DERECHO ADMINISTRATIVO APUNTES COMPLETOS, Ejercicios de Derecho Administrativo. Universitat de València (UV)
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DERECHO ADMINISTRATIVO APUNTES COMPLETOS, Ejercicios de Derecho Administrativo. Universitat de València (UV)

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Asignatura: derecho administrativo, Profesor: Alberto Ituren, Carrera: Criminologia, Universidad: UV
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24/02/2014

REGLAMENTOS

Es la ley ampliada. Podemos clasificarlas de muchas maneras:

1. Reglamentos en función del productor normativo: Lo más normal es que los reglamentos los dicte el gobierno, pero la verdad es que la potestad reglamentaria reside en muchas de las administraciones públicas. No es un contenido exclusivo del gobierno, ya que también lo tienen, por ejemplo, el gobierno de las CCAA o los ayuntamientos o la diputación provincial. Y luego también por otra parte existen administraciones independientes (agencia estatal de medicamentos, agencia estatal de protección de datos) tienen también potestad reglamentaria porque se las ha concedido la ley. Por lo tanto todos tiene potestad reglamentaria, pero por encima de todas estaría la potestad reglamentaria del gobierno.

El real decreto es un reglamento del gobierno de España. Decreto sería un reglamento autonómico.

2. Reglamentos en función de su contenido: Tenemos tres tipos de reglamentos en función de su contenido:

2.a.Reglamento Ejecutivo o de desarrollo: Es el reglamento más característico y más utilizado en el derecho español. Lo que hace es desarrollar una ley. La forma en que se desarrolla una ley varía mucho en función del gobierno.

2.b.Reglamento Independiente: Son aquellos que no están vinculados a ninguna ley. El gobierno los utiliza cuando una materia no está reservada a la ley, el gobierno la delega a reglamento. Luego la vida que tiene este reglamento es bastante exigua puesto que en el momento que el gobierno dicte una ley de la que trataba el reglamento, el reglamento independiente no tiene sentido.

La materia de los reglamentos independientes sería sobre derecho industrial y sobre nuevas tecnologías (Reglamento sobre la instalación del aire acondicionado, reglamento sobre como tienen que ser los rayos X de los hospitales, etc.). Son reglamentos muy técnicos.

2.c.ReglamentoDe necesidad o Contralegem: Son los menos habituales, y se ha discutido muchas veces su legalidad. Son reglamentos que se adoptan en situaciones de necesidad. Situaciones de desastres naturales o de extrema urgencia en las que se tienen que tomar decisiones que posiblemente vayan en contra de la ley. El ejemplo más significativo sería la ley general de sanidad de sanidad del año 86.

3. Reglamentos Orgánicos: Regulan internamente a la administración, luego los destinatarios no son los ciudadanos, es la administración.

4. Reglamentos Ergaomnes o Administrativos: Reglamentos destinados a la ciudadanía, a los ciudadanos. Contienen normas (ordenanza de las basuras, de las cagadas de pero, etc.)

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IMPUGNAR UN REGLAMENTO

En el derecho español hay tres posibilidades para impugnar un reglamento: El recurso directo, recurso indirecto y recurso de inconstitucionalidad. Se impugna un reglamento por (1) Porque es una administración interesada o (2) porque el decreto te da igual hasta que te afecta, entonces lo impugnas.

Recurso directo: Supone la posibilidad de impugnar el reglamento en lo contencioso administrativo. Pero no podemos establecer un recurso genéricamente, hay que expresar el párrafo donde se encuentra la ilegalidad y justificar esta ilegalidad de manera coherente.

Recurso Indirecto: Se le aplica una sanción a un ciudadano, pero ese ciudadano interpreta que esa multa es ilegal porque no tiene respaldo administrativo (por ejemplo porque está en un reglamento y no se encuentra en la constitución) se presenta recurso contra la sanción pero de manera indirecta estoy recurriendo la legalidad del reglamento. El caso del Ayuntamiento de Zaragoza es un caso de Recurso Indirecto.

Recurso de Inconstitucionalidad: Realmente vamos por recurso de amparo, por vulneración de derechos fundamentales.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

EL procedimiento administrativo es un gran triunfo de la revolución francesa, ya que anteriormente no era posible comunicarse con la administración de una manera formal.

Está regulado en España por la ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común. Anteriormente estaba vigente la primera ley de procedimiento administrativo que tuvimos en España del año 1958 que se hizo como consecuencia de la imposición del plan Marshall de los EEUU para tener un proceso administrativo rápido de los norteamericanos en España y, también, por la intención de España de complacer a los americanos. A partir del año 90, España vive unos momentos muy convulsos y el gobierno, para cambiar la situación que se vivía, decidió sacar dos grandes leyes “revolucionarias”: la ley de corrupción y la ley de procedimiento administrativo. La ley 30/1992 fue una ley muy discutida y muy cuestionada. En el año 99, tan solo 7 años después, fue reformada en el 70 %, viendo así el fracaso del legislador que la creó en el 92, que no dictó una buena ley, una ley insostenible. Tenía muchos defectos, se caía a trozos, había procedimientos imposibles de asumir para, ni tan siquiera la propia administración.

