Examen Administratiu II, Ejercicios de Derecho Administrativo. Universitat Rovira i Virgili (URV)
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Examen Administratiu II, Ejercicios de Derecho Administrativo. Universitat Rovira i Virgili (URV)

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Asignatura: Dret Administratiu II, Profesor: Josep Ramón Fuentes, Carrera: Dret, Universidad: URV
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EXAMEN ADMINISTRATIU II

MODEL 1

Tipologia del personal de les administracions públiques. TEMA.11.3

Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al

servicio de los intereses generales. También podemos definir el empleado público como aquel personal

profesional al servicio de las Administraciones públicas. Éstos se clasifican en:

Funcionarios de carrera: aquellos que en virtud de nombramiento legal, no contractual, están vinculados

a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo, que precisa de los derechos y deberes, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter

permanente (salvo el tiempo propio de los interinos).

Funcionarios interinos: aquellos que por razones justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados

para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes

circunstancias:

Cuando existan vacantes y no sea posible cubrirlas por funcionarios de carrera.

Sustitución transitoria de los titulares.

Ejecución de programas de carácter temporal.

Exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses, dentro de un período de 12 meses.

Personal laboral: el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, presta servicios

retribuidos por las Administraciones Públicas. Podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal, en

función de la duración del contrato. Se rige por las normas generales del Derecho Laboral (EBEP).

Personal eventual: aquel que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza

funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial en aquéllos órganos de

gobierno de las Administraciones Públicas que establezcan las leyes de función pública, siendo

retribuidos con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. Ésta condición no

constituye mérito en el momento de intentar acceder a la Función Pública o en caso de promoción interna.

Personal directivo profesional: aquel que desarrolla funciones directivas profesionales en las

Administraciones Públicas. Pueden tener tanto la condición de funcionarios como de laborales. Deberá

ser designado atendiendo a los principios de mérito, capacidad y criterios de idoneidad, mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

Procediment d’impugnació contenciós - administratiu de les disposicions de caràcter general.

Contra las disposiciones administrativas de de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa, así

que la impugnación deberá seguir la vía de la jurisdicción contenciosa administrativa i se podrá recurrir

por el procedimiento ordinario.

Por la vía contenciosa administrativa, además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter

general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en

que tales disposiciones no son conformes a Derecho.

En cuanto al plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, de las disposiciones de carácter

general, también las no conforme al derecho, será de 2 meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada.

Existen dos procedimientos contencioso administrativo:

Procedimiento ordinario, denominado en la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de

primera o única instancia.

Procedimiento abreviado.

A. Procedimiento ordinario: Consta de los siguientes trámites:

Diligencias preliminares.

Interposición del recurso y reclamación del expediente.

Admisión del recurso.

Emplazamiento y personación.

Demanda, contestación y alegaciones previas.

Prueba.

Vista y conclusiones.

Los interesados podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de medidas cautelares para

asegurar la efectividad de la sentencia.

B. Procedimiento abreviado:

Mediante este procedimiento se abrevian los trámites indicados para el proceso ordinario, empleándose para materias que conozcan los Juzgados de lo Contencioso administrativo en los asuntos de su

competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas,

sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político, así como todas aquellas cuya cuantía

no supere los 13.000 euros.

Formes de gestió directa dels serveis públics. TEMA 7.3

Es cuando la prestación de un servicio se realiza por un ente público, por medio de sus propias estructuras

o mediante una entidad que dependiendo del servicio se creará de una forma u otra. Haremos referencia a

diferentes formas organizativas de gestión pública:

Gestión por la misma entidad, que supone autonomía de gestión mínima e indispensable. Se trata de

una especialización orgánica en la misma Administración ordinaria = autonomía de gestión

mínima. La persona jurídica que presta el servicio es la misma Administración local, sin ninguna

diferenciación presupuestaria, es decir la gestión del servició se integra en el presupuesto

municipal.

Entidad pública empresarial. Creación de un organismo público que gestione el servicio. De esta

manera se gana autonomía presupuestaria, contractual i patrimonial; pero se aplica todavía

derecho público (derecho admin), que no siempre son favorables para una gestión de tipo

empresarial.

Sociedad mercantil, con capital público, encargada de la gestión del servicio. La Administración

pública controla la sociedad gestora des de su condición de titular del capital societario. Comporta

más autonomía en la gestión, pero con sumisión al derecho privado.

