Apunts, Apuntes de Derecho Internacional. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
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TEMA 1. EL TERRITORIO DEL ESTADO

Los elementos que componen un Estado son: la población, el territorio, un gobierno estable y eficaz y la soberanía. La soberanía no es absoluta, es limitada. No tiene un contenido fijo ya que ha ido evolucionando. Se ha de entender como un conjunto de poderes jurídicos. Este conjunto de poderes (competencias) se caracterizan porque son plenas, exclusivas e inviolables. Esas competencias soberanas se clasifican en:

• Competencias territoriales: un Estado ejerce competencias sobre las cosas y hechos que están y acontecen en el territorio en el cual se tiene soberanía.

• Competencias personales: un Estado ejerce competencias sobre las personas que se hallen sobre el Estado territorial, ya sean nacionales o extranjeros.

Vamos centrarnos en las competencias territoriales.

1.1. Que es el territorio de un Estado

Noción física: El Estado está comprendido no solo por la superficie terrestre, sino también por las aguas interiores, el mar territorial, el espacio aéreo. Es una noción compleja porque no se limita a la superficie terrestre. Los límites del territorio son las fronteras.

Noción jurídica: hay distintas teorías de la doctrina que explican las relaciones entre el territorio y el Estado:

1. Según algunos autores el territorio es un objeto del Estado y se puede disponer de él, o sea que se puede comprar y vender. Ej: Muchos Estados de EEUU fueron objeto de compra venta como por ejemplo el Estado de Lousiana que compraron a Francia o por ejemplo las Islas Carolina que España vendió a Alemania. Sin embargo esta es una concepción que tiene muchos límites.

2. Según algunos autores como por ejemplo Jellinek, el territorio es el sujeto del Estado, el Estado ejerce sus competencias sobre las personas no sobre el territorio. Esta concepción es peligrosa si se llega a la conclusión de que el territorio es único e indivisible en su interpretación más estricta porque si las competencias se ejercen sobre las personas, el territorio de un Estado llega hasta donde estén sus nacionales (esta fue la interpretación que hacían los autores próximos al nazismo).

3. Por último está la teoría de las competencias, Kelsen. Según esta teoría el territorio sería el ámbito de validez de un OJ. Esta es la tesis que ha acogido la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia internacional. El tribunal permanente de DI acepta esta teoría y dice que el territorio nacional es el límite de aplicación de las competencias estatales y el área geográfica de la aplicación de las mismas.

1.2. Adquisición del territorio

¿Cuales son los principios que se aplican en una adquisición de territorio? Estos principio son 2, el principio de efectividad y el principio “uti possidetis iuris”, el tercero es en realidad una ampliación del principio de efectividad, se trata del principio de relatividad de la efectividad (se trataría de una flexibilización del de efectividad. - Vamos a analizar estos principios uno por uno:

A. La efectividad: Se invoca para adquirir un territorio cuando no se tiene ningún título sobre el. Se trata del principio que otorga la soberanía de un Estado sobre un territorio,

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le otorga el poder de desempeñar funciones estatales (poder judicial, legislativo y ejecutivo), da origen a derechos sobre un territorio. La efectividad se puede considerar como causa de un título, que es la soberanía, se trata del desempeño de poderes efectivos que dan lugar a la soberanía. Es un principio “agresivo” porque permite adquirir territorio desempeñando el poder de manera activa.

B. La relatividad de la efectividad: Flexibiliza el principio de efectividad. La intensidad del ejercicio de poderes soberanos ha de valorarse en función de las características de ese territorio. Este principio lo reconoció el TIJ en el caso que enfrentó a Dinamarca y Noruega por Groenlandia…Noruega pretendía adquirir el título sobre el territorio en base al principio de efectividad pero Dinamarca alegó que las características de ese territorio (donde casi no hay población, las condiciones naturales son muy extremas, etc) no permitían que Noruega adquiriera ese título solo en base al principio de efectividad ya que los poderes que hubiera podido desempeñar sobre ese territorio eran ínfimos. El TIJ dio la razón a Dinamarca.

C. Uti possidetis iuris: Se trata de un principio defensivo. Tiene por objeto defender la soberanía que ya se tenía sobre un territorio. El origen de este principio se remonta a América Latina y en la actualidad también se aplica a controversias relativas a países de reciente independencia. Este principio nació en el siglo XIX, en este momento se reivindica este principio para impedir la adquisición de territorios de otras grandes potencias. Este principio impone el respeto a los límites internacionales, provinciales, administrativos, existentes en el momento del imperio español, en la época de la colonización. Se impone el respeto a unos límites que ya existían, que ya estaban trazados con anterioridad a la descolonización. Este principio se invoca cuando ya se tiene un título sobre el territorio.

- Que pasa cuando se enfrentan el principio de efectividad y el de “uti possidetis iuris”? Las relaciones entre estos 2 principios están examinadas en el asunto de Burkina Fasso y Mali (1986). La sentencia del TIJ concluyó lo siguiente:

1. Si el principio de efectividad concuerda con el principio uti possidetis, lo confirma. Hay un título preexistente y se ejercen poderes soberanos, por lo que la efectividad confirma el título.

2. Si no hay título existente sobre ese territorio rige el principio de efectividad, por lo tanto, el Estado que haya ejercido sus poderes soberanos en el territorio adquirirá el territorio.

3. Si el título es impreciso, se plantean dudas, el principio de efectividad tiene un papel esencial, regirá para determinar si se adquiere el territorio.

4. Si el principio de efectividad es contrario al principio de “uti possidetis iuris”, lo contradice, o sea, que un Estado tenga el título pero que las competencias estatales las ejerza otro Estado. Para estos casos, lo que dijo el TIJ es que la efectividad nunca prima sobre el título en caso de conflicto entre ellos. La excepción a esto sería en el caso de que el Estado que tenga el título haya reconocido o consentido que el otro Estado haya desarrollado las competencias estatales sobre el territorio o en parte de el. En este caso si que primaría el principio de efectividad porque ha sido reconocido o consentido por el Estado que ostenta el título.

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- Modos de adquisición del territorio (no están codificados, son normas consuetudinarias):

Modos originarios: modalidades a través de las cuales se adquiere un territorio que no ha estado bajo la soberanía de ningún otro Estado. Los modos de adquisición originarios son

• Territorios que se vinculan al origen del Estado (Ej: la Península Ibérica se vincula al origen de España).

• La ocupación: adquirir territorios que no pertenecen a nadie (terra nullius). Son necesarios 2 requisitos:

• El animus ocupandi (la intención de ocupar). • La ocupación efectiva (es necesario el desempeño efectivo de poder

sobre ese territorio. • La accesión: consiste en que un Estado adquiere la soberanía sobre el territorio

sobre el que ya ejercía la soberanía. Aparición de otro territorio que haya acrecido sobre el territorio sobre el que ya se tenía soberanía.

Modos derivativos: El territorio ya pertenecía a la soberanía de otro Estado. Estos territorios se pueden adquirir a través de:

• La cesión: mediante acuerdo entre Estados (ej: EEUU compro Lousiana a Francia, Alaska se la compró a los rusos), estos acuerdos pueden ser gratuitos o hacerse a cambio de un precio.

• La conquista: adquisición de un nuevo territorio mediante el uso de la fuerza. Está ha sido una modalidad clásica muy utilizada pero en la actualidad es un modo que está PH por el principio de la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza. Este principio cambia cualitativamente el DI y una de sus consecuencias es que toda adquisición por medio de la fuerza es nula.

• La prescripción: adquisición del territorio por medio del ejercicio de poderes estatales. Adquisición por medio de la efectividad. Este modo de adquisición puede entrar en conflicto con el principio “uti possidetis iuris”. Es un principio que se discute en el caso de Gibraltar (hay un TI que atribuye la soberanía sobre Gran Bretaña pero no atribuye sobre el mismo).

1.3. Las fronteras

Las fronteras son el límite de los territorios de los Estados. La delimitación de las fronteras es importante porque limitan también el ejercicio de las competencias de los Estados. -Pasos que hay que seguir para delimitar las fronteras: 1. Elegir principios a partir de los cuales se trazan las fronteras. Estos principios pueden ser de distinto tipo:

• Que las fronteras delimiten en base a los límites naturales (ej: la línea divisoria de las aguas, una cordillera, un río…). En el caso de los ríos es importante si el río es navegable o no. Si el río no es navegable la frontera estará en la línea media de las aguas. Si el río es navegable la frontera estará en la línea media del TAALWEG que es aquella parte del río que es navegable (puede ser que la parte navegable no esté en el medio del río sino a un lado).

