así según el art. 77 LGT: “La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el Registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta ley”.

B). En este apartado vamos a estudiar los derechos reales de garantía que acompañan ope legis al crédito tributario en determinados supuestos:

• 1º. Hipoteca legal tácita. Se conoce con tal nombre a la prelación o privilegio especial establecido en el art. 78 de la LGT:

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“En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un Registro Público o sus productos directos ciertos o presuntos, el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos, para el cobro de la deudas no satisfechas correspondientes al año natural en que se ejercita la acción administrativa de cobro y al inmediato anterior”

Esta prelación especial, reconocida ya en la Ley Hipotecaria (art. 194), es llamada por la doctrina Hipoteca legal tácita, nombre que ha incorporado la LGT.

Se denomina así, porque sus efectos son los de una garantía real que opera de modo automático, ope legis, sin necesidad de acto de constitución expreso ni inscripción y que, con el alcance indicado en el precepto, se antepone a los titulares registrales (adquirentes, acreedores hipotecarios). El RGR contempla, en todo caso, la posibilidad de inscripción expresa.

Los tributos comprendidos en esta garantía son los de carácter real que recaen sobre bienes inmuebles (en la actualidad el Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles).

• 2º. Afección de bienes. Se trata de una garantía real recogida en el art. 79 LGT, que dedica a la misma los dos primeros apartados. El primero dice:

“Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga”.

El apartado dos añade:

“Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad de pago de las cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graven las transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor, salvo que éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe o justo título, en establecimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes inmuebles no inscribibles”

El derecho de afección es un auténtico gravamen real que recae sobre los bienes transmitidos y que permite ejecutar sobre ellos la deuda tributaria originada precisamente en relación a tales bienes.

El tercer adquirente de estos bienes estará obligado a soportar la ejecución del gravamen, excepto cuando se trate de un tercero protegido por la fe pública registral, es decir, que hubiera adquirido un bien inscribible respecto del cual no constara en el Registro el derecho de afección a favor de la Hacienda Pública.

Los adquirentes de los bienes afectos, dice el apartado 1 del precepto, responderán subsidiariamente con ellos por derivación de la acción tributaria

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si la deuda no se paga. La ejecución sobre el bien no se planteará sino después de haberse llegado a la declaración de fallido del transmitente. O de los transmitentes, empezando por el primero, si cuando se ejerce el derecho de afección el bien ha pasado por varias manos.

Es importante recalcar que este gravamen recae sólo sobre los bienes “afectos por ley”. Ha de ser la ley de cada tributo la que establezca esta afección. En la actualidad, esto no se produce más que en el caso del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD).

• 3º. Derecho de retención: Se trata de una garantía real recogida en el art. 80 LGT que dice los siguiente: “La Administración tributaria tendrá derecho de rentención frente a todos sobre las mercancías declaradas en las Aduanas para el pago de la correspondiente deuda aduanera y fiscal, por el importe de los respectivos derechos e impuestos liquidados, de no garantizarse de forma suficiente el pago de la misma”

El derecho de retención es una garantía típica del Derecho Aduanero, en la actualidad los derechos de aduanas son tributos propios de la Unión Europea, aunque su exacción se practica por los Estados miembros, los cuales, además, recaudan también los tributos nacionales relacionados con el comercio exterior, fundamentalmente el IVA sobre las importaciones.

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