Derecho constitucional ii constitucionalismo multinivel derechos fundamentales 2, Apuntes de Técnicas de Construcción Civil. Universidad Nacional de Educación a Distancia  - UNED
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ana.romero13 de noviembre de 2016

Derecho constitucional ii constitucionalismo multinivel derechos fundamentales 2, Apuntes de Técnicas de Construcción Civil. Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED

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apuntes de segundo de derecho de derecho constitucional II actualizados 2016
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2. Constitucionalismo multinivel: Derecho de producción interna

• Constitucionalismo multinivel: concepto

El concepto constitucionalismo multinivel es fruto de la articulación e interpretación de la realidad jurídica. Su utilidad se encuentra en las relaciones entre el Derecho de la UE y el Derecho producido por los Estados miembros. El análisis multinivel contempla la producción legislativa, la ejecución normativa y la interpretación jurisprudencial. En varios aspectos es de carácter inclusivo en la medida en que se aparta del monopolio del Estado como espacio constitucional único. El sistema jurídico multinivel distingue los siguientes niveles de producción:

• Nivel de producción supranacional

• El Derecho de la UE

• El Derecho Internacional

• Nivel de producción interna

• Constitución

• Derecho de los órganos centrales del Estado -Cortes Generales y Gobierno-

• Derecho de los órganos territoriales -Parlamentos y Gobiernos autónomos-

• Derecho de otros entes territoriales

La unidad del OJ se mantiene tanto en el plano teórico como en su aplicación práctica. La circularidad de los distintos niveles jurídicos integrados en un mismo ordenamiento y la interacción entre ellos son dos de las características del sistema jurídico multinivel.

• Constitucionalismo multinivel y derechos fundamentales Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE tiene el mismo valor jurídico que los Tratados. Al igual que la Carta ha ensanchado y formalizado el multinivel español de producción externa en materia de derechos, las reformas de varios Estatutos de Autonomía caracterizadas por la

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incorporación de un catálogo propio de derechos, ha ampliado igualmente el multinivel español. Aplicando la teoría general del sistema multinivel, podemos distinguir un nivel constitucional y un nivel legislativo.

• Derecho de producción interna. Las fuentes del Derecho y la Constitución como fuente del Derecho

Entendiendo por fuentes del Derecho el origen de las normas jurídicas, en el sentido de “ aquello a lo que el ordenamiento confiere la virtualidad de crear normas” se han aceptado tradicionalmente como tales el , Derecho escrito, la jurisprudencia, la costumbre, los principios generales del Derecho y, en el ámbito constitucional, las convenciones constitucionales. En nuestro ordenamiento comparte importancia con las fuentes escritas la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional, siendo menor la relevancia de la costumbre y de los principios generales del Derecho, ya que, de entre estos, los más relevantes al Derecho constitucional están ya explícita o implícitamente recogidos en la propia Constitución. Podemos entender por fuente del Derecho “ las diversas categorías o tipos normativos a través de los cuales se incorporan normas jurídicas al ordenamiento” siendo entonces norma o precepto el contenido material , inserto en una fuente.

La Constitución es en nuestro ordenamiento la primera y más fundamental de las fuentes escritas, ya que es la norma sobre producción de las normas. Además, es fuente en sentido pleno, al ser origen mediato e inmediato de derechos y obligaciones. Constituye asimismo fuente del ordenamiento europeo en cuanto habilita en su art. 93 a la integración del Derecho comunitario en el Derecho español, lo cual es compatible con la consideración de que la Constitución española es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. El Ordenamiento jurídico se puede definir como un conjunto sistemático de normas. Se rige por diversos principios, destacando los de:

• Jerarquía: clasifica las normas del OJ en función de su mayor o menor rango normativo.

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• Competencia: distingue las normas en función del órgano que tenga atribuida la facultad de su elaboración.

El OJ contiene asimismo valores, principios e instituciones que las propias normas expresan o aluden. En él coexisten normas de diverso rango, así como normas emanadas de centros legislativos de diferentes niveles territoriales.

Constitución y jurisprudencia del Tribunal Constitucional Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales en el desenvolvimiento de sus competencias constituyen

también una fuente del Derecho: la jurisprudencia.

Interesa por ello la jurisprudencia del TS, con competencia en todo el territorio nacional, la de los TSJ de las CCAA y, sobre todo, en materia constitucional, la del Tribunal Constitucional, órgano regulado en el Título X de la CE. La LO 2/1979 desarrolla los preceptos constitucionales en cuanto a la naturaleza, estructura y funciones del TC.

Según el art. 1.1 LOTC, el TC, ” como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la CE y a la presente LO” El TC es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional.

De acuerdo con la CE y la LOTC, el TC es competente para conocer:

1. Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley afectará a ésta, expulsándola del OJ, si bien la sentencia o sentencias recaídas en virtud de la ley derogada no perderán el valor de cosa juzgada.

2. Del recurso de amparo por violación de derechos y libertades referidos en el art. 53.2 CE, y desarrollado en la LOTC.

3. De la cuestión de inconstitucionalidad que puede elevar un órgano judicial que considere que una norma con rango de ley aplicable al caso sometido a su conocimiento, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la CE (art. 163 CE y 2.1 a) de la LOTC).

4. De los conflictos de competencias entre el Estado y las CCAA o de los de éstas entre sí.

5. De los conflictos entre órganos constitucionales del Estado.

6. De los conflictos en defensa de la autonomía local.

7. De la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales.

8. De las impugnaciones por parte del Gobierno contra las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA.

9. Según el art. 161 CE y el 2 LOTC, las demás competencias que le atribuyan la CE o las Leyes Orgánicas.

La CE otorga valor de cosa juzgada a las sentencias del TC desde el día siguiente a su publicación en el BOE, con los votos particulares, si los hubiere, sin que quepa recurso alguno contra ellas. Las sentencias del TC que declaren la constitucionalidad de una norma con fuerza de ley y las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos (art. 164.1 CE).

La jurisprudencia del TC es fuente del Derecho. De entre sus sentencias destacan las denominadas sentencias interpretativas, en las que el TC realiza una interpretación de uno o mas preceptos legales en relación con uno o mas artículos constitucionales, determinando así la única interpretación válida. Se limita de esta manera el margen de discrecionalidad del legislador ordinario para desarrollar los

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principios constitucionales. Por otro lado, la doctrina distingue las llamadas sentencias manipulativas, que evitan declarar la invalidez de una ley alterando en cierta medida su tenor literal, con lo que varían propiamente el contenido dispositivo de la norma, lo cual rebasaría, en opinión de la autora, las competencias atribuidas al TC como garante de la CE.

