Argumentacion juridica resumen, Resúmenes de Teoría de la Argumentación Jurídica. Universidad de Oviedo (UniOvi)
nuriade-1
nuriade-1

Argumentacion juridica resumen, Resúmenes de Teoría de la Argumentación Jurídica. Universidad de Oviedo (UniOvi)

7 páginas
12Número de descargas
8Número de visitas
75%de 8 votosNúmero de votos
2Número de comentarios
Descripción
Asignatura: Argumentación Jurídica, Profesor: Anonimo Anonimo, Carrera: Derecho, Universidad: UNIOVI
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 7
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento

Hecho por: Nuria Fernández Bermúdez G2 - Grupo de práctica 3

Con el paso del tiempo la labor del juez de justificar o argumentar su decisión se hace más importante, tiene que ser capaz de responder a cada una de las exigencias planteadas por las partes litigantes, a la sociedad en su cojunto que le evalúa y que sea a su vez conforme al derecho vigente.

Las sentencias son exponentes del razonamiento deductivo: unos hechos determinados que se declaran probados, se subsumen en el supuesto fáctico de una norma jurídica para extraer así la consecuencia prevista en esta, siendo la lógica el elemento fundamental que estructura su contenido.

La sentencia que nos encontramos trata de un recurso impuesto a otra sentencia en la que la empresa Coplasem, asegurada a la Estrella SA. compró a Rodaplast SL. una partida de siete mil trescientos veinticinco fundas de plástico para envolver prendas de vestir, para vendérselas a su vez a la entidad mercantil MKD 9 SL., fabricante de chaquetas de polipiel.

La fijación defectuosa de la tinta en el plástico de las fundas provocó la extensión de manchas de tinta a las ropas allí guardadas, afectando a doscientas ochenta y dos prendas de vestir, lo que provocó una pérdida material que asciende a 13076'98 euros, cantidad que indemnizó la Estrella SA. a la perjudicada MKD 9 SL. en cumplimiento de su póliza con Coplasem.

Posteriormente, La Estrella SA, demandó a Rodaplast reclamando el importe desembolsado a MKD 9, así como los intereses que procedieras. La empresa Rodaplast sostuvo que la acción de reclamación habia caducado, ya que se consideraba de aplicación los arts. 336 y 341 del Código de comercio por tratarse de una compraventa mercantil, no pudiendo aplicarse la ley de responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos ni la ley de defensa de consumidores y usuarios, porque están referidas al consumo privado y no a la reventa. Entrando en e fondo del asunto, negó los defectos de su producto, la falta de acreditación de los mismos y la falta de nexo causal entre la acción que se le imputaba y el presunto daño provocado.

La sentencia recurrida en esta primera, estimó que la acción promovida por La Estrella, SA. de seguros, había caducado al superarse el plazo de 30 días previsto en el art. 342 del Código de Comercio, ya que se tuvo constancia del defecto el día 14 de junio y se demandó el 14 de septiembre. Por lo que desestimó la demanda interpuesta sin entrar a conocer el asunto de fondo.

La Estrella interpuso recurso de apelación, que es esta sentecia, interesando la práctica de una nueva pericial. Se estimó el recurso y en esta sentencia se revocó la resolución anterior y se condenó a Rodaplast a pagar los trece mil

setenta y seis euros con noventa y ocho céntimos, más los intereses legales y las costas.

En esta sentencia, como se ve en las siguientes, sólo consta de tres fundamentos jurídicos, que resultaron insuficientes.

La necesidad de tener que adoptar decisiones en relación con los conflictos y esa exigencia de que tales decisiones puedan sustentarse en razones de cierto tipo, es lo que nos permite destacar en el Derecho su carácter argumentativo, no hay práctica jurídica que no consista en argumentar. El juez está obligado a dar razones de la decisión adoptada ante un determinado litigio.

Cada vez tiene mayor importancia e interés la visión argumentativa del derecho y como vemos en estas sentencias, la administración de Justicia le da más importancia a la labor del juez de justificar sus decisiones, castigando los casos en los que no se hace correctamente o resulte insuficiente.