A partir del 99 hasta la actualidad ha sufrido diversas reformas menores para incorporar mejoras tecnológicas para agilizar y hacer más seguro el procedimiento. Y de la ley originaria apenas queda un 20 % original.

La exposición de motivos de la ley 30/1992 es notablemente larga, algo inusual. Era demasiado larga para lo que se quería contar.

Las disposiciones adicionales

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PARTES DE UNA LEY

1. Exposición de motivos: Lo que hace el legislador es explicar las razones de dictar esa ley. Suele ser de 2 o 3 folios. NO tiene fuerza jurídica, ya que no es vinculante.

2. Articulado: Parte dispositiva de la ley. Tiene fuerza jurídica. Se organizan en título, capítulo y luego ya viene el artículo.

3. Disposiciones: Hay de cuatro tipos distintos.

3.a.Disposiciones Adicionales: Intentan corregir la nueva norma dentro de las instituciones actuales para que la ley pueda ser posible. Es también bastante usual que en las disposiciones adicionales se reformen otras leyes, aunque no tengan nada que ver con la ley que estamos viendo.

3.b.Disposiciones Transitorias: Resuelven la transición de la legislación anterior a la nueva.

3.c.Disposiciones Derogatorias: Establecen que normas quedan derogadas cuando se instala la nueva ley. Siempre establecen lo que se denomina una cláusula de cierre, que es una cláusula de derogación general (si el legislador se olvida de derogar algo y ese algo se opone a la ley, queda derogado automáticamente).

3.d.Disposiciones Finales: Suelen contener dos tipos de órdenes. Por una parte sirven al gobierno para dictar. Y por otro lado es la vacatio legis que es el periodo de tiempo en el que la ley se

El procedimiento administrativo tiene una serie de fases. Las fases son: Iniciación, Instrucción, Ordenación y Terminación. La segunda y tercera fase las juntaremos en una sola fase llamada instrucción.

1. INICIACIÓN: La ley establece una serie de iniciaciones, en concreto dos, de oficio o instancia de parte.

1.a.

INICIACION DE OFICIO: Es la propia administración la que inicia el procedimiento por propia iniciativa, por petición razonada de otro órgano por una orden de un superior. También puede que actúe como consecuencia de una denuncia (aunque la denuncia no es la que da inicio al procedimiento. La denuncia tan solo da solo a conocer los hechos ocurridos y una vez conocidos los hechos, el órgano competente administrativo el que decidirá iniciar el procedimiento o no. Esto es así siempre excepto cuando la denuncia tienen un interés legítimo de la persona denunciante).

1.b.INSTANCIA DE PARTE: El proceso se inicia por la solicitud de una persona interesada, es decir, de un interesado. Esto se regula en el artículo 31, donde se habla del concepto de “interesado”: (a) Titulares de derecho, que es algo reconocido o aquellos que tienen un interés legítimo*; (b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. El problema que esto tiene suele ser con los ayuntamientos; (c) aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento es decir, uno que tiene interés legítimo (no derecho) por lo que la admin no está obligada a notificarle, pero él se persona en la administración para.

(d) Al margen de estos intereses se conoce el interés difuso (no reconocido por la ley) son intereses de algunos que no son titulares de derechos ni tienen interés legítimo sino que tan solo tienen un interés en que se cumpla la legalidad (se pensó para las organizaciones ecologistas)

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*Por ejemplo, uno que queda el primero en unas oposiciones tiene el derecho a tener la plaza que le corresponde por ser el primero. El que en esa oposición queda segundo tiene un interés legítimo, en que le den esa plaza, pero no el derecho, ya que solo había una plaza.

Solicitudes de iniciación (Art. 70)

Artículo 70. Solicitudes de iniciación.

1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

c) Lugar y fecha.

d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. Muchas personas que quieren pedir lo mismo. Una solicitud, con todas las firmas. Habría que designar a qué persona se le notifique.

3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de presentación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina.

4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas normalizados de solicitudes cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie de procedimientos. Los modelos mencionados estarán a disposición de los ciudadanos en las dependencias administrativas (esto piensa en las personas menos actualizadas y que no manejen el ordenador). Antes regía la libertad de forma, pero ahora no, ya que han nacido procedimientos muy complicados, por lo que se optó por crear unos escritos formalizados y normalizados, aunque sí la libertad de expresión. Cuanto más difícil sea el procedimiento más modelos normalizados hay. Hay cuestiones en las que se obliga a proceder mediante modelos estandarizados.

Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.