La interpretación que de una ley hace el TC se incorpora al texto y tiene el rango de éste. Asimismo, la interpretación del TC de los preceptos constitucionales es igualmente vinculante para todos.

La jurisprudencia ordinaria queda, por otro lado, vinculada no solo a la CE, sino también a la interpretación que de la misma hace el TC (art. 5.1 LOPJ).

Jurisprudencia y nuevos derechos La actividad jurisdiccional del TC ha permitido tanto definir nuevos derechos con base a otros reconocidos expresamente en la CE o en sus valores o principios como redefinir el contenido esencial y alcance de derechos constitucionales para dar respuesta a nuevas situaciones y demandas sociales.

Aunque en la CE no exista norma expresa en este sentido (como la 9ª enmienda de la Constitución de EEUU o el art. 29 de la CE de 1869), es legítimo que el TC como máximo intérprete de la CE pueda definir o redefinir nuevos derechos siempre que se mantenga dentro de los cauces de la interpretación y no de la manipulación arriba descrita. Así ha sucedido con derechos como la libertad sexual, el derecho a la reproducción, a la objeción de conciencia de los médicos, o a no someterse a determinados tratamientos médicos.

• La Constitución como norma suprema en el sistema multinivel

Fundamento de la concepción normativa de la Constitución Constitución normativa y democracia están hoy ineludiblemente unidas.

Los primeros textos constitucionales codificados aparecen a finales del S. XVIII: la Constitución de EEUU en 1787, surgida del deseo de independencia y poco después la francesa, como oposición al absolutismo monárquico.

El art. 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 establece que “ Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene Constitución” .

Las constituciones configuran el poder como una construcción de la sociedad o del pueblo, en la cual éste se reserva zonas de libertad e instrumentos de participación y control efectivos, de modo que el poder no pueda nunca pretender ser superior a la sociedad, sino sólo su instrumento. La formalización de las constituciones en documentos escritos y codificados (salvo el ejemplo consuetudinario inglés) pretende plasmar en la norma de las normas los principios esenciales de la comunidad política.

Hay que tener en cuenta que solo hay constitución como norma y, en particular, norma suprema, cuando el Ordenamiento establece el cumplimiento obligatorio de los preceptos constitucionales.

Valor normativo supremo de la Constitución Hasta la consideración de la Constitución como norma suprema se ha llegado tras un dilatado proceso.

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Mientras en EEUU se asentó pronto la idea de la supremacía de la Constitución frente a la ley, en Europa solo aparecen los principios de normatividad directa y supremacía efectiva de la Constitución a partir de la 1ª Guerra Mundial.

La supremacía de la Constitución frente a las demás leyes fue confirmada en EEUU con la resolución del caso Madison contra Madbury en 1803. En ella el juez Marshall, presidente del TS, consideró que la Constitución es la norma suprema de la comunidad política y que, por ello, las demás leyes deberían respetar sus principios.

La tradición constitucional española, por el contrario, se decantó por considerar la Constitución como una norma mas del OJ, limitándose a ofrecer cobertura jurídica a la actuación de las fuerzas políticas y fácticas en cada momento.

La Constitución republicana de 1931, por el contrario, declaró la supremacía de la Constitución sobre el resto del OJ, creando un Tribunal de Garantías Constitucionales.

La CE actual, en su art. 9.1 proclama que “ Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del OJ” Confirma asimismo en el art. 53.1 la sujección de los poderes públicos a la CE en lo que respecta a los derechos y libertades regulados en el Capítulo II del Título I y establece el control de constitucionalidad de las leyes en el art. 161.1 a).

Debe excluirse hoy día la tesis de que algunos preceptos constitucionales no fueran directamente aplicables desde el mismo momento de vigencia de la CE, sustentada en el pasado sobre la base de la distinta nitidez literal en algunos de sus principios y en las remisiones a leyes de desarrollo posteriores.

La CE es, por tanto, un texto normativo pleno. Esta vigencia inmediata ha tenido gran trascendencia en materia de derechos y libertades.

Según ha declarado el TC, que desde un principio ha afirmado el valor supremo de la CE y la aplicación directa de todos sus principios:

• La sujeción a la CE es consecuencia obligada de su carácter de norma suprema.

• La CE es la norma fundamental directamente aplicable y alegable ante los tribunales ordinarios.

• La CE es norma jurídica y no una declaración programática.

• Contenido de la Constitución y derechos

Estructura interna de la Constitución La CE consta de 169 artículos mas un preámbulo (que no tiene valor normativo). Está estructurada en 11 Títulos (el primero es el Titulo Preliminar), mas cuatro disposiciones adicionales (derechos forales y de régimen fiscal de Canarias), nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria (que afecta a todas las disposiciones contrarias a la CE) y una disposición final, estableciendo que la CE entrara en vigor el mismo día de su publicación (29-XII-1978).

Parte dogmática y parte orgánica de la Constitución La parte dogmática de la CE contiene los grandes valores y principios del régimen constitucional, mientras la parte orgánica contiene la regulación de los órganos y poderes públicos. Incluye un amplio catálogo de derechos y libertades, contenidos sobre todo en el Título I.

La parte dogmática se encuentra en posición de coordinación y supraordinación de la parte orgánica, de forma que ésta sirve para garantizar el sistema liberal y democrático de convivencia establecido en

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La parte dogmática encierra lo decisivo y orientador, siendo la organización estatal su instrumento.

• Los derechos en los Estatutos de Autonomía reformados

Referencias de la doctrina constitucional sobre incorporación de derechos a los Estatutos de Autonomía

Los Estatutos de Autonomía aprobados en los primeros años del régimen constitucional incidieron fundamentalmente en los aspectos institucionales.

En la primera década del siglo XXI comenzó un proceso de revisión profundo de varios de los Estatutos de Autonomía que superaba en mucho el alcance de reformas acontecidas en años anteriores. Los nuevos Estatutos intensifican sus rasgos identitarios, perfeccionan la arquitectura institucional y clarifican el reparto competencial incorporando a la par nuevas materias y desarrollan la autonomía financiera de las CCAA. Con todo, una de las singularidades más notables de este proceso de revisión estatutaria ha sido la incorporación a los nuevos Estatutos reformados de títulos dedicados específicamente a los derechos.

De la doctrina constitucional se sigue la legitimidad de la inclusión de derechos en los Estatutos de Autonomía aunque no derechos fundamentales que quedan reservados al ámbito constitucional. Sin embargo, el tema no parece totalmente resuelto en el plano jurídico-político. En todo caso, los Estatutos que han incluido catálogos de derechos están ya vigentes y habrá que esperar a su desenvolvimiento futuro para analizar su evolución.

