DERECHO PROCESAL, Apuntes de Derecho Procesal
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DERECHO PROCESAL, Apuntes de Derecho Procesal

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Asignatura: DERECHO PROCESAL HASTA EL FINAL, Profesor: ANGEL BONET NAVARRO, Carrera: Derecho, Universidad: UniZar
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II. EL PROCESO PENAL

FUNCIÓN, PRINCIPIOS Y CARACTERES DEL PROCESO

-LECCIÓN 38- Presupuestos procesales u óbices procesales

Primera etapa: encuentra, dedicada a instruir o recoger; es la fase de instrucción. Se trata de recoger los datos para ver si son suficientes para poder acusar, seguir adelante. El juez que está conociendo de esta primera fase, va a tener que coger el CP (a parte de la LEC), porque si se denuncia un supuesto delito de robo va a tener que echar mano del CP.

A esta fase en la LE criminal (en el proceso ordinario), se le da el nombre de sumario (breve, abreviado o corto); lo que quiere el legislador es que esta fase sea muy corta. Esta recogida de datos la va a llevar a cabo el juez de instrucción.

Una vez que ha terminado todo esto, no se acusa a nadie. A una persona que se le imputa un delito, está sometida a un procedimiento. Esta primera fase llamada de instrucción, está seguida de una fase intermedia.

Segunda etapa: la fase intermedia no está definida por la LE criminal, pero la doctrina ha señalado el acotamiento de esta fase. Tiene por objeto comprobar si se ha instruido bien la causa, habrá un OJ que dirá si está bien o no. O se podrá volver, es decir, de esta fase se está conociendo en el juicio ordinario, a través de la audiencia provincial (órgano colegiado), esta audiencia examinará si está bien o mal instruido, si está bien se dictara auto de conclusión del sumario o si está mal, no aprobara el acto de conclusión del sumario y lo devolverá. Pero hay determinados delitos que conoce la audiencia nacional, en diferentes salas.

En el procedimiento abreviado (rápido), se trata de reducir los trámites, y esta fase intermedia no estaría, y al terminar la fase de instrucción habría un juicio de acusación, se trata de ver si se va a poder o no acusar.

Después de haber actuado estas actuaciones, se pasa a una fase distinta.

Tercera fase: es una fase plenaria, se va a desarrollar con una plenitud de facultades, a veces se le llama “juicio”, es la fase del juicio oral, plenario o rápido. Se desarrolla la función enjuiciadora. Aquí hay un acusado, y no un imputado, porque hay un acusador, ya que formula una acusación y propone pruebas (no se puede condenar a nadie sin probar los hechos), no es posible desarrollar esta fase sin que haya un acusador.

En el proceso civil este uno rebelde o no el proceso siguen. El tribunal que va a dictar sentencia, la audiencia provincial cuando sean delitos graves, cuando sean menos graves el juzgado de lo penal, y los delitos del Art.65 LOPJ será la sala de lo penal de la audiencia nacional si son delitos graves o el juzgado central de la audiencia nacional para los delitos menos graves.

Hay casos que por razón del aforamiento se establecen otras competencias. En el caso de los aforados, se establece la competencia en favor de unas competencias distintas, en unos OJ distintos. En estos casos, el proceso será igual (ordinario o abreviado), a veces conoce la sala II del TS o la sala de lo civil y de lo penal del TSJ; y no instruirá el juez de instrucción, si no que en el propio tribunal se designa a un magistrado para que se dedique a instruir la casa, y una vez instruida, la entregará a la sala II del TS o a la otra.

Este magistrado que ha instruido, se denomina está contaminado en base al TC, ya que ya ha tenido contacto directo con el acusado. Por tanto, a la hora de juzgar este juez no entrará a formar parte. Y de esa causa, conocerán en resto de magistrados.

Pero, el proceso penal, (el civil es línea recta) se hacen continuos enjuiciamientos, que van a versar también sobre el contenido, que serán el objeto de la imputación o de la acusación. En este proceso, no se comienza con una demanda, o una acusación; el concepto de acción civil es muy distinto a la acción penal, ya que la acción penal no es un derecho público, concreto a obtener una tutela judicial específica; la acción penal es el derecho a que siga el proceso. Así que se puede comenzar, con una querella, una denuncia o de oficio; con una querella no se formula una demanda.

Cuando va a comenzar el proceso “yo pido que se inicie el proceso”, hay unos hechos que son constitutivos de delitos o no, pero hay que probarlo. En la Lecriminal, se le denomina noticia criminis, una simple noticia que se ha cometido un crimen, no hace falta una prueba; el tribunal se pone en funcionamiento, habrá una persona “terceros ajenos”, que pueden ser testigos o puede haber imputados. Esta citación, consiste en llamar, se le denomina intimatoria, si no se

responde a esta citación, se elevará a orden de detención, es decir, que tiene fuerza dicha citación, ya que hay un indicio de que se ha cometido un delito.

A partir de ese momento, ya está la figura del imputado. En el proceso ordinario, una vez que ha declarado, denominado declaración indagatoria, nombre que no se recibe en el proceso abreviado. Tras ello, el juez adoptará medidas concretas; formalmente se le declara sujeto al proceso. En el proceso ordinario se le procesa al llamado, al citado y se convertirá en procesado, a consecuencia de dictar auto de procesamiento, se puede dictar libertad provisional o prisión provisional, a la hora de pronunciarse dirá si debe prestar fianza, esta fianza tiene la finalidad se asegurar, es una medida cautelar para asegurar la presencia del acusado en toda la fase de instrucción.

Además de esto, en este momento el Tribunal, el juzgado de instrucción puede acordar prestar otra fianza, que puede tener la finalidad distinta a la anterior, y puede ser la de asegurar el pago de la responsabilidad civil. Esta persona ya no está detenida (tras 72 horas), quizás ha sido acordada la prisión y puede ser por ejemplo un preso preventivo, o una persona que se encuentra en libertad provisional, y en cualquier momento se le puede cambiar esa situación (puede ingresar en prisión provisional, ya que aún no puede cumplir la pena si no se ha dictado).

En el auto de procesamiento en el procedimiento abreviado no existe, ya que al imputado se le cita y declara como tal, y se le dice ahora se le toma la primera declaración como imputado y se le equipara con la situación de procesado, tras la imputación formal, formalmente el TC, aunque la LEC no establezca un auto de procesamiento para el procedimiento abreviado, exige una imputación formal, te lo van a notificar.

Una vez que ha terminado todo esto, se llega a la fase intermedia, y se hace un juicio, y será ante la audiencia provincial, esta fase no existe en el procedimiento abreviado, pero lo correspondiente al juicio de acusación se desarrolla ante el juzgado de instrucción.

Luego se desarrolla el juicio oral. Se ha formulado un juicio, y se puede dictar auto de conclusión del sumario, o se abre un proceso o se termina el proceso, y al final del juicio de acusación o la fase de instrucción, se ordenará la apertura del juicio oral o se acordará el sobreseimiento, el tribunal entenderá que no hay delito; se sobreseerá el proceso de una manera provisional o definitiva (como una sentencia definitiva y firme; art. 737 y 741 Lecriminal). La alternativa del sobreseimiento es la apertura, donde va a merecer la pena es enjuiciar dichos hechos. Actualmente, hay una polémica acerca de quién debe llevar a cabo toda esta tarea, en la exposición d emotivos de la LEC, esta fase la lleva a cabo por el juez de instrucción y ha de ser distinto al juez final (funcionar de instrucción y de juzgar distinta).

En el juicio de condena o de absolución, (en el proceso penal no cabe la absolución de instancia, por si acaso estaba la pena de sospecha), en esta fase, también se ha producido una mutación, se va a denominar acusado, comparecerá con abogado y procurador para defenderse de las acusaciones de su acusador o acusadores. Aquí, es una fase de plenario, donde se van a practicar las pruebas, en el denominado escrito de calificación o de acusación, procedimiento abreviado, se va a formular lo que va a constituir el objeto de la acusación, primero se dirán que hechos resultan, su calificación jurídica, quien es el autor, que circunstancias modificativas de la responsabilidad existen, qué grado de participación tiene ese autor y que penas hay. El acusado debe saber de qué se le acusa.

Los grados de adquisición de la certeza son progresivos, conforme se va produciendo este desarrollo, se llega a la posibilidad de que va a ser probabilidad, los argumentos a favor y en contra son iguales, están equilibrados; hay un imputado, no un acusado; por tanto, es probable que eso se haya cometido, se ha reforzado ese grado de conocimiento, se pasa de citado a preso; y la prisión ya no durará 72 horas, y puede durar más en base a la gravedad del delito.

Por tanto, estamos ahora en un grado de conocimiento muy superior, y se ha adquirido un conocimiento pleno, porque se han apreciado en la conciencia las pruebas practicadas en el juicio, no solo ha ocurrido una acusación (como la demanda), sino que además cada parte ha aportado pruebas, y se van a practicar dentro de esa fase del juicio oral, y terminará con un informe de calificación; (art. 741 LEC), en el proceso penal no existen pruebas tasadas, de ninguna manera, de ahí que se le diga al juez “apreciando en conciencia, reglas de sana crítica, no está constreñido por el valor”.

Se pasa a otra fase distinta, tras el conocimiento pleno, se pasa a una probabilidad, hay una certeza de que esto es un delito y por tanto la sentencia será de condena o esto no es un delito o no es responsable de dicho delito, y la sentencia es de libre absolución.

Por tanto, en el proceso penal, se va a tener que seguir todo este desarrollo para poder enjuiciar a una persona. Se habla de un garantismo del proceso penal que le pertenece a los tribunales. Y esta tarea de instruir se le atribuye al juez o al fiscal (hay una polémica importante en torno a este tema); en definitiva, si el fiscal tiene la función de instruir, y el auto de procesamiento que comporta también medidas de garantías, esto ¿lo va a hacer también el fiscal?, no, lo que tiene que ver con el respeto a los derechos fundamentales de la persona lo hará el juez que dictará el auto de procesamiento.

1. Función del proceso penal.

El proceso es instrumento de la jurisdicción, pero de la función penal, porque es absolutamente necesario. No hay posibilidad de poner una pena si no hay proceso previo “nula pena si no hay proceso previo” (Art. 25 CE y en el Art 1 CP), está regentado por la legalidad penal; y en el Art 3 CP, se anuncia otra garantía “nadie puede ser condenado si no por medio un juicio establecido en la ley”, y también existe la garantía de la ejecución, para condenar a una persona, hace falta que el hecho, acto u omisión esté recogido es una ley, y se le imponga una pena en base a esta, y se siga un proceso, y cuando haya que ejecutar una pena, será en la forma prevista en la ley.

Sin el proceso, todo esto no puede pasar, no hay posibilidad de que se impongan penas si no es por medio de tribunales jurisdiccionales. Por tanto, el fin del proceso penal, es la actuación estatal, que está atribuida exclusivamente al Estado, aquí no cabe imponer una pena por medio del arbitraje, o por medio de un contrato o convenio (pero se habla de la conformidad), porque tiene la facultad y el deber de castigar las conductas delictivas.

La consecuencia de esto, es que el proceso se rige por el principio de legalidad, cuando lo dice la ley, cuando hay un acto, acción u omisión que está tipificado en la ley. El principio de necesidad se opone al principio de oportunidad, y también va a regir el principio de indisponibilidad, no se puede disponer de la cosa juzgada.

Por tanto, el fin del proceso penal es perseguir el delito , si se ha cometido o no, si es responsable o no; pero, hay otras finalidades como, la protección de la víctima, o la rehabilitación y reinserción social del delincuente, que ya no es el citado, ni el detenido, ni el proceso, ni el acusado.

El proceso penal tiene analogías con el proceso civil, está sujeto a las reglas de desarrollo de jurisdicción y de competencia, o con la capacidad o incompatibilidad de las OJ, o con la práctica de la prueba, o con las clases formas de las resoluciones (sentencias y autos) y también va a haber recursos, y también va a regir el principio de dualidad de partes, que estarán en igualdad de armas, se les dejará hablar “contradicción” y hay que oírlas “audiencia"

Luego hay notorias diferentes respeto al proceso civil, como la necesidad de la intervención de la jurisdicción, y a la hora de hablar de la indisponibilidad, el derecho a castigar está atribuido al estado, y la consecuencia de esto, es que rige el principio de oficialidad (en el proceso civil rige el principio dispositivo), o la investigación de oficio. Por otra parte es distinto el concepto de acción, la penal no es un derecho concreto a una sentencia favorable, sino que el acusa no es que tenga derecho, no ejerce un derecho suyo, ni tampoco es del fiscal, por tanto, el concepto de acción es el derecho de perseguir ese hecho. También es distinto el concepto de carga de la prueba, y el concepto de cosa juzgada.