1- Indicar a qué órgano se dirige

2- Dirección del lugar al que se presenta

3- Identificación del sujeto. El individuo puede poner la dirección del correo electrónico si no quieres que te notifiquen por carta, a no ser que el procedimiento requiera algún domicilio por alguna cuestión especial. El domicilio a efectos de notificaciones puede ser el que quieras. El correo postal, en el ejercicio profesional da un importante juego para jugar con los márgenes de los límites de los periodos de procedimiento.

4- Señalar si actuamos en nombre o representación de otra persona, mediante unos documentos que lo acrediten. Ej: Un padre a un hijo mediante el libro de familia, un discapacitado mediante la sentencia que lo afirme, un abogado a su cliente mediante escritura pública notarial etc…

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Si no se ponen bien los apellidos, los dni, dirección a efectos de notificación… es causa de invalidación del escrito.

5- Fundamentos procesales, que se divide en 2 partes:

F 0 B 7 Hechos (relato de los hechos): Aquí se cuentan los hechos (antecedentes de hecho) o sitúo a la Administración en el caso

F 0 B 7 Legislación activa: Lo que le indico a la Administración es el procedimiento Administrativo con la fundamentación jurídica que me da posibilidad o fundamento (derecho) a reclamar.

**Fundamento procesal: Fundamento o acredito la legitimación, es decir, que artículo me F 0 E 0permite interponer el escrito a la administración. Ej: Pedir cambio de grupo Indicar qué

artículo dicta el derecho a la petición.

6- Fundamentación jurídica o de derecho: Fundamento material para pedir el F 0 E 0derecho Qué artículo me da el derecho para que me den lo que solicito. Ej: Pedir cambio de

F 0 E 0grupo Documento que acredite los fundamentos a tener que se piden.

**Fundamento de derecho: Explicar los detalles por los que se han llevado a cometer los hechos y los que hacen que lo tengas.

F 0 B 7 No decir cosas que sobran, cuanto más corto mejor.

F 0 B 7 No perder las formas y eliminar expresiones que no sean elegantes en los escritos. Se puede ser duro, muy duro, pero sin perder las formas. Hay que tirar de ingenio y de elegancia.

F 0 B 7 Tratar siempre de redactar como nos gustaría que fuese la sentencia (intentar prepararle la resolución a la administración u órgano judicial).

7- Suplico o solicito: Aquí ya pides en concreto el derecho que quieres, dejándolo bien claro y concreto.

**Otros-digo: Cuestiones accesorias al procedimiento principal o de segundo orden pero que nosotros queremos pedir. Se utilizan sobre todo para medidas cautelares. Ej: Pedir revisión de un examen que se necesita aprobar para hacer el segundo. Se pide que se revise el primero pero que se deje hacer el segundo para por si se lo aceptan.

También se utilizan para pedir pruebas.

8- Lugar y fecha

9- Firma

REGISTROS.

Artículo 38.4. La ley 30/92 tenía la intención de poner las cosas más fáciles a los ciudadanos. El artículo 38.4 decía: Las solicitudes, escritos o comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones públicas podrán representarse:

a) En los registros de los órganos administrativos que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la administración general del estado, a la de cualquier administración de las comunidades autónomas, a la de

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cualquier administración de las diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. Esto se llamaba “ventanilla única”, que era que se podía entregar cualquier documento en la delegación más cercana que encontrara, aunque no tuviera nada que ver dicha delegación con dicho documento (es decir, yo quiero entregar una solicitud para una oposición en Baleares, pero yo en lugar de ir a la delegación de Baleares, podría entregar el documento en la delegación de medio ambiente de Valencia por ejemplo.) En cuanto a los ayuntamientos y provincias hace falta estar suscrito a convenio, y esto era un poco utópico, porque el reparto del documento entregado había que pagarlo de su bolsillo. Entonces todo eran problemas para el envío de los documentos.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. Esto es las formas de recibo o de certificado.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. Si acaso te pilla en el extranjero, las oficinas diplomáticas o consulados también son un órgano válido.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

PLAZO DE SUBSANACIÓN (Art. 71 de la ley)

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.

Esto quiere decir que en el momento que se entrega o envía un escrito, y el órgano administrativo se percata de que hay un error, está incompleta o cualquier otra insuficiencia, la administración tiene la obligación de comunicar al interesado de ese error, y darle 10 días como máximo para que subsane ese error y lo reenvíe. Si en ese plazo de 10 días no has aportado el nuevo documento subsanado, la administración entenderá que desistes de la solicitud que habías solicitado en un principio. (Por ejemplo, pides el cambio de grupo en la universidad por enfermedad, y la administración ve que no has adjuntado el parte médico. En ese caso te notificará que lo tienes que adjuntar para poder cambiar de grupo. Si en 10 días no lo has adjuntado se entenderá que ya no deseas cambiar de grupo)

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

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3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.

CÓMPUTO (Artículo 48).

1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.

Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

3. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

5. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.

6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros.

7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades que integran la Administración Local correspondiente a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos.

