constitucional 3, Ejercicios de Ingeniería Marina. Universidad de Cádiz (UCA)
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constitucional 3, Ejercicios de Ingeniería Marina. Universidad de Cádiz (UCA)

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Asignatura: civil II, Profesor: juan manuel lopez ulla, Carrera: Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima (ANIM), Universidad: UCA
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Tema 2: justicia constitucional. Tribunal Constitucional y Poder Judicial.

Justicia y jurisdicción constitucional: características del modelo español. Funciones del TC y limites generales de su actuación.

El juez ejerce la función jurisdiccional, resuelve los conflictos aplicando el derecho. Deben impartir justicia aplicando el derecho. En los Estados contemporáneos se confían a los juzgados y tribunales integrados por jueces y magistrados.

Tipos de órganos jurisdiccionales: existen órganos unipersonales, como el juzgado de instrucción nº 2 jerez frontera, y órganos pluripersonales, las salas de la AP, el TSJ, el TS donde en la sala se sientan 3 o 5 magistrados. También se puede ser magistrado de un órgano unipersonal.

Por tanto, quienes imparten justicia son los jueces y magistrados miembros de la carrera judicial, del poder judicial. No imparten justicia de acuerdo con su ética y moral, sino aplicando los códigos y leyes oportunas y competentes. Como consecuencia, el órgano judicial posee naturaleza jurisdiccional ya que se dedican a impartir, interpretar y aplicar el derecho.

El poder judicial está formado por juzgados y tribunales. No obstante, en España tenemos un órgano ajeno al poder judicial: el TC. Este es un órgano jurisdiccional ya que funciona y desarrolla su labor aplicando el derecho, la CE y la LOTC y, aplicando además el bloque de la constitucionalidad.

Por ello, distinguimos 2 tipos de jurisdicciones, la ordinaria, que la comprenden jueces y magistrados de la carrera judicial y que se extiende a todo el territorio nacional y, la jurisdicción constitucional, jurisdicción concentrada en un solo órgano, el TC. Es un órgano político ya que se basa en la interpretación de la CE, por lo que muchas de sus decisiones tienen repercusión política. Si la decisión se toma argumentando sobre el derecho, hablamos de una decisión jurisdiccional. Sino, decisión política.

La Constitución.

Es la norma que ocupa el escalón más alto en la pirámide normativa. Establece que los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la misma y al resto del ordenamiento. Así, los derechos y libertades vinculan a todos los poderes públicos.

Los mandatos de la CE son vinculantes. Por tanto, su incumplimiento o ignorancia genera sanción, las cuales están previstas en el ordenamiento, además de los procedimientos para imponerlas, proclamando así la superioridad de la CE garantizando su eficacia. El Título IX de la CE está dedicado al TC, órgano al que se le confía la garantía de que los preceptos de la CE se cumplen. Es una regla que obliga jurídicamente.

LaLOTC.

La LOTC define al TC como intérprete supremo de la CE. Esto significa que no es el único, sino el supremo ya que también la interpretan los jueces y tribunales en su actividad diaria. Así, los jueces tienen la obligación de interpretar el ordenamiento de acuerdo con la CE.

En la LOTC encontramos las normas que rigen el funcionamiento del TC. Es un principio del Estado de Derecho, el imperio de la ley. En el Estatuto de sus miembros

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están los derechos de los mismos, obligaciones, incompatibilidades y prerrogativas. El procedimiento ante el mismo se refiere a cómo actúa el TC de acuerdo a una cuestión. Por tanto, la Cuestión de inconstitucionalidad o el recurso de inconstitucionalidad se rigen por unos procedimientos previamente establecidos. Se establecen, además, las condiciones para el ejercicio de las acciones, es decir, quién está legitimado para acudir al TC.

Antecedentes.

El TC español está contemplado en la CE, por lo que es un órgano constitucional. El antecedente patrio es la Constitución republicana de 1931 donde se contempla y se crea un tribunal de garantías constitucionales, el cual terminó sus tareas cuando estalló la guerra civil. Fue un tribunal muy discutido ya que sus decisiones tenían una autoridad cuestionable, ya que se le tachaba como órgano de naturaleza política.

En Europa, el primer TC se crea con la Constitución Checa de 1919, pero, aunque se elaboró la ley, no se puso en funcionamiento. En 1920 apareció la Constitución Austriaca. Kelsen diseña este órgano de justicia constitucional en Europa, por ello hablamos de justicia kelseniana. Pasada la segunda guerra mundial, el Tribunal Constituyente de 1978 se fija en la Constitución italiana y alemana para diseñar su órgano de justicia constitucional. No obstante, la idea de que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento ya se estableció en América; idea que se asienta efectivamente en 1803 en la sentencia Marbury vs Madison.

Justicia y jurisdicción. Características del modelo español.

Hablamos de un sistema o modelo concentrado de justicia constitucional, un solo órgano: el TC. Este puede declarar la inconstitucionalidad de una ley e inaplicarla. Esta labor de determinar qué es y qué no es constitucional se le confía al TC porque, aunque no se incardine dentro del poder judicial, actúa aplicando el derecho, de acuerdo con el método jurídico. Sus decisiones tienen una transcendencia política inevitable. Es un órgano que no actúa de oficio, siempre a instancias. Es independiente, sometido a la CE y a su LO por lo que tienen todas las garantías para tener la más absoluta libertad. Es un tribunal que extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. Conoce de varios procesos, el recurso de amparo, cuestión de inconstitucionalidad, etc.

Composición.

El TC se compone de 12 magistrados elegidos por los tres poderes del Estado, 4 por el Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno y 2 CGPJ. Los miembros del TC son designados por órganos jurídicos.

Los miembros del TC se dotan de una serie de garantías, los magistrados son elegidos por mayoría de 3/5 o mayoría reforzada, con ello se exige consenso entre diferentes partidos políticos. El mandato es de 9 años, no coincide con la legislatura que son 4, no hay reelección, salvo casos excepcionales, se renuevan por terceras partes, cada 3 años, luego se elige entre personas con una reconocida competencia entre magistrados y fiscales, funcionarios públicos y abogados con más de 15 años de experiencia.

El cargo de magistrado del TC es incompatible con la representación política, administrativa o mercantil o incapacidad. Una persona tiene que estar en pleno goce de sus derechos civiles y penales. No es compatible el ejercicio de su cargo con algún tipo

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de representación política o cargos de dirección en partidos políticos o sindicatos. No obstante, pueden militar en un partido político. Tienen garantías como la de los parlamentarios: inviolabilidad y fuero especial. Tampoco pueden ser reelegidos salvo excepciones.

Organización.

El TC está presidido por un magistrado Presidente, durante 3 años y un vicepresidente siendo posible la reelección. El TC actúa en 3 organizaciones, en pleno con 12 magistrados, en salas, 2 salas de 6 magistrados cada una, o 4 secciones de 3 magistrados cada una. Las decisiones hay que tomarlas en cada una de estas formaciones haciendo falta un quorum de 2/3 de miembros y mayoría simple; en caso de empate, el Tribunal lo componen 12 magistrados. El presidente tiene voto de calidad.

Control de constitucionalidad de las leyes.

El TC se crea para garantizar la supremacía de la CE, asegurar que el parlamento no se la salte. El TC es el único legitimado para expulsar una norma del ordenamiento, aunque sea el parlamento el que aprueba las leyes si considera que este se ha saltado la CE. Esta función da estabilidad al régimen constitucional.

Por otra parte, el TC es el intérprete de la CE, y esa interpretación tiene fuerza jurídica vinculante. Hablamos de la defensa objetiva de la CE cuando tratamos de garantizar la CE porque sí, porque no se la puede contravenir. Por ello, cuando el TC expulsa una ley, de lo que trata es de defender objetivamente la CE. Impugnamos la ley porque es contraria a la CE. No hay más interés que garantizar la intangibilidad de la CE, su supremacía. Kelsen establecía la idea del TC como un legislador en negativo.

