JAJAJAJAJAPROBADO Y ASÍ SE DECLARA: Que allá por el año 20012,  Aurelia, de 25 años de  edad, y sin antecedentes penales, vecina de…, Otro de Matemáticas. Universidad de Granada
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pankawanka27 de marzo de 2017

JAJAJAJAJAPROBADO Y ASÍ SE DECLARA: Que allá por el año 20012, Aurelia, de 25 años de edad, y sin antecedentes penales, vecina de…, Otro de Matemáticas. Universidad de Granada

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PROBADO Y ASÍ SE DECLARA: Que allá por el año 20012, Aurelia, de 25 años de edad, y sin antecedentes penales, vecina de…
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TEMA 4: LA APROPIACIÓN FORZOSA

+Concepto, naturaleza jurídica y régimen jurídico de la expropiación forzosa.

Es una potestad pública cuyo objeto consiste en privar o desposeer a una o varias

personas de sus bienes o derechos patrimoniales legítimos cuando esté justificado por

causa de utilidad pública o interés social mediante la indemnización y de conformidad con

las leyes.

El art.1.1 establece que cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de

derechos e intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueran las personas o

entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente por causa de utilidad pública o

interés social.

En cuanto a la naturaleza, es una potestad pública cuyo objeto es la privación singular de

la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos cuando así lo

requieran los intereses generales.

Las limitaciones o restricciones a la propiedad y a la actividad de los particulares pueden

ser o bien compatibles con la titularidad del propietario o alcanzar el supuesto más

extremo de desposesión.

Cuando la titular de la servidumbre es la Administración Pública no sería posible

distinguirla de la expropiación. Debemos distinguir expropiación forzosa de la

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, en el último caso el deber

de indemnizar deriva del daño causado por la actuación administrativa, ya sea por

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza

mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la

Ley.

La expropiación se recogía en los siglos XVIII y XIX era un límite negativo del derecho

absoluto de propiedad. La expropiación forzosa se convierte de derecho absoluto de

propiedad negativo en instrumento positivo puesto a disposición del poder público para el

cumplimiento de sus fines de ordenación y conformación de la sociedad a imperativos

crecientes de justicia social frente a la cual el derecho de propiedad privada tan sólo

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garantiza a su titular ante el interés general, el contenido económico de su propiedad

produciéndose un proceso de extensión de la expropiación forzosa a toda clase de

derechos e intereses patrimoniales.

Señala el art.149 de la CE que es competencia exclusiva del Estado la legislación sobre

expropiación forzosa. Tanto el Estado como las CCAA pueden regular la expropiación en

su faceta de potestad pública o instrumento del que se sirven para el logro de sus fines

por lo que corresponde a uno y otras la determinación legal de la causa expropiandi en

materias o sectores de su competencia.

+Sujetos de la expropiación forzosa: la Administración expropiante, el beneficiario

y el expropiado.

La administración expropiante.

La potestad expropiatoria la tiene exclusivamente reconocida los entes territoriales, por lo

que como sujetos expropiantes cabe señalar al Estado, las CAAA, la provincia y el

municipio según art.2.1. LEF, quedando excluido los entes que integran la Administración

Institucional. Los entes territoriales expropiantes pueden ejercer la potestad expropiatoria

a favor de sí mismos o de otros beneficiarios.

Excepcionalmente puede ser acordada directamente por el legislador.

• El beneficiario.

Sujeto que representa el interés público o social a cuya realización está autorizada a instar

de la Administración expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria y que adquiere el

bien o derecho expropiado y que viene obligado al pago del justiprecio. Se ostenta dicha

condición por causa de utilidad pública, los entes territoriales e institucionales y los

concesionarios, art.2.2. LEF. Por causa de interés social podrá ser beneficiario cualquier

persona física o jurídica.

En los supuestos en los que el expropiante y el beneficiario no coincidan la condición de

beneficiario le corresponde solicitar de la respectiva Administración expropiante la

iniciación del expediente expropiatorio. Durante el curso del expediente pueden impulsar

el procedimiento, formular la relación de bienes y derechos que se necesite expropiar,

convenir libremente con el expropiado la adquisición amistosa de bienes y derechos, etc.