Cuando nos digan 10 días, 15días o los que sean, entenderemos que son días hábiles. Si fueran días naturales (hábiles o inhábiles) expresamente lo debería decir la ley. Es decir, que en el caso de que no se especifique, nos moveremos por días hábiles.

Otro aspecto importante es el mes de agosto, ya que la mayoría de las administraciones declaran el mes de agosto inhábil. Sin embargo otras administraciones consideran el mes de agosto inhábil excepto para algunos procedimientos específicos.

Pero cuando los plazos se fijan en meses, se computa de día a día del mes siguiente. Por ejemplo si te envía la carta para presentar un documento un 25 de marzo, el plazo empezará el

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día 26 de marzo (el día siguiente), como el plazo sería de un mes, el plazo vencería el mismo día del mes siguiente, es decir, el 26 de abril. Da lo mismo que el mes tenga 30 o 31 días, es de día a día. Supuestos que se pueden dar: 1- que el mes siguiente no tenga día equivalente. En este caso el plazo terminaría el último día del mes (Si el plazo empieza el 31 de enero, el plazo terminará el día 28 de febrero, ya que febrero no tiene día 31. El ciudadano sale perdiendo unos 4 días.) 2- Que el plazo en el que termina el plazo es inhábil. En este caso el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil posterior al día en el que finalizó el plazo.

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN (Artículo 59)

El ciudadano puede optar por dos medios de notificación: TELEMÁTICA o FÍSICA.

TELEMÁTICA: Mediante correo electrónico. Pero para poder pedir que te manden las notificaciones vía e-mail, la administración tendrá que probar que tú puedes recibir dicho correo. Por lo tanto tan solo se podrán recibir correos de la administración los operadores que tengan licencia para que sus servidores informen de si el notificado ha leído o al menos ha recibido el correo. No es necesario leer el correo en cuestión, basta con que el notificado entre en su propia cuenta de correo. En la actualidad Gmail es uno de los que posee dicha licencia. Según la normativa, se tienen 10 días para abrir el correo. Si pasados esos 10 días no se abre el correo, el mensaje se entenderá como rechazado.

En término de plazos la notificación física tiene ciertas ventajas en cuanto a que tienen unos días más para contestar.

FÍSICA: La que se entrega mediante correo tradicional (el cartero)

1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

3. (Derogado)

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4. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. En el caso de renuncia, el cartero puede decir que el notificado no se encontraba en el domicilio o que el notificado ha rehusado aceptar el documento. En el caso de que el cartero diga que la has rehusado, se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite o extracto correspondiente. Es decir, que no coger la carta se entenderá que has sido notificado y el procedimiento continuará.

5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el "Boletín Oficial del Estado", de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En el caso de que el último domicilio conocido radicara en un país extranjero, la notificación se efectuará mediante su publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.

Las Administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de notificar conforme a los dos párrafos anteriores. En el caso de que haya sido imposible dar con el receptor del documento, que el receptor rechace una y otra vez el documento, etc., y en consecuencia darle entregarle el documento, la oficina de correos lo notificará en el BOP, boletín oficial de la provincia o del ayuntamiento (lo que vendría a ser una especie de BOE donde se notifican todos los documentos pendientes). Y una vez publicado aquí, aunque el notificado o receptor no se haya dado cuenta, se procederá a hacer el extracto del dinero correspondiente (en caso de que el documento sea una multa) de la cuenta bancaria del notificado.

6. La publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos:

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada.

b) Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medios de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.

PUBLICACIÓN (Art. 60)

1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.

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2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el punto 2 del artículo 58 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el punto 3 del mismo artículo.

En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto.

En el caso de que haya una notificación o procedimiento (como por ejemplo una multa) y el notificado no acepta recibir dicha notificación, se procederá a publicar la notificación (y la sanción en caso de que exista) en una lista o periódico oficial diciendo que supuestamente el notificado ha cometido determinado acto.

INDICACIÓN DE NOTIFICACIONES Y PUBLICACIONES (Art. 61)

Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

Por ejemplo, algún padre de familia que comete una falta por prostitución y es sancionado, y la multa va a llegar a casa, el padre comunicará a la familia que le han multado pero que si él no se encuentra en casa que ni por asomo acepten coger la carta con la multa. Como se han negado, se procederá a publicarlo en el diario oficial donde no se especificará del todo el delito cometido ya que se entiende que se atenta ante el derecho al honor del sancionado.

LENGUA DE LOS PROCEDIMIENTOS (Artículo 36)

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

3. La Administración pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.

Si yo me dirijo a la administración en valenciano, puesto que en mi comunidad hay otra lengua oficial distinta al castellano, estoy en todo mi derecho y la ley 30/92 me lo permite. Pero, la lengua del procedimiento siempre ha de ser la misma. Es decir si el que inicia el procedimiento,

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lo hace en Valenciano, el que continúe el procedimiento ha de hacerlo en la misma lengua que lo ha hecho el que lo ha iniciado.

