apuntes derecho administrativo, segundo de derecho, Ejercicios de Derecho Administrativo. Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU)
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Asignatura: Dret administratiu, Profesor: Alexis Alexis, Carrera: Dret + Criminologia i Seguretat, Universidad: UAO
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Derecho administrativo 2

Derecho administrativo.

El mayor empresario es la administración (3.000.000 empleados).

DERECHO: conjunto de normas necesarias para el día a día (derecho objetivo). El conjunto de normas se pueden dividir en derecho privado (civil; mercantil; patrimonial; laboral; internacional privado); y luego tenemos el derecho público (constitucional; procesal; penal; internacional publico; administrativo)

DERECHO: facultad para reclamar (derecho subjetivo).

El amor no tiene naturaleza jurídica (no es relevante para el derecho). Por tanto, derecho solamente es lo necesario para la vida social. A inicios del s. XIX, se inicia lo que se conoce hoy en día el derecho administrativo. En esos primeros momentos empieza a desarrollarse, la doctrina del derecho administrativo, lo que podríamos definir como el derecho que regula las administraciones publicas (en función del sujeto). Pero esta definición no se acepta, y a mediados del s. XIX, se cambia por el conjunto de normas que establecen todas aquellas situaciones en las que la administración o un tercero actúan para satisfacer el interés público (en función del interés publico). Por ejemplo, un taxista está para garantizar el interés publico. Pero finalmente se ha adoptado la posición mixta, es decir, un termino que tiene en cuenta el sujeto personal pero también el interés publico, del derecho administrativo, la que dice que es aquella parte del derecho publico que regula tres tipos de relaciones jurídicas:

Relaciones jurídicas intra-administrativas: son las que una administración tiene consigo misma. Las administraciones son personas jurídicas, por lo que dentro de la administración hay una serie de reglas que regulan su funcionamiento interno. Es decir, son relaciones internas, por tanto no producen efectos a los individuos.

Relaciones jurídicas inter-administrativas: son aquellas que se dan entre dos o mas administraciones publicas. Por lo que el sujeto activo es una administración y el sujeto pasivo es otra administración. Hay que destacar que hay infinidad de administraciones publicas. Estas relaciones inter, son miles día a día, como por ejemplo, la conferencia de presidentes.

Relaciones jurídico-administrativas: son aquellas en las que, en un termino de la relación jurídica, ya sea como sujeto pasivo o activo, se coloca una administración publica o alguien que le sustituya, y en el otro lado estaremos los sujetos, es decir, un administrado. Pero hemos visto en ocasiones, que en esta relación, no hay la propia administración, sino un sujeto que le sustituye, como por ejemplo, TABASA (peajes de Vall vidriera). En este caso, la administración le da una cesión a un privado.

Vamos a tener dos grandes leyes: 1. Ley 39/2015 1 de octubre. Es la ley que se conoce como la del procedimiento administrativo

común (PAC). Esta ley regula las relaciones jurídico-administrativas. Abarca los procedimientos, los actos administrativos y los recursos administrativos.

2. Ley 40/2015 1 de octubre. Es la ley que se conoce como la del régimen jurídico del sector público (RJSP). Tiene por objeto regular las relacione jurídicas intra-administrativas e inter-administrativas. Por tanto, se regula toda la organización administrativa

Estas leyes reordenan todo el derecho administrativo español, que se había generado desde la entrada en vigor desde la constitución de 1970, a nivel de estado. Es decir, se aplican directamente a la administración del estado, y se aplican como leyes básicas a las comunidades autónomas. Estas leyes, se centran en lo relativo al acceso electrónico. Por otra parte, la Ley 30/92 se llamaba la ley del régimen jurídico del sector publico y del procedimiento administrativo común.

Cada vez más se deja de utilizar el termino administración publica, y se substituye por sector público.

El acto administrativo. Naturaleza y Concepto.

Dicho acto es un acto jurídico. La doctrina administrativa, se basa en autores franceses y alemanes, y han tenido que acudir a categorías del derecho privado. Un hecho es una cosa que sucede. Hay que destacar que NO todos los hechos le importan al derecho. Pero la doctrina dice que hay hechos que si que producen efectos jurídicos, es decir, que son relevantes. Como por ejemplo, el nacimiento de una persona, del mismo modo que la muerte. Podemos distinguir entre hechos naturales, que si que tienen efectos jurídicos, como es el caso la caída del sol, ya que hay una ley que habla de la contaminación lumínica después de la caída del sol, en los cuales no interviene la voluntad humana. Por otra parte tenemos los actos jurídicos, que es el hecho jurídico donde si interviene la voluntad del hombre. A inicios del s. XIX, cuando la doctrina administrativa, se encuentra con un nuevo sujeto, la administración publica, el cual actúa opera a través de actos administrativos (actos jurídicos de la administración). Es decir, interviene la administración, y dichos actos producen efectos jurídicos. La administración no actúa como un autómata sino que hay siempre una expresión de la voluntad. “El acto administrativo es una declaración de voluntad, juicio, conocimiento y deseo dictada por la Administración en el ejercicio de una potestad administrativa, distinta de la reglamentaria”- Zanobini.

Las declaraciones de juicio son los actos en los que la administración resuelve conflictos. Luego tenemos declaraciones de conocimiento, como por ejemplo la elaboración de nuestro titulo de bachillerato. Luego tenemos las declaraciones de deseo, ya que la administración desea cosas, como por ejemplo cuando un policía para a alguien por la ronda. Una potestad es el poder jurídico de hacer cosas. La mejor forma de entender la potestad administrativa, es saber el concepto de la patria potestad. La potestad es una especie de un marco jurídico donde se coloca y esa persona puede hacer muchas cosas, pero también tiene muchos deberes. Aquí se dan derechos para poder cumplir los deberes. La teoría de las potestades, se crea como una relación de padre a hijos, ya que la administración hacia nosotros tiene deberes. La administración tiene potestad administrativa (hacer actos solo administrativos) y potestad normativa (dictar normas). La administración también puede actuar como un sujeto privado, es decir, como nosotros, pero en este caso estaríamos en el mismo nivel. La administración actúa a favor de un interés público.

Elementos del acto administrativo.

Nos vamos a encontrar con tres tipos de elementos:

Elementos objetivos: en primer lugar el contenido, ya que es el objeto del acto administrativo. Por tanto, cualquier cosa puede ser contenido de un acto administrativo. Lo importante del contenido del acto es que ha de ser determinado (conocer lo que quiere la administración y saber plas razones), es decir, no puede haber actos administrativos cuyo contenido sea impreciso, ni indeterminado. También debe estará adecuado al fin, esto es, lo que hace la administración tiene que estar dirigido al cumplimiento de la finalidad (aquella por la que la ley le ha dado la potestad). Del mismo modo que debe ser posible y licito, ya que no puede haber actos de contenido imposible, y, sobre todo, adecuado al fin. Toda la actividad administrativa tiene que estar dirigida para la consecución del fin, ya que por eso se le ha dado potestad. SU ACTIVIDAD ES TENDENCIAL (debe de tender a un fin). Cuando hablamos del fin de los actos administrativos, hacemos referencia al art. 103.1 de la CE “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.” Este análisis, da lugar a la desviación de poder. Es desviación de poder el uso de una potestad administrativa para un fin distinto del establecido por un ordenamiento jurídico. Por otra parte tenemos la motivación, es decir, tiene que tener un fin determinado y licito. Por ejemplo, un radar tiene que tener el fin de regular y mantener el orden del trafico, no solo recaudar dinero. El contenido del acto administrative no es solo un dar, no dar, hacer o no hacer, sino que s un dar, no dar, hacer o no no hacer, pero determinado u motivado a un fin determinado. Estas finalidades están descritas en la ley. Hay una primacia del principio de legalidad. Por tanto, toda actividad de la administarción esta sujeta en la ley. Cuando la administración actúa al margen, de las finalidades, de los intereses… definidos en la norma, incurre en desviación de poder. Es decir, utiliza de forma desviada un poder que le ha atribuido la ley. La motivación podriamos considerarla como un tercer elemento, que es aquella parte del acto administartivo donde xplica los motivos por los que se han adoptado una serie de actos. Es objetivo porque va siempre unida a la finalidad de un acto

Elementos subjetivos: solo hay por un lado. Hay que tener en cuenta que el autor del acto siempre tiene que ser una administración pública (art. 34 de la ley 39/2015). Primero vamos a tener que ver si la administración que dicta el acto, tiene potestad para llevar a cabo dicho acto. En segundo lugar, entre todo el entramado administrativo, tiene que ser un órgano competente. Esa competencia tiene tres niveles, un nivel territorial (dependiendo del territorio, cada órgano tendrá o no competencia), un nivel material y un nivel jerárquico (hay un orden de actuación personal). Finalmente, están los sujetos actuantes o funcionarios; nombramiento, toma de posesión, abstención y recusación, órgano colegiado).