El objeto de este procedimiento es determinar o no la constitucionalidad de la ley que se haya impugnado. Dictar una sentencia estimatoria o desestimatoria, de todas las normas con rango y fuerza de ley. El TC tendrá que comparar la ley recurrida o cuestionada (norma objeto de control) con la CE o con el bloque de la Constitucionalidad para determinar si hay una antinomia o no.

Cuando la CE entra en vigor el 29 diciembre de 1978, ocurre que la CE es una ley y, como las leyes, rige el principio lex posterior derogat priori. La vigencia de las normas hace referencia a un criterio cronológico. La ley anterior pierde vigencia por la aparición de una nueva ley que declara su ineficacia. La derogación hace referencia a una cuestión cronológica, a la vigencia.

Así, lo que determina la CE es que aquellas disposiciones contrarias a ella quedan derogadas aplicando el principio cronológico o de temporalidad. Además, del principio jerárquico ya que la CE es la norma suprema del ordenamiento.

Aquellas normas constitucionales que no sean contrarias a la CE que sigan estando vigentes en la actualidad pueden ser objeto de control. Aplicando la disposición derogatoria 3ª el juez puede inaplicar la ley por considerarla inconstitucional. El TC estableció que aquellos jueces que no estén convencidos sobre la incompatibilidad entre

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la ley preconstitucional y la constitución deben plantear la cuestión de inconstitucionalidad.

Cuando se plantea una CI, hay que fundamentar la duda. El juez no la aplicará considerando que está derogada. Al resolver la CI el TC no estudiará la vigencia o no de la ley, hablamos de un problema de validez o de constitucionalidad. Cuando se trata de una ley postconstitucional dejamos de hablar de vigencia, la disposición derogatoria 3ª no entra en juego. Sólo se aplica en normas preconstitucionales.

Por otra parte, la validez de una norma implica que se puede aplicar. Una norma invalida resulta inaplicable porque no respeta una norma superior.

Las sentencias de inconstitucionalidad no permiten revisar sentencias que haya realizado la norma declarada inconstitucional. Aquellas que no tengan sentencia firme sí.

El TC no puede controlar la validez de una norma de Derecho comunitario, ya que éste forma en sí mismo un corpus iuris, un ordenamiento jurídico propio (el derecho de la UE), y el derecho nacional forma otro ordenamiento jurídico (el ordenamiento interno). Es cierto que el derecho comunitario forma parte del derecho nacional, pero son dos ordenamientos diferentes. Cada uno se compone de sus propias normas que emanan de órganos con potestad normativa respectiva a su ordenamiento.

Es decir, hay un derecho de la UE y un derecho nacional, por lo que un tribunal nacional, el TC no puede controlar la validez de una norma que no ha sido emanada del Parlamento, sino de un órgano exterior. La validez de una norma de derecho comunitario es una cualidad que se adquiere cuando no contradice lo dispuesto en una norma de derecho comunitario superior. Las normas de derecho comunitario situadas en la cúspide de la pirámide normativa son los Tratados (normas de derecho originario).

Por otra parte, las normas de derecho derivado son las que derivan del tratado, aprobadas por el parlamento, consejo o comisión.

El TC no controla las normas de derecho comunitario ya que es un derecho que no emana del parlamento. No puede controlar una directiva, pero sí un Tratado internacional. Las leyes o normas con fuerza o valor de ley y los tratados internacionales pueden ser objeto de control constitucional. El TC podría controlar el Tratado de la UE, pero no una norma de derecho comunitario derivado.

Los jueces nacionales tienen la posibilidad de plantear una cuestión previa de constitucionalidad ante el Tribunal europeo de la UE en Luxemburgo, porque considera que la norma es contraria al derecho originario.

Si un reglamento es contrario a la CE, hay que plantear si ese reglamento es válido o no. Plantearlo al Tribunal de Luxemburgo que decidirá, la cual procede del Tratado o no. Por ello, lo que se puede es plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el Tratado que concede validez a ese reglamento.

Si un tratado es contrario a la CE, no se puede firmar salvo reforma de la CE. Art 27.2 LOTC

Procedimientos que tienen por objeto el control de la constitucionalidad de las leyes.

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La norma objeto de control es la que se juzga y el marco o control de enjuiciamiento es la CE o el bloque de la constitucionalidad.

Cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, tal declaración puede deberse a una razón formal o material. La primera, significa que ha habido un defecto en el procedimiento de elaboración de la norma. Bien porque el órgano que la ha producido no era el competente o, porque no se ha seguido el procedimiento adecuado. Como una LO aprobada cuyo contenido no está reservado a LO. En su caso, la razón material, por razón de contenido o materia. La ley choca contra la CE. Art. 39.1 LOTC.

El principio de congruencia procesal establece que los tribunales tienen que resolver sobre aquello que se les ha solicitado. Ya que, si se exceden de lo que es la demanda, estarían actuando de oficio.

También pueden utilizarse en materia de control los Tratados internacionales en materia de derechos. En primer lugar, el art. 10.2 CE hace una referencia expresa a la DUDDHH y al resto de tratados y convenios celebrados por España. Al ser una declaración, no tiene fuerza jurídica, sino política. No obstante, los derechos reconocidos sí tienen fuerza jurídica; forman parte de otros tratados internacionales sobre derechos humanos. Así, los preceptos constitucionales se interpretarán de conformidad con la DUDDHH, como cualquier precepto relativo a los derechos fundamentales y libertades establecido en la CE.

No se puede plantear un recurso o cuestión de inconstitucionalidad de una norma invocando tan solo un Tratado internacional como parámetro de control. Debo argumentar mi recurso haciendo referencia a aquellos tratados que reconozcan el derecho que vulnera la norma.

Bloque de la constitucionalidad. El 28.1 LOTC los EE de Autonomía forman parte del bloque de la constitucionalidad.

Efectos de las SST.

La fuerza de una sentencia del TC, termina con el fallo, se publicarán en el BOE con los votos particulares (disidentes) si los hubiere, para que puedan explicar su posición y quede constancia del diferente pensamiento de esos magistrados. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación en el BOE. No es posible un recurso contra una sentencia del TC. Cuando haya sentencia estimatoria sobre la inconstitucionalidad de una ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente todos, erga omnes.

Principio de congruencia, el TC podrá fundar la declaración de inconstitucionalidad en la infracción de cualquier precepto constitucional que haya sido invocado o no en el curso del proceso. Por tanto, corrige la denuncia y la reconduce, cuando el denunciante invoca un precepto cuando debiera haberse invocado otro. El TC debe respetar el principio procesal de congruencia, tiene que resolver lo que se le ha pedido.

Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de las leyes (estimatorias), disposiciones o actos de ley permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia

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con fuerza de cosa juzgada, en los que se haya hecho aplicación de las leyes, disposiciones o actos inconstitucionales. Salvo en el caso de los procesos penales, o C- A referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad.

En todo caso, la jurisprudencia de los Tribunales de justicia recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el TC habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales. Relación 5.1 LOPJ.

Procedimientos de control de constitucionalidad de las leyes. Recurso de inconstitucionalidad.

Principio favor libertatis (siempre a favor de los derechos). No es posible revisar las sentencias juzgadas, pero la LOTC pone un “salvo” por ser favorable para la persona (in dubio pro reo). Es un tipo de recurso directo contra una norma, que pueden plantear determinados sujetos políticos (Pte. Del Gobierno, Defensor del Pueblo, Cincuenta (Diputados/Senadores), para las leyes que afecten al ámbito competencial de las CCAA, también están legitimados el Parlamento y el Gobierno autonómico.