Se ha ido produciendo una discriminación de los límites distintivos de los dos procesos, hay cosas que se reconocen en el proceso civil que están entrando en el proceso penal. Por ejemplo en el Art. 429 LEC (oficio), tiene que ver con el principio de investigación de oficio, pero realmente no tiene nada que ver, el juez no tiene mera facultades discrecionales de llevar el proceso como quiere, sino que son facultades materiales. El juez penal es un juez que está en posición de ser imparcial, privado de toda iniciativa en relación con el objeto del proceso, pero si el juez actuará de oficio por encima de todo, el mismo diría esto si es constitutivo de delito “yo mismo”; y el fiscal y el acusador sobrarían. Pero el juez penal tiene que esperar a que se le acusen, y juzgara en base a esas acusaciones; el juez ha de permanecer en situación de carácter imparcial. Y En el proceso penal, se han introducido técnicas de resolución de conflictos privados.

2. Sistemas de construcción del proceso penal:

Este proceso es imprescindible, y hasta 1980, había un procedimiento anterior al abreviado, que instruía, fallaba y conocía el juez de instrucción. El proceso penal, se puede construir conforme a distintos sistemas. Los sistemas son dos fundamentalmente, el primero en el tiempo es el acusatorio y el segundo es el inquisitorio.

• Inquisitivo

Un excesiva diligencia puede dar lugar a la figura de los delatores, los dedicados a husmear; está la posibilidad adversa de utilizar el proceso como “amenaza”. El sistema inquisitivo cambia los papeles, para que algo que dependa de la actividad privada, que sea el órgano de poder el que introduzca la causa que va a ser instruida.

Es un adelanto en el tiempo, era un proceso estatal, un modo de juzgar, todos los tribunales y procesos eran inquisitivos, no se refiere a los tribunales inquisitivos.

Respecto a sus características técnicas, el proceso cuando se inicia en la forma o sistema acusatorio, exige la presencia de tres sujetos: acusador, acusado y tribunal. En este proceso, asume la función acusadora y enjuiciadora un solo sujeto, al prescindir de un acusador para poder juzgar.

La función de acusar y de juzgar, está reunida en un mismo proceso, en el sistema inquisitivo se cita al presunto culpable, en un mismo sujeto, éste investiga y delimita el propio objeto del proceso. Este proceso no es dual, el juez

no es parte, no hay acusador, solo hay una parte, el acusado; tampoco es contradictorio ya que no hay un acusador; y es que la prueba está valorada por la ley. Esto explica la famosa pena de tormenta ¿?

La función de juzgar se especializa, está la privación de la contradicción.

• Contradictorio

El proceso penal, hay una asimilación con el proceso civil. Cuando se funciona a través este sistema, un individuo ha cometido un hecho delictivo contra otro individuo, por tanto, si se comete un delito se debe arreglar; en el derecho romano se llama composición, te puedes arreglar con la parte contraria.

En el acusatorio, el juez no procede de oficio, se necesita un acusador, así éste en principio investiga, y marca los límites del enjuiciamiento, y el juez no se va a poder salir de estos límites.

La prueba es de libre valoración, no es ni libre ni tasada. Siendo el proceso así, debe ser construido de instancia única, y no va a caber recurso. Se va a imponer la justicia popular, los tribunales populares.

Las ventajas son, que el juez los va a separar, como si fuese un árbitro. Pero también, tiene defectos, como por ejemplo el que puede quedarse el hecho sin el proceso penal, porque si no hay acusador no hay proceso.

• Sistema acusatorio penal español

Pero existe un sistema mixto, en el que se combinan elementos del acusatorio y del inquisitivo; es el denominado sistema acusatorio formal.

Aúna los sistemas de ambos sistemas, desechando los inconvenientes. En este sistema mixto, la investigación y la persecución del delito es una función pública, y no se abandona a la figura a las partes, de ahí que se incorpora la figura del ministerio fiscal, y su misión es ejercer formalmente la acción penal, en algunos casos de forma exclusiva como en Francia solo acusa el ministerio fiscal, en otros casos se comparte dicha función acusatoria con la víctima (sistema alemán o italiano) y otras veces se comparte esta función con cualquier otro ciudadano (este es el sistema español).

En el sistema español, se opta por esta decisión de incorporar a cualquier ciudadano para ejercer la función acusadora compartida con el fiscal, desde una postura plenamente liberal, la opción liberal, prefiere un control del estado, de que se está llevando de forma correcta el ejercicio de la acción penal por el fiscal, y admitir a los ciudadanos para que acusen es para que no recaiga toda la función sobre el fiscal.

La lecriminal, incorpora el sistema acusatorio formal, decantándose por esta opinión neoliberal. Pero hay que tener en cuenta, que se han ido incorporando nuevas tendencias en el juzgado que tienen que ver con la forma de solucionar los conflictos, como por ejemplo, en civil se habla de mediación o de transacción o de negociación. La interpretación de dicha ley por el TC, ha incorporado nuevos temperamentos en la forma de aplicar la ley, y ha aparecido por ejemplo la justicia internacional. Junto al proceso ordinario hay un procedimiento abreviado, un procedimiento ante el tribunal del jurado, un procedimiento de menores, etc.

Regido por el principio de dualidad, de contradicción y de igualdad.

3. Principios.

a) Principios del sistema acusatorio:

Principio de igualdad: supone que hay dos partes en el proceso que contienden en igualdad de armas ante un tribunal imparcial. La jurisprudencia del TC esta igualdad deriva del derecho a la tutela judicial efectiva, del derecho de defensa y del derecho a un proceso con todas las garantías.

Este principio de igualdad no se manifiesta de igual manera a lo largo de todo el proceso penal.

En cuanto a la fase instructora, inicialmente se establece una desigualdad en relación al presunto culpable. En este primer momento según la LEC la igualdad se desequilibra en favor del Estado, de los tribunales.

Actualmente el principio de igualdad rige también en la fase de instrucción desde que el imputado adquiere la situación de igualdad.

Hay cierta desigualdad entre las partes acusadoras, hay vario tipos: hay un acusador público (Ministerio Fiscal); hay un acusador particular (el que ha sufrido el delito); acusador popular (cualquier ciudadano aunque no se haya visto afectado); acusador privado (acusa de injurias y calumnias contra él).

Respecto de estos acusadores se aprecia cierta desigualdad. Podríamos decir que se encuentra en mejor posición el Ministerio Fiscal.

Sin embargo cuando se llega a la fase plenaria, al juicio oral se produce una observación de la igualdad, todas las partes son iguales.

Principio de audiencia y contradicción: se escucha a las dos partes y las dos partes pueden contradecir lo dicho. Nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio. Este principio es aplicado de forma casi igual en todas las fases del proceso. Es cierto que en la fase de instrucción hay algunos momentos en que esta se desarrolla sin que la parte pueda tener acceso a lo que se está instruyendo. Se puede decretar el secreto de sumario durante un tiempo determinado para que se pueda garantizar el buen fin de la investigación.

Pero este principio también se revela en cuanto a la posición que adopta el imputado. Cuando está en rebeldía el imputado no suspende la instrucción, pero indudablemente, en hay que informarle de la situación de imputado aparezca o no aparezca.

En la fase de enjuiciamiento las cosas cambian. En primer lugar, hay necesidad de que haya un acusado a disposición del tribunal. Si no aparece en esta fase el acusado, el juicio tiene que suspenderse. Puede no aparecer porque esté en rebeldía, porque esté enfermo, u otras circunstancias.

Hay excepción: en el proceso abreviado cuando llega la fase del juicio oral se puede celebrar aunque el acusado no se persone siempre que:

• haya dado un domicilio para notificaciones

• se le haya notificado personalmente

El tribunal resolverá pudiendo celebrar el juicio.

Para el juicio de faltas el art. 962 LECR establece normas.

Se puede contradecir. En la fase de preparación del juicio oral, fase intermedia, se refuerza la necesidad de la contradicción y el derecho de defensa. Lo mismo, se ve claro ese reforzamiento cuando se modifica el debate dentro del juicio oral. Si se cambia la acusación habrá que paralizar el juicio y darle tiempo al acusado de prepararse, y esto no es ni más ni menos que darle derecho a contradecir.

Principio acusatorio: Hay alguien distinto del Tribunal acusando. El Tribunal es el propio órgano que acusa, enjuicia y falla.

Por tanto no hay proceso sin acusación. Esto acarrea un subprincipio: quien acusa no puede juzgar.

El principio acusatorio permite que el juez se separe, ahora bien, la imparcialidad del juez NO deriva del vigor del principio acusatorio. No es que sea una consecuencia clarísima del principio acusatorio. Imparcialidad es consecuencia del derecho al proceso debido, del proceso a todas las garantías.

Las consecuencias de la vigencia de este principio acusatorio:

• Hay necesidad de que exista una acusación. Si no hay acusador no va a haber proceso. Esto se manifiesta en que el juicio penal se abra cuando lo pida el acusador.

• Tiene que haber correlación entre la acusación y la sentencia. Por tanto no pueden acusar de hurto y condenar por robo. Esto suena a congruencia. Si no es así, esa sentencia es casable. Por tanto el art. 642 LECR establece que cuando termina la fase de instrucción pero no hay acusado el proceso en principio no se puede abrir. Si no hay acusador tampoco. Pero el art. 642 dice al tribunal que él publicará en edictos la existencia de la causa para el que se encuentre perjudicado se entere, y si transcurrido el plazo no comparece nadie, no queda más remedio que archivar el caso. Tiene que haber una acusación. El órgano juzgador no puede salirse de ahí, de esa acusación. El juez no puede convertirse en acusador.

• Prohibición de la reformatio imperius. La necesidad de la acusación se extiende a las diferentes instancias. Sin que pueda entenderse que la acusación existente en la primea instancia produce efectos en todas las instancias.

b) Principios del procedimiento:

Principio de oralidad y escritura: decir que un proceso es oral o escrito es decir que está informado por la escritura o por la oralidad, es decir que se instruye a través de actos orales o escritos. No hay procedimientos que sean completamente orales ni completamente escritos.

Los principios de ponen de relieve cuando están tiñendo los actos de las partes, es decir aquellos actos en los que se va apoyar la sentencia.

En el juicio oral sucede que todo es oral. Es cierto que en nuestro procedimiento penal aparecen mezclados los dos principios.

Hay actos que son escritos:

• el escrito de calificación,

• formulación de previo pronunciamiento (excepciones procesales).

• Prueba documental.

Hay actos orales:

• Práctica de la prueba

• Informes de acusación y defensa

• Última palabra del acusado

• En algunas ocasiones, la sentencia.

Principio de inmediación: supone que el juez resuelve el proceso habiendo asistido a la práctica de las pruebas personalmente.

En el juicio oral, la fase plenaria, esta inmediación se manifiesta:

• En cuanto a la actividad probatoria

• Entre los jueces, discusión de la sentencia. De ahí que cuando hay que suspender un juicio penal después de practicar las pruebas hay que repetirlo, porque “las palabras se las lleva el viento”.

Esta inmediación es distinta en la fase instructora, aquí tiene menor relevancia. Al juez de instrucción le traen pruebas la policía, las partes… se fía de lo que le trae por ejemplo, los forenses. Recibe la información a través de otro.

Por tanto, el juez que no está presente tiene que ser muy cauteloso.

Hay un problema en el proceso penal español, y es que las pruebas practicadas en la fase de instrucción no se pueden practicar después porque son de imposible repetición.

Las declaraciones de los policías por ejemplo, no tienen más valor que una prueba testifical y hay que llamarlos al juicio. Sin embargo se puede dar el caso de que esto sea difícil o incluso imposible. Se intenta paliar este problema mediante grabaciones…

Inmediación constituye un obstáculo para construir la doble instancia. En España por regla general, no hay doble instancia, excepto en el procedimiento abreviado o el procedimiento de faltas.

Principio de publicidad y secreto: Las actuaciones pueden ser públicas o secretas. Publicidad quiere decir que las actuaciones son accesibles al público, y las secretas por las partes.

En principio pueden ser observadas por la sociedad y el público asistente.

Del proceso público habla la CE en el art. 24.2, 120, textos internacionales.

En la fase de investigación, la publicidad cede en favor del secreto. Sin embargo en la fase plenaria, la publicidad va por encima de todo.

