Comentario jurisprudencia 1, Apuntes de Derecho Constitucional. Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
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Comentario jurisprudencia 1, Apuntes de Derecho Constitucional. Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

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Asignatura: Derecho constitucional, Profesor: dionisio dionisio, Carrera: Ciencias y Técnicas Estadísticas (2ºciclo), Universidad: UC3M
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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

-STC 15/1982, de 23 de abril.

1. Identifique los elementos esenciales del proceso ante el Tribunal Constitucional.

a. ¿Quién interpone el recurso de amparo? ¿Dónde está reconocida su legitimidad constitucional?

-Manuel García-Pelayo Alonso, Ángel Latorre Segura, Manuel Díaz de Velasco Vallejo, Gloria Begué Cantón, Rafael Gómez-Ferrer Morant y Ángel Escudero del Corral.

La Constitución de la Nación Española.

b) ¿Qué norma/acto se impugna? ¿Qué vía se ha seguido para interponer ese recurso de amparo?

-El acuerdo de la Junta de Clasificación y Revisión Jurisdiccional de la Zona marítima del estrecho del 26 de Septiembre de 1890

- La vía judicial.

2. Lee los fundamentos jurídicos de 5 a 9de la Sentencia y responda a las siguientes preguntas.

a. Los datos especialmente protegidos son aquellos que revelan la ideología, afiliación sindical, religión y creencias de una persona física.

b. Los poderes públicos están basados en la constitución y esta recoge derechos y libertades fundamentales.

c. Se refiere a poner una serie de límites dentro de estos derechos marcados por la ley que los desarrolle. No, no es lo mismo, delimitar es marcar una sería de límites en función de la ley que lo desarrolle y limitar es no dar validez a la ley fundamental acortándola.

d. ¿A qué se refiere el TC cuando dice que los derechos y libertades fundamentales no son meras normas programáticas? ¿Qué consecuencia principal tiene para las personas esta naturaleza?

e. Regular el derecho para poder aplicarlo de forma eficiente.

f. El TC se refiere a distintos métodos de interpretación: interpretación sistemática, analogía, método comparado (análisis de legislaciones extranjeros). ¿En qué consisten cada uno de ellos? ¿Qué otros métodos de interpretación constitucional conoce?

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA II

-STC 69/2007 DEL 16 DE ABRIL

a) Se acude al TC después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimara en grado de suplicación, la demanda de María Luisa Muñoz Díaz contra el Instituto Nacional de Seguridad Social, sobre prestación de viudedad.

b) María Luisa Muñoz Díaz de etnia gitana contrajo matrimonio con el fallecido en 1971, por el rito tradicional gitano. El matrimonio nunca fue inscrito en el Registro Civil. La recurrente solicitó prestación por viudedad el 16 de marzo de 2001, que fue denegada por resolución de la Directora Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social por no ser cónyuge del fallecido y no existir imposibilidad legal para haber contraído matrimonio con autoridad al fallecimiento.

La recurrente interpuso una demanda alegando que en la Cartilla de la Seguridad Social, figuraba como beneficiaria del fallecido, en calidad de esposa.

Por sentencia del juzgado de lo social nº12 de Madrid del 30 de mayo de 2002, se estimaron las pretensiones de la recurrente.

El INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social interpusieron recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y fue estimado por sentencia el 7 de noviembre de 2002.

La recurrente interpone recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aduciendo que se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la Ley y a no ser discriminado por motivos de raza y condición social.

c)Derechos fundamentales vulnerados según la parte recurrente: En primer lugar destaca que se le ha discriminado al equiparar su situación jurídica a la de una pareja de hecho, a pesar de estar casada por el rito gitano. El matrimonio gitano, si bien puede ser considerado algo menos que un matrimonio civil, debe ser considerado como algo más que una pareja de hecho y recibir un tratamiento adecuado. En segundo lugar, también señala, que al haber contraído matrimonio por el rito gitano en noviembre de 1971, no fue libre entonces, para poder contraer matrimonio con efectos civiles y tampoco con posterioridad a 1981 al no haber regulado el legislador el consentimiento matrimonial a través del rito gitano. Por último, se alega la existencia de discriminación por no haberse hecho aplicación analógica de los matrimonios nulos, que hubiera permitido acceder a la prestación de viudedad.

d) Sí, un tratamiento formal o aparentemente no discriminatorio, pero que produce un impacto adverso, forma parte de la prohibición de discriminación del art.14CE.

e) No, no es discriminatorio. El legislador dispone de un amplio margen de libertad en la configuración del Sistema de Seguridad Social y en conocimiento de las circunstancias socioeconómicas a la hora de administrar recursos limitados para atender

necesidades sociales.

