Apuntes pena, Ejercicios de Derecho Penal. Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
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Asignatura: Derecho penal, Profesor: fernando molina, Carrera: Derecho + Ciencia Política y Administración Pública, Universidad: UAM
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Derecho Penal. Parte general: Teoría del delito. Curso 2017-2018.

Doble grado en Derecho y ADE: Grupo 371.

PROF. FERNANDO MOLINA FERNÁNDEZ.

TEMA 1. El CONCEPTO DE DELITO.

SUMARIO. I. ESTRUCTURA DEL DELITO Y DEFINICIÓN DE SUS ELEMENTOS. A. El concepto de delito en

la doctrina penal. B. Evolución histórica del concepto de delito. 1. Teoría causal o clásica. 2. Teoría neocausal o

neoclásica. 3. Teoría finalista. 4. Teoría normativista o funcional. C. La estructura básica de la infracción penal. II.

DERECHO POSITIVO Y CONCEPTO DE DELITO. A. La definición legal de delito en el art. 10 CP. B. La clasificación

de las infracciones penales: la antigua distinción entre delitos y faltas. C. El “hecho previsto como delito” en las medidas

de seguridad.

I. ESTRUCTURA DEL DELITO Y DEFINICIÓN DE SUS ELEMENTOS.

El concepto de delito, o infracción penal, es el concepto central del Derecho penal.

Todas las disposiciones normativas que integran esta rama del derecho están de una

manera u otra vinculadas a él.

Conforme al art. 13.1, 2 y 3 CP, son delitos graves las infracciones que la Ley

castiga con pena grave, delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena

menos grave y delitos leves las infracciones que la Ley castiga con pena leve. Si la pena

prevista, por su extensión, puede incluirse tanto entre las graves como entre las menos

graves el delito se considerará en todo caso como grave; si puede incluirse entre las leves y

las menos graves, se considerará, en todo caso, como leve (art. 13.4 CP). El criterio

material para distinguir las tres modalidades de infracción es la gravedad del hecho

cometido, pero el criterio formal, al que alude el art. 13, es el de la magnitud de la pena

asociada a la comisión del hecho.

El término histórico ‘crimen’, todavía hoy habitual en el lenguaje jurídico aunque no es ya una

categoría legal en nuestro Código, equivale a delito especialmente grave. No es infrecuente seguir

llamando por extensión infracción criminal a la penal. En los textos internacionales, que aluden

siempre a infracciones de especial gravedad, se mantiene, sin embargo, esta denominación. En la

medida en que España sea firmante de los correspondientes tratados, el término es también parte de

nuestro ordenamiento. Así sucede, por ejemplo, en los delitos previstos en el Estatuto de Roma de la

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Corte Penal Internacional, a los que se alude expresamente como crímenes de genocidio, lesa

humanidad, guerra y agresión (art. 5 ECPI).

A. El concepto de delito en la doctrina penal.

La comisión de un delito es el presupuesto principal para la aplicación de una pena,

pero no el único. En algunos casos se requiere adicionalmente la presencia de otros

elementos que condicionan la punibilidad del hecho (o la ausencia de los que la excluyen),

y en todo caso no deben concurrir causas de extinción de la responsabilidad penal (ya

examinadas en la Introducción al Derecho penal) y deben estar presentes los requisitos

procesales requeridos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por otra parte, la imposición de medidas de seguridad requiere algo menos que la

comisión de un delito. Conforme a los arts. 6.1 y 95.1.1ª CP, su presupuesto de imposición

es sólo la comisión de un ‘hecho previsto como delito’, no de un delito en sentido estricto.

Por ello, la delimitación del concepto de delito requiere determinar, primero, qué

presupuestos de aplicación de una pena pertenecen a dicho concepto y cuáles no; y

segundo, qué debe entenderse por ‘hecho previsto como delito’ a efectos de aplicación de

las medidas de seguridad.

La doctrina se ha ocupado de determinar detalladamente y exponer de una manera

sistemática los elementos que integran el concepto de delito, y la jurisprudencia ha

aceptado en lo sustancial esta definición. Tras una larga evolución histórica, y pese a las

discrepancias sobre su contenido, hay un acuerdo muy amplio en estructurar el delito en

torno a los elementos de la acción, la antijuridicidad penal, que comprende por un lado la

tipicidad y por otro la ausencia de causas de justificación, y la culpabilidad. La acción

es el elemento sustantivo del que se predican el resto de elementos como atributos.