Elementos formales: el acto administrativo tiene una cierta forma. La ley 39/2015, dedica el art. 36 solamente a la forma de los actos administrativos. Nos dice que puede ser verbal o escrito. Pero preferentemente será escrita. Pero será verbal cuando por la propia naturaleza del acto, solo se pueda hacer de forma verbal (por ejemplo, cuando te para un policía para multarte). Pero el escrito ofrece garantías, ofrece seguridad y certeza, además será individualizado, salvo en los casos que no lo pueda ser. Por otra parte, tenemos el propio procedimiento (procedimiento administrativo). Para

la validez del acto, podremos atacar la forma, o atacar el propio procedimiento de elaboración del acto administrativo. Finalmente, tenemos la motivación, es decir, tienen que estar motivados, pero hay una lista de actos concretos (art.35 de la ley 39/2015), el propio legislador elige esos supuestos. En el caso de que un acto administrativo, se diga que esta motivado pero en alguna finalidad distinta de la que recoge la lista anterior, estaremos antes un acto nulo.En cuanto al art. 35 de la ley 39/2015, como hemos dicho antes, establece una lista de supuestos en los que los actos administrativos deben estar motivados. En primer lugar, los actos administrativos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Este es el primer supuesto y el mas común. La administración no puede limitar un derecho subjetivo o un interés legitimo nuestro, sin expresar los motivos que le lleva a hacerlo. Sino tengo la expresión de los motivos o de las razones para yo poder atacarlo, se produce lo que se conoce como indefensión. Es decir, no se como defenderme ante ese acto injustificable. Un interés legitimo, es una situación en la que nos encontramos los administrados, donde la ley no nos reconoce un concreto derecho peo si que se nos reconoce la posibilidad de proteger nuestra esfera persona o patrimonial. En segundo lugar, los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. Cuando la propia administracion dicta un acto, y al cabo de un tiempo, ella misma se da cuenta de que dich acto era nulo, puede anularlo pero siempre lo tiene que motivar. Por otra parte, el tercer punto de la ley, los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Cuando la administracion se aparta de lo que hace ella voluntariamente ha de motivarlo. Y, en cuanto al dictamen de orden de aorganos consultivos, nos referimos a esos organos consultivos los cuales solo emiten informenes para ayudar a tomar decisions al organo active. Por otra parte, los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. La suspension de acts es que por ejemplo si me ponen una multa falsa de 600€, y yo no la pago me embargarán una cuenta corriente. Si yo la recurro, al final del proceso me devolverán los 600€ mas intereses. También tendrá que ser motivados, los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. La otra cara de la moneda de la motivación de un acto es la indefensión del sujeto ante ese acto. Del mismo modo que, los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Por otra parte, los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. Por ejemplo, si la administración quiere expropiar una casa, pero mientras que hace el procedimiento, hay una riada que destruye la casa, ya no se puede llevar a acabo el proceso. Hay imposibilidad material de continuar el proceso. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Todos los procedimientos sancionadores y de responsabilidad patrimonial deben de estar motivados. Y, finalmente, los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

*Diferencia entre reglado y discrecional. Una potestad reglada es cuando todos los elementos del acto están recogidos en la norma, y eso da lugar al acto administrativo reglado. En este caso, la motivación esta dentro del propio, incumplimiento o cumplimiento del acto reglado. En oposición está la potestad discrecional, que da lugar a un acto administrativo discrecional, es aquella en la que solo una parte del acto administrativo viene previamente determinado, permitiendo que la administración pueda adoptar diversas soluciones posibles. En este la motivación será muy relevante, ya que la administración tendrá que motivar su elección, es decir, porque motiva ha elegido A o B. hay que destacar que lo discrecional es legal.

***Clases de actos administrativos (posible pregunta examen). Esta distinción de los actos se recogen en la ley, por tanto, no es una clasificación puramente doctrinal.

1. Acto definitivo (resolutorio) o acto de tramite:Acto definitivo, es aquel que termina el procedimiento administrativo. • Mientras que el acto de tramite, son aquellos actos que la administración va realizando para

llegar a la resolución definitiva. Por otra parte, el acto de tramite cualificado, es aquel que por su naturaleza es un acto de tramite, pero por su contenido es resolutorio, ya que por su contenido determina la imposibilidad de continuar el procedimiento o re juzga el fondo del asunto. Esta distinción se recoge en los art. 112 y 114 de la ley 39/2015. El acto de tramite no es recurrible, ya que no resuelve nada, pero en cambio, el acto definitivo si que es recurrible. Por tanto, un acto de tramite, cuando se dicta pasa a ser un acto firme.

2. Actos firmes y actos no firmes: • Actos firmes son aquellos contra los que no cabe la posibilidad de recurrir. Bien puede ser

porque la ley no prevé recurso, o porque, si hay posibilidad de recurso, se ha finalizado el plazo para hacerlo.

• Los actos no firmes si que se pueden recurrir.

3. Actos que agotan la vía administrativa y actos que no agotan la vía administrativa: esta distinción está en el art. 114 de la ley 39/2015. El acto que no agota la vía administrativa, es el acto que puedo recurrir a través del recurso de alzada (se alza todo el expediente a un órgano superior para que se revise). En cambio, los que agotan la vía administrativa, son susceptibles de recursos de reposición, es decir, me puedo ir directamente a los tribunales. Cuando se termina la vía administrativa, el ciudadano siempre tiene la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia. Se trata de una distinción, que solo se aplica para los actos definitivos. Si yo interpongo un recurso de alzada, agota la vía administrativa, del mismo modo que los procesos de resolución de conflictos. También la resolución del órgano más superior, ya que ya no haya posibilidad de alzar más el expediente; de la misma forma, aquellos actos en los que el procedimiento termina mediante un acuerdo entre la administración y el interesado. El recurso de alzada se interpone a actos definitivos que no han agotado la vía administrativa, ya que tal como su nombre indica, lo alzan a un órgano administrativo superior. En cambio, el recurso de reposición se presenta a actos definitivos que ya han acabado la vía administrativa,

por lo que, tiene que presentarse ante los tribunales, porque no quedan mas órganos administrativos superiores para que revisen dicho acto final.

4. Actos favorables y actos de gravamen: • Actos favorables, son aquellos que producen efectos favorables y positivos para el

interesado (una beca…). • En cambio, un acto de gravamen, es aquel que produce efectos desfavorables para el

administrado, restringe su esfera de derechos.

Esta distinción tiene varios efectos practicos. En primer lugar, la administracion puede, de oficio, es decir, ella misma puede revocar los actos de gravamen, pero no puede revocar, de oficio, un acto que nos es favorable. La revocacion deja sin efecto a un acto por motivos de oportunidad.

5. Actos constitutivos, actos declarativos y actos ejecutivos: • Actos constitutivos: la administracion crea una relacion juridica, es decir, constituye una

relacion entre individuos. • Actos declarativos:la administracion declara o constata una relacion juridica ya existente. • Actos ejecutivos: ejecutar los porpios actos de la administarción. Es decir, tiene por finalidad

los propios actos de la administarción.

6. Por razon del numero de destinatarios, tenemos:Actos singulares: en estos actos se tiene por destinatarios a una persona determinado (o un

colectivo). Este se notifica personalmente al destinatario. • Actos generales: tiene por destinatario un grupo indeterminado de personas. Este no se

notifica a los individuos, sino que se publica en el BOE.

7. Por razon del organo autor del acto: Actos de la administarcion activa: dictados por los organos que hacen cosas. • Actos consultivos: actos dictados por los organos que tiene la function es asesorar a otros

organos de la administracion • Actos de control: actos dictados por organos, cuya función es controlar a la administracion

(tribunal de cuentas).

Los actos dictados por los oganos consultivos y de control, no se notifican al destinatario. En cambio, en los actos de la administracion active, siempre hay un destinatario.