Para el recurso directo, no es necesario que tenga que aplicarse la ley en un caso concreto. Se formulará dentro del plazo de tres meses a la publicación en el BOE.

A través de este recurso, cuando la norma llega al TC, la doctrina dice que el TC realiza un control abstracto de constitucionalidad. El plazo, como regla general es de tres meses. No obstante, el Pte. Del gobierno, y los gobiernos autonómicos podrán impugnarlo en un plazo de 9 meses, si son disposiciones o actos con fuerza de ley en relación con las cuales, y con la finalidad de evitar que la interposición del recurso, se cumplan determinados requisitos.

La admisión de un recurso o cuestión, no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la norma, excepto en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el 161.2 (disposiciones y resoluciones de las CCAA) de la CE, para impugnar por medio de su presidente leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley de las CCAA. El legitimado es el Presidente del Gobierno, pero tiene que ser el Gobierno quien la pida.

Procedimiento.

Admitida a trámite la demanda, el TC la trasladará al Congreso y Senado a través de sus Presidentes, al Gobierno a través del Ministerio de Justicia y, en caso de que el objeto del recurso fuera una Ley o disposición con fuerza de Ley dictada por una Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de la misma a fin de que puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren oportunas. La personación y la formulación de alegaciones deberán hacerse en el plazo de quince días, transcurrido el cual el TC dictará sentencia en el de diez, salvo que, mediante

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resolución motivada, el propio Tribunal estime necesario un plazo más amplio que, en ningún caso, podrá exceder de treinta días.

La cuestión de inconstitucionalidad.

Se trata de una impugnación indirecta (cuestión prejudicial). Está legitimado cualquier órgano judicial, cuando está ejerciendo sus funciones jurisdiccionales, y se encuentre una norma imprescindible para el caso de la que duda de su constitucionalidad. Antes de seguir juzgando es necesario saber si es, o no, constitucional.

Puede recurrir el órgano judicial de oficio o a instancia de partes. Las partes no pueden obligar al juez. No se puede plantear una cuestión sobre una ley que sea aplicable a un caso, ha de ser una ley de cuya validez dependa al fallo. Se procederá el planteamiento de cuestión cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional. El juez debe dar audiencia a las partes antes de elevar la cuestión ante el TC, para que aleguen a favor o en contra del recurso. No puede elevarse en cualquier momento procesal, sino justo antes de dictar sentencia. Como consecuencia, se suspende el procedimiento durante un largo periodo (2/3 años).

Procedimiento.

Distinguimos dos fases, una ante el órgano judicial (órgano a quo) y otra ante el TC (órgano ad quem). Publicada en el BOE la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad, quienes sean parte en el procedimiento judicial podrán personarse ante el TC dentro de los 15 días siguientes a su publicación, para formular alegaciones, en el plazo de otros 15 días.

El TC trasladará la cuestión al Congreso y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y, en caso de afectar a una Ley o a otra disposición normativa con fuerza de Ley dictadas por una Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de la misma, todos los cuales podrán personarse y formular alegaciones sobre la cuestión planteada en el plazo común improrrogable de quince días. Concluido éste, el Tribunal dictará sentencia en el plazo de quince días, salvo que estime necesario, mediante resolución motivada, un plazo más amplio, que no podrá exceder de treinta días.

La LOTC establece la posibilidad de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de la sala del TC o de la sección, la ley aplicada lesione DDFF o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia, de conformidad con lo prevenido en los art. 35 y ss. A este proceso se le llama cuestión interna de constitucionalidad o autocuestión. En caso de que al resolver una sala una cuestión de amparo vea que la ley sospecha de ser constitucional, debe elevarla al pleno para que se verifique su constitucionalidad, o no.Dictada la sentencia de constitucionalidad, se retoma el recurso de amparo. El objeto del proceso de amparo no es determinar la constitucionalidad o no, de una ley, sino determinar si ha habido, o no, una lesión de un derecho fundamental. Aunque el propio pleno conociera

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del amparo, cada proceso tiene su objeto y, en un amparo no se puede declarar la constitucionalidad de la ley.

Control previo de los tratados internacionales.

Para firmar un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la CE, o se modifica esta, o no se puede firmar. Por ello, el Gobierno o cualquiera de las cámaras podrá requerir al TC que declare si existe o no esa contradicción. En este proceso, la resolución que dicta el TC adopta la forma de declaración, no sentencia. Tiene efectos vinculantes. Así, la LOTC establece que los tratados internacionales son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad. Por lo que, aunque exista este control previo, se puede presentar una cuestión o recurso de inconstitucionalidad a posteriori.

Recurso previo de inconstitucionalidad contra EEA.

En el año 2015 se reforma la LOTC y se incorpora de nuevo el control previo de inconstitucionalidad sobre proyectos y propuestas de EEA.

El momento para someterlos a control de constitucionalidad es una vez aprobados por las Cortes Generales. Al ser LO tiene que ser aprobado tanto por el Congreso como por el Senado. El procedimiento es igual que el recurso de inconstitucionalidad. El plazo para plantearlo es los 3 días siguientes a la publicación del proyecto propuesta de reforma en el BOCG, el planteamiento suspende todos los trámites siguientes incluidos el referéndum.

Conflictos en defensa de la autonomía local.

Los conflictos de defensa es otro tipo de proceso que está contemplado en la LOTC. El objeto de este proceso son leyes del Estado o de las CCAA que lesionan la autonomía local (municipio o provincia). Para plantear este conflicto ante el TC están legitimados los municipios y provincias destinatarios de la ley.

La LOTC establece un procedimiento diferente según se trate de una ley singular o general. Depende si el Estado o CA ha dictado una ley que afecte concretamente a una provincia, o a un grupo de municipios o provincias.

Este conflicto tiene lugar entre un municipio o conjunto de provincias contra el Estado o la CA. La STC dictada por el TC determinará si ha habido invasión competencial o no, correspondiente a las entidades locales, pero no declara la nulidad de la ley, ya que, para ello hay que plantear una CI.

La declaración, en su caso, de inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto requerirá nueva sentencia si el Pleno decide plantearse la cuestión tras la resolución del conflicto declarando que ha habido vulneración de la autonomía local. Si considera que la ley es inconstitucional, una vez dictada la STC en defensa de la autonomía local, se elevan a sí mismo a cuestión de inconstitucionalidad.

Conflictos de competencia entre Estado-CCAA o CCAA entre sí.

En los conflictos de competencia el objeto son disposiciones, resoluciones o actos sin fuerza de ley del Estado o de las CCAA. Uno de los órganos dicta una de estas, que el otro, considera que invade su ámbito de competencia. Si el origen del conflicto fuera una ley que el Estado considera una ley de una comunidad autónoma la lesiona, todo se regula como si fuera un recurso de inconstitucionalidad.

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Hay dos tipos de conflictos, positivos, cuando el Estado le reclama a una CA o denuncia que ha invadido su esfera de competencia y viceversa y entre CCAA y CCAA. GOB del Estado o de las CCAA y negativos, cuando nadie se quiere hacer cargo de la competencia que se reclama. Además, del Estado y las CCAA, las personas físicas o jurídicas están legitimadas.

Si es el Estado quien recurre al TC denunciando que una CA ha invadido su esfera competencial, puede plantear el conflicto directamente ante el TC o requerir antes a las CCAA para que anulen o deroguen la disposición, resolución o acto que ha generado el problema. Si es la CCAA quien inicia el conflicto, ese requerimiento previo es imprescindible (preguntar al Gobierno).