Aunque la cuestión no tiene demasiada trascendencia práctica, hay definiciones

tripartitas, que conciben el delito como una acción típica, antijurídica y culpable, y

bipartitas, que lo definen como una acción típicamente antijurídica y culpable. La única

diferencia es que estas últimas integran dos elementos, la tipicidad y la antijuridicidad

(entendida como ausencia de causas de justificación), en un elemento superior, la

antijuridicidad penal, destacando así la indudable conexión entre ambas categorías.

Materialmente, también los seguidores de las definiciones tripartitas acaban dando este

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paso, por lo que, en un último extremo, las bipartitas pueden considerarse preferibles, por

ser más exactas terminológicamente.

B. Evolución histórica del concepto de delito.

El actual concepto de delito que se maneja en nuestra doctrina fue elaborado

inicialmente en Alemania a principios del siglo XX, y ha sufrido un largo desarrollo

posterior que dura hasta la actualidad, y en el que han participado muchos países, entre

ellos España. Sus raíces deben buscarse, sin embargo, en la época del humanismo, en torno

al siglo XVI, en el paso del mos itallicus al mos gallicus. Si los representantes del primero

prácticamente se limitaban estudiar los diferentes delitos de un modo no sistemático, los

del segundo desarrollaron conceptos generales, compartidos por las diversas figuras

delictivas -dolo, culpa, conatus, mandatum, auxilium, etc.-, y ofrecieron incipientes

definiciones de delito.

Significativa es la definición de delito de Tiberio Deciano (1509-1582; Tractatus Criminalis), como “Hecho humano, (…) doloso o culposo, prohibido bajo pena por una ley vigente

y que no puede ser excusado por una justa causa”. En España, Antonio Gómez (1501-1572; Variae

Resolutiones Iuris Civilis, Communis et Regii, Tomis Tribus Distinctae) distinguió en el delito tres

elementos: el hecho externo (factum), el interno (animus) y la punibilidad legal (delictum). Ambas

definiciones contienen, en germen, los elementos básicos de la actual definición de delito.

La elaboración doctrinal del concepto de delito ha sido especialmente intensa a lo

largo del siglo XX y lo que llevamos del actual, con varias teorías de alcance general y

múltiples variantes que afectan a concretos elementos del delito. Entre las generales, deben

mencionarse especialmente tres, por su contribución señalada a la construcción del

concepto de delito hoy imperante:

1. La teoría CAUSAL O CLÁSICA, que dio origen a la actual definición de delito a

comienzos del siglo XX, y cuyos principales exponentes fueron los penalistas alemanes

Von Liszt y Beling. Influenciada por el positivismo jurídico, se caracteriza por proponer

una nítida separación entre aspectos objetivos del hecho, valorados en la antijuridicidad, y

subjetivos, en la culpabilidad, así como por propugnar una visón eminentemente

naturalista del delito (la acción es un movimiento o pasividad corporal que produce efectos

causales; la tipicidad una pura descripción del hecho; la culpabilidad un nexo psicológico

entre autor y hecho).

2. La teoría NEOCAUSAL O NEOCLÁSICA, heredera de la anterior, y cuyo

representante más cualificado fue Mezger. Frente al carácter marcadamente naturalista de

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la concepción clásica, incide en los aspectos valorativos del delito: la acción sigue siendo

causal, pero interpretada como conducta humana; la tipicidad entraña una primera

valoración de la conducta como parte del juicio general de antijuridicidad penal; y la

culpabilidad se entiende como un juicio de reproche normativo al autor del delito, centrado

en las denominadas formas de la culpabilidad -dolo e imprudencia-, a las que acompañan

la imputabilidad del autor y la exigibilidad de comportamiento adecuado a la norma. Desde

un punto de vista sistemático, se desdibuja parcialmente la separación entre los aspectos

objetivos y subjetivos del delito, al admitir que la antijuridicidad puede contener en

algunos casos elementos subjetivos (los llamados elementos subjetivos del injusto) y,

correlativamente, la culpabilidad puede en ocasiones depender de la presencia de

elementos objetivos, como en las causas de inexigibilidad.