8. Por razon del numero de miembros:Actos monocráticos: solo los realiza una sola persona. Es decir, estan formados por una sola

persona fisica (por jemplo, la presidencia de la generalitat) • Actos colegiados: los dictan organos que estan formados por varias personas (por ejemplo,

el consejo ejecutivo)

Los actos monocraticos, solo afectaran al sujeto firmante. En cmanio, los segundos actos, su validez del acto dependerá de si se han reunido correctamente, si han asistido todos…

9. Actos expresos o actos presuntos:Actos expresos: se manifiestan de una forma determinada. Tiene una forma, y se nos

notifica, es decir, es un acto normal y corriente. • Actos presuntos: es el acto administrativo que nace por silencio. Esto es, nace por el paso

del tiempo. El silencio como respuesta, como manifestacion de voluntad, no le podemos atribuir efectos jurídicos genrelaes, pore so se dije “el que calla otorga”. Pero al silencio solo se le pueden atribuir efectos juridicos ciertos, cuando quien calla deberia hablar. En ocasiones al administracion se mantiene en silencio, por lo que es necesario atribuir efectos juridios al silencio. Es una grantia fundamental, para los adminitrados cual es el significado del silencio de la administración. El legislaodr decide que transcurrido un plazo determiado, el silencio de la administracion da lugar, es decir, genera un acto administrative presunto, el cual nace por silencio y por el transcurso del tiempo, que la ley cea en nuestro beneficio.

10. Actos jurisdiccionales: son aquellos actos administrativos, dictados por órganos de la admiistracion que se asemejan a una resolucion judicial, ya que tambien resuelven conflictos (por ejemplo, los actos de los tribunals económicos administrativos).

11. Actos politicos del gobierno: este nombre, es decir, de acto politico del gobierno, aparece, en el art. 2 de la ley 29/1998. El gobierno de una nacion tiene una doble naturaleza, por un lado politica (poder ejecutivo. Nos dice la direccion del gobierno) y por otro administrativa. Los acts politicos del gobierno no son susceptibles de recurso ante un tribunal de justicia. Sin embargo, si se podrá impugner ante un tribunal el acto politico, en tres aspectos (cuando afecte a los elementos reglados del acto del gobierno; si vulnera derechos fundamentals; en cuanto a la determinacion de las indemnizaciones que procedan).

**Eficacia de las decisiones de la administracion.

Es decir, hacemos referencia a los efectos que porducen los actos administrativos. Las declaraciones de la administración producen efectos por si mismo, lo que es propio del derecho administrativo. En la epoca medieval, habia un reinado divino. Es decir, donde estaba el rey, era el sitio de dios. Las decisiones de la administracion por si mismas van a ser validas. Podemos señalar un conjunto de ideas de la eficacia del acto administartivo:

1. Presuncion de validez y eficacia: se presume que, cuando la administración hace un acto, que es valido y eficaz. Así es en todo el mundo. Es algo propio de las decisiones de las administraciones. Esta manifestada en un articulo de la ley. La presuncion es una tecnica juridical que nos permite llegar a conclusiones ciertas sin necesidad de una prueba cierta. Esta tecnica se ha convertido en derecho de provar cosas. Podemos distinguir dos tipos de presunciones, iuris et de iuri, es la presunción que no admite prueba en contrario (el concebido se tiene por nacido…) tambien tenemos las presunciones iuris tantum (presuncion de validez, la cual establece la ley a traves de unos puntos base), las cuales si que admiten prueba en contra. Los autores italianos, explican esta presuncion de validez y eficacia, a través de la autotuela declarativa y ejecutiva. La administracion

goza de la prerrogativa de la autotutela. Ella puede tutelary así mimas y anosotros los derechos y potestades.

2. Autotutela declarativa: la administracion puede por si misma sin necesidad del auxilio de un tercero hacer declaraciones de sus propios derechos, incluso de nuestros derechos. Cusndo os ponen una sanction, esta administracion esta generando una obligación de nuestra parte, y un derecho a su favor. Teneos que destacar que solo es en el ámbito de los actos administrativos.

3. Autotutela ejecutiva: es el privilegio de ejecutar por si misma sin necesidad del auxilio de terceros sus actos administrativos. Por ejemplo, si yo soy ocupa, la policia va a venir a hecharme. Los particulares no tiene autotutela ejecutiva ni declarativa.

4. Eficacia demorada (39.2 Ley 39/2015): se nos notifica el acto, pero no produce efecto. Esto sucede cuando la propia naturaleza del acto no produce eficacia, o cuando el acto requiera aprobacion de un organo superior. Los efectos del acto, siempre son en efecto general, hacia el futuro. Los actos producen efectos desde el momento en que se dictan, a no ser que cuando se dictan se ponga un plazo donde se da el comienzo de los efectos del acto.

5. Efeicacia retroactiva (39.3 Ley 39/2015): es un supuesto especifico, que se opone a la regla de que la eficacia es a futuro. Nos dice que cabe la posibilidad de que un acto surja efecto anteriores a su escrito, esto se dara cuando produzca efectos favorables al interesado, y tambien cuando un acto se dicte en sustitución de otro acto anulado.

6. La excepcional suspension de la eficacia (art.117 Ley 39/2015): la ley nos contempla una excepcion a la regla. Esta excepcion se refiere a los actos que no producen efectos, a causa de que el interesado interpone recurso, y/o el interesado solicita la suspensión de la eficacia, la cual no se va a producir de oficio. El art.117, empieza con un primer apartado, nos dice que la interposición de un acto administrativo no suspende la eficacia. Sin embargo, en su apartado segundo, nos dice que no obstante hay una excepcion, para cuando podamos pedir la suspension. Para suspender el acto administrative debemos justificar que nuestro interes particular en la suspension del acto.

7. La excepcional suspensión de la eficacia (117 ley 39/2015) La ley tiene un régimen especial de la suspensión de la eficacia. Porque el interesado interpone recurso y el interesado solicita la suspensión cumpliendo lo que dice el 117. La suspensión no se produce de oficio, requiere que lo pidamos. El 117 empieza diciendo que la interposición de un recurso administrativo no suspende la eficacia del acto. ¿Cuando se va a poder pedir y obtener la suspensión de la eficacia del acto administrativo? Se piden varios requisitos: a)El más importante es: para suspender el acto administrativo debemos justificar que nuestro interés particular en la suspensión del acto, es superior al interés general o de terceros en que ese acto se ejecute. Tenemos que demostrar que nuestro interés (que ponemos el recurso) es mayor al del ayuntamiento, según la ley tendremos que ponderar, medir que es más importante.

b)El segundo elemento es que para conseguir la suspensión, es que los perjuicios que va a causar el acto administrativo si se ejecuta, sean de imposible o difícil reparación. Solo se pueden suspender estos actos que causan esto. c)El tercer requisito es que la causa que yo he alegado en mi recurso determine la nulidad del acto administrativo. d)Que las causas que alegue contra el acto que sean motivos de nulidad. Estos cuatro requisitos deben pasar conjuntamente, no sirve solamente con uno de ellos. EJ: tengo que pagar 1800€ el 30.01.2018 pero no me va bien. Para la suspensión tengo que interponer el recurso antes del 30.02.2018, debo presentar la solicitud, y solo puedo interponer el recurso si hay algo que al sacar el dinero no sea remediable.

8. Inderogabilidad singular: nos dice cuando un acto es nulo.Los actos administrativos no podrán vulnerar lo que dice un reglamento aunque aquellas procedan de igual o superior jerarquía que el que dicto la disposición general. Por ejemplo, hay una orden ministerial donde se dicen los requisitos mínimos para el grado de derecho. Pero, por encima del ministro está el consejo de ministros, y este dice que las disposiciones de la orden ministerial dictada con anterioridad no serán de aplicación a la UAO. Da igual que lo dicte el consejo de ministros, pero no le pueden llevar la contraria al reglamento. El acto singular no puede derogar un reglamento.

*La notificación.

La notificación de acto, presume su eficacia. Ya que empezara a producir efecto cuando se le notifique al individuo. A partir del momento que se me notifique, empezarán los plazos para recurrir dicho acto. Y, finalmente, podemos señalar la caducidad del expediente, es decir, todo procedimiento administrativo tiene un procedimiento para desarrollarse. En el momento que la administración no actúe dentro del plazo, dicho plazo habrá caducado.

Lo que debe notificarse es todo acto administrativo que afecte a los derechos e intereses legítimos de los individuos. Lo que debe notificarse o dice la propia ley, y nos dice que se debe de notificar el texto integro e indicando si ese acto pone (para recurrirlos tengo que ir a los tribunales) o no pone (puede presentar un recurso de alzada) fin a la vida administrativa. Del mismo modo que se deberán de señalar los plazos, los órganos y los recursos que proceden. La ley establece esta distinción, porque la notificación de un acto que no se ajuste a estos requisitos (texto integro y si pone o no final…), este acto será nulo de pleno derecho.

En cuanto a las condiciones generales de u acto administrativo, en el art.41 nos dice que la notificación del acto administrativo va a sr a través de un sistema electrónico. Accediendo a un punto electrónico que la administración me señala o bien teniendo una dirección electrónica habilitada. En segundo lugar, la ley nos señala los casos en que es posible la notificación en papel, ya que hay supuestos en los que no es posible la notificación en papel, como es el caso de la agencia tributaria a las personas jurídicas. Del mismo modo que hay supuestos en que es imposible la notificación electrónica, como es el caso cuando el contenido del mensaje es demasiado “pesado” como para ser enviado por correo electrónico o cuando en la notificación hay medios de pago.

