apuntes vecindad y nacionalidad, Ejercicios de Derecho Civil. Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
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Asignatura: derecho de la persona, Profesor: Susana quicios, Carrera: Derecho + Ciencia Política y Administración Pública, Universidad: UAM
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TEMA 4: LIMITACIONES DE LA CAPACIDAD

1.- La mayoría y minoría de edad.

1.1.- El menor y el mayor de edad. Su capacidad de obrar.

La edad es el tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta un momento determinado de la vida de una persona. Para el cómputo de la edad, se incluye completo el día del nacimiento, cualquiera que sea la hora en que el mismo tuviese lugar (art. 315 CC).

MAYORÍA DE EDAD

La mayoría de edad se alcanza en España a los 18 años (arts. 12 CE y 315 CC), y determina el momento en que una persona ha alcanzado en principio la madurez suficiente para que su actuación sea considerada totalmente eficaz y responsable. La mayoría de edad produce la emancipación (art. 314.1º CC), se extingue la patria potestad (arts. 154.I y 169.2º CC), y la salida de la tutela (art. 276.4º CC). Por lo tanto, el mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales (art. 322 CC). Estas excepciones son:

• Capacidades especiales: ordenamiento establece una edad mayor a 18 años para realizar un acto concreto.

• Incapacitación.

MINORÍA DE EDAD

La situación jurídica del menor es causa de debate. En España, el menor de edad es una persona potencialmente capaz, pero a la que el ordenamiento limita su capacidad para algunos actos en los que estima conveniente protegerle frente a su inexperiencia. En nuestro ordenamiento, se reconocen amplísimos ámbitos de la capacidad de obrar del menor, y las limitaciones a su capacidad se interpretan de forma restrictiva y siempre en su interés.

Los menores de 18 años no emancipados están bajo la patria potestad de sus progenitores, o sujetos a tutela (arts. 154 y 222.1º y 4º CC). Además, los padres o tutores son los representantes legales de los menores (actúan por ellos en el tráfico jurídico en representación de sus hijos). La capacidad de obrar limitada de los menores de edad dependerá de su madurez.

¿Qué no puede hacer el menor?

• Carece de capacidad para administrar sus bienes, ni disponer de ellos, ni celebrar contratos como norma general (arts. 443, 626, 992, 1052, 1708 CC), salvo las excepciones dispuestas en el artículo 1263 CC.

• No puede contraer matrimonio (art. 46.1º CC) ni reconocer hijos sin autorización judicial (art. 121 CC).

• No puede ostentar cargos para los que se requiere plena capacidad de administrar y contratar (arts. 181, 184, 241, 291, 893 CC). Además, el menor tampoco tiene capacidad procesal.

¿Qué puede hacer el menor de edad?

En función de su capacidad natural y de su edad, se le reconoce capacidad de obrar suficiente para todo tipo de actos, algunos de máxima relevancia jurídica.

• Puede celebrar los contratos que “las LEYES LE PERMITAN realizar por sí mismo(s) o con asistencia de su(s) representante(s), y los relativos a BIENES Y SERVICIOS DE LA VIDA CORRIENTE PROPIOS DE SU EDAD DE CONFORMIDAD CON LOS USOS SOCIALES” (art. 1.263.1º CC). La validez o nulidad del contrato celebrado por el menor dependerá de su edad, del tipo de contrato, del precio, de las obligaciones que asuma el menor, etc.

• Puede adquirir la posesión de las cosas (art. 443 CC).

• Puede ejercer sus derechos de la personalidad que “de acuerdo con su madurez”, puede ejercitar (art. 162.1º CC). Para estono se fija una edad concreta. Aunque sea el menor quien ejerza estos derechos, los padres o tutores intervendrán en estos casos en virtud de sus deberes de cuidado y asistencia. Cuando el menor no tiene la suficiente madurez, sus derechos de la personalidad serán ejercidos por sus padres o tutores, cumpliendo su deber de velar por ellos (art. 154.1º CC).

• Puede consentir para obligarse a realizar prestaciones personales “si tuviere suficiente juicio” (art. 162.III CC). EJEMPLO DIAP. 8 PRESENTACIÓN.

• Puede aceptar donaciones de bienes que el donante haga a su favor, si tiene la suficiente capacidad natural de entender y querer(art. 625 CC).Pero si se trata de una donación condicional u onerosa (en definitiva, gravosa por algún motivo), el menor donatario necesita la intervención de sus legítimos representantes (art. 626 CC).

• El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar cómo en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación; en que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez (art. 9.1 LO 1/1996).