Recurs extraordinari de revisió. TEMA 2.4

Lo encontramos regulado en los articulos 118 y 119 de la ley 30/92. Se interpone contra los actos firmes

en vía administrativa, ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su

resolución, cuando se tenga como objeto alguna de las circunstancias siguientes:

Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos

incorporados al expediente.

Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean

posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por

sentencia judicial firme.

Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia,

maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

El plazo para interponerlo, cuando se trate de la causa 1, será en el periodo de 4 años des de la

notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de 3 meses a contar desde el

conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. El plazo para resolver

(resolución), es de 3 meses desde la interposición del recurso, si no, se entenderá desestimado y se

producirá silencio, por el cual quedará abierta la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

MODEL 2

Mitjans de selecció dels funcionaris públics. TEMA 13.1

La adquisición de la condición de empleado público requiere unos requisitos generales: nacionalidad,

mayoría de edad, ausencia de defectos físicos y otros que impidan el desempeño de la función. El acceso

al empleo público se basa en una doble condición: Que los funcionarios acrediten la capacidad profesional necesaria para desempeñar el cargo

Que sus conocimientos y destrezas de este orden superan a la de otros posibles aspirantes al

mismo empleo.

Serán funcionarios, aquellos candidatos que acrediten mayor mérito y capacidad. Esto se consigue a

través de las técnicas de concurso y oposición, o a través de una versión mixta de ambas, el concurso-

oposición.

Oposición constituye un método adecuado para seleccionar colectivos numerosos y homogéneos. Son

pruebas de comprobación de conocimientos y capacidad. Hay de libre acceso y de promoción interna

(personal que ya pertenece a la administración y quiere un ascenso, para ser fijo…).

Concursoparece el más apropiado para seleccionar funcionarios para plazas singulares y específicas.

Consiste únicamente en la valoración de méritos y se entra como personal laborar temporal.

Concurso-oposición, aquí además de las pruebas se valoran los méritos de los aspirantes sin que en

ningún caso la puntuación otorgada a éstos pueda determinar por sí misma el resultado de la selección.

Normalmente así se entra a trabajar como personal laboral fijo.

Los funcionarios locales con habilitación de carácter nacional se seleccionan mediante oposición o

concurso-oposición, conforme a las bases y programas aprobados por el Ministerio para las

Administraciones Públicas.

El nombramiento procede cuando se ha superado el proceso selectivo y el período de prácticas o el curso

selectivo en la correspondiente escuela de funcionarios. Sin embargo, la condición de funcionario no se adquiere por el simple nombramiento, requiere cumplir con el acatamiento a los principios

constitucionales mediante la jura o promesa de la Constitución y la toma de posesión, que debe tener

lugar en el plazo de un mes, tras la publicación del nombramiento.

Procediment d’impugnació contenciós administratiu dels reglaments.

Contra los reglamentos no es posible la interposición de recurso en vía administrativa. Los recursos

contra un acto administrativo que se funde solo en la nulidad de algún reglamento podrán interponerse

directamente ante el órgano administrativo que dictó dicho reglamento o disposición (artículo 107.3 de la

LRJPAC). Los reglamentos son recurribles directamente ante los tribunales de la jurisdicción

contenciosa-administrativa, ya que una de sus funciones específicas es la de controlar la legalidad de los

reglamentos y, por tanto, de declarar la nulidad de los que están viciados.

Diferenciamos dos tipos de recurso contencioso-administrativo.

Recurso directo: impugna el Reglamento en su totalidad o determinados preceptos. El plazo para la

impugnación es de 2 meses desde su publicación. Sus efectos son erga omnes, lo cual supone

cierta economía procesal al evitar multitud de litigios.

Recurso indirecto: su objeto no es propiamente el reglamento, sino los actos que aparecen en el

reglamento, cuya nulidad se postula en base a la ilegalidad del reglamento, si bien es posible

alcanzar la nulidad del Reglamento en su conjunto. Sus efectos son también Erga omnes. El plazo

para interponer este recurso no depende de la fecha de publicación del Reglamento ilegal, sino de

la notificación del acto singular objeto del recurso. De modo que se pueden recurrir Reglamentos

ilegales publicados hace años.