• Que los límites de las fronteras se basen en elementos técnicos (ej: trazar una línea recta entre dos puntos del mapa, utilizar los paralelos para marcar fronteras, etc).

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• Que los límites de las fronteras sean aquellos preexistentes de otras épocas (derivados del principio uti possidetis iuris).

2. Trazar la frontera sobre un mapa: se puede realizar mediante el propio Tratado (que el TI incluya un mapa con el trazado de las fronteras) o bien que el Tratado cree una Comisión de Límites que se encarguen de trazarlas.

3. Marcación sobre el terreno: poner señales sobre el territorio (amojonamiento) para que marquen el límite del territorio. Esta labor la lleva a cabo la Comisión la lleva a cabo la Comisión de límites o las autoridades locales que son las que mejor conocen el terreno. Se trata de una actividad puramente material.

Una vez establecidas las fronteras suponen la limitación de las competencias de un Estado y también refuerza la estabilidad de las fronteras. Las fronteras suelen estar establecidas por Tratados, no es imprescindible que estén bien delimitadas pero esto ayuda a la estabilidad. - Las fronteras generan 2 tipos de relación:

a. Por un lado, suponen un límite no solo a las actividades que no se pueden realizar en el territorio de otro Estado sino que va más allá porque hay un principio del DI que dice que todos los Estados tienen la obligación de vigilar para que las actividades que se realicen en su propio territorio no produzcan daño en los territorios de los Estados vecinos.

b. Por otro lado también suponen relaciones de vecindad, de cooperación transfronteriza. Relaciones de largo origen, a veces anteriores a la existencia de la frontera. Estas relaciones pueden ser de distinto tipo: de obras públicas, de comunicaciones, de aduanas, de cultura, etc. Estas relaciones pueden tener dificultades previas a la vecindad. Para evitar estas dificultades lo que se ha hecho en Europa es crear un acuerdo marco de cooperación transfronteriza que permite que las relaciones tengan un marco intergubernamental.

1.4. Modificaciones del contenido de la competencia territorial

En casos excepcionales la competencia territorial no la ejerce siempre el Estado territorial. En el DI existe una larga práctica sobre modificación de las competencias. Estas modificaciones pueden venir por TI, por una costumbre internacional o por una resolución del Consejo de Seguridad. En el fondo, estas modificaciones pueden suponer limitaciones temporales a la soberanía (suspensión de la soberanía). - Supuestos de modificación:

1. Cesiones de uso administración y arrienda: se caracteriza porque el Estado beneficiario adquiere el derecho de uso, de administración, pero el Estado territorial no pierde su soberanía.

2. Establecimiento de bases militares: mediante un acuerdo entre Estados que supone este establecimiento y que tiene como consecuencia la modificación de competencias del Estado territorial. Se trata de consecuencias de un TI bilateral o multilateral (ej: ser miembro de la OTAN). No suponen tanto una cesión de territorio como la concesión de ventajas estratégicas a esas tropas que allí se establezcan.

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Hay 2 aspectos que sirven para identificar en que medida se ha modificado la competencia territorial a consecuencia del establecimiento de bases militares:

• El Estatuto Jurídico (jurisdiccional) de las tropas establecidas en las bases. • El ejercicio del mando en las zonas e instalaciones militares (si es un mando del

ejército nacional o es un mando del ejército extranjero). Esta institución es muy reciente, empieza a aparecer a partir de 1940. Antes de la II GM, EEUU sabe que la guerra se avecina y empieza a tejer una red de bases militares, sobretodo en el Pacífico (ej: Filipinas). Esto lo hace a través de acuerdos con estos países. Durante la guerra fría también se hizo con mucha frecuencia e incluso después de la guerra fría (por ejemplo, en los últimos tiempos, EEUU ha ido abriendo bases en Asia).

En el caso español, en 1953, durante el franquismo, se abrió la primera base militar americana, a cambió EEUU ayuda a renovar la imagen de España ante la Comunidad Internacional. Como consecuencia de ese acuerdo se inicia el establecimiento de bases militares americanas en España, con la consecuencia de una gran modificación de la competencia territorial debido a que:

• El Estatuto Jurídico era exclusivamente americano. Los tribunales españoles no podían juzgar ninguna actuación de ningún militar americano aunque los hechos hubiesen ocurrido fuera de la base.

• El mando de esas instalaciones estaba ejercido por los americanos.

A partir de la renovación del Convenio de 1988, las condiciones cambian. Se reducen las condiciones americanas:

• Fuera de las bases, los actos de los militares se juzgan por los tribunales españoles.

• El mando de estas instalaciones pasa a ser español y una de las consecuencias es que se prohíbe el almacenamiento de armas nucleares en estas instalaciones. En cuanto al tránsito de armas nucleares, ni se prohíbe ni se permite.

En los últimos años se han cerrado algunas bases y tb se han reducido unas cuantas.

3. La administración territorial: consiste en el ejercicio de funciones territoriales por terceros Estados o bien por OI diferentes del Estado territorial. Estos poderes pueden ser mayores o menores (globales o parciales). Se pueden llevar a cabo de distinta manera, en función de quién los realiza:

• Si las realiza un Estado, se pueden ejercer por medio, por ejemplo, de un protectorado, o por medio de un condominio (varios Estados realizan las competencias territoriales). Ej: España tiene un condominio con Francia en las Islas Faisán.

• Si las realiza una OI (administración territorial internacional). Esta modalidad se crea por diversos motivos:

• Para solucionar disputas sobre soberanía. • Por problemas derivados de cómo se gobierna un territorio. Ej:

resolución 1244 Kosovo. La soberanía pertenece a Yugoslavia pero la administran varios OI. La soberanía la sigue teniendo el Estado pero no la ejerce el sino unas OI.

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TEMA 2. LOS CURSOS DE AGUA INTERNACIONALES Y EL ESPACIO AEREO.

2.1. Los cursos de aguas internacionales

La noción tradicional es la de ríos internacionales: grandes ríos que atraviesan fronteras. Los grandes ríos han tenido tradicionalmente una gran importancia como vía de comunicación pero sus usos se han incrementado y actualmente tienen muchos usos además del de navegación, como por ejemplo, para el riego, para suministrar energía eléctrica, para evacuar deshechos, para la pesca…

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La noción de río internacional según Rousseau es la de cursos de agua que en su parte naturalmente navegable separan o atraviesan el territorio de 2 o más Estados. Esta noción tradicional estaba basada alrededor de dos concepciones: la frontera y la navegabilidad. Esta noción, como consecuencia del incremento de los usos de los ríos internacionales ha quedado obsoleta.

A partir de los años 60 se empezaron a denominar a los ríos internacionales de diferente manera. Fueron varias las instituciones que estudiaron las normas sobre esta materia, sobre estos nuevos usos y barajaron varias nuevas nociones como la de “cuenca hidrográfica internacional” o “cuenca hidrológica internacional” que eran nociones más amplias que la tradicional. La noción que se ha impuesto es la de “cursos de aguas internacionales”. Esta noción se ha impuesto porque es la noción que ha incorporado la Convención sobre los diferentes usos de la navegación. En el proceso de codificación de este TI en los años 60 se incorporó esta noción.

Art 2.a de la Convención: “el curso de agua internacional es un sistema de aguas subterráneas y de superficie que en virtud de su relación física constituye un conjunto unitario”… “y normalmente fluyen en una desembocadura común”… “y cuyas partes se encuentran en Estados distintos”. Esta noción comprende:

• ríos principales • aguas de los afluentes • aguas subterráneas • forma de unidad física y económica • se encuentran en territorios de varios Estados

El conjunto de normas que regulan los diferentes usos y finalidades de los cursos de aguas internacionales se denomina DI Fluvial.

Características del DI Fluvial: Especificidad/relatividad: se trata de normas creadas específicamente para cada uno de los ríos, hay pocas normas de carácter general. Objeto de este derecho: armonizar los intereses contrapuestos de los Estados ribereños de los cursos de agua.