El Gobierno puede invocar el art 161.2 CE para provocar la suspensión de la resolución de la disposición que ha dado origen al conflicto. Su plazo es de 2 meses a partir de la publicación. La STC tendrá que determinar a quién corresponde la competencia, pudiendo anular la resolución.

Conflictos de atribuciones.

Tienen lugar entre órganos constitucionales del Estado. Consisten en que, cuando las CG considera que el Gobierno está haciendo lo que no debe, o el Gobierno considera que el CGPJ está haciendo lo que no debe, es decir, cuando alguno de los órganos constitucionales del Estado invade su esfera de competencia, plantearán un conflicto de atribuciones. Por ello, los legitimados son, el Gobierno, Congreso, Senado y el CGPJ.

TEMA 3: DERECHOS FUNDAMENTALES.

Los derechos fundamentales: concepto y naturaleza jurídica.

Comienzan a reconocerse jurídicamente en las primeras declaraciones de derechos del siglo XVIII. Estas primeras declaraciones, unos textos jurídicos y otros, declaraciones programáticas se fundamentaban en la filosofía político-liberal. A partir, del siglo XVII, comienza a surgir una nueva forma de pensar que hoy conocemos como liberalismo. Unos nuevos planteamientos vitales que comienzan a sostener que el ser humano es propietario, titular de una serie de derechos que le pertenecen por el mero hecho de ser persona. Unos derechos que se consideran que son inherentes a la naturaleza humana. Son previos a cualquier construcción ficticia como la idea de Estado. Éste declara la existencia de estos derechos, y no los puede negar.

Existen una serie de autores precursores de esta forma de pensar como John Locke o Thomas Paine, que desarrollaron esta forma de pensar: el ser humano es libre. Si negamos esta cualidad, no podemos hablar de un ser humano.

La filosofía liberal, con el tiempo, da lugar a los primeros textos, unos jurídicos otros políticos o programáticos. Es entonces cuando hablamos de la constitucionalización de los derechos humanos.

Primeras declaraciones I.

Estas primeras declaraciones no tenían naturaleza jurídica en su aprobación, pero tuvieron un papel importante en la historia de los derechos humanos.

Declaración de Virginia (12 junio 1776). Los primeros derechos que se reconocen en este momento de la historia son los derechos liberales. Esto es, porque los que lucharon

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contra el absolutismo (burguesía), lo hicieron por sus derechos, la libertad. Establecieron que todos los hombres son por naturaleza libres e independientes.

Declaración de independencia norteamericana (4 julio 1776). Establece que existen una serie de derechos inalienables, como la vida, la libertad o la búsqueda de la felicidad.

Declaración francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789). Resume el pensamiento liberal, que la libertad consiste en hacer todo lo que no perjudique a otro.

Elemento estructural del Estado de Derecho.

Los derechos fundamentales que el constitucionalismo moderno recoge, proceden de estas declaraciones. La existencia de estos derechos, definen nuestro sistema jurídico- político. Es decir, en la actualidad un Estado de Derecho no lo es sin el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales. Son algo más que derechos subjetivos; representan un pilar básico del modelo o estructura del Estado. Es decir, son derechos públicos. Abarcan a todo el sistema, es la filosofía que impregna nuestro Estado. Así, la CE establece que son nuestros principios y nuestros valores los que derivan de los derechos que permiten regirte como tú quieras. Son el eje de nuestro sistema jurídico y político. Son fundamentos del orden político y de la paz social.

Derechos fundamentales, derechos constitucionales y principios rectores de la política social y económica: el título I CE.

Capítulo I: se señalan quienes son los titulares de los derechos fundamentales y las condiciones para los mismos.

Capitulo II: es el catálogo de derechos. Está dividido en dos secciones. La primera contiene derechos más importantes que la segunda. No obstante, los derechos que se encuentran en un mismo escalón no tienen jerarquía.

Capitulo III. No se titula de derechos.

Capitulo IV. Cómo se garantizan esos derechos.

Existen 3 niveles de garantías, hay derechos que están más garantizados que otros. Obedecen a criterios de ponderación.

No existen derechos fundamentales fuera de la Constitución.

Clasificación de los derechos fundamentales (atendiendo al objeto a garantizar).

Derechos de la persona: vida, integridad física, honor, intimidad, propia imagen.

De libertad: religiosa, ideología, expresión, información.

Políticos: sufragio universal.

De prestación: educación, sanidad, etc.

Atendiendo al grado de protección que se le dispensa al derecho, art. 53 CE.

Un derecho no es más importante por su grado de protección. Está más protegido porque es más importante.

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Garantías. El art. 53.1 establece que ningún poder público puede ignorar los derechos del capítulo segundo. Sólo por ley se deberá regular el ejercicio de estos derechos y libertades respetando sus contenidos esenciales.

El art. 53.2 se refiere a la Sección primera del capítulo segundo. Cualquier ciudadano puede alegar el derecho directamente ante los tribunales, denunciar la lesión de la que ha sido objeto e, invocar un procedimiento preferente y sumario (opcional). Estos derechos podrán ser en su caso invocados en amparo ante el TC.

El Art. 53.3 El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva (legislador), la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos (Administración pública al dictar actos administrativos debe respetar este precepto). Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. La diferencia reside en que el ciudadano tiene a su disposición un procedimiento preferente y sumario para denunciar la violación de ese derecho cuando invoca los que están reconocidos en la sección primera, mientras que si los derechos lesionados son los de la sección segunda el ciudadano no podría invocar ese procedimiento sumario. Además, hay posibilidad de amparo para los derechos de la sección primera y no para los de la sección segunda. El procedimiento preferente y sumario es un proceso especial para la defensa de un derecho fundamental. Así, se resolverá con mayor rapidez y plazos más cortos.

Clasificación de los derechos (generaciones).

Atiende al momento en el que los derechos fueron reconocidos. Las primeras declaraciones reconocen los derechos liberales. Más tarde los derechos sociales fueron reconocidos por parte de la clase trabajadora.

Derechos 3ª gen. Son derechos que, debido a las consecuencias actuales, han tenido que ser protegidos. Así, derecho al medio ambiente, cultura, patrimonio histórico cultural, etc.

Estructura, delimitación y límites de los derechos fundamentales.

Los derechos fundamentales son un rasgo esencial de un estado de derecho.

La DDHC establece que la libertad consiste en hacer todo lo que no dañe a los demás. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más limites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley.

Los derechos fundamentales, derechos limitados.

Cuando se superan los límites de un derecho, colisiona con los de otra persona. Tienen su contenido, cuando se ejerce un derecho de manera indebida.

No existe jerarquización entre los derechos, no hay soluciones generales abstractas: hay que ponderar los bienes jurídicos en conflicto.

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Límites: los derechos fundamentales no son ilimitados. Existen límites internos, aquellos que definen el contenido de un derecho. Esto se corresponde, con el contenido esencial del derecho, aquello que lo identifica y lo define como derecho de un tipo.

Externos. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Estos son generales.

Por su parte, están los limites externos particulares, como la libertad ideológica o la inviolabilidad del domicilio.

Los derechos frente a particulares.

Cuando las constituciones empiezan a recoger las declaraciones de derecho, tienen su sentido en proteger a los ciudadanos de los poderes públicos. En la actualidad, los derechos fundamentales podemos invocarlos frente a otros particulares que pudieran lesionar nuestros derechos.

Cuando la lesión procede de un particular, la solución al problema va por unos cauces que no coinciden del todo que cuando el derecho vulnera por parte de un poder público. Hay que acudir a los tribunales interviniendo un tercero (el juez) que resuelve el conflicto. Cuando es contra un poder público, actuamos contra él. Así, La vinculación que generan los derechos fundamentales respecto de los poderes públicos es directa o inmediata y, la vinculación que generan respecto de los particulares es indirecta o mediata, a través del legislador o tribunales.