Además de lo dispuesto, según la edad del menor, el ordenamiento reconoce también capacidad al menor en los siguientes casos:

• A partir de los 12 años deberán ser oídos por el juez sobre el ejercicio de la patria potestad en caso de conflicto entre sus progenitores (arts. 92 y 156 CC); para la constitución de la tutela (art. 231 CC); para aquellos actos en los que el tutor necesite de autorización judicial (art. 273 CC) y habrán de consentir su adopción (art. 177.1 CC).

• A partir de los 14 años, el menor puede cambiar de estado civil con la asistencia de su representante legal, testar salvo en testamento ológrafo (arts. 663.1º y 688 CC) y ser testigos en un proceso judicial.

• A partir de los 16 años, podrán adquirir los bienes que hubiesen adquirido por su trabajo o industria (art. 164.3º CC) y consentir la enajenación o gravamen de sus bienes en los términos que se refiere el artículo 166. III CC.

1.2.- Régimen jurídico de los actos realizados por un menor sin capacidad de obrar.

Estos son los actos que realizó el menor pero que debería haber realizado el mayor de edad. Estos actos son anulables a instancia de sus representantes legales o del propio menor, una vez alcanzada la mayoría de edad (art. 1301 CC) cuando:

• La otra parte del contrato (persona capaz) no puede pedir la nulidad (art. 1302 CC).

• La acción para pedir la nulidad tiene un plazo de ejercicio de 4 años (que se cuentan desde que el menor se emancipa).

• El menor sólo deberá restituir a la otra parte aquello en lo que se enriqueciera con la cosa o precio que recibió de la otra parte (art. 1304 CC). EJEMPLO CHICA 16 AÑOS.

• Si el menor hubiera perdido la cosa que se le entregó, podrá pedir en todo caso la anulación del contrato (art. 1314.II CC).

Además, el menor no queda exento de responder civilmente por los daños que le sean imputables (arts. 1902 y ss CC), ni recibe trato de favor en relación con la extinción de sus derechos y acciones por prescripción (art. 1932 CC).

2.- El representante legal del menor.

2.1.- Definición y concepto.

La representación legal legitima a los progenitores titulares de la patria potestad y al tutor a actuar por el hijo o el tutelado, respectivamente, en defensa de sus intereses, aunque sin necesidad de contar con su voluntad. En resumen, señalaremos que el representante legal actúa en el tráfico jurídico en lugar del menor que no tiene la suficiente capacidad de obrar, en defensa de sus intereses.

Los padres que ostentan la patria potestad tienen la administración de sus bienes y la representación legal de sus hijos menores (arts. 154.2º y 162.I CC). Los padres además deben velar por sus hijos no emancipados, tenerles en compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una educación integral (arts. 111.IV y 154.1º CC). También deben administrar los bienes de sus hijos con la misma diligencia que los suyos propios (art. 164.I CC). No pueden renunciar a los derechos de los que los hijos sean titulares, ni enajenar o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios. Al término de la patria potestad, podrán los hijos exigir a los padres la rendición de cuentas de esa administración (art. 168 CC).

Al igual que los progenitores, el tutor es el representante legal del menor en todo aquello para lo que carezca de capacidad de obrar suficiente (art. 267 CC). Además, actúa en su función bajo la vigilancia y control del Ministerio Fiscal y del Juez (arts. 232 y 233 CC). El tutor está obligado a velar por el tutelado (art. 269 CC) y es el administrador de sus bienes y está obligado a actuar con la diligencia de un buen padre de familia (art. 270 CC). Al cesar en su cargo, el tutor debe rendir cuentas de su administración ante la autoridad judicial (art. 279 CC).

Tiene especial importancia la tutela automática de los menores desamparados, que los artículos 172 y 239 CC, así como el artículo 18 de la LO 1/1996, atribuyen a la entidad pública a la que este encomendada la protección de los menores. También hay que señalar la guarda de los menores, a cargo de la misma entidad pública mencionada, como institución de protección de los menores (arts. 172 CC y 19 LO 1/1996). Por último, se ha de señalar que es aplicable al

menor la regulación de la guarda de hecho, que tiene la virtud de convalidar los actos realizados por el guardador en representación de aquél (sin ostentarla legalmente) “si redundan en su utilidad” (arts. 303 y ss CC).

2.2.- Limitaciones de la representación legal.

Para realizar algunos actos, el representante legal necesita la autorización judicial (arts. 166 y 271 CC). Si no se tiene, el acto es anulable (STS enero 2018). Por lo tanto, se necesita autorización judicial para:

Renuncia de derechos del menor.