Declaración responsable y comunicación previa(Art 71 bis)

Es una innovación de la ley, porque realmente el propio artículo lo dice, fue añadido posteriormente en la reforma del 2003. Es un artículo que ha pasado sin pena ni gloria ya que cuesta mucho de implementar.

La declaración responsable se introdujo debido a una obligación europea. Consiste en cuando abres un comercio o solicitas permiso para hacer una actividad determinada, la administración te hace presentar una serie de documentos que validen el permiso para hacer dicha actividad (licencias de apertura, seguros especiales para hacer cursos educativos, etc.). En la declaración de responsable, el ciudadano hace un escrito diciendo que todos los requisitos que le pide la administración, él los cumple (no los presenta, pero él se hace responsable de que verdaderamente los cumple) y así poder abrir su local o hacer la actividad prevista el mismo día siguiente. De la otra manera tienes que esperar a que la administración te pida documentos y tú se los envíes. Con la declaración de responsabilidad puedes llegar a ahorrarte meses de ejercicio ya que es mucho más ágil.

A través de la declaración de responsable, yo consigo un derecho, que no tenía previamente. En la comunicación previa yo ya tengo el derecho reconocido, solo que para ejercer ese derecho, la administración me pide que yo le comunique cuando va a ser, para tener conocimiento por si tiene que ejercer una serie de medidas económicas, se seguridad. Por ejemplo, una empresa ha sido adjudicataria para poder talar árboles, pero la administración le exige que le comunique cuando va a ser el día en el que comience la tala de árboles, para que así la administración pueda prevenir circunstancias que no permitan a la empresa ejercer el derecho que ya tiene y así posponerlo a otra fecha.

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Solamente se aceptan declaraciones responsables en determinadas materias que permiten hacer dicha declaración. Cosas como por ejemplo hacer un curso de técnicos deportivos o aperturas de comercios menores u pequeñas obras en un local público. Es decir, donde la legislación me deje.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación previa aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1. COMUNICACIÓN PREVIA según la ley.

3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su

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presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. Si mientes en la declaración de responsable (por falta de documentos, falsificación de documentos, etc.) puede pasar dos cosas: 1- La actividad cesa inmediatamente. 2- Si administrativamente tiene una sanción, se le impondrá. Y penalmente también puede tener responsabilidad.

5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación previa, los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a distancia y por vía electrónica.

Capítulo II

Ordenación del procedimiento

IMPULSO (Art 74)

1. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.

2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor o, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo.

La administración gestionará la entrada de expedientes por riguroso orden de registro. Es decir por orden de entrada de ese expediente. A no ser que algún caso especial necesite colocarse en primer lugar aunque no se haya registrado el primero.

CELERIDAD (Art 75) 12

1. Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.

2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto

CUESTIONES INCIDENTALES (Art 77) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran

a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.

La recusación es el ciudadano que se puede sentir perjudicado por una causa de abstención (artículos 28 y 29 de la ley), pueda recusar al que ha hecho la abstención.

ABSTENCIÓN (Art 28) 1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 2. Son motivos de abstención los siguientes:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. La cuestión litigiosa hacereferencia a que yo no tenga un pleito con nadie. Si yo tengo un pleito con alguien al que yo pueda perjudicar en un proceso administrativo, tengo que abstenerme (Por ejemplo, mi vecino de arriba con el cual tengo un pleito porque tiene una gotera y me está mojando la casa y no me quiere pagar los daños, y se presenta a una oposición en el que yo soy del tribunal, he de comunicarlo y abstenerme de ser del tribunal de esa persona) b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. Los grados de consanguinidad son: 1º padres, 2º abuelos, 3º tíos, 4º primos, 5º hijos de primos. Es decir, si soy del tribunal donde se ha presentado una prima hermana, una tía, un abuelo o mi madre, me tendría que abstener. Pero si se presentara un primo segundo (6º grado), no me tendría que abstener. Por otro lado; Hijos serían 1º grado, nietos 2º grado y bisnietos 3º grado. En caso de que el hijo se adoptado, jurídicamente se entiende que ahí existe consanguinidad y computa como hijo. Grados por afinidad: Mi pareja 1º grado, los suegros serían 2º grado, cuñados 3º grado. El hijo de mi pareja sería 2º grado pese a no ser hijo mío. En los casos de 3º grado por afinidad no es necesaria la abstención de tribunales. La afinidad se crea cuando existe cierta afectividad entre dos personas. c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. El típico caso de la novieta como caso de amistad íntima debe ser claro y latente. La enemistad manifiesta debe ser acreditada, aunque sea latente. d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

e.1) Tener relación de servicio: Una empresa que se presenta a una mesa de adjudicación en la que yo estoy metido y anteriormente les he ofrecido servicios como abogado, por ejemplo. Si esto ocurriera, yo me tendría que abstener de estar en la mesa de adjudicación.

e.2) Haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo establece una cadencia de 2 años respecto a mi anterior contrato: Soy dirigente de una empresa, y al día siguiente me nombran director general de sanidad. Y resulta que mi anterior empresa se

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presenta a una solicitud administrativa en temas sanitarios donde yo decido si se le adjudica o no dicha solicitud. Si no han pasado 2 años, yo me tendré que abstener de la mesa de adjudicación.

3. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente. 5. La no abstención en los casos en que proceda darálugar a responsabilidad.

RECUSACIÓN (Art 29) La recusación siempre se dará desde un tercero hacia el miembro de la administración. Un tercero recusará cuando crea que pueda haber una supuesta perjudicación hacia su persona, o incluso que pueda haber un supuesto favoritismo hacia otra persona en las mismas condiciones que él. 1. En los casos previstos en el artículo anterior podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. El órgano administrativo no se da cuenta de una posible causa de abstención. Pero se denuncia una caso de afinidad entre uno del tribunal y uno que se presenta a una oposición. Si se confirma, automáticamente se recusa al que está en el tribunal y se reemplaza su lugar. 2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, el superior podrá acordar su sustitución acto seguido. 4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento. (Estamos en una oposición y yo estoy entre los examinadores. Entonces alguien me recusa por la causa que sea, pero el tribunal desestima esa recusación. Pero una vez finalizada la oposición se demuestra la recusación denunciada en un principio, entonces el que había puesto la recusación, podrá recurrir la sentencia del tribunal donde desestimaban la recusación inicial)

01/04/2014 Pedir apuntes…

TRÁMITE DE AUDIENCIA (Art 84) 1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artículo 37.5.

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Es decir que, a veces la admin no da trámite porque no se ha aportado nada, ni han sumado nada nuevo…

Darle audiencia al ciudadano para que se pronunciara.

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Es verdad que el trámite de audiencia es necesario en algunos procesos, aunque en otros muchos casos el ciudadano ha podido alegar en cualquier momento, el trámite de audiencia ha perdido su esencia tradicional o histórica.

El trámite de audiencia puede que pierde su sentido como dicen el punto 3 y 4. Pero si hay una persona en el procedimiento que puede servir o influir en el proceso, habrá que dar trámite de audiencia al interesado que se ha visto en una situación de indefensión. Por ejemplo, en una subasta de una oposición pública, un sujeto “2” pone alegaciones sobre un sujeto “1”. El 1 también alega que la plaza que se le va a dar no ha sido vulnerada en ningún caso. La administración decidirá si las alegaciones del 2 son suficientes. Pero antes de que la admin DECIDA, EL SUJETO 2 facilita un documento que si que puede favorecer a las alegaciones. En este caso se le concederá trámite de audiencia para el sujeto 1, ya que no sabe de la exstencia de este nuevo documento y está en total indefensión (algo que no es legal).

INFORMACIÓN PÚBLICA (Art 86)

1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública.

2. A tal efecto, se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado», de la Comunidad Autónoma, o en el de la Provincia respectiva, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde.

El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.

3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

5. Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de los ciudadanos, directamente o a través de las

6. organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones y actos administrativos.

CAPÍTULO IV. Finalización del procedimiento.

Sección 1. ª Disposiciones Generales

Artículo 87. Terminación.

1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad. El silencio nace en Francia para defender al ciudadano, entonces, si

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la administración no dictaba nada, no podíamos ir a los tribunales, porque no había ningún documento que permitiera poner un pleito.

2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso

Artículo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de interesado.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario. La ley establece que por carácter general, el silencio administrativo va a ser positivo, es decir,que aunque la administración no conteste, se entenderá que la respuesta de la administración es SÍ.

Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo. Si no contestan se entenderá que la respuesta es positiva, excepto:

a. Pedir algo a lo que claramente no tienes derecho.

b. Cuando se trasfieren al solicitante o a terceros facultades que tengan que ver con el servicio o el dominio público.

c. Todos los recursos administrativos (recurso de alzada, recurso de ____ y recurso de _____) en los que no se responda, el silencio será negativo.

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica,

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pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.

Artículo 62. Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Sección 2. ª Resolución

CONTENIDO (Art 89)

1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.

Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. La resolución debe tener un contenido. Dependiendo de los contenidos deben ser unos más importantes que otros.

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2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. La resolución ha de ser congruente. Si yo pido una resolución sobre un asunto, me tienen que contestar si o no, pero sobre ese asunto. No se pueden desviar explicando otros asuntos.

NO se puede agravar la situación en la que el interesado se encontraba inicialmente (reformatio in peyus)

3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 54. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. Lo que tiene que estar motivado son las decisiones que afectan y limitan a derechos subjetivos o intereses legítimos.

Artículo 54. Motivación.

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

b) Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje.

c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en los artículos 72 y 136 de esta Ley.

e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.

f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

4. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamiento Jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución.

5. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.

