introduccion al sistema financiero, Apuntes de Contabilidad Financiera. Universidad de Almería (UAL)
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introduccion al sistema financiero, Apuntes de Contabilidad Financiera. Universidad de Almería (UAL)

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Asignatura: Instrumentos y Mercados Financieros, Profesor: CARLOS JAVIER CASTILLO DELGADO, Carrera: Finanzas y Contabilidad, Universidad: UAL
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Tema 1. Introducción al sistema financiero 1.1. Origen y evolución del dinero

1.1.1. Historia del dinero

Las sociedades primitivas no utilizaban billetes o monedas, ya que sus economías estaban basadas en el autoconsumo y la producción de bienes primarios de manera autosuficiente.

El trueque. Con la aparición de la agricultura y la división del trabajo, y ante la imposibilidad de producir todo lo que se precisaba, surgió la necesidad de intercambiar los excedentes de productos como forma de obtener otros bienes. Pero este tipo de comercio, denominado trueque, tenía sus limitaciones, dado que para intercambiar unas mercancías directamente por otras se debía encontrar en primer lugar a las personas que necesitaran aquello que se quería intercambiar y que, así mismo, contaran con los bienes que la otra parte buscaba. A este problema se le añade el imprescindible acuerdo sobre las cantidades que se intercambiarían.

Dadas las dificultades del trueque, antes de la aparición del dinero se emplearon algunas mercancías generalmente aceptadas para realizar la función del cambio. Estos objetos debían ser contables, duraderos y no perecederos. Como medio de cambio se emplearon, entre otros: las pieles de los animales, la sal, las piedras preciosas, los metales, etc., dependiendo de las distintas sociedades y del momento histórico en que se usaron.

Las monedas metálicas. La utilización de los diferentes metales fue desplazando con el transcurso del tiempo al resto de los elementos usados como dinero. No obstante, la dificultad de las partes para ponerse de acuerdo sobre la cantidad de metal necesario para la compra de determinadas mercancías, así como el obstáculo que representaba el traslado de los metales de un lugar a otro, unido al desarrollo del comercio con la aparición de las ciudades y Estados, trajo consigo la aparición de las monedas.

Al principio, las monedas estaban compuestas por metales como bronce, hierro, plata y oro. Su valor se basaba en la cantidad y pureza de metal que contenían, y la aceptación de las mismas por parte de los comerciantes estaba condicionada por el prestigio de la ciudad o Estado que las acuñaba. Las primeras monedas acuñadas aparecen en Egipto, Grecia, Cartago y Roma.

Los billetes bancarios. Con el desarrollo del comercio, y dadas las dificultades de transporte de grandes cantidades de monedas, aparecen los primeros banqueros, unidos a los orfebres, que trabajaban los metales preciosos. Se extiende así la costumbre entre los comerciantes y la gente en general de depositar sus monedas de oro y plata en las cajas fuertes de estos orfebres y banqueros, que les ofrecían como contrapartida recibos de depósito y el compromiso de devolver las monedas depositadas en el momento de presentar los recibos en los establecimientos donde estuvieran guardados.

En un primer momento, cuando el depositario efectuaba una compra de importancia, reclamaba su oro mediante la presentación del recibo de depósito, y con éste pagaba a su proveedor. En ocasiones, que se hicieron habituales con el paso del tiempo, el proveedor que recibía el oro lo depositaba a su vez en el mismo banco o en otro, imponiéndose el uso del pago con los recibos y no con las monedas de oro.

A partir de entonces, nos encontramos con el papel moneda o billetes bancarios, que son recibidos por el portador y que, inicialmente, tenían un contravalor en oro en el banco emisor. Poco a poco, estos bancos comenzarían a emitir más cantidad de recibos que la cantidad de oro existente en sus cajas fuertes, con La confianza de que los depositarios no reclamarían su convertibilidad a este metal, salvo en casos excepcionales.

Con el paso del tiempo los billetes bancarios perdieron su contravalor en oro. A partir del siglo XIX la emisión de monedas y billetes queda exclusivamente en manos de los Estados, por medio de los bancos emisores.

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1.1.2. Dinero bancario

La oferta de dinero está compuesta por el dinero de curso legal (billetes y monedas) más el que se encuentra en forma de anotaciones en cuenta en los depósitos de las instituciones financieras a libre disposición (cuentas corrientes y cuentas de ahorro).

Un banco, al recibir un depósito a la vista, debe mantener en metálico un determinado porcentaje de ese dinero a fin de atender a la retirada de fondos por parte de sus clientes. Este porcentaje se denomina coeficiente de reservas (o coeficiente de caja). No obstante, el banco puede prestar el resto del dinero depositado, creando de esta forma dinero ficticio que aumenta la masa monetaria. Por ejemplo, si se realiza un depósito de 1.000€ euros en banco y el coeficiente de caja es del 1%, éste puede prestar 990€ a la vez que mantiene la disponibilidad inmediata de 1.000 para el depositario (al ser una cuenta a la vista). Si el prestatario a su vez deposita en otro banco los 990€ recibidos, éste a su vez puede volver a prestar otros 981€ (manteniendo el 1% de coeficiente de reserva). Este proceso se repite y extiende a lo largo del sistema bancario.

Este fenómeno, denominado multiplicador monetario, tiene un efecto real inferior al teórico debido a que en la práctica no se deposita en el banco todo el dinero, sino que se mantiene en efectivo un determinado porcentaje para hacer frente a los gastos inmediatos.

Multiplicador del dinero = e+1 e+c

Siendo: e: % dinero en efectivo no depositado en el banco c: coeficiente de reserva (o coeficiente de caja)

Considerando que el coeficiente “e” ronda en 10% en la zona euro y que el actual coeficiente de reservas es del 1% para los depósitos a la vista, el multiplicador obtenido al aplicar la anterior fórmula sería 10, lo que significa que el total de dinero en circulación es 10 veces la suma del dinero legal emitido en forma de billetes y monedas.

1.1.3. Funciones del dinero

Las cuatro funciones principales del dinero son:

• Instrumento de cambio. El dinero es bien intermedio generalmente aceptado en la compraventa de bienes y servicios.

• Medio de pago. El dinero es un instrumento aceptado por todos para el pago de las compras y las deudas.

• Medio de valor. En la economía de mercado y en los análisis económicos de empresas y gobiernos, el valor de todos los bienes está expresado en dinero. Éste se convierte así en unidad de cuenta. Por ello, todos los bienes están expresados en euros, dólares, etc.

• Reserva de valor. El dinero es la forma más usual de mantener la riqueza económica hasta que se necesite efectuar la compra. Esto se debe a la facilidad de cambio de dinero por los bienes y servicios que se puedan necesitar en el futuro. Un claro ejemplo de esta función del dinero se encuentra en el ahorro.

1.2. El sistema financiero y su función económica En toda economía existen agentes económicos tales como particulares, empresas y organismos públicos cuyos gastos, en un determinado periodo, superan a sus ingresos; por ello se las denomina unidades económicas con déficit. Otros agentes, en cambio, obtienen unos ingresos superiores a sus gastos. Estas son las denominadas unidades económicas con superávit.

Para conseguir fondos que financien su exceso de gasto, las unidades económicas deficitarias emiten pasivos, que son adquiridos por las unidades económicas con superávit para colocar sus excedentes de tesorería. De este modo, los pasivos de las primeras constituyen activos para las segundas. Un ejemplo de esto son las cuentas bancarias: pasivos para la entidad que recibe el dinero (obligadas a devolverlo cuando se le sea requerido), y activos para los depositantes (puesto que tienen derecho a recuperar sus fondos

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cuando lo deseen).

La financiación directa no es algo habitual, ya que las unidades económicas con déficit no siempre pueden acceder a las unidades económicas con superávit, y viceversa. Además, las necesidades de financiación de las primeras tampoco se suelen adaptar a las necesidades de ahorro de las segundas. Por esa razón surgen los intermediarios financieros, que transforman los activos de quienes colocan sus fondos en otros activos adaptados a sus receptores finales. Así, estos intermediarios reciben un pasivo (activo para quienes les entregan el dinero) y lo convierten en otro activo al prestar esos fondos al destinatario final, que reciben unos pasivos diferentes a los captados por el intermediario.

Este proceso de intermediación y de transformación de activos puede observarse claramente en la banca. Los bancos reciben depósitos de dinero de sus clientes con el fin de prestarlo a otras empresas y particulares en unas condiciones diferentes en cuanto al plazo de devolución, tipo de interés, etc. La función del sistema financiero es, por tanto, doble:

1. Canalizar el ahorro que generan las unidades económicas con superávit de fondos hacia las unidades económicas con necesidades de fondos.

2. Adaptar las necesidades de prestamistas y prestatarios en relación a la liquidez, riesgo y rentabilidad de los productos financieros.

1.3. Estructura del sistema financiero Todo sistema financiero se compone de cinco elementos básicos:

1. Unidades económicas deficitarias y excedentarias. 2. Agentes mediadores. 3. Productos financieros. 4. Mercados financieros. 5. Instituciones reguladoras.

Los activos y pasivos financieros son los productos que emiten las unidades económicas con déficit (particulares, empresas o administraciones públicas) y adquieren quienes disponen de fondos excedentarios (otros particulares, empresas o administraciones públicas) a fin de invertir sus recursos. Estos productos se colocan y adquieren en mercados, donde intervienen diversas instituciones financieras que actúan con libertad, aunque dentro del marco normativo establecido por los poderes públicos y bajo el control de instituciones y autoridades competentes.

La normativa y el control aportan seguridad jurídica a las transacciones y son una garantía para los inversores. Ejemplos de esta seguridad jurídica son la posibilidad de recuperar los ahorros depositados en un banco o la seguridad de que las compañías de seguros nos pagarán las oportunas indemnizaciones. Para que en ambos casos esta seguridad sea efectiva, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros tutelan sus respectivos ámbitos de actuación.

El sistema financiero evoluciona con rapidez en distintas direcciones:

Unidades económicas con

superávit de fondos

Unidades económicas con déficit de fondos

Recursos financieros

Activos primarios

Agentes transformadores

Agentes mediadores

Recursos financieros

Recursos financieros

Activos primarios

Activos primarios

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• Se crean cada vez más productos, algunos muy complejos, para adaptarse a los distintos segmentos del mercado.

• Se tiende un proceso de concentración de la banca a través de fusiones y absorciones entre entidades con el fin de aumentar su competitividad.

• Los mercados financieros están sometidos a un rápido proceso de internacionalización favorecido por el desarrollo de las tecnologías de la información.

• Los controles normativos respetan cada vez más la libre competencia, orientándose tanto a evitar fraudes como actuaciones temerarias de quienes intervienen en los mercados.

1.1.4. Unidades económicas deficitarias y excedentarias

En todo sistema financiero existirán unidades económicas con déficit de fondos y unidades económicas con superávit de fondos. Pueden actuar como unidades deficitarias o excedentarias:

• Particulares: individuos y grupos de individuos (familias y otros colectivos) como consumidores y como empresarios individuales (empresas sin personalidad jurídica distinta a la de sus propietarios).