En las decisiones y las acciones humanas en general, podemos distinguir fundamentalmente dos tipos de razones: explicativas y justificativas. Las primeras tratan de dar cuenta de por qué se tomó una determinada decisión, es decir, cuál fue la causa que la motivó y para qué, que finalidad perseguía. Las segundas, las razones justificativas, están destinadas a lograr que una decisión resulte aceptable o correcta para los demás. Estas razones están destinadas a señalar cuál es la decisión o el comportamiento debido; en tanto que la explicación de la acción en términos de causas o de finalidades no da lugar a enunciados de deber ser. A veces las operaciones de explicar y justificar se entrecruzan: las cuestiones de justificación cumplen un papel en la explicación (por ej. lo que explica que un juez haya tomado una determinada decisión es que él la considera justificada) y la explicación de las decisiones facilita la tarea de la justificación. El razonamiento jurídico es, en último término, justificativo pero las razones explicativas tienen un papel importante y a veces decisivo, en muchos casos.

Un juez tiene que justificar -no explicar- su decisión, pero eso sólo puede hacerse a partir de un esquema en el que al menos una de las premisas es un enunciado empírico (afirmación de que ocurrió un determinado hecho) para cuyo establecimiento se necesita contar con razones explicativas.

El razonamiento jurídico es un claro ejemplo en el que las tres dimensiones de la argumentación (formal, material y pragmática) aparecen combinadas y donde no es posible prescindir de ninguna de ellas. La certeza conecta con la concepción formal; la verdad y la justicia con la concepción material; y la aceptabilidad y el consenso con la concepción pragmática. El ideal de la

motivación judicial podría expresarse como: poner las buenas razones en la forma adecuada para que sea posible la persuasión.

Centrándonos en la labor realizada por los jueces vemos que el núcleo central de su argumentación lo constituye la concepción material de la argumentación, pues su labor motivadora no queda satisfecha mostrando que su decisión ha seguido un esquema formalmente válido o que su decisión goza de un fuerte apoyo social, sino que en última instancia el criterio válido para la justificación tiene que ser conforme al Derecho, acorde a los criterios de racionalidad propios y característicos del ámbito jurídico.

En la teoría de la argumentación jurídica dominante en la actualidad se parte de la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, ya que una cosa es el proceso psicológico o sociológico mediente el cual el juez llega a tomar una decisión, y otra la fundamentación que ofrece de la decisión. Osea, una cosa es encontrar las razones que permiten explicar por qué el juez tomó una determinada decisión (motivos o causas de la acción) y otra cosa es analizar las razones que pueden justificar tal decisión, esto es, que nos permitan presentarla como correcta.

En el siglo XIX la teoría tradicional del positivismo metodológico jurídico se apoyaba en una visión del Derecho como sistema cerrado, inmóvil y completo, o al menos autosuficiente para dar respuesta a toda cuestión nueva. La racionalidad del Derecho mismo es la que asegura la racionalidad del producto de su aplicación.

Pero frente a esto surge una nueva visión de la ciencia y del conocer más consciente de las impurezas que acompañan al Derecho y a las distintas fases del trabajo de los juristas. Como consecuencia, la decisión jurídica ya no se verá como determinada plenamente por el sistema de normas positivas y deja de tener sentido la afirmación de un único método para la práctica, ya que siempre hay más de un camino para la obtención de la sentencia. Las reglas metódicas que se tratan de fijar como guía para la obtención de las decisiones jurídicas, serán reglas de la razón práctica. Cuanto mayor es el grado de racionalidad que se le atribuye al Derecho, menor es el significado que se le asignará al proceso de decisión y a la desición misma; y viceversa, cuanto mayor significado se le atribuye a la decisión, menor grado de racionalidad del Derecho.

El positivismo legalista, al concebir el Derecho como un sistema racional perfecto, consideraba la aplicación como la mera ejecución de un silogismo por medio del cual se hallaba la solución del caso, por lo que no hacía falta justificar la decisión. En cambio, para las doctrinas que consideraban el Derecho como necesitado de constante complemento y dependiente de

factores externos a él, la actitud del que lo aplica será crucial y se tiene que garantizar su racionalidad.

Para la jurisprudencia de conceptos, la labor del jurista consistía fundamentalmente en sistematizar y ordenar el material normativo hasta lograr un verdadero sistema jurídico cada vez más perfecto, sistema que servirá también para crear nuevas normas para los casos que aún no hayan sido directamente regulados o cuya regulación sea deficiente. En esta teoría el sistema jurídico tiene forma de pirámide de conceptos: cada concepto inferior tiene todos los caracteres del superior, más los suyos propios. De esta forma se reduce el Derecho a unos pocos conceptos fundamentales y se establecen relaciones de inferioridad y superioridad entre los conceptos que el juez tiene que aplicar. Los conceptos predeterminan la solución judicial.