Existen muy pocos principios generales sobre esta materia. Los pocos que hay se fueron identificando a lo largo del s. XX. La posibilidad de que existan principios generales depende de la calificación jurídica que los Estados otorguen a esos cursos. Tradicionalmente los Estados entendían que el agua de esos ríos pertenecía de manera absoluta a un Estado. Esta concepción la entendían de 2 formas:

• Según la doctrina Harmon: a finales del s.XIX principios del s.XX hubo una controversia entre EEUU y México por las aguas de Río Grande. México se quejaba de que las aguas les llegaban contaminadas y Harmon, que en aquel momento era el Secretario de Estado de EEU dijo que como Río Grande pasaba primero por EEUU podía utilizarlo como quisiera porque pertenecía a su soberanía. Más tarde Canadá aplico esta misma doctrina a EEUU por los Grandes Lagos, solo que en este caso EEUU era el perjudicado.

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Teoría de la integridad territorial absoluta (Faucailla): si las aguas son recursos que pertenecen a los Estados ribereños, todos estos Estados tienen derecho a que el agua les llegue de manera impoluta en cuanto a calidad y cantidad. El problema de esta teoría es que ningún Estado podría utilizar las aguas por lo que en la práctica esta teoría es inviable.

En la actualidad se entiende que estos cursos de aguas son recursos naturales compartidos, que no solo pertenecen a los Estados ribereños. Esto implica una limitación de la soberanía de los Estados ribereños.

A partir de esta calificación jurídica podemos identificar algunos principios generales básicos: a. Principio de participación y utilización equitativa y razonable: todos los Estados ribereños tienen derecho a usar esas aguas de manera razonable y equitativa. b. Principio de utilización inocente: todos los Estados tienen el derecho a utilizar pero de manera que no perjudiquen a los demás. c. Deber de notificar y consultar con los Estados ribereños los usos que pueden causar perjuicios. d. Obligación de celebrar consultas respecto a los usos entre los Estados ribereños.

2.1.a. El régimen de navegación

Fue el uso más importante durante mucho tiempo. Fue el primer fin de los ríos internacionales y el primer uso que reguló el DI. Junto a los TI específicos que regulan la navegación de los ríos, la cuestión fundamental es si existe o no la libertad de navegación por los ríos internacionales (para cualquier Estado o solo para los Estados ribereños). La primera vez que aparece la noción de río internacional fue en el Acta de Viena (1815), en su art 108. En este TI los Estados firman, reconocen la libertad de navegación por los ríos europeos. Este principio se encuentra tb en el Acta de Berlín, en el cual los Estados europeos se reparten África. En este TI se reconoce la libertad de navegación de los ríos africanos.

A pesar de estos precedentes, la práctica posterior confirma la inexistencia de la libertad de navegación. Con carácter general no existe.

Las reglas aplicables a la navegación son los TI específicos sobre cada río, si ese TI específico reconoce la libertad de navegación, la hay pero si no la reconoce no la hay. Si no hay TI de algún río internacional, se aplican las normas del Estado ribereño (debido a la inexistencia de norma consuetudinaria o convencional). Las normas internacionales relativas a la navegación de los ríos internacionales son, por regla general, de naturaleza convencional.

2.1.b. Usos diferentes de la navegación

A principio del siglo XX aparecen nuevos usos (pesca, transporte de madera, suministro de agua…) y a partir de la II GM estos nuevos usos aún se intensifican más. Por esta razón, en los años 60 y 70 la Comisión de DI examinó esta materia y nombró a unos relatores para que elaboraran un proyecto de Convenio. Este proyecto se aprobó por la Asamblea General de la ONU mediante la resolución 51/ 229 en el año 1997. En este Convenio se regulan básicamente (además de pasar al derecho positivo la noción de curso de agua internacional) 2 cuestiones:

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• Los principios respecto a los usos • Los principios de protección medioambiental de las aguas.

1. Principios respecto a los usos: • Principio de utilización y participación equitativa y razonable (Art.3): se trata

de llegar a una utilización óptima y sostenible. La novedad de este Convenio es que se incluyen factores y estándares para determinar cuando un uso es equitativo y razonable. Estos estándares son:

• Las necesidades económicas y sociales del Estado • El problema de que el Estado dependa de esta agua • Los efectos y usos que se le da a esta agua • Las alternativas posibles • El grado de conservación del curso de las aguas

La obligación de cooperar entre Estados (art 8). • La obligación de intercambiar regularmente datos e información relativa al

curso de las aguas (art 9) • Principio de igualdad de uso. No debe haber usos prioritarios sobre otros usos

salvo preacuerdo o por tradición (art 10).

2. Los principios de protección medioambiental de las aguas: Este Convenio tiene un rasgo frecuente el medioambiente, es un Convenio marco en lo relativo a esta materia porque:

Incluye las nociones generales y los principios básicos de alcance general, se pueden aplicar a todos los Estados (art 3).

No modifica los derechos y obligaciones de otros TI sobre esta materia pero los Estados parte de otros TI podrán modificarlos para adaptarlos a este Convenio. Además los acuerdos que se adopten con posterioridad han de ser de acuerdo a este Convenio.

2.2. El espacio aéreo

El espacio aéreo también forma parte del territorio, ha tenido un papel importante en la vida económica y en la sociedad en general. A partir del s. XIX fue objeto de uso (o más bien mal uso) y fuente de tensiones. En los Estados surge una preocupación por la seguridad y por ello se crearon 2 importantes TI: - Primera Conferencia de Paz de la Haya (1899): se suspende la posibilidad de lanzar proyectiles desde globos aeréoestaticos durante 5 años. - Segunda Conferencia de la Haya (1907): se prohibió lanzar explosivos desde las aeronaves.

Esta preocupación está presente cuando se adoptan normas generales sobre el espacio aéreo, así que cada Estado pretendía adoptar unas normas en concreto. Por ejemplo Francia se intentó regular el especio aéreo considerando que cada Estado es soberano de su especio aéreo. En cambio, otros Estados como GB consideraban la libertad de navegación por el espacio aéreo.

El DI sobre el espacio aéreo se caracteriza por: • La grave preocupación sobre la seguridad • Que no se ha tenido en cuenta que el espacio aéreo puede ser un recurso finito.

Es finito desde el punto de vista de su explotación, del aprovechamiento tecnológico del medioambiente.

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En el régimen del espacio aéreo existe la necesidad de una revolución jurídica equiparable a la del derecho del mar (una regulación única) desde el punto de vista sustantivo. El espacio aéreo es un bien que combina mal en cuanto a utilización y seguridad.

2.2.a. Régimen del espacio aéreo

Tanto la noción como la delimitación del espacio aéreo son bastante fluidas. No existe una definición en el derecho positivo de espacio aéreo y la definición de la doctrina es: “el espacio aéreo es aquella zona en la cual es posible la sustentación de una aeronave”.

La pregunta es: ¿hasta donde llega el espacio aéreo de los Estados? La delimitación horizontal no crea problemas ya que se encuentra en el límite del mar territorial.

Ex de delimitación horizontal:

La delimitación vertical causa más problemas, la regla que se acepta es una regla por exclusión. El espacio aéreo acaba donde empieza el espacio ultraterrestre.

Principio básico del régimen del espacio aéreo (dependen de la calificación jurídica de éste): Principio de soberanía: los Estados tienen soberanía sobre su espacio aéreo (art 1 de la Convención de Chicago). Este principio tiene algunos límites:

• La posibilidad de que las aeronaves sobrevuelen el espacio aéreo. • Límites en materia de comunicaciones. Terceros estados pueden realizar

las actividades que quieran pero con un límite, no producir daños ni interferencias.

• Las actividades no produzcan daños medioambientales.

2.2.b. La reglamentación internacional de la navegación aérea

El principio básico relativo a esta reglamentación es el principio de la soberanía.

El Tratado básico de este espacio fue la Convención de Chicago (1944). Esta Convención se divide en dos grandes bloques:

• Establece las reglas generales aplicables a la navegación aérea. • El bloque relativo a la creación de la OACI. Se le atribuye la competencia para

adoptar resoluciones obligatorias. Cuando se negoció en la Convención de Chicago se distinguió entre: los vuelos regulares y los vuelos charter:

• Art 5 C.Ch: en los vuelos charter se prevé el sobrevuelo sin necesidad de autorización.