• Empresas: sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, otras empresas no financieras con personalidad jurídica propia, etc.

• Instituciones públicas: administración central, comunidades autónomas, corporaciones locales y administraciones de la seguridad social

• Sector exterior: unidades económicas extranjeras que prestan o piden prestados recursos financieros a las nacionales.

1.1.5. Agentes mediadores y transformadores

Agentes mediadores. Son aquellos intermediarios que venden sin transformar los productos financieros que adquieren. Entre ellos se encuentran: • Comisionistas (Brokers), compran y venden activos por cuenta ajena sin asumir riesgos, cobrando una

comisión por los servicios de mediación prestados. • Corredores (Dealers), compran y venden activos por cuenta ajena y también por cuenta propia,

asumiendo en este caso el riesgo de un movimiento adverso en el precio de los activos. • Creadores de mercado (Market Makers). Se trata de Dealers que se especializan en títulos concretos

con los que operan. Aumentan la liquidez del mercado al ofrecer continuamente posiciones de compra (bid) en firme, y de venta (ask) en los activos en los que están especializados. Están obligados a satisfacer la contrapartida de las órdenes a los precios que ellos fijen. El beneficio que obtienen se debe a la diferencia de los precios que aceptan (spread) y de la situación del mercado.

Agentes transformadores. Captan productos financieros en el mercado y los transforman en otros con el fin de adecuarlos a las necesidades de sus clientes. Son agentes transformadores:

• Bancos. Empresas privadas dedicadas al negocio bancario y que operan como intermediarios entre los ahorradores y los inversores. Además prestan otros servicios como los de gestión de cobro, pagos, transferencias, asesoramiento a sus clientes, etc.

• Cajas de ahorros. Son instituciones sin fines de lucro con funciones y competencias similares a las de los bancos.

• Cooperativas de crédito. Son también entidades sin fines de lucro que adoptan la forma jurídica de cooperativa y atienden preferentemente a sus socios.

• Establecimientos financieros de crédito (también llamadas entidades de financiación). Realizan actividades entre las que se incluyen la concesión de préstamos y créditos (al consumo e hipotecario); financiación de transacciones comerciales (ventas a plazos); factoring; leasing; emisión y gestión de tarjetas de crédito; concesión de avales y garantías.

• Entidades gestoras de fondos de inversión. Fondos de inversión son patrimonios separados pertenecientes a numerosos inversores que, al no tener personalidad jurídica propia, necesitan del concurso de una sociedad gestora cuyo objeto social consiste en la administración, representación y gestión de las inversiones, y de las suscripciones y reembolsos de las participaciones. Es obligatoria la existencia de un depositario (una entidad bancaria) al que se le encomienda la custodia del efectivo y

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los valores del fondo y la vigilancia de la actuación de la sociedad gestora. • Compañías de seguros: Entidades aseguradoras y entidades gestoras de fondos de pensiones. • Otros: Sociedades de garantía recíproca, entidades de capital riesgo, sociedades de valores, agencias de

valores, sociedades gestoras de fondos de titulización, etc.

1.1.6. Productos financieros

Son numerosos los tipos de activos y pasivos financieros que existen en la actualidad. Entre ellos se incluyen: el dinero en efectivo; los depósitos bancarios (pasivo para el banco, activo para el cliente); los préstamos y créditos en sus distintas modalidades (activo para el banco, pasivo para el prestatario); las acciones, obligaciones y fondos públicos (pasivo para el emisor, activo para el inversor), etc.

De acuerdo con las cuentas financieras de la economía española del Banco de España, las modalidades de activos y pasivos financieros son:

• Oro y Derechos Especiales de Giro (DEG). Los DEG fueron creados por el Fondo Monetario Internacional básicamente para reemplazar el oro o al dólar en las transacciones internacionales. En la actualidad, su valor se calcula en base a la media ponderada del valor de cuatro monedas: el euro, la libra esterlina, el yen y el dólar estadounidense. Los DEG son asignados y adquiridos por los bancos centrales, aunque su cuantía representa una ínfima fracción del total de reservas internacionales de capitales.

• Efectivo y depósitos: Billetes, monedas, depósitos a la vista, depósitos de ahorro, depósitos interbancarios, financiación recibida en operaciones de titulización, cuentas a plazo, depósitos estructurados, cesiones temporales de activos de instituciones financieras monetarias, cédulas singulares, cuentas en el exterior, etc.

• Valores de renta fija y derivados financieros: Letras del Tesoro, pagarés hasta un año emitidos por las Administraciones Públicas, instituciones financieras y sociedades no financieras, deuda pública a medio y a largo plazo, pagarés a más de un año, obligaciones emitidas por instituciones financieras y sociedades no financieras, valores emitidos por no residentes en cartera de residentes, opciones, futuros, permutas financieras, etc.

• Préstamos: Créditos de entidades de crédito residentes a los sectores residentes y no residentes; créditos de no residentes a los sectores residentes, y créditos entre los sectores no financieros, y de estos a los no residentes; cesiones temporales de activos de instituciones financieras no monetarias y adquisiciones temporales de activos de instituciones financieras a entidades no financieras; transferencias no interbancarias de activos privados, créditos de las Administraciones Públicas a las empresas públicas, créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo, emisiones de valores no negociables y pasivos frente al Fondo Monetario Internacional.

• Valores de renta variable: acciones cotizadas en mercados nacionales o extranjeros de instituciones financieras y de sociedades no financieras; acciones no cotizadas de instituciones financieras y de sociedades no financieras; capital de sociedades y entes públicos que no tienen la forma jurídica de sociedad anónima, dotaciones de capital a sucursales, inversión de no residentes en inmuebles, participaciones en organismos internacionales y aportaciones de los fondos de garantía de depósitos al FROB; participaciones en fondos de inversión mobiliaria e inmobiliaria; acciones de sociedades de inversión mobiliaria e inmobiliaria.

• Reservas técnicas de seguro: provisiones técnicas vida de los seguros privados; reservas y fondos constituidos para el pago de pensiones por las mutualidades de previsión social y los fondos de pensiones; provisiones técnicas no-vida de las empresas de seguro privado y las mutualidades de previsión social incluyendo el reaseguro.

• Otras cuentas pendientes de cobro/pago: Cuentas de clientes/proveedores y similares de las sociedades no financieras; intereses de depósitos/préstamos devengados pendientes de cobro/pago; operaciones pendientes de formalizar entre instituciones financieras y entre Administraciones Públicas; impuestos y cotizaciones pendientes de cobro/pago.

Las principales características de los activos financieros son:

Liquidez: se mide por la facilidad y la certeza de un activo para convenirse en dinero líquido de forma rápida, es decir, a corto plazo, y sin sufrir pérdidas en su valor. Así, por ejemplo, un depósito a la vista

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será un activo más líquido que un depósito a plazo, en el que para disponer del dinero invertido habría que esperar a su vencimiento o bien soportar el cobro de penalizaciones por retirar los fondos.

Riesgo: En los activos de renta fija es la probabilidad de que el emisor del activo no haga frente al pago de los intereses o la amortización de la deuda. Dependerá, por tanto, de la solvencia del emisor y de las garantías que respalden al activo financiero (avales, seguros, etc.). Los activos de renta variable soportan el riesgo inherente a la volatilidad de los mercados, que podría provocar pérdidas al vender los activos a un precio inferior al que se pagó en el momento de su adquisición.

Rentabilidad: es la capacidad de producir intereses u otros rendimientos (dividendos, ganancias de capital, etc.) para el comprador como remuneración por su cesión temporal de fondos y asunción de riesgos. Por tanto, dicha rentabilidad estará en función de la liquidez y del riesgo y será una especie de recompensa para el titular del activo por soportar el riesgo de que el emisor cumpla con su obligación y por renunciar a su capacidad de compra en el presente. La rentabilidad final de un activo financiero estará condicionada por los impuestos que se le apliquen.

La relación que existe entre rentabilidad y liquidez es inversa, de manera que un activo de mayor liquidez proporcionará una menor rentabilidad, mientras que con el riesgo se establece una relación directa, ya que cuanto más riesgo tenga un activo, mayor será la rentabilidad que debe ofrecer para compensar dicho riesgo.

Teniendo en cuenta estas tres características, los agentes económicos realizarán una combinación de activos que cumplan sus preferencias en cuanto a liquidez, riesgo y rentabilidad, y obtendrán lo que se denomina una cartera de activos diversificada y eficiente.

Los activos financieros se pueden clasificar según diferentes criterios:

• Según la emisión: o Activos primarios: son los emitidos directamente por las unidades económicas con déficit o

demandantes de fondos. Los ahorradores e inversores se ponen en contacto de forma directa. o Activos secundarios: son creados o emitidos por los intermediarios financieros (por ejemplo, los

bancos) con el fin de captar fondos, previo pago de una rentabilidad, que luego prestarán a quienes lo soliciten, cobrando, en este caso una rentabilidad superior a la pagada por disponer de los fondos (por ejemplo, con los depósitos de las cuentas corrientes se realizan préstamos).

• Según el emisor: o Públicos: son aquellos activos que han sido emitidos por el Estado, las Comunidades Autónomas, los

Ayuntamientos o cualquier otro organismo público (ejemplo: Letras del Tesoro). o Privados: cuando el emisor no es un organismo público, sino cualquier otra empresa o sociedad de

carácter privado (ejemplo: acciones). • Según el grado de liquidez:

o A la vista: son aquellos activos que se amortizan a la presentación de los mismos (ejemplo: cuentas corrientes).

o A corto plazo: los que tienen un plazo de amortización inferior al año (ejemplo: letra de cambio a 60 días).

o A largo plazo: con vencimiento superior a un año (ejemplo: préstamo a largo plazo). o Perpetuos: no cuentan con fecha de amortización.

1.1.7. Mercados financieros

El mercado financiero es el mecanismo o lugar donde se intercambian los instrumentos financieros y se determinan sus precios. El concepto de mercado ha evolucionado con el paso del tiempo, ya que en la actualidad no requiere la existencia de un lugar físico donde realizar las operaciones. De hecho, la gran mayoría de las transacciones se realizan a través de la red informática, telefónica, etc.

Las funciones que se atribuyen a los mercados financieros son:

• Poner en contacto a los agentes económicos que intervienen o participan en el mercado, como pueden ser los ahorradores o inversores (individuales o empresarios), y los intermediarios financieros, logrando que ambos se beneficien de los intercambios y se reparta el riesgo entre los inversores.

• Establecer el mecanismo adecuado para fijar el precio de los distintos activos.

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• Proporcionar liquidez a los activos; evidentemente cuanto más se amplíe o desarrolle el mercado de un determinado activo, más facilidad existirá para convertirlo en dinero.

• Reducir plazos y costes de intermediación.

Los mercados financieros desempeñan un papel importante en la situación general de la economía de un país, por su gran influencia sobre la economía productiva y el crecimiento económico. Además, facilitan la colocación de los productos al ofrecer una serie de activos financieros con diversas relaciones de rentabilidad y riesgo, de forma que cada agente económico selecciona el que mejor se adapte a sus preferencias.