Por tanto, podrán impugnar contra Reglamentos ilegales todas las personas físicas y jurídicas en defensa

de sus intereses legítimos.

El Art. 106.1 CE confía a los tribunales contencioso-administrativos el control de la potestad

reglamentaria sin limitaciones, de modo que no hay Reglamentos que puedan escapar del control judicial.

La impugnación de Reglamentos que violen alguno de los derechos fundamentales susceptibles de

amparo constitucional puede articularse a través del proceso especial y sumario del Art. 53.2 CE,

interponiendo el correspondiente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 10 días desde su

publicación.

Formes de gestió indirecta dels serveis públics. TEMA 7.3

Según la LBRL, la gestión se realiza mediante diversas formas de contrato típico de gestión de los

servicios públicos. Esto significa que tenemos que ir a la Ley 30/2007 de contratos del sector público.

En el artículo 8 tenemos los contratos de gestión de los servicios públicos, en que en virtud de la

Administración Pública o mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, se encomienda a una persona natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido

asumida como propia de su competencia por la Administración o Mutua encomienda.

El artículo 251 establece que la Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los

servicios de su competencia, siempre que sean susceptibles de explotación por particulares. En ningún

caso podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente

a los poderes públicos. Además, el contrato expresará con claridad el ámbito de la gestión, tanto en el

orden funcional, como en el territorial.

El artículo 253 dice que la contratación de servicios públicos podrá adoptar las siguientes modalidades:

Clásica: concesión en que el empresario gestionará el servicio a su riesgo y aventura.

Interesada: la hace una empresa privada pero una parte de los ingresos a la Administración.

Concierto: con la persona natural o jurídica que realice prestaciones análogas del servicio que se trate

mediante contrato.

Sociedad de economía mixta: la administración participa y esta participación puede ser mayoritaria o no. Será necesario iniciar una licitación para escoger el socio particular, es decir, el privado.

Son indirectos porque están implicados sujetos externos a la administración propia.

Cuando hablamos de formas de gestión directa son entidades que pertenecen al sector público, en cambio,

los instrumentos de gestión indirecta significa que hay un tercer sujeto externo a la administración.

Revisió actes nuls i anul·lables. TEMA1.1

La revisión de los actos nulos y anulables, la englobamos dentro del control de legalidad de la actividad

administrativa y en los artículos 102 y 103 de la ley 30/92.

En el art. 102 nos habla de que, para que la administración pueda declarar la nulidad de pleno derecho

de los actos que pongan fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos, tal acto debe estar

dentro de las causas de nulidad previstas en el artículo 62 de la misma ley. La nulidad debe ser acordada

previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad

Autónoma y ha de acabar en resolución expresa. Por otra parte, el órgano competente para llevar a cabo

la revisión, podrá acordar motivadamente la inadmisión sin necesidad de pedir dictamen al órgano

consultivo, si no se basa en ninguna de las causas del art.62LPC. Sí pasan 3 meses des del inicio del

procedimiento de oficio sin resolver, éste caducará. Si se inició a solicitud del interesado, se entenderá

desestimado por silencio negativo.

En cuanto a la revisión de los actos anulables, hablaremos de la declaración de lesividad, prevista en el

art. 103 de la ley 30/92, dónde la administración podrá declarar lesivo para el interés público los actos

favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, por tal de impugnar ante el orden contencioso-administrativo. Antes de recurrir, la administración debe

cumplir con los requisitos de declaración de lesividad en un transcurso de 4 años desde que se dictó el

acto. La declaración de lesividad supone la instrucción de un procedimiento con audiencia de los

interesados con un plazo de caducidad de 6meses.

Similitudes y diferencias entre el recurso de alzada y el potestativo de reposición.

Ambos se interpondrán contra resoluciones y actos de trámite cualificados, que cabrá fundar en

cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad de los art. 62 y 63 de la ley 30/92.

El recurso de alzada, se interpondrá contra resoluciones y actos de trámite cualificados cuando no

pongan fin a la vía administrativa. Podrá ser recurrido ante el órgano superior jerárquico de que lo dictó. El plazo para interponerlo si el acto es expreso es de 1 mes, sino el plazo será de 3 meses a contar des del

día siguiente al que se produzcan los efectos del silencio. Pasados estos plazos sin recurso, la resolución

será firme. Plazo para resolver: si pasan 3 meses sin dictar o notificar resolución, se entenderá

desestimado el recurso. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá otro recurso administrativo,

sino contencioso-administrativo.