Es el sujeto adquiriente del bien o derecho expropiado y que ha de satisfacer el pago del

justiprecio, pudiendo ser el propio sujeto expropiante u otro sujeto distinto.

• El expropiado:

El propietario de la cosa o el titular del derecho a expropiar y con el mismo se entenderán

las actuaciones del expediente expropiatorio. Cualquier persona física o jurídica puede ser

expropiada incluida las entidades o Administraciones Públicas.

El art.3.1 REF dice que tiene la condición de expropiado el propietario o titular de

derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable o el titular del

derecho objeto de expropiación. La Administración considerará como expropiados a

quienes consten como titulares de los bienes o derechos en los Registros públicos que

produzcan presunción de titularidad o quienes aparezcan con tal carácter en Registros

Fiscales.

Serán parte del expediente quienes presenten títulos contradictorios sobre el objeto que

se trata de expropiar y los titulares de derechos reales e intereses económicos directos

sobre la cosa expropiable. En el caso de los arrendatarios, debe fijarse una indemnización

independiente.

+ El objeto de la expropiación.

Junto a la propiedad privada pueden ser objeto de expropiación los derechos e intereses

patrimoniales legítimos. Son posibles objetos expropiatorios cualquier modificación o

alteración de una situación jurídica patrimonial real u obligacional.

Los bienes de dominio público quedan excluidos de la expropiación hasta tanto conserven

la afectación. No se comprenden como posibles objetos de la expropiación los derechos

de la personalidad y los familiares. La cesación de una actividad puede ser objeto de

expropiación.

+Causa de la expropiación: la declaración de utilidad pública o interés social.

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La declaración de la causa expropiandi es indispensable para proceder a cualquier

expropiación. La causa de expropiación forzosa es la finalidad o motivo que justifica el

ejercicio de dicha potestad a favor de la Administración. La finalidad debe perdurar en el

tiempo. Lo habitual es la declaración genérica de las causas de titularidad pública o

interés social que legitiman la expropiación de inmuebles o de categorías especiales de

muebles.

+La necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos.

La potestad expropiatoria ha de ejercitarse a través de un procedimiento legalmente

establecido que constituye una garantía constitucional. Ha de existir previamente una

causa legítima de utilidad pública o interés social, es un requisito previo y no una fase del

procedimiento expropiatorio. Luego comienza con el procedimiento expropiatorio general

con la declaración de necesidad de ocupación para continuar con la fase del justiprecio y

concluir con el pago del mismo y la ocupación del bien expropiado.

Es un trámite que cumple diversos cometidos:

-Determina cuáles son los bienes a expropiar, así como la extensión necesaria para el

proyecto o finalidad, concreta quiénes ostentan la condición de expropiados, plantea la

posible sustitución de los bienes elegidos por la Administración, permite solicitar en caso

de expropiación parcial de una finca su expropiación total cuando resulte antieconómico

para el propietario conservar la parte de la finca no expropiada, ect.

La fase de necesidad de ocupación en una información pública y en un trámite de

audiencia a los interesados.

Este acuerdo ha de publicarse y notificarse individualmente a los interesados, se inicia el

expediente expropiatorio y se procede a fijar el justiprecio.

Contra el acuerdo de necesidad de ocupación cabe recurso de alzada con efectos

suspensivos ante el Ministerio competente por razón de la materia que deberá

interponerse en el plazo de 10 días y resolverse en el de 20 días y aunque la LEF

expresamente lo niegue, es susceptible de recurso contencioso-administrativo.

La LEF establece un peculiar régimen de impugnación de la declaración de necesidad de

ocupación frente al regulado en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administración

Común de las Administraciones Públicas.

Acordada la necesidad de ocupación, la Administración no está obligada a mantenerla,

pudiendo revocarla y desistir de la expropiación respecto a determinados bienes o

derechos.

+Concepto y naturaleza jurídica del justiprecio.

Garantía económica de la potestad expropiatoria que consiste en una indemnización

compensatoria por la pérdida de la cosa, derecho o interés patrimonial legítimo que ha

sido expropiado. En la CE aparece en el art.33 CE, disponiendo que nadie puede ser

privado de sus bienes o derechos si no es mediante la indemnización. La referencia al

previo pago, con lo que se obvia la necesidad de que el justiprecio se haga efectivo con

anterioridad a la ocupación del bien o derecho expropiado.