Un mercado financiero, de acurdo con el criterio empleado en su clasificación, puede incluirse en diferentes tipologías. La bolsa de valores, por ejemplo, es un mercado de capitales atendiendo a los productos que se negocian en ella, y es un mercado secundario si se considera que a través de ella se transmite la propiedad de activos que ya existen en circulación. Algunas de las clasificaciones más empleadas para categorizar a los mercados, son las siguientes:

• Según el momento de vida de los activos. Desde este punto de vista, se puede distinguir entre: mercados primarios o de emisión y mercados secundarios o de recompra. o En los mercados primarios, las empresas o instituciones emisoras colocan los activos financieros

entre sus compradores, con lo que se origina un proceso de financiación de los segundos hacia las primeras. Como ejemplos de mercados primarios podemos citar las subastas de deuda pública que realiza la Dirección General del Tesoro a través del Banco de España, o la colocación directa de títulos de renta fija mediante intermediarios financieros.

o Los mercados secundarios sirven para que el propietario de activos financieros pueda venderlos antes de su vencimiento o bien cuando se trate de activos perpetuos. Los tres objetivos principales de los mercados secundarios son: dar liquidez a los activos financieros, crear precios de referencia para los mismos, y obtener beneficios mediante especulación. Son mercados secundarios la bolsa de valores o el mercado de deuda pública.

• Según los productos negociados en los mismos. Si consideramos la clase de producto o activo negociado, distinguimos las siguientes modalidades de mercados financieros: o Mercados bancarios. En ellos se ofrecen y demandan los productos bancarios de activo y pasivo que

acabamos de ver. En estos mercados, el contacto entre las entidades de crédito y sus clientes es directo. El precio de los productos bancarios de pasivo se forma con el tipo de interés que pague cada entidad menos el porcentaje de comisión que establezca. El tipo de interés suele ser más alto en los fondos recibidos a plazo, y menor en los depósitos a la vista (inmediatamente disponibles). A veces, las comisiones cobradas convierten en negativa la rentabilidad de algunos de estos productos. El precio de los productos de activo es la suma de los tipos de interés y de los porcentajes de comisión cobrados, aunque en ciertos productos, como los avales, sólo se cobran comisiones. El tipo de interés depende normalmente tanto de la modalidad del producto (por ejemplo, los préstamos personales suelen ser más caros que los hipotecarios) como de las características del cliente (los considerados como “buenos” clientes pueden negociar mejores precios).

o Mercados monetarios. En ellos se negocia dinero o activos de alta liquidez, con vencimiento que no suele superar los 24 meses. Las tres clases de mercados monetarios más habituales son los interbancarios, el de deuda pública a corto plazo y el de pagarés de empresa.  En el mercado interbancario unas entidades de crédito prestan dinero a otras, a plazos

generalmente muy cortos (un día, una semana, una quincena, tres meses, seis meses o un año). Mediante la oferta y demanda de fondos se fija un tipo de interés (o precio del dinero a distintos plazos) que sirve de referencia para diversas operaciones de financiación. De hecho, el euribor (Europe Interbanking Offered Rate) a un año es uno de los índices más utilizados para determinar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios a interés variable.

 El mercado de deuda pública a corto plazo (Letras del Tesoro) está gestionado por el Banco de España, que se encarga del servicio financiero de la deuda (cobros y pagos relativos a los títulos).

 La representación mediante anotaciones contables de los valores de deuda pública, igual que el sistema de compensación y liquidación de operaciones, es gestionada por Iberclear (Sociedad de

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Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.). Antes del 1 de abril de 2003 esta función la realizaba la Central de Anotaciones del Banco de España.

 En los mercados de pagarés de empresa se emiten y negocian títulos de deuda (pagarés financieros), creados por grandes compañías y otras entidades con plazos que no suelen superar los 24 meses. Mediante estas emisiones, dichas compañías obtienen fondos a un precio mejor que a través de préstamos bancarios.

o Mercados de capitales. Están integrados por el mercado de crédito a largo plazo y por el mercado de valores de deuda o renta fija a medio y largo plazo (Bonos y Obligaciones emitidos por el Estado o por empresas), así como por los valores de renta variable o participación (acciones).

• Según su nivel de organización se puede distinguir entre mercados organizados y no organizados (mercados OTC). o Los mercados organizados están perfectamente controlados y reglamentados y, a su vez, pueden ser:

oficiales (por ejemplo, las Bolsas de Valores, deuda pública anotada, futuros y opciones, MEFF) y no oficiales (por ejemplo, el formado por la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros o AIAF).

o Por su parte, en los mercados OTC o no organizados, los compradores y vendedores de activos financieros establecen libremente las características, condiciones y forma de negociación.

Las características que definen a los mercados financieros, son:

• Amplitud: número de títulos financieros que se negocian en el mercado. Cuantos más títulos se negocien, más amplio será el mercado financiero.

• Profundidad: Si dispone de un gran número de órdenes de compra y venta para cada activo y a distintos precios, es decir, que exista oferta y demanda por encima y por debajo del precio de equilibrio. Para ello deben existir inversores que con órdenes de compra para cuando el precio baje y otros con órdenes de venta que se harán efectivas cuando el precio suba.

• Libertad: está determinada por la no existencia de barreras de entrada o salida de compradores y vendedores, es decir, no se ponen limitaciones para el intercambio de activos en cuanto a cantidades y a la formación del precio.

• Flexibilidad: capacidad de los agentes para reaccionar con rapidez ante los cambios que se produzcan en las condiciones del mercado.

• Transparencia: posibilidad de obtener la información fácilmente. Un mercado financiero será más transparente cuando más fácil sea obtener la información.

En la medida que un mercado cumpla en mayor medida estas características, más se acercará al ideal de un mercado financiero perfecto. En la práctica no existe ningún mercado financiero que sea perfecto, por lo que nunca se podrá estar seguro de que el precio de mercado refleje su valor real. El concepto de mercado financiero perfecto sirve como unidad de referencia para evaluar el funcionamiento de los distintos mercados financieros. Para que un mercado financiero se considere perfecto, debe cumplir los siguientes requisitos: • Gran cantidad de agentes oferentes y demandantes, de forma que nadie pueda influir en la formación

del precio del activo financiero. • Que no existan costes de transacción, ni impuestos, ni variación del tipo de interés, ni inflación. • Que no existan restricciones ni a la entrada ni a la salida del mercado financiero. • Que exista perfecta información, que todos sepan lo mismo. • Los activos sean divisibles e indistinguibles.

1.1.8. Organismos reguladores del sistema financiero

Los intermediarios e instituciones que intervienen en los mercados financieros son de gran complejidad. En España se pueden distinguir tres instituciones tutelares: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros. Cada una de ellas se encarga de controlar a diversos intermediarios, mercados e instituciones, según la naturaleza de sus actividades.

• Banco de España: independiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Se ocupa de la ejecución de la política monetaria acordada por el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) así como del control de las entidades de crédito, las sociedades de garantía recíproca y otras entidades consideradas

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como auxiliares financieros. • Comisión Nacional del Mercado de Valores: dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.

Se ocupa de supervisar tanto los mercados de valores (primarios y secundarios) como los organismos, empresas e instituciones que operan en ellos. Entre sus funciones se encuentran velar por la transparencia del mercado de valores, la correcta formación de sus precios y la protección de los inversores.

• Dirección General de Seguros: dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Es el órgano que ejerce la tutela y el control de las compañías aseguradoras y de los productos financieros de previsión a largo plazo (fondos de pensiones).

Al frente de todo el sistema se encuentra, por un lado, el Ministerio de Economía y Competitividad como organismo gubernamental y, por otro, el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), al que pertenece el Banco de España.

Conviene señalar que en la Unión Europea los bancos centrales son independientes de sus respectivos Gobiernos. En consecuencia, entre el Banco de España y el Ministerio de Economía y Competitividad sólo es posible una relación consultiva y auxiliar, de forma que el Banco de España no está subordinado a la política económica del gobierno ni recibe instrucciones del Ministerio.

1.3.1.1. Entidades bajo la supervisión del Banco de España

1.3.1.1.1. Entidades de crédito

Son las únicas entidades financieras autorizadas para conceder créditos y préstamos. Algunas entidades de crédito pueden captar fondos directamente de los ahorradores (entidades de depósitos), mientras que otras (establecimientos financieros de crédito e Instituto de Crédito Oficial) deben captar los fondos que precisan para operar mediante la solicitud de préstamos y/o la emisión de activos financieros propios.

La Ley 3/1994 conceptualiza como entidades de crédito a las siguientes: Instituto de Crédito Oficial, bancos, cajas de ahorros, Confederación Española de Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito. En este apartado nos centraremos en los bancos, cajas y cooperativas, pues ya analizamos el ICO (entidad de crédito pública) en el apartado anterior.

La Directiva 2000/12/CE considera que una entidad de crédito es una organización cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia. Para tener una idea de los productos y servicios que pueden comercializar estas entidades, a continuación se muestran las actividades que, conforme a la mencionada Directiva, modificada por la Directiva

Banco de España

Entidades de crédito

Entidades de depósito

Bancos Cajas de ahorro Cooperativas de crédito

Cajas rurales Cooperativas de crédito urbanas

Establecimientos financieros de

crédito

Instituto de crédito oficial

(ICO)

Sociedades de garantía recíproca

Auxiliares financieros

Sociedades de tasación

Entidades de pago

Entidades de dinero

electrónico

Establecimientos de cambio de

moneda

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2000/28/CE, pueden realizar las entidades de crédito:

1. Recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables. 2. Préstamos. 3. Arrendamiento financiero (leasing). 4. Operaciones de pago. 5. Emisión y gestión de medios de pago (tarjetas de crédito, cheques de viajes, cartas de crédito). 6. Concesión de garantías y suscripción de compromisos. 7. Transacciones por cuenta de la entidad o por cuenta de su clientela que tengan por objeto: cheques,

efectos, certificados de depósito, etc.; mercado de cambios; instrumentos financieros a plazo y opciones; instrumentos sobre divisas o sobre tipos de interés; valores negociables.

8. Participación en la emisión de títulos y prestación de los servicios correspondientes. 9. Asesoramiento a empresas en materia de estructura de capital, de estrategia industrial y de cuestiones

afines, así como asesoramiento y servicios en el ámbito de la fusión y de la compra de empresas. 10. Intermediación en los mercados interbancarios. 11. Gestión o asesoramiento en la gestión de patrimonios. 12. Custodia de valores negociables. 13. Informes comerciales. 14. Alquiler de cajas fuertes. 15. Emisión de dinero electrónico.

1.3.1.1.1.1. Entidades de depósito: bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito

Los bancos

Los bancos deben ser sociedades anónimas con un capital mínimo inicial de 18.030.363 euros. Las acciones en que se divide este capital han de estar íntegramente desembolsadas desde el comienzo de la actividad de la sociedad, lo que significa que los socios que las hayan suscrito deben entregar su importe desde el mismo momento de su adquisición.

En los estatutos (la normativa de regulación interna de la entidad) se limitará el objeto social o actividad a que se puede dedicar la empresa, es decir, a las actividades propias de una entidad de crédito.