3. La teoría FINALISTA, propuesta por Welzel, dio un giro metodológico importante

al concepto de delito, recuperando la vinculación ontológica que se había desdibujado en la

posición neoclásica. Partiendo de un concepto final de acción, que no se conforma con el

acto voluntario, sino que atiende al contenido intencional de dicho acto, la teoría finalista

da un paso más en la subjetivización de la antijuridicidad, trasladando el examen del dolo y

la imprudencia desde la culpabilidad al tipo subjetivo, y dando lugar al concepto personal

de injusto. La culpabilidad sigue entendiéndose como un reproche normativo, pero del que

están ausentes el dolo y la imprudencia, sustituidos por el conocimiento de la

antijuridicidad, como elemento autónomo, que acompaña a los requisitos generales de la

imputabilidad y la exigibilidad.

4. Aunque ha habido teorías posteriores, con aportes muy significativos al concepto

de delito, la estructura actual de la definición, al menos en sus grandes líneas, se mueve

entre el esquema neoclásico y el finalista. De hecho, hoy está muy extendido un concepto

post-finalista, que también se ha denominado NORMATIVISTA O FUNCIONAL, que puede

entenderse en alguna forma como una síntesis de la estructura básica propuesta por el

finalismo y el neoclasicismo. Así, del primero se acepta el desplazamiento del dolo y la

imprudencia al tipo subjetivo, y con ello la subjetivización de la antijuridicidad, pero a la

vez, del segundo se tomas su orientación valorativa característica, así como el papel

protagonista que debe tener el tipo objetivo, desarrollado profusamente en la novedosa

categoría de la imputación objetiva. Sus principales representantes son Roxin, en la versión

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más clásica, y Jakobs, en la más extrema, con un planteamiento radicalmente funcionalista

inspirado en la teoría sociológica de sistemas.

C. La estructura básica de la infracción penal.

Pese a la intensa polémica histórica, que muchas veces afecta sólo a cuestiones

metodológicas o a aspectos muy concretos de la definición, lo cierto es que hay un

consenso bastante generalizado en la estructura básica de la infracción penal, con una

importante discrepancia de fondo referida a la clasificación del dolo y la imprudencia. La

definición de delito estaría centrada en los siguientes elementos:

1. ACCIÓN Y OMISIÓN (infra, tema 2). Hay un acuerdo muy mayoritario en que la

acción/omisión es el primer elemento de la definición de delito, y, pese a que sigue

debatiéndose qué es una acción, hay práctica unanimidad en las causas de ausencia de

acción, que es finalmente lo único relevante, por lo que la polémica tiene bastante de

nominal. Hay también acuerdo casi completo en que la acción debe ser contraria a derecho

(antijurídica) y personalmente imputable (culpable) para que sea delictiva. Antijuridicidad

penal, esto es, típica, y culpabilidad se convierten así en los dos grandes juicios de la

estructura del delito.

2. ANTIJURIDICIDAD PENAL. Una acción es penalmente antijurídica si es típica y

no concurre una causa de justificación. Ambos niveles de análisis valoran la acción

delictiva desde la perspectiva material de su lesividad para los bienes jurídicos: se examina

si la acción pone en peligro o lesiona bienes jurídicos de una manera no justificada por la

preservación de intereses superiores.

a. Tipicidad (infra, temas 3 y 4). Todo comportamiento delictivo se describe y

prohíbe en un tipo penal. Materialmente, sólo se prohíben comportamientos

gravemente lesivos, así que la tipicidad fundamenta el desvalor material del hecho

prima facie. El tipo es, por ello, tipo de injusto, esto es, tipo que incorpora el desvalor

inicial del hecho desde la perspectiva de su antijuridicidad material. El tipo contiene

aquellas circunstancias objetivas y subjetivas que hacen al hecho lesivo para el bien

jurídico protegido. La moderna teoría del delito no ha llegado a un acuerdo acerca de

cuáles sean estas circunstancias. Se ofrecen básicamente dos grandes propuestas

alternativas, que tienen su origen respectivamente en el neocausalismo y el finalismo,

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y cuyo punto principal de discrepancia es el peso que han de tener los elementos

subjetivos en este escalón del delito:

a. La primera entiende que el tipo contiene predominantemente elementos

objetivos, y sólo excepcionalmente subjetivos en aquellos delitos en los que no es

posible determinar la lesividad de la acción sin su concurso. El tipo es común a delitos

dolosos e imprudentes, que sólo se distinguen en la culpabilidad, donde se examinan

estos elementos subjetivos.

b. La segunda, por el contrario, sitúa en pie de práctica igualdad los elementos

objetivos, agrupados en el tipo objetivo, y los subjetivos, reunidos en el tipo subjetivo.