Derechos, principios y garantías en los Estatutos de Autonomía reformados De otra parte, en cuanto a los específicos derechos incorporados a los nuevos Estatutos de Autonomía reformados cabe señalar que aunque la mayoría de ellos presentan similitudes no hay una absoluta

identidad entre ellos. Una parte sustancial de los nuevos catálogos de derechos incorporados a los

Estatutos se relacionan con materias reguladas en el Capítulo III CE bajo la rúbrica "principios de política social y económica pero tratados de forma que se consolida y profundiza la vinculación de los poderes públicos autonómicos a ellos.

Junto a los anteriores los nuevos Estatutos también incorporan principios rectores y garantías. Con carácter generalizado pueden reconocerse, entre otras, las siguiente garantías:

• Vinculación de los poderes públicos y de los particulares a los derechos.

• Protección jurisdiccional.

• Efectividad de los principios rectores.

• Defensa de los derechos.

3. Constitucionalismo multinivel. Derecho de producción externa: Los derechos fundamentales en la Unión Europea

• La construcción europea

Origen La génesis de la unión Europea ha estado presidida por la búsqueda de una paz estable. Los inicios, en la primera mitad del siglo XX, se vieron frustrados por las dos guerras mundiales. Juspedia.es 3

El 9 de Mayo de 1950, con la propuesta francesa de poner la producción franco-alemana de carbón y acero bajo una Alta Autoridad común abierta a la participación de otros países europeos marcó un hito fundamental en la construcción europea. El resultado fue la creación de la CECA por el Tratado de París el 18-4-1951, suscrito por Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

Unos años después, el llamado Informe Spaak contenía el germen del mercado común europeo, y llevó a la postre a la firma en Roma, el 25 de Marzo de 1957, de tres tratados: El Tratado constitutivo de la CEE, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o EURATOM) y el Tratado relativo a instituciones comunes de la Comunidades Europeas, por el que se crearon una Asamblea única y un Tribunal de Justicia único para las tres comunidades.

Desde 1965, con el Tratado de Bruselas, se instituyen un Consejo y una Comisión comunes, surgiendo así la Comunidad Económica Europea o Comunidad Europea, denominación que se mantendría hasta el Tratado de Maastrich. El Derecho Originario comunitario contenido en estos tratados ha sido luego modificado por el Acta Única, el Tratado de Maastrich, el de Amsterdam, el de Niza,... El resultado es que la Comunidad se organizó en torno a instituciones propias con competencias legislativas, ejecutivas y judiciales, creando un ordenamiento jurídico vinculante para los Estados miembros en el ámbito de dichas competencias.

Las ampliaciones 1. En 1972 se integraron UK, Dinamarca e Irlanda, ya con vistas a una futura integración política.

2. Seguidamente Grecia firmó su adhesión en 1979, entrando ésta en vigor en 1981.

3. España y Portugal firmaron su adhesión en 1985, entrando en vigor el 1 de Enero de 1986.

4. Austria, Suecia y Finlandia se adhirieron en 1995, siendo ésta ya la primera ampliación de la Unión Europea, posterior al Tratado de Maastrich y con el Mercado Único europeo en vigor.

5. Con efectividad el 1 de Mayo de 2004, se incorporaron 10 nuevos miembros: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa.

6. El 21 de Junio de 2005 se firmó el tratado de adhesión de Bulgaria y Rumanía, abriéndose el proceso de ratificación.

El Derecho de la Unión La Unión Europea consta de un entramado institucional y un Ordenamiento jurídico propio (Derecho Comunitario) que se integra en el Derecho interno de los Estados miembros gracias a la cesión de competencias de éstos a favor de la unión.

El Derecho comunitario está formado por los tratados constitutivos, sus modificaciones posteriores y por las normas y actos emanados de las instituciones comunitarias en razón de sus respectivas competencias.

Las relaciones entre el Derecho Comunitario y los Derechos internos de los Estados miembros discurren a partir del Principio de Competencia, por el que los Estados Nacionales reconocen la competencia exclusiva de las instituciones europeas para regular determinadas materias.

Niveles del sistema de fuentes comunitario:

1. Derecho originario, compuesto por los Tratados constitutivos y sus reformas.

2. Derecho Derivado, formado por las normas emanadas de las instituciones de la unión habilitadas para ello por los Tratados constitutivos y sus reformas.

3. Derecho Terciario o Complementario, integrado por normas de desarrollo de las normas de Derecho Derivado.

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Según ha señalado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la UE, el Derecho Comunitario es de obligado cumplimiento para los Estados miembros, gozando de preferencia con respecto al Derecho interno de éstos respecto de las competencias cedidas a la UE.

• El Derecho Originario es vinculante para todos los Estados miembros y directamente aplicable siempre que el propio Tratado no difiera tal aplicación a una norma ulterior. Constituye el marco básico y superior del Ordenamiento comunitario en tanto no entre en vigor la Constitución Europea.

• Se reafirma el carácter supremo de los Tratados dentro del Ordenamiento comunitario a través de las competencias otorgadas al Tribunal de Justicia para controlar la legalidad de los actos emanados de las instituciones europeas (art. 230 TCE).

• El Derecho Derivado o secundario vincula a los Estados conforma a las denominadas eficacia vertical (relaciones entre los Estados miembros y los ciudadanos) y eficacia horizontal (rige las relaciones entre particulares). Hasta que entre en vigor la Constitución Europea, las normas fundamentales del Derecho Derivado son:

• Los Reglamentos: normas generales, con eficacia plena, de aplicación obligatoria y directa en todos sus elementos y en todo Estado miembro.

• Las Directivas: actos del Consejo o la Comisión que obligan a los Estados miembros en cuanto al objetivo, pero que permiten a los Estados arbitrar las formas y los medios para lograr dicho objetivo. Debe ser, por tanto, complementada por las normas internas de los Estados. Hasta entonces, solo tiene efecto vertical, en garantía de los particulares, pudiendo ser la Directiva invocada por éstos ante los tribunales.

• Las Decisiones: son actos jurídicos normativos de aplicación directa e inmediata en uno o varios Estados miembros, sin precisar la intervención de éstos. Se diferencian de los

Reglamentos en que no tienen carácter general, sino individual, y han de ser notificadas al destinatario.

La eficacia del Derecho de la Unión Europea: el efecto directo y la primacía La eficacia del Derecho Comunitario se asienta sobre dos pilares fundamentales: el efecto directo y la primacía.

El Tribunal de Justicia ha definido la doctrina del efecto directo, a partir de la STJ Van Gend and Loos (5- 2- 1963), en la que establece que los Estados, al suscribir el Tratado, reconocen una naturaleza específica al Derecho comunitario que permite su invocación por los nacionales ante sus respectivas jurisdicciones. Este efecto directo afecta al Derecho originario (tratados) y a los Reglamentos de Derecho derivado.