Para la Escuela de la Exégesis, que nació en Francia, el juez artista es sin duda menos eficaz que el juez burócrata. Un rasgo distintivo de esta escuela es el culto al texto de la ley, como afirmaba Laurent, uno de los más destacados representantes de esta escuela: los códigos no dejan nada al arbitrio del intérprete, éste no tiene por misión hacer el Derecho, ya que el Derecho está hecho. Por lo que el juez según esta escuela tampoco tendría que motivar su decisión. Coloca al Derecho en poder del Estado, proclamando con esto la omnipotencia jurídica del legislador, independientemente de la voluntad del intérprete, al juez le es propio la aplicación de la norma, sin poder alterarla en ningún sentido.

Ambas escuelas (Exégesis y conceptos) tienen en común su carácter formalista en materia de decisión judicial, pues sostenían que la decisión judicial consistía en un simple sislogismo a partir de premisas que al juez le venían perfectamente dadas y acabadas. La premisa mayor o normativa se la proporcionaba al juez el sistema normativo, por lo que no era preciso ni inventarla ni complementarla ni interpretarla. Nos encontramos con la teoría de la subsunción, que presentaba la aplicación del derecho por parte de los jueces como una mera labor de encaje de hechos bajo la norma que los abarca y que predetermina las consecuencias, era visto como algo mecánico y automático.

La diferencia entre estas dos escuelas es que los franceses idealizaban el derecho positivo, su código, mientras que la jurisprudencia de conceptos positivaba por vía doctrinal un derecho ideal, compuesto por esencias, no por mandatos de un legislador.

Por otro esto, la función de motivar la decisión del juez entiendo que queda en un segundo plano ya que la actividad del juez se explica como pura subsunción del caso bajo la regla del sistema, el juez no es tanto alguien que decide, sino alguien que conoce lo que el sistema determina para un caso y

se limita a extraer las consecuencias que el sistema prevee para ese supuesto, se trata de un método de conocimiento.

Las corrientes con más vigor han impugnado la vinculación estricta del juez a la norma son el movimiento del Derecho libre y el realismo jurídico.

La crítica del movimiento del Derecho libre se dirige contra el alejamiento de la realidad de la jurisprudencia de conceptos y contra el alejamiento que había tenido lugar entre la vida social y la actividad de los juristas. Intenta demostrar que junto al derecho del Estado existe también otro derecho cuyo origen y desarrollo es independiente y tiene vigencia en el seno de las distintas sociedades. Ehrlich dividía la materia en derecho estatal, derecho de los juristas y derecho social, que es mezclan formando lo que él llamaba Derecho vivo, que consiste en el comportamiento jurídico puesto en práctica. Este derecho está compuesto de reglas de acción humana que dominan la vida misma aún cuando no hayan sido positivizadas en proposiciones jurídicas.

Las decisiones jurídicas no pueden ser concebidas como el resultado de simples procesos lógicos, apareciendo así el derecho libre de los jueces en su actividad cotidiana, que supera la rigidez del derecho estatal y sirve para colmar las lagunas jurídicas.

Para esta teoría, el juez precisa acudir a elementos nuevos que no extrae de la ley y realiza en todo momento valoraciones que no vienen determinadas normativamente, sino que son el resultado de la actividad creadora del juez.

Los jueces tienen que realizar valoraciones que se proyectan sobre todas las circunstancias que concurren en el caso y, en razón de las mismas, deben buscar una solución que sea conforme no sólo con la ley, sino también con las necesidades sociales. Debe tener en cuenta en la interpretación y desarrollo de las leyes, su sentido social y económico, su finalidad, buscando un resultado justo y razonable que fundamente abiertamente como tal. Esto es, la motivación de una sentencia no precisa la justificación en texto legal alguno, sino que basta con la apelación a nociones como la equidad y el derecho justo entre otras, para solventar un trámite.

Ante el riesgo del subjetivismo arbitrario y en la merma de la seguridad jurídica, el movimiento del Derecho libre afirma que siempre caben los recursos judiciales contra las sentencias que se excedieron en la apreciación subjetiva.

El Sociologismo jurídico es la otra línea teórica que atacaba la vinculación logicista del juez a la norma. Disuelve el concepto de norma al considerar que la única realidad del derecho está compuesta por el comportamiento de los operadores jurídicos en el proceso de formación de decisiones y por las

actitudes de los miembros de la sociedad que adecúan sus acciones ante determinados hechos a la previsión de la actuación judicial. El derecho se reduce a puro fenómeno social y empírico.

