Historia del Mundo Contemporáneo, Apuntes de Filosofía. Universidad Complutense de Madrid (UCM)
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Asignatura: Historia de la filosofia contemporanea, Profesor: Oscar Bascuñán, Carrera: Filosofía, Universidad: UCM
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2. El sistema político liberal: ideas y principales procesos revolucionarios en EE.UU. y Francia

El mundo contemporáneo se inicia con la revolución liberal burguesa. La revolución es, en primer lugar, una acción violenta dirigida a la conquista del poder con el fin de establecer un nuevo sistema político. Ahora bien, la revolución adquiere todo su significado cuando los nuevos ocupantes del poder lo utilizan para crear, a partir de nuevos principios, una organización social distinta de la existente hasta entonces.

Los conflictos y tensiones que se daban en el Antiguo Régimen no encontraron solución en la obra de los déspotas ilustrados. La fórmula de “todo para el pueblo pero sin el pueblo” no había ido acompañada de la energía necesaria para acabar con los privilegios, tampoco le había dado a los súbditos mayor participación en las decisiones políticas.

El conflicto latente necesitaba de una oportunidad para que la burguesía intentase una acción revolucionaria. En una revolución, el cambio político se produce en dos tiempos. El primero es la conquista del poder ; en él, la autoridad establecida es eliminada políticamente al negarle la legitimidad para seguir ejerciendo sus funciones. La consolidación del poder se produce con la aparición de un nuevo sistema político, en el que la autoridad queda en manos de los protagonistas del movimiento revolucionario.

La monarquía en el Antiguo Régimen se legitimaba a partir de dos principios complementarios:

1. La teórica elección divina, expresada en la fórmula de “rey por la gracia de Dios”

2. La continuidad dinástica, conseguido gracias a un rígido sistema sucesorio.

Por ello se trataba de una legitimidad de origen . Sin embargo, el pensamiento liberal defendía una serie de derechos naturales, anteriores y por lo mismo superiores a cualquier obligación política. Estos derechos eran la libertad y la propiedad, a su vez, de estas dos derivaba la idea de igualdad (pero no era una igualdad en cuanto a condiciones de vida).

De acuerdo con estas ideas, para el liberalismo la legitimidad no se encuentra tanto en el origen del poder cuanto en su ejercicio. Lo que implica que solo será legítimo aquel poder que, independientemente de su origen, respete los derechos naturales del hombre.

Surgieron ciertas garantías para legitimar este poder.

1. La División de Poderes, entre los que se encuentran el poder legislativo, ejecutivo y judicial, de modo que ninguno esté en condiciones de oprimir a los individuos.

2. Para evitar los posibles abusos de poder se establecieron lo que se conoce como una serie de garantías constitucionales.

La aplicación revolucionaria del pensamiento liberal corrió a cargo de un sector de la población, la burguesía y tuvo su manifestación más característica en la aparición de constituciones escritas. Además, el carácter liberal del nuevo sistema político se puso de manifiesto con la publicación de Declaraciones de Derechos.

La confrontación entre la vieja y la nueva legitimidad fue el primer paso en la conquista del poder. La expresión política de la legitimidad se conoce como soberanía; esto consiste en no estar sometido ni depender de ningún otro poder en la tierra.

El rey dejó de ser legítimo en el momento en el que se formuló el principio alternativo de la Soberanía Nacional : “El origen de la soberanía se encuentra esencialmente en la Nación.”

Liquidada la vieja legitimidad, era necesario crear un poder de acuerdo con la nueva, por ello se implantó la división de poderes: legislativo (asamblea de representantes elegidos), el ejecutivo (Corona) y judicial (Tribunales de justicia). Los representantes de la asamblea se elegían a través de sufragio censitario, el cual limitaba el derecho de voto a los hombres mayores de edad que contribuyesen al Estado con determinadas cantidades debido a su condición de propietarios.

2. LA CONSTITUCIÓN DE ESTADOS UNIDOS

Las colonias británicas en el norte de América se organizaron el siglo XVII sobre la base de asambleas políticas cuyos miembros eran elegidos por quienes tenían bienes raíces. Cada colonia contaba con una ley fundamental que definía las autoridades y sus competencias.

La práctica regular y prolongada de una gestión política autónoma, en la que la Corona y el Parlamento británicos apenas se hacían presentes (exceptuando asuntos de comercio exterior) contribuyó a consolidar instituciones y prácticas de autogobierno que tuvieron una influencia decisiva a la hora de organizar la resistencia frente a Gran Bretaña.