Es cierto que este juicio penal público puede celebrarse a puerta cerrada por razones de moralidad, respeto, etc. También se excluye estas excepciones cuando afecta al orden social.

La publicidad supone que las actuaciones penales están abiertas al público en general.

Esto que hoy consideramos normal, en su momento provocó reacciones del TC. El derecho de una información veraz puede llegar a colisionar con el derecho a la dignidad y propia imagen, o incluso a la infancia.

El derecho a la información veraz hay que conjugarlo con el derecho a la dignidad, propia imagen y protección de la infancia. Cuando se produzca colisión entre estos derechos el juicio se producirá a puerta cerrada.

4. Derechos y garantías:

El artículo 24.1 habla del derecho de defensa. Este precepto se refiere tanto al proceso penal como al civil. Pero la doctrina se ha constituido entorno a vulneraciones del derecho penal. Lo miramos de forma negativa: prohibición de indefensión.

Ahora bien, la indefensión constitucionalmente no coincide con la indefensión jurídico-procesal. Para que haya indefensión constitucionalmente relevante, es necesario que se den estas circunstancias:

• Infracción de norma procesal.

• Que como consecuencia se haya privado o limitado la defensa.

• Que no sea imputable a quien la sufre. Se exige cierto grado de diligencia.

• Que esa privación no haya sido sanada. La subsanación es una posibilidad dentro del proceso.

• Necesidad de manifestar el contenido que hubiera tenido lo que se ha dejado de hacer. Que verdaderamente se haya producido una indefensión material.

• Que todo lo anterior tenga incidencia en el fallo.

El derecho de defensa supone en segundo lugar el derecho a ser informado de la acusación formulada. Sino de lo contrario, uno no sabe de lo que se tiene que defender, y se defiende en el vacío.

Por eso, en la fase de instrucción el imputado tiene que ser informado:

• de lo que se le imputa,

• tiene que ser informado sobre su autoría,

• informado sobre las circunstancias,

• sobre los derechos que le asisten.

Y por otra parte también analizaremos el artículo 17 se refiere a la privación de libertad, a la detención.

En la fase del juicio oral supone que haya una acusación formal; es decir, que en el escrito denominado de acusación se establezca sobre qué versa la acusación para poder articular la defensa.

Este derecho tiene que ver cuando hay una acusación, pero el legislador procesal es tan minucioso que determina también este derecho en las fases denominadas pre-procesales. De ahí que el artículo 17 diga que cuando uno ha sido detenido debe ser informado de forma inmediata y de modo comprensible de sus derechos, de la razón se su detención no pudiendo ser obligado a declarar.

En esa fase pre-procesal de la detención hay que informar de todo esto.

Y el art. 520 LECR regula concretamente de qué le tienen que informar.

Pero en el art. 24 de la CE se dice que todo el mundo tiene derecho a NO declarar contra uno mismo, a no declararse culpable.

Otro derecho es el derecho a la autodefensa. En el proceso penal la defensa comporta necesariamente la presencia de un abogado. Y esto es así porque la intervención del abogado en el proceso está relacionada con la complejidad del proceso.

Hace años existía el famoso tribunal de orden público, donde se enjuiciaban los delitos políticos, repudiado por todas las personas sensatas, y en ocasiones los abogados se negaban a comparecer, y tenían que pararse los juicios.

En el juicio de faltas al ser más sencillo, sí que puede auto defenderse.

La autodefensa significa que el imputado puede realizar ciertos actos sin presencia de abogado:

• recurrir el auto de prisión,

• el uso de la última palabra

Volviendo al art. 17 de la CE: en el momento de la detención llevada a cabo por policía judicial no declarará hasta que llegue su abogado. No es posible renunciar al abogado. Uno de su confianza o designación de oficio de uno del colegio de abogados.

El derecho al intérprete: ligado al derecho de sentencia letrada, al derecho de asistencia letrada. El intérprete está contemplado también en la LECR.

Derecho y garantía constitucional a utilizar todos los medios pertinentes de prueba. Todos tienen derecho a utilizar estos medios para su defensa. Este derecho comprende a s vez 3 derechos:

• Derecho a proponer la práctica de medios de prueba.

• Derecho a obtener un pronunciamiento motivado sobre su inadmisión. Tendrá que dictar auto.

• Derecho a la práctica de las pruebas admitidas.

En el art. 24 leemos como todos tienen derecho a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un criterio estructural de la justicia penal. En el proceso civil no existe la presunción de inocencia. La razón de la presunción es que el Estado prefiere que haya un culpable en la calle que un inocente condenado.

Esto porque en el proceso civil las cosas son de otra manera: está la cara de la prueba, y sin embargo aquí la carga de la prueba va de cuenta del acusado. El acusador que está acusando tiene que traer las pruebas mínimas para convencer al tribunal.

Este derecho a la presunción de inocencia:

• Es una regla de tratamiento del imputado durante todo el proceso penal, por tanto, el imputado no es un condenado.

• Es una regla del juicio fáctico. A la hora de hablar del juicio fáctico rige este principio.

Y todo esto quiere decir:

• Que la prueba de cargo practicada puede conducir al reconocimiento de culpabilidad.

• La prueba practicada debe constituir una mínima actividad probatoria de cargo. En el proceso penal no cabe condenar por presunciones.

• Esa prueba practicada ha debido practicarse con todas las garantías.

Otro derecho es el derecho a la revisión de la resolución condenatoria. En el sistema procesal español en que es un proceso de instancia única, hay que tener en cuenta que la casación no es una instancia. Es un problema porque hemos de contrastar la legislación procesal penal con la exigencia de los textos internacionales, que exigen la doble instancia en lo penal (art. 24.2 del convenio europeo). La doble instancia, dicen estos textos, va referida de manera exigente para el proceso penal, y no para el civil. Por tanto corresponde el derecho a la segunda instancia solo al condenado, y se refiere solo al fallo condenatorio.

El TS entiende que queda satisfecho esto con el recurso de casación, pero esto no es así.

LO de 23 de diciembre de 2003 generalizo la doble instancia penal para todos los procesos penales. Esta ley reforma la LOPJ, y en su art. 73 se reconoce el recurso de apelación en lo penal, pero en la legislación procesal no se ha introducido.

Esto es la regla general. La doble instancia existe en el procedimiento abreviado y proceso de faltas.

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: está relacionado con la eventual limitación de los DDFF. Quiere decir que los intereses públicos no deben conseguirse a costa de los intereses particulares, sino que debe guardarse un equilibrio.

Referido a esto hay que hablar de:

• Idoneidad de la medida. Adecuación objetiva y subjetiva de la causalidad de la medida limitativa en relación con el fin que se pretende.

• Necesidad. Es decir, que no haya una alternativa que sea menos gravosa. Se trata de una intervención mínima. Ante esto hay que preguntarse si podría conseguirse lo mismo con una medida menos restrictiva.

• Proporcionalidad en sí. Necesidad de comparar los intereses en conflicto, sopesando los intereses individuales y los estatales.

Prohibición de la tortura: prohibición de tratos degradantes y respeto a la intimidad y al cuerpo en las intervenciones corporales.

Todo esto resulta del art. 15 de la CE: derecho a la integridad física. Este asunto es difícil pensarlo de un juez. Esto hay que investigarlo en las diligencias de investigación llevadas a cabo por la policía judicial.

Y dentro de esto también se encuentra la prueba ilícita, por las confesiones obtenidas a través de violencia.

El art. 11.1 de la LOPJ prohíbe las pruebas ilícitas, todas las pruebas relacionadas con el cuerpo humano.

Las intervenciones corporales concurren con el derecho a la dignidad corporal. Por supuesto que hay que hablar de la libertad personal (art.17 CE).

Por tanto no se puede privar de libertad a una persona que no ha sido condenada. Se puede establecer la privación de libertad provisional, pero siempre en los términos establecidos en la ley. Y por esa razón cuando se viola ese derecho a la libertad, para eso está la reacción del ciudadano con el procedimiento de “habeas corpus”.

Otro derecho es la inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, con reserva de jurisdicción. Por tanto el domicilio se puede registrar siempre que lo autorice el juez, de manera que las pruebas obtenidas violando estos derechos son pruebas ilícitas, no valen.

Y por último, todos tienen derecho a un juez predeterminado por la ley, que trata de evitar la manipulación de la administración de justicia.

LOS TRIBUNALES PENALES

-LECCIÓN 39 - 1. La jurisdicción como presupuesto del proceso penal:

El art.3 del CP se corresponde con lo que dice el art.1LECRIM. Rige el principio de legalidad penal procesal. Es preciso el proceso penal para poder actuar, pro debe llevarse a cabo ante el órgano que debe sustanciarlo en cada fase.

El proceso penal se divide como vimos en dos fases con otra intermedia. En cada una de las fases se tiene que encargar un órgano jurisdiccional porque en cada momento el órgano debe contar con dos circunstancias de jurisdicción y competencia.

El órgano jurisdiccional debe determinarse de dos maneras:

1. saber si a los tribunales españoles les corresponde y no a los de otro estado conocer del proceso penal.

2. Resuelta esta cuestión pasamos a la segunda y saber si del conjunto de los tribunales le corresponde saber a un determinado órgano jurisdiccional.

Art.9 LOPJ se establece que los juzgados y tribunales ejercerán su jurisdicción en los casos en los que le venga atribuida por esta o por otra ley. Art.9.3 por una parte los juzgados y tribunales ordinarios penal y por otra parte para conocer de algunas causas criminales será el juzgado militar.

2. Límites de la jurisdicción penal ordinaria: objetivo, territorial y subjetivo.

Los límites de la jurisdicción penal ordinaria suponen los elementos de determinación de ese ejercicio de la función jurisdiccional y para esto hay tres criterios:

A) El criterio objetivo:

Se refiere al objeto. La jurisdicción penal española conoce de las causas y juicios tribunales con excepción de los que corresponda a la jurisdicción militar. Estamos hablado de dos géneros: tribunales de lo penal que conocen de los delitos y de las faltas; esta regla general tiene la excepción en aquellos casos en los que la ley de competencia y organización de la jurisdicción militar, que nos dirá cuando determinados delitos deben ser conocidos por la jurisdicción militar que son aquellos tipificados en la jurisdicción militar y el enjuiciamiento de los demás delitos en los supuestos de Estado de sitio, art.117.5CE.

La jurisdicción penal al conocer de los delitos y faltas también conoce de la responsabilidad civil derivada de estos, ej: cuando alguien comete un delito no sólo tiene que ir a la cárcel sino que tiene que indemnizar. Por tanto, la jurisdicción penal tiene atribuida la competencia para discernir la responsabilidad penal, para imponer penas y establecer medidas de seguridad y establecer la responsabilidad civil, es decir, consecuencias civiles.

También vemos que en el ámbito penal a los solos efectos prejudiciales no sólo conoce de lo penal sino que también conoce de las cuestiones no penales que sean necesario enjuiciar para pronunciarse sobre el asunto penal, art.10LOPJ

B) El criterio territorial:

Dónde conoce cada tribunal. La jurisdicción penal conoce de los hechos delictivos que se han cometido en el territorio español con independencia de la nacionalidad del sujeto activo o pasivo del delito, esto es lo que se conoce como principio determinante de la jurisdicción. El concepto de territorio español. Este principio de territorialidad tiene algunas excepciones:

• El principio de personalidad o nacionalidad: la jurisdicción conoce de los hechos tipificados por la ley española cometidos fuera del territorio español por españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión de aquellos delitos. Art.23LOPJ siempre que concurran los siguientes requisitos:

a. que el hecho sea punible en el lugar de la ejecución

b. que el agravado interponga querella

c. que el delincuente no haya sido absuelto o penado en el extranjero

Principio de protección: art.23.3LOPJ. Se está hablando de una serie de delitos que son tan graves que por tratarse de ellos cuando hayan sido cometidos por españoles o extranjeros también conocerá la jurisdicción españoles; ej: traición contra el titular de la corona, falsificación moneda española, falsificación del sello de la corona... se persiguen estos delitos aunque no concurran los criterios de jurisdicción y territoriales.

Principio de justicia universal: art.23.4LOPJ son delitos que se han cometido por españoles o extranjeros también fuera del territorio nacional siempre que sea uno de los siguientes delitos: genocidio y deshumanidad, terrorismo, piratería de aeronaves, prostitución, tráfico ilegal de personal... aunque en el caso de la mutilación femenina los delincuentes tiene que concurrir que los sujetos activos se encuentren en el territorio español. Se denomina así este principio porque ataca a delitos que constituyen un ataque de los bienes jurídicos esenciales de la comunidad internacional.