En cuanto a estas condiciones generales, la ley establece una diferenciación, entre procedimientos iniciados a la solicitud del interesado (pido una beca), se van a notificar en la forma que uno elija, siempre que haya opción de elegir, y donde tu elijas. En cambio, en los procedimiento dictados de oficio (una multa), la administración puede notificar en cualquier lugar adecuado a tal fin (lugar de trabajo, residencia, lugar de trabajo de la mujer…), se hará preferentemente en medio electrónico, siempre que sea posible. En el caso de que se rechace la notificación, es decir, que llegan a tu casa y tu decides no recogerla, o si te envían un correo y tu lo eliminas. En estos casos, la ley nos dice que la administración no se sentirá vinculada a ese rechazo, siempre que ese rechazo sea injustificado, y por tanto, se tendrá por producida esa notificación. La notificación en papel, la puede recibir el interesado o por ejemplo, el portero del edificio. Si la recibe el portero, la notificación estará 100% notificada. En el caso de que el interesado se encuentre ausente en la entrega, hay que destacar que no se trata de un rechazo de la notificación. En este caso, la administración, en el caso de que sea ausente, tiene que producirse dos veces (en un intervalo de tres días. Y con una diferencia de 3horas entre un intento y otro), no basta con una, para que sea verifica dicha ausencia. En cambio, cuando se rechaza, solo se rechaza una vez. En cuanto a la notificación electrónica, nosotros tenemos 10 días para abrir el correo. Si no se abre en este periodo de tiempo, se entenderá por rechazado y por tanto, la notificación será valida. Y si lo abro dentro de ese periodo de 10 días, el día que lo habrá empezarán a contar los periodos para los plazos. La administración, normalmente, realiza las notificaciones en papel y de forma electrónica. El art.44 regula la notificación por edictos. La cual se levara a cabo, cuando no se pueda notificar ni en papel ni de forma electrónica. Este tipo de notificación, se llevara a cabo en el BOE, en la parte de anuncios. Finalmente, el art.45 nos habla de la publicación de los actos. Hay que distinguir el supuesto de la notificación infructuosa (en el BOE). En el art.45, se recogen los actos que no se notifican sino que se publican directamente. Esa publicación en el BOE, produce los mismos efectos que la notificación. Se publican determinados tipos de actos, como por ejemplo, los actos que afectan a una pluralidad indeterminada de sujetos (convocatoria de una oposición).

Ahora pasamos a otro subcapítulo de la eficacia del acto. Se trata de la nulidad del acto administrativo. En el art.47 de la ley 39/2015, nos habla de la nulidad, que se trata de la otra cara de la moneda de la eficacia del acto. Un contrato es nulo o es valido. Lo que es nulo es nulo desde el inicio. Cuando se ha desarrollar la teoría de la nulidad de los actos, se estudio la doctrina de la nulidad de los contratos del ámbito civil, donde es nulo o es valido. Pero los administrativistas, dicen que ha de haber un punto intermedio, ya que sino se estaría viciando con el principio de eficacia. Por lo que, a parte de la nulidad (ex nunc) y la anulabilidad (ex tunc), se crea la irregularidad no invalidante (no hay nulidad). El acto administrativo, no es perfecto, no es regulara, pero no anula. En el art.47 de la ley, hay un listado de los actos que son nulos de pleno derecho. Solo esos serán nulos. Por otra parte, en el art.48.1 encontramos la regla general de la anulabilidad de los actos. Y, en el art. 48.2 de l ley nos señala la irregularidad no invalidante. A partir de este articulo, es decir, del art.49 al art.52 son reglas que van dirigidas a salvar la eficacia de esos actos, y así no se declaran nulos de pleno derecho.

La anulabilidad tiene un plazo de prescripción, solo la puede llevar a cabo la parte afectada. La nulidad radical del acto, es la excepción del acto administrativo. Se encuentra en el art.47 de la ley 39/2015, donde se nos muestran los supuestos de los actos que dan lugar a la nulidad radical.

Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

Los que tengan un contenido imposible.

Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Cuando un acto sea dictado prescindiendo, pero no total y absolutamente, del procedimiento, el acto no será nulo, sino anulable.

Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.

Si la administración puede declarar la anulabilidad, y no la nulidad, declarará la anulabilidad. Es decir, siempre que pueda declarará la anulabilidad. Del mismo modo, que hay un principio de conservación del acto administrativo.

Puede caer un caso práctico con estos supuestos.

La anulabilidad se puede dar cuando se da cualquiera otra infracción del ordenamiento jurídico, incluso en la desviación de poder, pero no en los supuestos anteriores, esto es, en los del art.47 de la ley 39/2015, ya que esos son casos de nulidad radical. La anulabilidad se recoge en el art.48.1 de la ley 39/2015.

Hay que estacar que como dijimos con anterioridad hay un termino medio entre la nulidad y la no nulidad. Esa figura es la de la irregularidad no invalidante (art.48.2 y 48.3 de la ley 39/2015). Cuando un acto no causa indefensión pero tiene defectos en su forma, se trata del caso de irregularidad no invalidante. El hecho de que la administración actúe fuera de plazo, no da lugar a la anulabilidad, a no ser que lo imponga la naturaleza del termino o pazo, pero sino, será un caso de irregularidad.

Del art.49 al 52 de la ley, nos presentan una serie de reglas que especifican las teorías anteriores sobre la nulidad, anulabilidad e irregularidad. Todas estas reglas solo tiene una única idea, es decir, salvar la validez de los actos administrativos. La nulidad de un acto no implica que los otros actos pasados también lo sean. De la misma forma que ocurre con la anulabilidad.

En cuanto a las reglas de aplicación de los actos nulos y anulables, debemos de destacar:

• La nulidad o anulabilidad de un acto no implicara la de las sucesiones en el procedimiento que sean independientes del primero.

• La conversión, los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto, producirán los efectos.

• La conservación de los actos.

• La convalidación, es decir, validar posteriormente, respondiendo a esta idea, la ley 39/2015, nos dice que la administración podrá convalidar los actos anulables subsanando los vicios de los que adolezca. La ley nos habla de do supuestos. En primer lugar, vicio de la competencia, es decir, que se dicte un acto por un órgano incompetente. Nos dice que si la incompetencia no se trata de un acto radical, el órgano superior, del órgano que ha dictado sin competencia, podrá convalidar el acto. En segundo lugar, si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma.

**Procedimiento administrativo.

Se regula en los artículos 53 y siguientes de la ley 39/2015. La ley divide este titulo en siete capítulos. En primer lugar, las garantías, y luego las distintas fases del procedimiento.

El procedimiento administrativo es el modo de producción o creación de un acto administrativo definitivo. El procedimiento administrativo es una garantía del ciudadano, esto es, es una ayuda de los ciudadanos. También podemos decir que es la forma en que la administración crea su voluntad. Podemos decir que SIEMPRE, el administrado entra en juego. En ocasiones en mayor o menor mediad pero siempre participa. Podemos señalar dos novedades de la ley, en primer lugar, la regulación de un procedimiento simplificado (art.96), y por otra parte, que cuando se regula el procedimiento, en cada una de sus fases.

En cuanto a las garantías del administrado, se regulan en el articulo 53 de la ley 39/2015. Se trata de un listado de los derechos que los administrados tenemos en un procedimiento administrativo.

• En primer lugar, a conocer el estado de la tramitación del procedimiento.

• A derecho a conocer el significado del silencio, es decir, si la administración no responde, tengo derecho a saber lo que quiere decir

• A conocer todos los actos de tramite

• A conocer todos los órganos competentes para tramitar y resolver el acto.

• Derecho a tener y a pedir copias de todos los procedimientos. Puede ser que se nos pida una tasa por las copias.

• Derecho a consultar la información en la pagina web.

• Derecho a no presentar documentos originales o en su caso a obtener una copia autenticada del documento que yo he presentado. Salvo en los casos que es necesario dejar el documento original.

• Derecho a no presentar documentos no exigidos por la norma. Es decir, que no tiene nada que ver con el procedimiento que se lleva a cabo.

• Derecho a no presentar documentos o datos los cuales ya están en propiedad de la administración o elaborados por esta.

• Derecho a formular alegaciones.