Los socios con participaciones significativas (al menos el 5% del capital) han de ser idóneos, lo que significa que nunca hayan sido procesados, ni inhabilitados para ejercer cargos públicos, ni declarados en quiebra o concurso de acreedores (salvo que hayan sido rehabilitados). Además, para obtener su idoneidad ante el Ministerio de Economía y Competitividad, los accionistas deberán contar con los medios suficientes para atender a los compromisos que hayan asumido.

Los bancos, como sociedades anónimas que son, cuentan con una Junta General en la que los accionistas pueden intervenir y ejercer su influencia mediante su derecho al voto. La Junta General se reúne, previa convocatoria de los administradores, en sesión ordinaria dentro de los seis primeros meses del año (o en el plazo inferior si así lo establecen sus estatutos) para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Con independencia de esta Junta General Ordinaria, se pueden celebrar en cualquier momento Juntas Generales Extraordinarias para tratar los temas que administradores o socios consideren convenientes.

La Junta General es el órgano de máximo nivel de la sociedad. No obstante, los actos ejecutivos y de representación de la sociedad son competencia de los administradores que, en el caso de los bancos, deben formar un Consejo de Administración con un mínimo de cinco miembros que, en principio, no tienen por qué ser accionistas.

El Consejo de Administración estará formado por los consejeros y dirigido por un presidente. Los consejeros deciden por mayoría las cuestiones planteadas. El Consejo se reúne cuando indiquen sus reglas internas de funcionamiento, o según los estatutos de la sociedad. Con objeto de enlazar la actividad del Consejo con el funcionamiento de la empresa, así como de delegar sus facultades, se nombran uno o varios consejeros delegados o una comisión ejecutiva.

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Además de los dos órganos citados, estas sociedades, por su magnitud, deben contar con auditores que certifiquen la veracidad de sus cuentas anuales y del informe de gestión que su Consejo de Administración debe presentar a la Junta General Ordinaria.

Las cajas de ahorros

Al ser entidades de crédito, tanto las cajas de ahorros como las cooperativas de crédito pueden realizar las mismas operaciones que los bancos. La actividad de ambas clases de entidades coincide en lo esencial con la actividad bancaria, que analizaremos en el apartado siguiente.

En los últimos años las cajas de ahorros se han experimentado un proceso de concentración con objeto de obtener economías de escala1 que permitan la reducción en los costes de explotación y la obtención de un volumen operativo adecuado para competir con las grandes entidades. Del mismo modo, en los últimos años muchas cajas han desarrollado un proceso de expansión territorial fuera de las regiones donde nacieron, con el fin de adquirir una mayor dimensión que les posibilite el acceso a negocios de más volumen.

Las cajas de ahorros tienen naturaleza jurídica de fundación. Las instituciones fundadoras de estas entidades de crédito pueden ser de naturaleza privada o pública. Entre estas últimas están las corporaciones municipales y entidades locales como las Diputaciones. Además del Estado, la mayoría de las comunidades autónomas ejercen competencias en materia de cajas de ahorros.

Las cajas de ahorros, al no ser sociedades, carecen de capital social. En su lugar, figura un fondo de dotación, aportado por la entidad fundadora, cuya cuantía mínima será de 18.030.363 euros. La ausencia de capital social afecta a la financiación y crecimiento de estas entidades, ya que no pueden recurrir a las ampliaciones de capital para adquirir nuevos activos para su expansión. Para solventar el problema, las cajas utilizan las siguientes fórmulas: • Fomento de la autofinanciación, consistente en crear fondos de reserva donde se acumulan parte de

los beneficios obtenidos. Esta modalidad de financiación tiene como límite el volumen de beneficios y va en detrimento de las inversiones en obra benéfico-social.

• Emisión de obligaciones subordinadas, que son empréstitos2 emitidos a largo plazo o perpetuos (cuyo importe no tiene fecha de devolución), con un interés variable, asociado, por lo general, al volumen de negocio o a los beneficios que obtenga la entidad. Los bancos también emiten estos títulos.

• Los titulares de las obligaciones subordinadas son los últimos en percibir la devolución de su inversión (antes de los propietarios del capital; fondo social en las cajas) si la entidad se liquida.

• Emisión de cuotas participativas, que son valores negociables representativos de aportaciones dinerarias de duración indefinida y que se computan como fondos propios (igual que el fondo dotacional y las reservas de la entidad).

• Las cuotas participativas se representan mediante anotaciones en cuenta y se negocian en las Bolsas o en aquellos mercados organizados en los que se autorice la negociación de renta variable. La retribución de estos títulos, que carecen de derecho al voto, depende de los beneficios de la caja emisora, motivo por el cual se consideran como valores de renta variable, muy próximos a las acciones.

• Emisión de participaciones preferentes, perpetuas o con vencimientos en torno a los cinco años. Estas participaciones tienen una remuneración fija.

• Otra estrategia de crecimiento de las cajas, aparte de fusionarse entre ellas, consiste en la absorción de otras entidades de crédito, incluso bancos de menor dimensión, o en la adquisición de participaciones significativas de su capital. En contraste con estas políticas, los bancos no pueden absorber a las cajas de ahorros, ya que aquéllos no pueden adquirir el capital de éstas (fondo dotacional), pues está al margen de la cotización.

Las cajas de ahorros, a pesar de su naturaleza fundacional, deben inscribirse en el Registro Mercantil y, en el futuro, quizá se transformen en sociedades debido a su marco más flexible y a las múltiples presiones

1 Las economías de escala son el ahorro que se produce en los costes por emplear una mayor dimensión. Este ahorro se debe, en gran parte, a que los costes fijos se reparten entre mayor número de operaciones, con lo que, en consecuencia, se acaba reduciendo el coste fijo por operación. 2 Los empréstitos son grandes préstamos fraccionados en títulos o valores negociables. Así, quien adquiere uno o varios de estos títulos se convierte en prestamista de la entidad emisora por el importe de los mismos, y ésta se convierte en prestataria por el total de la emisión.

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para que así suceda.

En materia de órganos rectores, además de por la legislación estatal, las cajas de ahorros se rigen por normas autonómicas. Son órganos rectores de estas entidades: la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control. • La Asamblea General. Está integrada por los consejeros, cuyo número dependerá de sus estatutos y

oscilará entre 60 y 160. En la Asamblea están representados: la Administración, las corporaciones públicas y los fundadores, los impositores (clientes) y los empleados de la entidad. A la Asamblea le corresponde el nombramiento de los componentes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. El Consejo de Administración. Es el órgano responsable de la administración, gestión y representación de la entidad, así como de la obra benéfico-social que tiene cada caja y que es donde se invierten parte de sus beneficios. El Consejo es el responsable de las diferentes tareas ejecutivas, tales como la toma de decisiones de gestión, representación en juicios, realización de contratos, administración de recursos, etc. Estas actividades normalmente se realizan a través de la estructura administrativa de la entidad, al frente de la cual se encuentra el director general, que nombra el Consejo, con la posterior aprobación de la Asamblea.

• El Consejo debe constituir en su seno la Comisión de Retribuciones, que decide sobre las remuneraciones de los consejeros y directivos de la entidad, y la Comisión de Inversiones, que informa al Consejo sobre grandes inversiones y retiradas de capital.

• La Comisión de Control se responsabiliza de fiscalizar la actuación del Consejo, para que se adapte a las directrices emanadas de la asamblea.

Las cooperativas de crédito

Son entidades de crédito con forma social de cooperativa. Están sometidas a la normativa general de este tipo de entidades y a la normativa específica de la comunidad autónoma donde tengan su sede social.

La Ley 13/1989, que junto con otras normas regula la actividad de las cooperativas de crédito, determina que éstas pueden realizar toda clase de operaciones pasivas (captación de recursos) y activas (créditos y financiación general), con atención preferente hacia sus cooperativistas. Esta atención preferente supone que las operaciones activas con terceros, no socios, no pueden alcanzar el 50 % de los recursos de la entidad.

El número de socios de las cooperativas de crédito es ilimitado y su responsabilidad por las deudas sociales se circunscribe al capital que aportan. Estas entidades pueden ser de tres clases, a saber: cajas rurales (las más numerosas), cajas populares (como la Caja Laboral Popular) y cajas profesionales (como las cajas de abogados o de ingenieros).

La dimensión de las cooperativas de crédito, por lo general, es muy inferior a la de los bancos y las cajas de ahorros.

Los órganos de las cajas cooperativas (rurales, populares y profesionales) son los típicos de toda cooperativa, con ciertas matizaciones debidas a su naturaleza; entre éstos, podemos distinguir: • La Asamblea General es el órgano soberano de la cooperativa. En él se forma la voluntad de la sociedad

mediante el voto de los socios o asociados, convocados por el Consejo Rector. En principio, cada socio cuenta con un voto, salvo que los estatutos señalen otra distribución.

• El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la entidad. Le corresponden todas las facultades que no estén reservadas por la ley o por los estatutos a otros órganos, y que se concretan en los diferentes actos de dirección y administración de la sociedad.

Los miembros del Consejo Rector (un mínimo de cinco dirigidos por un presidente) serán remunerados conforme indiquen los estatutos. El Consejo podrá contratar y destituir al director general de la cooperativa, que se encarga de gestionar, con plenos poderes, su actividad.

Otro órgano que puede existir en una entidad de esta naturaleza es el Comité de Recursos, formado por al menos tres miembros elegidos por la Asamblea General. Se encarga de resolver las reclamaciones presentadas por los cooperativistas y los clientes.

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1.3.1.1.1.2. Establecimientos financieros de crédito (EFC)

Los EFC están sometido al control y vigilancia del Banco de España, deben cumplir con el coeficiente de caja y el coeficiente de garantía, están sometidos a normas de solvencia como las provisiones por insolvencias, por riesgo país, etc., sin embargo al no poder financiarse captando depósitos del público, en general no están obligados a participar en el Fondo de Garantía de Depósitos.

Son fruto de la transformación de las antiguas entidades de crédito de ámbito operativo limitado (cuya característica principal era, como indicaba su nombre, la de tener limitadas sus operaciones activas, es decir, su ámbito operativo, a una única parcela de negocio, o bien sólo actividades de factoring, o sólo de leasing financiero, etc.).

Como entidades de crédito que son pueden realizar actividades financieras como:

• Operaciones de arrendamiento financiero o leasing. Su finalidad fundamental es la financiación de bienes de equipo, a través de un contrato de arrendamiento financiero, basado en ventajas fiscales y opción de compra al final del mismo por valor residual o simbólico. El leasing es un contrato por el que una entidad adquiere por su cuenta unos bienes (muebles o inmuebles) con el fin de arrendarlos a una persona o empresa que los usa durante un período de tiempo, a cuyo término y por una cantidad previamente fijada tiene una opción de compra sobre esos bienes.

• Operaciones de cobro o factoring. Su finalidad es realizar gestiones de cobros de créditos de sus clientes, reconocidos bajo letras de cambio, pagarés, facturas, etc., facilitando la financiación a los acreedores y cubriendo los posibles riesgos de impagados. El factoring es una operación por la que una empresa vendedora cede a la entidad de factoring todas sus facturas para que esta le adelante el importe y se encargue de su cobro. En esta tarea, puede asumir el riesgo de impago de los clientes de la empresa vendedora (factoring sin recurso) o no hacerlo (con recurso). Se trata, en cualquier caso de una actividad financiera ya que la entidad de factoring adelanta el importe de las facturas.