C) El criterio subjetivo:

A qué personas tiene que enjuiciar cada tribunal. Los criterios territoriales quedan modificados por la concurrencia del criterio subjetivo al imponer este criterio que por causa de la persona que cometió el delito los hechos sean enjuiciados por un tribunal distinto.

Al imponerse este criterio se hace en atención a la persona que ha cometido el delito no de la víctima. En algunas ocasiones se atiende al ejercicio de cargos por la persona que resultaría imputada. Clasificación de esas personas:

1. Personas que están beneficiadas por el principio de inviolabilidad: inviolables son los ciudadanos españoles. Hay personas que están exentas de someterse a la jurisdicción penal, por tanto no pueden ser juzgadas: el Rey, los diputados y senadores por las opiniones en el ejercicio de sus cargos, diputados del parlamento Europeo, parlamentarios de los órganos legislativos de las CCAA, el defensor del pueblo y sus adjuntos por sus opiniones y los magistrados del TC.

2. Y otras por el principio de inmunidad son ciertos ciudadanos extranjeros. No están sometidos a la jurisdicción penal: la personas que tienen un especial estatuto de inmunidad, jurisdicción y ejecución y aquí entra el juego el derecho internacional público, ej: no se puede conocer sobre los jefes y soberanos de Estados extranjeros, diplomáticos, representantes de misiones...

Como consecuencia de este principio nos encontramos con una restricción que en razón de la persona no es enjuiciado. Altera lo estudiado anteriormente, por tanto, la jurisprudencia declara que estas excepciones deben ser interpretadas por criterio restrictivo.

-LECCIÓN 40- 1. La competencia objetiva y funcional de los tribunales penales:

Competencia objetiva es por razón del objeto y en el proceso civil se determinaba por razón de la materia y por la cuantía. El criterio objetivo determina que órgano jurisdiccional penal debe enjuiciar. Criterios:

• Lo primero que se mira es el tipo o clase de ilícito penal, por tanto, tenemos que abrir el CP atendiendo al tipo o clase de ilícito penal atendemos a la competencia objetiva en razón de la materia. Estos delitos, cualquiera que sea la pena, siempre van a la Audiencia Nacional o a los juzgados de la penal.

• Otros criterios van en relación con la condición de la persona; lo que se reconoce como aforamiento

• El grado de gravedad del ilícito penal, ahora miramos a la cuantía. Según sea la pena más grave o menos grave conocerá un tribunal, conocerá la audiencia provincial o el juzgado de lo penal.

En primer lugar, hay que examinar si un hecho si por razón del tipo o por razón de la persona esa causa debe ser enjuiciado por un determinado órgano, es decir aplicar criterios a y b.

En caso en que haya conflicto, es decir que el caso sea del art.65 y que por razón de la persona competencia a un órgano de aforamiento prima este segundo criterio. Ej: delito de terrorismo por un ministro, como es aforado conocería del asunto el TS. Si la ley no establece la competencia de un órgano determinado en razón de estos criterios se aplica el criterio ordinaria en razón de la mayor o menor gravedad de la pena.

La competencia objetiva por razón de la materia:

• Los juzgados de violencia de a mujer son órganos mixtos que conocen de lo civil y de lo penal tienen competencia para conocer de aquellos delitos que están mencionados en el art.87ter.1 de LOPJ,

• Los juzgados centrales de lo penal y los de instrucción conocen de los delitos especificados en el art.65LOPJ pero de estos delitos también conoce la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. La determinación de la competencia viene señalada por la pena privativa de libertad si es o no superior a 5 años.

• El tribunal del jurado conoce por razón de los delitos, tipificados en el at.1.2 LOPJ

Por otra parte hay reglas objetivas por razón a la persona, aforados:

La ley establece que las causas por delito contra ciertas personas deben ser falladas por determinados órganos judiciales al margen de la pena.

• Los juzgados de instrucción conocen siempre de las faltas cometidas por miembros de fuerza y seguridad del Estado. Determinadas faltas cometidas en un municipio que hay juez de paz se enjuician por el juez de paz y si esa falta las comete un miembro de estos cuerpos no lo hace el juzgado de paz nunca.

• Las AP siempre enjuician los delitos cometidos por los miembros de fuerza y seguridad del Estado.

• La sala de lo civil y penal del tribunal superior de justicia por razón del aforamiento conoce de las causas seguidas contra los mencionados en el art.73.3LOPJ: jueces, magistrados, miembros del gobierno que ejerzan su cargo dentro de la CA

• Sala II del TS también tiene competencia para conocer de los delitos cualquiera que sea la pena que hayan sido cometidos por las personas nombradas en el art.57: presidente del gobierno, del Senado, del TS, TC, diputados y senadores.

• Sala 61, formada por el presidente del TS, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y moderno de cada una de ellas. 5 presidentes, mas 5 más antiguos, mas 5 más modernos mas el presidente del TS. Estos conocen de las demandas de responsabilidad civil, del enjuiciamiento de los delitos contra los presidentes de sala y los magistrados del TS.

Supuestos especiales: hay penas que están establecidas en dos grados: hay algunos que conocen de la pena más grave, el problema se da entre el juzgado central de lo penal y la AP.

En general, ya determinada la competencia conforme al criterio objetivo decimos que los juzgados de paz conocen de determinadas faltas cometidas en el municipio, art.620, 626, 630, 632 y 633CP. La LOPJ establece en el art.100 la competencia de los juzgados de paz, tiene que tratarse de estas faltas y que se hayan hecho en ese municipio

Violencia sobre la mujer: conocen de las faltas sobre la mujer en cada partido. Los juzgados de instrucción conocen de las fatas que no conoce el juzgado de paz.

Juzgado de instrucción: Una falta del 620 cometida en Alfajarín sería conocida por el juzgado de paz, cometida en Zaragoza sería en el juzgado de instrucción que tiene competencia de conocer de todas las demás faltas. También tiene competencia para dictar sentencias de conformidad con acusación en el procedimiento rápido cuando el juzgado de instrucción está de guardia.

Los juzgados de lo penal: tiene competencia para conocer de determinados delitos, la regla para el conocimiento y fallo por las causas y delitos de pena de libertad que no sea suprior de 5 años. Según la gravedad de la pena se encargará el juzgado de lo penal.

AP: tiene competencia de conocer delitos cuya pena sea superior a esta y esto mismo lo tenemos que decir cuando se trata de los delitos del art.65LOPJ, que dependiendo de la pena que tengan irán al juzgado de lo penal o a la AP.

Competencia funcional: que determina la función, en cada momento del proceso quién tiene que conocer del asunto, quien debe instruir, quién conoce de los recursos, los incidentes de recusación, quien ejecuta las sentencias... todo esto nos lo tiene que decir la ley.

Los que instruyen son los juzgados de instrucción que hay en todos los partidos judiciales conocerán de las causas de las que después conocerá el juez de lo penal porque la pena es inferior a cinco años, o la AP porque la pena es superior a cinco años y el tribunal del jurado cuando se trata de los delitos del art.1 LECRIM.

Juzgados centrales de instrucción tienen funciones de instruir causas de las que luego va a conocer el juzgado central de lo penal o la sala de lo penal de la AN. De determinadas causas tribunales por razón de aforamiento conocen otros tribunales y cuando le toca a la sala 2º del TS hay que instruir esa causa y lo hace un magistrado de la propia sala que luego no formará parte del tribunal y cuando se trata de aforadas por causa del tribunal de lo penal del tribunal superior de justicia que la instruirá un magistrado de esa sala que no formará parte después del tribunal.

En ocasiones, cuando se trata de delitos que afectan a una pluralidad de personas o de difícil instrucción en los art.303 y 304 permiten nombrar jueces de instrucción especiales y también tienen funciones de enjuiciar los juzgados de violencia sobre la mujer sobre los delitos nombrados anteriormente.

El juzgado de paz no puede instruir tiene competencia para intervenir en las actividades instructoras a prevención o por delegación. Ej: se ha cometido un delito y el juez de paz a prevención puede tomar las primeras providencias.

Para ejecutar la sentencia: la sentencia dictada en faltas, la dice el tribunal de primera instancia que dictó la sentencia ,en el procedimiento abreviado también el que dicto la sentencia en primera instancia, en el enjuiciamiento rápido también el que dicto la sentencia.

En el proceso por delitos graves no hay segunda instancia o conoce la AP y cabe recurso de casación del TS pero esto no es una segunda instancia, la sentencia la ejecuta la AP.

Las sentencias dictadas en la guarda será el juez que las dicta. Los juzgados de vigilancia penitenciaria tienen la función concreta de hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos que puedan plantearse sobre las modificaciones que puedan experimentar esos temas y velar por el cumplimiento de los preceptos de las penas penitenciarias.

La AN ejecuta las sentencias extranjeras y las órdenes europeas de detención y entrega y luego actuando en sentido de cooperación pasiva ella es la que recibe la petición de entrega de imputados solicitada por la Corte Penal Internacional.

2. La competencia territorial:

En España hay muchos juzgados de instrucción, ¿cuál de todos ellos debe de conocer de la causa?, la competencia territorial se plantea en relación la determinación del órgano instructor. Criterios determinantes para fijar la competencia territorial:

1. El lugar donde se cometió el delito: hay que mirar a la teoría del resultado. hay delitos de difícil determinación: delitos de riesgo, delitos continuados, delitos a distancia, tentativa, delitos de omisión. No hay una regla general para ellos

2. Fueros subsidiarios, art.15LOPJ donde sean encontradas las pruebas constitutivas del delito o donde el presunto reo haya sido aprehendido o el de la residencia del reo o cualquier tribunal que haya tenido conocimiento del delito.

3. Fuero especial establecido en el art.15bisLOPJ cuando se trata de delitos o faltas cuyo conocimiento corresponda al juez sobre la mujer porque aquí la competencia no se determina por el lugar donde se cometió el delito sino por el lugar del domicilio de la víctima.

Que inicialmente un juzgado haya tenido conocimiento de un asunto que no tenía competencia no tiene relevancia porque cuando se entenderán de que no tenía competencia dejará de llevar ese asunto. Todo esto son reglas necesarias para poder determinar quién funcionalmente debe conocer de esta fase del proceso pero también hay otras reglas que determinan la competencia objetiva y territorial.

3. Modificación de las reglas de competencia por conexión:

Podemos encontrarnos en casos en los que un delito tenga cierto grado de conexión con otros delitos y faltas. El supuesto es que el delito enjuiciado tiene grado de conexión con otros delitos y faltas. Hay que tener en cuenta el art.300LECRIM que cada delito de que conozca la autoridad judicial será objeto de un sumario.

Los delitos conexos se conocen en un mismo proceso, hay algunas excepciones pero lo que nos importa es el concepto de delito conexo: los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas siempre que estas vengan sujetas a determinados jueces o tribunal por la índole del delito. Ej: un delito cometido por dos personas una de ellas aforado o no. También Un delito cometido en distintos lugares por dos o más personas pero ha precedido concierto para ello porque se han puesto de acuerdo. Los cometidos como medio para perpetrar o facilitar la ejecución de otros delitos. Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. Art.17LECRIM. Si no se dan los delitos conexos cada delito van a su proceso.

Como consecuencia de la conexión de los procesos se producen modificaciones de la competencia, en primer lugar de la objetiva, Supuestos:

• se ha cometido un delito que es un delito conexo con otro delito de los tipificados en el art.65LOPJ, la competencia objetiva por razón de la materia del 65 atrae hacia si el conocimiento del otro delito.

• Cuando se trata de un delito conexo a uno cometido por un aforado, al competencia se determina a través del tribunal que entiende del asunto del aforado.

• El enjuiciamiento de un delito con otro que tiene una pena más grave; ej: son delitos conexos uno que tiene una pena de tres años de manera abstracta con uno que tiene una pena de 10 años y la competencia se lleva a cabo por el tribunal que entiende de la pena más grave del delito.

• Enjuiciamiento de delito conexo con otro de violencia sobre la mujer, se atrae la competencia a favor que tiene que instruir la causa de violencia sobre la mujer.

También se pueden producir alteraciones sobre la competencia territorial, reglas:

• Conocerá del asunto el juez que conoce del delito castigado con pena más grave

• Si la gravedad de la pena es igual entonces la competencia se determina en favor del juez que comenzó antes el proceso

• Si los dos tienen la misma pena y han empezado los dos al mismo tiempo el superior jerárquico común decidirá quién de los dos tiene la competencia.

