Apuntes segundo parcial, Ejercicios de Derecho Constitucional. Universidad de Almería (UAL)
15axel
15axel

Apuntes segundo parcial, Ejercicios de Derecho Constitucional. Universidad de Almería (UAL)

10 páginas
1Número de descargas
8Número de visitas
100%de 1 votosNúmero de votos
Descripción
Asignatura: constitucional II, Profesor: PEDRO RUANO, Carrera: Derecho, Universidad: UAL
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 10
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 10 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 10 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 10 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 10 páginas totales
Descarga el documento

SEGUNDO PARCIAL CONSTITUCIONAL

EN LA LEY

Nos centramos en el terreno de la producción normativa. Quien produce derecho ha de producirlo respetando el ordenamiento jurídico. La Constitución española en el artículo 14, reconoce el principio de igualdad por lo que quien elabora una norma no puede incluir en el contenido de la misma disposiciones que puedan entenderse que son contrarias al principio de igualdad. No se pueden introducir en la norma tratos discriminatorios. Toda norma producida y publicada goza de una presunción de constitucionalidad. Hay determinados casos en los que por los efectos que pueda llevar a cabo su entrada en vigor, se pueda suspender por parte del TC la entrada en vigor de dicha norma. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es encontrar un adecuado término de comparación, en primer lugar para que podamos decir que una norma es discriminatoria lo primero que tenemos que determinar es que a dos supuestos de hecho iguales, la norma le da consecuencias jurídicas distintas.

EN LA APLICACIÓN DE LA LEY

En un estado de derecho, la ley la aplican por un lado la administración y por otro el poder judicial. El Tribunal Constitucional nos dice que en la aplicación de la ley por parte de la administración o del poder judicial no se pueden llevar a cabo actuaciones discriminatorias, es decir, no se le pueden dar soluciones distintas a casos análogos. La aplicación de la ley no puede responder a criterios voluntaristas. El problema son los requisitos que establece el TC para determinar los casos en los que se conculca el principio de igualdad en la aplicación de la ley. Igual que en el principio de igualdad en la ley, aquí también necesitamos un término de comparación. Tenemos que comparar nuestro caso con otro (caso análogo):

• Tiene que ser anterior al nuestro, es decir, no puedo comparar mi situación con una posterior.

• Tiene que ser del mismo órgano.

• Tiene que ser con la misma composición personal.

La probabilidad de que se cumplan los requisitos, es muy baja.

ABORTO

La cuestión básica, desde un punto de vista constitucional, se centra en resolver si el “todos” al que se refiere el artículo 15 de la constitución, relativo al derecho a la vida, incluye al nasciturus. Si el feto tiene derecho a la vida, el aborto no puede estar permitido. Con lo primero que nos encontramos es que en el año 1978, nuestro Código penal vigente en aquel momento tipifica con carácter general cualquier conducta atentatoria contra el embrión, es decir, cualquier conducta abortiva está tipificada como delito. Ese régimen jurídico penal, es modificado, se modifica el artículo 417 del CP y se incorporan tres supuestos concretos en donde se excepciona la tipificación como delito de 3 conductas abortivas, cuando el aborto se produzca:

1. Si el embarazo ha sido producto de una violación , lo que se denomina aborto criminológico.

2. Cuando el embarazo puede suponer un grave menoscabo de salud e incluso de la vida de la madre y del propio feto (aborto terapéutico).

3. Cuando el feto sufra graves anomalías en su desarrollo fisiológico (aborto eugenésico).

Esa destipificación parcial del aborto fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, el cual en su sentencia 53/85, resuelve algunas cuestiones importantes en relación a cuál puede ser un régimen jurídico constitucional admisible en nuestro ordenamiento, en relación al aborto. La primera cuestión que va a resolver esa sentencia, es a quién se refiere con el término “todos”, porque los recurrentes fundamentan su recurso en el entendimiento de que el “todos” incluye también al nasciturus por lo que no es posible ningún supuesto de despenalización del aborto. El TC dice que el “todos” no incluye al no nacido, sino que solo hace referencia al ser humano nacido. En su sentencia dice:

1. El embrión NO es titular de derecho fundamental a la vida. Con lo cual pueden ser admisibles ciertas conductas abortivas.

2. El embrión es un bien jurídico que merece toda la protección del ordenamiento constitucional y del resto del ordenamiento jurídico y por tanto eso no quiere decir que se pueda desproteger de cualquier forma y manera al feto.