• Otras actividades como la emisión y gestión de tarjetas de crédito, conceder y prestar todo tipo de préstamos y créditos (personales, hipotecarios, financiación de operaciones comerciales, etc.) sin tener que especializarse (salvo que lo deseen voluntariamente) en una única parcela de negocio financiero.

1.3.1.1.1.3. Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Hasta hace unos años existían varias entidades oficiales de crédito (Banco de Crédito Hipotecario, Banco Exterior de España, Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Agrícola, Banco de Crédito a la Construcción y Crédito Social Pesquero) encargadas de apoyar financieramente a sectores considerados clave en la economía. Estas entidades, junto con la Caja Postal, se convirtieron en sociedades anónimas; posteriormente, se integraron en la Corporación Bancaria Española S. A. (Argentaria), que fue sometida a un proceso completo de privatización; de este modo se cumplían las obligaciones derivadas de los Tratados Europeos. Más tarde, Argentaria se fusionó con el Banco Bilbao Vizcaya para formar el BBVA.

Actualmente, la única institución pública de banca comercial es el Instituto de Crédito Oficial (ICO), una entidad pública empresarial. La ley otorga al ICO naturaleza de entidad de crédito y lo considera como agencia financiera del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios. También le concede autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines, a saber: el sostenimiento y promoción de actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la riqueza nacional. Su cumplimiento debe respetar el principio de equilibrio financiero, esto es, el Instituto no puede funcionar con pérdidas. Para alcanzar dichos fines se encomiendan al ICO varias funciones, entre las que cabe destacar: • Contribuir a paliar los efectos producidos por situaciones de crisis económica grave, catástrofes

naturales u otros supuestos semejantes, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Consejo de Ministros o de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.

• Actuar como instrumento de ejecución de determinadas medidas de política económica, siguiendo las líneas fundamentales que establezca el Consejo de Ministros, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos o el Ministerio de Economía y Competitividad. Debe estar sujeto a las normas y decisiones que acuerde su Consejo General.

• Las operaciones derivadas de estas medidas se instrumentan en préstamos a medio y largo plazo,

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concedidos con criterios bancarios sobre todo en materia de garantías. Para la concesión de estos préstamos, el ICO podrá buscar la intermediación de otras entidades financieras a través de convenios de colaboración.

• Formalizar, gestionar y administrar fondos, subvenciones, créditos, avales, etc., mediante diversas operaciones de activo. Para ello, el ICO gestiona y administra los préstamos que conceda a través suyo la Administración del Estado.

• Tomar participaciones directas en empresas financieras. • Prestar asesoramiento financiero a entidades públicas o privadas en materias relacionadas con los fines

del Instituto.

Para financiar su actividad, el Instituto de Crédito Oficial no puede recurrir a la captación de fondos mediante depósitos del público, como hace la banca; sus recursos financieros proceden de las siguientes fuentes: • Productos de su patrimonio. • Aportaciones del Estado o de otros entes públicos, sociedades o asociaciones. • Captación de fondos en los mercados nacionales o extranjeros mediante la emisión y colocación de

certificados, pagarés, bonos, obligaciones y cualesquiera otros valores que supongan un reconocimiento de deuda.

Las deudas y obligaciones del ICO tienen la garantía del Estado. Éste fija los límites de endeudamiento del Instituto en las leyes anuales de presupuestos.

El Tratado de la Unión Europea establece para las entidades de crédito públicas, entre las que se encuentra el ICO, la obligación de recibir por parte del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales el mismo trato que las entidades de crédito privadas.

1.3.1.1.2. Sociedades de garantía recíproca

Son sociedades anónimas de capital variable (el capital varía con la entrada y salida de socios a la misma) que tienen como objeto social facilitar el acceso a la financiación de sus socios (pequeñas y medianas empresas) prestándoles garantías por aval, o cualquier otro medio que no sea seguros de caución, en los préstamos que éstos concierten, evitándoles tener que presentar garantías adicionales o incluso personales.

Dentro de los órganos de gobierno de las mismas, Junta General y Consejo de Administración, es este último el que se encarga de aceptar o denegar la admisión de nuevos socios, así como de decidir qué garantías se otorgan y se deniegan.

En las sociedades de garantía recíproca existen dos tipos de socios: • Socios mutualistas o partícipes, que son aquellos que pueden beneficiarse de las garantías prestadas

por la entidad. • Socios protectores, inversores que carecen del derecho de ser avalados por la sociedad de garantía

recíproca.

Las sociedades de garantía recíproca se convierten en importantes instrumentos de apoyo financiero para las PYMES, ya que: • Les conceden avales para que éstas puedan acceder a las fuentes de financiación sin aportar garantías

adicionales o incluso personales. • Les informan de las posibles ayudas y subvenciones que pueden solicitar. • Agilizan la concesión de créditos y préstamos, y los consiguen en condiciones preferentes para sus

socios.

Las sociedades de reafianzamiento surgen con el objeto de reavalar a las sociedades de garantía recíproca en las garantías que prestan fruto de su actividad, y de esta forma ayudar al desarrollo y expansión de las mismas. La única sociedad de reafianzamiento en la actualidad es la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA), con capital mayoritariamente público.

Estas sociedades, al igual que las sociedades de garantía recíproca, como instituciones financieras que son, se encuentran bajo el control, supervisión e inspección del Banco de España, y están obligadas a cumplir

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con el coeficiente de garantía.

1.3.1.1.3. Auxiliares financieros

En esta categoría se reúne un conjunto de entidades que ofrecen servicios auxiliares relacionados con el sistema financiero.

1.3.1.1.3.1. Sociedades de tasación homologadas

Empresas encargadas de certificar el valor de los bienes inmuebles hipotecados para informar a las entidades financieras sobre las garantías aportadas a la hora de conceder el préstamo hipotecario solicitado.

Las Sociedades de Tasación inmobiliaria en España han de ser Sociedades Anónimas con un capital mínimo desembolsado y representado en acciones nominativas y tener limitado estatutariamente su objeto social a la valoración de todo tipo de bienes, empresas o patrimonios. Se les exige contar con una mínima estructura, unos servicios de control de calidad, órganos de gobierno y tener asegurada frente a terceros la responsabilidad civil que pueda derivarse de la actividad de tasación. Estas sociedades han de ser homologadas por el Banco de España, donde quedan inscritas en el Registro oficial de Sociedades de Tasación. Están supeditadas a su régimen de supervisión y en su caso, sancionador.

Desde el denominado “estallido de la burbuja” inmobiliaria en 2008 el Banco de España obliga a que las tasadoras de pisos se desliguen de la banca, que hasta ese momento eran propietarias de la mayoría de sociedades de tasación homologadas. La concesión de créditos está ligada, por regla habitual, al valor de tasación y, a su vez, este estaba determinado en una buena parte de los casos por la propia entidad que concedía el crédito. De ahí, que hayan concedido préstamos muy por encima del precio de compraventa de los inmuebles aportados como garantía de su devolución.

1.3.1.1.3.2. Entidades de pago

Personas físicas o jurídicas que han obtenido autorización para prestar servicios de pago en euros y en divisas (Paypal, Neteller, Moneybookers, Click2pay, etc.).

1.3.1.1.3.3. Entidades de dinero electrónico

Por dinero electrónico entendemos, según el informe sobre el dinero electrónico del Banco Central Europeo, el instrumento de pago por el que unos valores monetarios se almacenan en un soporte técnico que obra en poder del consumidor, y que puede ser utilizado para realizar pagos a empresas distintas del emisor, sin que tengan que verse implicadas en la operación las cuentas corrientes de las partes.

Estas entidades, además de la emisión de dinero electrónico, también podrán prestar otros tipos de servicios financieros como la gestión y emisión de otros medios de pago. Tienen expresamente prohibida la concesión de créditos en cualquiera de sus modalidades, y podrán invertir en activos de alta liquidez o con una ponderación de riesgo crediticio nula.

Posee las siguientes características:

• El dinero electrónico recibido por el beneficiario no puede, generalmente, utilizarse de nuevo, sino que ha de ser enviado al emisor para su reembolso.

• En función de las características de cada medio en concreto, el dinero electrónico puede proporcionar distintos grados de anonimato, desde el anonimato total hasta el pleno conocimiento de la identidad del usuario.

• La seguridad, integridad, confidencialidad y autenticidad de los datos procesados en transacciones con dinero electrónico se asegura a través de la criptografía electrónica en lugar de con características físicas como en el caso de los billetes y las monedas.

No se deben confundir con:

• Tarjetas de crédito o débito bancarias, en las que sí intervienen las cuentas corrientes de las partes implicadas en la transacción.

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• Tarjetas comerciales (tarjetas de Springfield, Eroski, etc.) que sólo se aceptan como medio de pago en los establecimientos de la empresa emisora de la misma.

1.3.1.1.3.4. Establecimientos de cambio de moneda y gestión de transferencias

Establecimientos abiertos al público que realizan exclusivamente compras de billetes extranjeros o cheques de viaje con pago en euros (Western Union, etc.)

1.3.1.2. Entidades bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

1.3.1.2.1. Empresas de servicios de inversión

Desde un punto de vista legal, toda persona física o jurídica con mayoría de edad y sin limitaciones en la capacidad de obrar, puede comprar o vender en la bolsa, aunque siempre a través de un intermediario financiero. Para ello puede dirigirse a un intermediario financiero genérico como los bancos, cajas de ahorro o cooperativas de crédito, o bien contratar los servicios de un intermediario especializado en el mercado de valores, también llamados Empresas de Servicios de Inversión (ESI).

Las empresas de servicios de inversión son aquellas entidades financieras cuya actividad principal consiste en prestar servicios de inversión con carácter profesional a terceros. Son empresas cuya actividad está sujeta a la vigilancia de la CNMV. Los servicios que presta una ESI se pueden agrupar en dos categorías:

1. Servicios de inversión: • Recepción y transmisión de órdenes en los mercados financieros por cuenta de terceros. • Ejecución de dichas órdenes por cuenta de terceros. • Negociación de valores por cuenta propia. • Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los mandatos

conferidos por los inversores. • Mediación, por cuenta directa o indirecta del emisor, en la colocación de emisiones y ofertas

públicas de venta de acciones o participaciones de sociedades limitadas. • Aseguramiento de la suscripción de emisiones y ofertas públicas de venta.

2. Servicios complementarios: • Depósito y la administración de valores. • Alquiler de cajas de seguridad. • Concesión de créditos o préstamos a inversores, para que puedan realizar operaciones sobre tales

instrumentos, siempre que en dicha operación intervenga la empresa que concede el crédito o el préstamo.

• Asesoramiento a empresas sobre estructura de capital, estrategia industrial y cuestiones afines, así como el asesoramiento y demás servicios en relación con fusiones y adquisiciones de empresas.

• Servicios relacionados con las operaciones de aseguramiento.