En cambio, contra el recurso potestativo de reposición, se interpondrá contra los actos que pongan fin a

la vía administrativa, ante el mismo órgano que los dictó. El plazo para interponerlo si el acto es expreso

es de 1 mes, sino el plazo será de 3 meses a contar des del día siguiente al que se produzca el acto.

Pasados estos plazos, sólo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo. Plazo para resolver: si

pasan 1 meses sin dictar o notificar resolución, se entenderá desestimado el recurso por silencio negativo.

Contra la resolución de un recurso de reposición no cabrá otro igual.

PREGUNTA LARGA DE AMBOS MODELOS

Actividad de limitación de la administración: principios y medios. De la huida del d.administrativo

al neointervencionismo administrativo. TEMA 5.

La actividad de limitación administrativa o de policía es aquella forma de intervención de la

Administración pública, la cual restringe la libertad, los derechos o actividad de los particulares. Así pues,

se trata de actuaciones administrativas que suponen deberes, obligaciones o cargas para los particulares.

La finalidad de estas limitaciones es la de verificar la adecuación de la actividad particular a las

exigencias del interés público. Hay que decir que con hacer actividad administrativa de policía o de limitación no estamos haciendo referencia a los cuerpos o fuerzas de seguridad.

La Administración General del Estado y las Administraciones de las CCAA utilizan los reglamentos

como técnicas de limitación. Las Administraciones locales, utilizan los bandos, ordenanzas, licencias, etc.

Principios que limitan la actividad de policía: Los principios que se enumeran a continuación, si bien

rigen cualquier modalidad o tipología de actividad administrativa, condicionan de manera significativa el

ejercicio de la actividad administrativa de policía o de limitación:

- Principio de legalidad o norma previa: la Administración pública actúa con sujeción plena a la ley y al

derecho, en el sentido de que la regulación por norma legal es requisito esencial de toda actividad

limitadora de las libertades y derechos de los ciudadanos. Es decir, el principio de legalidad significa que

no existe actividad administrativa lícita sin norma legal previa a la cual, directa o indirectamente, pueda

reconducirse la actividad administrativa concreta.

- Principio de igualdad: la sujeción de la actividad de las administraciones públicas al principio de

igualdad se impone, como para cualquier otro poder público, en el artículo 14 de la CE.

- Principio de proporcionalidad: se establece, entre otros, en el artículo 96 de la ley 30/92, en relación con

los distintos medios de ejecución forzosa de los actos administrativos que la ley pone a disposición de la

Administración pública. La aplicación de este principio es especialmente intensa en la actividad

administrativa de policía.

- Principio de buena fe: Este principio rige las relaciones entre la Administración y los administrados de

la misma forma que, como principio general del Derecho, rige el art. 7 delCódigo Civil “los derechos

deberán ejercitarse conforme a las exigencias de buena fe”.

- Interés público: como es sabido, toda actividad administrativa debe estar orientada a la satisfacción del

interés público.

En el planteamiento clásico, las medidas de policía administrativa son:

El Reglamento de policía: son reglamentos y otras normas reglamentarias y disposiciones generales

(ordenanzas locales y bandos, entre ellas) que regulan la actividad de los ciudadanos en distintos

sectores de intervención pública: así, por ejemplo, los reglamentos de seguridad de los productos

e instalaciones industriales que establecen las pautas de fabricación o producción de tales

productos y la puesta en funcionamiento de aquellas.

Autorizaciones. Constituye un acto de la Administración pública que levanta una prohibición relativa

para el ejercicio de un derecho o de una actividad privada, tras su control de legalidad y/u oportunidad. Tradicionalmente se ha venido aceptando que la autorización opera siempre sobre la

preexistencia de un derecho de quien la solicita, cuyo ejercicio subordina la ley al consentimiento

de la Administración pública, que declara su compatibilidad con el interés público.