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Dentro de las formas de terminar el procedimiento son:

I. Resolución expresa.

II. Silencio positivo o negativo.

III. Desistimiento.

IV. Renuncia

V. Caducidad.

En la renuncia, el ciudadano renuncia al derecho que anteriormente ha solicitado no solo durante un breve periodo de tiempo como en el desistimiento, sino que también se renuncia para siempre.

ARTÍCULO 90. EJERCICIO.

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus derechos. Hay algunos derechos a los que no se pueden renunciar, por lo que la administración desestimará la renuncia a derechos obligatorios (derecho al trabajo, al voto, a la maternidad, etc.).

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquéllos que la hubiesen formulado.

ARTÍCULO 91. MEDIOS Y EFECTOS.

1. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia.

2. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento.

3. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.

Sección 4.ª Caducidad

ARTÍCULO 92. REQUISITOS Y EFECTOS.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Cuando el ciudadano está tres meses inactivo en ese procedimiento, el procedimiento se cierra por caducidad

Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.

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2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

ARTÍCULO 87. TERMINACIÓN.

1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad.

2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.

ARTÍCULO 88. TERMINACIÓN CONVENCIONAL.

Es una forma de terminar el procedimiento que aparece en España en el año 92, que surge dela ley alemana sobre procedimientos. Se produce porque el legislador alemán tiene diversas razones medioambientales, porque en Alemania después de la guerra hay una gran contaminación medioambiental. Y llega un momento en el que la administración alemana se cansa de poner sanciones medioambientales porque se dan cuenta de que no están surgiendo efectos dichas sanciones, por lo tanto la administración alemana pacta con las empresas contaminantes diversos acuerdos para conseguir la finalidad de la norma que es la de dejar de contaminar tanto, es así como surge la terminación convencional del procedimiento alemán.

Cuando se trasladó a España tal cual (porque este artículo está copiado tal cual de la ley de procedimientos alemana), pero aquí la terminación convencional no tuvo demasiado éxito.

1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.

2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.

3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.

4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios públicos.

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Hemos visto:

Iniciación

Instrucción

Terminación Resolución del acto administrativo. Pero una vez resuelta, podemos recurrirla. Y hay tres vías de recurso A) Recurso de alzada. B) Potestativo de reposición. C) extraordinario de revisión.

Hay tres tipos de recursos porque cada uno de los recursos sirve para un estado del acto administrativo, dependiendo si ese acto administrativo 1. Agota la vía administrativa, 2. No agota la vía administrativa o 3. Es firme.

SECCIÓN 2ª. RECURSO DE ALZADA. (Artículo 114 y 115)

Artículo 114. Objeto.

Está pensado para los actos que no pongan fin a la vía administrativa. UN acto que no pone fin a la vía admin tiene un superior jerárquico (por ejemplo, el decano hace una resolución de cambio de grupo, como tiene el superior que es el rector. Esa resolución no pone fin a la vía administrativa ││ En el caso de que la resolución la dictara el rector, sí que tendría fin porque no tiene ningún superior jerárquico)

1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.

2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.

Artículo 115. Plazos.

Los PLAZOS del recurso son variables un mes si es expreso (Yo solicito un cambio de grupo. El decanato tiene un mes para contestar. Me contestan que no. A partir del día siguiente de esa resolución, tengo un mes para recurrirla) o tres meses si es un acto presunto (Yo solicito un cambio de grupo. El decanato tiene un mes para contestar. Pasado un mes no me han contestado. Como hay silencio administrativo, dispongo de tres meses para recurrir dicha resolución)

1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso.

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Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si yo no interpongo recurso ni en un mes ni en tres meses, hace que el acto sea firme. Porque se entiende que el acto es consentido, ya que al no contestar, se entiende que yo consiento la resolución.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 43.2, segundo párrafo. Este es el supuesto en el cual hay un silencio negativo, y después de recurrir, vuelve a haber un silencio negativo. Si ocurre esto, la ley dice que dos silencios negativos consecutivos, le dan la razón al ciudadano (es decir se convierte en un silencio positivo)

3. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 118.1.Que si yo pongo un recurso de alzada, y me contestan (lo que sea, con silencio o no), ya no puedo volver a poner otro recurso de alzada. Por lo que una vez que me responden al recurso de alzada se pone fin al acto administrativo.

SECCIÓN 3ª. RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN (Artículos 116 y 117)

Artículo 116. Objeto y naturaleza

Estos recursos son para actos que agotan la vía administrativa. Si el acto lo dicta un órgano administrativo que no tiene superior jerárquico no puedo poner un recurso de alzada por lo que lo único que me quedaba son los tribunales [esto se hacía con alcaldes o presidentes, ya que no tienen superior jerárquico]. Entonces a los franceses pensaron en una alternativa a tener que ir a los tribunales ante un acto cometido por alguien que no tiene superior jerárquico, crearon el recurso potestativo de resolución.