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Empresas de servivios de

inversión

Sociedades de valores

Agencias de valores

Sociedades gestoras de

carteras

Entidades gestoras de fondos de titulización

Sociedades y fondos de capital-

riesgo

Instituciones de inversión colectiva

Instituciones de inversión mobiliaria colectiva

Instituciones de inversión

inmobiliaria colectiva

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• Asesoramiento sobre inversión en valores o instrumentos financieros. • Actuación como entidades registradas para realizar transacciones en divisas vinculadas a los

servicios de inversión. Existen cuatro tipos de empresas de servicios de inversión:

• La Sociedades de Valores: Pueden operar profesionalmente, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y realizar todos los servicios de inversión y actividades complementarias anteriormente enumerados. Se trata de auténticos “bancos de inversión”.

• Las Agencias de Valores: Son aquellas empresas que sólo operan por cuenta ajena, con representación o sin ella, y sin la posibilidad de conceder créditos o préstamos a sus clientes. Por lo tanto, su actuación es de intermediación (brokerage).

• Las Sociedades Gestoras de Carteras: Gestionan discrecional e individualizadamente carteras de inversión con arreglo a los mandatos de sus clientes y realizan actividades de asesoramiento, sin poder entrar nunca en el depósito ni en la intermediación de operaciones.

• Empresas de asesoramiento financiero: solo pueden prestar servicios de asesoramiento financiero.

1.3.1.2.2. Entidades gestoras de fondos de titulización

La titulización permite la conversión de activos que no son negociables en otros activos que pueden ser objeto de transmisión en mercados secundarios.

Los Fondos de Titulización de Activos (FTA) son patrimonios separados, carentes de personalidad jurídica, integrados en cuanto a su activo por los activos financieros y otros derechos que agrupen, y en cuanto a su pasivo por los valores que renta fija que emitan y por préstamos obtenidos por entidades de crédito. Los FTA pueden adoptar dos modalidades: • Fondos cerrados que, a partir del momento de su constitución, no se modifica su activo ni su pasivo. • Fondos abiertos, cuyo activo, pasivo o ambos, pueden modificarse después de la constitución del

fondo, bien por modificación de pasivo cuando esté prevista la emisión sucesiva de valores, como la concertación de nuevos créditos, bien por la modificación del activo cuando tenga carácter de renovable o bien por ampliación del mismo, por estar prevista la incorporación de otros y, en consecuencia, la emisión de nuevos valores o la concertación de nuevos créditos.

Las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización tienen como objeto exclusivo la constitución, administración y representación legal tanto de los fondos.

El proceso de titulización se articula mediante la cesión (venta) de los activos a un ente especialmente creado al efecto que financia la compra mediante la emisión de títulos y atiende a sus obligaciones mediante el flujo de ingresos asociado a los activos adquiridos. La administración de los fondos la realiza un tercero distinto e independiente del propietario original de los activos. Así, las cuatro figuras básicas que participan en el proceso de titulización son: • La entidad que vende los activos que se titulizan, denominada originador o cedente y, que, usualmente,

mantiene la responsabilidad de administrarlos. • El ente comprador de los activos y emisor de los títulos, que denominamos Fondo de Titulización. • El gestor del fondo (en la legislación española Sociedad Gestora del Fondo de Titulización), que también

ostenta la representación del fondo en caso de carecer éste de personalidad jurídica. • Finalmente, los compradores de los títulos emitidos, es decir, los inversores.

Entre los activos en balance titulizables se incluyen los siguientes: • Préstamos con garantía real (hipotecarios): Dan lugar a un flujo de ingresos en concepto de interés y

recuperación de principal, y permiten transferir al vehículo interpuesto los derechos sobre el bien hipotecado para que actúen como garantía.

• Préstamos personales: Dan lugar a un flujo de ingresos en concepto de interés y recuperación del principal, en principio sin otras garantías adicionales.

• Saldos dispuestos de líneas de crédito como, por ejemplo, deudas de tarjetas de crédito. • Derechos de cobro como, por ejemplo, facturas, cuotas de ventas a plazos, deudas en general de

particulares y empresas.

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• Contratos de arrendamiento financiero, como instrumento financiero que da derecho a un flujo de cuotas.

• Títulos-valores de renta fija que generan un flujo de intereses y principal.

Entre los activos no incluidos en balance, es decir, los denominados derechos futuros, agrupamos los más habituales: • Ingresos procedentes de contratos de alquiler de inmuebles: generan un flujo de recibos. • Ingresos procedentes de contratos de servicios: generan flujos de recibos de importe indeterminado a

priori, como es el caso de los contratos de suministro de energía eléctrica, agua, gas, teléfono, etc. • Ingresos procedentes de derechos de explotación: Dan lugar al ingreso en forma de cuotas, peajes,

royalties, franquicias, etc. • Ingresos procedentes de tasas, cánones y otras exacciones parafiscales impuestas por entes públicos y

similares.

La titulización no se trata de una alternativa reservada exclusivamente a entidades de crédito, sino que es extensible a cualquier entidad que disponga de derechos de la naturaleza descrita. De hecho, para las empresas constituye un mecanismo de desintermediación de las entidades de crédito.

La función del administrador de los activos es extremadamente importante, pues su calidad condiciona el riesgo intrínseco de la propia cartera de activos. La experiencia y eficiencia demostrable en la administración de los préstamos y en la gestión de la morosidad, constituye un elemento fundamental a la hora de la calificación del riesgo de las emisiones realizadas por los vehículos de titulización.

Entre las principales razones para titulizar podemos contemplar las siguientes: • El titulizador persigue, en primera instancia, la obtención de liquidez, utilizando para ello la cesión de

riesgos y derechos que constituyen parte de su negocio pero sin perder la vinculación con su cliente. En algunos casos, las entidades que titulizan no buscan la liquidez en el acto de titulizar, sino que persiguen mejorar su balance transformando activos ilíquidos en otros que permitan la obtención de liquidez inmediata, cuando sea necesario.

• La titulización es un mecanismo de financiación que, en general, no contamina a otras fuentes alternativas de recursos. Esto es especialmente importante en las entidades financieras, que pueden acudir a otros mercados utilizando nombre y riesgo distintos a los propios mediante la creación de un vehículo interpuesto.

• La titulización permite desvincular crecimiento y riesgo. Al titulizar de manera recurrente se puede desvincular la ampliación de la base de clientes del incremento de la exposición al riesgo y, por tanto, de la necesidad de aumentar los recursos propios y ajenos de la entidad. Mediante la titulización aumenta la rotación del activo y sólo se requiere acudir al pasivo de manera transitoria. En definitiva, en el caso de entidades financieras, la titulización conduce a una estrategia de negocio con mayor peso en la política de márgenes y cobro de servicios en lugar de la asunción de riesgos.

• La titulización, al margen de la reducción del riesgo de crédito a la que pueda dar lugar, puede ser un instrumento para la gestión de los riesgos de interés. Por un lado, permite la eliminación del riesgo causado por la amortización anticipada de la cartera de préstamos; por otro lado, permite reducir el desequilibrio de plazos activo/pasivo sin renunciar a la financiación a largo plazo. Finalmente, permite transformar tipos de interés entre mercados, prestando en el minorista y desinvirtiendo en el mayorista.

• La titulización mejora los resultados medidos sobre activos medios (ROA). No obstante, la mejora de resultados sobre recursos propios (ROE) no es inmediata, aunque se entiende que el incremento de negocio sin necesidad de recurrir a recursos adicionales debe mejorar dicho ratio. Esto último depende, naturalmente, de los costes de la titulización, incluidos los posibles derivados de operaciones fuera de balance relacionadas con las operaciones.

1.3.1.2.3. Sociedades y fondos de capital-riesgo

La actividad de Capital Riesgo o private equity se sustenta en la inversión y el apoyo a empresas con alto potencial de crecimiento. El objetivo de los inversores es ayudar a dichas empresas a crecer creando valor a lo largo de varios años, en base al asesoramiento, incentivos, contactos, etc., mediante distintas estructuras

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de inversión.

Consiste en la aportación de capital en empresas, generalmente en forma minoritaria y temporal (entre tres y diez años), por parte de entidades especializadas (fondos o sociedades), constituye otra de las fórmulas que pueden ser utilizadas para diversificar el patrimonio de las grandes fortunas, al gozar sus inversores de importantes incentivos fiscales que se concretan en la exención del 99 por 100 de las plusvalías (generadas en un período de inversión de entre 2 y 15 años) y el 100 por 100 de los dividendos obtenidos por las Entidades de Capital Riesgo, procedentes, en ambos casos, de las sociedades participadas por la ECR.

La Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las Entidades de Capital Riesgo y sus Sociedades Gestoras, establece un nuevo marco regulador más flexible y más acorde con los países de nuestro entorno que deberá contribuir a impulsar las operaciones de Capital Riesgo a través de la figura de los Fondos o de las Sociedades, que provean de financiación a empresas involucradas en las actividades de l+D+i.

Con la intervención de la banca especializada están surgiendo nuevos fondos y sociedades de capital riesgo que obtienen sus recursos de inversores institucionales y clientes de banca privada1, para los que está siendo ya un complemento de las SICAV, con el atractivo de altas rentabilidades, aunque con niveles de riesgo más acentuados.

La reforma de 2005 flexibiliza el régimen administrativo de estas entidades y distingue entre las entidades de “régimen común” y de “régimen simplificado”, atribuyendo a la CNMV, como supervisor del capital- riesgo, el grueso de las competencias sobre este sector, a la que las entidades de régimen común tienen que remitir una memoria anual y un folleto informativo, de obligada difusión entre sus accionistas o partícipes.

Se permite la posibilidad de que las ECR tomen participaciones de empresas no financieras que coticen en el primer mercado con la finalidad de excluirlas de la cotización dentro de los doce meses siguientes a la toma de la participación. También se ofrece la posibilidad de que las ECR inviertan en otras ECR dentro de unos límites y, con el mismo objetivo de reducir el riesgo, se introducen figuras de diversificación de la inversión como son los fondos y sociedades que fundamentalmente inviertan en ECR.

Son ECR de régimen simplificado aquellas que reúnas estas características: • La oferta de acciones o participaciones debe realizarse con carácter estrictamente privado, esto es, sin

actividad publicitaria. • La oferta de acciones o participaciones debe realizarse con un compromiso mínimo de inversión de

500.000 € exigible a cada inversor. • Deben contar con un número de accionistas o partícipes igual o inferior a veinte.

Dentro del coeficiente de inversión obligatorio, las ECR deberán mantener como mínimo el 60 por 100 de su activo computable en acciones u otros valores o instrumentos financieros que puedan dar derecho a la suscripción o adquisición del capital de empresas que sean objeto de su actividad y podrán invertir hasta el 20 por 100 de su activo en otras ECR, siempre que cada una de las ECR en que se invierta no tenga invertido a su vez más del 10 por 100 de su activo en otras ECR. El resto del activo no sujeto al coeficiente de inversión obligatorio, podrá mantenerse en Valores de renta fija, en participaciones en el capital de empresas distintas de las que son objeto de su actividad, en efectivo, en préstamos participativos, financiación de cualquier tipo a empresas participadas que formen parte de su objeto social principal y en el caso de SCR, hasta el 20 por 100 de su capital social, en elementos de inmovilizado necesarios para el desarrollo de su actividad.