Enajenación o gravamen de los bienes más valiosos del menor. No se necesitará si el menor hubiese cumplido 16 años y consintiese en documento público, ni para la enajenación de valores inmobiliarios, siempre que su importe se reinvierta en valores seguros (art. 166.III CC).

• Repudiar herencias o legados.

• El tutor también la necesitará para aceptar herencias sin beneficio de inventario y para dar y tomar dinero a préstamo.

Otros actos, por el contrario, están excluidos de la representación legal:

• Actos relativos a los derechos de la personalidad que pueda realizar el menor (art. 162.1º; art. 267 CC).

• Actos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo (art. 162.2º; art. 299.1º CC). Se le nombrará un defensor judicial si el conflicto es con ambos (art. 163 CC).

• Actos relativos a bienes excluidos de la administración de los padres (art. 162.3º; art. 227 CC). Se trata de los bienes mencionados en el art. 164 CC. (LEER)

3.- El menor emancipado y el menor de vida independiente.

3.1.- El menor emancipado.

El menor emancipado es un menor cuya capacidad de obrar queda fundamentalmente asimilada a la del mayor de edad en base a diversas circunstancias. La emancipación del menor es irrevocable y para que tenga efectos frente a terceros debe inscribirse en el Registro Civil (art. 318 CC).

A partir de los 16 años, el menor puede ser emancipado. Hay dos maneras por las que se puede producir la emancipación:

• Emancipación por concesión de los padres: será necesario el consentimiento tanto de los progenitores como del menor. Además, deberá realizarse ante notario (en escritura pública) o ante el encargado del Registro Civil.

• Emancipación por concesión judicial: (arts. 53 a 55 LJV). La concesión judicial al mayor de 16 años que la pida, podrá tener lugar:

A. Previa audiencia de los padres:

▲ Cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere matrimonialmente con persona distinta del otro progenitor.

▲ Cuando los padres vivieren separados.

▲ Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad.

B. Previo informe del Ministerio Fiscal, cuando se trate de un menor sujeto a tutela (arts. 321 y 323.III CC).

EFECTOS DE LA EMANCIPACIÓN

Se extingue la patria potestad o la tutela (arts. 169.2º y 276.4º CC). Por tanto, El menor emancipado deja de estar sujeto a representación legal.

• El menor emancipado actuará por sí mismo en el tráfico jurídico, aunque necesita la asistencia de sus padres o de su curador (el que había sido su tutor) para realizar actos patrimoniales de especial trascendencia (ESTUDIAR BIEN art. 323.I CC).

• Los actos realizados por un menor sin la asistencia de sus padres o tutor (que pasa ser curador), cuando ésta fuera necesaria, serán anulables a instancia del propio menor o de sus padres o curador (art. 293 CC). MIRAR MANUAL (Pág 129, líneas 22-30).

• El menor emancipado puede contraer matrimonio (art. 46.1º CC). Hay que poner especial atención a su capacidad de obrar previsto en el art. 324 CC. Este artículo establece un régimen especial para el menor emancipado casado, ya que puede enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor que sean comunes, con el consentimiento de su conyugue si éste es MAYOR DE EDAD. Si, por el contrario, éste es MENOR DE EDAD, se necesitará además el consentimiento de los padres o curadores de uno y otro.

• El menor emancipado puede reconocer a un hijo (art. 121 CC), así como puede comparecer en juicio por sí solo (art. 323.II CC).

3.2.- Emancipación de hecho o menor de vida independiente.

Este precepto está regulado por el artículo 319 CC. Este menor de vida independiente, es aquél menor mayor de 16 años que, con el consentimiento de los padres (o tutor), viviere independientemente de estos. La independencia considerada es la económica. Ese menor de vida independiente queda equiparado al menor emancipado. A diferencia de la emancipación ordinaria, este tipo de emancipación puede ser revocada si está justificada por el propio menor.

4.- Incapacidad natural e incapacitación.

4.1.- Concepto y causas.

Los mayores de edad tienen plena capacidad para obrar, pero pueden ser incapacitados por sentencia judicial aquellas personas con alguna enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico que les impide gobernarse por sí mismas (art. 199 CC). Ello podrá ser

promovido por el presunto incapaz, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes o los hermanos del presunto incapaz, y en defecto de éstos, por el Ministerio Fiscal (arts. 757.1 y 2 LEC).