3. Analizar caso por caso los tres supuestos de despenalización para determinar si en cada uno de ellos es o no razonable que esa conducta quede sin sanción penal. Por argumentaciones distintas pero siguiendo todas una misma línea, el TC llega a la conclusión de que en ninguno de los 3 casos le puede llegar a ser exigible a la mujer que continúe con el desarrollo de su embarazo. Por tanto dentro de los plazos determinados por la ley la mujer tiene derecho a decidir si continúa o no con su embarazo, cuando sea consecuencia de una violación (criminológico), cuando evidentemente suponga un peligro para su propia vida o para la del feto (terapéutico) o cuando el feto sufra graves alteraciones fisiológicas que vayan a afectar de forma grave a su salud (eugenésico).

Materialmente, este régimen de despenalización del aborto en estos tres supuestos posibilita a un sistema de plazos, porque dentro del epígrafe de salud de la madre no se va a incorporar solamente la posibilidad de que la mujer sufra un problema de salud fisiológico, sino también psicológico. Por tanto van a “colarse” dentro del régimen legal y constitucionalmente admisible aquellos supuestos en los que el embarazo puede suponer una afectación psicológica de la madre.

La nueva ley orgánica reguladora de la salud sexual y reproductiva, mantiene el aborto eugenésico y el criminológico; y en el caso del terapéutico, por un lado lo mantiene con mayores garantías pero incorpora un sistema de plazos para que dentro de las primeras 16 semanas cualquier mujer pueda decidir libremente si decide o no continuar con su embarazo. Ese es el régimen que tenemos actualmente.

EUTANASIA

En el caso del suicidio es la propia persona la que ha dispuesto de su vida, pero nos encontramos en el caso en que la persona que no quiere seguir viviendo, no puede acabar con su vida por sí misma. En el Código penal no se regula la conducta del suicida pero sí se regulan las conductas de aquellas personas que pueden ayudar a que un suicidio se pueda consumar. El CP dice que la eutanasia puede ser de cuatro tipos. En primer lugar la podemos clasificar en eutanasia activa y pasiva, y luego cada una de estas en directa o indirecta.

Eutanasia activa: consiste en una conducta positiva que termina con la vida de una persona, la cual sufre un grave padecimiento. Esa conducta puede tener distintas finalidades:

Directa: tiene como finalidad principal acabar con la vida de la persona, así por ejemplo, con una pastilla de cianuro. Frente a la eutanasia activa directa, está la eutanasia activa indirecta.

Indirecta: la conducta que se realiza no tiene como finalidad acabar con la vida de la persona, sino por ejemplo paliar su dolor, su sufrimiento. Nos encontraríamos en el marco de los cuidados paliativos. Pero esa conducta positiva que tiene como finalidad disminuir los graves padecimientos de una persona, puede que acorte la vida de una persona, como efecto secundario. Tiene una consecuencia indirecta, se acorta su vida.

Eutanasia pasiva: consiste en no hacer nada, un dejar hacer. En lugar de hacer algo, dejar de hacerlo, por ejemplo dejar de administrar un tratamiento, realizar una operación. Ese no hacer puede ser también directo o indirecto:

Directa: cuando no hacemos algo con la finalidad de que esa persona fallezca, con conciencia de que ese dejar de hacer inevitablemente producirá su muerte.

Indirecta: dejamos de hacer algo, no con la finalidad de que muera, pero sabemos que ese no hacer finalmente también producirá su muerte.

La única que está tipificada como delito en nuestro ordenamiento, es la eutanasia activa directa.

En el artículo 173.4 CP nos encontramos un tipo atenuado. Se le va a imponer la pena en grado mínimo, cuando la persona sufra un grave padecimiento, una enfermedad incurable… tiene que haber una petición expresa. Este tipo atenuado es lo que con carácter general a veces de forma incompleta, se denomine eutanasia. Nos debemos fijar en cuál es el régimen jurídico que afecta a lo que entendemos como tipo atenuado en otros ordenamientos. Esa petición tiene que ser reiterada, no basta con que se diga una vez; producida en un momento de consciencia, aquí se admitió que enfermos de Alzheimer en momentos de lucidez pudieran solicitar que se acabase con su vida; y que quién ponga fin a la vida no sea cualquiera, sino personal sanitario, requiere una petición inequívoca.

El elemento definitorio para delimitar las torturas se refiere a quien comete la conducta: un funcionario público o un particular. Si lo hace el funcionario es tortura y si lo hace el particular son tratos inhumanos o degradantes.

Por último la pena de muerte, desde la entrada en vigor de la CE (1975) queda abolida con carácter general en el CP, por tanto la comisión de ninguna conducta puede llevar aparejada como condena la pena de muerte. La única excepción es que el CP militar pueda establecer esta sanción penal para conductas acometidas en tiempo de guerra. En cualquier caso, nuestro CP se modificó y eliminó también esta pena de muerte. Se eliminó para que no se pueda producir en cualquier circunstancia.