La rivalidad colonial franco-británica en América del norte se debía al interés mutuo por hacerse con el control de esta parte del continente y quedó definitivamente zanjada con la Guerra de los 7 años (1756-1763). Acabó con la victoria de Inglaterra y recibió los territorios que hasta entonces habían supuesto una amenaza para los establecimientos británicos de la costa atlántica. Al hacer la paz el gobierno británico consideró oportuno que los colonos contribuyesen a los gastos de la defensa del continente. Durante un año el Parlamento intentó sin éxito introducir nuevos impuestos. Al contar con representantes en el Parlamento británico, los colonos se negaron a admitir obligaciones a las que no habían dado su consentimiento.

Aunque Gran Bretaña redujo sus exigencias hasta dejarlas limitadas a un impuesto sobre la exportación de té, los colonos provocaron una prueba de fuerza al lanzar al mar un cargamento de té en el Puerto de Boston (1773). La respuesta de Londres consistió en cuatro decretos al tiempo que introducían la obligación de abastecer a las tropas británicas. En este momento comenzaron las hostilidades.

La rebelión de las colonias no fue derrotada en su origen, y al cabo de unos años se convirtió en un conflicto internacional en el que, de una u otra forma, se implicaron todas las potencias marítimas. Francia y España ayudaron a las colonias y, tras diez años de conflicto, la Paz de Versalles (1783) reconoció finalmente la independencia de las colonias.

De acuerdo con la declaración del Primer Continental, que afirmó los derechos individuales de los colonos, su poder legislativo y la división de poderes, se inició un proceso constituyente en cada una de las colonias.

Antes de que se produjera La Declaración de Independencia (1776) pensaron que trece Estados soberanos no era el medio más eficaz para hacer frente a la guerra. En un primer momento el impulso unitario no fue más allá de 1777, cuando institucionalizaron los Estados Unidos de América.

La promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de América, en 1787, representa el momento inicial de un proceso cuyo resultado último ha sido la generalización del sistema constitucional como forma de organización del Estado.

De acuerdo con la doctrina liberal, la Constitución estableció una rígida división de poderes, de forma que ninguno de ellos tuviese influencia sobre los otros. El presidente era elegido por sufragio indirecto, el derecho a voto quedaba confiado a un grupo de electores designados en cada Estado. El presidente tendría el poder ejecutivo, pero no contaba con capacidad para disolver el Congreso. Éste asumía el poder legislativo, pero no podía sustituir al presidente, salvo que se probase su culpabilidad o traición en algún caso.

El Congreso se organizaba en Cámaras, la Cámara de representantes se formaría por los elegidos por los ciudadanos en proporción a la población, en tanto los Estados, enviarían cada uno a dos delegados para constituir el Senado. De este modo la organización se convertía así en federal sacrificando los Estados competencias en beneficio de la Unión. Finalmente, el poder judicial quedó en manos del Tribunal Supremo que es intérprete de la Constitución.

3. LA REVOLUCIÑON LIBERAL EN EUROPA: FRANCIA.

Las dificultades financieras de la Corona Francesa, consecuencia en parte de los gastos de la ayuda a los revolucionarios norteamericanos, indujeron al Gobierno a buscar nuevos ingresos intentando que la nobleza pagara impuestos. La resistencia de la nobleza a contribuir, el fracaso de las medidas coyunturales y la decisión del Parlamento de París llevaron a Luis XVI a buscar en la reunión de los Estados Generales la solución de sus problemas.

Los Estados Generales eran una asamblea de origen medieval en la que los representantes de los tres estamentos (clero, nobleza y Tercer Estado) habían concedido en otro tiempo servicios económicos para atender a os gastos de la monarquía. En este asamblea la Corono rechazaba o aceptaba libremente las peticiones que se hicieran. Los Estados Generales no se reunían desde 1614 (prueba del gran poder que había tenido la Corona Francesa durante ese tiempo).

A partir de la reunión de los Estados Generales en 1789, la situación evolucionó en un sentido claramente revolucionario. Se plantearon cambios como la reunión de todos en una sola cámara y el voto individual en vez de por brazos los cuales reforzaron la importancia del Tercer Estado. Este planteamiento y decisiones, llevó a los representantes a constituirse la Asamblea Nacional con el objetivo de escribir una Constitución.