La orden. Las ordenes son actos por los que la Administración, sobre la base de una potestad de

supremacía, hace surgir a cargo de un sujeto un deber de conducta positivo (mandato) o negativo

(prohibición), cuya inobservancia expone al obligado a una sanción en caso de desobediencia”

Las sanciones. (multas)

Tratando de hacer un planteamiento de esas manifestaciones de la policía administrativa acorde con la

situación presente hemos de llegar ahora a una clasificación más compleja. De acuerdo con ella, junto a

los Reglamentos de Policía puede colocarse la gama de técnicas siguientes:

Actuaciones administrativas de constancia de la actividad de los particulares. Dentro de ellas las

técnicas de registro, inventario ycomunicación.

Actuaciones Administrativas de comprobación. Aquí se sitúan las técnicas de acreditación,

homologación e inspecciones técnicas.

Actos de habilitación: la autorización y sus modalidades actuales. Actos de privación de derechos o libertades. Se incluyen medidas como la restricción de libertad por

razón de salud pública, incautación, inmovilización, cierre o clausura de establecimientos.

De la huida del d.administrativo al neointervencionismo administrativo: durante los años 70 y 80 se

producirá el esplendor del servicio público, una Administración que interviene en casi todos los ámbitos.

Las Administraciones han de hacer el mayor número de actuaciones para satisfacer las necesidades de los

ciudadanos. El Estado, cuando España entra en la UE, el gran mercado capitalista, oprime las actividades

de los poderes públicos. Esto lo consiguieron monopolizando, es decir, vendiendo una gran parte de

empresas públicas para convertirlas en privadas. Con el intervencionismo, puedes decidir que una

empresa pública lo deje de ser o no, pero con la prestación de un tercero, no del Estado; así aparece otra

vez la actividad de policía de la administración, con tal de controlar o limitar los derechos y finalidades

de los terceros y llevan a cabo orden y seguridad pública.

EXAMEN ADMINISTRATIVO 2.

Mitjans selecció funcionaris públics.

Oposició: consisteix en que l’opositor realitzarà una sèrie de proves i que determinaran la idoneïtat

dels aspirants.

Concurs d’oposició: té dues fases:

Oposició

L’aspirant ha de tenir prèviament a la convocatòria determinats mèrits que es valorar en

aquesta fase de concurs( experiència o formació) el seu valor no pot superar 1/3 de la

puntuació màxima assumida en el procés.

Procediment impugnació cont-adm dels reglaments

el procedimento general en primera o única instancia:

El escrito de interposición: el proceso se inicie por un simple escrito de interposición que se reducirá

a citar el reglamento, acto, la inactividad o la actividad material impugnados y a solicitar que se

tenga por interpuesto el recurso.

Si se trata de actos o reglamentos se acompaña un a copia de los mismos, o se indica el

expediente administrativo en que constan, o el Diario Oficial en que se publicaron.

También se acompañara el escrito de interposición del documento que acredite la

representación de quien comparece, el documento que acredite la legitimación del actor si

se le hubiere transmitido por herencia u otro título, y para entablar acciones conforme a

sus estatutos o sus normas reguladoras.

Admisión, remisión del expediente administrativo y emplazamiento de los demandados: una vez

interpuesto el recurso el juez declarará admitidito el recurso, o requerirá al recurrente para que

subsane deficiencias. Después acordará su publicación en el Boletín Oficial correspondiente, si lo

hubiera solicitado el recurrente.

Demanda y contestación: son los escritos fundamentales del recurso.

Demanda: el recurrente debe concretar separadamente los hechos y fundamentales de derecho

en que base sus pretensiones y precisará éstas en el suplico del escrito.

La demanda y la contestación deberán presentarse en el plazo de 20 días desde que se les

emplace por el órgano jurisdiccional y se les haga entrega del expediente administrativo

para preparar sus escritos. Los plazos son improrrogables.

El escrito de contestación a la demanda: si además de la adm demanda hubiera otros

demandas, deberán presentarlos todos en el mismo plazo. Además dentro de los primeros

5 días del plazo para contestar la demanda, los demandados podrán formular alegaciones

previas solicitando la inadmisibilidad del recurso por los motivos que establece el art 69 LJ.

Prueba: las partes en sus escritos de demanda y contestación pueden pedir pruebas, por otros

motivos, sobre los puntos de hecho relevantes para la resolución del recurso, que no consten en el

expediente o que figuren incorrectamente en el mismo, o no hubieren sido debidamente valorados

por la adm al dictar el acto.