En el caso de las Directivas, se suele considerar un efecto indirecto, si bien podrían tener, en ciertos caso, efecto directo si cumplen las siguientes condiciones, según el TJ:

1. Ser clara y precisa.

2. No estar sometida a reserva alguna por parte del Estado en cuestión.

3. No requerir para su ejecución de ningún otro acto jurídico comunitario.

4. No dejar al Estado margen de apreciación en cuanto a su aplicación.

El Principio de Primacía es quizá la más importante característica del Derecho comunitario. Según la jurisprudencia del TJ, el Derecho comunitario constituye un Ordenamiento jurídico propio que se integra en el ordenamiento jurídico de los Estado miembros y que prima sobre la aplicación de cualquier norma interna. Como consecuencia de este principio:

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• El Derecho comunitario y el Derecho interno no se rigen por el principio de jerarquía, sino por una variante del Principio de Competencia.

• No rige entre ambos el principio de ley posterior, ya que una norma nacional posterior a una comunitaria no puede restar eficacia a ésta.

• Los órganos jurisdiccionales internos tienen la obligación de garantizar la primacía del Derecho comunitario, inaplicando la norma interna en los casos en que proceda.

En cuanto a posibles conflictos entre normas comunitarias y normas de la Constitución de un Estado miembro, la relación de primacía ha sido cuestionada en ocasiones. En este sentido, el art. I-10 del Proyecto de Constitución Europea establece que “ La Constitución y el Derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que le son atribuidas primarán sobre el Derecho de los Estados miembros” .

Articulación entre la Constitución nacional y la Europa constitucional: el sistema multinivel de producción externa

El Derecho de la UE constituye uno de los niveles integrantes del sistema jurídico multinivel español.

Los diferentes niveles jurídicos no están necesariamente en relación de jerarquía sino más bien se rigen por el principio de competencia y de especialidad.

Los Tratados constitutivos europeos no son Constituciones pero unen a su naturaleza de norma jurídico-

internacional algunas características constitucionales, como por ejemplo:

• el constituirse en norma superior o norma de referencia del resto del ordenamiento comunitario, posición garantizada por el Tribunal de Justicia que posee competencia para controlar los actos contrarios al Tratado.

• mismo reparto competencial entre los Estados nacionales y la Unión que viene a coincidir con el reparto que presentan ciertos Estados federales.

La actual UE es una construcción jurídica y social. Su OJ no es comparable a otros. Y sus tipos normativos no tienen porque coincidir con los de los Estados miembros.

La UE debe ser cada vez más "constitucional" y los OJ estatales deben ser cada vez más "europeos".

• El Tratado de Lisboa

Origen El TL es el fruto de negociaciones entre los Estados miembros reunidos en una Conferencia Intergubernamental en 2007.

El TL fue firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 por los Jefes de Estado de los 27 estados miembros.

La Conferencia recibió el mandato de elaborar un Tratado que modificara los vigentes con el fin de aumentar la eficacia y legitimidad democrática de la UE.

El TL incorporó dos cláusulas que modificaron el TUE y el TCE. El TCE además pasó a llamarse Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión.

La UE adquirió una única personalidad jurídica con el fin de fortalecer su poder de negociación y actuación internacional, y la palabra "Comunidad" se cambió por "Unión".

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El TL entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

Características del Tratado de Lisboa El objetivo del TL fue adaptar la estructura de la UE a las transformaciones sufridas, las características de esas modificaciones son:

• Mayor relevancia del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales

• los parlamentos nacionales pueden participar en las actividades de la UE a través de un nuevo mecanismo para controlar el principio de subsidiariedad.

• Iniciativa ciudadana

• La iniciativa a de partir de un grupo de al menos un millón de ciudadanos de un número significativo de Estados miembros y se dirigirá a la Comisión para que haga propuestas de legislación.

• Relación entre Estados y abandono de la Unión

• Clasificación precisa de las competencias de cada cual.

• El TL prevé por primera vez la posibilidad de que un Estado miembro se retire de la Unión.

• Marco institucional

• Se crea el cargo de Presidente del Consejo Europeo, elegido por dos años y medio.

• Vinculación directa entre la elección del Presidente de la Comisión y los resultados de las elecciones europeas, lo cual refuerza la influencia del voto de los ciudadanos europeos.

• Nuevas disposiciones relativas a la composición del Parlamento y la Comisión.

• El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad tiene la misión de articular y dar coherencia y visibilidad a la actuación exterior de la UE. Está asistido por el Servicio Europeo de Acción Exterior.

• La Europa de los derechos

• Se consolida una "Europa de derechos y valores".

• La Carta de Derechos Fundamentales (Niza 2000) adquiere, con el TL, mismo valor jurídico que los Tratados, y es vinculante para todos.

• Los derechos en la Unión Europea Si bien en un principio solo se reconocieron las libertades precisas para la consecución de los objetivos económicos, hoy la elaboración de un catálogo de derechos y libertades es un tema de importancia capital en el seno de la UE, que se plasma en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE de 2000, incluida asimismo en el Proyecto de Constitución Europea.

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Los derechos y libertades en los tratados constitutivos La ausencia de una declaración de derechos en los tratados constitutivos de las Comunidades europeas se debió a la orientación esencialmente económica de las mismas, pese a la proyección a largo plazo de una posible unión política.

Dicha ausencia se vio paliada en parte por la inclusión de la libertad de circulación y la prohibición de discriminación en relación con la nacionalidad y el sexo entre las competencias reconocidas a las instituciones comunitarias en el Tratado de Roma.

En 1979, la Comisión adopta el Memorandum sobre la adhesión de las Comunidades Europeas a la Convención sobre Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

La progresiva incorporación de principios y derechos se hizo patente en el Acta Unica Europea y el Tratado de la UE (Maastrich), el de Amsterdam y, sobre todo, el de Niza, con la proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales.

Los derechos y libertades en el acta única El Acta Unica Europea es la primera revisión fundamental de los Tratados constitutivos, y se compromete a la defensa de los derechos y libertades a través del reconocimiento contenido en las constituciones de

los Estados miembros, en el Convenio de Roma y en la Carta Social Europea. Fijaba como objetivo la consecución de un espacio único, con libre circulación de personas, mercancías y capitales, lo que llevó a la adopción de dos convenios intergubernamentales:

1. Convenio de Dublín, sobre el tratamiento por un Estado miembro de las solicitudes de asilo.

2. Convenio Schengen, creando un espacio sin fronteras entre 8 estados miembros (inicialmente).

Los derechos y libertades en el tratado de la Unión Europea El Tratado de la Unión Europea se firmó en Maastrich en 1992. En su art. F, apartados 1 y 2, contenía los principios inspiradores de la UE:

• Principio de identidad nacional.