Se distingue ya desde la propia tipicidad entre el hecho doloso y el imprudente. El tipo

doloso incorpora el dolo natural (conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo)

como núcleo del tipo subjetivo, vaciando correlativamente la culpabilidad de este

elemento. El tipo imprudente, por su parte, incorpora la infracción del deber objetivo

de cuidado.

b. Ausencia de causas de justificación (infra, temas 5 y 6). Las causas de

justificación (como la legítima defensa, el estado de necesidad o el cumplimiento de

un deber y ejercicio de un derecho) ofrecen reglas de solución de conflictos de

intereses. Un hecho típico, y en esta medida inicialmente lesivo, puede no ser

antijurídico si preserva intereses jurídicos superiores. El juicio global de lesividad

resulta en este caso también negativo, como en las causas de atipicidad, aunque por

diferentes razones. En la atipicidad ni siquiera hay un hecho prima facie lesivo (no ha

habido un homicidio, por ejemplo), mientras que en la justificación la lesividad inicial

está compensada por la preservación de intereses preponderantes (el homicidio está

justificado por legítima defensa, por ejemplo).

3. CULPABILIDAD (infra, tema 7.I). Una vez comprobada la antijuridicidad penal

del hecho, en la culpabilidad se examina si ese hecho puede imputarse subjetivamente a su

autor; si cabe hacerle un reproche personal. El debate de fondo que se ha examinado en la

tipicidad se traslada, como es lógico, también a la culpabilidad, ya que las discrepancias

tienen que ver básicamente con la ubicación de ciertos elementos subjetivos en uno u otro

momento.

a. Hay acuerdo pleno en que la imputabilidad (infra, tema 7.II) es el primer nivel

de análisis de la culpabilidad. Se entiende por tal la capacidad genérica del sujeto

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para ser consciente del significado y alcance de sus actos y ejercer un control sobre

ellos, que estaría ausente en quienes, por su edad, todavía no han alcanzado un

grado de madurez mental suficiente; quienes padecen graves anomalías o

alteraciones psíquicas; los que se encuentran en un estado de intoxicación plena por

consumo de alcohol o drogas; o quienes tienen gravemente alterada la conciencia

de la realidad por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la

infancia –las denominadas causas de inimputabilidad.

b. Tampoco hay grandes discrepancias en el tercer nivel de análisis, la

exigibilidad (infra, tema 8.V), aunque en sí es una categoría controvertida. Si las

circunstancias en las que se cometió el delito fueron extraordinarias, y resultaba

inexigible un comportamiento adecuado a la norma, no cabe el reproche de

culpabilidad. Tal situación se daría en el denominado estado de necesidad exculpante,

y en las situaciones de miedo insuperable.

c. Las principales discrepancias se encuentran en el segundo nivel: la teoría

neocausal ubica aquí las llamadas formas de la culpabilidad –dolo e imprudencia

(infra, tema 8.I-IV)-, mientras que la teoría finalista sitúa en este segundo escalón

sólo el conocimiento de la antijuridicidad, que se desgaja del dolo y permanece como

elemento autónomo de la culpabilidad.

Correlativamente, en la primera teoría, el error, tanto sobre el hecho típico como sobre la

prohibición, se examina en la culpabilidad, como contraparte del dolo y la imprudencia,

mientras que en la segunda el error de tipo se examina en el tipo subjetivo, como la otra cara

del dolo natural, mientras que el error de prohibición permanece en la culpabilidad, como

reverso del conocimiento de la antijuridicidad.