• Art 6 C.Ch: en cuanto a los vuelos regulares es necesario el permiso de sobrevuelo del Estado territorial.

En la práctica, además del principio general de soberanía, es necesario un permiso para sobrevolar el Estado territorial. Lo que se hace es reforzar la soberanía del Estado en su espacio aéreo y esto se hace:

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• Utilizando pasillos aéreos: no todo el territorio se puede sobrevolar • Hay espacios aéreos que está prohíbe sobrevolarlos. Se excluyen determinadas

zonas Derecho de todo Estado para exigir a cualquier aeronave que sobrevuele su

espacio aéreo al aterrizaje (art 3 del C. Ch). En la práctica esto ha creado problemas porque la aeronave no ha obedecido por cualquier motivo (por ejemplo por problemas de comunicación o de idioma) y se han llegado ha derribar aviones civiles. Este derecho a exigir el aterrizaje podía dar lugar a errores, así que en 1988 se modificó la Convención y se limitan los medios para exigir el aterrizaje, se prohíbe el uso de la fuerza,

Derecho de todo Estado a suspender temporalmente el sobrevuelo sobre su espacio aéreo de todas las aeronaves, sin discriminación de nacionalidad. (ex: El 11s en EEUU se suspendieron todos los vuelos).

En algunos casos las normas aplicables son otras, pero cualquier ampliación o excepción a la regla general viene por acuerdos entre Estados (ej: Acuerdo de las Bermudas). Por medio de estos acuerdos se pueden reconocer algunas o todas las “libertades del aire” (estas libertades solo son aplicables si existen acuerdos bilaterales entre Estados). Estas libertades son:

• Derecho de sobrevuelo sin aterrizaje • Libertad de aterrizar por motivos comerciales • Derecho a embarcar pasajeros, mercancías o correspondencia con destino al

Estado de la aeronave. (ej: avión de EEUU tiene derecho a embarcar en España a pasajeros con destino a los EEUU).

• Derecho a desembarcar pasajeros, mercancías o correspondencia que vienen, que son procedentes del Estado del que provienen la aeronave.

• Derecho a embarcar/ desembarcar pasajeros, mercancías o correspondencia procedentes o con destino a cualquier Estado,

Por lo tanto: • La regla general es la soberanía: se necesita autorización específica para

sobrevolar un Estado. • Las cuestiones que no están reguladas en la Convención de Chicago, se regula

por acuerdos bilaterales entre Estados.

Podemos resumir que la Convención de Chicago consta de 2 partes: la regulación de la reglamentación aérea y la adopción de resoluciones ob (anexos) de la OACI. En los 18 anexos de la OACI se establecen las reglas del aire:

• Anexo 1: la nacionalidad de las aeronaves • Anexo 2: código de circulación aérea • El anexo relativo a la protección del medioambiente (reducción de emisiones

contaminantes de las aeronaves) • El anexo relativo a los requisitos y las licencias para pilotar aeronaves.

En los años 60 aumentó la preocupación por la seguridad en las aeronaves ya que se empezaron a producir incidentes, algunos muy graves, como el secuestro de aeronaves para reivindicaciones políticas, religiosas, etc. Como consecuencia de algunos de estos incidentes se han ido adoptando normas al respecto en diferentes Convenios:

Convenio de Tokio (1963): se regulan infracciones y actos cometidos a bordo de las aeronaves. La competencia para juzgar la tienen los Estados de matricula de las

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aeronaves donde se producen estos incidentes. Además el comandante de la nave tiene competencia para adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

Convenio de la Haya (1970): sobre secuestros de aeronaves. La obligación fundamental es que todos los Estados han de tipificar el apoderamiento ilícito de aeronaves. El Estado parte en cuyo territorio se encuentra el delincuente está obligado a juzgarlo o bien extraditarlo al Estado de matrícula de la aeronave.

Los problemas de seguridad pueden venir también por aeropuertos o frecuencias de radio, así que se amplió el ámbito material en el Convenio de Montreal (1971): Se han de reprimir los actos ilícitos que impliquen la seguridad de la aviación (interferencia de comunicaciones, informes falsos…). La competencia para conocer de estos actos la tiene el Estado de matricula y el Estado en cuyo territorio se halla el delincuente (que pude o bien juzgarlo o bien extraditarlo al estado de matrícula). La competencia es entonces, concurrente.

Ej: Caso Lockville: El Estado de matrícula era EEUU pero el estado donde se hallaba el presunto delincuente era Libia. Existía una competencia concurrente por lo que Libia podía, o bien juzgarlo, o bien extraditarlo a EEUU para que se juzgara allí. EEUU y GB decían que Libia no iba a juzgar al delincuente de manera imparcial porque posiblemente era un agente del gobierno libanés, así que pedían la extradición. Forzaron al Consejo de Seguridad de la ONU para que ob a Libia a extraditarlo pero Libia no lo hizo. Finalmente llegaron a un acuerdo: los delincuentes se juzgaron en territorio holandés aplicando el derecho escocés y actualmente aún cumplen condena en los Países Bajos.

En la actualidad las medidas que se adoptan ya no son solo para la seguridad aérea, van más allá, con un enfoque más amplio (no solo incluyen aeronaves sino tb aeropuertos, etc).

TEMA 3. LOS ESPACIOS MARINOS

3.1. Ideas generales

El derecho del mar consta de normas consuetudinarias, que nacen en el s. XVI y que aparecen como consecuencia de las necesidades que nacen a consecuencia de los grandes descubrimientos de la época. Se luchaba por la adquisición de los nuevos territorios descubiertos. Por aquella época las 2 grandes potencias marítimas eran: España y Portugal. Después del descubrimiento de América, se concluye (con la bendición del Papa), un acuerdo para repartirse América (El Acuerdo de Tordesillas), sobre la colonización. Las grandes potencias pretenden ejercer soberanía en el mar porque es un espacio de intereses. Se reivindica que en los se apliquen los principios de soberanía. Las potencias emergentes tienen sin embargo otros intereses y reivindican el principio de libertad de los mares (ej: Márquez de Mendoza, Groccio…).

A partir del s. XVI se empiezan a crear normas consuetudinarias relativas al espacio marítimo. Con el incremento de los usos marítimos era necesaria la codificación de estas normas. La codificación del derecho del mar empezó en la década de los años ’30, pero las grandes potencias no se ponían de acuerdo.

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En la posguerra de la II Guerra Mundial se volvió a intentar codificar el derecho marítimo y se celebra la primera conferencia de codificación, que fue la Conferencia de Ginebra (1958). Se intenta codificar, declarar las normas consuetudinarias que ya existían y también crear normas nuevas para hacer frente a los nuevos usos. Durante esta Conferencia se adoptaron con éxito 4 Convenios:

• Sobre el mar territorial • Sobre la Plataforma Continental • Sobre la Alta Mar • Sobre la Pesca y Recursos Vivos

Pero estos Convenios eran insuficientes, por 2 motivos: Por un lado, porque los Estados no se pusieron de acuerdo sobre la anchura del mar territorial. Por otro lado, por el creciente nacionalismo marítimo de los Estados, sobre todo de aquellos de reciente independencia (descolonización). Los nuevos Estados impugnan, critican estos Convenios porque codifican normas ya existentes en las que los nuevos Estados no habían participado en su creación.

En 1960 se pone en marcha otra conferencia de codificación pero los Estados tampoco se pusieron de acuerdo en la anchura del mar territorial y no se adoptó ningún Convenio. Se siguieron aplicando los Convenios de la Conferencia de 1958. Además los Estados de reciente independencia adoptaron nuevos actos unilaterales sobre los espacios marinos. Por estas razones existía una gran inseguridad jurídica (un gran relativismo).