Interpretación de los derechos fundamentales.

Favor libertatis o Principio prolibertad, toda la CE debe ser interpretada a la luz de los DDFF, al igual que todo el ordenamiento. Los derechos fundamentales son muy interpretables y, siempre hay que hacerla favorable, nunca restrictiva de los mismos. Se parte de la dignidad de la persona.

La CE establece que todo lo relacionado con los derechos fundamentales reconocidos por la CE debe de interpretarse de conformidad con la DUDDH y, con los tratados suscritos por España sobre la materia. No obstante, debe invocarse junto con la CE.

La DUDDH es una resolución de la asamblea de las NNUU. No es un documento jurídico. Establece que el titular de los derechos es el ser humano, sujeto de derecho internacional.

Titularidad de los derechos.

El capítulo I de la CE nos dice cuáles son las condiciones históricas para el ejercicio de los derechos. La condición de nacional y extranjero. La nacionalidad como condición de derecho. La capacidad jurídica (titular) y de obrar (actuar). La mayoría de edad (12).

Los derechos de los extranjeros art. 13.

Los extranjeros gozarán de las libertades que garantiza el presente título. Lo harán en los términos previstos en los tratados y la ley.

Una norma que niegue un derecho del Título I a un extranjero, es una norma inconstitucional. No obstante, se exigen requisitos para el disfrute de los mismos. Es

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decir, el legislador puede condicionar el ejercicio de un derecho del Título I a los extranjeros. Así, personas que se encuentran en situación administrativa irregular o regular. La CE le posibilita esa diferenciación. No solo entre extranjeros, sino entre españoles y extranjeros en situación regular. Lo que no puede establecer el legislador son unas condiciones tan exigibles que en realidad estén negando el derecho.

Sólo los españoles tienen derecho de participación política y acceder a cargos públicos. Salvo lo que atendiendo a criterios de reciprocidad puede establecerse por tratado por ley. Aun así, sólo podrán participar en el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

La integración de los extranjeros se consigue concediéndoles los mismos derechos.

Como consecuencia, los extranjeros no son iguales ante la ley ya que se le imponen determinados criterios que no se les imponen a los españoles.

El TC ha elaborado su doctrina con respecto a los derechos de los extranjeros estableciendo que hay 3 grupos de derechos dentro del Título I.

1. Los que pertenecen a todas las personas porque son derechos inherentes, esenciales a la misma.

2. Los del art. 23, los cuales la CE niega a los extranjeros. Participación política y ejercicio de cargos públicos.

3. Derechos de configuración legal en los que el legislador podrá establecer condiciones para que los extranjeros puedan disfrutarlo igual que los españoles.

Extradición.

La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

Asilo.

El objeto, conceder el asilo y protección subsidiaria a personas nacionales de países no comunitarios y apátridas. Estos deben tener la condición de refugiado. Personas perseguidas por motivos de raza, religió, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de genero u orientación sexual, se encuentra fuera de su país.

A los que no cumplan estos requisitos se les darán protección subsidiaria.

Con el asilo y la protección subsidiaria existen derechos garantizados como la no devolución ni expulsión. Así como información sobre protección internacional, autorización de residencia y trabajo, documentación, educación, sanidad, vivienda, etc.

Causas de exclusión y denegación.

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Entre otros, sospechosos de delitos contra la paz, de guerra, contra la humanidad, delitos contra la vida, libertad sexual, integridad de las personas o patrimonio. Y, con respecto a la denegación, personas que representen un peligro para la seguridad.

Las personas jurídicastienen menos derechos por el sentido natural de las cosas.

Tema 4: Garantías.

La CE establece las garantías de los derechos fundamentales.

Garantía normativa. El Gobierno no puede modificar una ley sometida a reserva. Esto atribuye efectividad a los derechos.

Los derechos fundamentales tienen eficacia jurídica inmediata ya que vinculan a todos los poderes públicos.

Rigidez constitucional. Hay 2 procedimientos de reforma, uno simple o agravado. Los derechos fundamentales se reforman por el procedimiento agravado.

A parte de estas garantías, existen garantías institucionales. Así, existen 2 instituciones, órganos constitucionales que tienen como especial cometido la defensa y la protección de los Derechos Fundamentales. El defensor del pueblo y el ministerio fiscal.

El defensor del pueblo.

La CE establece que la institución del defensor del pueblo deberá ser regulada mediante LO. Este es un alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las cortes generales.

Se define como una alta magistratura de opinión y persuasión. Esto es, porque esta institución tiene una protección más política que jurídica. No es una institución como jueces que pueden dictar sentencia y ejecutar lo juzgado. El defensor no tiene ninguna facultad ejecutiva. Al DP se acude cuando estamos siendo objeto de una violación por parte de la AP. El DP anualmente debe dar cuenta de su actividad fiscalizadora y de control ante las Cortes Generales, tiene que elaborar una memoria. De este informe se hacen eco todos los medios de comunicación, lo cual persuade a la Administración mencionada a elaborar su proposición. No obliga a la administración a cumplir lo que propone.

Periodo de cinco años. Reelección.

La selección del candidato tiene que ser propuesta por una comisión mixta y aprobado por mayoría de 3/5 en cada una de las cámaras. Sino, se hace una segunda votación bastando la mayoría absoluta en el Senado y 3/5 en el Congreso ya que debe haber consenso y reconocimiento.

Requisitos.

Cese por renuncia, incapacidad sobrevenida, notoria negligencia, condena, mediante sentencia firme por delito doloso.

Status jurídico. Es una institución absolutamente independiente. Goza de fuero especial, solo puede ser juzgado por el TS. Inviolabilidad e inmunidad que garantiza su

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independencia. Es incompatible con cualquier actividad profesional, liberal, laboral o mercantil para que no esté sometido a nada ni nadie.

Tiene 2 adjuntos que le representan cuando no puede intervenir. Posee una serie de instrumentos para la defensa de los derechos. Así, puede plantear el Recurso de Inconstitucionalidad y el recurso de amparo. Actúa de oficio y a instancia de parte. Se pueden presentar quejas telemáticamente, a nivel nacional o andaluz. Es decir, hay un DP autonómico.

Ministerio Fiscal.

Tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos, la satisfacción del interés social.

Esta institución posee su propia normativa de desarrollo denominada Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el cual establece que, el MF está legitimado para interponer el recurso de amparo. El ordenamiento atribuye legitimidad para plantearlo.

Garantías de las libertades y derechos fundamentales.

Garantía ante los tribunales. Dentro de estas, podemos hacer una diferencia entre las de ámbito interno, ante los tribunales del Estado, y de ámbito externo, son esas posibilidades de defensa que tenemos de los derechos fundamentales, ante órganos internacionales.

Ámbito interno: dentro de estas, podemos distinguir, a su vez, las garantías ante la jurisdicción ordinaria a través de un recurso ordinario de amparo y, ante la jurisdicción constitucional mediante el recurso constitucional de amparo ante el TC. Dentro de la protección jurisdiccional interna de los DDFF está la posibilidad de invocar la vía preferente y sumaria si se quiere. Cuando invocamos el procedimiento preferente y sumario, los constitucionalistas hablan del amparo ordinario ante los tribunales.

Por su parte, el recurso constitucional de amparo, es un recurso extraordinario. Es especial ya que se plantea ante el TC. Además, sólo se puede plantear para denunciar la lesión de los derechos protegidos en amparo. Esto es, la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por motivo de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal. Es extraordinario porque no cabe siempre. No siempre que haya una lesión de los derechos protegibles en amparo, cabe éste. La lesión puede proceder la Administración pública (sus actos), de los jueces (resoluciones judiciales) y, del Parlamento violaciones mediante resoluciones de la cámara (proposición de ley que no se admite o, tramite del suplicatorio que no se concede). Por tanto, hablamos de distintos tipos de amparo, en función del origen, del órgano que provoque la lesión, el amparo se rige por unas normas u otras para poder ser presentados, son diferentes los requisitos.