Estas reglas de competencias quedan excepcionadas sobre los delitos de violencia de la mujer y esto mismo ocurre cuando se trata de una confrontación entre jurisdicciones, ej: un delito conexo que el corresponde a la ordinaria con un delito que su entendimiento le corresponde a la jurisdicción militar. y en este caso corresponde la competencia al que la tenga para instruir por el delito castigado con la pena más grave.

4. Tratamiento procesal de la competencia objetiva, funcional y territorial:

¿Cuándo se plantea un problema de competencia como se resuelve?

Hay que decir leyendo el art.8LECRIM que la jurisdicción penal es siempre prorrogable, por tanto la primera regla es que como no se puede prorrogar la apreciación de la competencia de los tribunal es examinada de oficio por cada tribunal y el asunto es tan sumamente grave que actuar sin competencia es un caso penal, genera la nulidad.

Cuando no se ha visto de oficio la falta de competencia puede se denuncia a instancia de parte. Tanto la funcional, como la objetiva y territorial son improrrogables y las mismas reglas cuando un tribunal conoce de un asunto sin competencia territorial.

LAS PARTES

-LECCIÓN 41- Las Partes son llamadas de manera distinta. La parte acusadora sostiene la acción. El derecho a castigar es un derecho del estado y no es por tanto de las partes, y estas no pueden pretender que se condene, y lo único que pueden pretender es que se persiga.

1. El ministerio fiscal:

Ejercitan la acción penal y en algunos casos la acción civil, pero el papel es distinto. En primer lugar el ministerio fiscal, es un instituto como tal, que está contemplado en la CE, en el Art., 124, el ministerio fiscal tiene por objeto promover la justicia. En el Art. 541 de la LOPJ.

Promueven la acción de la justicia para la defensa de la legalidad. El ministerio fiscal cuando actúa lo hace regido por unos principios concretos:

Promover la acción de la justicia: defender la legalidad. Tiene que acusar siempre que sea necesario en todos los casos. La finalidad de la jurisdicción es la actuación concreta e la ley, es decir, que se cumpla la ley. De modo que al decir que se tiene que defender la legalidad, es hacer que se cumpla la ley. Y si alguien ha cometido un hecho que está tipificado en el CP, el ministerio fiscal no puede abstenerse.

El ministerio fiscal actúa con los siguientes principios:

Unidad de actuación

Dependencia jerárquica: el mf está jerárquicamente organizado. Por tanto tienen que acatar las órdenes del Estado.

Imparcialidad: Cuando se lee el Estatuto del mf se dice que actuará así. El mf es una parte en el proceso, pero debe actuar con imparcialidad, y no debe comportarse con intereses suyos; sino con el interés de la ley.

El Art. 105 de la LECrim “los funcionarios del mf… haya o no acusador particular en las causas...”. Por lo tanto, el mf, tiene la obligación de ejercitar las acciones, las que se consideren oportunas, de acuerdo con dichos principios. Pero, menos aquellas acciones penales, que el CP reserva a la querella fundada, es decir, es una excepción, no podrá actuar el mf en aquellos delitos a instancia de parte. El legislador ha pensado que no se persiga si la víctima no quiere que se persigan, por eso el Art. 191 CP (acoso), es decir multa de la persona agraviada o querella del mf; es decir, es precisa la denuncia.

Pero el mf cuando actúa, no solo ejercita la acción penal, sino que de conformidad con el Art. 108, la acción civil ha de entablarse con la acción penal, no solo tiene la solemne función de perseguir e imponer penas, sino ejercitar también la acción civil para reparar el daño, indemnizar lo que ha sido sustraído, acción civil de conformidad con el Art. 108.

El mf tiene una parte activa a lo largo todo el desarrollo del proceso, y no solo para acusar. El mf dentro de los delitos graves, en el Art. 308, tiene funciones muy concretas, es decir, desde el primer momento está enterado, pero además el Art. 306, establece que los jueces de instrucción dentro de los sumarios, es decir, todo el sumario se formará bajo la inspección directa del mf.

En el procedimiento abreviado hay algunas excepciones específicas, el Art. 773, el fiscal se constituirá en las acciones civiles y penales. Pero, el apartado dos de este artículo, aquí se ve, que el fiscal no solo vigila y recibe continuamente informes del juez, cuando el mf tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo ya sea por conocimiento directo o denuncia o atestado, el mismo será el juez instructor, es decir, él mismo ordenará cosas, dará instrucciones directamente.

2. El acusador particular

Es la persona física o jurídica que ha sido ofendida por el delito y está acusada. Por tanto es la parte activa del proceso, pidiendo el castigo del culpable. Es distinto del acusador popular.

Art. 125 CE; hay una indicación normativa que sirve para establecer esta diferencia “los ciudadanos podrán ejercitar la acción popular, es decir, todos los ciudadanos”. Y cosa diferente a esta, es el Art. 24 CE “Todas las personas tienen derecho a una tutela efectiva de los jueces y tribunales”. Así el 125 da fundamento y apoyo y a la acusación popular, el 24 da apoyo a la acusación particular, ya que busca el castigo del culpable.

El ofendido es el que ha sufrido directamente el perjuicio (me han robado). Pero el perjudicado es aquel que haber recibido directamente el ilícito ha recibido un perjuicio (familiares).

El acusador particular al ser una persona física o jurídica, en relación a las admon públicas, éstas pueden convertirse en acusadores particulares. En el proceso ordinario tiene que actuar mediante el ejercicio de querella, todos los ciudadanos españoles pueden querellarse (Art. 270); siendo la querella no igual a la demanda, pero la querella es un acto de causación, con una de estas se inicia el proceso al igual que con una demanda.

Sin embargo, en el procedimiento abreviado, no es necesaria la formulación de la querella, en base al Art. 761 LECrim, el ejercicio por particulares habrá de situarse en la forma y requisitos que diga la ley. Para que uno pueda mostrarse parte en el proceso (ejercitar la acusación particular), es necesario que tome una decisión, y a veces se necesita de información, por eso en los Arts.109, 110 de la LECrim, que se refieren a ofrecimiento de acciones que se hace a la víctima (que sepa usted que puede ejercitar la acción penal).

El acusador particular está acusando, tiene que ejercitar la acusación en el momento oportuno, de ahí que haya un momento límite para la personación, el Art. 110, establece “antes del trámite de calificación de denuncia”, es decir, hay un momento en el que precluye dicha posibilidad; la calificación se produce en el momento en el que se abre la fase oral, depende del juez. Si no hay acusación se termina el proceso.

En el procedimiento abreviado, el momento límite es el momento de presentación del escrito de acusación, esto se produce en esa fase denominada juicio de acusación que sustituye al periodo intermedio, no lo hay, ya que se desarrolla ante el juez de instrucción. Para seguir adelante ha de haber acusación, y cuando se formula el juicio de acusación y se pasa la oportunidad.

3. El acusador popular:

En el Art. 125 se habla de que todos podrán ejercitar la acción penal, es decir, la acción del pueblo, ya que el Art. 101 de la LEcrim, dice que pertenece al personal. Por tanto, partiendo de esta acción pública, se dice, en este punto, que no al que ha sufrido un perjuicio, sino a cualquiera de nosotros que quiere intervenir.

No es el directamente ofendido, sino que es un ciudadano español, que como se ve en el 270, que haya sido o no ofendido por el delito, puede ejercitar la acción penal, en relación esto con el Art. 161. En el art 280 se diferencia el popular del particular, se habla del particular querellante. Es decir, los acusadores que no son públicos sino que son populares tienen que prestar fianza; la que señale el juez. El fundamento de la acusación particular está en el Art. 125 CE.

El acusador popular está defendido, pero por ejemplo en los procesos militares o de menores no está: Por la desconfianza hacia el uso de la acción oficial. Y para controlar esta dejación, en la exposición de motivos, Alonso Martínez, afirma la introducción de la acusación popular, y es consecuencia de la defensa de la concepción del derecho de acceso a la justicia penal, algo que interesa a todos, dejemos que todos puedan poner en funcionamiento la justicia penal. Así el proceso penal comenzaba cuando los ciudadanos que querían, pero en defensa de la figura del acusador particular, hay otras razones de crítica; se dice que entre todo el mundo en el proceso lo desnaturalice, ya que pueden estar presentes intereses particulares de grupos o se pueden introducir simples deseos de venganza.

Es decir, se privatiza el proceso al dejar el proceso penal en manos de sujetos privados. Esta postura ha sido mantenida por la fiscalía general del estado, así uno de los puntos de mira en la reforma de la ley ha sido acabar con este punto.

Los caracteres de la acusación popular:

• Es un derecho constitucional de configuración legal, debe regularse por una ley ordinaria, de ahí que dentro de nuestro OJ penal, no esté esta figura en algunos procesos.

• Es un medio de defensa del interés general, por tanto, no comporta ni integra intereses o derechos particulares.

• Es una acción pública, Art, 101 LEcrim, eso sí, ejercida por particulares.

4. El acusador privado:

El acusador privado: Hay algunos delitos como los de acosos o abusos, que son semi-públicos, pero la doctrina los denomina privados a algunos como los de calumnia o injuria del 215 CP. Por tanto el acusador privado es la parte necesaria para perseguir los delitos solo perseguibles a instancia de parte (los delitos del 215).

El acusador privado entra en el proceso mediante querella, porque la persecución de los hechos delictivos se hace siempre querella, es decir, no vale que lo denuncie, se tiene que sostener la acción penal durante todo el proceso. Y la LEcrim, exige que se acuda antes del proceso a la conciliación (Art. 278, 315, 804 de la LEcrim).

Hay que tener en cuenta, que a veces la calumnia o injuria a particulares se ha producido dentro del proceso, así en el Art. 279 de la LEcrim o el Art. 215.2 del CP; y como es un acusador privado hace falta que se lleve a cabo por el sujeto ofendido y no por otro, y por eso debe tener poder de disposición, y si no quiere no hay proceso, es decir, si no hay querella no hay proceso (en el proceso civil, en base al principio dispositivo se dice que el proceso no existe si las partes no quieres).

Aquí cabe la renuncia expresa, en base al Art. 106 LEcrim o se puede renunciar tácitamente en base al Art. 112 de la LECrim. Por una parte el Art. 215 CP, también el 130.4, se dice que se extingue la responsabilidad criminal por el perdón del ofendido.

5. El actor civil:

En el Art. 100 LECrim, referido a todo delito o falta nace delito, y el Art, 109 del CP. Por tanto, hay que estudiar la figura el actor civil como el titular de la acción civil, en el Art. 100, se regula la acción que nace de los delitos y faltas, ciertamente nace la acción penal y como nace la acción civil porque también va a ser susceptible de ser ejercitada.

El primer puerto de normas que regulan la acción civil, se encuentra en la LEcrim, pero por otra parte, el CP contiene normas reguladoras de esta responsabilidad civil (Arts.109 a 122), y luego los Art, 125 y 126 del CP, de la responsabilidad civil son normas en relación con esta acción civil, pero no podemos perder de vista el Art, CC, como el Art, 1089 (las obligaciones nacen de la ley, los contratos, cuasicontratos, actos y omisiones ilícitos en los que interviene género de culpa o negligencia) y también el referido a las transacciones judiciales.

La responsabilidad civil no nace del delito, el delito solo genera la pena. Por tanto, el acto que constituye el delito puede ser fuente de obligaciones civiles, de ahí que, en algunos casos hay delitos que no generan una obligación civil; de ahí que el perjudicado por el acto en sí puede ejercitar la acción cuando verdaderamente está perjudicado.

Y el perjudicado puede reclamar primero en un proceso civil, no hay ningún inconveniente que el perjudicado por el acto concreto, se reserve el ejercicio de la acción civil para un proceso civil; así la acción penal se entabla conjuntamente con la acción civil, salvo que se haya reservado para ejercitarla posteriormente al proceso. O se puede ejercitar la acción civil dentro del proceso penal, así no solo como acusador particular sino como demandante, se produce una acumulación de objetos, el civil y el penal.

Aun tratándose de algo que corresponde a los intereses de los particulares, la acción civil, se entabla por el ministerio fiscal cuando ejercita la acción penal, haya o no en el proceso acusador particular; y cuando haya acusador particular, pedirá lo que se le ocurra y el fiscal también pedirá dicha indemnización; así que aunque haya acusador particular, el fiscal ejercitará también la acción civil.

La acción civil la ejercita: el ministerio fiscal, Art, 108, el acusador particular Art, 109, el acusador privado. Sin embargo el acusador popular no ejercita la acción civil, ya que solo persigue el delito.