En 1973 la Naciones Unidas convocaron una Conferencia más compleja que las anteriores. Esta Conferencia duró hasta 1982 y es la Conferencia más importante sobre el tema que se ha celebrado hasta hoy. Lo que se pretendía era una revisión global y unitaria del derecho del mar. En esta Conferencia se incluyeron:

• Factores económicos (explotación de recursos) • Factores estratégicos (los espacios de navegación libre eran cada vez menos y

las grandes potencias creían que sus flotas tendrían limitaciones, en particular en espacios que estaban en alta mar, como los estrechos, los canales…)

• Factores tecnológicos (con el incremento de la tecnología era posible explorar y explotar los fondos marinos)

Junto a estos factores materiales conviene destacar alguno de los aspectos de técnica jurídica:

• Un elemento novedoso fue el Método de negociación: (negociación global = package deal), acuerdo global para que fuera posible compensar los intereses de los Estados con el conjunto de las regulación.

• Otro elemento fue el Sistema de Adopción de Decisiones: se pretendió la unanimidad, el consenso, pero en 1981 llegó Reegan a la presidencia de los EEUU y pidió una nueva renegociación del texto que existía en ese momento. Los otros Estados se negaron y no se pudo adoptar por consenso sino por votación (130 votos a favor y 4 en contra: EEUU, Israel, Venezuela y Turquía, y 17 abstenciones: entre las cuales se encontraban los Estados desarrollados occidentales).

El acuerdo fue finalmente adoptado por mayoría y se denominó Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982) Este Convenio entró en vigor en 1994 y tardo tanto por la oposición de los Estados occidentales a la regulación contenida en algunas de las disposiciones.

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Para que entrara en vigor eran necesarias 65 ratificaciones. Hay que tener en cuenta que lo que se pretendía con este Convenio era crear normas generales del derecho del mar. Al ver que se iban alcanzando las 65 ratificaciones pero que eran de Estados en vías de desarrollo, la universalidad el TI peligraba, se limitaba, porque no iba a obligar a los Estados desarrollados, que eran los que más recursos tenían. Se planteó, por tanto, la necesidad de que los Estados avanzados se adhirieran.

Aunque los Estados no firmaban por distintos motivos, había un motivo fundamental y era que la regulación establecía respeto a la zona internacional de los fondos marinos porque eran patrimonio común de la humanidad y no se podían explotar de manera unilateral. Por esta disposición, los Estados que tenían los recursos económicos y tecnológicos para explotar estos fondos marinos no podían hacerlo. Mediante el Acuerdo sobre la Aplicación de la parte II se modificó esta parte sobre los fondos marinos del Convenio del ’82. Con este Acuerdo se permite que los países desarrollados sean parte y tenga un carácter universal.

2. Las líneas base

Los espacios marinos se empiezan a medir a partir de estas líneas. La regla general del DI clásico es la línea de bases normal: a partir de la línea de bajamar (allí donde acaba, se trazan los puntos). Siguen la orientación de la costa.

Ej: líneas de base normal

Esta regla se prevé como regla general, pero la práctica había demostrado que en casos de costas escarpadas este sistema era muy complicado, planteaba muchas dificultades (ej: Noruega) así que se permitió un nuevo sistema, el sistema de líneas rectas, que consiste en trazar líneas rectas que unan los puntos más escarpados

Ej: líneas de base rectas

Este sistema de líneas rectas planteaba una cuestión y es que dejaba unas aguas entre la costa y la línea de base. A esta agua se las denomina: aguas interiores

Ej: aguas interiores

El régimen básico de esta agua interiores es que están sometidas a la soberanía del Estado ribereño. Además, en esta agua no existen las limitaciones que existen en las aguas del mar territorial (no hay derecho de paso inocente por parte de buques de terceros Estados).

3.3. El Mar Territorial (MT)

Son las aguas más cercanas a los Estados. En el Convenio del ’82, los Estados por fin se pusieron de acuerdo en la anchura del MT: 12 millas. Tradicionalmente esta distancia estaba condicionada por lo que era el alcance de los antiguos cañones.

Croquis de los espacios marinos:

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Régimen Jurídico: El Estado ribereño ejerce en el MT su soberanía sobre las aguas, la columna de aire subyacente al MT y sobre el lecho marino. Esta regla general tiene 2 excepciones:

1. En determinados supuestos el Estado puede no tener jurisdicción civil o penal. Ej: delito cometido por un buque que atraviesa el MT de un Estado. La competencia le corresponde al Estado del pabellón del buque.

2. El derecho de paso inocente (esta excepción es la más importante). Es la excepción a la regla general de soberanía. Esta excepción es resultado de la costumbre. Los buques extranjeros tienen derecho de paso en el MT. Paso inocente: paso paralelo o perpendicular, rápido e ininterrumpido por el MT de otro Estado. Ese derecho de paso ha de ser inocente (art 19 del Convenio del ’82):

• art 19.1: paso que no pone en peligro la paz y seguridad de un Estado • art 19.2: ejemplo de paso no inocente (paso prohibido)

• hacer prácticas de tiro • interrupción de telecomunicaciones • realizar propaganda con fin de atentar con la paz del Estado ribereño…

• art 20: los submarinos están obligados a navegar en superficie. No pueden pasar sumergidos por el MT de un Estado.

Este régimen se caracteriza porque: El Estado ribereño puede suspender este paso inocente temporalmente y porque los buques de terceros Estados deben cumplir las normas establecidas por los Estados ribereños.

En algunos estrechos internacionales había problemas con el derecho de paso inocente (ej: El estrecho de Gibraltar. El MT es de GB/Marruecos. Las flotas de las grandes potencias quedaban restringidas. Lo que hicieron estos Estados fue buscar el apoyo de países con grandes fachadas marinas para que apoyaran la creación de un nuevo régimen de paso sobre los estrechos internacionales). Se creó el Régimen de paso en tránsito: solo se aplica en los estrechos internacionales. Se adoptó para facilitar el derecho de paso y sobrevuelo. Los estrechos siguen siendo MT pero tienen un régimen internacional. La creación de este régimen no altera la calificación jurídica de las aguas, siguen siendo MT. Características de este régimen:

• Reconocimiento de la libertad de navegación y sobrevuelo sobre los estrechos internacionales.

• Los submarinos pueden pasar sumergidos • No se puede suspender como el régimen de paso inocente.

España se oponía a este régimen y recurrió a la figura del objetor persistente para que no se creara una norma consuetudinaria, ya que España no había sido parte en el Convenio. Hizo la objeción en el momento de la firma y se opuso a la libertad de navegación por los estrechos, pero en 1986 ocurrió un incidente con los EEUU y algunos autores consideraron que España había dejado de persistir: Ej: En 1986, a causa de incidentes entre EEUU y Libia, cazas norteamericanos sobrevolaron el estrecho y bombardearon Libia. Felipe González, presidente del gobierno en esas fechas dijo en unas declaraciones que España ni permitía ni prohibía el sobrevuelo. Por esta razón, al no condenarlo categóricamente, algunos autores interpretaron que España ya no persistía en su objeción.

3.4. Aguas archipelágicas

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Los Estados archipelágicos están compuestos exclusivamente por islas. Se han de distinguir de los archipiélagos de Estados que son islas que pertenecen a un Estado (ej: islas baleares)

Ej: Estado archipelágico

El régimen de los Estados archipelágicos es peculiar. Tienen aguas interiores, MT… tienen todos los espacios marinos de los demás Estados más uno en especial que les otorgaron. Lo específico es que tienen las aguas archipelágicas: se trazan líneas de base archipelagicas, y estas tienen un régimen jurídico particular.

Ej: líneas de base archipelágicas

Estas líneas no pueden tener más de 100 millas (salvo un 3% de las líneas, que pueden llegar a las 125m). El resultado de este trazado no puede ser mayor de la proporción 9/1. La superficie de las aguas archipelágicas no puede ser más de 9 veces mayor que la superficie terrestre de los Estados archipelágicos.

Régimen jurídico: de las aguas archipelágicas. El Estado tiene soberanía sobre esta agua. Excepciones:

• derecho de paso inocente • si existían otros derechos históricos de terceros Estados se han de respetar. Ej:

tuberías, tendidos eléctricos…). Por lo tanto estas aguas tienen más límites que otras superficies marinas.

3.5. La Zona Contigua (ZC)

Espacio marino que Gidel define como: espacio que está más allá del MT y en el cual el Estado ribereño ejerce determinadas competencias. Esta definición es demasiado amplia (concepto de determinadas competencias). El origen de ejercer determinadas competencias está en los años ’20 y ’30, en particular en EEUU, a consecuencia de la Ley Seca. El Whisky se fabricaba, por ejemplo, en Escocia y se hacía contrabando en las aguas para traficar con alcohol en el país. EEUU se atribuyó competencias en esta zona para evitar el contrabando.

