Miguel Fernández – Baíllo Santos
Derecho Administrativo Grupo (K)
COMENTARIO JURISPRUDENCIAL: Sala Tercera de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4ª. STS 1231/2022.
1º) Explicar de qué trata la sentencia.
Estamos ante de una Sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso –
Administrativo del TS. Dicha sentencia versa sobre el recurso de casación
interpuesto por la entidad WOMEN ON WEB INTERNATIONAL FOUNDATION
(WOW) contra la sentencia de 6 de julio de 2021, dictada por la Sección Octava
de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que
desestimó el recurso de apelación nº 30/2021 interpuesto por la ahora
recurrente contra la sentencia de 9 de marzo de 2021 del Juzgado Central de lo
Contencioso Administrativo nº 10 dictada en el procedimiento especial para la
protección de los Derechos Fundamentales 2/2020.
La entidad WOW, estaba comercializando a través de una sección de su
página web una serie de medicamentos, concretamente “mifepristona” y
“misoprostol”, cuya venta y distribución es ilegal en España sin receta médica.
De esto se dio cuenta la AEMPS (AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS). Además, la actividad no figuraba como
compraventa, pues no se exigía pago de ningún precio por el medicamento,
sino que se pedía que la solicitud fuese acompañada de un donativo de entre
cincuenta y setenta euros.
AEMPS avisó de la ilegalidad a WOW, que no cesó su actividad, así que
adopto la siguiente medida cautelar. Pidió a los proveedores de acceso de
Internet en España que interrumpieran el acceso a la web de WOW, mientras
iniciaba un proceso administrativo que culminaría con una resolución por parte
de la presidente de la AEMPS acordando dicha interrupción.
A partir de eso momento se interponen sucesivos recursos
- El primero un recurso de reposición, desestimado por el estudiado en
clase silencio administrativo. WOW acude entonces a la vía contencioso-
administrativa
- Interpone entonces un recurso contencioso-administrativo desestimado
por el Juzgado central, que entiende no es necesaria autorización
judicial previa para tomar la medida de interrupción de la web, puesto
que no se secuestra un medio ni se restringen libertades, sino que se
pide el cese de una actividad ILEGAL en nuestro país.