4. PUNIBILIDAD (infra, tema 9.I). Según opinión muy mayoritaria, no es un

elemento del delito (aunque forme parte de la responsabilidad penal) la denominada

punibilidad, término con el que se alude no al hecho genérico de que la acción sea penada

por la ley (aspecto que conecta con la tipicidad, y que por ello sí pertenece a la definición

de delito), sino a la exigencia en algunos delitos de circunstancias positivas o negativas

que condicionan la imposición o la medida de la pena, pero no la lesividad del hecho ni

la imputación a su autor. Entre estas circunstancias merecen destacarse las denominadas

condiciones objetivas de punibilidad, las excusas absolutorias, y las inviolabilidades e

inmunidades (infra, tema 9.I). Todas ellas son presupuesto de aplicación de la sanción

penal, pero no afectan al carácter delictivo del hecho. Si concurre una causa de exclusión

de la punibilidad, el hecho no se castiga, pero sigue estando penalmente prohibido, lo que

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tiene consecuencias a efectos de la actuación de terceros: cabe frente a él legítima defensa;

está prohibida y puede sancionarse la participación de otras personas en él; etc.

Tampoco son elementos del delito la ausencia de causas de extinción de la responsabilidad

penal (como la muerte del reo, la prescripción, el indulto, etc., ya examinados en la

Introducción al Derecho penal), ni el cumplimiento de los requisitos procesales que la Ley de

Enjuiciamiento criminal prevé para acreditar la responsabilidad penal.

II. DERECHO POSITIVO Y CONCEPTO DE DELITO.

A. La definición legal de delito del art. 10 CP.

El actual Código penal ha mantenido la tradicional presencia de una definición

legal de delito en su articulado, al igual que han hecho los diferentes Códigos históricos

desde el primero, de 1822, que además reservaban el artículo primero para esta definición,

lo que da cuenta de la importancia que se le atribuía. La novedosa inclusión en el actual de

un Título Preliminar, dedicado a las garantías penales y a la aplicación de la Ley penal, ha

relegado la definición de delito al artículo 10, que, pese a ello, sigue siendo el primero del

Libro I.

Conforme al art. 10 CP, “Son delitos las acciones y omisiones dolosas o

imprudentes penadas por la ley”. Si se compara con la definición doctrinal, se trata de

una definición de mínimos, que se desarrolla en sus elementos integrantes en otros

artículos de la Parte General, entre los que merecen destacarse:

a. en la dimensión positiva los arts. 1 a 4 (que aluden al principio de

legalidad y, por ello, desarrollan el requisito de la tipicidad), y los

artículos 11 (comisión por omisión), 15 a 18 (formas imperfectas de

ejecución), y 27 y ss. (autoría y participación);

b. en la dimensión negativa los artículos 14 (error), 19 (minoría de edad)

y 20 (eximentes), que recogen circunstancias que excluyen los distintos

elementos del delito: causas de atipicidad, de justificación y de

exclusión de la culpabilidad.

Posiblemente la principal aplicación práctica de la definición legal se encuentre

hoy en el reconocimiento de la categoría de la acción/omisión, que no tiene desarrollo

propio en el resto del articulado de la Parte General. Al margen de esto, desde una

perspectiva sistemática, sirve para destacar algunos de los principios básicos de la

responsabilidad penal, como el de legalidad o el de culpabilidad (al menos en lo que se

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refiere a la proscripción de la responsabilidad objetiva), que se desarrollan en otros

artículos.

B. La clasificación de las infracciones penales: la antigua distinción entre

delitos y faltas.

Hasta la entrada en vigor de la LO 1/2015 de reforma del Código penal era habitual

distinguir entre delito en sentido amplio, equivalente a infracción criminal, y delito en

sentido estricto, que abarcaba únicamente las infracciones graves y menos graves, ya

que las leves se denominaban faltas, siguiendo la secular tradición española. Con la

derogación, en la citada reforma, del Libro III, dedicado a las faltas, ahora hay un solo

concepto de delito, que equivale plenamente al de infracción criminal. Las antiguas

faltas, o bien han pasado a constituir delitos leves y se han incluido en el Libro II CP, o

bien se han destipificado, pasando a ser infracciones administrativas.

C. El “hecho previsto como delito” en las medidas de seguridad.

La presencia de todos los requisitos incluidos en la definición legal es necesaria

para poder imponer una pena. Pero cuando se trata de medidas de seguridad el Código no

requiere que se haya cometido un delito, sino tan sólo un “hecho previsto como delito”

(arts. 6.1 y 95.1.1ª CP).