Un procedimiento administrativo se puede iniciar de oficio o por la parte interesada. La ley prevé la adopción de las medidas provisionales, es decir, aquellas medidas que puede adoptar la administración, que tiene por finalidad que cierta cosa se puede ejecutar (por ejemplo, un embargo en las cuentas corrientes). Dice la ley que si la medida provisional se adopta antes de iniciarse el procedimiento, en 15 días ha de confirmarse. A lo largo del procedimiento esas medidas que se adopten se pueden modificar, ampliar o eliminar. Las medidas provisionales se pueden adoptar en cualquier momento del procedimiento, y se toman para asegurar lo que ha dictarse en un futuro. No se pueden adoptar medidas que causen situación de difícil o imposible reparación.

Hay varias posibilidades para iniciar el procedimiento de oficio:

Iniciativa del propio órgano competente:

Por orden de órgano superior:

Petición razonada de otros órganos. Puede ser rechazada, pero tendrá que estar motivada:

Por denuncia. La ley 39/2015 nos dice que no cabe la denuncia anónima. En los supuestos en los que el denunciante este implicado en los hechos, se le producirá una extinción o impugnación de su responsabilidad.

En los artículos 63 y 64 nos explican como se inicia un procedimiento sancionar y de responsabilidad patrimonial.

Por otra parte, en cuanto a la iniciación del procedimiento por la parte interesada. Hay que destacar que nuestra solicitud ha de tener un cierto contenido.

• Ha de tener nombres y apellidos de la persona que lo realiza.

• Identificación del medio electrónico o en su defecto, lugar de notificación. Sino ponemos el lugar, la administración va a notificar en cualquier lugar donde le conste que puede ser un domicilio nuestro o donde nos puedan encontrar.

• Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad.

• Lugar y fecha.

• Firma del solicitante. Si no hay firma no se proveen los escritos, esto es, no se van a realizar.

• Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.

Todo esto esta mas en desuso cada vez, ya que día a día se usan mas medios electrónicos y medios facilitados (impresos). Cuando la administración imponga medios concretos para realizar un cierto acto, será obligatorio hacerlo de dicha forma.

A la solicitud podremos y deberemos incorporar todos los elementos para precisar y asegurar los datos del modelo. Dichos elementos deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan. En el caso de que mi solicitud tenga un defecto, la administración nos concede un plazo de días para subsanar la solicitud. Si en diez días, no subsano la solicitud, se me tiene por desistido. La ley dice que este plazo podrá ser aumentado en 5 días, dependiendo del procedimiento.

Al tratar la iniciación del procedimiento lo podemos dividir en dos figuras principales. Estas dos figuras a parecen como directiva comunitarias, se trata de la directiva de la liberación de los servicios. Esto provoco la reducción con la licencia o autorización, la cual era una gran figura del derecho. La directiva de servicios, nos dice que no se puede poner trabas a la prestación de servicios en la UE, y por tanto, hay que distinguir tres niveles de las actividades administrativas. En el caso de que se traten de actividades peligrosas, habrá que acudir a la declaración responsable y la comunicación previa. Son dos documentos que tiene por finalidad permitir a un sujeto el desarrollo de una actividad económica sin necesidad de esperar a que tenga una licencia o un permiso. En función de la importancia de la actividad se distingue, un control a priori, en el que la administración va a verificar si la actividad que quiero llevara cabo cumple la normativa. Y por otra parte un control a posteriori (en el caso de la licencia). En cambio con este sistema solo se puede llevar acabo un control a posteriori.

La declaración responsable es un documento unilateral, bajo su exclusiva responsabilidad persona, él declara que la actividad que va a desarrollar cumple todo tipo de normativa. Del mismo modo que dispone de toda la documentación necesaria para demostrarlo, la cual esta a disposición e la administración. Y, declara bajo su responsabilidad, que se compromete durante todo el tiempo de la actividad cumplirá la normativa. Un ejemplo seria el caso de un hotel, cuando lo hemos construido, no necesitamos ninguna

autorización de la administración, sino que nos hemos de declarar responsables (declaración responsable). Estas actividades solo se hará un control a posteriori pero nunca a posteriori.

En cuanto a la comunicación previa, es un documento de menor intensidad. Es un simple documento donde yo comunico a la administración, mi actividad antes de llevarla a cabo. Estas actividades solo se hará un control a posteriori pero nunca a posteriori.

Por otra parte, la ley en los art. 70 al 74 nos muestra la ordenación del procedimiento. Se establecen una serie de principios que dominan toda la actividad procedimental. Este procedimiento lo ordenamos con una serie de instrumentos:

• Se ordena porque el procedimiento se recoge en un expediente administrativo (conjunto ordenado de documentos). Se presenta en un formato electrónico, solo estará en el expediente lo que sirve de apoyo para la resolución.

Principio de celeridad. Informa. Quiere decir que hay una cierta prisa para obtener los informes o expedientes. Es decir, el tiempo es relevante en la actividad administrativa.

Principio de impulsión de oficio. Informa. El responsable de que el procedimiento continúe es la administración. Es la que de oficio impulsa el procedimiento

Principio de transparencia y publicidad. Informa. No hay salvo las excepciones legales, no hay procedimientos secretos, no hay actuaciones reservada, documentos secretos…

Principio de simplificación administrativa. Tramitación simultanea: la tramitación simultanea de todos los tramites que por su naturaleza se puedan hacer de una vez, esto es, de un solo día.

Plazo de 10 días para hacer cosas. 10 días para subsanar defectos: siempre que no haya un plazo concreto en el procedimiento y la administración nos pida algo, el plazo será de 10 días. De la misma forma que si un documento que nosotros aportemos esta mal, habrá 10 días para subsanar dicho documento, salvo que la ley ponga otro plazo.

Régimen de caducidad. Se trata de una novedad en la ley. Nos dice que la administración podrá, mediante escrito declarar que se nos ha vencido un plazo. En cuyo caso ese plazo se rehabilita durante el día de notificación y el día siguiente. La administración no esta obligada a hacerlo. Se empleara por procedimientos largos.

No suspensión por lo incidental, salvo recusación. No se suspende el procedimiento administrativo, salvo la recusación del funcionario.

Todo esto son reglas que van dirigidas a la administración. Marca una gran diferencia entre el proceso laboral y el proceso administrativo.

A la hora de hablar de la instrucción del procedimiento (art.75 a 83 de la ley 39/2015), entendemos todos aquellos actos de trámite necesarios para la formación de la voluntad de la administración. Es decir, todo lo que es preciso para la elaboración de un acto final. Si se requiere la intervención de los propios interesados, habrá de practicarse eso de la forma menos perjudicial para el propio interesado. Por otra parte, en cuanto al respeto de los , quiere decir que si en un procedimiento hay dos o mas interesados, la administración debe de tratar a todos por igual sin discriminar ni favorecer a ninguno. La ley no nos dice que actos de instrucción se van a producir en cada procedimiento sino que se limita a señalarnos cuatro ideas. Nos habla de tres tipos de actos de instrucción y una regla. En cuanto a los tipos actos de instrucción:

Las alegaciones. Los interesados, en cualquier momento anterior al tramite de audiencia, puede presentar alegaciones. Junto a esas alegaciones puedo aportar documentos o elementos de juicio

(normas, reglamentos…). La formulación de las alegaciones es libre, esto es, cada uno decide como la elabora.

La prueba. Sobre esta tampoco dice muchas cosas la ley. La ley solo habla de ella en los art.77 y 78. Podemos aportar cualquier prueba admitida en derecho. Como pruebas podemos señalar: interrogación de las partes; documental; testifical; pericial; medios de la reproducción de la palabra, imagen y sonido (grabación); presunciones. Estos son los métodos de prueba que nos presenta la ley de enjuiciamiento civil. Todos en el procedimiento civil se puede llevar a cabo, menos el interrogatorio de la administración. La ley nos dice que la valoración de la prueba deberá de hacerse por el órgano administrativo tal y como dice la ley de enjuiciamiento civil. Solo va haber prueba cuando la administración no admita los hechos que nosotros postulamos o alegamos, es decir, cuando hay una discordancia en los hechos. O cuando la propia naturaleza lo exija. El órgano instructor va a establecer, un periodo de prueba, que debe ir entre 10 y 30 días. De una manera u otra solo se van a practicar las pruebas que diga el instructor, pero de un modo teórico solo se van a presentar la pruebas pertinentes, necesarias y adecuadas con el fin. Hay una regla en materia de prueba, que es muy importante en el derecho administrativo. Aquellos documentos que levanta un funcionario que tiene reconocida la función de autoridad publica (policía, inspectores…) hacen prueba plena de aquellos hechos constatados directamente por el propio funcionario es un tipo de documento especial en el proceso administrativo.