Medios de prueba:

Interrogatorio a las partes

Documental pública o privada

El reconocimiento judicial

Interrogatorio de testigos

Se tiene un plazo de 15 días para proponer las pruebas y 30 días para practicarlas.

Vista o conclusiones:

Terminación: el modo normal de terminación de los procesos cont-adm es por sentencia, que se

estudia en el siguiente punto, pero también puede concluir por cualquiera de estos modos:

Desistimiento:

Allanamiento de la parte demandada,

Por caducidad

Inadmisión

Por acuerdo de las partes.

Sentencia: es la resolución del tribunal que pone fin al proceso cont-adm dando respuesta a las

pretensiones de las partes. La S debe contener una relación de hechos y unos fundamentos

jurídicos en los que se motiva la decisión del Tribunal.

La S debe ser congruente, su incongruencia supone que está viciada y motivará el recurso

que corresponda.

La S deberá pronunciar alguno de los siguientes fallos:

Inadmisibilidad del recurso

Estimación o desestimación(parcial o total del recurso)

Pronunciamiento sobre la condena es costas si hubiese sido pedida por alguna de las

partes.

Si la S inadmite el recurso solo producirá efectos entre las partes y no producirá el efecto de

cosa juzgada.

Ejecución de la S.

Forma de gestió indirecta dels serveis públics:

Segons la llei de bases de règim local, art 85.b es realitza mitjançant un contracte( contracte típic) i hi ha

varies formes de contractar el servei públic i per això a més a més em d’anar a la llei 30/2007( art 8)

contracte que realitzarà la adm pública mitjançant el qual se li encomana a una persona jurídica la gestió de un servei.

Estan implicats subjectes externs a la organització pròpia de la adm.

Art 253, la contractació de la gestió dels serveis públics podran adoptar les següents modalitats:

Concesión: implica la gestión del servicio a riesgo y ventura del contratista que que incluso

puede ejercer algunas potestades de policía.

Gestión interesada: la adm y el contratista o gestor participan en los resultados de la

explotación, sean ganancias o pérdidas, según la proporción que se establezca.

Concierto o convenio: hi ha centres que ja presten el servei, mitjançant el contracte també

presten el servei. ( ja existeix l’estructura)

Societat d’economia mixta: societats mercantils participades per la adm( la participació pot

ser majoritària o no) es necessari realitzar una licitació per a escollir al soci privat. La adm

només pot aportar la concessió que té valor econòmic.

Revisió dels actes nuls i anul·lables:

La revisión de oficio es la fórmula derivada de la potestad concedida a la Adm para anular los actos

que incurran en las causas preestablecidas como de nulidad radical o de pleno derecho. Para que

la potestad se ejerza correctamente, han de concurrir varias circunstancias.

El órgano adm autor de un acto ilegal puede declarar la nulidad del mismo sólo si puso fin a la vía

adm, transcurrió el plazo de su impugnació e incurre en una de las causas fijadas por la leu.

No todos los órganos están facultados para revisar de oficio los actos nulos, sino sólo aquellos determinados por la ley.

Es necesario un dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano homólogo de las CCAA.

En los supuestos de revisión de oficio de actos nulos, no hay límite temporal, es decir, la adm puede

decidir la revisión en cualquier momento.

La declaración de nulidad de un acto adm puede acarrear el deber de indemnizar a los interesados si se

dan las circunstancias legales, es decir cuando de la legalidad cometida se haya producido un daño

efectivo, individualizable y evaluable, asunto que decidirá el propio órgano que declare la nulidad.

La revocación de los actos anulables: es la fórmula que permite a las adm anular sus propios actos

ilegales, bien porque sean favorables a los interesados y perjudiciales para los interés públicos, bien porque sean desfavorables para los interesados.

La declaración de lesividad: es el requisito previo de la autoimpugnación de los actos adm

anulable y ha de hacerse en un plazo de 4 años desde que se dictó el acto. Además, la

lesión no tiene que ser necesariamente de tipo económico, bastando cualquier otro tipo de

daño o perjuicio para los intereses públicos.

Rectificación de errores: fórmula que habilita a las adm para corregir las equivocaciones que

cometan sus órganos. Pueden rectificar SIN límite de plazo, los errores de hecho o materiales que

se produzcan al adoptar una decisión y que figuren en el documento escrito de la misma, pero no

pueden corregir los errores de fondo cometidos y que hayan conducido a la toma de una decisión

inadecuada.

