Derecho Constitucional II - Derechos Fundamentales - Apuntes - Universidad Autónoma de Madrid - Parte 1, Apuntes de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
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oceanodefuego8 de julio de 2012

Derecho Constitucional II - Derechos Fundamentales - Apuntes - Universidad Autónoma de Madrid - Parte 1, Apuntes de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

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Apuntes del curso de Derecho Constitucional II sobre los Derechos Fundamentales - Universidad Autónoma de Madrid - Parte 1
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Derecho Constitucional II. Derechos Fundamentales.

Curso 2011-2012

Los derechos fundamentales, las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales, la igualdad, los derechos de la esfera personal, libertad de expresión e información, derecho de reunión, derecho de asociación, derecho de participación política, derecho a la tutela judicial, derechos de ámbito económico y social, garantías de los derechos fundamentales, suspensión de los derechos fundamentales, garantías de los derechos fundamentales (garantías jurisdiccionales).

Índice.

Lección 6. Los derechos fundamentales. 3. Lección 7. Las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales 4. Lección 8. La cláusula general de igualdad 7. Lección 10. Los derechos de la esfera personal 10. Lección 12. Los derechos de libertad. Libertad de expresión e info 18. Lección 13. Los derechos políticos, el derecho de reunión y asociación 22. Lección 14. Derechos de participación política 28. Lección 15. El derecho a la tutela judicial 30. Lección 18. Derechos de ámbito económico y social 36. Lección 19. Las garantías de los derechos fundamentales (I) 40. Lección 20. Las garantías de los derechos fundamentales (II) 45.

Apuntes de Libro

Lección 6 (Tema 1, 2, 3 y 4). Los derechos fundamentales.

1. El título primero de la CE como declaración de derechos.

En las declaraciones de derechos se definen los límites materiales que la dignidad humana impone al poder público, determinando los fines básicos que dicho poder debe perseguir en su acción diaria. Los derechos fundamentales son un elemnento estructural del Estado de Derecho, solo allí se reconocen y garantizan los derechos fundamentales existe Estado de Derecho.

La CE posee en el Título Primero, dedicado a los “derechos y deberes fundamentales”, uno de los pilares básicos de la definición del Estado como “social y democrático de derecho” (art 1 CE). Las funciones que cumplen éstos derechos fundamentales poseen una doble naturaleza:

• Poseen una naturaleza objetiva como elemento que define la estructura política y jurídica del Estado.

• Garantizan un status jurídico o la libertad en un ámbito (al individuo).

4. La eficacia de los derechos fundamentales.

a. Aspectos generales.

1. El art 53.1 ni añade ni quita al principio general del art 9.1 CE, lo único que hace es concretarlo en un terreno especifico, los derechos fundamentales.

2. La naturaleza que los derechos fundamentales poseen de autenticos derechos subjetivos hace que sean plenamente exigibles frente a los poderes públicos. Cualquier persona puede exigir que dicho derecho sea respetado sin necesidad de atender desarrollo legal alguno.

3. Los principios rectores no poseen la naturaleza de derechos subjetivos. El art 53.3 CE señala que “el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capitulo Tercero, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”. Este precepto indica que los principios rectores no son exigibles como derechos subjetivos frente a los podere públicos, aunque ello no obsta para que posean valor como elemento informador del ordenamiento y como mandatos y limites al legislador. Se trata de reconocer la eficacia que por su naturaleza poseen, distinta a la de los derechos sibjetivos.

Dentro de estas consideraciones sobre la eficacia general de los derechos fundamentales, el TC ha diferenciado dentro del contenido de los mismos la existencia de un nucleo irrenunciable “inherente a la dignidad de la persona”, que alcanza “proyección universal” y debe ser protegido no solo en el ámbito interno sino también ad extra, lo que conducirá a que no sea posible dar cumplimiento interno a decisiones judiciales extranjeras o a solicitudes de extradición que no aseguren el respeto de dicho contenido. El mayor problema que plantea esta construcción es la determinación de cual sea ese nucleo básico, para lo cual el Tribunal acude a la idea de “dignidad” del art 10.1 CE y a los tratados internacionales sobre los derechos fundamentales (STC 91/100, caso Paviglianiti).

b. La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares.

Los derechos fundamentales surgen como limite al poder del Estado, como garantía del ámbito de libertad del individuo frente al poder público. Sin embargo los derechos fundamentales pueden ser alterados también por particulares. El art 9.1 CE establece que la CE vincula a “los ciudadanos y a los poderes públicos”. Además, los derechos comprendidos en el Titulo Primero se predican frente a particulares, tales como el derecho al honor del art 18.1 CE, puesto que la mayoría de los atentados contra él dirigidos proceden de particulares y no de los poderes públicos.

Sin embargo, esta vinculación no es igual en ambos casos. EN términos generales se dice que la vinculación de los poderes públicos es directa, mientras que la de los particulares es indirecta. Dicho de otra forma, los derechos fundamentales vinculan a los particulares en la medida en que los poderes públicos han definido el alcance de aquellos. Ocurre lo mismo con la acción de los jueces y tribunales. Cuando estos resuelven controversias entre particulares, no solo deben evitar que su acción, en cuanto poder público, vulnere derechos fundamentales, sino que deben asegurar que estos derechos queden respetados en la relación entre los ciudadanos.

En todo caso ha de tenerse en cuenta que la relación entre particulares introduce peculiaridades en la eficacia de los derechos que no se dan en la relación individuo- poder publico.

Lección 7 (Tema 1, 2, 3 y 4). Las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales.

2. Personas físicas y personas jurídicas.

La titularidad de derechos por parte de las personas jurídicas es un tema controvertido. Dicha titularidad dependerá de que derecho se hable. El TC afirma que “la cuestión de la titularidad de los dchos fundamentales no puede ser resuelta en relación con todos y cada uno de ellos” (STC 19/83, caso diputación Foral de Navarra).

Existen varios tipos de derechos en relación con la titularidad por parte de las personas jurídicas. Po una parte se encuentran aquellos derechos cuya naturaleza excluye per se la posibilidad de que una persona jurídica sea su titular (el derecho a la integridad física). Otros derechos se pueden predicar a las personas jurídicas (inviolabilidad del domicilio, derecho a la igualdad) (STC 139/95), caso LOPESAN c. Ediciones ZETA).

La cuestión de la titularidad se ha llevado también a las personas jurídicas de Derecho Público, sin embargo, la tendencia es considerar como excepción el que las personas jurídico-públicas sean titulares de derechos fundamentales (STC 237/00, caso Intereses de la Junta de Andalucía).

A pesar de todo, el hecho de que ciertos derechos fundamentales puedan ser ejercitados tanto por personas físicas como por personas jurídicas no quiere decir que su ejercicio sea necesariamente idéntico.

3. La mayoría de edad.

El art 12 CE establece la mayoría de edad a los 18 años. Esta mayoría de edad constituye una exigencia para el ejercicio de los derechos, para adquirir la plena capacidad de obrar. Ello no significa que el ordenamiento no pueda permitir el ejercicio de algunos derechos antes de la mayoría de edad (matrimonio antes de los 14 años, art 48 CC). Además, el Codigo Penal no excluye que la ley pueda exigir responsabilidades por hechos delictivos antes de esa edad (art 19 CP). Por otra parte, el ordenamiento, excepcionalmente, puede someter por causa justificada el ejercicio de ciertos derechos, fundamentales o no, a condiciones de edad distintas de la mayoría de edad.

En todo caso, la regla general es que la capacidad de ejercicio de derechos se alcanza con la mayoría de edad, permaneciendo hasta la muerte, salvo que exista una causa suficiente que motive su limitación.

4. La nacionalidad.

La nacionalidad es una cualidad jurídica que determina el elemento personal que integral individuo en el Estado. La CE determina algunos principios de regulación de ésta en el art 11 CE:

• Prohibición de privar de nacionalidad española a los españoles de origen. El Estado ha de reconocer el vinculo que le une con el individuo cualquiera que sean las actitudes que éste pueda sostener. Por otra parte, una persona de forma voluntaria puede renunciar a su nacionalidad, donde el Estado da amplias facilidades para que pueda mantenerse la nacionalidad española ante la adquisición de un nueva (art 24 CC).

• Con esta prohibición, el art 11.3 CE da paso a la institución de la doble nacionalidad. Se puede adquirir una doble nacionalidad con aquellos Estados que “hayan tenido o tengan una particular vinculación con España”.

5. El status constitucional de los extranjeros.

El art 13 CE establece las reglas más generales (dejando la regulación a las LO), añadiendo dos reglas específicas, la extradición (apdo. 3) y el derecho de asilo (apdo. 4), dejando el desarrollo de las normas relativas a extranjería a la legislación ordinaria, en especial en la L.O. 4/00, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

a. La ciudadanía europea.

La ciudadanía de la UE, configura un nuevo status jurídico para todos los nacionales de los países miembros de la Unión. La base de la ciudadanía europea se encuentra en el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad (art 18 TFUE) y comporta la equiparación de todos los ciudadanos comunitarios en amplios terrenos de actividad, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren, y, además el disfrute de ciertos derechos (libertades de circulación y residencia). El grupo de los ciudadanos europeos está sometido a un régimen jurídico singular que, aunque no es absolutamente equiparable al del nacional, lo acerca mucho.

b. Los extranjeros.

El tercer status es el de los extranjeros no comunitarios. Al igual que los extranjeros comunitarios, las reglas básicas se fija en el art 13.1 CE, donde se especifica que “los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título (primero) en los términos que establezcan los tratados y la Ley”, principalmente desarrollados en la L.O. 4/00.

El principio general es que el extranjero, por ser persona, goza de derechos fudamentales y el legislador puede regular su ejercicio por aquél. Según el TC, “el párrafo 1 del art 13 CE no significa que los extranjeros gozarán solo de aquellos derechos y libertades que establezcan los tratados y las Leyes… Significa, sin embargo, que el disfrute por los extranjeros… podrá atemperare en cuanto a su contenido a lo que determinen los tratados internacionales y la Ley interna española” (STC 99/85, caso Bowitz).

La idea es que cualquier persona es tutylar de los derecho fundamentales, auqnue su ejercicio por extranjeros pueda modularse e incluso limitarse (STC 236/2007, caso Ley de extranjería II). Partiendo de estos principios, la jurisprudencia del TC distingue tres tipos de derechos en función de la capacidad estatal de limitar dicho ejercicio:

1. Hay derechos fundamentales que (por su naturaleza, conexión con la esencia de la persona…) son predicables de todo individuo, sea extranjero o nacional (derecho a la vida, tutela judicial efectiva).

2. Aquellos derechos que deben ser configurados entre la ley y los tratados. La nacionalidad del extranjero tiene aquí especial relevancia. Sin embargo, nunca se hará una modificación del derecho tal como para que se haga desaparecer o se cambie por completo. La presencia irregular de un extranjero no implica que éste carezca de derechos, ya que algunos se disfrutan independientemente del status jurídico.

Para los extranjeros que vivan en situación de regularidad, la LO establece distintas situaciones (art 29):

• Estancia: la situación de quién se encuentra en territorio nacional por un breve periodo de tiempo (hasta 90 dias, prorrogables limitadamente) sin voluntad de afincarse y llevando a cabo actividades de carácter no laboral o profesional, o meramente puntuales.

• Residencia: 25 A0 Residencia temporal: permanencia del extranjero en territorio

nacional po un periodo superior a 90 dias e inferior a cinco años. Se exige carecer de antecedentes penales y contar con los medios económicos suficientes para atender los gastos. Se puede acceder a esta situación por el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar (art 31 LO 4/00).

25 A0 Residencia de larga duraión: autoriza a residir en España de

manera indefinida y a trabajar en condiciones de igualdad con los españoles, siendo exigible haber permanecido en situación de residencia temporal durante cinco años, aunque excepcionalmente puede reducirse ese plazo (art 32 LO 4//00).

La LO en sus arts 33-35 establece regímenes especiales (estudiantes, refugiados…). El ejercicio de actividad laboral por cuenta propia o ajena exeige autorización administrativa.

La estancia irregular provocada por la entrada irregular o incumplimiento de las condiciones administrativas impuestas a su estancia puede dar lugar al ejercicio de potestades del Estado tendentes a reparar esa irregularidad, incluida la orden de salida e incluso la expulsión, pero no puede llegar a negarse el disfrute de derechos fundamentales básicos.

Lección 8 (T 5). La cláusula general de igualdad.

La CE contiene en su art 14 una cláusula que establece la igualdad de todos los españoles ante la ley y prohíbe realizar discriminaciones por razones o condiciones personales sociales. Este artículo se encuentra en el Capítulo II, Título I, apartado de especial importancia ya que los artículos en el incluido se consideran como “el núcleo” de los DF.

Según la doctrina del TC, la igualdad está constitucionalmente configurada como derecho de los ciudadanos y como obligación y límite de actuación para los poderes públicos (STC 49/82, caso Metasa). Así pues, el derecho a la igualdad no se puede concebir como ente individual, ya que éste derecho se vulnera en un ámbito concreto. El derecho a la igualdad posee un carácter genérico, en la medida en que se proyecta sobre todas las relaciones jurídicas, en particular en aquellas entre ciudadanos y poderes públicos. Por otra parte, el derecho a la igualdad no es un derecho a ser igual que los demás, sino a ser tratados igual que quienes se encuentran en idéntica situación en cualquier ámbito de las relaciones sociales.

Además la igualdad es también una obligación constitucionalmente impuesta a los poderes públicos. Los poderes públicos no pueden tratar a los ciudadanos de forma arbitraria (sin justificación), de igual forma, no pueden realizar tratamientos diferentes en función de las características personales, han de ofrecer un tratamiento similar a todos cuantos se encuentran en similares condiciones, es así como la igualdad se configura como limite a la actuación de los poderes públicos.

La igualdad se pueden entender como:

1. La igualdad ante la ley. 2. La igualdad en la ley. 3. La igualdad en la aplicación de la ley.

3. La igualdad ante la ley.

El primer efecto del derecho a la igualdad es la igualdad ante la ley. La ley ha de poseer ciertos rasgos que aseguren la igualdad de trato a todos, por ello la ley ha de ser:

• Universal. • General y abstracta: no debe elaborarse para un grupo concreto de ciudadanos,

sino para la generalidad. • Duradera.

Así, el principio de igualdad de la ley supone excluir las leyes particulares con destinatarios concretos.

Por otra parte, la igualdad ante la ley supone un límite a la actuación del legislador en cuanto al alcance de la ley (debe tener alcance universal), aunque puede romperse el principio de generalidad cuando este justificado por los hechos. “(una ley singular) será compatible con el principio de igualdad cuando la singularidad de la situación resulte inmediatamente de os hechos, de manera que el supuesto de la norma venga dado por ellos y solo quepa al legislador establecer las consecuencias jurídicas necesarias para alcanzar el fin que se propone” (STC 166/86, caso Rumasa II).

4. La igualdad en la ley.

a. Igualdad material, igualdad de trato y diferencia razonable.

La ley tiene que tratar a todos los ciudadanos por igual. Sin embargo el art 9.2 CE instituye a los poderes públicos en la obligación de promover las condiciones para que la igualdad sea real.

Surge así una contradicción, por una parte se obliga a los poderes públicos a tratar por igual a todos los ciudadanos, aunque por otra parte, se exige a los poderes públicos que hagan lo necesario para conseguir que quienes están en condiciones de inferioridad puedan situarse en una posición de igualdad real.

La justificación objetiva y razonable, que permite realizar la actuación que disminuya una situación desfavorable es lo que permite calificar a una actuación del legislador como diferenciadora y constitucionalmente justificada o como arbitraria o gratuita y constitucionalmente inadmisible. Hay varios elementos que definen la constitucionalidad de las medidas favorecedoras.

b. Diferenciación y discriminación.

La constitucionalidad de las actuaciones de los poderes públicos que otorguen un trato diferente a los ciudadanos dependerá de que ese trato esté fundado en una base objetiva y razonable, o que carezca de ella. Para que la actuación de los poderes públicos implique tratos diferentes, pero no discriminación, ha de reunir una serie de características:

1. Desigualdad de supuestos de hecho: lo que justifica la diferencia de trato es la existencia de situaciones de hecho que admiten un trato diferente ya que, como ha expresado el TC “no puede darse violación del principio de igualdad entre quienes se hallan en situaciones diferentes” (STC 26/87, caso LRU). En otras palabras, lo que está constitucionalmente vetado es el trato desigual en situaciones idénticas. Esto a su vez exige que quién alega una violación del principio de igualdad debe aportar un tertiumcomparationis (un término de comparación), por el cual ha de proporcionar un término que permite llegar a la conclusión de que ha sido tratado de forma desigual que otros en idéntica situación (STC 14/85, caso Alexander y 2/97, caso Fidalgo).

2. Finalidad constitucionalmente legítima: el objeto de la desigualdad ha de perseguir una finalidad constitucionalmente admisible, en otras palabras, una finalidad que no colisione con el sistema de valores constitucionalmente consagrado ni con cualesquiera otros principios o preceptos constitucionales.

3. Congruencia: ha de ser congruente, debe haber una conexión efectiva entre el trato desigual que se impone, el supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que se persigue.

4. Proporcionalidad: es preciso que la relación entre éstos tres factores esté caracterizada por la proporcionalidad, ya que un trato desigual en condiciones desiguales, que persiga una finalidad constitucionalmente admisible sería contrario al art 14 CE si la consecuencia jurídica prevista fuera desproporcionada.

En conclusión, la clausula de igualdad ante la ley no impide otorgar un trato desigual a diferentes colectivos, siempre que se den las siguientes condiciones:

• Que los ciudadanos se encuentren en situación desigual • Que el trato desigual que se les otorga tenga una finalidad razonable y

constitucionalmente admisible desde los principios constitucionales. • Que el supuesto de hecho (la situación desigual) la finalidad que se persigue y el

trato desigual que se otorga sean coherentes entre sí. • Que esa relación sea proporcionada de forma que la consecuencia jurídica no

guarde una manifiesta desproporción.

c. Las categorías sospechosas de discriminación.

El art 14 de la CE prohibe la discriminación por una serie de causas específicamente mencionadas (la raza, el sexo…) y añade “por cualquier otra condición circunstancial personal o social”. La especifica mención de estas causas no implica “un alista cerrada de supuestos de discriminación” (STC 75/83, caso Interventores del Ayto. de Barcelona).

Así pues, el principio de igualdad impide toda discriminación, pero si el trato discriminatorio tiene su base en una de las causas expresmanete mencionadas en el art 14 CE, el análisis del caso será particularmente riguroso.

d. Acción positiva y discriminación inversa.

Una interpretación literal del principio de igualdad podría tener efectos perniciosos y añadir dificultades a la función promocional del art 9.2 CE. En ocasiones la diferencia de trato se produce conscientemente con la intención de provocar una “discriminación positiva”.

Se pueden distinguir dos formas de trato favorable, la acción positiva y la discriminación inversa. La acción positiva trata de desarrollar a favor de un determinado grupo de acciones públicas que no perjudican a nadie (subvencones, desgravaciones fiscales…). La discriminación inversa trata favorablemente a los integrantes de un grupo o se reserva una cuota determinada a éste grupo con preferencia, a quienes no pertenezcan a él. Es por esto que no puede considerarse “discriminatoria y constitucionalmente prohibida la acción de favorecimiento que aquellos poderes emprendan en beneficio de determinados colectivosmarginados, a fin de que vean suavizada su situación de desigualdad sustancial” (STC 216/91, caso Mujeres aviadoras).

5. La igualdad en la aplicación de la ley.

El principio de igualdad supone un límite para los poderes públicos. Esto es porque son los éstos los que tienen más posibilidades de otorgar a los ciudadanos un trato desigual. La igualdad en la aplicación de la ley afecta tanto a la Administración como a los tribunales.

a. La igualdad y la actuación administrativa.

La eficacia del principio de igualdad se proyecta sobre el poder ejecutivo. La Administración no puede otorgar un trato desigual a quienes se encuentran en situaciones idénticas.

b. El poder judicial y el derecho a la igualdad.

El principio de igualdad se proyecta también sobre la aplicación de la ley. El TC exige dos requisitos para que pueda haber igualdad en la aplicación de la ley, la existencia de un tertium comparationis y que se trate de un mismo órgano judicial. Un ciudadano puede reclamar que se ha vulnerado su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley po parte de un tribunal cuando puede acreditar que el mismo tribunal ha aplicado la misma ley más favorablemente en un supuesto anterior, igual. La resolución contradictoria debe ser anterior a la que se impugna.

En cuanto al segundo requisito, el órgano al que se le imputa la violación del principio de igualdad ha de ser el mismo que dictó la resolución que se invoca como tertium comparationis. Solo es posible alegar violación del principio de igualdad cuando la desigualdad se verifica en un mismo órgano judicial, no siendo admisible la equiparación si las resoluciones emanan de los órganos diferentes.

Sin embargo, según el TC, sobre los órganos judiciclaes “no pesa la exigencia de resolver siempre en los mismos términos sobre supuestos que se pretenden iguales. Lo que implica el principio de igualdad es la necesidad de que la modificación de los precedentes se haga de forma consciente y motivada po parte del órgano judicial. El objeto de la exigencia de fundamentación es asegurar al justiciable frente a la eventual arbitrariedad, susceptible de provocar un trato no igualitario sin motivos razonables.

6. Los particulares y el principio de igualdad.

El principio de igualdad también se proyecta sobre las relaciones entre los particulares, sujetos éstos al art 9.1 CE. En lo que se refiere a sujetos privados, su autonomía está tan solo limitada por la prohibición de incurrir en discriminaciones contrarias al orden público constitucional. Tal cosa quiere decir que el particular solo se ve afectado por las prohibiciones expresamente mencionadas en el art 14 CE (STC 108/89, caso Federación Sindical de Construcción y Madera).

Los particulares disfrutan de la titularidad de los derechos fundamentales y pueden quedar anulados por la eficacia del principio de igualdad, produciéndose así un conflicto entre la libertad y ejercicio de usar los propio derechos y la eficacia del principio de igualdad.

Lección 10 (T 6,7, 8 y 9). Lo derechos de la esfera personal.

2. El derecho a la vida y a la integridad física.

a. La titularidad del derecho y la protección del nasciturus.

El derecho a la vida y a la integridad física está reflejado en el art 15 CE, donde se reconce este derecho a “todos”. Tal forma de redacción se realizó con la intención de proteger al nasciturus. Sin embargo, tan solo el art 30 CC estipula que para los efectos civiles “solo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno”. La interpretación constitucional, al no hablar de nadie en concreto, deja abierto el entendimiento de quienes son los sujetos titulares de éste derecho. El TC en la STC 53/85, caso Despenalización del aborto, declaró que “todos” era equivalente a “todas las personas”, y que en consecuencia, el nasciturus no es sujeto titular del derecho a la vida.

Este criterio tomado por el TC tuvo gran trascendencia social ya que despenalizaba la interrupción del embarazo. Sin embargo, el TC también entendia la importancia de proteger la vida del feto, por lo que también queda incluido en la protección que otorga el art 15 CE, procurando la existencia y aplicación de sanciones penales a aquellos que atenten contra su la vida de éste.

Posteriormente, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (LO 2/2010, de 3 de marzo) ha dado un giro completo al planteamiento de la cuestión. Además se ha reformado el CP, de forma que frente a la despenalización de determinados supuestos, hoy en día la penalización queda para casos de producción de aborto contra de la voluntad de la mujer, o por imprudencia grave por aborto consentido sin cumpir los requisitos marcados por la ley.

b. El final de la vida y los tratamientos médicos.

Dentro del derecho a la vida establecido en el art 15 CE, también se encuentran cuestiones controvertidas en el ámbito de la eutanasia.

El Estado ha de tomar acciones diferenciadas frente a determinados comportamientos, dependiendo de las circunstancias en que se produzcan. No es, por lo tanto, igual, el comportamiento de aquellas personas que desean poner fin a su vida, que el de quienes quieran prestarle auxilio.

Tradicionalmente el DP ha reconocido que aunque no se reconozca el derecho a un individuo a poner fin a su vida, una conducta encaminada a éste objetivo no es sancionable por razones de política criminal. El TC ha considerado que el art 15 CE no puede ser interpretado de forma que el derecho a la vida comprenda el derecho a la muerte (STC 120/90, caso GRAPO I). EN cuanto a los terceros, la obligación constitucional de proteger la vida humana impide al Estado aceptar la cooperación al suicidio, aunque el Estado puede moderar la sanción en función de las circunstancias.

El derecho a la vida no comprende el derecho ponerle fin, pero el derecho a la integridad física y moral si abarca la totalidad de la vida e incluye el derecho a una muerte digna como última fase de la vida humana. El derecho a la integridad física y moral hasta la muerte ha de incluir el derecho a decidir sobre el tratamiento médico, de forma que el sujeto pueda rechazarlo cuando lo estime innecesario por causarle

excesivo sufrimiento, o por alargar artificialmente su propia existencia en condiciones penosas.

El legislador español ha plasmado recientemente estos principios (Ley 41/2002), exigiendo la necesidad del consentimiento informado del paciente para todo tratamiento médico, que ha de ser por escrito para mayor relevancia y reconocimiento el derecho a interrumpir cualquier tratamiento.

Otro supuesto relacionado es el de ciertas religiones que excluyen determinados tratamientos médicos que resultan imprescindibles para lograr salvar la vida. En este caso se trata de la oposición a emplear un concreto tratamiento médico, pese a que ello ponga en riesgo su vida. En este caso, la obligación de proteger la vida humana se impone en supuestos límite por encima de la libre voluntad del individuo, y su libertad ideológica o religiosa (es mentira, YO tenía razón).

c. La prohibición de la tortura y tratos inhumanos y degradantes.

La CE prohíbe de forma taxativa la tortura, esto supone la obligación de los poderes públicos de velar por que reciban un trato acorde con la dignidad humana, todas las personas privadas de libertad.

El TC ha declarado que la tortura es “en su significado jurídico, nociones graduadas de una misma escala que, en todos sus tramos, denotan la causación, seas cuales fueren los fines, de padecimientos físicos o pdíquicos ilícitos e inflingidos de modo vejatorio para quien los sufre u con esa propia intención de vejar y doblehar la voluntad del sujeto paciente” (STC 120/90, caso GRAPO I). Además es preciso que “ acarreen sufrimientos de una especial intensidad o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado, distinto y duperior al que suele llevar aparejada la imposición de condena” (STC 65/86, caso Condena por malversación de caudales públicos). Esta precisión se debe a que las penas previstas en las normas penales, causan dolo y suponen una humillación para el detenido.

d. La pena de muerte.

La CE abole la pena de muerte, con la única excepción de “lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”. Esto implica que la previsión de la pena de muerte para tiempos de guerra por la legislación penal militar es opcional y puede no estar contemplada por la citada legislación (LO 11/95, de Abolición de la Pena de Muerte en Tiempo de Guerra).

En cualquier caso, lo que deba entenderse por “tiempo de guerra” corresponde al legislador. Esta expresión parece que debe entenderse como la existencia de “conflagración militar efectiva”. En definitiva, la expresión “tiempo de guerra”, supone referirla tan solo a la existencia de enfrentamientos armados o de riesgo efectivo de los mismos, como el que puede derivarse de una declaración formal de guerra.

3. Libertad ideológica y libertad religiosa.

a. Libertad ideológica y libertad religiosa: concepto y contenido.

Aunque ambas libertades estén contempladas de forma diferenciada, la CE las reconoce en el art 16, otorgándoles el mismo tratamiento.

La libertad ideológica puede definirse como el dcho a mantener las ideas y convicciones de cualquier tipo sobre la sociedad y la comunidad política. Este carácter personal de la libertad ideológica se ve reflejado en el art 16.2 CE, en el que se establece que una persona no puede ser obligada a declarar sobre la propia ideología, religión o creencias, derecho que hay que entender referido a los poderes públicos como a particulares.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, el conocimiento, por parte de un poder público o un particular, de las creencias de una persona, puede ser necesario. Tal situación se daría si dicha persona pretendiera entrar en un club de opinión. En esta ocasión la prohibición constitucional deberá ceder en una situación en la que el sujeto pretende un “beneficio” para si mismo.

Según el TC, el ejercicio de la libertad de expresión posee un margen más amplio cuando el discurso refleja las concepciones ideológicas del individuo. En este caso no son aplicables mecánicamente los limites previstos en el art 20.4 CE para la libertad de expresión, sino que hay que tener en cuenta que la única limitación constitucional prevista para la libertad ideológica es el mantenimiento del orden público protegido por la ley (art 16.1 CE), por lo que para imponer restricciones es preciso comprobar en que medida el mismo ha sido afectado (SSTC 20/90, caso Mundiales del 82, y 214/91, caso Violeta Friedmann).

b. Libertad de culto y aconfesionalidad del Estado.

Es en el art 16.1 CE donde se establece la libertad religiosa y de culto, otorgándole un status constitucional. La libertad de culto, en cuanta manifestación externa de la libertad religiosa, comprende el derecho a mantener lugares de culto y a practicarlo, tanto dentro de tales recintos como en el exterior, con las limitaciones que la CE establece.

Tal y como establece el art 16.3 CE, “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. No sería posible lo contrario en una sociedad que exige valores de libertad y pluralismo político. Aún así, la CE proclama que los poderes públicos han de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y deben mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Esta obligación se debe a la importancia que la norma suprema considera de interés general la satisfacción de las necesidades religiosas, pese a la existencia de ciudadanos que no participen de dichas creencias. El inciso a la Iglesia Católica ha sido criticado como indicador de parcialidad a una confesión concreta. Dicho inciso incluye una mención expresa a la confesión más arraigada y extendida en nuestro país, aunque esto no suponga admitir una discriminación para las demás confesiones o para los ciudadanos aconfesionales por parte de los poderes públicos. Por ello, las ayudas que el Estado proporcione han de estar moduladas por un criterio proporcional al apoyo respectivo en la población. En este sentido, la mención específica a la Iglesia Católica no es sino un reconocimiento explícito de esta realidad religiosa cuya trascendencia constitucional se limita a que la confesión mayoritaria deberá recibir una especial atención por parte de los poderes públicos.

Una de las formas de cooperación con las confesiones por parte del Estado es la contribución al sistema de financiación de las confesiones religiosas. El mal llamado “impuesto religioso” consiste en la posibilidad de que el contribuyente asigne un

porcentaje fijo de su contribución por el impuesto sobre la renta, a una determinada confesión religiosa. Ello exige un acto voluntario, de forma que dicha decisión sea un acto plenamente voluntario de forma que el que no desee efectuar tal contribución pueda no hacerlo. Estas cuestiones han sido recogidas en la LO 7/80 de Libertad Religiosa. Asimismo la ley crea un registro público con cuya inscripción las diversas iglesias adquieren personalidad jurídica.

La ley define el contenido de la libertad religiosa granatizada por la CE como el derecho a profesar las creencias religiosas libremente elegidas o a no profesar ninguna, a practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión, a recibir e impartir enseñanza e información religiosa y a asociarse y a reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos. Sin embargo el legislador ha establecido que quedan fuera del ámbito de protección de la ley “las actividades, finalidades y entidades relacionadas on el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas y otros fines análogos ajenos a los religiosos” (art 3.2 de la LO de Libertad Religiosa). Aunque todas estas actividades quedarían amparados por la libertad de ideología y la libertad de expresión, su no inclusión en la libertad religiosa es importante ya que las deja fuera de la actuación positiva de ayuda y cooperación que el art 16.3 CE impone al Estado en relación con las diversas confesiones religiosas.

c. Límites de las libertades de ideología y religión.

El art 16.1 CE establece que la libertad ideología y religión no tendrán más limitación “en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Esta noción de orden público ha de ser entendido en un sentido jurídico amplio. Comprendería la salvaguardia de la seguridad, la salud y la moralidad pública, “(elementos) constitutivos del orden público protegido por la ley en el ámbito de una sociedad democrática”. Dicho precepto legal también califica como límite del ejercicio de la libertad religiosa la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales.

En relación con la libertad religiosa, y sin todavia solución legal, es el uso público de prendas o símbolos religiosos. Un principio favorable a la libertad individual y religiosa parece aconsejar una actitud de respeto a rales opciones, siempre que no sean agresivas o irrespetuosas. Deben ponderarse otros factores como el ámbito o recinto público del que se trate, siendo especialmente sensibles las instituciones educativas, donde las exigencias disciplinarias y el carácter formativo pueden requerir un mayor rigor, que no es incompatible con permitir las manifestaciones de las opciones confesionales que sean respetuosas con los restantes intereses concurrentes.

4. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

a. Contenido y titularidad de los derechos.

El art 18 de la CE recoge una serie de derechos que tienen una clara unidad, al tratar sobre la protección del ámbito privado. Son derechos vinculados a la propia personalidad, derivados de la dignidad de la persona reconocida en el art 10 CE (STC 231/88, caso Pantoja-Paquirri).

Los derechos reconocidos en el art 18.1 CE tienen una doble mención constitucional, la del art 18.1 y la del 20.4 CE, en cuanto a límites de los derechos a la libertad de

expresión e información. Estos dos últimos colisionan frecuentemente y por lo tanto hay una amplia jurisprudencia sobre la materia.

El honor, en tanto que aprecio y estima que una persona recibe en la sociedad en la que vive es un derecho fundamental que afecta íntimamente a la dignidad de la persona. La intimidad personal y familiar puede considerarse como el reducto más privado de la vida del individuo, aquellos extremos más personales de su propia vida y de su entorno familiar, cuyo conocimiento está restringido a los integrantes de la unidad familiar. Finalmente el derecho a la propia imagen, como medio de garantizar la capacidad del individuo de controlar la difusión de un elemento tan personal como la propia efigie, de forma que no pueda emplearse ésta con o sin finalidad de lucro sin su propio consentimiento.

Este derecho lo ostentan todas las personas físicas, sean o no nacionales. Sin embargo es discutible si este grupo de derechos se aplican también a las personas jurídicas. Según la jurisprudencia esta sería la correspondencia entre derechos y tipo de persona:

Derecho ¿Incluye a las personas jurídicas? ¿Jurisprudencia?

Derecho a la intimidad Solo a las personas físicas (STC 137/85, caso Derivados de Hojalata, S.A.)

Derecho al honor Pese a que su contenido sea básicamente personalista, las personas jurídicas también quedan protegidas por éste derecho (STC 139/95, caso Honor de personas jurídicas).

Aunque el TC halla subrayado el carácter personalísimo de éstos derechos, el legislador puede ampliarlo, tal y como ocurre en la ley 1/82, de 5 de mayo, que otorga acción indemnizatoria por intromisiones ilegítimas a los familiares del fallecido, e incluso, al Ministerio Fiscal. Según el TC tal protección post mortem ocurre “fuera del área de protección de los derechos fundamentales que se encomienda al TC mediante el recurso de amparo”.

b. Variabilidad de su ámbito de protección.

Hay una gran variabilidad en la protección de estos derechos, dependiendo de la titularidad, sino también de otros factores que pueden hacer que la publicidad sobre ciertos actos no puede considerarse atentatoria contra la intimidad.

Un supuesto específico es el de quien ejerce cargos públicos, al igual que el de determinados profesionales que se dedican a actividades desarrolladas ante el público y que pueden llegar a gozar de gran popularidad. Ello no quiere decir que estas personas queden sin protección de los derechos fundamentales reconocidos en el art 18.1 CE pero si que el margen de atención que han de soportar es mayor que el de los restantes ciudadanos. No se podría considerar una intromisión ilegítima a la intimidad, la reproducción de circunstancias personales narradas por él mismo en otras ocasiones.

5. Inviolabilidad del domicilio.

a. Fundamento y titularidad del derecho.

El fundamento de la inviolabilidad del domicilio está recogido en el art 18 CE. En consecuencia, los sujetos titulares de éste derecho son primordialmente las personas físicas, aunque también puede llegar a serlo las personas jurídicas (STC 137/85, caso Derivados de Hojalata, S.A.).

La garantía de inviolabilidad del domicilio consiste en la imposibilidad de entrada o registro del mismo salvo en los supuestos tasados por la propia CE. Dicha prohibición afecta tanto a los poderes públicos como a los particulares, aunque el objetivo primordial es evitar la entrada de agentes del Estado.

Una de las principales manifestaciones de ésta garantía constitucional es la invalidez de las pruebas obtenidas con vulneración de las mismas.

Sin embargo, tanto la inviolabilidad del domicilio como el secreto de las comunicaciones son garantías que, según el art 55.1 CE, pueden ser suspendidas en caso de declaración del estado de excepción o de sitio, en los término previstos por la ley reguladora de dichos estados especiales (LO 4/1981, de 1 de junio). Asimismo, ambos derechos pueden ser suspendidos en los términos previos mediante ley orgánica, a título individual y con la necesaria intervención judicial el adecuado control parlamentario, en relación cn las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas (art 55.2 CE). Dicha previsión constitucional está desarrollada por el legislador en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

b. Noción constitucional de domicilio.

La noción constitucional de domicilio tiene perfiles propios que la hacen diferente d ela noción de domicilio en los demás campos del derecho. Este se puede definir como “aquel espacio físico cuyo uso y disfrute correspondiente al individuo y en el cual éste desarrolla habitualmente su vida privada”.

Así pues, ámbito físico y vida privada son las que determinan el alcance del derecho que se restringe en aquellos espacios habitables en los que el individuo desarrolla su actividad personal sin injerencias ajenas. Por otra parte, determinados espacios pueden quedar protegidos por el derecho a la intimidad pero no por el de inviolabilidad del domicilio. El domicilio ha de ser un espacio utilizable por la persona como residencia, aunque hay que tener en cuenta habitáculos cuya finalidad es ésta. Deben incluirse en esta consideración las residencias ocasionales como habitaciones de hoteles (STC 10/02, caso Art. 557 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

c. Supuestos de entrada legítima en el domicilio.

En la CE se contemplan tres supuestos de entrada legítima en el domicilio:

• El consentimiento del titular: el supuesto menos conflictivo. Bata la autorización de uno de los titulares para permitir la entrada en el domicilio común, aunque se plantea el problema de la pluralidad de titulares. Sin embargo el TC ha matizado que un cotitular no podría autoizar una entrada legítima en el domicilio común en perjuicio del otro si se encuentra “en determinadas situaciones de contraposición de intereses” (STC 22/2003, caso Registro autorizado por esposa de acusado).

• El delito flagrante: solo ante una evidencia delictiva que requiera una intervención policial urgente es posible entrar en un domicilio sin autorización

ni del titular ni judicial (LO 1/92, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana).

Hay que entender que no se encuentra impedida por la CE la entrada en domicilios particulares sin autorización de los titulares en casos de estados de necesidad o fuerza mayor, así como en caso de auxilio inmediato.

• Resolución judicial que la autorice: la autorización judicial contepla los supuestos de investigación criminal en los que es preciso el registro del domicilio o la detención de personas que se encuentren dentro del mismo. La autorización judicial ha de ser motivada y no de forma genérica, sino específica y concreta. Ha de precisar el delito del que existen indicios o la justificación de la medida de entrada y registro mediante una estricta ponderación de su idoneidad y necesidad. En otras palabras, con una adecuada valoración del principio de proporcionalidad (STC 126/95, caso Registro por tráfico de drogas).

Para la ejecución de resoluciones judiciales que impliquen la entrada en un domicilio, no es preciso control judicial, ya que corresponde al órgano judicial responsable de la ejecución, poner en curso la misma (STC 160/91, caso Riaño).

d. Nuevos contenidos.

Por influencia del TEDH, el TC ha incorporado a la garantía domiciliar nuevo contenido. Según el TC, la existencia de un ruido molesto de una especial intensidad que perturbe gravemente la vida familiar en el propio domicilio constituye una violación del art 8 del Convenio Europeo de 1950, tanto respecto al derecho a la vida privada como al derecho al domicilio (STC, caso López Ostra y caso Guerra y otros).

Se abre así una perspectiva nueva en la consideración del derecho a la inviolabilidad del domicilio que pasaría a ser, no ya solamente la protección formal de un ámbito vedado a los demás, sino una garantía material de disfruta de una determinada calidad de vida.

6. El secreto de las comunicaciones.

El secreto de las comunicaciones constituye una garantía más de la vida privada, para evitar las injerencias del poder público. El secreto de las comunicaciones se configura como una garantía formal, protege la reserva o privacidad de la comunicación sea cual sea el contenido de la misma (STC 114/84, caso Poveda Navarro contra el diario “Información”). Así, aunque una conversación sea intrascendente y no se exteriorice ningún dato que afecte a la vida privada de quienes hablan, la captación de dicha conversación constituiría una vulneración del secreto de las comunicaciones. Según el TC el secreto de las comunicaciones no afecta a los partícipes en la comunicación, sino solo a los terceros ajenos a ella. Los partícipes podrían quedar afectados directamente, en su caso, por el respeto a la vida privada e intimidad de su interlocutor, pero eso ya sí que dependerá del contenido concreto de la comunicación. Podrán tener obligación de no divulgar datos obtenidos en una comunicación por el carácter íntimo de ésta, no como consecuencia del secreto de las comunicaciones (STC 114/84 ya citada).

El derecho al secreto de las comunicaciones puede ser levantado mediante resolución judicial. El fundamento es el de permitir una adecuada investigación de los delitos

aunque siempre bajo un estricto control judicial. AL igual que en el derecho a la inviolabilidad del domicilio, en el derecho al secreto de las comunicaciones los requisitos para poder “interrumpirlo” sin las mismas.

Además se aplica al secreto de las comunicaciones tanto las consecuencias invalidantes de las pruebas obtenidas con vulneración de este derecho, como las previsiones constitucionales del art 55.1 CE en relación con la declaración de los estados de excepción y de sitio del art 55.2 CE en relación con la investigación de actividades terroristas.

La protección del secreto de las comunicaciones se puede obtener tanto por la vía civil como por la via penal. La protección civil se encuentra desarrollada por la LO 1/82, de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Penalmente el secreto de las comunicaciones está protegido por diversos tipos delictivos que comprenden las actuales formas de comunicación.

8. La libertad de residencia y desplazamiento.

a. Concepto y titularidad.

El art 19 de la CE reconoce a los españoles el derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional, así como el de entrar y salir libremente de España. La expresa referencia constitucional a “los españoles” supone que los extranjeros disfrutan de los citados derechos en la forma en que les sean reconocidos por os tratados y las leyes (según la doctrina del TC). La regulación de estos derechos para los extranjeros se encuentra recogida en la Ley de Extranjería.

El art 139 CE prohíbe la adopción por cualquier autoridad de medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

*Los nacionales de los países de la UE tienen un status especial como consecuencia de la libertad de circulación y residencia en el ámbito territorial comunitario reconocida a todos sus ciudadanos por el TUE.

b. Garantías y límites.

En la regulación constitucional puede advertirse una graduación de la intensidad de protección entre los derechos de residencia y desplazamiento y el de entrada y salida del territorio nacional.

Así, el derecho de residencia encuentra una libertad plena para los españoles (excluyendo las normas de naturaleza penal), aunque puede ser afectado por razones de salubridad, seguridad… Restricciones que, para ser constitucionalmente legítimas, han de proceder del ejercicio por parte de los órganos administrativos o judiciales competentes de potestades previstas por la ley.

En el caso del derecho de desplazamiento y entrada y salida del territorio nacional, el Estado no tiene capacidad para poder restringirlo, salvo en el caso de los estados de excepción o sitio.

La fijación de la residencia en una localidad puede originar determinadas obligaciones, pero la elección es plenamente libre por cada ciudadano, y el TC ha descartado que pueda ser contrario a la libertad de residencia o movimiento.

La propia CE marca un límite absoluto al excluir que el legislador pueda restringir el derecho a entrar y salir libremente de España por motivos políticos o ideológicos. Una hipotética restricción a éste derecho debe fundarse en razones que normalmente serán de seguridad, económicas… En todo caso deben ser medidas de carácter general, no intuitu personae.

Lección 12 (T 10). Los derechos de libertad (II). Libertades de expresión e información.

1. El art 20 de la CE. Naturaleza de la libertad de expresión.

El art 20 CE tiene por objeto el reconocimiento y protección de la libertad de expresión. En su primer apartado se reconoce el derecho a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. En el resto de apartados se definen estas libertades, dando así una mayor protección constitucional. Son cuatro las diferentes manifestaciones de libertad de expresión reconocidas de forma autónoma por la CE:

1. La libertad de expresión en sentido estricto (apartado 1.a). 2. La liberad de creación literaria, artística, científica y técnica (ap 1.b). 3. La libertad de cátedra o derecho a la libre expresión de los docentes (ap 1.c). 4. La libertad de información, o derecho a transmitir y recibir libremente

información veraz (ap 1.d).

Los derechos que integran la libertad de expresión son de vital importancia, tal y como ha expresado la jurisprudencia constitucional al señalar “(son importantes) para el mantenimiento de una comunicación publica libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la CE consagra, reducidas a formas hueras (¿?) las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el art 12 CE y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política” (STC 6/81, caso Medios de Comunicación Social del Estado I). Además, sin comunicación pública libre “no hay sociedad libre, ni por tanto soberanía popular”. Esta relevancia le otorga un carácter preferencial entre los diversos derechos reconocidos en nuestra carta constitucional, de forma semejante a lo declarado por otras jurisprudencias constitucionales.

2. La libertad de expresión en sentido estricto: art 20.1 a) de la CE.

a. La libre expresión o difusión de opiniones.

La libertad de expresión ampara cualquier expresión o difusión de ideas u opiniones. Ello significa que se protege tanto la actividad única e irrepetible de comunicación, como la “difusión” de un “hecho expresivo” mediante cualquier técnica de reproducción.

La actividad de expresar o difundir ideas u opiniones ha de ser libre, lo que supone que no ha de haber restricciones previas por parte del Estado, ni por parte de sujetos

privados. Cualquier restricción previa proveniente de entidades de carácter público constituiría una modalidad de censura proxcrita por el art 20.3 CE. Sin embargo queda abierto hasta que punto y de que manera puede una autoridad judicial interferir una actividad de comunicación de algún sujeto en el marco de un procedimiento judicial. Está todavía por regular, con excepción del secreto sumarial que solo afecta a las partes y letrados de un proceso y que sin duda incide sobre la libertad de expresión de dichos sujetos.

En cuanto a restricciones procedentes de particulares, quedan igualmente excluidas por el art 20.1 a), salvo que constituyan supuestos de legítimo ejercicio de otros derechos, comprendidos en la enumeración del art 20.4 CE.

3. La libertad de información: art 20.1 d) de la CE.

El art 20 CE ha formulado como derecho autónomo dentro de la libertad de expresión el derecho a “comunicar a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. El TC ha subrayado en diversas sentencias tanto su pertenencia al ámbito de la libertad de expresión (STC 6/81, caso Medios de Comunicación Social del Estado I), como su autonomía respecto a la misma (STC, caso Vinader). Ambas posiciones no son contradictorias, pues la libertad de información comprende un conjunto de derechos englobados en la libertad de expresión que cuentan con un perfil propio.

La libertad de información se integra de dos derechos, el derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión y el derecho reciproco a recibir dicha información en iguales condiciones.

a. Sujetos titulares.

Corresponde a todos los ciudadanos, pero ha de reconocerse que hay una categoría de ciudadanos que de facto ejercen más frecuentemente el derecho a comunicar información, ya que esta es su profesión. Los medios de comunicación cumplen una función informativa de intermediarios naturales entre la noticia y los ciudadanos, que es básica para el mantenimiento de una comunicación publica libre. Esta razón justifica la preferencia en el ejercicio del derecho a informar que el TC les ha reconocido y que explica su prioridad en determinadas ocasiones (entrada en recintos oficiales…). A ello hay que añadir que con frecuencia la relevancia institucional de los medios de comunicación se refuerza por la presencia de otros principios constitucionales, como el de la publicidad de los juicios (art 120 CE) o en general, el de la publicidad de la actuación de los poderes públicos derivado del principio democrático.

b. La búsqueda y obtención de información.

Frente a la libertad de información la posición de los demás sujetos es bien distinta según sean particulares o poderes públicos. Los particulares no tienen en general obligación alguna de proporcionar información a nadie, excepto en cumplimiento de una obligación legal. Además pueden oponer, frente a la indagación ajena, sus propios derechos reconocidos en el art 18 CE, el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, derechos que el propio art 20.4 CE los menciona como limites básicos a la libertad de expresión y a la libertad de información. Esto hace que la protección constitucional a la búsqueda y obtención de información se proyecte básicamente frente a los poderes públicos. El derecho de los ciudadanos a la obtención de la información se complementa con el principio general de publicidad de

la acción del Estado. Sin embargo, ello no impide que haya excepciones y que por tanto también frente a los poderes públicos el derecho a obtener la información encuentra límites que tienen en ocasiones un fundamento constitucional expreso (art 105.b, último inciso o 120.1, último inciso).

c. El objeto de la libertad de información.

Existe una diferencia respecto a lo que puedan constituir simples opiniones. El contenido de la libertad de información es más reducido que el de la libertad de expresión y se proyecta básicamente sobre la información de hechos. El TC ha insistido sobre la posibilidad de distinguir entre libertad de expresión sensu stricto, encaminada a la transmisión de opiniones, y libertad de información destinada a la información sobre hechos, al menos en cuanto al sentido predominante de una obra cualquiera, para poder así aplicar las garantías específicas de uno y otro derecho.

d. La veracidad de la información.

Con la libertad de información la CE reconoce el derecho a comunicar libremente información “veraz”. Por veracidad de una información ha de entenderse la correspondencia de los hechos y circunstancias descritos con la realidad al menos con sus elementos esenciales. Sin embargo, tal y como ha señalado el TC, no puede pretenderse que esa correspondencia sea total, pues ellos convertiría la garantía constitucional de la libertad de información en algo puramente teórico. El TC ha determinado que una información es veraz cuando ha sido suficientemente contrastada antes de su divulgación, aunque luego pueda contener errores o inexactitudes.

Las consecuencias de la falta de veracidad en una información consiste en la pérdida de la protección constitucional del art 20.1 d) CE, para el responsable de la información. Así pues la veracidad en la información es una condición inexcusable para que tengan plena eficacia las garantías constitucionales del derecho fundamental a informar libremente.

El derecho al honor de las personas es el bien jurídico que más puede sufrir con la falsedad de una información, aunque no el único puesto que también puede resultar dañados otros intereses y bienes personales o materiales. En este sentido, la legislación protectora del honor personal y familiar, tanto civil como penal, representa el límite a partir del cual decae la protección constitucional de la libertad de expresión.

En relación con la veracidad de información, el ordenamiento pone a disposición de quien resulte afectado por una noticia que considera inexacta el derecho de rectificación. Sin embargo, se configura más como una vía de protección del honor que de la veracidad de la información.

9. Límites de los derechos fundamentales del art 20 de la CE.

La CE especifica que límites puede establecer el legilador frente a aquellos derechos pues hay que entender que el art 20.4 CE efectua una enumeración exhaustiva de cuales son tales limites. El apartado 4 establece que “estas libertades tiene su limite en erl respeto a los derechos reconocidos en éste titulo, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propa imagen y a la protección de la juventud y a la infancia”.

Los limites a la libertad de expresión enunciados en el art 20.4 CE pueden agruparse en trs apartados:

1. Los derechos reconocidos en el Titulo I, entre los cuales el propio precepto 20.4 menciona “especialmente” el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Son los derechos recogidos en el art 18.1 de la CE, los más susceptibles de sufrir los excesos de la libre expresión. Será la ponderación judicial la que a partir de la regulación constitucional y legal de los derechos en conflicto y de las circunstancias materiales del caso concreto, determinará que derecho deberá prevalecer y en que medida.

2. El limite que impone el art 20.4 CE a la libertad de expresión es la “protección de la juventud y la infancia”. La CE enuncia un objetivo, la protección de los derechos reconocidos en los arts 10.1, 27, 39 y 48 CE.

3. El aspecto que presenta más problemas es la mención a los limites contenidos en “los preceptos de las leyes que lo desarrollen”. El ejercicio de la libertad de expresión debe ajustarse a los límites establecidos en las leyes de desarrollo del Titulo I de la CE. A su vez, cualquier limite ha de ser consecuencia directa o indirecta de la protección que pueda otorgar el legislador a derechos o principios garantizados en el citado Titulo, lo que constituye una garantía adicional a las restantes reservas de ley existentes (arts 81.1 y 53.1 CE). El TC ha establecido que “la ley puede fijar limites siempre que su contenido respete el contenido esencial de los derechos y libertades a que se refiere el art 20 CE”.

Lección 13 (T 11). Los derechos políticos: el derecho de reunión; el derecho de asociación.

2. El derecho de reunión.

a. Concepto. El más elemental de los derechos políticos es el de reunión. El derecho de reunión tiene tres caracteres báscios que han sido reiterados en la jurisprudencia constitucional:

• La previa concertación que la diferencia de las meras agregaciones espontaneas y que lleva aparejado un elemento subjetivo de conocimiento de la reunión y la finalidad que ésta persigue, así como de consciente voluntariedad de la asistencia.

• La temporalidad, distingue la reunión tanto de la coincidencia momentánea con otros cuanto del vinculo de pertenencia mas estable y prolongado que es típico de una asociación. Según el TC la asociación consiste en “una asociación transitoria”

• La finalidad perseguida por la reunión sin la cual carecería de sentido. Debe tratarse de una finalidad licita. Debe tratarse de “una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas y reivindicaciones” (STC 284/2005).

Hay que tener en cuenta el carácter publico o privado de las reuniones, no porque las reuniones privadas estén excluidas del ámbito del art 21 CE, sino porque en las reuniones en domicilios particulares o reuniones familiares o de amistad en locales

públicos “se podrá ejercer el derecho de reunión sin sujeción a las prescripciones de la presente LO”.

La titularidad corresponde a las personas físicas nacionales y extranjeras. Puede ser ejercido por personas jurídicas a quienes la LO 9/1983 (art 4) reconoce como posibles “organizadoras o promotoras” de manifestaciones y reuniones.

b. Reuniones en locales cerrados y en lugares de tránstio público.

El ejercicio del derecho de reunión depende de la localización de las reuniones. De acuerdo con el art 21 CE, el ejercicio del derecho de reunión “se reconoce” con el único condicionante de que la reunión sea pacifica y sin armas. Es el único requisito que se plantea en eclaves cerrads a transito público.

Sin embargo la CE tiene en cuenta la mayor conflictividad del ejercicio de este derecho cuando las reuniones pretenden celebrarse en lugares de transito publico. En tales casos éste derecho puede perturbar la actividad y derechos de terceros. En previsión de esta situación el art 21.2 CE establece que las reuniones en lugares de transtio publico exigirá comunicación previa a la autoridad. El plazo se establece en beneficio de los solicitantes. La LO 9/83 disea un mecanismo especialmente acelerado de control judicial de las decisiones gubernamentativas en esta materia, lo que permite que en nueve días se produzca la resolución judicial, notificándose con al menos diez días a los organizadores. Por otra parte es preciso mencionar que la ley prevé que en caso de urgencia la comuncacion a la autoridad podrá realizarse con solo 24 horas de antelación.

c. Límites.

El art 21 CE establece la prohibición de las manifestaciones “cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes”. También se tienen en cuenta otras motivaciones como la eguridad nacional, la protección de la salud y los derechos y libertades ajenos. En consecuencia el TC solo ha justificado la prohibición de las manifestaciones si hay una colision particularmente grave con la libertad de circulación, como ocurre cuando se obstruyen totalmente vías de circulación, de modo que prolongadamente se impida el acceso a determinadas zonas por inexistencia de vías alternativas.

En todo caso, todas las reuniones han de ser pacificas y sin armas y no pueden tener como finalidad cometer actos delictivos. Los parámetros para juzgar la partinencia de disolver una reunión son:

• Cuando se trate de reuniones ilícitas de conformidad con las leyes penales. • Cuando se produzcan alteraciones de orden publico. • Cuando se haga uso de uniformes paramilitares.

En todo caso, la LO no señala sanciones para los supuestos más comunes, ni siquiera por falta de notificación o desviación con respecto a lo notificado. Por ultimo, la especial condición de neutralidad política de algunos colctivos funcionariales la ley impone a sus miembros restricciones en el ejercicio del derecho de reunión. Ocurre con los jueces y magistrados, fiscales y miembros de las FAES, auqneu estos limites quedan sin efecto cuando esas personas participan en reuniones en tanto que simples ciudadanos.

3. El derecho de asociación.

a. Concepto.

El derecho de asociación consiste en la libre disponibilidad de los ciudadanos para constituir formalmente agrupaciones permanentes encaminadas a la consecución de todo tipo de fines licitos. La asociación se distingue de l mera reunión en tanto que esta es de duración mas prolongada, asi como que la asociación supone un grado mayor de formalidad y requiere acuerdo expreso para constituirla. La CE reconoce la titularidad de todas las personas.

La LO 1/2002 ha llegado incluso a reconocer el derecho de asociación de las entidades públicas, aunque no como derecho fundamental, sino como derecho de creación legal. Los entes públicos pueden asociarse entre si, aunque este aspecto no deja de plantear interrogantes, tanto por la posible perdida de neutralidad de una Adminsitración, como por la amenaza de independencia de las asociaciones que estén participadas por la Adminsitración. El propio legislador ha establecido ciertas restricciones en el art 2.6 de la LO 1/2002.

b. Libertad positiva y negativa.

El derecho de asociación tiene dos facetas:

• Positiva: la libertad de constuir asociaciones sin que los poderes públicos puedan impedirlo, asi como que pueda desarrollar libremente sus actividades

• Negativa: el reconocimiento del derecho de asociación implica la exclusión de cualquier forma de obligatoriedad de adhesión a una asociación determinada, en la medida en que una asociación coactiva no seria una verdadera asociación. En este sentido el TC ha ido aceptando una línea que acepte la base asociativa obligatoria de entes corporativos en tanto que una excepción se encuentra en la Adminsitración cuando se persiguen fines de interés público.

c. La inscripción en el registro y la adquisición de personalidad jurídica de las asociaciones.

La CE reconoce el derecho de asociación en términos genéricos con la única obligación de inscribirse en el Registro “a los solos efectos de publicidad (art 22.3 CE). Esta regulación parece claramente guiada por el objetivo de evitar que, como sucedió durante la época franquista, la regulación legal establezca tales condicionantes que priven de eficacia real al derecho de asociación. De ahí que el reconocimiento cosntitucional del derecho sea pleno e inmediato, que las asociaciones se constituyan directamente “al amparo de este artículo” y que la inscripción registral lo sea “a los solo efectos de publicidad”.

Los principales problemas jurídicos relativos a las asociaciones vienen planteados por el hecho de que las mismas, en mayor o menor medida, tienen relaciones con terceros, de resultas de las cuales pueden surgir derechos y obligaciones. De ahí que resulte conveniente un cierto grado de formalización jurídica de la asociación, en definitiva, que toda asociación tenga personalidad jurídica.

LECCIÓN 13. LOS DERECHOS POLÍTICOS: EL DERECHO DE REUNIÓN, EL DERECHO DE ASOCIACIÓN.

4. LÍMITES DE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN.

La Constitución prohíbe jueces, magistrados y fiscales pertenecer a partidos políticos y sindicatos.También están sometidos a ciertas restricciones en este aspecto las Fuerzas Armadas. Existen determinadas asociaciones que la propia norma constitucional prohíbe o declara ilegales.

a) Asociaciones prohibidas. a.1) Asociaciones de carácter paramilitar. Son paramilitares las asociaciones que adoptan las estructuras organizativas, los comportamientos o los signos externos que caracterizan a las organizaciones militares. a.2) Asociaciones secretas. Habrá que considerar secretas a aquellas asociaciones que quieren serlo, esto es, las que premeditadamente acuerden mantener en secreto su propia existencia, sus fines y la identidad de sus miembros.

b) Asociaciones ilegales. La Constitución declara ilegales a las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. La Constitución remite al Código Penal, (art. 515), para definir las asociaciones ilegales. Se incluyen las bandas armadas, las organizaciones terroristas y también las organizaciones de carácter paramilitar, (de modo que éstas, a diferencia de las asociaciones secretas, están sancionadas penalmente). Lo complicado surge cuando hay que demostrar que es la asociación como tal la que persigue y emplea medios ilícitos, no uno o varios de sus miembros a título personal. Debe ser la asociación, y no algunos de sus miembros, la que persiga fines o utilice medios delictivos.

c) La exigencia de democracia interna. El legislador ha introducido un límite adicional, exigible con carácter general a todas las asociaciones que consiste en la exigencia de que todas las asociaciones tengan una organización interna y un funcionamiento democráticos. Viene derivado de la exigencia impuesta también a los partidos políticos, los sindicatos, los colegios y las organizaciones profesionales. Este planteamiento legal impone una determinada relación entre el asociado y el ente asociativo y tal relación no es de sometimiento sino de participación.

5. GARANTÍAS JURISDICCIONALES DE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN.

Una característica básica del régimen jurídico establecido en el art. 22 CE consiste en la reserva al Poder Judicial de toda facultad relativa a la suspensión o disolución de las asociaciones. La competencia es de los tribunales civiles cuando se trate de la disolución o suspensión de una asociación por aplicación de la legislación civil. Los tribunales penales, por su parte, son competentes para declarar una asociación ilícita y para suspender sus actividades cautelarmente. La declaración de ilicitud puede ser promovida por la Administración encargada del Registro. Además, los tribunales contencioso-administrativos serán competentes para revisar la actuación administrativa en relación con la inscripción registral o en relación con la aplicación de las medidas de fomento previstas en la ley.

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