ART. 16: LIBERTAD DE PENSAMIENTO

Nuestra Constitución, por un lado reconoce la libertad ideológica y, por otro lado, la libertad religiosa y de culto. El titular de este derecho es el individuo y la comunidad en su conjunto. Eso posibilita que los mecanismos de garantía del derecho no solo los pueda activar el individuo sino también la comunidad.

DIMENSIONES de la libertad de pensamiento: En un estado constitucional de derecho no podemos quedarnos solo en la dimensión interna. Lo importante de la libertad de pensamiento es la dimensión externa, el derecho a poder expresar nuestra ideología, nuestro pensamiento, creencias o sentimientos religiosos. Por tanto la CE no solo garantiza la dimensión interna del Derecho, sino que sobre todo lo que garantiza es la dimensión externa. La interna no tiene más limitación que nuestra propia limitación intelectual: pensamos lo que queremos, creemos en lo que queremos. La CT dice que la única limitación en las manifestaciones externas serán las necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

Siguiente aspecto que hemos de analizar el CONTENIDO de esta genérica libertad de pensamiento. Este contenido podemos analizarlo:

• En una perspectiva POSITIVA: todos tenemos derecho a tener nuestra propia ideología, religión y a desarrollar las manifestaciones de las mismas que veamos oportunas siempre y cuando no transgredamos los limites constitucional y legalmente establecidos.

• En una perspectivaNEGATIVA a la que hace referencia el artículo 16.2 de la CE, tenemos derecho a que no se nos pueda obligar a manifestar ese derecho, es decir, no se nos puede

obligar, por ningún poder, ni público ni privado a declarar nuestra ideología, religión o creencias.

Estas perspectivas no se despliegan de forma general, universal sino que tienen ciertas LIMITACIONES. Diferenciamos limitaciones en relación a los poderes públicos y limitaciones en relación a los poderes privados. ¿Un partido político me puede obligar a declarar mi ideología si deseo afiliarme al mismo? Nadie nos obliga a formar parte de ese partido político o de una determinada asociación, es una decisión libre y autónoma. Partiendo de esa libertad, se entiende que no se está conculcando nuestro derecho a que no declaremos nuestra propia ideología, porque es un acto libre, si no queremos declarar nuestra ideología no tenemos por qué hacerlo. Pero la asociación tiene derecho a que formen parte de la misma sólo aquellos que compartan unos objetivos, unos fines, unas creencias. En el ámbito religioso ocurre lo mismo, en el caso de que se le exija estar bautizado y exigir su certificado de bautismo, puede hacerlo.

Y en relación a los poderes públicos, ¿la situación es la misma? Lo primero, para adquirir la condición plena de diputado o senador, hay que jurar y prometer, acatar y cumplir fielmente la constitución española y resto del ordenamiento jurídico. Esa exigencia de juramento o promesa de acatamiento de la CT no vulnera el artículo 16.2, porque el artículo 9.1 de la CE nos dice que los poderes públicos están sujetos a la constitución. Por tanto si usted va a ser poder público, en este caso poder legislativo, está obligado a estar sometido a la constitución. Ahora bien, los elementos formales del juramento o promesa han de ser interpretados de forma flexible. Y ese “de forma flexible” se ha ido flexibilizando. No podemos llegar a una situación en donde la institución se desvirtúe, porque si se acepta, lo que tenemos que hacer es quitarla. Es decir, si cuando tengo que acceder a un cargo público, se me permite que en vez de comprometerme a desempeñar el cargo de acuerdo a la ley, me comprometo a desempeñarlo según el mandato del pueblo por ejemplo, en el fondo lo que estoy diciendo es que no voy a respetar ni el 9.1 ni el 53.1 de la CE. El pueblo en un estado democrático se manifiesta a través de las leyes, esa es la voluntad del pueblo, la ley y la constitución como norma suprema. En ese conflicto entre el derecho de libertad ideológica del parlamentario a jurar como le de la gana y mi garantía como ciudadano, de que quien no gobierne lo haga según a la ley, no debemos tener ninguna duda en manifestar que el interés general de nuestra democracia prevalece sobre esa libertad literaria de un parlamentario. Porque tenemos derecho a que quien nos gobierne se comprometa a gobernarnos sometido a la ley. La comunidad en su conjunto tiene derecho a estar protegida.

Para desempeñar cualquier función pública, ya no solo un cargo público, también . Tenemos que aceptar que vamos a desempeñar nuestra función pública con arreglo a lo que establece el ordenamiento jurídico.

