Derecho Como Producto De La Vida En Sociedad, Apuntes - Introducción Al Derecho - Parte 7, Apuntes de Derecho. Universidad Champagnat
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Apuntes del curso universitario de Introducción al Derecho sobre el Derecho cómo producto de la vida en sociedad - Desde los tiempos de la historia del hombre hacían falta normas que ordenaran y normalizaran la vida en s...
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La iniciación a instancia de interesado tiene el efecto de impulsar a la Administración a desarrollar un procedimiento. Se articula este derecho de los ciudadanos a través de la cumplimentación de un impreso de modelo oficial o, en su defecto, a través de la elaboración de un escrito.

3.2. Ordenación.

Se comprende el conjunto de actuaciones que tienden a procurar el desarrollo del procedimiento hasta la resolución final. Los principios que rigen la ordenación son el de oficialidad y el de igualdad. El orden de tramitación de los expedientes está determinado por la antigüedad de su incoación, siempre que se trate de asuntos de homogénea naturaleza.

3.3. Instrucción.

Tienden a proporcionar al órgano decisorio los elementos de juicio necesarios para una adecuada resolución. Los elementos aportados por la instrucción pueden proceder de:

Alegaciones. Los interesados pueden presentar cuantas alegaciones estimen convenientes, o aportar documentos u otros elementos de juicio, en cualquier momento anterior al trámite de audiencia del interesado.

Informes. Son las opiniones que emiten autoridades, funcionarios u organismos distintos de aquellos a quienes corresponde dictar la resolución. En nuestro ordenamiento, los informes serán facultativos y no vinculantes.

Información pública. Cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera por afectar a intereses de colectivos definidos, profesionales, económicos o sociales, la legislación puede imponer, o, en su caso, el órgano competente acordar, un periodo de información pública.

Prueba. Consiste en el acto o serie de actos encaminados a demostrar la existencia o inexistencia de los datos que han de tenerse en cuenta al resolver.

Audiencia del interesado. Consta de dos partes. La primera consiste en el examen del expediente en su integridad, salvo los datos incluidos en las materias reservadas. La segunda es la presentación de documentos o alegaciones pertinentes.

3.4. La terminación del procedimiento.

Se establece como formas de poner fin al procedimiento las siguientes:

La resolución. Es el modo natural y normal de terminación de los procedimientos administrativos, que se instruyen con la finalidad de obtenerla. El contenido de la resolución debe ser tal que permita decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del expediente.

El desistimiento. Supone la manifestación de la voluntad del interesado de no proseguir el procedimiento por él iniciado. Debe ser aceptado por la Administración, poniendo fin a su continuidad.

La renuncia. Es la abdicación del propio derecho subjetivo o interés legítimo a que se refería la petición efectuada en un procedimiento. Sólo procederá cuando no esté prohibida por el ordenamiento jurídico.

La caducidad. Implica la conclusión de un procedimiento iniciado a solicitud del interesado al resultar paralizado por causas imputables al mismo.

La terminación convencional. Una nueva forma de terminación ordinaria del procedimiento administrativo a través de acuerdos, pactos, convenios o contratos.

La imposibilidad material. Se producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.

II. LA REVISIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

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1. INTRODUCCIÓN.

Por revisión de un acto administrativo entendemos la posibilidad de su modificación, sustitución o eliminación como consecuencia de otro acto dictado por la propia Administración.

2. LA REVISIÓN DE OFICIO.

Constituye un privilegio de las Administraciones Públicas consistente en la posibilidad de que puedan anular sus propios actos sin necesidad de acudir a los Tribunales. La revisión de los actos declarativos de derecho presenta las siguientes modalidades:

2.1. La revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho.

Los trámites y condicionamientos que la ley impone para el ejercicio de la potestad anulatoria son los siguientes:

1º La iniciativa puede partir tanto del particular interesado como de la propia Administración.

2º Que el acto cuya nulidad se pretende haya agotado la vía administrativa.

3º Dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

4º Instrucción del oportuno procedimiento administrativo de acuerdo con lo establecido en la propia ley.

2.2. La declaración de lesividad.

Previo a la interposición del recurso contencioso−administrativo de lesividad, caracterizado por ser la Administración la parte actora, debe proceder ésta a la declaración de lesividad, en la que debe motivar que el acto produce una efectiva lesión a los intereses públicos.

2.3. La revocación de los actos administrativos.

Supone la eliminación por motivos de oportunidad o de conveniencia administrativa.

2.4. La rectificación de errores materiales.

Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos, existentes en sus actos.

3. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

Son actos por los que el administrado solicita de la propia Administración la anulación o modificación de un acto administrativo que les afecta. Sus características son:

1º Tienen como presupuesto la existencia de un acto administrativo previo.