Los informes. Se trata del tercer gran bloque de actos de instrucción. En este caso no nos referimos al dictamen pericial que nosotros podemos aportar. Nos referimos a los dictámenes u opiniones que la administración va a reclamar de otros órganos de la misma administración publica o de otra administración. Los informes, los dictámenes, las opiniones, tradicionalmente se han clasificado de la siguiente forma:

1. Preceptivo o facultativo: preceptivo es aquel que el órgano que instruye debe pedir siempre (dictamen del consejo de estado de los procedimiento de responsabilidad patrimonial). En cambio, el facultativo, es aquel que el órgano que instruye puede pedir, pero no está obligado.

2. Vinculante o no vinculante: en cuanto al vinculante, es aquel cuyas conclusiones obligan al órgano que tramita. En cambio los no vinculantes implemente le sirven al órgano que instruye para tener mas información, pero no le vinculan.

3. Cuando un órgano que instruye pide un informe, dicho informe será facultativo y no vinculante, normalmente. La ley 39/2015 nos dice que si no se dice nada, el órgano tiene 10 días para emitir el informe y no suspende el procedimiento.

Si el informe debe ser emitido por un órgano diferente, y no se presenta dentro del plazo, no pasa nada.

También regula las reglas para garantizar la participación de los interesados en el procedimiento. Los interesados aportan alegaciones y pruebas, la administración también aporta prueba y esta también puede aportar informes. Con todo esto, es decir, las alegaciones, las pruebas y los informes, se alcanza conocimiento sobre los hechos en virtud de los que se realiza la resolución. El instructor del procedimiento va a decidir los plazos de cada uno de los procedimientos.

El ultimo aso del proceso administrativo es el tramite de audiencia, consiste en dar traslado del expediente, concediéndonos un plazo para realizar las ultimas alegaciones. Normalmente es un plazo de 15 días, se trata de un tramite preceptivo. Solamente no lo habrá cuando los interesados no lo pidan, esto es, renuncien a él, y tampoco lo habrá, cuando en el procedimiento, lo único que haya, lo haya aportado yo, es decir, que todas loas pruebas, testigos, informes… lo haya portad yo. Con dicho tramite se dicta la propuesta de resolución.

Un procedimiento administrativo termina de una cierta forma. Podemos distinguir varias formas de finalización. Dichas formas están en la ley 39/2015. Hay varias posibilidades para finalizar un procedimiento.

Hay un modo normal, mediante la resolución, para terminar el procedimiento. • Tenemos el modo del desistimiento. Esto es, apartarnos del procedimiento, dejar de actuar. En

derecho distinguimos desistir y renunciar. Uno desiste del procedimiento, de la acción. En cambio la renuncia es cuando afecta al derecho, de tal forma es que cuando yo renuncio no puedo nunca mas ejercer ese derecho. En cambio en el desistimiento si que puedes. En este caso en el desistimiento NO has de dar motivos por los que desistes, en cambio, en cuanto a la renuncia, SI que has de dar motivos. Hay que destacar que no se puede renunciar a ciertos derechos, como es el caso del derecho a la vida, derecho de los trabajadores… La administración en ocasiones pone pegas al desistimiento, como es el caso, del desistimiento de un menor de edad. En cambio, en cuanto a la renuncia no. En el art.3.2 del CC es el proceso por el cual nos muestra el procedimiento para renunciar a derechos. Con el desistimiento no quiere decir que dejo de tener ese derecho, en cambio, con la renuncia yo renuncio a ese derecho.

Caducidad. Es el proceso por el que se termina el procedimiento a causa de no haberlo realizado dentro del plazo establecido. Como es el caso de los procedimientos iniciados de oficio. En este caso podemos señalar el transcurso del tiempo y la inacción del administrado.

Imposibilidad material de continuar el procedimiento: es la imposibilidad para continuarlo. Son unas causas que se da sobrevenidas en el transcurso del procedimiento.

Terminación convencional: es la terminación por acuerdo.

*Terminación convencional. Ese acuerdo se puede firmare entre la administración que determina y otro sujeto, ya sea otra administración o un sujeto personal. Es decir, es un acuerdo que la administración realiza para terminar un procedimiento. Podemos señalar unos limites:

Debe ser algo legal, no contradecir al ordenamiento. Es decir, ese pacto se ha de llevar a cabo alrededor de un objeto y una realidad legal.

Acuerdo que verse en materias susceptible de pacto o de transacción, ya que hay cuestiones sobre las que no se puede pactar (derecho a la vida, derecho a la intimidad, derechos del menor, derechos del trabajador…).

Los acuerdos han de tener interés público. Ese acuerdo no se puede hacer con el objeto de beneficiar con el administrado que yo pacto, sino que tiene que beneficiar a toda la sociedad.

Ese mismo acuerdo que firmamos pone fin al procedimiento o puede ocurrir que el órgano competente dicte una resolución que lo único que hace es copiar y pegar los términos del acuerdo, es decir, que se realiza otro acuerdo distinto para poner fin al procedimiento.

*Resolución administrativa. 1. En esta materia rige el principio de integridad, es decir, la administración al resolver el

procedimiento, resuelve todas las cuestiones que aparezcan en el procedimiento administrativo, ya sean cuestiones de hecho o de derecho. Hay una gran diferencia entre esto y la resolución administrativa basada en una sentencia, ya que esta ultima el juez resuelve en base a lo expuesto por as partes. En cambio, aquí la administración tiene la obligación de resolver cualquier cuestión planteada en el procedimiento administrativo. Esto se produce por la satisfacción del interés público. Del mimo modo que la administración siempre vela por la protección y el bienestar de los ciudadanos. Esto se puede solicitar de oficio o por la parte interesada.

2. En los procedimientos que se inician a solicitud del interesado rigen el principio de congruencia (la resolución debe resolver todas las cuestiones que hayan planteado todos los interesados. Lo que se resuelve debe tener relación con lo que se ha solicitado) y el principio de la condición de non reformato impeius (la posición del interesado no puede ser peor después del expediente que antes de este. Es decir, no puedo ser peor condición después de la resolución).

3. Toda resolución administrativa debe de ser motivada, lo cual es un elemento del acto administrativo. Si no esta motivado, dicho acto tiene un defecto. Si la falta de motivación da lugar a la indefensión, produce la no eficacia del acto.

4. En el acto administrativo definitivo nos debe de señalar que recursos proceden y ante quien se lo puedo interponer. Como una novedad de la ley 39/215 nos doce que se dictaran de forma electrónica. Es decir, el acto administrativo a mano ya no es eficaz, es decir, no puede existir.

5. Señalamos el principio non liquet. Nos referimos a que la administración debe de resolver siempre todos los procedimientos. La administración no puede decir que no resuelve por no conocimiento de la ley o por otro motivo.

6. La motivación in aliunde. Aquí nos referimos a que el procedimiento resolutorio administrativo debe nombrar a actos dentro del mismo procedimiento. Esto es, si la administración solamente motiva basándose en informes que se encuentran dentro del mismo expediente, es totalmente valido.

7. La ley 39/2915 añade que la administración debe presentar propuestas de resolución, cuando el órgano que dictó el acuerdo (resolución) es distinto al órgano que ha tramitado. Dicha propuesta se eleva al órgano competente.

*Desistimiento por la administración. La administración se aparta de un procedimiento que ella misma ha iniciado. Del mismo modo que los procedimientos iniciados por el interesado, dicho interesado puede desistir. El desistimiento es personal, en los procedimientos que interviene varios interesados.

*Caducidad. Es una forma de terminar el procedimiento administrativo como consecuencia de la consecución de dos factos: la inactivada y el transcurso del tiempo. La ley 39/2015 regula la caducidad en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Nos dice que si este queda paralizado por una causa del propio interesado, la administración le advierte y le intima a continuar el procedimiento. Si el interesado no hace ninguna actuación, en ese momento la administración declara caducado y archivado el procedimiento. Para

que se produzca la caducidad es necesario que haya un plazo de tres meses, en el caso de los actos solicitados por el interesado. Hay un inciso final que nos dice que la caducidad por si sola o producirá la prescripción de las acciones pero los procedimiento caducados no interrumpen la prescripción. Tenemos tres instituciones que regulan el paso del tiempo, y sus efectos en las relaciones jurídicas, estas son, la prescripción (afecta a las acciones, es decir, prescriben las acciones. También afectan a las pretensiones y a los derechos. Empieza a contar en un determinado momento y si el sujeto titular de la acción realiza algo dirigido a ejercitar esa acción se interrumpe, y el plazo empieza a contar de nuevo. La adminis5racion tiene 3 años para realizar un procedimiento grave contra nosotros. Si en tres años no lo ha iniciado, se prescribe), la caducidad (la caducidad afecta a los procedimientos, fundamentalmente. Cuando el sujeto activa el procedimiento se produce el efecto de la suspensión, por lo que no se empieza a contra de cero, si que continua ahí donde se quedo. Habrá un intervalo de tiempo que no computa) y la preclusión (la preclusión afecta a los plazos. Aquí ni se suspende ni se interrumpe).