Apartado 3 del art. 16. Nos adentramos en los aspectos más conflictivos desde un punto de vista constitucional de toda la regulación que hace el artículo 16 sobre la libertad ideológica y religiosa. Comienza con una frase, sentencia, que dice que ninguna religión tendrá carácter estatal. Quiere decir que ninguna confesión tendrá carácter oficial. Lo que quiere decir es que la religión católica, apostólica y romana ha dejado de ser la religión oficial del estado español y no ha venido a ser sustituida por ninguna otra.

Como España es un estado social porque tiene en cuenta la sociedad a la hora de tomar decisiones los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y deben mantener por tanto las consiguientes relaciones de cooperación la iglesia católica y las demás confesiones. En un estado social, el estado no vive de espaldas al fenómeno religioso. El fenómeno religioso existe, hay personas que tienen creencias religiosas. El estado puede adoptar diversas actitudes siendo aconfesional, no habiendo ninguna religión oficial en cuanto al fenómeno religioso. Puede ignorarlo, por tanto no tenerlo en cuenta, ni para bien ni para mal. Puede tenerlo en cuenta de forma positiva y desarrollar relaciones de cooperación, colaboración con las confesiones religiosas o puede adoptar una actitud que podríamos denominar hostil frente al fenómeno religioso. Nuestro constituyente opta por un modelo de cooperación y colaboración.

El artículo 16.3 CE establece el carácter aconfesional del estado español y, en cualquier caso la obligación del estado español de cooperar y colaborar con la iglesia católica de forma expresa y con las demás

confesiones religiosas. Son unos acuerdos de cooperación y colaboración, que en relación a la iglesia católica, tienen el carácter de tratado internacional entre el estado español y la santa sede.

Los ámbitos a los que afectan estos acuerdos, son el económico, acuerdos de carácter económico, básicamente financiación por parte de los poderes públicos, de carácter educativo, para determinar cómo se incrementa el derecho reconocido a los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa conforme a sus convicciones; acuerdos en relación a la protección del patrimonio histórico artístico, del cual sean propietarios o hagan uso y disfrute de esas confesiones religiosas. Y luego dos aspectos también determinantes: la regulación del ejercicio del derecho a recibir asistencia religiosa en centros hospitalarios y en los centros penitenciarios.

ART. 17: LIBERTAD DEAMBULATORIA

Este artículo nos reconoce a todos la libertad y la seguridad, es decir, todos tienen derecho a la libertad y a la seguridad. Lo curioso es que a partir de ese punto y seguido, el precepto se dedica a regular la libertad pero nada nos dice de la seguridad. ¿Cuál es el contenido sustantivo del derecho a la seguridad?

El artículo 17, artículo dedicado a regular las constricciones constitucionalmente admisibles de la libertad deambulatoria de las personas, comienza poniendo de manifiesto la unión entre libertad y seguridad. Hecha esa introducción inicial, comienza el artículo a determinar las situaciones en las que la libertad deambulatoria de una persona puede ser limitada conforme a la ley. En su segunda frase nos dice que “nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo previsto en estos artículos y en los casos y en la forma previstos en la ley”. Por tanto el artículo 17 de la CE se configura como el principal limite a la determinación y a la regulación de aquellas situaciones que pueden derivar en una pérdida de libertad de la persona. Lo importante es la última previsión de este precepto, que “en los casos y en la forma, previstos en la ley” lo que posibilita que la ley pueda determinar situaciones constitucionalmente admisibles de privación de libertad mas allá de las que se mencionen expresamente en este precepto. En este precepto hace referencia a: la detención, la prisión provisional y la prisión definitiva

Más allá de estas situaciones, hay otras situaciones en las cuales un sujeto se puede ver privado de su libertad deambulatoria, porque sino una persona solo podía verse legal y constitucionalmente privada de su libertad si está detenida, si se encuentra en una situación de prisión provisional o si se encuentra privada de su libertad como consecuencia de una condena penal ya definitiva. Situaciones a las que hace referencia el artículo 17 de la Constitución:

1. Figura de la detención: la constitución establece unos límites máximos para que una persona se pueda ver privada de su libertad bajo la condición de detenido. La detención preventiva no podrá durar nunca más que el tiempo estrictamente necesario, y en todo caso el plazo máximo será de 72 horas, de tal modo que aquí nos encontramos con una configuración constitucional de los límites temporales a los cuales se encuentra sujeta la figura de la detención. A la hora de determinar constitucionalmente los límites temporales es muy importante tener en cuenta que el primero de los límites que hay que aplicar que aplicar siempre es el límite indeterminado del tiempo estrictamente necesario para realizar las acciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Si antes de esas 72 horas se han esclarecido los hechos, nos tienen que poner en libertad, en el caso de que no tengamos ninguna relación con los hechos por los cuales hemos sido detenidos. Si se puede demostrar que hemos estado privados de nuestra libertad más tiempo del estrictamente necesario, se podrá entender que existe detención ilegal aunque no hayan pasado las 72 horas. Una vez esclarecidos los hechos, se tiene que producir la automática puesta en libertad.