En algunas ocasiones el actor civil se ve distinto del acusador particular, es decir, se ejercita la acción como acusador particular y al mismo tiempo ejercitar la acción, pero puede haber otras personas perjudicadas, que no serán acusadoras, pero será actores civiles en el proceso. Hay ocasiones que no coincide la acción civil con la penal.

La acción civil puede ser ejercitada por los herederos, pero no puede ser ejercitada por asegurador. De la misma manera que existe un tiempo para ejecutar la acción civil, también lo hay para la acción civil, hay un momento de ejercicio, y este tiempo precluye cuando se produce el trámite de calificación o cuando llega el momento de formular el escrito de acusación.

Y el actor civil al mirar por sus intereses en la acción civil, en la LEcrim, se establecen distintos momentos en los que aparece la intervención de este actor, así en el Art. 320, establece los linderos de la actuación del actor civil. Después, para garantizar el buen fin del proceso respecto de esa indemnización o restitución, se establece la posibilidad de pedir la adopción de fianzas, así el Art, 589 se refiere a medidas cautelares que pueden adoptarse para garantizar que cuando a uno se le condena que haya dinero. Así primero se le pedirá que preste fianza (pecuniaria y carcelaria).

Hay que asegurar el proceso: En el procedimiento ordinario, si hubiera actor civil hay que pasarle la causa para que en su caso presente conclusiones numeradas (cantidad de daños y perjuicios y personas responsables), y cuando llegue el

momento de informar en el juicio oral solo informa acerca de esta responsabilidad; Art. 732 y 735. En el procedimiento abreviado, Arts., 781 y 788, dicen lo mismo que el 651 y el 735.

-LECCIÓN 42- Pero en el otro lado del proceso, nos encontramos otros sujetos que tienen que ver con el desarrollo del proceso. Las partes acusadas, que son a quienes son contrarios de quienes ejercitan la acción civil o penal o ambas, es decir, alguien contra quien se ejercitan dichas acciones. En la parte contraria, de quienes ejercitan la acción penal o civil, se hallan los sujetos que tiene que soportar esas acciones como parte pasiva, acusados.

1. Imputado:

El imputado es la parte pasiva necesaria frente a quien se ejercita la acción penal y se dirige en proceso penal, a uno no le imputan una responsabilidad civil (proceso civil9, sino responsabilidad penal, tiene que estar por narices en el proceso.

En la LEcrim, a la parte de imputado, se le conoce con los nombre de: inculpado (a quien se culpa), presunto culpable, procesado, reo (persona a quien se imputa un acto punible), querellado, acusado e imputado (771.2). Esta riqueza de términos para llamar a lo mismo, se dice que el proceso penal va creciendo conforme se conocen los hechos, de probabilidad a certeza; tiene relevancia porque conforme se pasa de una fase a otra, el sujeto pasivo está cambiando de nombre. Inicialmente a uno lo llaman para que declare porque se le imputa un acto punible, y cuando ha declarado, indicios de criminalidad; el 384, establece que se dictará auto de procesamiento, y el sujeto ha cambiado aunque la persona es la misma, y ahora es procesado, y cambia su situación en el proceso. Cuando se pasa por el periodo intermedio, quizás lo acusen, y se le llama acusado o reo; y finalmente será un condenado. Por tanto se cambia la terminología en función de la situación jurídica, de las calidades y medidas que se adoptan en cada momento.

Es parte necesaria, porque si no está determinada la parte del imputado, no puede iniciarse la parte del juicio oral ni puede dictarse sentencia. Por tanto el Art. 299 dice constituye el sumario, es finalidad del sumario o el sumario sirve para; las actuaciones encaminadas a practicar el juicio. Si no se logra esta determinación, procederá el sobreseimiento y el archivo, el proceso no podrá seguir adelante.

El momento de determinación de la persona que queda sujeto la persona al proceso, en el proceso ordinario es estar sometido a procedimiento de auto de procesamiento. En el procedimiento abreviado no hay auto de procesamiento. Pero cuando se regulo el procedimiento abreviado, un juez dijo que no podría ser así, y el TC en la sentencia 186 de 1990, que aunque no hubiera auto de procesamiento era necesario que era por lo menos se imputara formalmente a una persona y se le notificara la imputación.

En el Art. 775, es necesario que a la vista de la declaración como imputado en la primera comparecencia el juez informa de los hechos que se le imputan, y cuando se formula el escrito de la acusación no se puede hacer sino se ha producido la imputación (si no te imputan no te pueden acusar). En el procedimiento abreviado cuando una persona es imputada, se le informa de sus derechos, art. 771 de la LECrim.

Puede darse el caso que una persona sea citada como testigo y a lo largo de la declaración, el juez diga que haya participado en los hechos, y sea imputado. Entonces, como consecuencia de la declaración resulte la imputación, se suspenderá la declaración, y se pedirá que se nombre a abogado para que vuelva a declarar en su nueva condición; los testigos declaran bajo juramento y en el proceso penal desde la CE si declara como testigo no puede mentir, hay que suspender y hacer nueva declaración.

A partir del momento en que una persona es procesada o imputada, puede defenderse; conocer las diligencias practicadas; y podrá pedir las diligencias oportunas.

En procedimiento por faltas: la imputación se lleva a cabo cuando se informa que se lleva a cabo el juicio por faltas, se le entrega la denuncia de la querella. En el procedimiento ante el tribunal del jurado, también es necesaria la imputación formal, art. 24 LO del tribunal de jurado en relación con el Art. 25.

Uno es imputado, procesado o reo hasta que llega el final del proceso, y cuando llega, será condenado o absuelto. Pero la condición de imputado no solo se puede perder cuando se dicte sentencia, sino también como consecuencia del sobreseimiento.

La capacidad para ser parte en el proceso penal: son las personas físicas con aptitud para participar en el proceso de modo consciente en el proceso, que comprenden la acusación y el proceso

La capacidad procesal en el proceso penal equivale a la imputabilidad, de ahí que cuando una persona una persona no se le pueda imputar un delito, no es una persona hábil para ser parte en el proceso penal.

¿Cuándo falta capacidad procesal? En los casos en los que el CP cuando dicen que están exentos de responsabilidad (Art. 20) enajenación, intoxicación plena, alteración grave de la percepción.

La enajenación al cometerse el delito En el Art. 381 de la LECrim “observación de médicos forenses”. Si se comprueba que manifiestamente que la persona está en dicha situación no podrá ser enjuiciada, y el Art. 637 causas de sobreseimiento: el sujeto aparezca exento de responsabilidad criminal. Plantea problemas, el Art. 101 CP: Exige que se celebre el juicio oral y se dicte sentencia. Establece la norma de que habrá que celebrar el juicio, pero respecto al 637, quiere decir determinar el proceso.

Enajenación después de la comisión del delito Art. 383 de la LECrim: si la demencia sobreviniera […] archivar la causa. No se le va a poder juzgar, ya que no tiene aptitud consciente para conocer el proceso. Y ello será hasta que no recobre la salud.

La legitimación corresponde a quien se le imputa/comete el delito en calidad de autor o encubridor […]. Es muy importante en el proceso penal, que la parte pasiva esté presente en el proceso.

3. Presencia y ausencia del imputado

El ejercicio de derecho de castigar que tiene el Estado exige el efectivo ejercicio del derecho de defensa. Por eso en el proceso penal hay dos principios, el primero es la contradicción y el segundo el de la irrenunciabilidad del derecho de defensa. Es decir, tiene que haber dos partes contradiciéndose. Pero si no te quieres defender, te van a defender, o si no quieres abogado, te van a nombra uno (asistencia jurídica gratuita).

Por tanto, lo primero que se exige para llevar a cabo esta contradicción y defensa, se exige que el imputado esté presente donde se vaya a desarrollar el proceso; su presencia es insoslayable (si no viene no hay juicio); ha de estar presente en el juicio oral o en la fase plenaria.

El imputado debe comparecer (Art. 487 LECRim) y también ha de estar en la fase de instrucción, pero en esta fase, su presencia no siempre es necesaria (fases de sumario de terrorismo incoados). De manera que cuando el citado para el juicio oral no comparece (orden de comparecencia), así que primero se debe proceder a llamar a través de la “Requisitoria” (Art. 784.4) así para garantizar su presencia cuando no es habido.

Pero puede celebrarse el juicio oral sin presencia del imputado, cuando se dan las circunstancias que establece la ley para el procedimiento abreviado. Para que esto pueda ser así, y satisfaga ambos principios, el Art. 775, establece que la primera comparecencia del primer imputado, se le requerirá para que establezca un domicilio en España […] Pero su ausencia injustificada, no será causa de suspensión del juicio. Otra excepción será el juicio de faltas y otra será el procedimiento por injurias contra los particulares. Es decir, hay tres excepciones: procedimiento abreviado, faltas e injurias. Art. 835 LECrim requisitoria: hacer la correspondiente publicación.

La rebeldía

El Art. 834 exige la declaración de rebeldía, en el proceso civil llegada la rebeldía no se le notifica nada más hasta la sentencia. En el proceso penal, cuando la requisitoria no es productiva se declara en rebeldía. Procede declarar en rebeldía, cuando se dicta auto de procesamiento en el procedimiento ordinario (se declara que una persona está relacionada, sometida al proceso; porque resulta demandado por la demanda); aquí es porque el juez lo declara procesado (Art. 384).

Ejemplo: Persona citada como imputado (Art 486), la orden de comparecencia se eleva a orden de detención; no es necesaria su presencia; pero se le puede declarar procesado, y si no estás, se pide una requisitoria (te citan y no vienes); estará pendiente hasta que te cojan. Si no ha sido habido, se te declarará en rebeldía. Y no se va a poder celebrar el juicio porque se te ha declarado en rebeldía.

En el procedimiento abreviado no hay auto de procesamiento, cuando se produce la comparecencia de una persona como imputado, el juez le notificará su condición de imputado. En cualquier caso, que el juez no le haya notificado, se le imputara siempre antes de iniciar el juicio oral. Primera comparecencia: se le notifica la imputación; y formalmente se le tiene que decir que está imputado. Entonces si no se dice, no se podrá celebrar el juicio si no hay declaración formal de imputación.

La posibilidad de declarar en rebeldía ya en la fase de instrucción (posibilidad de declarar antes del juicio de acusación).

Efectos de la declaración en rebeldía en el proceso:

En la fase de instrucción Art 844 cuando la causa se archive por estar en rebeldía todos los procesados o uno solo […] Por tanto si el proceso no va a seguir adelante, se van a devolver todos los objetos (fase de instrucción). Cuando

se está en la fase de juicio oral Art. 846cuando el declarado rebelde se presente o sea habido. Se suspende la causa respecto de los rebeldes y de los no rebeldes se continuará (Art. 842).

El Art. 843 (Reserva de la acción civil) establece que el auto de suspensión que se reservara a la parte ofendida por el delito para la restitución del daño […] La obligación ha nacido, es decir, existe; pero va a aparejada con la penal, así necesariamente se tiene que separar la acción civil de la penal.

El Art. 845 (me voy a mi pueblo y me escondo) si no se puede defender es asunto del reo; y estando pendiente el recurso de casación, éste seguirá hasta el final.

Efectos de la declaración en el proceso abreviado:

Se establece que tiene que notificar la sentencia, aunque no se haya defendido. Se le concederá el recurso de anulación; Art. 793.

La extradición activa

Es el acto por el que el estado español, solicita a otro estado la entrega de una persona a la que se le atribuye la comisión de un delito. Arts. 824 a 833 (procedimiento muy sencillo con un lenguaje del siglo XIX). Se exige que haya tratados.

La orden europea de detención y entrega

Es un sistema muy concreto en el ámbito europeo, se suele conocer como la “euro-orden”. Esta orden nace como consecuencia del principio de reconocimiento mutuo de todos los países de la UE, como mecanismo de cooperación judicial, sustituyendo los procedimientos de extradición por un nuevo procedimiento de extradición; de entrega de personas sospechosas de haber cometido un delito (los numerados por la ley) o que eludan la acción de justicia una vez haber sido condenados por sentencia.

Tenemos una ley en la que se establecen esos delitos, el Art. 1 de la ley 3/2003 de 14 de marzo, que regula en España la orden europea de detención y entrega, define que es la orden.

¿Cuándo se aplica esta orden de detención? Para aplicar esta orden es necesario que se dé un doble criterio

• Art. 5 dice en qué casos (abreviado)

La finalidad perseguida: proceder al ejercicio de acciones penales y proceder al cumplimiento de una pena. El tipo de delito y La pena

• El procedimiento está regulado en el Art. 6 se trasmite la orden de detención; se pueden dar dos circunstancias

-Se conozca el paradero: el estado español se puede dirigir directamente

-No se conoce su paradero: la autoridad judicial española podrá introducir una descripción de su persona.