El capital de una sociedad de capital-riesgo no puede ser inferior a 1.200.000 €, debiéndose desembolsar en el momento de su constitución, al menos, el 50 por 100 y el resto, en una o varias veces, dentro del plazo de tres años desde la constitución de la sociedad. El capital inicial mínimo de los fondos de capital-riesgo no será inferior a 1.650.000 €.

La dirección y administración de los fondos de capital-riesgo se regirá por lo dispuesto en el reglamento de gestión de cada fondo, debiendo recaer necesariamente en una sociedad gestora de entidades de capital- riesgo o en una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, mientras que para una sociedad de capital riesgo la gestión externa no es obligatoria.

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Las ECR estarán exentas en el 99 por 100 de las rentas que obtengan en la transmisión de valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de las empresas o entidades de capital- riesgo, siempre que la transmisión se produzca a partir del inicio del segundo año de tenencia computado desde el momento de adquisición o de la exclusión de cotización y hasta el decimoquinto, inclusive.

1.3.1.2.4. Instituciones de inversión colectiva

Las instituciones de inversión colectiva (IIC) son empresas que adoptan la forma de sociedad anónima y cuyo objeto social es la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos. Entre las ICC más relevantes se encuentran: • Sociedades de Inversión Mobiliaria • Sociedades de Inversión Inmobiliaria • Sociedades de Inversión Colectiva de Inversión Libre • Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión

1.3.1.2.4.1. Sociedades de inversión mobiliaria

Las IIC de carácter financiero que adopten la forma societaria, toman el nombre de “Sociedades de Inversión de Capital Variable” (SICAV), su número de accionistas no deberá ser inferior a cien y, a diferencia de los fondos, están autorizadas a gestionar directamente su patrimonio o externalizar su administración. Aunque existen excepciones, en la práctica totalidad de los casos las SICAV suelen ceder la gestión de sus activos a terceros, ya que la capacidad de gestión del órgano de administración de cada SICAV no está al mismo nivel de profesionalidad que cabe suponerle a una sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva u otras entidades especializadas.

Un rasgo característico de la SICAV es su estructura abierta, dada la variabilidad de su capital, peculiaridad que las distinguía de las desaparecidas Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo (SIM), puesto que su capital social es susceptible de aumentar o disminuir dentro de los límites del capital estatutario máximo y del inicialmente fijado, mediante la compra y venta de sus propias acciones, sin necesidad de acuerdo de la Junta General de Accionistas.

Al igual que los fondos de inversión, la nueva normativa permite a las SICAV tener también compartimentos con distintas políticas de inversión y emitir diferentes series de acciones con su propio régimen de comisiones. La posibilidad de crear compartimentos con un patrimonio mínimo de 480.000 € y un mínimo de 20 accionistas amplia el segmento de los potenciales inversores, que hasta ahora estaba reservado a los de rentas más altas.

Para las carteras de valores de renta variable que se mueven frecuentemente, la opción de las SICAV y las SIIL resulta muy interesante por los ahorros fiscales que conlleva sobre la tributación en el IRPF (1% frente al 18%), siendo las SICAV menos adecuadas para las carteras más estables o para las que invierten a través de fondos, ya que soportan unos gastos de administración más elevados.

Por tratarse, en la mayoría de los casos, de sociedades creadas específicamente para proporcionar un ventajoso soporte jurídico a la administración de patrimonios financieros de carácter familiar, el número de accionistas que las componen suele ser muy reducido adaptándose en muchas ocasiones a las exigencias mínimas establecidas por la normativa en vigor (100 accionistas) para su consideración como una Institución de Inversión Colectiva.

Así, más del 80 por ciento de las SICAV registradas en la CNMV no superan los 150 accionistas, aunque también existe un corto número de sociedades que superan los 1.000 y que, como cabe suponer, constituyen una opción financiera que busca la participación de todo tipo de inversores y que parece estar de nuevo en auge.

1.3.1.2.4.2. Sociedades de Inversión Inmobiliaria

Una excelente opción para gestionar inmuebles en régimen de alquiler son las Sociedades de Inversión Inmobiliaria (SII), la versión cerrada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria (FII) y que a diferencia de estos,

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no tienen la obligación de establecer mensualmente un valor liquidativo, pues en la transmisión de las acciones el precio se fija entre las partes. Las Sociedades de Inversión Inmobiliaria (SII) pueden optar voluntariamente por una gestión interna o externa, y como requisitos más destacados deben cumplir los siguientes: • Coeficiente de liquidez: No se exige, por lo que la totalidad del activo puede estar invertido en

inmuebles. • Capital mínimo: Nueve millones de euros. En el caso de existir compartimentos, deberá tener cada uno

de ellos un capital mínimo de 2,4 millones de euros sin que, en ningún caso, el capital total de la sociedad sea inferior a nueve millones de euros.

• Aportaciones: Se permiten en efectivo, valores o inmuebles. • Régimen fiscal de la sociedad: Está sujeta a un tipo del 1 por 100 en el Impuesto de Sociedades y una

exención del 95 por 100 en los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), en la compra de viviendas y en las operaciones de constitución, aumento de capital y fusión quedarán exentos ambos impuestos.

• Composición de las inversiones: Para acogerse al tipo reducido del 1 por 100 en el IS y las bonificaciones en el ITP y AJD, al menos el 50 por 100 del patrimonio tiene que estar invertido en viviendas, residencias de tercera edad y de estudiantes dentro del plazo de dos años desde la constitución de la sociedad. La posición en inmuebles que deben tasarse al menos una vez al año, no puede ser inferior al 90 por 100, su destino tiene que ser necesariamente el de su explotación en alquiler y no se pueden vender hasta que hayan transcurrido tres años después de su adquisición.

• Fiscalidad del accionista: Al igual que en el resto de las IIC, el accionista no tributa mientras no perciba ingresos de la SII. Cuando se manifiesten, la persona física tributará por la ganancia patrimonial obtenida al tipo del 18 por 100, de acuerdo con la normativa del IRPF en vigor desde el 1.1.2007. Si se tratara de personas jurídicas que tengan como mínimo el 5 por 100 del capital de la sociedad, pueden obtener la exención del 100% del capital de las acciones en el Impuesto sobre el Patrimonio y la bonificación del 95% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

• Número mínimo de accionistas: No será inferior a cien. • Diversificación del riesgo: Ningún bien, incluidos los derechos sobre él, podrá representar más del 35

por 100 del patrimonio total en el momento de su adquisición.

1.3.1.2.4.3. Sociedades de Inversión Colectiva de Inversión Libre

El Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de IIC, aprobado por el RD 1309/2005, de 4 de noviembre, regula por primera vez en España las llamadas “Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre” que se configuran como instrumentos de amplia flexibilidad inversora, destinados a inversores que, por su mayor experiencia o formación financiera, precisan de menor protección.

A las Sociedades de Inversión Colectiva de Inversión Libre (SIIL), que deberán inscribirse en un registro especial creado por la CNMV les serán aplicables las reglas sobre IIC de carácter financiero, con algunas excepciones, entre las que estarían las siguientes: • Las acciones podrán adquirirse mediante un desembolso mínimo inicial de 50.000 €. • Sólo podrán realizar actividades de comercialización cuando se dirijan a inversores cualificados. • Las SIIL tendrán como mínimo 25 accionistas, con lo que su patrimonio mínimo ascenderá a 1.250.000

€ (25 x 50.000). • Las adquisiciones y ventas de las acciones podrán efectuarse mediante entrega de activos e

instrumentos financieros aptos para la inversión, adecuados a la vocación inversora de la IIC. • El valor liquidativo de las acciones deberá calcularse, al menos, trimestralmente y cuando así lo exijan

las inversiones previstas, podrá ser calculado semestralmente. Las adquisiciones y ventas de las acciones se realizarán con la misma periodicidad que el cálculo del valor liquidativo.

• Una IIC de inversión libre podrá no otorgar derecho de reembolso en todas las fechas de cálculo del valor liquidativo y el pago del reembolso se podrá realizar en especie, si así lo especifica el folleto de la IIC.

• No les resultarán de aplicación los límites máximos de las comisiones de gestión, depósito, suscripción y reembolso previsto en el reglamento de las IIC.

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• Podrán invertir en activos e instrumentos financieros y en instrumentos financieros derivados, cualquiera que sea la naturaleza de su subyacente, atendiendo a los principios de liquidez, diversificación del riesgo y transparencia.

• Deberán establecer en el folleto simplificado el límite de endeudamiento de la IIC, que no podrá superar en cinco veces el valor de su patrimonio.

• Con anterioridad a la suscripción o adquisición de las acciones, el inversor deberá dejar constancia por escrito de que conoce los riesgos inherentes a la inversión.

La normativa ha previsto igualmente la posibilidad de crear “IIC de IIC de Inversión Libre” (IICIICIL), cuyo principal factor diferencial es la obligación que tienen de invertir al menos el 60 por 100 de su patrimonio en IIC de inversión libre constituidas en España y en IIC extranjeras similares, o bien domiciliadas en países pertenecientes a la OCDE, o bien cuya gestión haya sido encomendada a una sociedad gestora sujeta a supervisión con domicilio en un país perteneciente a la OCDE, con la limitación de que no podrán invertir más del 10 por 100 de su patrimonio en una única IIC.

Esta nueva figura se ha previsto para facilitar que también los pequeños inversores puedan acceder a esta modalidad de inversión, cuyos requisitos de diversificación y protección del inversor acercan esta modalidad a las IIC tradicionales.

DIFERENCIAS ENTRE LAS SICAV Y LAS SIIL CONCEPTO SICAV SIIL Número mínimo de accionistas 100 25 Capital mínimo en euros 2.400.000 € 1.250.000* Capacidad de apalancamiento 10% Hasta 5 veces el patrimonio Productos a incluir en cartera Limitación Libre * 25 accionistas con una inversión mínima de 50.000 euros por accionista

1.3.1.2.4.4. Sociedades gestoras de fondos de inversión

Un fondo de inversión es un capital constituido por la aportación de los partícipes. Este patrimonio es una entidad sin personalidad jurídica propia, por lo que debe ser gestionado y administrado por una sociedad gestora y custodiado por una sociedad depositaria.

Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva (SGIIC) han de estar, en la mayoría de los casos, tanto administradas y representadas por una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva como vinculadas a una entidad depositaria encargada de custodiar los activos objeto de las inversiones acumulados en sus carteras.

Las SGIIC son sociedades anónimas cuyo objeto social consiste en la administración, representación, gestión de las inversiones y gestión de las suscripciones y reembolsos de los fondos y sociedades de inversión. A su vez, pueden ser autorizadas para realizar actividades tales como: • La gestión discrecional e individualizada de carteras de inversiones. • Administración, representación, gestión y comercialización de entidades de capital riesgo. • Asesoramiento sobre inversiones. • Custodia y administración de las participaciones de los fondos de inversión y de las acciones de las

sociedades de inversión.