2º Tienen por objeto actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa.

3º Sólo puede interponerlo quien esté legitimado.

4º Se interpone ante la propia Administración autora del acto.

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5º Persigue la modificación o anulación del acto recurrido.

3.1. El recurso de alzada.

Es un recurso jerárquico a través del cual se pretende que el órgano superior revise y, en su caso, corrija o anule la decisión de un órgano inferior.

3.2. El recurso potestativo de reposición.

Sólo puede interponerse contra actos que pongan fin a la vía administrativa.

3.3. El recurso de revisión.

Es un recurso que procede por motivos tasados, previstos para remediar situaciones de injusticia notoria producida por actos firmes. Los supuestos en que procede son:

Que al dictarlos se hubiese incurrido en manifiesto error de hecho.• Que aparezcan o se aporten documentos de valor esencial para la resolución.• Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme.

Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta.

TEMA 10. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

LA COMPETENCIA.

I. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

1. LA PERSONALIDAD JURÍDICA BASE DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

La personalidad jurídica produce el efecto de conferir al grupo, en cuanto sujeto de derecho, permanencia y unidad. El principal problema organizativo de las Administraciones Públicas es el de la determinación de los criterios de imputación o atribución de la actividad de las personas físicas, integradas en la Administración, a la correspondiente entidad.

2. LA PLURALIDAD DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

La Constitución española vigente establece cuatro tipos de entes administrativos correspondientes a cuatro niveles territoriales:

El Estado.• Las Comunidades Autónomas.• Las provincias.• Los municipios.•

3. LA CAPACIDAD DE LOS ENTES PÚBLICOS Y SUS LÍMITES.

Se entiende por capacidad jurídica la idoneidad para estar y actuar en el tráfico jurídico. El estudio de la propia de los entes públicos se puede concretar en las siguientes características básicas:

La capacidad de los entes públicos es general, y no limitada a facultades concretas.•

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La capacidad de los entes públicos no se encuentra limitada a ninguna rama del Derecho en particular.•

4. LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. CONCEPTO Y CLASES.

1) Por razón de su titular se distingue entre órganos unipersonales y colegiados. Los primeros son aquellos cuyo titular es una persona física, mientras que son órganos colegiados los que están integrados por un conjunto de personas.

2) Según su situación en la organización administrativa los órganos se clasifican en simples o complejos. Los simples son aquellos de los que no dependen otros órganos. Son complejos los que ejercen jerarquía sobre uno o más órganos diferentes.

3) Atendiendo a su ámbito territorial los órganos se clasifican en centrales y periféricos. Mientras que los centrales tienen competencia en la totalidad del territorio, los periféricos actúan sólo en una porción de dicho territorio.

4) Por el tipo de actividad los órganos pueden ser activos, consultivos y de control, según desempeñen funciones de gestión, de informe o consulta, o de vigilancia de otros órganos administrativos.

5. LA POTESTAD ORGANIZATORIA. SUS LÍMITES.

Entendemos por potestad organizatoria el conjunto de facultades que la Administración ostenta para configurar su estructura. La distribución de la potestad organizatoria se escalona en diversos niveles:

1º La creación, modificación y extinción de entes públicos se encuentra afectada por una reserva de ley bastante amplia.

2º la creación, modificación y extinción de órganos es una potestad repartida entre la ley y el reglamento.

Los límites de la potestad organizatoria se dividen en:

Condicionamientos o límites de naturaleza sustantiva o material. Algunos derivan de principios de organización administrativa recogidos en la Constitución.

Condicionamientos de carácter procedimental. Dado que la potestad organizatoria se ejerce mediante reglamentos, son aplicables a éstos las normas que regulan el procedimiento de elaboración.

Condicionamientos de carácter financiero o presupuestario. Su transcendencia es evidente dado que todo órgano de nueva creación no puede implantarse en tanto que el coste de su funcionamiento no tenga cobertura presupuestaria.

II. LA COMPETENCIA ADMINISTRATIVA.

1. CONCEPTO DE COMPETENCIA Y CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN.

La competencia es el conjunto de funciones y potestades que el ordenamiento jurídico atribuye a cada ente u órgano público, que uno y otro están autorizados y obligados a ejercitar. Su asignación se produce a través de un proceso de naturaleza normativa, cuyo protagonismo corresponde a la ley, y cuyos elementos sucesivos son:

1º La atribución de un círculo de intereses a categorías de entes públicos o a entes singulares.

2º La asignación a una persona o tipo de personas jurídico−públicas de las potestades administrativas específicas para la satisfacción de dichos intereses.

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