Una cosa es el límite constitucional y otra el límite legal. Constitucionalmente serán 72 horas, legalmente 24 horas, según el artículo 496 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Nosotros siempre hemos de aplicar el límite indeterminado (tiempo estrictamente necesario para que se esclarezcan los hechos). Lo que no puede ocurrir, es que el tiempo máximo determinado, pase de las 72 horas, aunque hay excepciones: caso de terrorismo. Ahí en cuanto al régimen legalmente

aplicable, llegadas las 72 horas, hay que ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Será esta la que evalúe el caso y autorice o no la prolongación. En estos casos no solo se da la situación de detenido sino además de detenido incomunicado, que va a ver no solo limitada temporalmente su situación de detención, sino también otros derecho, por ejemplo el detenido incomunicado no goza el derecho a la libre elección de abogado, tiene derecho a una defensa pero no a elegir su abogado. Por tanto, el detenido incomunicado en casos de terrorismo o pertenencia a banda armada puede ver extendida su situación de detención hasta los 5 días, y además sus derechos se encuentran limitados. Por tanto, el detenido, nunca podrá estar privado de su libertad:

1. Más tiempo del estrictamente necesario para que se esclarezcan los hechos.

2. Más allá del tiempo determinado por la ley dependiendo de las circunstancias en las que se encuentren

3. Más allá del límite constitucional determinado de las 72 horas.

En cuanto a los derechos del detenido, la Constitución nos dice en su artículo 17.3 que “el detenido debe ser informado de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligado a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca”.

Como vemos el artículo 17.3 establece un conjunto de derechos expresos constitucionales del detenido entre los que incluye, entre otros, el derecho a la defensa, que no hemos de confundir con el derecho a la libre elección de abogado que se reconoce en el artículo 24 CE en relación al desarrollo del cualquier proceso judicial. Por tanto, en el marco del art. 24, cuando se nos reconoce el derecho a la asistencia letrada, todos tenemos derecho a la libre elección de abogado en el marco de un proceso judicial. Cuando nos encontramos en el ámbito de la detención, solamente lo que se nos reconoce es el derecho a la asistencia letrada, el cual se puede ver limitado en cuanto a la libre elección de abogado, dependiendo de si una persona se encuentra o no en la situación de detenido incomunicado. Una vez finalizada la situación de la detención, esa persona ha de ser puesta en libertad o puesta a disposición judicial. Si es puesta a disposición judicial, una de las situaciones con las que se puede encontrar, es con la situación de prisión provisional.

2. Prisión provisional: Aquí ya la decisión no está en el ámbito gubernativo. Es el poder judicial el que a la vista de los hechos va a determinar si hay unos indicios racionales o no de la comisión de un determinado delito por parte de una persona. Dependiendo de esos indicios, de la gravedad de los hechos, la pena que pueda llevar aparejada, el riesgo de fuga, la posibilidad de que esa persona en libertad pueda destruir pruebas que afecten a la investigación de los hechos, podrá o no determinar el ingreso en prisión preventiva, en espera de juicio. Si es condenado, se le descuenta ese tiempo de la condena, y si es declarado inocente, tendrá que haber una indemnización por haber estado privado de su libertad indebidamente. El tiempo de permanencia debe ser proporcional a la pena del delito por el que pueda ser condenado. El problema, está en el delincuente reincidente que comete pequeños delitos, porque no se puede determinar con claridad.

3. Prisión definitiva: como última instancia, existe la posibilidad de que una vez celebrado el juicio penal, la persona sea condenada a una pena privativa de libertad, la cual lleve a una situación de prisión provisional. El tema que se discute aquí es si la prisión permanente revisable es una sanción penal constitucionalmente admisible. Porque la finalidad constitucional de la pena, es la reinserción, pero hay casos en los que no es posible reinsertar a determinadas personas.

El art. 17.4 CE hace referencia al procedimiento de habeas corpus.Literalmente significa “hágase el cuerpo”. Se utiliza para obligar a que se pongan a disposición judicial los que no lo están. Este procedimiento, según la ley que lo regula, es un procedimiento absolutamente informal en donde cualquier persona que tenga conocimiento de que una persona ha sido ilegalmente detenida, o que habiendo sido legalmente detenida no están siendo respetados sus derechos como detenido, pueda ponerlo a conocimiento de autoridad judicial al objeto de que esta “tome cartas en el asunto” y se produzcan las operaciones pertinentes para determinar si esa persona ha sido o no privada ilegalmente de su libertad y si se están respetando o no sus derechos y garantías.