• Principio de democracia.

• Principio de respeto y garantía de los derechos y libertades.

El Tratado de la Unión se enfrentaba al problema de que la progresiva integración económica no había tenido su paralelo en la correspondiente unión política. Con respecto a los derechos y libertades, el Tratado consagró:

• La incorporación por remisión del Convenio de Roma.

• Los derechos fundamentales tal y como se derivan de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros.

• Los resultantes de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en base a los apartados anteriores.

La doctrina del TJ ha logrado introducir el respeto por los derechos fundamentales como criterio de validez del Derecho comunitario, así como contribuir a la consolidación del principio de primacía, consolidando su propia posición como institución comunitaria.

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Los derechos y libertades en el Tratado de Amsterdam Dicho Tratado consolidó el status de ciudadano comunitario, estableciendo que “La Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros” incluyendo entre las , competencias del Tribunal de Justicia el control del contenido de este artículo. Mantuvo asimismo la declaración de respeto a los derechos fundamentales reconocidos en el Convenio de Roma.

El Tratado de Amsterdam profundiza, por otro lado, en el reconocimiento de los derechos sociales, asumiendo la Comunidad como objetivo propio la promoción de dichos derechos sociales.

Establece en su art. 119 que: “Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor” .

Prosigue, en el aptdo. 4º del mismo art.: “Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras

profesionales”.

• La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

La elaboración de la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea El Consejo de Colonia en 1999 adoptó una Decisión relativa a la elaboración de una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que debería tomar como base derechos y principios reconocidos en

el Convenio de Roma, así como las tradiciones constitucionales comunes de los Estados Miembros,

considerando asimismo los derechos económicos y sociales reconocidos en la Carta Social Europea y en la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores.

El Consejo Europeo de Tampere de 1999 acordó la composición de la Convención, órgano que había de elaborar el proyecto de Carta. Dicha Convención presentó en el Consejo Europeo de Biarritz en Octubre de 2000 el proyecto de Carta de Derechos Fundamentales, que fue finalmente proclamada en el Consejo Europeo de Niza de Diciembre de 2000. No fue incorporada, sin embargo, con fuerza jurídica vinculante a los Tratados ni al Derecho Comunitario, aunque el Parlamento sí adoptó la decisión de aplicarla en el ámbito interno.

El contenido de la Carta de Derechos Fundamentales se ha incorporado a la Parte II del proyecto de Constitución Europea.

En el art. I-2 dicho proyecto constitucional establece asimismo que la UE se “ fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los respetos de las personas pertenecientes a las minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”.

Estructura y contenido de la carta de los derechos fundamentales La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE recoge en un único texto, por vez primera en la historia de la UE, el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos y de todas las personas que viven en el territorio de la UE. Incorpora derechos de Las 4 generaciones aludidas en el Capítulo 2.

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Su incorporación al proyecto de Constitución Europea ha originado que, en ocasiones, un derecho incluido en la Carta esté también regulado en otra parte del proyecto constitucional.

La Carta de Derechos Fundamentales consta de un Preámbulo y 54 artículos, divididos en 7 capítulos:

• Título I. Dignidad (arts. 1 a 5):

• Dignidad humana

• derecho fundamental y base de los demás derechos

• Derecho a la vida y provisión de pena de muerte

• incorpora las limitaciones del Convenio a la posibilidad de que los Estados introduzcan la pena de muerte para actos de guerra o de peligro inminente de ella y no infringirá este artículo cuando la muerte se produzca como consecuencia de un

recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario:

• en defensa de una persona contra una agresión ilegítima

• para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente.

• para reprimir, según ley, una revuelta o insurrección.

• Derecho a la integridad de la persona

• en relación con las aplicaciones biomédicas

• prohibición de clonación reproductora de humanos.

• prohibición de prácticas eugenésicas.

• Prohibición de la tortura y de penas inhumanas o degradantes.

• Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado.

• la necesidad de este precepto estriba en que la sociedad actual presenta nuevas formas de esclavitud y opresión que la Carta intenta reprimir.

• Título II. Libertades (arts. 6 a 19):

• Derecho a la libertad y a la seguridad

• Respeto a la vida privada y familiar

• Protección de datos de carácter personal

• establece los criterios básicos de la protección

• Derecho a contraer matrimonio y fundar una familia

• Libertad de pensamiento, conciencia y religión

• Libertad de expresión y de información

• Libertad de reunión y de asociación

• Libertad de las artes y de las ciencias

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• Derecho a la educación

• Libertad profesional y derecho a trabajar

• Libertad de empresa

• Derecho a la propiedad

• Derecho de asilo

• garantiza el derecho respetando las normas de la Convención de Ginebra de 1951 y el Estatuto de los Refugiados de 1967.

• Protección en caso de devolución, expulsión y extradición

• Título III. Igualdad (arts. 20 a 26):

• Igualdad ante la ley

• No discriminación

• Diversidad cultural, religiosa y lingüística

• Igualdad entre hombres y mujeres

• consagra las denominadas acciones positivas: adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado.

• Derechos del menor

• Derechos de las personas mayores

• Integración de las personas discapacitadas

• Título IV. Solidaridad (arts. 27 a 38):

• Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa

• Derechos de negociación y de acción colectiva

• Derechos de acceso a los servicios de colocación

• Protección en caso de despido injustificado

• Condiciones de trabajo justas y equitativas

• Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo

• Vida familiar y vida profesional

• Seguridad social y ayuda social

• Protección de la salud

• Acceso a los servicios de interés económico general

• Protección del medio ambiente

• Protección de los consumidores

• Título V. Ciudadanía (arts. 39 a 46):

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• Derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo

• Derechos a ser elector y elegible en las elecciones municipales

• Derecho a una buena administración

• Derecho de acceso a los documentos

• Defensor de Pueblo

• Derecho de Petición

• Libertad de circulación y residencia

• Protección diplomática y consular

• Título VI. Justicia (arts. 47 a 50):

• Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial

• garantiza, además, un derecho a un recurso efectivo ante un juez, con arreglo a las vías procesales previstas en los Tratados, respecto de las instituciones de la UE y de los Estados miembros cuando aplican el Dº de la UE.

• Presunción de inocencia y derecho a la defensa

• Principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas

• Derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito.