Interna corporis acta: decisión interna que no tiene efectos fuera de la cámara. Actos internos de la cámara. Cuando el parlamento dicta una resolución, o un acto

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administrativo que lesiona un derecho fundamental de los protegidos en amparo, cabe el amparo, tanto los que tengan efectos externos o internos. Cualquier acto que genere la lesión de un derecho fundamental es recurrible en amparo.

Impugnación de disposiciones: no se puede impugnar disposiciones mediante un recurso de amparo, ya que tiene por objeto juzgar la lesión de un derecho fundamental. No se juzgan normas a través de un recurso de amparo.

Procedimiento judicial preferente y sumario (recurso de amparo ordinario).

La garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales a través de un procedimiento preferente y sumario procederá dependiendo del órgano en el que se haya producido la lesión. Esto es, si procede da la jurisdicción c-a, este se regula en la ley 29/1998. Si la lesión se produce en la jurisdicción laboral, hay que acudir a la 36/2011. En el ámbito penal, a la LECrim. En el ámbito del derecho civil, se acude a la LO 6/1984 reguladora del procedimiento de habeas corpus, y LO 1/1982 que garantiza el derecho al honor, al a intimidad familiar y personal y a la propia imagen.

Recurso de amparo constitucional.

Recurso subsidiario. Normalmente cabe el amparo constitucional una vez agotada la vía judicial ordinaria, la protección ante los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria. Los jueces son los garantes ordinarios de los derechos, no el TC. A él se acude de manera excepcional y siempre después de agotar todas las vías ante la jurisdicción ordinaria.

No obstante, hay un supuesto en el que se puede acudir directamente ante el tribunal constitucional. Los actos parlamentarios sin valor de ley. Es decir, no se enjuician normas, sino actos o decisiones lesivos de derechos fundamentales tales como resoluciones.

Por su parte, el TC no juzga los hechos que dieron lugar al proceso, sino que limita su función a concretar si se han violado o no los derechos y libertades, si ha habido o no vulneración de la CE.

Si el TC advierte que la lesión tiene su origen en la aplicación de una ley que considera inconstitucional, eleva la cuestión al pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia.

Las sentencias tienen efectos inter partes, no erga omnes. Con independencia de que los principios, criterios, argumentos, razonamiento general que argumenta la sentencia vincule a todo el mundo (doctrina).

Objeto. Son amparos especiales cuando hay una inadmisión de una iniciativa legislativa popular por parte de la mesa del congreso. También cabe el recurso de amparo directo, cuando la junta electoral central resuelve e inadmite a alguno de los candidatos que pretenden presentarse a unas elecciones.

Actos recurribles. El recurso de amparo constitucional protege frente a las violaciones de los derechos y libertades reconocidos en el Título I Capítulo II sección I CE, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, CCAA y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.

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Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos, que violen los derechos y libertades.

Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las CCAA o de sus autoridades o funcionarios o agentes.

El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el de los veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.

Por último, los actos judiciales. Agotada la vía judicial. Frente a una decisión firme e irrecurrible.

Legitimación: están legitimados para plantear el recurso de amparo el DP y el ministerio fiscal y la persona directamente afectada o quienes hayan sido parte en el proceso judicial.

Resolución: el TC otorgará el amparo (sentencia estimatoria) o denegará el amparo (sentencia desestimatoria).

La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno/s de los pronunciamientos siguientes:

a. Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos.

b. Reconocimiento del derecho o libertad publica, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado.

c. Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.

Finalidad de la reforma de la LOTC por la LO 6/2007.

Reducir el número de recursos de amparo.

Acabar con las sentencias reiterativas.

La especial trascendencia constitucional del recurso de amparo (ETC)

El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se dispondrá con claridad y precisión los hechos que la fundamenten. Citando los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. En todo caso la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso.

Para que la demanda sea admitida a trámite, el contenido del recurso habrá de justificar una decisión sobre el fondo por parte del TC en razón a la especial trascendencia constitucional atendido a su importancia para la interpretación de la CE, su aplicación o general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.

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Este es un requisito de admisibilidad del recurso de amparo.

El TC establece que no es de trascendencia constitucional un recurso que da pie a una sentencia que recuerda la doctrina ya consolidada. El recurso ha de dar pie a una STC de fondo que innove en algún sentido la doctrina constitucional sobre el derecho invocado. El mero reconocimiento de la lesión de un derecho ya no es suficiente.

Carácter insubsanable del requisito de la ETC del recurso de amparo.

Si bien es cierto, que el requisito de la ETC es un requisito de admisibilidad. Existen requisitos de admisibilidad subsanables y otros que no.

Objetivación del amparo.

Debe ser un asunto sobre el que no haya doctrina del TC o, aclarar o cambiar la doctrina mediante un proceso de reflexión interna, surgimiento de nuevas realidades sociales o normativas y, cambio doctrina de tribunales supranacionales.

La lesión debe provenir de la ley o disposición general o, de una reiterada interpretación jurisprudencial.

Así, un recurso de amparo de ETC es aquel que permite al TC decir aquello que no ha dicho hasta entonces.

Garantías jurisdiccionales de ámbito externo:

El TEDDHH y TJUE. Son dos instituciones que pertenecen a organizaciones diferentes. El primero, al consejo de Europa. El segundo, la unión europea. Comparten la misma bandera. Todos los países que forman parte de la UE forman parte del consejo de Europa (este es más amplio). No obstante, cada una de ellas es independiente.

Tema 5. El tribunal europeo de derechos humanos (Estrasburgo, Francia).

La verdadera carta de DDHH en Europa es el convenio europeo de DDHH. Este, es el documento que se aprueba poco después de la declaración universal de los derechos humanos, la cual carece de naturaleza jurídica. Se funda en Roma y entra en vigor en 1953. Esta carta garantiza una serie de derechos y establece un control jurisdiccional especifico. Así, un particular puede denunciar al Estado por la violación de un derecho.

La creación del Tribunal Europeo de los DH, se contempla en el Convenio Europeo de los derechos humanos. La finalidad de este órgano es velar por los derechos reconocidos en este convenio.

El tribunal europeo de DDHH no era un órgano permanente en un principio, sino que se constituía en determinados periodos. Se convierte en permanente en el año 1998.

Está integrado por un juez por cada uno de los estados miembros del convenio. Los jueces son elegidos por un periodo de 6 años.

El tribunal se divide administrativamente en cinco secciones, cada una de ellas, integrada por distintos países (ej. La sección tercera España, Andorra y Letonia). Cada una de estas secciones tiene una sala la cual ya no es un órgano administrativo, sino un

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órgano jurisdiccional. Hay 5 salas, y una gran sala, compuesta por 17 magistrados, van rotando. Cada sala la integran siete jueces.

La mayoría de las demandas son inadmitidas sin examen sobre el fondo debido a que en el tribunal de Estrasburgo no se examinan los hechos, sino su objeto es interpretar si el convenio europeo de los derechos humanos se ha violado o no. Esto es, si la sentencia está fundada en derecho, el recurso va a ser declarado inadmisible.

Ejecución de las sentencias.

Las STS del tribunal de Estrasburgo no tienen fuerza ejecutiva, es decir, no tiene herramientas para obligar a un estado miembro a cumplir sus sentencias. No obstante, tienen la obligación de cumplirlas ya que su incumplimiento conlleva una violación del convenio europeo de los derechos humanos. El procedimiento seguiría mediante la denuncia del convenio.