La Asamblea empezó a introducir una serie de reformas (abolición de los privilegios feudales, Constitución civil del clero, código penal, etc.) El 26 de agosto se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Finalmente, la Constitución se aprobó en 1791. La división de poderes dejó a la Corona las funciones ejecutivas, el poder legislativo quedó en manos de una asamblea legislativa única. El poder judicial quedó en manos de jueces que eran elegidos por el pueblo y de carácter temporal.

Dos eran los problemas políticos que la Constitución trataba de resolver: reservar a la burguesía el control de la Asamblea y definir el poder que tendría la Asamblea Nacional y la Corona en el proceso legislativo. Lo primero quedó resuelto con la limitación del derecho de voto a los ciudadanos activos (varones, mayores de 25 años que pagaran una retribución igual o mayor a tres jornales) La distribución de funciones entre la Corona y la Asamblea aseguraba a ésta el control del ejecutivo. En el campo legislativo la Asamblea reservó para sus miembros la facultad de presentar proyectos al rey, la Corona solo podría aplazar las propuestas de la Asamblea mediante el veto suspensivo.

La puesta en marcha del sistema constitucional comenzó con la reunión de la Asamblea Legislativa (1791). Se encontraron ante una situación conflictiva debido a la resistencia de Luis XVI a aceptar su papel de monarca constitucional.

La inquietud del emperador austriaco y el rey de Prusia ante la situación francesa de ese momento llevó a los girondinos, el grupo más significativo de la Cámara, a extender la Revolución a otros países por medio de la guerra. La guerra provocó la radicalización de las posturas revolucionarias y dio la oportunidad a las capas populares para reorientar los acontecimientos.

La revuelta de 1792 puso fin a la primera etapa constitucional creándose una nueva Asamblea denominada la Convención.

La Convención (1792), dominada por los jacobinos, desarrolló un programa radical: condenó a muerte a Luis XVI y elaboró una Constitución republicana que no llegó a promulgar. Bajo la dirección de Robespierre la Convención llevó a cabo una obra legislativa de decisiva importancia cuya intención era implantar en la sociedad los principios de democratización política, centralización administrativa e igualitarismo social. El terror contra los considerados enemigos de la Revolución alcanzó en aquel momento una especial intensidad.

En 1794 la dictadura de Robespierre llegó a su fin cuando un grupo de representantes logró destruirle, condenarle y ejecutar la sentencia. Tras este acontecimiento, la Convención se vio en la necesidad de elaborar una nueva constitución.

La Constitución del año III (1795) mantenía el sufragio indirecto, aumentando las exigencias económicas para participar. La sustitución de una Cámara única por dos de diferente composición: por un lado, una cámara baja, llamada Cámara de los Quintetos la cual tenía una iniciativa legal, en cuanto que la Cámara de los Ancianos convertía las resoluciones de los Quintetos en leyes o las rechazaba. El poder ejecutivo quedó confiado a un Directorio de cinco miembros. Carecía, como el rey en 1791, de cualquier iniciativa legal.

Esta segunda experiencia constitucional tuvo mayor duración que la primera (1795-1799). Supo defender el régimen contra los asaltos alternativos de la izquierda jacobina y de la derecha monárquica. Al mantenimiento del régimen contribuyeron las victorias frente a Austria, especialmente las de Napoleón Bonaparte. La creación de un conjunto de repúblicas destinadas a separar a Francia de las monarquías centroeuropeas aseguró la estabilidad del régimen. La consiguiente coalición europea contra Francia creó una situación de inestabilidad que el Directorio sólo pudo superar a base de golpes de fuerza contra sus enemigos de uno y otro bando.

El último de esos golpes contó con la participación de Napoleón, cuyas victorias le habían otorgado mucho prestigio. El golpe se conoció como el Golpe de Brumario. El acuerdo con Napoleón proporcionó la fuerza armada necesaria para vencer la resistencia de los Quintetos y para “legalizar” la entrega de poder en manos de tres cónsules, de los cuales el primero (Napoleón) concentraría todos los poderes.

La llamada Constitución del año VIII (1799) no fue elaborada por ninguna asamblea, no fue sometida a la aprobación del pueblo y privó a las cámaras de la iniciativa legal.

Con ella desaparecía en Francia el régimen constitucional de división de poderes y se volvía a un gobierno personal. En 1804 culminaba la personalización del poder con la coronación de Napoleón como emperador francés.

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