• Título VII. Disposiciones generales (arts. 51 a 54):

• Ámbito de aplicación

• Alcance e interpretación de los derechos y principios

• Nivel de protección

• Prohibición del abuso del derecho

Disposiciones generales que rigen la interpretación y aplicación de la carta de los derechos fundamentales

Ámbito de aplicación

Art. 51, aptdo. 1: “ Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto al principio de subsidiaridad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las competencias que se atribuyen a la Unión en las demás partes de la Constitución” .

Alcance de los Derechos garantizados en la Carta de los Derechos Fundamentales

El art. 52, aptdo. 1, determina que cualquier límite a los derechos reconocidos en la Carta deberá ser establecido en la ley, respetando el principio de proporcionalidad, y solo cuando tal limitación sea necesaria y responda a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de proteger derechos y libertades de los demás. Juspedia.es 3

El art. 52, aptdo. 2 establece que los derechos reconocidos que se mencionan en otras partes de la Constitución Europea se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados en dichas otras partes.

El art. 52,3 establece que, en la medida en que la Carta contenga derechos que se correspondan con los garantizados por el CEDH, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio, salvo que el Derecho comunitario otorgue una protección mayor. Los derechos fundamentales resultantes de

tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros que se reconocen en la Carta deberán interpretarse de conformidad con dichas tradiciones.

Nivel de protección de los derechos de la Carta de los Derechos Fundamentales

Art. 53: “ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión, la Comunidad o los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, así como las constituciones de los Estados miembros” .

La Carta contiene asimismo principios que, de conformidad con el art. 52.4, podrán aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por instituciones de la UE y por actos de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho comunitario. Solo podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la interpretación y control de la legalidad de dichos actos.

La Carta se incorporó a la Parte II del Proyecto de Constitución Europea, cuyo proceso de ratificación está abierto, siendo previsible que se culmine con éxito en los próximos años.

Prohibición del abuso del Derecho

Art 54: "Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en la presente Carta o a limitaciones más amplias de estos derechos y libertades que las previstas en la presente Carta".

• El Tribunal de Justicia y los derechos fundamentales El TJ ha realizado una importante función de garantía de los derechos pese a que la Comunidad no ha tenido un catálogo propio de derechos y libertades hasta recientemente (y aun hoy no es directamente aplicable ni vinculante para los Estados miembros).

La jurisprudencia del TJ estableció tempranamente que no resultaba posible interpretar el Derecho comunitario a la luz de los derechos fundamentales reconocidos en los ordenamientos de los Estados miembros. Dos sentencias posteriores aportaron un nuevo criterio de interpretación:

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• La STJ Stauder, de 1969, confirma que los derechos fundamentales de la persona (que no se enumeran) forman parte de los principios generales del Derecho Comunitario.

• La STJ Internationale Handelsgesellschaft, de 1970, afirma que corresponde al TJ determinar el elenco de derechos y libertades, utilizando como criterio las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros.

El TJ incluyó en varias sentencias de los años 70 referencias a la CEDH (Convenio de Roma), reflejo de las iniciativas que propugnaban la adhesión formal de la Comunidad a dicha Convención. Tal posibilidad quedó frustrada tras el Dictamen del TJ 2/1994, que determinó la falta de competencias de las instituciones comunitarias para formalizar la adhesión al Convenio de Roma.

Por otro lado, los Tribunales constitucionales de Italia y Alemania han cuestionado la doctrina del TJ, al considerar que la ausencia de un catálogo de derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario podía hacer posible que el Derecho comunitario incurriera en una posible violación de derechos fundamentales reconocidos en las respectivas Constituciones nacionales.

• Estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los derechos fundamentales por la Unión Europea

El Parlamento y el Consejo Europeos han hecho de la defensa de los derechos fundamentales en la UE una de sus prioridades para el futuro espacio de justicia, libertad y seguridad.

Uno de los miembros de la Comisión es responsable de la cartera dedicada al fomento de la justicia, los DDFF y la ciudadanía.

Criterios de actuación prioritaria de la Comisión: • Reforzar la cultura de los derechos fundamentales

• Tomar en consideración la Carta en el proceso legislativo

• Velar por que los Estados miembros respeten la Carta al aplicar el Dº de la UE. La Comisión se compromete a presentar informe anual con los siguientes dos objetivos:

1. realizar un balance transparente, coherente y con continuidad en relación con la implementación de la efectividad de la Carta.

2. permitir un intercambio anual de opiniones con el Parlamento Europeo y el Consejo.

• La adhesión de la Unión Europea al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales

El art 6 del Tratado de la UE, reformado por el T de Lisboa, contempló la previsión de la adhesión de la UE al Convenio Europeo para la Protección de los DDHH y de las LLFF. No es una "facultad de la Unión" sino un mandato del propio Tratado.

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Tal previsión se completó con la aprobación del Protocolo nº 6 anexo al TL que establece que se preserven las características específicas de la UE y del Dº de la Unión, y en particular:

• Las modalidades específicas de la posible participación de la UE en las instancias de control del Convenio Europeo.

• Los mecanismos necesarios para garantizar que los recursos interpuestos por terceros Estados y los recursos individuales se presenten correctamente contra los Estados miembros, contra la Unión, o contra ambos, según el caso.

Además, debe garantizar que no afecte a las competencias del UE ni a las atribuciones de sus instituciones.

El art 3 del Protocolo establece que ninguna disposición del acuerdo afectará al artículo 344 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

La adhesión de la UE al Convenio Europeo de DDHH, completará el sistema de protección de los DDFF al darle al Tribunal Europeo de DDHH competencias para examinar los actos de la UE.

4. Constitucionalismo multinivel. Derecho de producción externa: derechos en el nivel internacional

• Garantías internacionales de los derechos

En el ámbito internacional, con objeto de asegurar la protección de los derechos y libertades, se han elaborado y suscrito por parte de diversos países tratados, convenios o pactos que recogen los derechos y libertades de las personas y se han creado medios de garantía de los mismos, tanto institucionales como jurisdiccionales. Se hará seguidamente referencia a las organizaciones internacionales más relevantes que se han ocupado de la protección y garantía de los derechos y libertades: la ONU, el Consejo de Europa y la UE.

• La Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Creación de la ONU Tras la 2ª Guerra Mundial, se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con los fines de preservar la paz, la justicia, promover el progreso social y “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas” .

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La Carta de las Naciones Unidas determina asimismo que la Organización promoverá “el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades” .

Elaboración de la Carta de las Naciones Unidas En 1946 la ONU aprobó la creación de la Comisión de Derechos Humanos, cuyo trabajo llevó a la elaboración y aprobación de la Carta Internacional de Derechos humanos, que comprende:

• La Declaración Universal de Derechos humanos.

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos Facultativos.

Asimismo, la ONU ha adoptado otros textos de reconocimiento de derechos específicos o tutela de determinadas categorías de personas, como son:

• La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio,

• La Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer,

• La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,

• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer,

• La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes,

• La Convención sobre los Derechos del Niño.

Nivel de garantías Surge en 1993 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la tutela de los derechos y libertades, ante la ausencia anterior de institución semejante dentro de la ONU, con dependencia directa del Secretario General.

Por otro lado, los diferentes tratados de la ONU (reseñados en el punto anterior) han generado los correspondientes órganos de promoción y tutela de los derechos y libertades, en forma de comités especializados.

Dichos Comités pueden recibir denuncias individuales previa aceptación del Estado de esa concreta competencia, salvo en el caso del Comité contra la Tortura, que posee tal facultad de investigación aún sin reconocimiento de competencia por parte del Estado en cuestión.

Recientemente se han creado los Tribunales Penales Internacionales, en relación con crímenes de guerra (fueron creados sendos tribunales a raíz de los conflictos de Yugoslavia y Ruanda).

La Corte Internacional de Justicia La CIJ con sede en La Haya fue instituida por la Carta de Naciones Unidas como órgano judicial de las Naciones Unidas.

Se compone de 15 miembros entre los cuales no puede haber dos que sean del mismo Estado.

Pueden recurrir a la Corte todos los Estados partes en su Estatuto, que incluye a todos los miembros de las NNUU.

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Solo los Estados pueden ser parte en los casos que se sometan a la Corte pues se configura como una instancia de protección de los derechos a nivel de los Estados miembros.

Bases conforme a las cuales decide sobre las controversias:

• Convenciones internacionales que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes.

• La costumbre internacional aceptada como derecho.

• Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones.

• Las decisiones judiciales y la doctrina de los juristas más competentes.

• Agencias, organismos especializados y otros órganos e instancias de Naciones Unidas

Los 6 órganos principales del organigrama de NNUU: • Asamblea General

• Oficina del Alto Comisionado de las NNUU para los Refugiados

• Fondo de las NNUU para la infancia

• Programa de las NNUU para la Fiscalización Internacional de Drogas

• Programa de las NNUU para el Medio Ambiente.

• Programa de las NNUU para los Asentamientos Humanos

• Fondo de Población de las NNUU

• Programa Mundial de Alimentos

• Consejo de Seguridad

• Consejo Económico y Social

• Consejo de Administración Fiduciaria

• Corte Internacional de Justicia

• Secretaría

Además, cuenta con 15 agencias y organismos de diversa especialización:

• Organismos especializados

• Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

• Organización de Aviación Civil Internacional

• Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

• O Internacional del Trabajo

• OI Marítima

• FMI Juspedia.es 3

• UI de Telecomunicaciones

• ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura

• ONU para el Desarrollo Industrial

• Unión Postal Universal

• Grupo del Banco Mundial

• Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

• Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones

• Corporación Financiera Internacional

• O Multilateral de Garantía de Inversiones

• O Mundial de la Salud

• O Mundial de la Propiedad Intelectual

• O Meteorológica Mundial

• O Mundial de Turismo

• Órganos conexos

• O Internacional de Energía Atómica

• Comisión Preparatoria de la Organizacvión del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares

• Organización para la prohibición de las Armas Químicas

• O Mundial del Comercio

• Secretarías de los Convenios y Convenciones

• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

• Convención de las NNUU de lucha contra la desertificación

• Convención Marco de las NNUU sobre el Cambio Climático

• Fondo Fiduciario de las NNUU

• Fondo de las NNUU para la Democracia

• Fondo de las NNUU para la Colaboración Internacional

• El Consejo de Europa

Creación del Consejo de Europa Tras el Congreso de La Haya de 1948, se crea en 1949 por el Tratado de Londres el Consejo de Europa, formado por Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Francia, Gran Bretaña Dinamarca, Irlanda, Italia, Noruega y Suecia.

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Con sede en Estrasburgo, contó en principio con un Comité de Ministros y una Asamblea. Posteriormente se crearon la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde la aprobación del Protocolo 11º, éste último ha asumido las funciones de garantía de los derechos y libertades.

Hoy el Consejo de Europa cuenta con 46 miembros, manteniendo los fines fundacionales de defensa de la paz, la justicia y la unión de sus miembros para la consecución del progreso económico y social, en torno a la idea del Estado de Derecho y al reconocimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, conocido también como Convenio de Roma, entró en vigor en 1953 (en España, en 1979). Siguieron

varios protocolos adicionales que lo completaron y modificaron, aunque no todos fueron ratificados por todos los Estados, ni todos están hoy vigentes.

• El Protocolo Adicional (vigente) y los Protocolos 1, 4, 6 y 7 ampliaron el catálogo inicial de derechos reconocidos en el Convenio: derecho de propiedad, a la instrucción y a elecciones libres (PA), prohibición de prisión por deudas, libertad de circulación, prohibición de expulsión de los nacionales, así como de expulsión colectiva de los extranjeros (P4), abolición de la pena de muerte (P6), derecho a recibir indemnización en caso de error judicial, derecho a no ser juzgado dos veces por igual causa, igualdad de los cónyuges (P7).

• Protocolo 2: derogado, otorgaba competencia consultiva al TEDH.

• Protocolos 3, 5 y 8: hoy sustituidos por el Protocolo 11.

• Protocolo 9: hoy suprimido por el Protocolo 11.

• Protocolo 10: eliminó el quórum de 2/3 para la decisión por mayoría en el seno del Comité de Ministros sobre existencia o no de violación del Convenio.

• Protocolo 11: creó un Tribunal único que asumió las competencias en materia de derechos y libertades que tenían la Comisión y el propio TEDH.

• Protocolo 12: prohibición general de cualquier tipo de discriminación.

• Protocolo 13: prohibición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, incluso en estado de guerra.

El Convenio de Roma no se limita a reconocer o promover los derechos, sino que los garantiza con una eficacia mayor de la que había sido habitual hasta ese momento. Los derechos reconocidos en el Convenio pueden agruparse en 3 niveles (no estancos):

1. Derechos intangibles e inderogables:

• Derecho a la vida.

• Prohibición de tortura o tratos inhumanos o degradantes.

• Prohibición de la esclavitud y la servidumbre.

• Principio de legalidad penal e irretroactividad de las penas más severas.

• Derecho a la tutela judicial de los derechos.

2. Derechos de carácter general o derechos mínimos:

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• Prohibición de trabajos forzados u obligatorios

• Derecho a la libertad y a la seguridad, a la tutela judicial, a ser juzgado en un plazo razonable, a la limitación de la duración de la prisión preventiva, los derechos de la defensa y el habeas corpus y derecho de reparación en caso de detención ilegal.