La demanda solo puede presentarse contra Estados que hayan ratificado el Convenio y, Estados que sean miembros del Consejo de Europa.

Además, debe tratarse sobre los derechos protegidos en el Convenio como la tortura, esclavitud, discriminación, etc.

El demandante que presente una demanda contra un Estado, debe ser víctima de una violación del Convenio. Además, la violación debe haber tenido lugar con posterioridad a la fecha en la que el convenio haya entrado en vigor.

Antes de interponer una demanda ante el tribunal de Estrasburgo, se deben haber agotado todos los recursos judiciales internos y, una vez que la decisión definitiva haya sido pronunciada por los tribunales internos, el plazo para presentar la demanda ante el Tribunal de Estrasburgo es de 6 meses.

Finalmente, el tribunal puede rechazar una demanda si considera que la víctima no ha sufrido un perjuicio importante

Los estados de alarma excepción y sitio

Esta situación se conoce con el nombre de estados excepcionales. Estos se declaran en circunstancias muy puntuales. Cuando el orden constitucional se ve alterado por alguna circunstancia ajena al propio ordenamiento jurídico. Una situación extraordinaria que impide que la CE se pueda aplicar como se aplica habitualmente. Por ello, la CE establece una forma de defenderse ante estas situaciones. Esto se hace atribuyendo poderes excepcionales a una autoridad, que normalmente no dispone de estos. Y, además, suspendiendo determinados derechos. Estas medidas extraordinarias están limitadas y garantizadas, las cuales hay que decretarlas. Estas garantías están predeterminadas y, deberán ser reguladas mediante LO.

Suspensión de los derechos fundamentales

El art. 55.1 CE establece que los derechos reconocidos en los art. 17, 18.2 y 3, 19, 20.1, a) y d) y 5, 21 y 28.2, y 37.2 podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la CE. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del art. 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

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El art. 55.2 establece que una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario (2 garantías) los derechos reconocidos en los art. 17.2 y los apartados 2 y 3 del 18, pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la organización de bandas armadas y organizaciones terroristas.

Tema 5.2: El principio de igualdad.

Está contemplada en la CE en varios preceptos, 3 de ellos fundamentales. Por una parte, el art. 1 establece la igualdad como un valor superior del ordenamiento jurídico, lo cual nos define como modelo estatal.

Por otra parte, el art. 14 regula el derecho de igualdad. En este, se reconoce el derecho a la igualdad jurídica o formal. Es un derecho que se predica sobre los españoles. Esto no significa que tengamos que ser iguales. Es el derecho a ser tratado igual que los otros que están en la misma situación. En caso de discriminación, hay que justificarla de forma muy determinada.

Por último, el art. 9.2 ordena a los poderes públicos a que promuevan las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas y, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Las medidas desiguales que se justifican en base a una razón objetiva, son licitas.

Hay que distinguir entre la igualdad en la ley y, la igualdad en la aplicación de la ley. La primera significa que la ley, en principio, sin razón objetiva que lo justifique, tiene que tratar a todo el mundo igual. No obstante, la ley puede ser la que establezca la desigualdad, puede ser discriminatoria. La igualdad también se puede quebrar en el aplicador, es decir, que el juez discrimine en su disposición. Para determinar si ha habido discriminación o no existe un test de constitucionalidad elaborado por el TC.

Así, el TC establece que no toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del principio de igualdad, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable. El principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas.

El principio de igualdad prohíbe al legislador aquellas desigualdades que resulten injustificadas por no estar fundadas en criterios objetivos y razonables.

Por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente licita, no basta con que lo sea el fin que con ellas se persigue, sino que además las consecuencias jurídicas que resultan de esa distinción deben ser adecuadas y proporcionales a dicho fin.

Cuando la discriminación tiene su origen en la ley. El principio de igualdad es un principio relacional. Por tanto, la denuncia sobre el quebranto de un derecho debe compararse en relación con otra denuncia similar. Cuando denunciamos que ha habido un trato diferente tenemos que invocar un Tertium comparationis. Un término que

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demuestre que, ante igualdad de situaciones, el trato ha sido diferente. Este trato debe de obedecer a una razón objetiva, es decir, la CE tiene que amparar esa diferencia.

Por último, proporcional. Debe haber una proporcionalidad entre la diferencia (entre los elementos diferentes que introduzcamos), y la finalidad que perseguimos.

Cuando la discriminación tiene su origen en el aplicador de la ley, el test de constitucionalidad varia en una serie de notas. El Tertium comparationis es igual, pero no en relación a una persona, sino en relación a otra STC, la cual debe ser de fecha anterior a la mía. Esto es, porque los jueces pueden cambiar de criterio. Además, dictada por el mismo órgano judicial. Si uno de los miembros del tribunal, la composición es diferente, no se puede hablar del mismo órgano judicial.

Cuando se denuncia una discriminación por alguna de las razones contempladas en el art. 14 lo que se contempla son grupos de personas, y no el sujeto individual.

Cuando se invoca una discriminación por alguna de las razones contempladas en el art. 14, salvo en el procedimiento penal, la carga de la prueba recae sobre el demandado.

Cuando hablamos de la discriminación en la ley, el TC realiza un control material de constitucionalidad sobre la misma. Examina la ley para averiguar si la diferencia de trato obedece a una justificación objetiva. Pero, cuando lo que se examina es una resolución judicial o administrativa, que consideramos que se ha dictado en un sentido para una persona, y diferente para otra cuando el caso era el mismo, el control que hace el TC va a ser un control meramente formal. Esto es, el TC lo único que va a examinar es si la resolución impugnada está motivada en derecho o no. Que no exista una arbitrariedad o una motivación manifiestamente infundada. Si está motivada, el TC no hará nada.

Por su parte, las acciones desiguales a favor de las mujeres, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres se han denominado como acciones positivas. Aquellas medidas, de carácter temporal, destinadas a corregir situaciones de desigualdad de hecho.

Así, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad, los poderes públicos pueden adoptar medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Estas serán aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Además, deberán ser razonables y proporcionadas en relación con el objeto perseguido. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas.

Por otra parte, la discriminación directa por razón de sexo es aquella situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable.

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La discriminación indirecta por razón de sexo es la situación en que una disposición, criterio o practica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja con respecto del otro, salvo que dicha disposición, criterio o practica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legitima y que los medios, para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

Tema 6: Derecho a la vida.

Es un derecho fundamental. El TC establece que es, no sólo un derecho subjetivo esencial y troncal, sino también un valor superior del ordenamiento constitucional. Es el primero de la Sección I del Capítulo II representando un prius lógico y ontológico. Esto es, un derecho sin el cual los demás derechos no tienen sentido.

Es un derecho que está unido indisolublemente a la dignidad humana. Así, la CE establece que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral prohibiéndose la tortura y tratos inhumanos degradantes.

El Derecho a la Vida, está indisolublemente unido a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son inherentes, pues son fundamento del orden político y de la paz social.

Así, el Estado tiene la obligación de no lesionar estos derechos y de acometer aquellas actuaciones que contribuyan a garantizarlos, aun cuando no exista una pretensión subjetiva por parte del titular del derecho. Se trata de la obligación positiva que tienen los poderes públicos con respecto a los derechos fundamentales.

Para determinar el alcance de este precepto, el TC propuso un concepto de vida humana, definiéndola como un devenir, un proceso que comienza con la gestación y que termina con la muerte; un continuo sometido a cambios cualitativos de naturaleza somática y psíquica que tienen un reflejo en el status jurídico público y privado del sujeto vital.

Que la gestación ha generado un Tertium distinto al de la madre, aunque alojado en el seno de esta.