Los menores de edad también podrán ser incapacitados por las mismas causas cuando se prevea que persistirán una vez alcanzada la mayoría de edad (art. 201 CC), pero en este caso la incapacitación sólo podrá ser ejercitada por quiénes ejerzan la patria potestad o la tutela (art. 757.4 LEC).

Estos supuestos están protegidos por el ordenamiento a través de la Incapacitación por sentencia judicial (art. 199 CC), llamada más recientemente modificación judicial de la capacidad de obrar (LJV) o determinación judicial de la capacidad de obrar (por influencia de la Convención de Nueva York de 2006, centrada en ofrecer medios de apoyo para el pleno desarrollo de la capacidad de las personas discapacitadas). Si no se les incapacita por sentencia judicial, se presume la capacidad de obrar correspondiente, aunque puede destruirse esta presunción y anular el contrato o acto celebrado sin la suficiente capacidad de obrar.

4.2.- Procedimiento.

La legitimación activa puede iniciarse por el presunto incapaz, por determinados familiares o por el Ministerio Fiscal (en todo caso tiene que intervenir en el procedimiento). Pero si el presunto incapaz es menor de edad, sólo puede iniciarse por quien ejerza la patria potestad o la tutela (arts. 1-4 y 757 LEC).

La defensa del propio incapaz será él mismo (que nombra a abogado y procurador), o el Ministerio Fiscal (si no ha iniciado el procedimiento) o un defensor judicial si el Ministerio Fiscal hubiera iniciado el procedimiento.

Las pruebas obligatorias que se exigen son las siguientes (art. 759 LEC):

• Examen del presunto incapaz por el juez.

• Dictamen médico.

• Audiencia de familiares y allegados del presunto incapaz.

La sentencia de incapacitación constituye el estado civil de incapacitado, así como los límites y extensión de esta. Por otro lado, establece el régimen de tutela, curatela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, nombrando en su caso al tutor o curador (arts. 760.1 y 2 LEC). Tanto la alteración de la incapacitación como la recuperación de la plena capacidad de obrar, deberá producirse mediante procedimiento de la misma naturaleza y características. Por último, las resoluciones judiciales sobre la incapacitación se anotarán en el Registro Civil (art. 755 LEC).

4.3.- Efectos.

La capacidad de obrar del incapacitado dependerá de lo decidido por el juez: en los casos más graves, puede no tener ninguna (el tutor le representará). En los casos más leves, bastará con la asistencia del curador (actúa el propio incapacitado). La última jurisprudencia es favorable a la curatela como régimen general. VÉASE EJEMPLO DIAPOSITIVA 18.

4.4.- La prodigalidad.

Pródigo es quien, como consecuencia de una conducta económica negligente y desordenada, dilapida su patrimonio amenazado su conservación. Aunque el código no se ocupa de la prodigalidad en el título IX del libro I, dedicado a la incapacitación, en realidad debe de ser considerada como tal, puesto que ese es la incapacitación el efecto que produce, aunque el mismo no se establezca para proteger al pródigo, sino a los familiares más próximos, necesitados de recibir alimentos. La nueva LEC, en el Libro IV, Título I, Capítulo II; regula el procedimiento correspondiente, derogando los artículos que se ocupaban de la prodigalidad en el Código Civil, con excepción del artículo 297 del mismo.

La declaración de prodigalidad puede ser pedida por el cónyuge, los descendientes o ascendientes que perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos, y por los representantes legales de cualquiera de ellos, o en defecto de estos últimos, por el Ministerio Fiscal. Cuando el demandado de prodigalidad no compareciere en el juicio, le representará el Ministerio Fiscal, y, si éste fuera parte del proceso, un defensor nombrado por el secretario judicial.

Tras la sentencia, la persona queda sometida a curatela. La sentencia determinará los actos que el pródigo no puede realizar sin el consentimiento del curador (art. 760.3 LEC). A partir del momento en que la sentencia de incapacitación sea firme, los actos del incapacitado que no respeten las limitaciones de capacidad que le hayan sido impuestas, serán anulables por quien sea competente para completar su capacidad o por él mismo una vez que haya recuperado totalmente su capacidad de obrar. Sin embargo, esto NO es así en la prodigalidad, donde ese efecto se producirá a partir de la interposición de la demanda (art. 297 CC), una vez que la sentencia que declare la prodigalidad sea firme.

5.- Cargos tutelares y guarda de hecho.

Son figuras encaminadas a cuidar del incapacitado y a representarle o asistirle (legalmente) en la medida en que se determine la sentencia de incapacitación.