Existen 2 tipos de SGIIC: • Sociedades gestoras de fondos: los fondos de inversión siempre han de estar gestionados y

administrados por este tipo de sociedades. • Sociedades gestoras de sociedades de inversión: las sociedades de inversión han de estar gestionadas y

administradas por este tipo de sociedades cuando su capital social inicial mínimo no supere los 300.000 euros.

Las SGIIC son las que deciden en qué activos invertir las aportaciones de los partícipes, su enajenación o sustitución, así como la administración y el ejercicio de los derechos inherentes a los títulos de la cartera de la IIC. La entidad gestora recibe como contraprestación a sus servicios una retribución tanto de la propia IIC (comisión de gestión) como de los inversores (comisión de suscripción y reembolso).

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Las SGIIC están obligadas a informar a los inversores sobre la política relativa al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores en cartera. Estas entidades gestoras son responsables frente a los inversores de los posibles perjuicios que les pudieran causar en caso de incumplimiento de sus obligaciones legales y tiene la obligación de exigir al depositario responsabilidad en el ejercicio de sus funciones en representación de los inversores.

Los depositarios son las entidades a las que se encomienda el depósito o custodia de los valores, efectivo y, en general, de los activos objeto de las inversiones de las IIC, así como la vigilancia de la gestión de las SGIIC y, en su caso, de los administradores de las IIC con forma societaria. El depositario es el ejecutor de las órdenes de la SGIIC por lo que, además de sus funciones de vigilancia y custodia, ha de cobrar y pagar las suscripciones y reembolsos de las participaciones, velar por los pagos de los dividendos así como cumplimentar las operaciones de compra y venta de valores. Se incluyen algunas precisiones: • Los depositarios, que deben ser autorizados por la CNMV e inscritos en el correspondiente registro

administrativo, pueden los bancos, las cajas de ahorro (incluida la Confederación Española de Cajas de Ahorro), las cooperativas de crédito, las sociedades y las agencias de valores.

• El depositario tiene que ostentar la condición de entidad participante en los sistemas de compensación, liquidación y registros en los mercados en los que vaya a operar.

• Sólo puede haber un depositario por IIC y ha de ser distinto de la sociedad gestora de la misma. • Actúan de manera independiente y son responsables de sus actuaciones frente a los inversores y las

SGIIC.

1.3.1.3. Entidades bajo tutela de la Dirección General de Seguros

El sector asegurador en España está bajo el control y la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que ejerce todas sus competencias respecto a las entidades aseguradoras de todo tipo y sobre las entidades gestoras de fondos de pensiones. Este sector es el que presenta unas mayores particularidades en comparación con los dos anteriores, puesto que la labor financiera de las entidades que lo integran es secundaria respecto a la que resulta su actividad fundamental, que es la de asumir riesgos por cuenta de sus clientes, o que éstos perciban sus rendimientos en función de que se cumpla un suceso de carácter no financiero (jubilación, fallecimiento, incapacidad, etc.).

1.3.1.3.1. Entidades aseguradoras

Están constituidas por el conjunto de empresas que, como contrapartida al pago de las primas de seguros por parte del asegurado (persona o empresa contratante del seguro), se comprometen a entregar una indemnización en caso de que ocurra un siniestro bajo la cobertura del seguro. Las empresas del sector asegurador reciben fondos de la persona que contrata el seguro (tomador) a través del cobro de las primas correspondientes, integrando sus fondos propios. Las primas abonadas son activos para quienes las pagan y

Dirección General de Seguros y

fondos de pensiones

Entidades aseguradoras

Sociedades anónimas Mutuas de seguros

Sociedades cooperativas

Mutualidades de previsión social

Entidades gestoras de fondos de

pensiones

Planes de pensiones

Planes de previsión

asegurados

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pasivos para las empresas aseguradoras. Estos pasivos no son inmovilizados a la espera de que se produzca el riesgo cubierto, sino que son invertidos en los mercados financieros transformándose en nuevos activos. De ahí que las instituciones aseguradoras sean consideradas como intermediarios financieros.

Las entidades aseguradoras privadas se rigen por su propio marco legal, que se ocupa de regular los requisitos que deben cumplir las entidades aseguradoras para poder operar y las condiciones de las cláusulas que aparecen en las pólizas de seguros.

Las leyes fundamentales de aplicación a la actividad aseguradora quedan recogidas en la Ley de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado y en la Ley de Contrato de Seguro. La Ley de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado establece los requisitos que han de cumplir las empresas aseguradoras, tanto en su forma jurídica como en su capital social. También regula la intervención estatal en sus recursos para garantizar a los usuarios el cobro de las indemnizaciones en caso de siniestro. La Ley de Contrato de Seguro establece las normas en la redacción de contratos de seguros, con el fin de impedir la limitación de derechos de los usuarios mediante cláusulas abusivas.

El artículo 1° de la Ley del Contrato de Seguro, de 8 de octubre de 1980, define este contrato de la siguiente forma: «El contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas». En este artículo está clara la contraposición entre los seguros contra daños, cuyo objeto es la cobertura de un daño mediante su reparación, y los seguros de personas en los que no hay cobertura de un daño, sino el simple pago un capital, de una renta o de otras prestaciones de antemano convenidas, inclinándose por una concepción dualista del contrato de seguro.

La Ley de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado establece que las aseguradoras deben adoptar alguna de las siguientes formas jurídicas: sociedades anónimas, mutuas aseguradoras, sociedades cooperativas aseguradoras y mutualidades de previsión social. Las sociedades anónimas aseguradoras, como cualquier otra sociedad anónima, tienen ánimo de lucro, mientras que las restantes formas jurídicas carecen de él. Todas ellas han de constituirse mediante escritura pública, fijar su domicilio social en el territorio español y obtener la correspondiente autorización administrativa para ejercer la actividad aseguradora. En su denominación social deberán figurar uno de estos términos: «seguros», «reaseguros», o ambos, dependiendo de su actividad.

1.3.1.3.1.1. Sociedades anónimas

Las sociedades anónimas aseguradoras, como cualquier sociedad anónima, están orientadas a la obtención de beneficios como resultado de su actividad. El capital social está divido en acciones que siempre han de ser nominativas, con et fin de conocer en cada momento la aportación exacta de cada socio. El objetivo de estas empresas es el de obtener beneficios para repartir entre sus accionistas. Se trata de empresas netamente capitalistas. Se encuentran sometidas a la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado.

La responsabilidad de los accionistas frente a las deudas de la sociedad anónima queda limitada al capital aportado. No obstante, el Ministerio de Economía y Competitividad lleva un control sobre aquellos accionistas que ostenten una participación significativa en la sociedad. Las sociedades anónimas aseguradoras presentan unas características diferenciales con respecto a las sociedades anónimas de otras actividades: • El objeto social quedará limitado a la actividad aseguradora para la que hayan obtenido la autorización

administrativa. • El capital social exigido es superior a cualquier otra sociedad anónima. • Los administradores y los directivos deben cumplir una serie de requisitos de idoneidad justificables

mediante un cuestionario que deben cumplimentar en la solicitud de la autorización administrativa. • La contabilidad y el reparto de beneficios en este tipo de empresas están sujetas a unas exigencias

especiales.

Los accionistas y los asegurados conforman en las sociedades anónimas dos grupos diferenciados, aunque ello no impide que los accionistas de la compañía puedan ser a la vez clientes. De al ser clientes, éstos

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adquirirían una doble vinculación con la entidad aseguradora.

1.3.1.3.1.2. Mutuas aseguradoras

Las mutuas aseguradoras son entidades de seguros sin ánimo de lucro constituidas por un número variable de personas llamadas mutualistas que, mediante su aportación, constituyen un fondo mutual que les permite hacer frente a las indemnizaciones de los daños asegurados. Este fondo mutual es el equivalente al capital social de las sociedades anónimas. Las mutuas pueden actuar de dos formas diferentes: a prima fija y a prima variable.

• Las mutuas a prima fija tienen por objeto la cobertura a sus socios (tanto personas físicas como jurídicas) de los riesgos asegurados, mediante una prima fija pagadera al comienzo del periodo de cobertura del riesgo. Este tipo de mutuas debe cumplir los siguientes requisitos: a) Contar con un mínimo de 50 mutualistas. b) La condición de mutualista será inseparable de la de tomador del seguro o de asegurado. c) Los mutualistas que hayan realizado aportaciones para constituir el fondo mutual podrán percibir

intereses no superiores al interés legal del dinero. d) Los mutualistas no responderán de las deudas sociales salvo que los estatutos establezcan esa

responsabilidad, en cuyo caso ésta se limitará al importe de la prima anual. e) Los resultados de cada ejercicio darán lugar a un superávit (cuando los siniestros indemnizados

hayan sido inferiores a las primas cobradas, procediéndose entonces a la devolución de parte de las primas no consumidas) o déficit (cuando los daños producidos hayan superado a las primas cobradas, emitiéndose un nuevo recibo individualizado, que los mutualistas deberán abonar en el siguiente ejercido).

f) Cuando un mutualista cause baja en la mutua, tendrá derecho al cobro de la parte de superávit o la obligación de pago déficit que le corresponda.

g) En caso de disolución de la mutua, los mutualistas participarán en la distribución de su patrimonio. • Las mutuas a prima variable tienen por objeto la cobertura a sus socios (personas físicas o jurídicas) de

los riesgos asegurados mediante el pago de derramas pagaderas con posterioridad a los siniestros. Estas entidades deberán cumplir las normas señaladas en los apartados a, b, c, e y f de las mutuas a prima fija, además de las siguientes: a) La responsabilidad de los mutualistas es mancomunada, proporcional al importe de los respectivos

capitales asegurados en la propia entidad y limitada a dicho importe. b) Se exigirá la aportación de una cuota de entrada para adquirir la condición de mutualista y deberán

constituir un fondo de maniobra que permita pagar siniestros y gastos sin esperar al cobro de las derramas.

c) Los administradores no percibirán remuneración alguna por su gestión y la venta de productos de seguros será directa, sin mediación y sin que ésta pueda ser retribuida.

1.3.1.3.1.3. Sociedades cooperativas aseguradoras

Son entidades aseguradoras que adoptan la forma jurídica de sociedad cooperativa, debiendo inscribirse en el Registro de Cooperativas con anterioridad a la solicitud de autorización administrativa. Las diferencias con las Mutuas se encuentran fundamentalmente en los derechos de los socios y en la forma organizativa. Al igual que las mutuas, pueden actuar a prima fija y a prima variable.

Las sociedades cooperativas a prima fija se regirán por las normas vistas para las mutuas del mismo tipo, sustituyéndose los términos siguientes: mutua por cooperativa; mutualista por cooperativista; fondo mutual por capital social y derrama por retorno cooperativo. Estas sociedades se regirán, además de por las citadas normas, por la Ley de Sociedades Anónimas y por la legislación de cooperativas.

Las sociedades cooperativas a prima variable se regirán por las normas vistas para las mutuas de este tipo, entendiéndose que la cuota de entrada a que se refiere el apartado b) en las cooperativas se realizará como constitutiva del capital social.

cojonudos
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