ART. 18: DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN

Dentro de este artículo podemos encontrar como mínimo cinco derechos fundamentales completamente autónomos y distintos:

1. Derecho al honor

2. Derecho a la intimidad personal y familiar

3. Derecho a la propia imagen

4. Derecho a la inviolabilidad domiciliaria

5. Derecho al secreto de las comunicaciones

En el artículo 18.1, pudiendo hablarse genéricamente de unos derechos de privacidad, la Constitución reconoce tres derechos fundamentales autónomos, que van a dar sustantividad constitucional a esa privacidad. Los derechos de la privacidad se van a integrar por nuestro honor, nuestra intimidad y nuestro derecho a la propia imagen. Puede haber alguna conducta que pueda conculcar varios de estos derechos fundamentales de forma simultánea. Sin embargo, esto no quiere decir que sean el mismo derecho.

DERECHO AL HONOR

Desde un punto de vista jurídico, nos referimos a un honor objetivo, es decir a la imagen o consideraciónque la sociedad tiene de nosotros. Y por tanto, el aplicador del derecho no puede asumir un concepto subjetivo de honor, en donde se entiende que ha sido vulnerado el honor de una persona cuando ella entienda que así ha sido. Ese concepto objetivo está afectado por la historia, el tiempo, el momento, las costumbres, el contexto.

Por tanto aquí tenemos que referirnos a un concepto interno (consideración que tenemos de nosotros mismos) y externo (la imagen que tiene la sociedad de nosotros). Ese concepto externo no es inmutable en el tiempo, cambia (Una misma conducta realizada hoy y también hace 40 años, no tiene la misma valoración por parte de la sociedad, ni el mismo juicio moral). El aplicador del derecho se queda con el concepto externo. Se entenderá que hay una vulneración del derecho al honor, cuando lo que se conculca es esa consideración que los demás tienen de nosotros, pero teniendo en cuenta todo ese conjunto de valores que van a determinar esa dimensión (concepto externo) del honor de las personas.

La siguiente cuestión es quién puede ser titular del derecho al honor. Este derecho es predicable de todas las personas independientemente de su nacionalidad y de algunas personas jurídicas, aunque nunca de las públicas. Las personas jurídico-públicas no son titulares del derecho al honor. En el caso de las privadas, para que se entienda que el honor de la persona jurídica ha sido vulnerado, tiene que haber una identificación entre la persona jurídico privada y personas naturales . De modo que, si de la conducta se

deriva una lesión del honor de una persona natural, aunque el ataque fuese dirigido a una persona jurídico- privada, se entenderá que se puede actuar en el ámbito del derecho constitucional. Si no hay una derivación hacia personas naturales en esa conculcación del honor, no se entenderá que se vulnera el honor de la persona jurídico-privada.

El siguiente elemento es el contenido del derecho al honor, el cual no es el mismo para todas las personas. El Tribunal Constitucional elaboró la doctrina de la variabilidad del ámbito de protección, a partir de la cual, entiende que el desempeño de un cargo público, implica inevitablemente la sujeción a un derecho a la crítica, que hace que la protección que le brinde el ordenamiento jurídico al honor de esas personas públicas, pueda ser diferente a lo que se brinde a cualquier ciudadano “anónimo”. Por tanto, ante la posibilidad de argumentar que hay un trato discriminatorio, en la medida en que la ley no otorga la misma protección a todas las personas, el TC dice que existen distintos márgenes de protección dependiendo de si se ostenta o no un cargo público. Pero esa variabilidad del ámbito de protección depende de:

1. Que se trate de un personaje público

2. La propia conducta del ofendido

DERECHO A LA INTIMIDAD, PERSONAL Y FAMILIAR

Junto al derecho al honor, la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la intimidad,en dos sentidos, tanto personal como familiar . Se vulnera nuestra intimidad, no solamente cuando se puedan revelar aspectos que afecten a los aspectos más reservados de nuestra propia vida, sino también cuando revelan los aspectos más privados de la vida de nuestros familiares o de las personas que nos rodean. Al igual que el derecho al honor, el derecho a la intimidad también va a aparecer condicionado por la propia conducta de los titulares. Las personas jurídicas en ningún caso van a gozar del derecho a la intimidad. De este derecho solo pueden ser titulares las personas naturales.

DERECHO A LA PROPIA IMAGEN

Finalmente, el artículo 18.1 CE reconoce y garantiza el derecho a la propia imagen entendido como el derecho de libre disposición de nuestra imagen por parte de personas naturales, prohibiéndose el uso sin nuestro consentimiento de nuestra propia imagen. Si nos encontramos en el ámbito de personas jurídicas, el uso “ilícito” de esa imagen, no es que esté desprotegido, sino que se encontrará protegido en otro contexto (marcas, patentes, etc.), hablamos de la protección mercantil, pero nunca nos referimos al ámbito de protección constitucional.