La guarda y protección de la persona y los bienes de los incapacitados se realizará por la tutela, curatela, la patria potestad prorrogada o habilitada, el defensor judicial y la guarda de hecho (arts. 215, 171 y 303 CC). Esas funciones tutelares o de protección constituyen un deber (salvo supuestos excepcionales de causa expuestos en los artículos 251 y ss CC). Además, se ejercerán en beneficio del incapacitado (o del menor) y estarán bajo la salvaguarda de la autoridad judicial.

TUTELA

Están sometidos a tutela los incapacitados o personas con la capacidad modificada judicialmente (art. 222.2º CC). El Juez constituirá la tutela en procedimiento de jurisdicción voluntaria (art. 231 CC), que se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal; o incluso en el propio procedimiento de incapacitación si se pide.

El Código Civil establece un orden para el nombramiento del tutor, que excepcionalmente podrá ser alterado en resolución motivada. Podrán ser tutores todas las personas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y en quienes no concurra alguna de las causas de inhabilidad previstas por el código. Hay que tener en cuenta que también podrán ser tutores las personas jurídicas sin finalidad lucrativa, entre cuyos fines figure la protección de

menores e incapacitados, así como, las entidades públicas a las que, en su respectivo territorio, esté encomendada esa función. Véanse artículos 234, 235, 241 y 242 CC.

El secretario judicial dará posesión de su cargo al tutor nombrado, previa constitución de fianza, que asegure el cumplimiento de sus obligaciones. Además, el tutor deberá presentar inventario de los bienes del tutelado. El tutor es el representante legal del incapacitado salvo para aquellos actos que pueda realizar por sí solo (art. 267 CC) o que tengan carácter personalísimo. Además, está obligado a velar por el tutelado, especialmente a promover la recuperación de su capacidad (art. 270 CC), todo ello de acuerdo con la sentencia de incapacitación. Anualmente deberá presentar un informe sobre la situación personal del tutelado. Su actuación está sometida a previa autorización judicial en todos aquellos actos de administración y representación que sean de alguna trascendencia económica para el patrimonio del incapacitado (arts. 271 a 273 CC), siendo anulables aquellos que se realicen sin autorización judicial. El tutelado también tiene derecho a una retribución, siempre que le patrimonio del tutelado lo permita.

La tutela se extingue al dictarse resolución judicial que ponga fin a la incapacitación o que la modifique, sustituyendo la tutela por la curatela (art. 277.2º CC). El tutor debe rendir cuentas de su administración cuando cese en sus funciones. La tutela es sustituida en los supuestos previstos en el artículo 171 del Código Civil, por la patria potestad prorrogada o rehabilitada.

CURATELA

Están sujetos a curatela, igual que los menores emancipados, los incapacitados o personas con la capacidad modificada judicialmente, en su caso; y los pródigos, de acuerdo con la sentencia de incapacitación (arts. 286.3º, 287, 289 y 290 CC).

El curador NO es representante y administrador del incapacitado. Simplemente debe completar sus limitaciones de capacidad, asistiéndole con su consentimiento. Por ello, aquellos actos realizados por aquél sin la intervención del curador, serán anulables a instancia del propio curador o de la persona sujeta a curatela (art. 293 CC). Son aplicables a los curadoreslas normas sobre nombramiento, inhabilidad, excusa y remoción de los tutores (art. 291 CC).

DEFENSOR JUDICIAL

Cargo coyuntural nombrado por el Letrado de la Administración de Justicia. Es necesario cuando un menor o incapaz no puede estar protegido por sus ordinarios guardadores (variados supuestos: arts. 299 y 299 bis CC LEER Y ESTUDIAR). Se nombrará a la persona más idónea para el cargo (arts. 300 y 302 CC). Todos estos cargos tutelares son obligatorios salvo excusa legal (arts. 216 y 217 CC). Han de inscribirse en el Registro Civil para tener eficacia frente a terceros (art. 218 CC).

GUARDA DE HECHO

La guarda de hecho recibe con respecto a los incapacitados y a los presuntos incapaces el mismo reconocimiento que para los menores (art. 303 CC), con efecto de convalidar sus actos si, habiendo sido realizados en interés de aquellos, redundan en su utilidad (art. 304 CC). Se trata de una situación de hecho provisional.

Al guardador de hecho será aplicable lo dispuesto en el artículo 22º CC sobre el tutor, que establece que “la persona que en el ejercicio de una función tutelar sufra daños y perjuicios, sin culpa por su parte, tendrá derecho a la indemnización de éstos con cargo a los bienes del tutelado, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento”.

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