En cuanto al silencio administrativo (art.21 a 25 ley 39/2015). El acto presunto es el acto que nace por silencio (art.21 al 25 de la ley). No podemos atribuir efectos jurídicos al silencio, si previamente no hay una obligación. A parte de una obligación se nos tiene que establecer un plazo para resolver dicha obligación. La ley lo resuelve de la siguiente manera, diciendo que no hay un plazo general para los procedimientos administrativos, es decir, el plazo dependerá del acto o procedimiento administrativo. Sino se establece un plazo, el plazo será de 6 meses, a no ser que una norma con rango de ley o norma comunitaria establezca un plazo mayor, sino siempre será de 6 meses.

Obligación de resolver y notificar: La administración tiene la obligación de resolver y de notificar en todos los procedimientos. Solamente podemos señalar una excepción, que son aquellos procedimientos iniciados por declaración responsable y comunicación previa.

Todos los procedimientos tiene un plazo: para que y pueda atribuir efectos al silencio tengo que establecer un plazo, ya que sino seria imposible. Salvo que una norma con rango de ley o tratado internacional o norma europea diga otra cosa, el plazo máximo es de 6 meses. Si la norma que regula el procedimiento no establece plazo, el plazo general será de 3 meses.

Tenemos que tener en cuenta el computo del plazo (art.30 ley 39/2015). Como novedad de la ley, en los plazos señalados por horas o por minutos se computara de hora a hora y de minuto a minuto. Esto no estaba en la ley 30/1992. No es posible cuando los plazos sean superiores a 24h se computaran por días, del mismo modo que si se computan por encima de 60minutos se computaran por horas. Los días inhábiles son Sábados, Domingos y festivos. Cuando un día sea inhábil en el lugar de residencia del interesado y no lo sea donde se encuentra la administración, se considera ese día inhábil (siempre a favor del interesado). Se empieza a computar en día enteros desde el día siguiente a la notificación, a no ser en los días inhábiles. Cuando el día final de un plazo sea un día inhábil se prolonga el plazo hasta el siguiente día hábil. Cuando un día sea inhábil en una comunidad autónoma la inhabilidad del plazo solo es para esa comunidad autónoma. La inhabilidad del día, puede afectar tanto al lugar donde residimos nosotros como al lugar donde presentamos el acto o el escrito. Los plazos señalados por meses o por años computan de fecha a fecha.

Efectos del silencio: cuando en los procedimientos, son iniciados por la partes, es decir, por la parte, el silencio siempre será positive. Es decir, transcurrido el plazo señalado se concede lo que yo he pedido. Salvo en los casos que haya una disposición legal, que establezca lo contrario. La ley 39/2015 establece algunos casos en los que el silencio es negativo, como en material de derecho de petición, responsabilidad patrimonial, facultades sobre servicio o dominio publico.

Si el procedimiento es iniciado de oficio, la ley establece dos reglas: si el procedimiento iniciado de oficio, puede producirnos efectos favorables, el silencio será considerado negativo. Por el cp0ntrario en los procedimientos iniciados de oficio que puedan producir efectos desfavorables para el administrado, y la administración no lleva a cabo el acto, se produce la caducidad y archivo del expediente. Por tanto el silencio solo opera cuando el procedimiento es iniciado por la parte.

**Ejecución del acto administrativo. (art.97 al 106 de la ley 39/2015). El fundamento de la autotela ejecutiva es la presunción de la validez del juez. esto se lleva a cabo para que el acto sea eficaz. Para que la administración publica pueda ejercitar sus actos es preciso, dos cosas básicas:

• Un acto definitivo. • Que se notifique. Si no se notifica no puede producir efectos ante nosotros.

Antes de ir a la ejecución forzosa de los actos, se llevara a cabo la ejecución voluntaria. La regla de la autotuela ejecutiva viene recogida en la ley cuando dice que los actos administrativo, son inmediatamente ejecutivos, es decir, que se dictan y producen efectos inmediatamente. No producirá efectos inmediatos cuando:

• Cuando se ordene la suspensión de la ejecución • Cuando se trate de sanciones no firmes, ya que si no son firmes no se pueden ejecutar • Cuando una disposición normativa establezca lo contrario • Cuando se necesite la aprobación o autorización de un órgano superior

Cuando un ciudadano no obedece ni cumpla los actos que le son obligados, se llevará acabo la ejecución coactiva o forzosa. Primero la administración me dice que cumpla, y yo no cumplo, pasamos al criterio del juez, y ya se pasa a la ejecución forzosa. La laye contempla cuatro medios de ejecución forzosa:

Apremio sobre el patrimonio. Es aquel medio de ejecución que se utiliza cuando el contenido del acto consta en pagar una cantidad de dinero liquida. Consiste en producir embargos sobre el patrimonio del sujeto, y hacerse pago sobre las ejecuciones embargadas.

Ejecución subsidiaria. Consiste en que la administración ejecuta aquello a lo que esta obligado el destinatario. Lo hace ella misma o a través de terceros, y luego le pasa el coste al destinatario el cual esta obligado.

Multa coercitiva. Consiste en que el sujeto que ha de cumplir el acto administrativo, la administración le pone multas hasta que lo cumpla. Se puede imponer muta cuando:

• Se trate de actos personalísimos: cuando lo que hay que hacer solo lo puedo hacer yo.

• Actos los cuales la persona, solamente el, puede encargar a otras personas • Compulsión directa sobre las personas: consiste en compeler a la otra persona, es decir, pueda

agredir físicamente a las personas. La administración no puede obligar a alguien a hacer algo.

Tenemos que tener en cuenta el principio de proporcionalidad, es decir, el medio que la administración elija para a ejecución forzosa ha de ser proporcional al caso que no se ha llevado de forma voluntaria por el administrado. Del mismo modo que ha de ser el menos restrictivo de la libertad individual, esto es, el que

menos dañe la libertad. Y, finalmente, en el caso que se tenga que entrar en el domicilio, se necesita una autorización del juez.

***Recursos administrativos. LOS ACTOS DE TRAMITE NO SON RECURRIBLES. Los sujetos legitimados para poner un recurso administrativo son todas aquellas personas que se vean afectadas. Por otra parte, en cuanto al objeto del recurso administrativo, son aquellos actos de tramite cualificados (algo excepcional) y los actos definitivos. En ocasiones hay leyes que regulan mecanismos alternativos de sustitución de los métodos de alzada y reposición. Siempre deberá haber un mecanismo sustitutivo para resolver el conflicto. Un ejemplo, es el arbitraje, la mediación… Los reglamentos no pueden ser objeto de recurso administrativo, no hay recurso de alzada ni de reposición contra los reglamentos. No se puede aplicar al ámbito tributario el recurso de alzada (real decreto de 13 mayo de 2005). Un acto pone fin a la vía administrativa cuando nos lo dice la ley (art.114), y por tanto, puedo imponer un recurso de reposición. El recurso de alzada es obligatorio antes de presentar un recurso de reposición, en cambio, este ultimo, no es obligatorio.

En cuanto a los elementos del recurso y elementos formales, están en el art.115. normalmente, son el nombre del que recurre, la fecha, el lugar… Hay que tener en cuenta que el error en la calificación del recurso no impide su tramitación, esto es, si en verdad es un recurso de alzada y yo digo que es recurso de reposición no pasa nada, ya que no hay sanción para ese error. Los vicios o defectos del acto no pueden ser alegados por quienes lo ha causado, es decir, si yo he causado un vicio en el acto, yo no lo puedo alegar (no me lo tendrán en cuenta). Esto es una regla que se aplica en todo el derecho. En cuanto a las causas de inadmisión de un recurso podemos señalar:

• Cuando el órgano es incompetente. Por ejemplo, nos pone una sanción el alcalde de Barcelona y nosotros ponemos un recurso ante el alcalde de Madrid.

• Cuando carece de legitimación el recurrente. Es decir si me ponen a mi la sanción y la recurre mi padre.

• Cuando se trata de un acto no susceptible de recurso (acto de tramite). • Cuando ha transcurrido el plazo para recurrir. • Cuando el recurso carece de fundamente.

A la hora de hablar de la suspensión del acto. Tenemos que tener en cuenta que el hecho de que yo interponga un recurso no interrumpe ni suspende la actividad del acto. Por ejemplo, si la administración me quiere expropiar y yo interpongo un recurso, la administración seguirá expropiándome. Solamente podemos hacer esto, cuando señalemos que el acto de la administración, poniendo un recurso para suspender ese acto diciendo que la administración nos producirá daños de difícil o imposible reparación. Normalmente, cuando se trata de temas de dinero, se trata de situaciones de posible reparación.