Son tres derechos autónomos e independientes. Nos vamos a encontrar con muchos mecanismos de protección, donde es importante tener clara la dimensión correcta de cada uno de ellos. El mecanismo de protección primaria sobre cualquier derecho fundamental es el penal. Así nos encontramos con un conjunto de tipos penales cuya finalidad es proteger, en la jurisdicción penal, el honor de las personas, la intimidad, el derecho a la propia imagen. El derecho al honor se protege tipificando como delito las injurias y las calumnias. La intimidad se protege tipificando el allanamiento de morada.

Junto a esa protección en el ámbito penal, sujeta a todos los principios penales de tipicidad, legalidad, etc. nos encontraremos con la protección de estos derechos en elámbito jurisdiccional civil, donde lo que se persigue, no es ya la determinación de una sanción penal para quien atente contra estos derechos, sino simplemente la obtención de una indemnización de carácter económico, como consecuencia de la lesión del honor, de la intimidad o de la propia imagen. La ley orgánica de protección civil, de honor, intimidad, y propia imagen establece un cauce concreto para la protección en el ámbito civil de estos derechos. Esta ley establece un procedimiento automático y determinado de exigencia de esta responsabilidad de carácter patrimonial. Los principios generales que articulan la ley de desarrollo civil de la protección de estos derechos son:

Primero. El principio general de que estos derechos solo se vulneran en ausencia de consentimiento. El consentimiento como principio determinante a la hora de dilucidar si hay o no vulneración del derecho. Si yo he prestado mi consentimiento para que se utilice mi imagen y se divulga, evidentemente no habrá vulneración del derecho fundamental. En el caso de menores, quienes ejercen la patria potestad, son los que deberán expresar de forma positiva dicho consentimiento.

A continuación la ley determina un conjunto de conductas que entenderán que suponen una intromisión ilegitima en el honor, la intimidad o la imagen de las personas. De tal modo que se produce una tipificación de conductas cuya comisión se entenderá que suponen una intromisión ilegítima y por tanto, el derecho a tener una indemnización de carácter económico.

Tan importante, como el catalogo de conductas, van a ser los supuestos que suponen una excepción a la consideración de intromisión ilegitima . De tal modo, que aunque se hayan producido esas conductas tipificadas como intromisión ilegítima, se entenderá que no hay derecho a una indemnización cuando, en relación al derecho a la propia imagen, se trate de caricaturas, cuando se trate de personajes públicos o de cargos públicos, cuando las fotos sean captadas en un acto público o en un lugar abierto al público, cuando la información tenga trascendencia desde un punto de vista histórico, político, cultural... En todos estos casos, aunque se cometa la conducta se entenderá que no hay intromisión ilegítima y por tanto no habrá derecho a la indemnización.

Agotadas todas las instancias, se podrá interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el cual va a juzgar el caso concreto; y si hay o no una vulneración del derecho fundamental por parte de un poder público. Aquí se han producido numerosas discrepancias entre la protección que han recibido estos derechos en el ámbito civil y el Tribunal Constitucional, porque hay muchos casos donde el Tribunal Supremo en aplicación del principio de legalidad, ha entendido que hay conductas que no merecen la consideración de intromisión ilegítima (fotografiar a un famoso en el hall en un hotel). El TC dice que hay vulneración del derecho al honor. Podrá no haber intromisión ilegítima, pero se vulnera el derecho a la propia imagen y a la intimidad. Además por los comentarios realizados, se ve vulnerado el derecho al honor. El problema es que el juez penal realiza un juicio de legalidad penal. Si la conducta no encaja en el tipo, no hay sanción penal. En el ámbito civil, el TS dice que no ocurre lo mismo. Aunque la conducta no encaje en los tipos de intromisión ilegítima si hay vulneración del derecho, hay derecho a la indemnización.

Hay muchos derechos fundamentales cuya única vía de protección va a ser solamente la vía penal. Nos encontraremos con un Código Penal que tipifica un conjunto de conductas y un conjunto de derechos fundamentales, cuyo contenido intenta protegerse penalmente. En el ámbito penal, nunca tendremos ninguna duda que en virtud del principio de tipicidad y legalidad penal, habrá determinadas situaciones que son vulneradoras del derecho, y al final no van a recibir un reproche penal en la medida que esa conducta no se encuentra tipificada penalmente.