Por su parte, el TC establece que la vida es una realidad desde el inicio de la gestación, aunque tiene particular relevancia el nacimiento, dando paso de la vida en el seno a la vida en sociedad. Previo al nacimiento tiene especial trascendencia el momento a partir del cual el nasciturus ya es susceptible de vida independiente de la madre, de adquirir plena individualidad humana.

Si la CE protege la vida, no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso, que no es solo condición para la vida independiente del claustro materno, sino que también es un momento de desarrollo de la vida misma.

Así, el nasciturus es un bien constitucionalmente protegido. Como consecuencia, el Estado tiene la obligación de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación y también la obligación de establecer un sistema legal para la defensa de la vida. No obstante, esta protección no debe ser total, pues todos los bienes y derechos constitucionalmente protegidos están sometidos a limitaciones en determinados supuestos.

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Por otra parte, la dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la capacidad de la persona de regir su propio destino.

Así, junto al valor de la vida humana, la CE eleva también a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona.

Derecho a la integridad física, alimentación forzosa.

La Dignidad de la persona es un valor que debe ser preservado cualquiera que sea la situación en la que la persona se encuentre.

Este mismo precepto constitucional garantiza el derecho a la integridad física y moral, mediante el cual se protege la inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular. No forma parte del derecho a la vida, el derecho a la propia muerte.

Tortura y tratos inhumanos o degradantes son, en su significado jurídico, nociones graduadas de una misma escala que, en todos sus tramos denotan la causación, sean cuales fueren los fines, de padecimientos físicos o psíquicos ilícitos e infligidos de modo vejatorio para quien los sufre y con esa propia intención de vejar y doblegar la voluntad del sujeto.

Tema 7: Derecho a la libertad ideológica, religiosa y culto.

La CE reconoce la libertad ideológica, religiosa y de culto, garantizándola tanto a los individuos como a las comunidades, sin más limitación, en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley.

Ambos derechos son manifestaciones de la libertad de pensamiento, derecho de toda persona a mantener con libertad sus propias ideas y convicciones y a manifestarlas externamente mediante la palabra o actos.

La libertad ideológica es el derecho a mantener las ideas y convicciones de cualquier tipo sobre la sociedad y la comunidad política.

Por su parte, la libertad religiosa objetivamente, se destina a garantizar la neutralidad de los poderes públicos y, al mantenimiento de relaciones de cooperación de éstos con las diversas confesiones. Así, la CE proclama la aconfesionalidad del Estado en coherencia con la libertad y el pluralismo político.

En cuanto a derecho subjetivo, las libertades de creencia tienen una doble dimensión, interna y externa. Así, garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual. Esto es, derecho a no ser obligado a declarar sobre la propia ideología. Asimismo, esta libertad influye también en una dimensión externa de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros. Es decir, derecho a mantener lugares de culto y a practicarlo dentro y fuera de esos recintos, pero con limitaciones.

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Tema 8 y 9: Derecho a la libertad de expresión, al honor, intimidad y a la propia imagen.

La libertad de expresión e información además de un derecho subjetivo que se puede ejercer, es algo más que un derecho de la persona. Pues representa un elemento estructural de nuestro modelo de Estado. Así, no es posible la democracia sin libertad de expresión e información. Pues la democracia es la participación del pueblo en la toma de decisiones. No hay libertad de información cuando tú no puedes decidir la fuente y, no hay libertad de expresión cuando no puedes expresar tus ideas.

El TC establece que, estas libertades, tienen un valor preferente, aunque no haya jerarquías entre los derechos fundamentales.

Como consecuencia, cuando el titular del derecho respeta los límites de la libertad de expresión e información, su ejercicio siempre va a prevalecer sobre el honor, intimidad, etc. Estos límites son, un ejercicio legítimo del derecho y, respeto a los derechos de los demás.

Con respecto a la libertad de expresión, la CE establece que se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Por su parte, en el derecho a la libertad de información, se reconocen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La información es el relato de un hecho, de algo que es objetivamente verificable. No se protege el mero rumor, pero sí la información equivocada, siempre que el autor haya hecho todo lo posible para contrastar y verificar su información. La veracidad hace referencia a la diligencia del informador. Son derechos que tienen todas las personas, ya que son inherentes a la condición humana. No son derechos de configuración legal. No podemos regular que la gente se exprese de una manera u otra.

Honor e intimidad. Art. 18.1 CE.

Estos derechos, no solo son derechos sustantivos que la CE reconoce, sino que además son límites específicos de la libertad de expresión e información. Esto es, porque el TC ha querido que, a la hora de enfocar la libertad de expresión e información, sea necesario saber el respeto a otros derechos fundamentales para la dignidad.

Así, la CE establece que la expresión e información tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título (derechos y deberes fundamentales), en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia.

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El derecho a la intimidad personal y familiar se extiende, no sólo a aspectos de la vida propia y personal, sino también a determinados aspectos de la vida de otras personas con las que se guarde una especial y estrecha vinculación, como es la familiar; aspectos que, por la relación o vínculo existente con ellas, inciden en la propia esfera de la personalidad del individuo.

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Estos derechos tienen una conexión íntima con la dignidad de la persona, que confiere a su titular el derecho a no ser escarnecido o humillado, lo que impide que la libertad de expresión pueda ser utilizada para injuriar o vejar; en caso de que se denuncie la lesión de este derecho, los jueces deberán resolver ponderando las circunstancias, tratando de determinar si hubo o no animus injuriandi. Aunque, por su parte, la libertad de expresión protege una crítica ácida siempre que sea constructiva.

Son los jueces quienes tienen que solucionar los conflictos ya que el TC no juzga hechos. Solo tiene que comprobar la corrección de la ponderación realizada por los jueces, los cuales deberán decidir atendiendo al principio de proporcionalidad. La libertad de información es preferente cuando se trate de una información veraz y relevante públicamente. Entendiendo por veracidad un mínimo de diligencia por parte del informador a la hora de contrastar la noticia.

El nivel de diligencia exigible adquirirá su máxima intensidad cuando la noticia que se divulga pueda suponer por su propio contenido un descrédito en la consideración de la persona a la que la información se refiere.

El otro limite que tiene la libertad de información, es la Trascendencia pública.

La veracidad funciona, en principio, como causa legitimadora de las intromisiones en el honor, pero no cuando se trata de la intimidad. Será relevante, en función del objeto, del sujeto y del contenido de la noticia.

Por otra parte, el TC considera que aun cuando se trata de un derecho de las personas individualmente consideradas, las personas jurídicas también son titulares de este derecho.

Inviolabilidad del domicilio. 18.2

Este es inviolable, ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial salvo en caso de flagrante delito. Por tanto, la CE establece tres límites a este derecho.

Así, la norma de interdicción de entrada y de registro sólo admite unas excepciones determinadas: el consentimiento del titular, expreso o tácito, existencia de resolución judicial y la producción de un delito flagrante.

Se trata de un derecho que tiene un carácter instrumental respecto del derecho a la intimidad. El TC establece que este derecho defiende los ámbitos en que se desarrolla la vida privada de la persona. Por ello existe un nexo entre la norma que prohíbe la entrada y el registro en un domicilio y la norma que impone la defensa y garantía del ámbito de privacidad.

No obstante, ese carácter instrumental, no impide que podamos hablar al mismo tiempo de la inviolabilidad del domicilio como un derecho con un contenido propio, autónomo e independiente.

La inviolabilidad del domicilio no se protege de manera absoluta. Pues como todos los derechos fundamentales, es un derecho limitado. Cuando se han de preservar otros derechos u otros intereses constitucionalmente protegidos, cabe la posibilidad de excepcionar y limitar este derecho.

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