El llamado realismo jurídico norteamericano concibe las reglas jurídicas en la decisión judicial como algo limitado y que no es en absoluto el factor operativo preponderante. Para los realistas, hay una serie de factores (clase social, educación, personalidad, etc) que condicionan la decisión judicial, para cualquier disputa es posible razonar jurídicamente soluciones opuestas que sean válidas mientras que estén bien argumentadas.

La preocupación fundamental de los realistas es poder predecir la decisión judicial ya que creen que eso es lo que interesa al cuidadano, al abogado y al jurista. Por este motivo, proponen volver a examinar la fundamentación de las sentencias, viéndolas no como el resultado de un proceso de decisión jurídico, sino como argumentos elaborados por los jueces después de tomar la decisión, para que ésta parezca plausible, jurídicamente correcta o inevitable. La motivación es un disfraz que les permite ocultar las auténticas causas de su decisión y por ello, para los realistas lo importante sería indagar o conocer cuales han sido los motivos reales que explican realmente la decisión judicial.

Unas de las críticas que se hacen al realismo es que se les acusa de confundir el contexto de descubrimiento con el de justificación de las decisiones judiciales, ya que cuando hablan de la necesidad de averiguar las causas reales de la decisión, están hablando del contexto de descubrimiento de las causas o motivos de la decisión y eso no es lo que interesa al derecho, que sólo obliga al juez a tomar decisiones que puedan "justificarse" jurídicamente, sin importar demasiado cómo ha llegado el juez de hecho a tomar esa decisión.

Las teorías de Alf Ross y Kelsen, que son los autores que más influencia han tenido en el panorama filosófico jurídico del siglo XX, desembocaron en un ataque a la visión formalista y logicista de la actvidad judicial.

Para Ross, la única evidencia del derecho vendría dada por la realidad social consistente en las decisiones que llevan a cabo los tribunales, pero basta con que un juez dirima un asunto para poder hablar de derecho. Además se precisa que los jueces operen con normas que son vividas como socialmente obligatorias y que actúan a modo de esquemas de interpretación de su conducta.

Es necesario que el juez sienta las normas jurídicas como socialmente obligatorias y, en consecuencia, las aplique. Para Ross el derecho vigente es el derecho eficaz, que realmente motiva la actuación judicial en la resolución

de conflictos. El juez no es un mero aplicador de derecho, sino que lo crea, pues las directivas que integran el derecho vigente necesitan ser aplicadas, y por tanto reconocidas, por los jueces.

La ausencia de jerarquización dentro de las máximas de interpretación y la falta de criterios objetivos que indiquen cuando debe aplicar una máxima y cuando otra, hacen que haya un elemento creativo implícito en toda decisión judicial que el juez debe justificar.

Por último, Kelsen opina que la decisión judicial no sólo es norma individual, sino que además es creación de derecho. Las características técnicas que condicionan la decisión jurídica determinan la existencia de un margen de apreciación tan amplio que la misma no puede alcanzarse cognoscitivamente, sino mediante un acto de voluntad por el que se elige la solución interpretativa dentro del libre juego que deja la ley. El juez decide cúal de las opciones posibles es la única correcta o justa.

Según Kelsen las interpretaciones posibles dentro del marco de opciones que admite la norma general, fijarían el límite del razonamiento jurídico, por lo que el límite que se impone al juez en su decisión judicial es que entre dentro de las opciones que la ley contempla para ese supuesto. Pero, por otra parte, en el sistema dinámico, donde las normas derivan su validez unas de otras, las decisiones judiciales permanecen en el mundo del derecho sólo por el hecho de haber sido dictadas por el órgano competente, aunque el contenido de la interpretación exceda del marco propuesto por la ley, siempre que el órgano no la anule. El voluntarismo kelseniano impugna frontalmente la vinculación lógica del juez a la ley.

Con todo esto hemos visto los dos extremos: por una parte el positivismo formalista decimonónico mantenía el deber del juez de conocer la norma jurídica y de subsumir lógicamente la situación de hecho, el juez necesitaba aplicar el derecho según las leyes de la lógica del conocimiento dentro de los límites de un actividad puramente intelectiva, por lo que la justificación del juez pasaba a un segundo plano ya que no podía elegir. Y por otra parte, la reacción más violenta contra el formalismo, que se caracteriza por una renuncia al poder vinculante de la ley, al tiempo que resaltaba la faceta de libre creación que subyacía en las sentencias judiciales, cobrando así la justificación o motivación de la decisión judicial un importante papel.

Es un trabajo no un resumen
Básico.
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento