derecho mercantil apuntes, Apuntes de Derecho Mercantil. Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
jorge2193
jorge2193

derecho mercantil apuntes, Apuntes de Derecho Mercantil. Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

18 páginas
1Número de descargas
7Número de visitas
Descripción
Asignatura: Derecho Mercantil, Profesor: Loudes Loudes, Carrera: Finanzas y Contabilidad, Universidad: UC3M
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 18
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 18 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 18 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 18 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 18 páginas totales
Descarga el documento

Descargado en:

patatabrava.com

DERECHO MERCANTIL (UC3M)

DERECHO MERCANTIL

PROF. CURSO 12-

13

TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO MERCANTIL

En la evolución del mercado mercantil se marcan ciertas tendencias que podemos apreciar de la siguiente manera:

Tendencia socializadora. Aún manteniéndose el intervencionismo estatal en la economía, se puede apreciar que desde hace tiempo existe una tendencia a la privatización o liberalización de las actividades económicas.

Tendencia uniformadora de carácter internacional. Relacionado con el principio liberal de autonomía de la voluntad privada. Este principio es uno de los factores que han contribuido a la uniformidad que presenta el derecho comercial internacional. El reconocimiento universal de este principio ha permitió la formación progresiva de un derecho uniforme asentado, además en los convenios internacionales, en las condiciones generales y contratos elaborados por las empresas interesadas.

Derecho comunitario. Unificación de las normas jurídicas de los países miembros. Imposición de reglamentos y directivas y otras orientaciones.

Tendencia a la defensa de los derechos de los consumidores. Serie de normas que defienden los derechos de los consumidores y usuarios.

Incorporación de nuevas tecnologías como la firma electrónica, SLNE, comercio y contratación electrónica.

REQUISITOS PARA ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE EMPRESARIO MERCANTIL INDIVIDUAL

Capacidad. Para ser empresario se necesita ser mayor de edad y disponer libremente de los bienes propios. Los menores de edad o incapacitados disponen de capacidad a través de sus representantes legales.

Habitualidad. La actividad que realiza el empresario es profesional, es decir, es una actividad constante. Pero además la profesionalidad implica que la actividad se manifiesta al exterior, que se da a conocer y ejerce públicamente, lo cual es evidente debido a que el empresario produce bienes y servicios para el mercado, para terceros, de modo que quien produce para sí mismo no puede calificarse de empresario.

Actuar en nombre propio. El empresario es la persona que adquiere los derechos y contrae las obligaciones que se derivan de la explotación de la empresa. distingue entre el empresario y sus representantes.

RESPONSADILIDAD DEL EMPRESARIO INDIVIDUAL

La responsabilidad del empresario surge en la esfera contractual y extracontractual, bien por el incumplimiento de los contratos realizados con otras personas o bien por los daños causados fuera de ese ámbito contractual. Con el fin de la protección de los consumidores y usuarios, se ha producido una ampliación de la responsabilidad de los empresarios, en particular los fabricantes, importadores o suministradores de productos o servicios que les causen daños y perjuicios aun cuando no exista una relación contractual entre ellos y el consumidor.

Derecho de los consumidores y usuarios a ser indemnizados por los daños y perjuicios que sufran como consecuencia del consumo de bienes o la utilización de productos o servicios en cuyo régimen encontramos:

La responsabilidad por culpa, pero con inversión de la carga de la prueba.

La responsabilidad objetiva.

De responsabilidad civil se entiende por los daños causados por productos defectuosos, cuyo ámbito de aplicación se ha extendido a supuestos en los que el perjudicado no sea un consumidor, pues comprende no sólo los supuestos de muerte y lesiones corporales sufridas por las personas, sino también los que sufran las cosas destinadas al uso o consumo privado.

Serán responsables en este caso los fabricantes, los importadores y los suministradores; estos últimos sólo en los casos de que los primeros no sean identificados.

La responsabilidad que se impone es sustancialmente objetiva, aunque esta ley permite al fabricante o al importador librarse de tal responsabilidad en determinados supuestos y establece una limitación de la responsabilidad por muerte y lesiones causadas por productos idénticos que presenten el mismo defecto en la cantidad de 63.106 euros.

Para cubrir la responsabilidad de los daños causados a las personas por los empresarios está prevista la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil, que todavía no se ha establecido.

El empresario responde no sólo de los daños que deriven de actos propios, sino también de los daños causados por sus dependientes en el ejercicio de sus funciones.

EFECTOS DE LA PUBLICIDAD MATERIAL

Los efectos de la publicidad material positiva se concreta en la oponibilidad a los terceros del acto sujeto a inscripción y publicado en el BORME, resolviéndose las diferencias entre el contenido de ambas a favor de lo que indique la publicación, siempre que quien lo alegue sea un tercero de buena fe, cualidad ésta que “presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito, el acto inscrito pero no publicado o la discordancia entre la publicación y la inscripción”.

Los efectos de la publicidad material negativa se derivan de alguna consecuencia de la falta de inscripción. Consiste en la imposibilidad de que quién estaba obligado a procurar la inscripción pueda alegar frente a terceros de buena fe el hecho sometido a inscripción y no inscrito. El tercero de buena fe, sin embargo, si puede invocar el hecho no inscrito en lo que le sea favorable.

PRINCIPIOS DE LA PUBLICIDAD LEGAL MERCANTIL

El registro mercantil regido por una serie de principios registrales cuyo examen explica la virtualidad y el funcionamiento de dicha institución. Seguimos el orden cronológico que acontece desde la llegada de los documentos al registro mercantil.

Principio de titulación pública. La inscripción se practicará en virtud de documento público. Sólo podrá practicarse en documento privado en los casos expresa y legalmente señalados.

A continuación viene la calificación por parte del registrador del documento presentado y de la capacidad de los otorgantes, actividades que cabría englobar en:

El principio de legalidad. No puede tener acceso al registro ni ser inscrito ningún acto o contrato que no respete la ley. Para ello, el registrador califica los documentos que se presentan para su inscripción examinando la legalidad del acto o negocio, de sus formas extrínsecas, la capacidad y legitimación de los otorgantes y si han sido respetados los preceptos legales de carácter imperativo aplicables al caso. La calificación debe limitarse a extender, suspender o denegar el asiento principal solicitado.

Pasado ese examen de carácter formal y practicado el asiento en el registro mercantil, se comunicarán sus datos esenciales al registro central para su publicación en el BORME.

Principio de legitimación. Implica que una vez inscrito un acto o contrato se presume iuris tantum su validez y exactitud hasta que no se inscriba la correspondiente declaración judicial de inexactitud o nulidad.

Principio de fe pública. La declaración de nulidad o inexactitud de los asientos del registro mercantil no perjudicarán los derechos de terceros de buena fe adquiridos conforme a derecho.

Principio de prioridad. Inscrito o anotado preventivamente en el registro mercantil no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con él. El documento que acceda primeramente al registro será preferente sobre los que accedan con posterioridad.

Principio de tracto sucesivo. Para inscribir actos, contratos relativos, contratos modificativos, extintivos, otorgados por apoderados o administradores será precisa la previa inscripción de estos.

Principio de tipicidad. Existe un numerus clausus de sujetos y actos inscribibles. Los registros mercantiles territoriales inscriben aquellos sujetos y actos determinados por ley.

El registro tiene por objeto publicar frente a terceros hechos relevantes.

ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Existen numerosos actos de competencia desleal

Actos de engaño. Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico.

Omisiones engañosas. Omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa. También si la información que se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, o no se da a conocer el propósito comercial de esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto.

Prácticas agresivas. Comportamiento que teniendo en cuenta sus características y circunstancias, sea susceptible de mermar de manera significativa, mediante acoso, coacción, uso de la fuerza o influencia indebida, la libertad de elección o conducta del destinatario en relación al bien o servicio y, por consiguiente, afecte o pueda afectar a su comportamiento económico.

Actos de comparación. La comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión explícita o implícita a un competidor estará permitida si cumple que los bienes o servicios comparados tienen la misma finalidad o satisfacen las mismas necesidades. Y si la comparación se realiza de modo objetivo entre una o más características.

Actos de imitación. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salva que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

Otros actos de competencia desleal, están relacionados con la publicidad ilícita. La publicidad considerada ilícita por la Ley General de Publicidad, se reputará desleal en prácticas comerciales con los consumidores o usuarios.

Prácticas engañosas por confusión para los consumidores

Prácticas engañosas sobre códigos de conducta u otros distintivos de calidad

Prácticas señuelo y prácticas promocionales engañosas

Prácticas engañosas sobre la naturaleza y propiedades de los bienes o servicios, su disponibilidad y los servicios posventa.

Prácticas de venta piramidal

Prácticas comerciales encubiertas

Prácticas agresivas por coacción

Prácticas agresivas en relación con los menores

ACCIONES TUITIVAS DERIVADAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita podrán ejercitarse de las siguientes acciones:

Acción declarativa de la deslealtad del acto. Pretende que el tribunal declare la actuación desleal. Es la acción judicial más importante y habrá que acumularla a algunas otras.

Acción de cesación. Si el acto se está llevando a cabo este deberá cesar, y será prohibido si el acto todavía no se ha puesto en práctica.

Acción de remoción de los efectos producidos por el acto desleal. Pretende que el juez dicte las medidas oportunas al objeto de que se eliminen las consecuencias surgidas de tal actuación desleal.

Acción de rectificación de las informaciones incorrectas, falsas o engañosas.

Acción de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por el acto de competencia desleal siempre que haya mediado culpa o dolo.

Acción de enriquecimiento injusto. Podrá ser ejercitada cuando el acto de competencias desleales lesione un acto de exclusividad, como puede ser una patente o una marca.

DEFENSA DE LA COMPETENCIA. SANCIONES

La ley distingue dos procedimientos en materia de conductas prohibitorias y de control de concentraciones. Por ello, se imponen a los agentes económicos que, de forma deliberada o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en esta ley. Las infracciones pueden ser:

Leves. Multa de hasta el 1% del volumen total de negocio

Grave. Multa de hasta el 5% del volumen total de negocio

Muy grave. Multa de hasta el 10% del volumen total de negocio.

Cuando el infractor es una persona jurídica, la multa asciende hasta los 600.000 euros a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo.

La ley establece exenciones de pago, reducción de su importe y multas coercitivas. Estas últimas pueden llegar hasta 12.000 euros y tienen la finalidad de obligar a los entes económicos a cesar una conducta declarada prohibida. Todo ello independientemente de las multas sancionadoras impuestas.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Esta dirección realiza las funciones de instrucción de los expedientes, investigación, estudio y preparación de informes de la comisión nacional de la competencia. Si una empresa denuncia a otra, se dirige a esta dirección a través de un escrito y esta dirección empieza a abrir el expediente si atenta sobre competencia desleal.

REQUISITOS OBJETIVOS DE PATENTABILIDAD

Las patentes tienen por objeto, una invención, esto es, una innovación en el campo del conocimiento humano. Los requisitos objetivos de la patentabilidad positivos son:

Novedad. es necesario que la invención no esté registrada previamente. Ha de ser nuevo, realmente innovador, que todavía no sea conocida hasta el momento conforme al “estado de la técnica” (está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral).

Actividad inventiva. Implica la existencia de una auténtica innovación como consecuencia de una labor o actividad investigadora realizada por el inventor.

Aplicación industrial. Cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. Se protege una invención cuando ella puede servir como elemento para el progreso económico.

Y además, la invención no debe incurrir en los calificados requisitos negativos como,

Innovaciones que no son patentables establecidas de forma expresa como los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obras científicas, los bienes de propiedad intelectual… En general, el legislador excluye esta tipología de innovaciones por interpretar que carecen de aplicación industrial directa.

Prohibiciones legales de patentabilidad. Siendo invenciones contrarias al orden público y las buenas costumbres. En concreto, sobre protección de las obtenciones vegetales, las razas animales y los procedimientos biológicos y microbiológicos para obtener especies vegetales y animales.

FORMALIDADES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

La constitución de cualquier tipo de sociedad mercantil debe formalizarse en escritura pública firmada ante notario, y debe inscribirse en el registro mercantil. Estos requisitos de forma y publicidad no revisten naturaleza constitutiva. La excepción viene constituida por las sociedades de capital, en las que la inscripción registral adquiera eficacia constitutiva, al menos por lo que se refiere a la creación de la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad incluso antes del cumplimiento de dichos requisitos, posee cierto grado de personificación.

SOCIEDAD IRREGULAR

Es la sociedad que no cumple con la obligación de constituirse en escritura pública e inscribirse en el registro mercantil, tal como se dispone en el código de comercio. Es decir, los socios no han querido inscribir la sociedad.

El problema que manifiesta este tipo de sociedades está en determinar si tiene personalidad jurídica o no. La publicidad no tiene virtualidad para atribuir persona jurídica a ninguna sociedad, incluidas las mercantiles. Negar la personalidad jurídica de la sociedad irregular perjudica precisamente a quiénes supuestamente se pretende beneficiar, a los terceros.

Si carece de personalidad jurídica habría que entender que los actos celebrados entre la sociedad y los terceros serían nulos.

En realidad, la no inscripción en el registro mercantil de una sociedad sólo plantea un problema de falta de publicidad. De ahí que la no inscripción de las sociedades mercantiles tenga unas consecuencias particulares a esa falta de publicidad.

La primera respecto de los pactos no inscritos y la segunda, respecto de la responsabilidad de los gestores.

Consecuencias de la sociedad irregular

- La consecuencia fundamental de la inscripción es la inoponibilidad de los pactos sociales. Está se explica por el principio de publicidad negativa: los actos sujetos a inscripción no inscritos y no publicados en el BORME no serán oponibles a los terceros de buena fe. En las sociedades irregulares, no serán oponibles a los terceros de buena fe, los contenidos del contrato que se desvíen del régimen dispositivo del tipo social. Este pacto no tendrá eficacia alguna frente a terceros de buena fe, pues no es público y los terceros no tienen medio de conocerlo. Frente a ellos operará la regla dispositiva del código de comercio, que atribuye la administración de la sociedad a todos los socios.

- El régimen de responsabilidad de los gestores se hace más riguroso en las sociedades irregulares. En efecto, la no inscripción de la sociedad en el registro mercantil activa la responsabilidad solidaria de los administradores por la actuación de la sociedad en el tráfico. Esta responsabilidad no es sustitutiva de la correspondiente a la sociedad, sino añadida o adicional respecto de la que asumen la propia sociedad y sus socios.

PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

El ordenamiento jurídico español reconoce personalidad jurídica a las sociedades mercantiles una vez constituidas. Por tanto, la sociedad mantiene personalidad jurídica propia, distinta de la de los socios, pudiendo ser titular de derechos y obligaciones.

Esta generalización ha sido cuestionada por la doctrina basándose en que el sujeto creado por el ordenamiento jurídico como persona jurídica, tenga la misma autonomía en todos los casos y por ello no puede considerarse como una personalidad idéntica en todos los casos.

Tendrá su propia denominación social, domicilio social y nacionalidad. Asimismo, será titular de un patrimonio propio con el que responderá de las deudas sociales.

PRINCIPIOS DE LA JURISPRUDENCIA

- La personalidad no puede amparar los actos ejecutados en fraude de ley.

- Los derechos han de ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

- La ley no ampara el abuso del derecho ni el ejercicio antisocial del mismo en daño ajeno o de los derechos de los demás.

CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

- Sociedad capitalista. En la sociedad anónima, a diferencia de las sociedades personalistas, no resultan de interés las cualidades personales de los socios, sino que lo que realmente interesa son las aportaciones que ellos hagan al capital social, es decir, su participación en dicho capital.

- Sociedad por acciones. El capital de esta sociedad se encuentra totalmente dividido en acciones. Estas acciones son partes alícuotas del capital. Las acciones contribuyen valores mobiliarios transferibles y atribuyen a su titular la condición de socio.

- Sociedad de responsabilidad limitada. Los socios no arriesgan su patrimonio civil o personal al entrar a formar parte de la sociedad. Ellos vienen obligados a aportar una determinada cantidad por concepto de las acciones que suscriban y la responsabilidad por las deudas sociales queda limitada a esa cantidad, con ello resulta que nunca los acreedores de la sociedad podrán

emprender acciones contra los socios en particular.

- Carácter mercantil. Todas las sociedades anónimas, independientemente de que su objeto social sea o no la explotación de una empresa, tienen carácter mercantil.

FUNDACIÓN SIMULTÁNEA O FUNDACIÓN POR CONVENIO

Es aquella que se produce en un solo acto en el cual los fundadores, personalmente o a través de representantes, otorgan la escritura social y suscriben la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social.

SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO DE LAS APORTACIONES DE CAPITAL

En el momento en que se constituye la sociedad deben estar suscritas todas las acciones y desembolsado como mínimo una cuarta parte del valor nominal de cada una de ellas.

¿Qué sucede respecto a la parte del valor que queda pendiente de desembolsar? A esa deuda que tiene el accionista respecto a la sociedad se le denomina DIVIDENDOS PARISVO y corresponde a los estatutos sociales determinar la forma y los plazos en que los mismos deberán ser abonados. Deberá determinarse si se harán en metálico o en bienes no dinerarios.

La exigencia del pago de los dividendos pasivos se notificará a los afectados o se anunciará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, debiendo mediar, al menos un mes entre la fecha de envío de la comunicación o la del anuncio y la fecha de pago.

MORA EN EL DESEMBOLSO

El incumplimiento del pago de los dividendos pasivos en la forma establecida estatutariamente determinará que el socio incurra en situación de mora. En tal caso, la sociedad podrá reclamar al accionista moroso:

El cumplimiento de su obligación con abono del interés legal y de los daños y perjuicios causados.

Podrá enajenar las acciones por cuenta y riesgo del socio moroso. La ley impone determinadas sanciones como son las siguientes:

- No poder ejercitar el derecho al voto

- Ni recibir dividendos

- Ni acudir con derecho preferente a la suscripción de acciones nuevas

ACCIÓN EN LA SOCIEDAD ANÓNIMA

La acción es la contraprestación que recibe el socio por su aportación al capital social.

La acción suele ser analizada desde tres puntos de vista:

La acción como parte del capital

La acción tiene un valor nominal, pero a la vez, por la relación existente entre capital y patrimonio, tiene también un valor real que se corresponde con la parte del patrimonio que representa.

Es por ello que el valor nominal de la acción no varía, ya que ha de existir una relación exacta entre el número de acciones que tiene la sociedad, su valor nominal y el capital social.

Sin embargo, el valor real puede oscilar en dependencia con los resultados económicos de la gestión de la empresa.

- Si la sociedad anónima tiene ganancias, crece el patrimonio y por tanto sube el valor real de las acciones.

- Si la sociedad anónima tiene pérdidas, disminuye el patrimonio y bajan el valor real de las acciones.

La acción sobre el equilibrio entre capital y patrimonio

La ley prohíbe que se emitan acciones por una cifra inferior a su valor nominal, en cambio, sí autoriza la emisión por una cifra superior a dicho valor nominal ACCIONES CON PRIMA. La prima debe satisfacerse en el momento de la suscripción.

Por otro lado, debe señalarse que esta norma no establece límites mínimos ni máximos al valor de las acciones. Y tampoco establece límites para la división del capital en acciones, de ahí que el capital se pueda dividir.

La acción como conjunto de derechos

La acción otorga al socio un conjunto de derechos y deberes de índole económica y funcional. Estos son:

- Participar en los dividendos anuales

- Participar en el patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad

- Derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones que se emitan

- Derecho a asistir y votar en las juntas generales, así como impugnar los acuerdos sociales

- Derecho a la información sobre la marcha de la empresa

- Obligación de aportar los dividendos pasivos en la forma estipulada

La acción como valor

Las acciones constituyen valores negociables transmisibles que comportan derechos y obligaciones para su titular, siendo necesario que se expresen o materialicen de alguna manera.

La forma en que tradicionalmente se ha hecho es a través de un documento que es un título-acción. No obstante, el avance tecnológico permite hoy representar las acciones a través de anotaciones en cuenta por métodos informáticos. En cualquiera de los casos, las acciones siempre tendrán la consideración de valores mobiliarios transmisibles.

Clases y series de acciones

Clases. Son de la misma clase las acciones que confieren los mismos derechos.

Series. Conjunto de acciones que dentro de una misma clase, tienen igual valor nominal

Acciones sin voto. La ley prevé la posibilidad de la emisión de acciones sin voto, que se recompensan con algunos tipos de ventajas económicas tales como:

- Derecho a percibir el dividendo anual mínimo que establezcan los estatutos, que no podrá ser inferior al 5% del capital desembolsado por cada acción sin voto.

- Derecho a obtener la restitución de las aportaciones en la liquidación de la sociedad con preferencia a los demás accionistas.

- Derecho a no verse afectados por las reducciones que se produzcan en el capital motivadas por pérdidas, hasta que la reducción supere el valor nominal de las restantes acciones.

- Derecho de suscripción de nuevas acciones de cualquier clase.

Acciones privilegiadas. Son aquellas que confieren de algún privilegio, referido a algún derecho societario respecto a las ordinarias. Como la preferencia en el reparto de dividendos o en la cuota de liquidación.

Acciones rescatables. Consiste en que se concede un derecho de rescate bien a la sociedad emisora, bien al titular de las acciones o bien a ambos, cuyo ejercicio implica la amortización de las acciones. El objetivo principal de estas acciones es encontrar una financiación complementaria y temporal de la sociedad. La emisión de este tipo de acciones sólo puede hacerse por las sociedades cotizadas. Su importe nominal no puede superar en su conjunto más de ¼ del capital social.

TIPOS DE JUNTA EN LOS ÓRGANOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta ordinaria. Son aquellas que con carácter obligatorio deben reunirse en los seis primeros meses de cada año con el objetivo de someter a examen la gestión de la sociedad que han llevado a cabo los administradores.

Junta extraordinaria. Son las que no tienen predeterminada su celebración para una fecha específica, sino que se llevarán a efecto en el momento en que resulte necesario el análisis y la toma de decisiones sobre cuestiones que surjan en el quehacer diario de la sociedad y que no sean los asuntos señalados en el cuadro anterior, ya que éstos quedan reservados a las juntas ordinarias.

ASUNTOS PARA LOS QUE SE REQUIERE UNA MAYOR PRESENCIA DE ACCIONISTAS

Para la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la transformación, fusión o escisión de la sociedad y, en general, cualquier modificación de los estatutos sociales se requerirá en primera convocatoria, como mínimo el 50% del capital suscrito con derecho a voto y en segunda el 25% de dicho capital.

En los supuestos en que sea necesario acuerdos sobre los asuntos anteriores y no se alcance la concurrencia del mencionado 50% del capital suscrito con derecho a voto, se exige el voto favorable de una mayoría reforzada de los dos tercios del capital presente y representado en la junta.

En todos los estatutos podrán elevar los quórum y mayorías antes señaladas pero nunca rebajarlos.

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES

¿De qué tipo de actos responden los administradores?

- De aquellos que ocasionen daño

- De los que sean contrarios a la ley o a los estatutos

- De los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar su cargo

¿De qué forma responden?

Responden solidariamente todos los miembros del órgano que realizó el acto o adoptó el acuerdo, salvo que prueben que no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o conociéndola hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o al menos se opusieran expresamente a él.

¿Ante quién responden?

Ante la sociedad, accionistas y acreedores sociales. El hecho de que el acto haya sido autorizado o ratificado por la Junta General no libra de responsabilidad, en ningún caso, a los administradores.

PECULIARIDADES DE LAS OBLIGACIONES

En términos de cumplimiento

El que las partes hayan establecido en el contrato o se derive de una disposición legal. Se prohíbe a los tribunales conceder términos de gracia o de cortesía.

Exigibilidad de las obligaciones puras

Las obligaciones que no tuvieren término fijado por las partes o por las disposiciones de este código, serán exigibles:

- A los 10 días después de contraídas si sólo produjeran acción ordinaria

- El día inmediato si llevaren aparejada ejecución

La exigibilidad no es la misma en todos los casos, sino que depende de la clase de acción procesal ya sea ordinaria o ejecutiva, de que esté investido el acreedor para reclamar la prestación.

Constitución en mora

El deudor se considera en mora cuando su obligación está vencida y retrasa su cumplimiento de forma culpable. Defensa por algunos autores de la responsabilidad objetiva.

Los efectos de la morosidad: indemnización por daños y perjuicios

La no gratuidad, como regla general

La regla de solidaridad entre deudores

Uniformidad por reiteración

Plazos más cortos de prescripción

PRINCIPIOS DEL DERECHO CONCURSAL. CONSIDERACIONES GENÉRICAS

Un único procedimiento denominado concurso. En materia de derechos fundamentales, se establecen los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema.

Principio de unidad legal. Ordena en un único cuerpo legal toda la reglamentación sustantiva y procesal demandada por la realidad concursal, corrigiendo la situación anterior.

Principio de unidad de disciplina. Implica que frente a la tradicional preferencia de nuestro derecho por diferenciar diversos institutos concursales en atención del tipo de persona o entidad afectada o de la clase de insolvencia, se opta por determinar una única institución concursal, que se aplicará a todo tipo de insolvencias y afectados.

Principio de unidad de sistema. Se basa en concentrar en un único texto legal la materia concursal con independencia de que se reconozcan determinadas especialidades.

Principio de universalidad. Constituyen en concurso todos los bienes presentes y futuros y derechos interesados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento. Se exceptúan de lo dispuesto, aquellos bienes y derechos que sean legalmente inembargables.

Principio de tratamiento o Par conditio creditorium. Implica la igualdad de tratamiento a los acreedores para la satisfacción igualitaria de sus derechos, sin más excepciones que las previstas en las leyes.

Principio de paralización de ejecuciones. Una vez declarado el concurso, no pueden iniciarse ejecuciones singulares, cualquiera que sea su clase judicial o extrajudicial, ni iniciarse apremios administrativos o tributarios contra los bienes y derechos relacionados con el patrimonio del deudor concursal.

Principio de seguridad jurídica. Es la certeza del derecho que tiene el individuo, de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados. se encuentra en diversas normas con rango de ley.

Tramites procedimentales. Se intenta desarrollar el nuevo procedimiento concursal con una mayor rapidez y diligencia en los trámites procesales. Celeridad.

La solicita presentada por el deudor se admite mediante auto declarando el concurso de acreedores, mientras que la presentada por los acreedores se admite mediante providencia y ordenando el emplazamiento del deudor, con traslado de la solicitud, para que comparezca en el plazo de cinco días y puedan formular oposición.

Dispone de las medidas cautelares que el juez puede establecer para asegurar la integridad del patrimonio del deudor.

PRESUPUESTO SUBJETIVO

Es el sujeto a quién se le aplica el concurso. La declaración de concurso procederá de cualquier deudor, desde persona natural a persona jurídica (S.A. S.R., Cooperativa, etc…). DEUDOR COMÚN.

El concurso de la herencia podrá declararse en tanto no haya sido aceptada pura y simplemente.

No podrán ser declaradas en concurso las entidades que integran la organización territorial del estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público.

Luego la ley concursal es de aplicación al concurso de cualquier entidad, con independencia de su actividad económica.

PRESUPUESTO OBJETIVO

El presupuesto objetivo es la causa económica y jurídica legalmente reconocida.La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común. Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

Si la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser actual o inminente.

Insolvencia actual. El deudor ya se halla en situación de insolvencia para atender sus obligaciones y esta insolvencia se manifiesta frente a los terceros por el incumplimiento de las obligaciones del deudor. Es real y actual esa situación tanto para el deudor como para sus acreedores, que ven impagados sus créditos a los vencimientos pactados.

Insolvencia inminente. insolvencia interna que sólo conoce el deudor y que ha de resultad de sus papeles y planes financieros, sin documentos contables. Esta insolvencia no se manifiesta más que en un plano interno en previsión de amenaza de insolvencia al no poder atenderse las obligaciones.

En este momento de la previsión de amenaza, sólo el deudor puede estar facultado para iniciar el procedimiento de concurso y sólo él se encuentra legitimado para ejercitarlo. También se exige acreditar ante el juez la situación de insolvencia previsible.

En este estado, se encuentra el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones.

Para que los administradores de una sociedad que se encuentra en dificultades económicas puedan interpretar este estado de insolvencia inminente, tienen que acudir a determinadas manifestaciones o circunstancias.

Insolvencia cualificada. La situación de insolvencia se manifiesta al exterior cuando concurren determinados elementos, y donde se faculta al acreedor para iniciar el concurso necesario. Este supuesto deberá reunir unos requisitos:

- Existencia de la insolvencia de la entidad deudora

- Hechos externos configurados en la ley

DEBER DEL DEUDOR

El deudor dispone de dos meses para iniciar el concurso desde que conozca o hubiera debido conocer la situación de insolvencia en la que se encuentra, del mismo modo, puede solicitar antes el concurso, delante de una previsión de insolvencia inminente. Esto es, cuando constate que en breve no va a poder cumplir con sus obligaciones de pago.

REFINANCIACIÓN

Es la alternativa al concurso para las empresas en crisis. La posibilidad de iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación extrajudicial de su deuda o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.

En caso de que el deudor opte por comunicarlo, no deberá solicitar la declaración de concurso voluntario hasta transcurridos tres meses desde la comunicación, en cuyo caso el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación (o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio), deberá solicitar la declaración de concurso voluntario dentro del mes hábil siguiente (el cuarto mes tras la presentación de la comunicación), salvo en la lógica situación de que el citado deudor no se encuentre ya en estado de insolvencia (lo que es de suponer que ocurrirá si se alcanza un acuerdo de refinanciación).

Efectos de la refinanciación

A los efectos de esta disposición, tendrán la consideración de acuerdos de refinanciación, los alcanzados por el deudor en virtud de los cuales se proceda al menos a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones. Bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento, o mediante el establecimiento de otras obligaciones contraídas en sustitución de aquellas. Tales acuerdos habrán de responder, en todo caso, a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad del deudor en el corto y medio plazo.

En caso de concurso, los acuerdos de refinanciación y los negocios, actos y pagos realizados y las garantías constituidas en ejecución de tales acuerdos, no estarán sujetos a la rescisión prevista en el artículo 71.1 de la L.C. siempre que cumplan los siguientes requisitos:

- Que el acuerdo sea suscrito por acreedores cuyos créditos representan al menos tres quintos del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación.

- Que el acuerdo sea informado por un experto independiente designado por el registrador mercantil del domicilio del deudor.

- Que el acuerdo se formalice en escritura pública, al que se unirán todos los documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores.

JUEZ DE LO CONCURSAL

Juez del concurso o juez de lo mercantil, se viene a precisar algunas de las funciones que tiene atribuidas.

Competencia exclusiva y excluyente de toda ejecución frente al concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.

Todas las acciones civiles y sociales con transcendencia patrimonial que se dirijan contra el concursado

Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles.

La aplicación y éxito de la nueva ley dependerá en gran medida de la correcta y puntual entrada en funcionamiento de estos juzgados de lo mercantil.

C O N D I C I O N E S S U B J E T I V A S P A R A E L N O M B R A M I E N T O D E A D M I N I S T R A D O R E S C O N C U R S A L E S

La administración concursal estará integrada por un único miembro, que deberá reunir alguna de las siguientes condiciones:

1. Ser abogado en ejercicio con cinco años de experiencia profesional efectiva en el ejercicio de la abogacía, que hubiera acreditado formación especializada en Derecho Concursal.

2. Ser economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con cinco años de experiencia profesional, con especialización demostrable en el ámbito concursal.

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 18 páginas totales
Descarga el documento