En nuestro actual Derecho las medidas de seguridad se aplican mayoritariamente a

personas que carecen de imputabilidad, o que la tienen disminuida. Sólo tras la reforma de

la LO 5/2010 se ha dado entrada a una medida de seguridad aplicable a personas

plenamente imputables: la libertad vigilada.

En el anteproyecto inicial de reforma del CP de 2012 se contemplaba también una

nueva medida de seguridad denominada custodia de seguridad, que, siguiendo el modelo del

Derecho comparado,. se impondría a los responsables de delitos especialmente graves que siguieran

siendo peligrosos pese a haber cumplido íntegramente la pena impuesta por el delito. Según la

exposición de motivos del Anteproyecto, la custodia de seguridad “se reserva para los casos más

graves y cuando las medidas no privativas de libertad se revelen insuficientes para hacer frente a

la peligrosidad del autor”, a lo que se añadía que “La medida podrá ser impuesta únicamente en

supuestos excepcionales de reiteración de la comisión de delitos de especial gravedad y

constatación de la especial peligrosidad del sujeto, y deberá ser cumplida con posterioridad a la

pena de prisión que haya sido impuesta por el delito cometido”.

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Aunque el Anteproyecto se inspiró en ordenamientos del Derecho comparado, se trata de una

medida muy polémica, normalmente rechazada por la doctrina penal. Las críticas generalizadas

a esta figura hicieron que el Gobierno renunciara a ella, por lo que finalmente no se incluyó en la

reforma operada por la LO 1/2015.

Cuando la medida se aplica a inimputables, no se ha cometido un delito en el

sentido preciso del término, ya que falta por completo la culpabilidad, que es un elemento

nuclear del mismo, así que, aunque habitualmente se habla de las medidas como

consecuencias jurídicas del delito, lo cierto es que, en sentido estricto, al menos éstas no lo

son. Más bien puede afirmarse que la presencia de un delito en toda la extensión de la

palabra –hecho típicamente antijurídico realizado con plena culpabilidad-, excluía hasta la

reforma 5/2010 la imposición de medidas, y sólo desde entonces cabe la libertad vigilada.

Pero incluso ésta sigue sometida al régimen general de las medidas de seguridad, por lo

que su presupuesto de aplicación, como el de cualquier medida, es ante todo la

peligrosidad criminal, a lo que se añade por el Código la comisión por el sujeto de un

‘hecho previsto como delito’ (arts. 6.1 y 95.1.1ª CP), pero entendido éste como un

indicador cualificado de peligrosidad criminal impuesto por razones de garantía.

El Código guarda silencio acerca de los elementos que integran esta categoría del

hecho previsto como delito. La doctrina, por su parte, admite mayoritariamente que no

incluye la culpabilidad, pero sí los primeros elementos de la definición de delito: debe

concurrir una acción típica y no justificada.

Ello, sin embargo, plantea un problema de difícil solución cuando se comete un hecho

objetivamente lesivo pero concurriendo una causa de ausencia de acción o un error de tipo

provocados por una anomalía psíquica del sujeto. En estos casos, la aplicación de una medida de

seguridad no es teóricamente posible, aunque el estado mental del autor así lo aconseje, porque no

hay siquiera un hecho constitutivo de delito, si éste se entiende como se hace en la doctrina

mayoritaria (véase infra, en el tema 2, los casos de comisión de delitos en estado de sonambulismo).

Una forma de evitar esta insatisfactoria conclusión es redefinir la categoría en términos casi

exclusivamente objetivos, de manera que ‘hecho previsto como delito’ equivalga a ‘hecho que

presenta la lesividad material del hecho delictivo’ (lo que supone dejar fuera cualquier elemento

subjetivo, salvo los que, de manera muy excepcional, condicionan en algunos bienes jurídicos la

propia lesividad material del hecho).

Ésta es la solución que finalmente, al menos de forma tácita, adoptan los tribunales en los

casos en que se ha llegado a plantear la cuestión: se aplica una medida de seguridad, pese a la

ausencia de acción o la presencia de un error invencible de tipo, siempre que esta situación haya sido

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provocada por la anomalía o alteración psíquica del sujeto y concurra peligrosidad futura (infra,

tema 2.III: Ausencia de acción, y tema 8.IV: Error)

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