TIPOLOGIA DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

El personal al servicio de la Adm.es una parte muy grande del servicio público, de un colectivo muy

grande de trabajadores (personas que prestan servicios a los ciudadanos, se les tendría que considerar

servidores públicos). Tienen su justificación en la propia existencia de los ciudadanos y se consideran

privilegiados, pues tienen una remuneración fija para toda la vida por los servicios que prestan.

Se divide en funcionarios y laborales. Existe también un tercer colectivo que son los eventuales, que

tienen una función ligada a la designación. Así pues, el personal que desempeñará funciones retribuidas

en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales se clasifica en:

Funcionarios: de carrera e interinos

Personal laboral

Personal eventual

Son funcionarios de carrera, los vinculados a la Administración Públ. Mediante un sistema de selección

que sigue unos requisitos de mérito y capacidad. No existe la libre designación porque el hecho de ser

funcionario asegura puesto de trabajo de por vida. (art. 9)

Son funcionarios interinos los que por razones de necesidad y urgencia reciben un nombramiento como

tales para el desempeño de funciones propias de un funcionario de carrera. (art. 10)

Las relaciones funcionariales se caracterizan por:

-Incorporarse a la AP mediante un nombramiento legal y no contractual.

-Prestar servicios profesionales, no de índole política. -Estar vinculados de forma permanente (salvo interinos temporales)

-Estar retribuidos de acuerdo con los conceptos y cuantías fijadas.

-La sujeción es una relación estatutaria

El personal laboral es el que presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. Podrá ser

fijo: indefinido o temporal.

El personal eventual realiza únicamente funciones expresamente calificadas como de asesoramiento o

confianza. Tienen contratos temporales y acceden a la AP por libre designación de algún superior. Tienen

que dejar su cargo cuando la persona que los designó finaliza el suyo (regidores…).

Además está el personal directivo: que es una categoría que queda al margen por tener una regulación

específica. Corresponde al Gobierno del Estado o de la CCAA establecer el régimen jurídico específico

de este personal, que deberá ser designado atendiendo a los principios de mérito, capacidad y criterios de

idoneidad.

FORMAS DE GESTIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La variedad de regímenes de gestión no está en los orígenes de los servicios públicos, como se

configuraron en s.XIX. Antes la gestión directa por la Administración entrañaba la aplicación de un

régimen integral de Dº Administrativo:

El órgano gestor tenía naturaleza administrativa

El personal era funcionarial

Los bienes eran de dominio publico

La justicia administrativa era garantía judicial

Luego hubo un crecimiento posterior debido a:

La nacionalización de empresas privadas, que hizo que el Estado asumiese su gestión en el régimen

jurídico-privado.

La Administración expropió el derecho propio de estas empresas con la excusa de que el Dº privado

es el desiderátum de la eficiencia.

Aparecen así los servicios públicos gestionados por sociedades de capital íntegramente público que no

son otra cosa que AP disfrazadas de empresas privadas.

Como reciente novedad: la ley 30/94 de Funcionarios (fundación privada creada por los entes públicos).

Una fórmula que se está aplicando como sustitutos de los antiguos establecimientos públicos y que permite eludir a la aplicación de Dº Administrativo en determinados campos.

La legislación local, como legislación uniforme para todos los entes locales, se plasma en la LBRL. Las

formas de gestión directa admite a su vez formas de Dº público y Dº privado.

El Dº público: Gestión por la propia Entidad Local y Gestión por organismo autónomo local.

El Dº privado: prevé la sociedad mercantil cuyo capital pertenece íntegramente a la Entidad Local.

En cuanto a las formas de gestión indirecta o contractual, todas ellas suponen la intervención de un

particular o de una empresa mixta ligada a la Administración titular del servicio por una relación

contractual.

Las modalidades de gestión indirecta se regulan en la Ley de Contratos.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Los recursos administrativos son el instrumento que tiene los particulares afectados en sus derechos o

intereses por un acto administrativo para instar una revisión ante la AP que lo haya dictado. Sin olvidar

que, la revisión de actos administrativos puede llevarse a cabo sin necesidad que lo soliciten los

particulares (revisión de oficio).