4. El responsable civil

Es el sujeto frente a quien se ejercita la acción civil acumulada en la acción penal para la recuperación. Se trata de lo que dice el Art. 109 del CP, se establece la responsabilidad civil y su extensión comprende la restitución y la reparación del daño y la indemnización de daños y perjuicios materiales.

Art. 1089 a 1092 del Cc, Art. 1956 (prescripción de la acción civil).

5. El responsable civil directo y subsidiario.

Leyendo la LEcrim, podemos distinguir dos tipos de responsables civiles

El responsable civil directo es el autor del hecho punible. El Art. 100 LECrim habla de esta responsabilidad “todo delito falta nace de acción penal o civil”. Y el Art. 116 CP “Toda persona criminalmente responsable”. Primero serán responsables entre sí y luego será subsidiaria.

También hay personas que no son responsables penalmente pero sí lo son civilmente de forma directa.

Aseguradores Art. 117 el CP. El que por título lucrativo ha participado” Art. 122 CP. Se contempla la posibilidad a la hora de instruir la pieza del proceso penal en el que se ordena este tema en la responsabilidad Art. 615 CP. Se ha de tener en cuenta a esos responsables que sin haber cometido el hecho punible tienen responsabilidad civil Art. 20 CP y

Art. 118 CP (satisfacer la responsabilidad civil: parámetros para exigir dicha responsabilidad cuando se dictan sentencias absolutorias tras aplicar eximentes del Art. 20).

El tema de la distribución de la responsabilidad: cuando hay dos o más responsables civiles. Art. 116 CP.

El responsable subsidiario para por si acaso el directo no cumple. Es la persona distinta del directo, que ante la insolvencia de éste, responde de las consecuencias civiles del hecho delictivo.

Art. 120 CP en defecto de los que lo sean criminalmente (padres o tutores de los menores, las personas naturales o jurídicas de las revistas). En unos tipos delictivos muy concretos aparecen como responsables subsidiarios.

El responsable civil está en el proceso; y el funcionamiento del responsable civil no va a ser igual que el responsable criminal.

La intervención de los responsables civiles en el proceso penal:

Intervención en la Fase de instrucción

Cuando una persona resulta imputada desde el auto de procesamiento. El responsable ya va a poder actuar. Los Arts. 589 y ss LEcrim.

El responsable civil subsidiario, va a participar en el proceso desde el momento en el que resulten indicios de responsabilidad civil para él (Art. 615 determinan un incidente de señalamiento de la responsabilidad civil subsidiario). Cuando se le declare así, se le mandará que preste fianza.

Intervención en el juicio oral.

Comienza con un escrito de calificación, se va a pedir la responsabilidad. Cuando el responsable civil sea directo subsidiario se le da la causa para que califique, la hará atendiendo a los dos últimos puntos del Art. 650 limitará a los hechos punibles, su calificación, su participación, las penas, la cantidad de daños y prejuicios cursados por el delito.

El juicio oral se desarrolla a través de la práctica de las pruebas, y termina con un informe (conclusiones). El responsable civil se atendrá a estos extremos concretos (Art. 736).

Las compañías de seguros que responde de las indemnizaciones derivadas del hecho que cubren (riesgo), no son parte en el proceso penal. Así en el Art. 764.3 LEcrim prestar las fianzas. En este caso no es parte pero si es responsable, y al ser requerida debe prestar hasta el límite del seguro la cantidad que garantiza. El Art. 764.3 al no ser parte, no se le verá sentado en el juicio al abogado de la compañía de seguros.

-LECCIÓN 43- 1. La defensa en general en el proceso penal

El derecho de defensa no es una especie de adorno del estado de derecho (bienestar) que ponga en manos de los cuídanos, sino que es una necesidad del proceso penal. Está constitucionalizado, en el Art. 24 CE Todos tienen derecho de defensa y asistencia de letrado. Art. 17.3 CE toda persona detenida debe ser informada; se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias.

No solo en el proceso penal o en el auto de procesamiento, sino que también en las diligencias civiles. Pero es un derecho muy particular, hay necesidad de asistencia de abogado, si uno no nombra abogado te lo nombran de oficio. El Art. 118 para el procedimiento en el proceso ordinario; se regula esta designación del abogado. Art. 775 primera comparecencia, se le requerirá para que designe abogado, y si no lo designa para proceder a su defensa se le nombrará de oficio.

2. Defensa y representación de las partes: El abogado y el procurador

Esto no solo se circunscribe en el proceso (proceso judicial: cuando interviene el juez); y en toda intervenciones y diligencias pre procesales hay derecho a defensa. Art. 520 Lecrim el detenido tiene que declarar con abogado, si no lo tienes de confianza te lo nombran “toda persona detenida será informada de todos los hechos que se le imputan”

Las consecuencias de que no intervenga un abogado.

En las declaraciones del imputado sin abogado vulneran el Art. 17.3 CE, siempre que produce indefensión efectiva. Y no puede tomarse como prueba de cargo las declaraciones sin abogado. Desde el momento que hay imputación formal ya hay designación de abogado.

El derecho de defensa es irrenunciable

Supone la elección de abogado de confianza, sino no lo nombra la designación de oficio. El contenido supone la prohibición de la defensa por indefendible (no puede abandonar; aunque en la ley de asistencia jurídica gratuita si te puedes negar, pero otro te defenderá).

El letrado que lleva la instrucción también lleva la fase en el juicio oral. Cuando el imputado está incomunicado se le designa un abogado. El derecho de defensa lleva consigo el derecho a entrevistarse reservadamente. La asistencia tiene que ser real y efectiva y no meramente formal, es decir, los tribunales deben evitar la pasividad del abogado. Y el derecho a abogado se tiene incluso cuando la asistencia es facultativa para las partes (juicio de faltas).

Hay casos en los que está excepcionado: el juicio de faltas y el Art. 520.5El detenido o preso podrá renunciar, si su detención fuera de delitos contra la seguridad del tráfico.

3. Defensa gratuita y defensa de oficio. ¿?

EL OBJETO DEL PROCESO PENAL

-LECCIÓN 44-

1. El hecho punible: su identidad.

El objeto del proceso civil es una pretensión. El proceso civil se identifica por el objeto, los sujetos y la causa de pedir. Sin embargo, en el proceso penal la cuestión del objeto se plantea en torno a la identificación de la "cosa" de la cual se trata. El señalamiento del objeto en el proceso penal es muy importante porque se le ha relacionado con diversos institutos procesales. Es importante el señalamiento del proceso porque depende de la clase del procedimiento. Atribuyendo el objeto, también se determina la litispendencia. En el proceso civil, según el artículo 5 LECiv, la ley relaciona el objeto del proceso con la declaración de voluntad o constituir una relación jurídica nueva (disolución del contrato o del matrimonio por ejemplo). En el proceso penal existe el concepto de acción, pero este proceso puede comenzar sin que lo pida nadie. El juicio verbal comenzará con demanda sucinta, pero el proceso penal empieza con el conocimiento del delito. El juez puede conocer del hecho delictivo mediante un informe policial por ejemplo, y tiene la obligación de iniciar el proceso una vez que conozca la causa. El proceso penal, hasta que llegue el momento de acusar habrá que pasar por muchos actos, cosa que en el proceso civil es impensable. En el proceso penal se persigue un hecho que tiene apariencia de delito mediante la investigación. Este hecho es el objeto del proceso penal es la "res de qua agitur". La actividad procesal penal se determina por la persecución de un hecho que presuntamente constituye una infracción criminal. No se abre el proceso para investigar todos los actos de la vida de una persona, sino que cada juzgado está investigando un delito cometido por el acusado. No se abre una causa general. El proceso penal se inicia por causa de un hecho que tiene apariencia de delito. Por tanto, la tarea primordial es la de identificar el hecho punible a los efectos del proceso. El juez penal va tener encima de la mesa el código penal y encuadrar el hecho delictivo en algún artículo. En algunas ocasiones el juez se puede encontrar con conductas simples (matar a alguien de un disparo), y en otras ocasiones con conductas complejas (golpea, produce lesiones y a consecuencia la víctima muere). El hecho punible es determinante. Hay un falso criterio, que es identificar el hecho punible atendiendo al sujeto al que se le atribuye el delito: Juan mató a alguien. Hay que ir investigando la causa y después enlazar el hecho a la persona. Habrá que partir del hecho y acabar enazándolo a una persona. Sin embargo, el sujeto sirve para identificar la calidad del hecho punible: es homicidio o es parricidio. Necesitamos, por lo tanto, un elemento jurídico de la realidad. Es forzoso echar una mirada jurídica desde el código penal. Habrá que ir al código penal para identificar el hecho. Por tanto, hecho punible es el hecho con apariencia delictiva. Se trata de poner el signo jurídico a las conductas humanas, que se identifican con juridicidad penal a partir del código penal. Por tanto, hace falta una tipificación. Sin una norma o una ley penal que disponga la tipicidad de este hecho no se puede seguir con el proceso, porque no se dispone de criterio para resolver la cuestión de la tipicidad del hecho. Nos podemos encontrar con un conjunto de actos, que sería el delito continuado. Cuando hay un conjunto de actos, habrá que incoar un proceso para perseguir los hechos delictivos producidos hasta que se empiece el proceso. El artículo 300 dice que cada delito del que conozca la autoridad judicial será objeto de un sumario. En algunas ocasiones nos encontramos con que el delito es único, así que este precepto se aplica a la fase del delito oral, porque sólo se puede declarar un delito. Pero puede darse el caso de delitos conexos.

Los delitos conexos, que son los que establece el art 17 LECrim, deben instruirse todos en el mismo proceso, porque existe relación entre ellos. Esto es lo que justifica el que se investigue y se persigan en el mismo proceso. Se hace esto por motivos de economía procesal y para impedir la ruptura o la división de la continencia de la causa. No se quiere romper la unidad que existe entre todos los hechos. Por otra parte, también en ocasiones conviene tener en cuenta lo dicho en el artículo 76 y 77 del Código Penal sobre el enjuiciamiento de varios delitos. Dentro de un proceso hay hechos distintos, y entre todos ellos existe una conexión. Ejercitada la acción penal se entiende ejercitada la acción civil: también puede haber una acumulación en razón de los hechos delictivos, que dan lugar al mantenimiento de una pretensión encaminada a la obtención de la pena o a la reparación mediante la indemnización de daños y perjuicios. El ejercicio de la acción penal comporta el ejercicio de la acción civil.

Sin embargo, las acciones que constituyen delito o falta pueden ejercitarse separadamente. El dañado o el perjudicado pueden reservarse el derecho a reclamar indemnización por daños y perjuicios para un juicio civil posterior, declarándolo expresamente. También puede renunciar a pedir indemnización, excluyendo del proceso penal su acción preparatoria: el artículo 144. Lo que hay que hacer es esperar a que se acabe el proceso penal para iniciar el proceso civil, porque son acciones distintas que derivan la una de la otra. El ejercicio de la acción civil no incluye el ejercicio de la acción penal, salvo los delitos perseguibles a instancia de parte. La acción civil tiene carácter eventual, así que el Tribunal sólo se pronunciará sobre la acción civil sólo si la sentencia es de condena; si la sentencia es absolutoria, no se declarará la responsabilidad por daños y perjuicios del inculpado.

Cuando se dicta una sentencia absolutoria, en el proceso penal nos podemos encontrar con que el acusador haya ejecutado la acción penal y la acción civil. Se han consumido las dos, así que no se puede ya ejercitar la acción civil en un tribunal civil. Si el acusador no ha ejercitado la acción civil en el proceso penal y la sentencia es absolutoria porque declara que los hechos no existen, la acción civil se ha consumido y ya no se puede pedir. No pueden no existir los hechos para el proceso penal y después existir para el proceso penal. Es cosa distinta que se le absuelva al imputado porque el hecho no sea punible, cuando el hecho no es hecho delictivo, y luego que se le lleve al proceso civil porque sí que existe responsabilidad civil. El artículo 114 establece esta suspensión del proceso civil hasta que no se acabe el proceso penal. Por otra parte, la sentencia absolutoria sobre la acción civil no es obstáculo sobre la acción penal. Por ejemplo, en un delito de terrorismo se pide la responsabilidad civil en el proceso civil, pero no se concede. Esto no impide que se siga con el proceso penal.