Régimen jurídico: No es el de soberanía sino que el Estado ribereño solo ejerce ALGUNAS competencias. Aquellas que le reconoce el derecho del mar. Estas competencias son en materia:

• fiscal • aduanera • sanitaria • inmigración

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La anchura de la ZC: según recoge el Convenio del ’82 no puede sobrepasar más allá de la milla 24. Por lo tanto, las 12 primeras millas es MT y de la milla 12 a la milla 24 es ZC. En el caso español la extensión de la ZC hasta las 24 millas no se hizo hasta 1992, a través de la creación de la ley de puertos y marina mercante (art 7).

3.6. La plataforma continental (PC)

Surge como espacio marino en el s. XX pero no se reivindicó hasta después de la II Guerra Mundial. En septiembre de 1945, el presidente de los EEUU hizo una declaración (La proclamación de Truman), en la cual dijo: señaló el interés que tenía ese espacio para los Estados (recursos naturales como por ejemplo el petróleo). Dada la importancia de los recursos naturales de esa zona, EEUU reivindica ejercer derechos de soberanía para explorar y explotar los recursos naturales del subsuelo. Inmediatamente todos los Estados ribereños hacen también esa reivindicación y en la Convención de 1958 se reguló. La PC está definida en el art 1 de la Convención de 1958 y en la de 1982 (que prácticamente dice lo mismo): lecho y subsuelo marino que se extiende más allá del MT.

Anchura de la PC:

Según la C. 1958: en el art 1 dice que la anchura se regulará por 2 criterios subsidiarios. Primero: criterio cuantitativo, la PC llega hasta las 200 millas. Segundo: criterio subsidiario, la PC llega hasta donde fuera posible la explotación de los recursos.

Según el C. 1982: en el art 76.1 dice que la anchura llega hasta las 200 millas marinas desde la línea de base. En el art 76.5 hay una excepción pero para entenderla hay que distinguir entre la noción jurídica (hasta 200millas) de la noción en sentido geológico (continuación de la superficie terrestre allí hasta donde el mar se precipita a los fondos marinos). Estas 2 nociones no suelen coincidir. El Convenio del ’82, como regla general, atribuye una PC de 200millas aunque la plataforma geológica sea menor de 200millas. En realidad la excepción del párrafo 5 es para los casos en que la plataforma geológica es mayor de las 200 millas. En estos casos la PC llega hasta el borde del mar (hasta donde se precipita a los fondos marinos), pero hay 2 límites a esto:

• No puede llegar a las 350 millas. • De los recursos que se obtengan desde la milla 200 hasta el límite exterior de la

plataforma geológica (que como indica el primer límite no excederá de 350 millas), deberán entregar una parte de los beneficios obtenidos a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. El límite de la PC que va más allá de las 200 millas lo establece la Comisión de Límites.

En conclusión, el sistema para medir la anchura de la PC ha cambiado, ha evolucionado, entre el Convenio del ’58 y el del ’82.

Delimitación: Esta anchura no sirve en el caso de Estados que tengan costas adyacentes que se cierren o que tengan un Estado delante. En muchos Estados esta regla general no sirve por lo que se ha de delimitar la PC.

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Ejemplo:no hay 200 millas para los 3 Estados.

Se ha de prever una regla para los Estados con costas adyacentes o Estados situados frente a frente.

Regla del art 6.1 del Convenio del ’58: se ha de delimitar mediante acuerdo y si no hay acuerdo se ha de aplicar la equidistancia (principios equitativos).

Regla del art 83 del Convenio del ’82: se ha de delimitar mediante acuerdo entre los Estados y a falta de acuerdo se delimitará sobre la base del DI a fin de llegar a una solución equitativa. Esta regla es algo indeterminada por lo que el TIJ la ha ido corrigiendo en sus sentencias. De lo que se trata es de aplicar reglas de derecho y que la solución de estas reglas sea equitativa pero no se han de basar únicamente en la equidad para delimitar una PC. Esta regla del Convenio del ’82 también se aplica para la Zona Económica Exclusiva (ZEE): primero mediante acuerdo entre Estados y si no sobre la base del DI. Régimen jurídico: El Estado ribereño tiene derechos de soberanía para la explotación y exploración de los recursos naturales (art 77.1 del Convenio del ’82). Recursos naturales (minerales, petrolíferos), recursos vivos y sedentarios. Son derechos soberanos que se derivan de la soberanía territorial, y por tanto, son derechos que corresponden al Estado ribereño con independencia de que los explote o no. Son derechos exclusivos y excluyentes. Los terceros Estados no tienen derecho a la exploración y explotación de los Estados ribereños. Tienen además derecho a adoptar medidas medioambientales para prevenir la contaminación marina, y también tienen derecho a construir islas, estructuras artificiales y a excavar túneles para la exploración y explotación de la PC.

Los terceros Estados tienen derecho a navegar y sobrevolar estas zonas y también a tender cables y tuberías submarinas.

Caso español: La anchura de la PC según el sistema jurídico es de 200 millas, según un sistema geológico es hasta el límite exterior de la plataforma geológica. En el mediterráneo no es posible la delimitación de 200 millas porque no hay millas suficientes para todos los Estados ribereños. Sin embargo si que es posible en las costas que dan al Atlántico y el Cantábrico. La PC geológica no va más allá de las 50 o 60 millas, así que la Convención ha favorecido a España porque puede tener hasta 200 millas aunque la PC geológica no llegue a esta distancia.

7.. La Zona Económica Exclusiva (ZEE)

El régimen de la PC no altera la calificación de las aguas subyacentes. El régimen jurídico de las aguas subyacentes es el de la ZEE. En el Convenio del ’82 se reconoce esta zona por primera vez (art 55) como un espacio marino adyacente al MT y sometido a un régimen jurídico específico.

Origen de la ZEE: aparece a partir de los años ’60 como consecuencia de los Estados de reciente independencia que veían en el mar una fuente de riqueza para incrementar su desarrollo. Estos Estados no ratificaron el Convenio del ’58 porque no veían ratificados sus intereses.

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Reivindicaban su derecho a utilizar ese espacio a partir de normas interna, a través de actos unilaterales, con el objetivo de ejercer competencias más allá del MT.

Por este motivo se convocó la 3ª Conferencia del Mar y las grandes potencias apoyaron a estos Estados en su reivindicación para que se creara un nuevo espacio marino. Esto perjudicó a los Estados pesqueros como España o Portugal. A partir de la mitad de los años ’70 se aceptó la creación de un nuevo espacio marino más allá del MT.

Anchura y delimitación: art 57 del Convenio del ’82: la regla general es que la anchura no se extenderá más allá de las 200 millas desde la línea de base (tiene la misma anchura que la PC). En los casos en que las costas son adyacentes o los Estados se sitúan frente a frente la delimitación se hará por acuerdo y a falta de acuerdo sobre la base del DI para llegar a una solución equitativa (art 83 del Convenio del ’82).

Régimen Jurídico: El Estado ribereño (Art 56.1 del Convenio de ’82) tiene derechos de soberanía para la explotación y exploración de los recursos naturales vivos y no vivos que están en las aguas subyacentes, lecho y subsuelo del mar. Derechos de jurisdicción de los Estados ribereños para el establecimiento de islas artificiales, instalaciones y estructuras y también derechos de jurisdicción para la investigación científica marina y para crear normas relativas a la protección del medioambiente.

Los terceros Estados tienen derecho de libertad de navegación, sobrevuelo y tendido de cables y tuberías submarinas (art 58).

Este régimen jurídico perjudicó a España porque con el reconocimiento de este espacio marino se reconoce la soberanía a los recursos pesqueros de esta zona y se expulsaron a las flotas pesqueras de terceros Estados que pescaban en estas zonas.

Previsión para la pesca en la ZEE (Convención del ’82): reglas de conservación y aprovechamiento de la pesca en esas aguas. En el mediterráneo se estableció una zona protegida de 50 millas donde no se podía pescar (Decreto 1997).