Este recurso es voluntario, puesto que no es preciso presentar un recurso potestativo de reposición ante un alcalde, presidente o rector por ejemplo, si no que también puede ir directamente a los tribunales (ponerle un pleito directamente)

Es decir que el ciudadano tiene dos posibilidades de recurso ante un acto cuya resolución la ha dictado alguien que no tiene superior jerárquico:

1. Poner un recurso potestativo de reposición.

2. Poner un pleito ante esa persona por la resolución que ha dictado. Lo que es un recurso judicial y no administrativo.

1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

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Artículo 117. Plazos.

1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.

3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. No caben dos repostativos seguidos, tan solo se puede poner un recurso potestativo.

SECCIÓN 4ª. RECURSO ESTRAORDINARIO DE REVISIÓN (Artículos 118 y 119)

Este es un recurso absolutamente extraordinario. Para CASOS FIRMES que se recogen en el artículo 118.

Artículo 118. Objeto y plazos.

1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. ª Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Es que por ejemplo que hay una revisión paralela de la declaración de hacienda, y me han cobrado 4000 euros de más, pero me doy cuenta 3 años después de mi error. Entonces podría reclamar mis 4000 euros mediante un extraordinario de revisión.

2. ª Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Que aparezca un documento que en el momento de la resolución hubiera significado otra resolución totalmente distinta.

3. ª Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que por ejemplo, alguien que dice que vio a otro haciendo alguna cosas sospechosa, pero que se ve una sentencia posterior en la que el primero niega haberlos visto.

4. ª Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Vamos a suponer que estamos en una oposición y el tribunal de ésta está comprado. Y la policía al cabo de un tiempo se da cuenta del soborno. Y se confirma que el tribunal estaba comprado. Es este caso los demás que se presentaron y suspendieron la oposición podrían presentar un recurso extraordinario de revisión.

2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa 1. ª, Dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En

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los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. Para casos que se encuentren en el caso 1º: Si yo en 4 no me doy cuenta del error de hecho, no podría poner un recurso extraordinario. Y son 4 años porque la prescripción de deudas tributarias también dura 4 años. Para casos que se encuentren en los casos 2, 3 y 4º: El plazo será de 3 meses, que en realidad nadie recurre porque no se sabe cuándo se dicta la sentencia (por lo tanto no saben cuándo se inicia el plazo de los 3 meses) a no ser que sean parte de la resolución (como el caso 4º).

3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 102 y 105.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.

Artículo 119. Resolución.

1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.

2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. Una vez pasados los 3 meses, el silencio se interpretará como negativo.

TÍTULO V. EJECUCIÓN.

Artículo 96. Medios de ejecución forzosa. 1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:

a) Apremio sobre el patrimonio

b) Ejecución subsidiaria. Por ejemplo, si alguien ha abierto un pozo de manera no legal, la administración tiene un procedimiento para que éste deje de sacar agua de una manera ilegal. Si el individuo sigue sacando agua de la manera ilegal, la administración iniciará una ejecución forzosa.

c) Multa coercitiva.

d) Compulsión sobre las personas.

2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual.

3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.

Toda ejecución forzosa debe haber seguido todo el procedimiento del acto administrativo, si no se cumple, no se puede ejercer forzosamente.

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Artículo 97. Apremio sobre el patrimonio.

1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.

2. En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.

Es el método clásico para cobrarse deuda económica. La normativa específica de reclamación es el reglamento sobre recaudación, que prevé lo que se denominan los embargos (si alguien no paga sus deudas, la administración lo que hace es embargar sus bienes. Solo se podrán embargar los bienes embargables. Es decir, establece un orden de prelación, en la que primero van los bienes muebles [Por orden irían: depósitos, acciones, plazos fijos, es decir, de las cuentas bancarias; y después vendrían objetos como coches, muebles, obras de arte] y después van los bienes inmuebles [Primero vendrían: Fincas rústicas, Casas, solares, etc.])

Artículo 98. Ejecución subsidiaria.

Está pensada para obligaciones de hacer o no hacer.

1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado.

3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

Los métodos son bastante rentables si es un caso de poca monda (si es clausurar un pozo, derrumbar una casa), pero no funciona cuando la ejecución subsidiaria es un acto donde la administración tiene que hacer frente a un gasto elevado o recurrir a un gran número de elementos.

POR EJEMPLO: Cuando van a hacer la ejecución, la administración avisa al ciudadano de lo que se le va a hacer (y a la postre lo que le va a cobrar por hacerlo) y el dinero que le va a costar. Una vez hecho esto, el ciudadano podrá decidir si hace lo que le pide la administración por su cuenta. Porque la administración normalmente si el acto que va a cometer cuesta 6000 € te cobrará 10000€. De este modo se obliga al ciudadano a que se dé prisa en buscar otra alternativa por su cuenta para ejecutar el acto, ya que lo más normal es que esté interesado en buscar una alternativa más económica.

Artículo 99. Multa coercitiva.

1. Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:

a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.

b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente.

c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.

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