La instrucción El artículo 299 nos define lo que es la intrusión, que se llama "sumario": constituyen en sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio, y practicadas para averiguar y hacer constatar la perpetuación de los delitos con todas las circunstancias relevantes para influir en la calificación de los hechos. El sumario, por lo tanto es una pieza capital: averiguar, dejar constancia, asegurar las personas... Es la recopilación de todo lo ocurrido, es una encuesta, la recopilación de datos. En algunas ocasiones la instrucción la hace la policía, y también se da la investigación fiscal. En la LECrim se habla de la formación del sumario, donde se regula un conjunto de actuaciones que tienen la misma finalidad: investigar el caso. No siempre hace falta que se den todas las fases, se van a dar las que se necesiten para cada caso. Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.

- En el juicio ordinario hay determinadas actividades encaminadas a indagar los hechos que se han producido pueden llevarse a cabo por la policía o por el fiscal. Entonces esta fase de instrucción se puede diversificar en dos: una fase anteprocesal, llevada a cabo por el fiscal; y otra fase procesal, llevada a cabo por el juez de instrucción. La función de la instrucción es siempre la misma, pero tiene sus características peculiares respecto de distintos procesos.

El artículo 297 establece que los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales.

Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio. En todo caso, los funcionarios de Policía judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen, y se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la Ley no autorice.

- El el procedimiento abreviado hay una fase prejudicial, que se va a desarrollar delante del fiscal. Distinguimos unas diligencias previas y ya no hablamos de sumario. Estas diligencias previas tienen la función de instruir y es un procedimiento más reducido. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido se va a desarrollar ante el juez de

guardia. En estos casos la instrucción o es innecesaria, o es muy breve.

- En el juicio de faltas no hay fase de instrucción.

- En el procedimiento ante el Tribunal del Jurado se desarrollan con carácter preparatorio unas diligencias, porque las piden las partes o el Ministerio Fiscal. Todo se va a desarrollar ante el Tribunal del Juzgado, de manera que todo lo que sea instruido en esas diligencias no se va a trasladar ante el tribunal, sino que sólo se presentará un escrito para que se de curso al proceso. La práctica de las pruebas y demás se va a desarrollar delante el tribunal.

- En el procedimiento delante del tribunal de Menores, la investigación la lleva a cabo el fiscal. Aún siendo dirigidas por un órgano judicial, las diligencias preliminares se van a desarrollar por un órgano administrativo. También hay actos judiciales, como actos de investigación de limitación de derechos fundamentales, el aseguramiento de las pruebas y los recursos con sus resoluciones.

Para preparar el juicio es importante determinar el hecho, el sujeto al que se le atribuye, garantizando el interés público y la persecución de los delitos. Además, la preparación del juicio o sumario tiene como función determinar si procede llegar al juicio. Por otra parte también (artículo 299) hay que hacer lo procedente para asegurar satisfacción de las responsabilidades derivadas de la condena, aplicando medidas cautelares de carácter real: prisión preventiva, fianza, libertad provisional... El sumario comienza con una noticia criminis, una información de que se ha producido un hecho susceptible de calificar como delito. Esta noticia puede llegar al juez a través de medios utilizados por terceros (por denuncia) o conseguidos por el mismo juez, que aplica su conocimiento. Una vez que el juez conoce la noticia está obligado a investigar: el artículo 269 dice que habrá que proceder a la investigación. Tiene que dictar un auto de apertura del sumario o un auto de la apertura de las diligencias previas. Ciertamente el proceso puede terminar de una manera rápida sin abrir el sumario, cuando se entiende que el hecho no se considera delito o cuando el juez no actúa abriendo sumario porque se considera incompetente.

EL PROCESO POR DELITOS GRAVES

LA INSTRUCCIÓN

-LECCIÓN 45-

1. Concepto, naturaleza y función del sumario: FINALIDAD GENERAL Y VARIEDADES A tenor de la propia definición legal en el procedimiento ordinario por delitos graves “Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.” (art. 299 LECrim)

Pueden, por tanto, diferenciarse tres finalidades

• averiguar y hacer constar si se cometió o no el delito y cuál pueda ser su autor y su culpabilidad;

• preparar, en su caso, el juicio oral.

• Asegurar prevenir las consecuencias penal y civiles del hecho

MODALIDADES DE INSTRUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES

En el Juicio Ordinario por delitos graves En el juicio ordinario por delitos graves, a partir del art. 229 LECrim, no se diferencia una fase previa al inicio del sumario. Ello no impide, sin embargo, que los art. 282 a 298 LECrim contemplen diversos quehaceres de la policía. Porque no se trata de una fase procesal, el art. 197 LECrim prescribe que las manifestaciones de la policía judicial vertidas en el atestado y el contenido de este tendrán el valor de denuncia a efectos meramente probatorios.

En el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido La última reforma de la LECrim, de 2002, distinguir dos situaciones: aquella intervención se entiende casi como innecesaria o extremadamente breve, es la necesidad procedimiento de enjuiciamiento rápido, y otra que es aquella que corresponden a cuestiones en el ámbito objetivo de aplicación del procedimiento abreviado.

En otros procedimientos

En cuanto a otros procedimientos, en el juicio de faltas carece de fase instrucción.

NATURALEZA JURIDICA DE LA INSTRUCCIÓN Acerca de la naturaleza jurídica de la fase de instrucción existen dos direcciones contrapuestas, claramente conectadas con las dos concepciones que se han mencionado: la que le asigna carácter procesal y la que la concibe como una actividad administrativa. Como argumentos a favor de su naturaleza administrativa o pero el que, aunque se dirija por un órgano judicial, se realice en gran medida por órganos administrativos (la policía judicial) y en el que las resoluciones serán irrevocables.

NORMAS GENERALES DE LA INSTRUCCIÓN

• cada delito debe ser objeto de un sumario, salvo los conexos, que podrán acumularse e instruirse en un solo proceso.

• La resolución debe formarse ante el secretario judicial, como depositario de la fe judicial.

• Como regla general, las actuaciones se desarrollarán en la sede oficial del juzgado.

• Son hábiles todos los días y todas horas.

• Las diligencias sumariales son en principio secretas para terceros, con las excepciones precedentes de la ley

• el instructor deberá recoger en el sumario tanto lo adverso como lo favorable, así como instruir al imputado de sus derechos si no está asistido de defensa.

CONTENIDO DE LA FASE INSTRUCTORA En términos generales el contenido de la fase de instrucción es comprobar la existencia de actividad delictiva y prepararse improcedente la fase de juicio oral en un doble sentido: haciendo acopio de material, que de otro modo desaparecería; la asegurando que la condena y las responsabilidades derivadas del delito, en su caso, podrá hacerse efectivas.

COMPETENCIA DE INTERVENCIÓN DE LAS PARTES Sera competente en el juez de instrucción del lugar del delito, el que corresponda por reparto (en los lugares donde hay varios), que ante el que se acumulen procesos con esos.

En cuanto a la intervención de las partes dependerá de cuál de ellas se trate y del modo que se tenga conocimiento de la noticia criminis.

El ministerio fiscal ostenta en la fase sumaria una situación claramente privilegiada como órgano público acusador oficial. Le corresponde, una función inspectora del transcurso de este periodo procesal, así como no le afecta la declaración de secreto de sumario. Desde una segunda perspectiva como parte pública, interviene desde el inicio en el sumario, proponiendo todas las diligencias que estime oportunas.

El acusador popular y el particular, una vez constituidos como partes, solicitan también diligencias que deberán ser practicadas, salvo que se estimen inútiles o perjudiciales, pudiendo intervenir en las mismas y siempre que no se haya declarado el secreto de sumario.

En cuanto al imputado, está obligado a comparecer si le cita el juez, pero no a declarar sino comparecieran el juez dicta la orden de detención.

En Los casos de detención policial y judicial se deberá estar asistido de letrado; posteriormente a lo largo de la instrucción, hay que volver a diferenciar entre el proceso ordinario y el proceso abreviado. En el proceso ordinario, cabe tener abogado de libre designación, pero en cuanto llega el momento del procedimiento o de la imputación, si no se tiene, se deberá nombrar de oficio si no lo designa libremente.

2. Modos de incoación del sumario: La Noticia criminis puede llegar al conocimiento del juez a través de muy diversos medios: bien puede proceder de terceros bien puede tener conocimiento del hecho delictivo el propio juez.

En cualquier caso, el órgano judicial estará obligado a investigar, (salvo casos excepcionales de manifiesta ausencia de conducta delictiva o el que la denuncia está como manifiestamente falsa), si aprecia indicios racionales de delito. Si, por el contrario, los hechos denunciados o que figuran en la querella no son constitutivos de delito o el juez no estima competente para instruirlos, por la desestiman la querella siendo esta última resolución recurrible.

LA INICIACION DE OFICIO

Conforme al art. 308 de la LECrim “Inmediatamente que los jueces de instrucción tuvieren noticia de la perpetración de un delito lo pondrán en conocimiento del fiscal de la respectiva Audiencia, y darán, además, parte al presidente de esta de la formación del sumario.

El art. 308 faculta al órgano judicial para levantar el correspondiente testimonio sobre los hechos presuntamente delictivos de los que tiene conocimiento y remitirlo al juzgado de guardia o, ponerlo en conocimiento, en su caso, del Presidente de la audiencia, pero danto traslado en todo el supuesto al Ministerio Fiscal a fin de que sostenga o no la acción penal, cometido este que se halla fuera de la competencia del órgano judicial.

3. La denuncia: Es la declaración de conocimiento o ciencia, en virtud de la cual se pone en conocimiento de la autoridad unos hechos que revisten los caracteres de delito.

La Ley de enjuiciamiento criminal diferencia entre la forma en que hayan llegado a conocimiento del denunciante los hechos y la calidad de este.

• Si el denunciante conoce el hecho en ejercicio de su cargo, profesión u oficio, su traslado al instructor o miembro de la policía constituye un deber, cuya única excepción se establece para los abogados y procuradores respecto de las instrucciones de sus clientes.

• Si el denunciante es testigo directo del hecho, debe denunciarlo bajo amenaza de sanción económica. De esta obligación se excluyen los impúberes, los que no gocen del pleno uso de razón, en el cónyuge del delincuente los ascendientes y descendientes consanguíneos o a fines del delincuente.

• Si el si el denunciante no es testigo directo, no cabe obligarle a renunciar.

• Si nos encontramos ante un delito perseguible a instancia de parte en, la denuncia del ofendido por el delito operará como un presupuesto procesal inexcusable cumplimiento, sin el cual el juez no podrá iniciar el procedimiento.

La denuncia puede efectuarse:

• ante el órgano jurisdiccional

• ante cualquier miembro del ministerio fiscal

• ante funcionarios de la policía

Formalmente, podrá hacerse por escrito, de palabra, personalmente o por mandatario con poder especial. Aparte deberá ser firmada por el declarante y por el funcionario o autoridad que la reciba, el juez, autoridad o funcionario consta la identidad de la persona denunciante y si este último quisiera expedirá a un resguardo.

Más allá de estos efectos, más formales, la ley de enjuiciamiento criminal prevé la necesaria comprobación de la verosimilitud de los hechos denunciados y si merecen ser investigados.

• Si la denuncia será presentado ante el órgano judicial y se cree que los hechos denunciados no son constitutivos de delito o falta, deberá dictarse resolución archivando las diligencias.

• Si la denuncia se presentó ante la fiscalía, ordenará su remisión al juzgado competente o, en su caso, su archivo por entenderla infundada, de lo que deberá dar noticia al denunciante con la práctica de diligencias para comprobar los hechos y las presuntas responsabilidades.

• Si, en un último supuesto, la denuncia se presenta ante la policía, derivará en un atestado, al igual que si la policía conocer el hecho por sí misma.

4. La querella. Concepto, presupuestos, requisitos, forma y efecto de la querella: Es un acto procesal por el que se pone en conocimiento de un órgano jurisdiccional la perpetración de unos hechos con caracteres de delito y además, se ejercita la acción penal, lo que hace que el querellante se constituya en parte.

El art. 277 LECrim condiciona la eficacia de la querella al cumplimiento de una serie de requisitos:

• Deberá presentarse a través de procurador con poder bastante y suscrita por letrado y

• Deberá dejar constancia de:

• El juez o tribunal ante el que se presente

• El nombre, apellidos y vecindad del querellante

• El nombre, apellidos y vecindad del querellado

• Una relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora si se saben

• La expresión de las diligencias que se deberán practicar para la comprobación del hecho

• La petición que se admita la querella, se practiquen las diligencias indicadas en la comprobación de los hechos.

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