Problema: los derechos de soberanía sobre los recursos vivos de la zona subyacente (concretamente recursos pesqueros). El régimen jurídico de la ZEE está regulado en los art 61 a 73 del Convenio: “el Estado ribereño tiene el ejercicio de esos derechos de soberanía y esto se manifiesta de 3 maneras:

• Competencia para las medidas de conservación de los recursos • Competencia para las medidas de aprovechamiento • Competencia para tomar medidas para que se cumplan las anteriores medidas”

1.Medidas de conservación de los recursos vivos para evitar su extinción (art 61.2) Una de estas medidas es la delimitación de la captura máxima permitida. El criterio para establecerla es el del rendimiento máximo sostenible, el punto donde se consiga la máxima cantidad de pesca sin poner en peligro la existencia de los recursos vivos. 2. Medidas para el aprovechamiento (art 62) El objetivo de estas medidas es la utilización óptima de los recursos, el desarrollo sostenible. Para ello se adoptan varias

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medidas, como la creación de leyes y reglamentos que establezcan el tamaño de las redes, las temporadas de pesca… El Estado ribereño es el que ha de determinar su capacidad máxima de captura. Ex: Una flota pesquera de 100 toneladas puede capturar 1000 toneladas de pesca. Si la capacidad máxima de captura (CMC) es de 2000 toneladas y la capacidad de la flota del Estado ribereño es de 1000 toneladas, hay un EXCEDENTE de 1000 toneladas. Los terceros Estados pensaban que el excedente podía solucionar los conflictos de intereses porque podrían pescar este excedente.

Pero…Quien determina la CMC? El Estado ribereño. Es una decisión discrecional suya. Por esta razón los terceros Estados se quejaban. España opinó que el Estado ribereño no podía discrecionalmente decidir la CMC porque los art del Convenio del ’82 no les atribuyen esta discrecionalidad. En realidad el Convenio si que otorga una gran discrecionalidad a los Estados ribereños.

Caso español: España quedó muy afectada debido a la expulsión de sus pesqueros de estas zonas. El art 79 y 80 del Convenio: para los Estados en situación geográfica desventajosa se les ha de dar ventaja. Se les ha de dejar pescar el excedente de los Estados ribereños. Además también contarán con esta ventaja los Estados que tradicionalmente hayan pescado en esas aguas. Según España se había de dar prioridad a estos últimos Estados por encima de los Estados con condiciones geográficas desventajosas. En realidad todo queda a la discrecionalidad de los Estados ribereños y a los acuerdos que los terceros Estados lleguen con ellos. 3. El Estado ribereño puede adoptar medidas para ejecutar, para hacer cumplir las medidas anteriores

Última cuestión: Hay bancos pesqueros transzonales…que pasa si los bancos pesqueros pasan a la milla 201 (justo la milla de después de la ZEE) donde los barcos de terceros Estados si que pueden pescar? Significa que las especies transzonales no pueden ser pescadas en la milla 199 pero si en la milla 201? Este problema no fue resuelto por el Convenio del ’82 al igual que el problema de las especies altamente migratorias como por ejemplo el atún. No tiene sentido que un Estado imponga medidas de conservación para una especie si esta va a ser capturada en las aguas de otro Estado… El debate aún sigue abierto.

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TEMA 4. LA COMPETENCIA PERSONAL Y LA PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA

Un Estado ejerce la competencia sobre el territorio y sobre las personas. Las competencias personales de un Estado las ejerce sobre las personas que se encuentran en su territorio, ya sean nacionales o extranjeros.

4.1. La nacionalidad

¿Quienes son los nacionales de un Estado? La definición que da el art 2.a del Convenio Europeo sobre la nacionalidad de 1997 es la de un “lazo jurídico entre una persona y un Estado”. Hay 2 tesis sobre lo que significa nacionalidad:

• Una tesis dice que se trata de un vínculo jurídico (conjunto de derechos y obligaciones)

• Otra tesis dice que significa un vínculo étnico El art 2 de este convenio excluye el origen étnico de la nacionalidad. Esta no depende de la etnia a la que pertenece.

Otra cuestión es…¿quien es competente para determinar la nacionalidad de las personas? ¿Corresponde al DI o al derecho interno de cada Estado? El art 3.1. del Convenio del ’97 dice que cada Estado determina los requisitos de sus nacionalidades, no corresponde por tanto al DI. Esta es una regla de naturaleza consuetudinaria, lo que hace el Convenio Europeo es reconocerla, declararla.

Esta regla nos hace preguntarnos… esta competencia de los derechos internos tiene límites? El DI establece algunos límites:

• Un Estado no tiene derecho a determinar quienes son los nacionales de un tercer Estado.

• Un Estado no tiene derecho, en principio, a otorgar su nacionalidad en contra de la voluntad del interesado. Lo cierto es que esta no es una regla clara pero hay ejemplos jurisprudenciales.

• Es necesario un vínculo real para que el Estado pueda otorgar su nacionalidad a una persona. En realidad, como regla general un Estado puede otorgar su nacionalidad con o sin vínculo real, eso depende de cada Estado. De todas maneras en el plano internacional (en el DI) es necesario que el vínculo de a nacionalidad sea real, sino es así, no se podrá ejercer la función diplomática.

• Un Estado puede privar de la nacionalidad a una persona sin su consentimiento? Las normas internacionales tienen respuestas para esto, pero no son similares. El art 15 de la Declaración Universal de los derechos humanos lo prohíbe, pero esta declaración no es obligatoria. El art 4 del Convenio Europeo también lo prohíbe: nadie podrá ser privado arbitrariamente de su nacionalidad...” pero en

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la practica encontramos algún ejemplo de privación de nacionalidad sin el consentimiento de la persona. Ej: El Rey Constantino de Grecia apoyó en los años ’60 el golpe de Estado. Cuando el régimen militar acabó y se estableció la democracia y un sistema republicano se le expropiaron sus propiedades y se le privó de su nacionalidad griega. Con carácter general no existe ninguna regla que lo prohíba, todas las reglas que lo prohíben son de derecho convencional (TI).

2.. Entrada y salida de los extranjeros

Se considera extranjeros a aquellos que no son nacionales del Estado territorial. En España la regulación de los derechos y deberes de los extranjeros es la ley 4/ 2000 modificada por la ley 14/2003.

Entrada de los extranjeros: La regulación es la del Estado receptor (es competencia exclusiva del Estado). La regulación del Estado es la que establece los requisitos para la entrada porque no existe en el DI ninguna norma que obligue a permitir la entrada a cualquier extranjero. Actualmente se está formando una norma que prohíba discriminar la entrada de los extranjeros (dejar entrar al extranjero de un nacionalidad concreta y a otro de otra nacionalidad no). Hay un régimen particular para los extranjeros de Estados comunitarios.

Salida de extranjeros: tampoco existe una norma que prohíba expulsar a los extranjeros. En el DI existen algunos límites a esta competencia. Estos límites derivan del respeto a los derechos fundamentales. Los límites son:

• El Estado debe motivar la expulsión • La expulsión no debe ir acompañada de malos tratos, humillaciones... • El DI obliga a todos los Estados a incorporar en los OJ un trámite de audiencia

y recurso. Obligación de escuchar a ese extranjero y de poder recurrir la decisión administrativa de la expulsión.

• Las expulsiones deben cumplir con sus leyes internas.

4.3. Los refugiados

En España ha desaparecido la distinción entre refugiado y asilo, la noción básica es la de refugiado. La situación de los refugiados es frecuente (África, Asia...), es un problema que acompaña a las relaciones internacionales. Aparece después de la II Guerra Mundial, después de la derrota de Alemania. Las fronteras habían cambiado, mucha gente había huido... había cientos de miles de refugiados.

ACNIR: Es un órgano internacional cuyo objetivo es proteger a los refugiados. En 1951 se creó el Estatuto del refugiado y se establecieron las normas aplicables a los refugiados. “Herkin” decía que los refugiados tienen medio derecho porque tienen derecho a ser refugiados pero no tienen derecho a dejar de serlo.

La definición de refugiado es la de: “ personas que tienen temor justificado a ser perseguidos a causa de su religión, raza, cultura, política... que se encuentran fuera de su país de nacionalidad y no quieren o no pueden ser protegidos por su Estado”.