f) El voto particular es discrepante y está motivado por la STC 199/2004 sobre el caso de un viudo de funcionaria con matrimonio no inscrito que coincide, según el magistrado, con el de María Luisa y que obtuvo el amparo del TC y por el reconocimiento de los derechos de las minorías. Además el Estado Español ha tenido en cuenta a María Luisa y su familia otorgándola el libro de familia, reconocimiento de familia numerosa, asistencia sanitaria con familiares a su cargo para ella y para sus hijos, recibiendo las cotizaciones correspondientes durante 19 años, pero que actualmente no se contempla a la hora de recibir la pensión.

STC 273/2005 DEL 27 DE OCTUBRE

a)Cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

b) El 23 de mayo de 1996, Arnes plantea en el Juzgado de Primera Instancia de Tomelloso, acción de reclamación, reconocimiento e inscripción de la filiación paterna no matrimonial del menos SBL nacido el 25 de septiembre de 1995, que estima la demanda ordenando al Registro Civil de Tomelloso que se proceda a la inscripción marginal de la paternidad declarada. El 5 de septiembre de 1997, Mª Pilar BL interpuso recurso de apelación. Una vez celebrada la vista, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, acordó oír al Ministerio Fiscal y a las partes sobre la procedencia de plantear inconstitucionalidad, centrada en los siguientes aspectos: ¨Si el artículo 133, párrafo primero, del Código Civil, en cuanto solo atribuye legitimación para reclamar la filiación no matrimonial, cuando falta posesión de estado, y por tanto, al contrario, excluye a los progenitores, puede ser contrario a los artículos 14, 24 y 39¨.

c) El artículo 14CE proclama el principio general de que ¨los españoles con iguales ante la Ley¨, pero el TC dice que el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual. Por regla general, lo que exige el principio de igualdad es que a iguales supuestos de hecho, se apliquen iguales consecuencias jurídicas.

d) No. Los términos de comparación del Órgano Judicial promotor de la cuestión de inconstitucionalidad no resultan adecuados, ya que las situaciones que éste considera iguales no guardan la imprescindible homogeneidad ni son, por tanto, susceptibles de ser comparadas jurídicamente a los efectos constitucionales. Los motivos que ofrece el tribunal, se basan en que el art.133 no contempla un régimen que establezca un diferente trato para la filiación matrimonial de la no matrimonial, lo que hace el Código Civil es establecer un sistema para la determinación de prueba, reclamación e impugnación de la filiación que se atiende en función del carácter matrimonial o no matrimonial de la filiación.

e) El TC estima la cuestión de inconstitucionalidad, y en su virtud, declara inconstitucional el párrafo primero del art.133, en la redacción dado por la Ley 11/1981 del 13 de mayo, en cuanto impide al progenitor no matrimonial la reclamación de la filiación en los casos de inexistencia de posesión del estado.

STC 7/2009 DEL 12 DE ENERO

a)Recurso de amparo frente a sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

b) El recurrente es el médico del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria y presta sus servicios en el Centro Penitenciario de Valdemoro.

El 17 de septiembre de 2002, formula en amparo reclamación previa por la vía Contencioso-administrativa, pedía que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias le integrase el importe de las cuotas satisfechas al Colegio de Médicos de Madrid y para que, en lo sucesivo, el pago de dichas cuotas fuese asumido por ésta, dado que desempeña su profesión en exclusividad en dicha Administración.

Éste recurso fue desestimado por sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por lo que presenta recurso de amparo ante el TC alegando que se ha vulnerado su derecho fundamental a la igualdad en aplicación al art.14 porque a los médicos que prestan servicio para el Instituto Nacional de Salud les son abonadas las cuotas colegiales.

c)La igualdad en la aplicación de la Ley debe serlo con respecto a las decisiones que se tomen en un mismo órgano o entidad de la Administración del Estado.

d) El TC entiende que no se ha producido discriminación por parte de los órganos de administración pública, porque se trata de dos cuerpos de funcionarios diferentes, regulados por diferentes legisladores laborales. Unos son trabajadores de Insalud con estructura retributiva diferente al de los funcionarios de la Administración del Estado. Además, lo más ajustado al ordenamiento jurídico era no trasladar el abono de la cuota colegial a las Administración, mientras no se estableciese expresamente esa obligación, ya que las cuotas habían sido repercutidas a la administración por vía indirecta, a través de la deducción de lo abonado en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

e) Desestimación del recurso de amparo por falta de entidad del órgano decisor.

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