En cuanto a la tramitación. Hasta ahora no teníamos nada en cuanto a la tramitación, pero con la nueva ley nos dice mas cosas en cuanto a este tema. Se hará mediante un escrito por parte del interesado, la

tramitación de un acto definitivo. En el momento que tenemos el acto definitivo, nosotros presentamos un recurso de alzada, si en este recurso no aportamos ningún documento o hecho nuevo, no hay tramite de audiencia. Es decir, cuando se presenten nuevos documento o pruebas en el recurso de alzada o de reposición, se pasara al tramite de audiencia. Cuando presentamos un recurso, nunca podemos salir mas perjudicados que antes de que lo presentamos (reformatio impeius).

**Recurso de alzada. Se presenta contra el acto definitivo que no pone fin a la vida administrativa. Es un recurso obligatorio, si yo quiero acceder a la vía judicial. En este caso, lo resuelve el órgano superior jerárquico. Solamente cabe hacer un recurso de alzada, es decir, no puedo realizar dos recursos de alzada sobre el mismo tea. Tengo el plazo de 1 mes para hacerlo desde que se me notifique. Si el acto es presunto no tengo plazo para presentarlo, ya que la administración siempre tiene la obligación de resolver, por lo que cuando resuelva siempre se me abrirá un plazo de 1 mes. En cuanto al superior jerárquico, tiene el plazo de 1 mes para resolver, si pasa 1 mes y no dicen nada se entiende que este órgano, y que por tanto, el acto se ha desestimado, y a partir de ahí yo puedo presentar recurso.

**Recurso de reposición. Se presentan cuando un acto ha terminado la vía administrativa. Es opcional, ya que yo lo puedo presentar o irme directamente a la vía judicial, ya que ha puesto fin a la vía administrativa. Lo resuelve el mismo órgano que lo dictó. En cuanto al plazo, es de un mes para recurrir si el acto es expreso, si es un acto presunto no hay plazo. El plazo para el órgano es de 1 mes para que este conteste, sino contesta en un mes, el acto será desestimado.

**Recurso extraordinario de revisión. Es contra actos firmes, es decir, cuando se ha dictado un acto de la administración, ya ha pasado el plazo y yo interpuse recurso. En esta ocasión tengo la posibilidad de presentar un recurso extraordinario.

***Procedimiento de responsabilidad patrimonial (EXAMEN). La responsabilidad patrimonial, es la institución jurídica de derecho publico, en virtud de la cual, la administración publica, repara, indemniza, los daños que haya podido causar. Esto es la otra cara de la moneda de la responsabilidad extracontractual en el derecho civil (art.1902 CC, no se aplica en el derecho administrativo, sino que se aplica la responsabilidad patrimonial). Es una institución de muy reciente creación, en concreto en España las primeras manifestaciones se producen con la constitución republicana de 1931. Una figura jurídica que se desarrolla a partir de la ley de expropiación forzosa y que sobre todo alcanza su auge con el art.106.2 de la CE. Este articulo reconoce a la administración el deber de las administraciones publicas de reparar los daños causados a los administrados. No se manifestó antes del 1931, porque la revolución francesa consiguió quitar al rey y poner a la nación. Como sabemos, los reyes no responden de los daños causados. Nuestra propia CE dice que el rey es irresponsable. Es a partir de la segunda mitad del s. XIX, los franceses empezaron a poner pegas a esto, diciendo que la administración era responsable de sus actos. Con el art.106.2, los primeros administrativistas dijeron que la responsabilidad patrimonial en España tenia tres características:

Responsabilidad general: todas las administraciones deben responder por cualquier tipo de daño y por cualquier tipo de actividad, que dañe a cualquier persona. Los autores co esto quieren decir que no hay limitaciones.

Responsabilidad objetiva: quiere decir que el art.106.2 de la CE, no parece que sea exigible que al producir el daño, la administración haya sido culpable o negligente. Parece que la CE no quiere exigir culpa o negligencia. Por lo que si se produce el daño por la administración debe responder, aunque su actividad haya sido diligente. Para que la administración responda se debe exigir titulo de imputación, esto es, cual es la razón jurídica que lleva al sujeto a considerar responsable a la administración.

Responsabilidad extracontractual: por eso decíamos que era la otra cara del art.1902 del CC. Si yo estoy ligado con la administración por algún tipo de contrato, yo voy por la propia responsabilidad contractual, y nunca iré por responsabilidad extracontractual.

Este principio también se recoge en la ley 39/2015 y la ley 40/2015

En cuanto a los elementos de la responsabilidad patrimonial (se tiene que dar todos para que nos indemnicen):

Elementos subjetivos: tenemos dos sujetos que entran en acción. El administrado que sufre el daño y la administración que la produce. Cuando hablamos de particulares, la CE hace referencia a cualquier sujeto. Por lo que no quiere incluir solo a personas, sino también a comunidades de bienes, de propietarios, de vecinos… Y en el otro termino subjetivo esta la administración. Uno de los problemas que se nos puede plantear es que haya mas de una administración que cause el daño. Es decir, que haya varias administraciones como causantes de la producción del daño. Ante esas situaciones la ley lo resuelve, diciendo que si las administraciones publicas han pactado un porcentaje de responsabilidad, habrá que acudir a ese porcentaje para pedir responsabilidad. Pero si no hay previo acuerdo, la responsabilidad de las administraciones que hayan intervenido será solidaria, así se protege al administrado.

Elementos objetivos: son el daño, la indemnización, la relación de causalidad, el funcionamiento de una administración y el deber jurídico de soportar. En cuanto al daño, debe de ser efectivo, evaluable económicamente (los daños morales son difíciles de valorar económicamente) e individualizado en relación a una persona o a un grupo de personas. Todo daño que no tenga estas características la administración no lo indemniza. En cuanto a la indemnización la indemnización debe de ser equivalente al daño producido. Calculada la indemnización y el día que se produjo el daño, luego se actualiza monetariamente. En principio la administración indemniza con dinero. La ley prevé la posibilidad de que indemnice con cosas, si hay acuerdo. Para el cálculo de la indemnización se establecen los cálculos establecido en las leyes. La administración no indemniza los daños imprevisibles o inevitables en función del grado de conocimientos o evolución de la técnica o de la ciencia. Hace veinte años que la meteorología no permitía prever los cambios que se iban a producir en los próximos días. En cuanto a la relación de causalidad, tiene que haber una relación de cusa y efecto con el daño producido y el funcionamiento de la administración. No es precisa la culpa o negligencia de la administración. En cuanto al ultimo elemento, el deber jurídico de soportar. La administración para indemnizar debe acreditar o va a alegar si el sujeto que reclama tiene el deber jurídico de soportar el daño. La causa del daño tiene que ser el funcionamiento de una administración.

Elementos formales: podemos destacar el plazo y el procedimiento. En cuanto al plazo, la reclamación debe iniciarse antes del transcurso de 1 año desde que se produjo el daño (plazo de prescripción de 1 año). Hay excepción, con los daños físicos y psíquicos, el plazo del año se cuenta desde la curación o desde la fijación de las secuelas. Es una excepción a la regla de la accionata. en cuanto al procedimiento lo debo iniciar a solicitud del interesado, dirigido a obtener una administración. No puedo ir directamente a los tribunales, sino que primero tengo que agotar la vía administrativa.

Supuestos específicos (responsabilidad del estado legislador): la responsabilidad del estado que no transpone adecuadamente al derecho nacional las directivas comunitarias. Cuando hablamos de estos, estamos haciendo trampas, ya que es la responsabilidad de la administración y el estado legislador no es administración, ya que es el poder legislativo. ¿cómo va a indemnizar el sujeto soberano, daños causados a personas? Lo lógico es que el soberano no indemniza. Cuando la ley sea declarada inconstitucional o cuando la norma estatal sea declarada en contra de la UE. En estos dos supuestos puede surgir la responsabilidad del estado legislador. Por tanto, en cuanto s estos supuestos si que podre reclamar la responsabilidad patrimonial de la administración. Otros supuesto especifico es el de la responsabilidad de la administración de justicia. Estos órganos no son administración publica, sino que son parte del poder judicial. Un ejemplo es que una persona pase 4 años en prisión preventiva y luego s ele declare inocente. En este caso habría un error judicial, y se podría pedir responsabilidad patrimonial. Otro caso es lo que denominamos la responsabilidad de contratista y concesionarios. En este caso lo que sucede es que se produce un daño al particular pero dentro del marco de un contrato de obra publica o servicio publico. Si yo voy con la moto y hay una obra en la calle y una valla esta mal señalizada, la responsabilidad es del contratista. La responsabilidad será del concesionario salvo que el daño se produzca como consecuencia de una orden directa de la administración o como consecuencia de un error del proyecto.

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