• Derecho a contraer matrimonio y fundar una familia.

• Derecho a un recurso efectivo ante instancia nacional previa para tutela de los derechos reconocidos en el Convenio.

• Principio de no discriminación. La igualdad tiene así carácter de derecho conexo.

3. Derechos restringidos, sometidos al margen de apreciación de los Estados (siempre que cualquier restricción a su ejercicio esté regulada legalmente y sea proporcionada):

• Derecho de respeto a la vida familiar y privada, al domicilio y la correspondencia.

• Libertad de pensamiento, conciencia y religión.

• Libertad de expresión, opinión y de recibir o comunicar información, aunque los Estados pueden someter a empresas de telecomunicaciones a una autorización previa.

• Libertar de reunión pacífica y libertad de asociación, derecho a fundar sindicatos y afiliarse a éstos.

La Carta Social Europea En 1961 se firmó en Turín la Carta Social Europea, completada y enmendada por Protocolos Adicionales.

En ella se reconoce el objetivo común de promover y proteger los derechos sociales (trabajo, seguridad e higiene en el mismo, derechos sindicales, a una remuneración justa, a la negociación colectiva, a la formación profesional).

Otros convenios • Convenio para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.

• Convenio Europeo sobre el Estatuto del Trabajador Emigrante.

• Convenio sobre Protección de las Personas por el Tratamiento Informatizado de Datos de Carácter Personal.

• Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales.

• Convenio sobre Biomedicina y Derechos Humanos y Protocolo sobre Prohibición de Clonación Humana.

El sistema de protección: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos El Protocolo nº 11 dio respuesta a los problemas surgidos del aumento de las demandas de protección, así como la necesidad de reforzar la eficacia de la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales contenidos en el Convenio. La reforma que supuso sobre el procedimiento anterior pretendía:

• Simplificar la estructura, creando un Tribunal único y permanente.

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• Reforzar el carácter judicial del sistema, haciéndolo obligatorio.

• Abolir el papel decisivo del Comité de Ministros.

El aumento extraordinario del volumen de trabajo del TEDH a raíz de la entrada en vigor de este Protocolo ha planteado la solicitud de medios suplementarios, así como la necesidad de una nueva

reforma.

Composición y estructura interna

Integran el TEDH un nº de jueces igual al de las Altas Partes Contratantes, que serán elegidos entre juristas de reconocida competencia por la Asamblea Parlamentaria, en razón de cada Alta Parte Contratante, por mayoría absoluta de votos, de una lista de tres candidatos presentada por ésta.

Una vez elegidos (por 6 años), los jueces son independientes y no representan a sus respectivos países.

Son reelegibles y pueden estar en activo hasta los 70 años. Gozan, durante el ejercicio de sus funciones, de los privilegios e inmunidades del art. 40 del Estatuto del Consejo de Europa. No pueden ser detenidos ni perseguidos en los territorios de los Estados miembros por opiniones o votos emitidos en el desempeño de sus funciones. El Tribunal puede actuar en:

• Pleno: reunión de todos sus miembros; elige al Presidente, a uno o dos Vicepresidentes, a los Presidentes de Sala, a uno o varios secretarios y aprueba su reglamento.

• Comités: formados por tres jueces.

• Salas: formadas por 7 jueces.

• Gran Sala: integrada por 17 jueces incluyendo el Presidente, los Vicepresidentes, los Presidentes de Sala y, en cada caso, el Juez elegido en representación de un Estado parte en el litigio.

Funciones

El TEDH entiende de todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del Convenio y sus protocolos de conformidad con los arts. 33 (asuntos entre Estados), 34 (demandas individuales) y 47 (opiniones consultivas) del Convenio.

Pueden acceder al Tribunal los Estados o los nacionales (personas físicas o jurídicas). Tiene funciones consultivas a instancia del Comité de Ministros.

Presentación de la demanda

El Plazo para acudir al Tribunal es de 6 meses a partir de la fecha de resolución interna (dentro del Estado miembro) definitiva.

• No admitirá ninguna demanda a título individual (art. 34) que sea anónima o sea esencialmente la misma que otra ya examinada anteriormente.

• Considerará asimismo inadmisible cualquier demanda individual cuando lo planteado en la misma resulte incompatible con el contenido del Convenio o sus Protocolos o esté manifiestamente infundada o resulte abusiva.

• El Tribunal podrá cancelar una demanda en cualquier momento del procedimiento si se comprueba que el demandante ya no está dispuesto a mantenerla, que el litigio ha sido ya resuelto

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o que por cualquier otro motivo ya no resulta justificado proseguir con el examen de dicha demanda.

Sin embargo, el TEDH deberá continuar con el examen de la demanda si así lo exige el respeto a los derechos humanos garantizado en el Convenio o sus Protocolos.

Tramitación de la demanda

Una vez admitida la demanda, el Tribunal procederá al examen contradictorio con los representantes de las partes implicadas y realizará las indagaciones pertinentes.

Seguidamente promoverá un arreglo amistoso, que respete los términos del Convenio y sus Protocolos. Si se alcanza tal acuerdo, el Tribunal cancelará el asunto mediante resolución, en un procedimiento confidencial.

Si el Tribunal aprecia violación del Convenio o sus Protocolos y el Derecho interno solo puede reparar de modo imperfecto, concederá al demandante una satisfacción equitativa.

La sentencia

Las sentencias fundamentadas de las Salas podrán ser remitidas a la Gran Sala en un plazo de 3 meses.

Un colegio de 5 jueces de entre sus miembros aceptará la demanda de remisión si plantea una cuestión grave de interpretación o aplicación del Convenio o sus Protocolos. La sentencia de la Gran Sala será definitiva.

Las sentencias de las Salas son definitivas si:

• Las partes declaran que no recurrirán a la Gran Sala,

• La remisión a la Gran Sala no se ha producido dentro del plazo de 3 meses,

• El Colegio de la Gran Sala rechaza la demanda de remisión.

Las sentencias deben ser motivadas y públicas, adoptándose por unanimidad o por mayoría, en cuyo caso puede unirse a la sentencia el voto particular del juez discrepante. La sentencia se remite al Comité de Ministros, que vela por su ejecución.

Función consultiva del Tribunal Europeo El Tribunal puede emitir opiniones consultivas a petición del Comité de Ministros sobre cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio o sus Protocolos. La Gran Sala examina las solicitudes de opiniones consultivas, adoptando su informe por mayoría de votos. Cada juez puede formular opinión separada (concordante o disidente), o bien presentar una Declaración de Disconformidad.

5. Los derechos en la Constitución de 1978

• Derechos y libertades: el Título I de la Constitución española de 1978

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