No es posible interponer recurso en vía contenciosa administrativa contra disposiciones de carácter

general.

Es un recurso extraordinario, que se interpone contra actos que agotan la vía administrativa o contra

aquellos que no se tenga que interponer recurso administrativo dentro de un plazo, es decir, contra actos

firmes y consentidos. El recurso extraordinario de revisión, lo resuelve el mismo órgano que dictó el acto, y se interpone contra quien lo dicta. El objeto de recurso son los actos firmes en vía administrativa

cuando se dan las siguientes circunstancias:

Error de hecho en los propios documentos del expediente (El plazo para interponerlo es de 4 años!!!).

Aparición de documentos de valor esencial para resolver el procedimiento, que evidencien el error en

su resolución.

Que en la resolución hayan incidido documentos o testigos declarados falsos

Que la resolución se haya dictado a consecuencia de prevaricación, violencia, soborno, etc. Y se haya

declarado así en virtud de una resolución firme.

En las tres últimas circunstancias, el plazo para interponerlo es de 3 meses.

Para dictar y notificar, la Adm. Cuenta con el plazo de 3 meses. Transcurrido el plazo, se entenderá desestimado el recurso y por tanto, podrá abrirse la vía jurisdiccional contenciosa- administrativa para

interponer RCA.

Este recurso es compatible, según el art. 118.3 de la Ley 30/92, con el derecho de los interesados en

solicitar la declaración en cualquier momento de la nulidad de los actos nulos de pleno derecho, o la

rectificación de los errores materiales o aritméticos.

ACTIVITAT DE LIMITACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ I PRINCIPIS I MITJANS. DE LA

FUGIDA DEL Dº ADMINISTRATIU AL NEOINTERVENCIONISME ADMINSITRATIU.

El servicio público se opone a que los poderes públicos tengan que realizar todas las actividades posibles

para garantizar un grado de satisfacción hacia los ciudadanos ya que, el sector del ámbito administrativo

era muy amplio, porque parte de la administración o de empresas públicas fueron destinadas a llevar a

cabo este tipo de actividades.

Entre los años 1914-1945 se ve que los ciudadanos no son capaces de por si solos realizar ciertas acciones

y hace falta que alguien mire y ordene, en conjunto como se tienen que hacer las cosas. Esto lo hace la

AP a través de la teoría del servicio público: concepción de que el administrado/poderes públicos tengan

que hacer el mayor nº de actuaciones para satisfacer lo máximo posible a los ciudadanos.

El Estado (entendido como conjunto de PP) cuando España entra en la UE en el año ’86 (el gran

mercado capitalista), oprime las actividades y obligaciones de los PP, es decir, rebaja todo lo público dado

que los demás países tienen otro régimen y no lo ven bien. Para ello se monopolizó el Estado vendiendo

gran parte de las empresas públicas para convertirlas en privadas. Por ejemplo: SEAT vendía coches a bajos precios con tal que la gente pudiese comprarlos, y pagando el Estado la parte restante.

Así aparece de nuevo la actividad policial de la administración que surge para controlar o limitar los

derechos y finalidades de terceros, y llevan a cabo 2 elementos públicos: ordenación (orden del sector) y

seguridad (muy importante).

Cada vez más la ciudadanía se preocupa por la seguridad y hasta ahora la gran preocupación de la

mayoría. Esta preocupación se plasmaba en diferentes aspectos como pueden ser: la seguridad viaria, la

medicina, la construcción, etc.

Esta preocupación se encarga a los PP y a la garantía de esta seguridad por parte de la administración se

hace por medio de controladores y ordenadores y, eso es lo que llamamos neointervencionismo administrativo, que surge para buscar un bienestar seguro a través de la intervención de los policías. Esta

seguridad viene ligada a la nueva prestación donde la administración deja de banda los servicios públicos

para aumentar la seguridad. Cada vez más se le pide a la administración que nos garantice nuestros

derechos, establecidos por la CE, pero esta nada más limita a algunas pequeñas cosas como el agua, la

luz, el gas (razones medioambientales), ya que, el ámbito del sector público se va restringiendo porque se

deja en manos de terceros. Así pues, la AP vuelve a engordar pero no es ella quien realiza estas

actuaciones sino un tercero, como empresas certificadoras que realizan las actuaciones a requerimiento de

la Administración que sigue controlando.

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