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La Convención de Ginebra de 1951 les reconoce muy pocos derechos. Su derecho fundamental es el del art 33: es el principio de non refoulement, que es el derecho a no ser devueltos en la frontera al país del cual proviene la persecución que sufren. En España no hay una distinción entre refugiada y asilo. En 1994 se creó una ley que suprimió esta distinción. A algunos de los refugiados, a aquellos que se comprueba que la persecución es real, se les otorga una protección reforzada (esta protección reforzada es lo que se llama el asilo). Solo a unos pocos refugiados se les otorga esta protección, el asilo. El asilo, por regla general, se otorga en el territorio del Estado territorial (asilo territorial). En algunas ocasiones, esa protección se otorga en los locales diplomáticos o consulares (asilo diplomático). La mayoría de los Estados no reconocen como institución el asilo diplomático.

La ley de 1994 establece una fase previa para examinar la situación del refugiado, para ver si se dan los requisitos. Además, se incorporó un recurso al que acudir si la administración denegaba la petición. La legitimación activa se ha ampliado, actualmente las Asociaciones Humanitarias también pueden interponer un recurso.

4.4. El trato a los extranjeros

La competencia personal de los Estados sobre los extranjeros si que tienen limitaciones en el DI. Estas limitaciones las encontramos sobretodo en el derecho consuetudinario pero lo cierto es que también las encontramos en el derecho convencional.

Por regla general le corresponde a los derechos internos determinar los derechos y obligaciones de los extranjeros. En el DI se otorgan unos derechos que limitan la discrecionalidad de los Estados territoriales. A estas normas se las denominan el “Estándar mínimo de trato a los extranjeros”. Este estándar no tiene un contenido fijo sino que ha ido evolucionando. Este estándar ha de reconocerlo cualquier Estado aunque no se lo reconozca a sus nacionales. Estos derechos están muy vinculados a los derechos fundamentales y son:

• Todos los extranjeros tienen derecho a la vida y a la protección de sus intereses • Derecho a no ser torturados • Derecho a no ser tratado arbitrariamente • Derecho a ejercer algunos derechos individuales (casarse, paternidad...) • Derecho a acudir a los tribunales

Se excluyen los derechos políticos (como votar, el derecho a reunión...) de este estándar mínimo. Estos derechos pueden ser ampliados por los Estados mediante TI. Ex: El derecho a votar, a participar en elecciones, a determinado tipo de propiedades, a reconocimiento de títulos académicos o profesionales... El objetivo es acercar los derechos de los extranjeros a los derechos de los nacionales. Ex: España ha ampliado los derechos de los extranjeros latinoamericanos mediante TI bilaterales con estos países.

El problema fundamental que plantea el trato a los extranjeros es el relativo a la propiedad. Tradicionalmente en el DI los extranjeros también tenían derecho a la propiedad en los Estados territoriales. Si un Estado no cumplía este derecho debía recompensar la pérdida sufrida al extranjero. Esta situación cambió a partir de los años

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’50 después de la descolonización. En los Estados de reciente independencia, algunos extranjeros tenían los mayores recursos naturales de estos Estados (recursos energéticos, minerales...). Estos Estados de reciente independencia empezaron a criticar esta situación y a reivindicar el “principio de soberanía permanente del Estado sobre sus recursos naturales”. Este principio fue formulado en una resolución de la AG: el derecho de control sobre la propiedad, exploración y explotación de sus recursos naturales.

Se inició así una norma consuetudinaria sobre esta materia y como consecuencia se cambiaron las reglas relativas a la propiedad de los extranjeros. A partir de estas reivindicaciones es posible la privación de la propiedad de los extranjeros y si se dan ciertos requisitos se puede llevar a cabo una expropiación forzosa. Los requisitos para ello son:

• por interés nacional. • la expropiación no puede ser discriminatoria (hacerlo a unos extranjeros y a

otros no).

La regla del DI clásico ha cambiado. En cuanto al derecho a ser recompensado, los Estados en vías de desarrollo pretendían que las reglas de las compensaciones fueran determinadas por estándares internos (por tribunales internos y de acuerdo a las leyes internas), pero los Estados inversotes, los occidentales, se opusieron. La regla que finalmente se ha impuesto es: compensación adecuada, razonable, y de acuerdo con el DI. Ya no es la compensación rápida, justa, inmediata...la regla general ha cambiado.

Existe además el principio de enriquecimiento injusto que se determina por los beneficios de la empresa, los puestos de trabajo creado, por la contribución al de al desarrollo del país... Este principio permite examinar si el propietario expropiado se ha enriquecido de manera injusta.

Los Estados inversores querían vincular sus inversiones a la previa regulación de un TI sobre inversiones que prevean los tribunales competentes y las reglas aplicables.

4.5. La protección diplomática

Institución clásica del DI que ha resultado de la práctica de los Estados. Es una institución por lo tanto, regulada por normas consuetudinarias. Recientemente la Comisión de DI ha empezado a codificar esas normas. Aún no ha terminado pero ya se ha elaborado un primer proyecto de articulado en el que se codifican estas normas.

Definición: La protección diplomática es la acción que ejerce un sujeto internacional (un Estado respecto a otro Estado o también una OI por ejemplo), a favor de uno de sus nacionales frente al Estado que ha cometido un hecho internacionalmente ilícito.

Esta institución contiene 3 elementos:

1. Un Estado comete un hecho internacionalmente ilícito (incumplimiento de una norma internacional) Ex: Un Estado expropia a unos extranjeros de otro Estado, viola la propiedad privada.

2. Ese hecho produce perjuicios a un particular

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3. El Estado con el que el particular tiene ciertos vínculos, hace suya la reclamación Ex: El Estado con el que el particular tiene ciertos vínculos ejerce la protección diplomática frente al Estado que ha cometido el hecho internacionalmente ilícito.

La responsabilidad internacional es una institución diferente a la protección diplomática porque en la responsabilidad internacional un Estado comete un hecho internacionalmente ilícito que causa perjuicios a otro Estado (no a un particular), y el Estado perjudicado ejerce esta responsabilidad internacional.

El objeto de la protección diplomática es: • Prevenir violaciones de normas internacionales • El cese de la actividad ilícita • La obtención de una indemnización por los perjuicios causados

Como se ejerce la protección diplomática: • A través de gestiones diplomáticas • A través de medidas de retorsión (medidas licitas que perjudican al otro Estado) • A través de una reclamación internacional

Existen límites a las medidas que se ejercen en la protección diplomática porque, por ejemplo, no se puede utilizar la fuerza (principio general del DI de prohibir el uso de la fuerza). El artículo 1 del proyecto habla de los medios pacíficos de controversias como los medios para ejercer la protección diplomática.

4.5. a. Naturaleza jurídica

Elementos de la protección diplomática:

1. Se trata de un derecho del Estado: la protección diplomática es un derecho del Estado, no de los particulares, por eso es un derecho que puede o no ejercer, el Estado tiene discrecionalidad. Los Estados no están obligados a ejercer la protección diplomática. Otra cosa es que esa obligación la establezca un derecho interno del Estado, pero no deriva del DI. La consecuencia de esto es que la reparación obtenida por los perjuicios creados al particular le pertenecerá al Estado y este puede hacer uso discrecional de ella. En conclusión, que los perjuicios los sufre el particular pero la reparación la recibe el Estado.

2. La precaria situación de los particulares: Los particulares están en una situación precaria porque, dado que la protección diplomática es un derecho del Estado, el particular no puede renunciar al derecho de ejercicio de la protección diplomática. Hubo un tiempo en que algunos Estados exigían a los extranjeros que realizaban inversiones la renuncia a la protección diplomática mediante una cláusula cuando le concedían, por ejemplo, un préstamo. Esta cláusula está prohibida porque este derecho no es del particular, por lo tanto, no puede renunciar a el. Para hacer frente a esta precariedad se ha impuesto que las controversias sean siempre examinadas por un tribunal internacional (el IADI) y también se ha creado un centro de seguros para hacer frente a esta situación. Caso español: No hay ninguna norma interna que obligue a ejercer siempre la protección diplomática. La única posibilidad que tiene un particular si el Estado no ejerce la protección diplomática es intentar la vía de la responsabilidad patrimonial del

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