INVIOLABILIDAD DOMICILIARIA ART. 18.2

Es uno de los derechos fundamentales más antiguos que podemos encontrar en todas las declaraciones derechos de finales del siglo XVIII y de inicios del silo XIX. Cuando aparece por primera vez el reconocimiento, la declaración constitucional de derecho a la inviolabilidad domiciliaria, aparece reconocido y garantizado no como una expresión de garantía de nuestra privacidad, sino como una materialización o derivación del derecho de propiedad. Frente al modelo absolutista del Antiguo Régimen carente de garantías, en donde el soberano podía decidir sobre neustra vida y nustrs propiedad, lainviolabilidad Domiciliaria se articula como una garantía de nuestra seguridad persona y de nuestra propiedad. Sin nuestro consentimiento, sin una orden del poder judicial, en ausencia de fragancia delictiva, el poder público no puede entrar en mi domicilio para detenerme. Esa es la Fundamentación originaria. Ha evolucionado y modificándose para ser también un derecho que además va a proteger de forma decisiva y determinante nuestra intimidad, nuestra vida privada, nuestra privacidad en su conjunto. Por ello, es por lo que este derecho, aparece encuadrado en el seno de un articulo 18 en donde en el apartado primero se garantiza la derecho de la privacidad y en el tercero el secreto de las comunicaciones.

El artículo 18.2 comienza diciendo que el domicilio es inviolable. Una proclamación constitucional de la inviolabilidad de nuestro domicilio. Nuestro dominio como nuestro ámbito más sagrado, en donde nuestra libertad y nuestra seguridad y privacidad ha de estar absolutamente garantizado. La primera cuestión en relación al derecho de la inviolabilidad domiciliaria, es el concepto constitucional de domicilio. Lo que tenemos que hacer es diferenciar el concepto constitucional de domicilio de otros tipos de domicilio. No tiene que ser necesariamente el lugar donde estoy empadronado. Tampoco mi domicilio fiscal. El domicilio es ese habitáculo, lugar, cerrado y delimitado en donde de forma efectiva, individual o familiar, desarrollamos nuestra vida. Por tanto, merece una especial protección porque es el lugar en donde nuestra privacidad, libertad, seguridad han de estar protegidas. No tiene por qué ser una casa, puede ser un coche. Por tanto lo que determina el concepto constitucional de domicilio es su uso y adecuación coherente para ese hecho.

Es importante: la inviolabilidad domiciliaria no es absoluta. La constitución no dice que hay tres supuestos en los cuales esa inviolabilidad del domicilio podrá ceder a otros bienes, intereses, derechos:

1. Consentimiento del titular: Si hay consentimiento, la entrada y registro en el domicilio puede llevarse a cabo sin que se pueda entender que hay inviolabilidad del domicilio. El titular es el que hace uso del domicilio, no necesariamente tiene que ser el propietario. Si se trata de un domicilio compartido, tenemos que diferenciar las zonas privativas de las zonas comunes. Si es menor de edad, los padres o los tutores que ejerzan la patria potestad darán el consentimiento.

2. Resolución judicial. Si no hay consentimiento del titular, y no hay flagrancia delictiva, solo se puede entrar para registrar el domicilio si hay una resolución judicial. Esta ha de reunir una serie de requisitos formales para que sea válida y tenga capacidad para oponerse a nuestra inviolabilidad domiciliaria. La autorización judicial de entrada y registro ha de determinar con precisión la persona investigada, los hechos por la que se le investiga y el domicilio concreto, objeto de dicha entrada y registro. Ninguno de esos tres elementos puede ser genérico, los tres han de ser concretos. No vale la autorización genérica, por ejemplo para todas las viviendas de un determinado barrio. Es importante también señalar la causa por la cual se realiza la investigación. Habrá situaciones en las que no solo nos servirá la resolución judicial. Habrá una resolución judicial en relación a un tema determinado, pero si en ella, de forma expresa, no se autoriza nuestra entrada en el domicilio, a veces será necesaria una segunda resolución judicial donde de forma expresa se nos autoriza para dicha entrada.

3. Flagrancia delictiva: De las tres excepciones, la última ha provocado mayor polémica judicial y doctrinal en nuestro ordenamiento constitucional. La ley orgánica de protección y seguridad ciudadana decía que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado podrían entrar en el domicilio cuando tuviese un concomiendo fundado que le llevara a tener la constancia de que se iba a cometer un delito o la destrucción de la pruebas relativas a la comisión del mismo. El TC dijo que esa definición de la flagrancia delictiva no era constitucionalmente admisible porque exigía que la existencia de una percepción sensorial directa de dicha actividad delictiva, en relación al domicilio en el que se quiere entrar. Junto a esta, hay que tener en cuenta el requisito de la inmediatez, porque si no entramos de forma inmediata, necesitaremos una resolución judicial. Se ha de tener la certeza de que se encuentra en un determinado domicilio.

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 10 páginas totales
Descarga el documento