+La extensión de la indemnización: el valor de lo expropiado o cuantía del

justiprecio.

El art.36 LEF dispone que las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los

bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio. En la

valoración de los bienes expropiados se incluyen todos los daños y perjuicios

patrimoniales de carácter objetivo derivados de la expropiación, excluyendo cualquier

valoración subjetiva. Sin embargo, la LEF consciente de la existencia de estos valores

subjetivos incluye el premio de afección que alcanza el 5 por 100 del valor fijado en el

justiprecio y que se suma al mismo. La LEF excluye expresamente del justiprecio las

plusvalías que sean consecuencia directa del plan o proyecto de obras que dan lugar a la

expropiación y las previsibles para el futuro, así como las mejoras realizadas con

posterioridad.

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Las reglas de valoración a usar son medias aritméticas entre la valoración fiscal de los

bienes a expropiar y el valor del mercado. En el caso de expropiaciones de obligaciones,

acciones, cuotas y demás modalidades de participación en el capital o en los beneficios

de empresas mercantiles el valor del justiprecio se estimará sin consideración a dato fiscal

alguno utilizando la media aritmética que resulte entre la cotización media en el año

anterior a la fecha de apertura del expediente de expropiación, la capitalización al tipo de

interés legal del beneficio obtenido en los tres ejercicios sociales anteriores y el valor

teórico de los títulos objeto de expropiación.

+Procedimiento de fijación del justiprecio: el mutuo acuerdo y la fijación

contradictoria del justiprecio.

El artículo 24 LEF prevé que en el plazo de 15 días a contar desde el inicio del

expediente expropiatorio, las partes podrán convenir la adquisición y por mutuo acuerdo

una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido el

expediente iniciado. Si no se llega a ningún acuerdo se seguirá el procedimiento ante el

Jurado Provincial de la expropiación.

El procedimiento de fijación contradictoria del justiprecio se iniciará una vez hayan

transcurrido 15 días desde la citación para el mutuo acuerdo sin haberse logrado. Los

expropiados en el plazo de 20 días deberán presentar hoja de aprecio en la que señalen

el valor que estiman que corresponde a sus bienes expropiados y aduciendo para ello

cuantas alegaciones consideren oportunas. La valoración debe ser motivada y podrá estar

avalada por la firma de un perito. La Administración expropiante, en un plazo de 20 días

aceptará la valoración de los propietarios.

Si la Administración o el beneficiario no aceptan la hoja de aprecio propuesta, formularán

en dicho plazo su propia hoja de aprecio que se notificará al propietario. El propietario en

el plazo de 10 días podrá aceptarla o rechazarla y si lo rechaza, podrá hacer alegaciones

y formular su propia hoja de aprecio.

La Administración pública en el plazo de 10 días podrá aceptar o rechazar el precio

fundado ofrecido en dicha hoja de aprecio. Si lo rechaza el expediente de justiprecio

pasará al Jurado Provincial de Expropiación. Decidirá ejecutoriamente sobre el justiprecio

en el plazo máximo de 8 días, pero excepcionalmente 15 días.

+El Jurado Provincial de Expropiación.

Órgano administrativo son sede en cada capital de provincia y que está compuesto por un

presidente, que lo será el Magistrado que designe el presidente de la Audiencia

correspondiente y por cuatro vocales: Abogado del Estado de la Delegación de Hacienda,

dos funcionarios técnicos de la Delegación de Hacienda, representante de la Cámara

Agraria Provincial, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, un notario y el

Interventor territorial de la provincia. Diversas comunidades autónomas han creado sus

Jurados Autonómicos de Expropiación.

Tales decisiones ponen fin a la vía administrativa por lo que son susceptibles de recurso

de reposición con carácter facultativo y de recurso contencioso-administrativo. Es

frecuente la anulación de las resoluciones de los Jurados Provinciales de Expropiación y

la sustitución de las mismas por valoraciones judiciales.

+Pago y toma de posesión del bien o derecho expropiado.

Fijado el justiprecio, se procede al pago del mismo en el plazo máximo de seis meses y

previo levantamiento de un acta ante el alcalde del término municipal en el que radiquen

los bienes o derechos expropiados. El expropiante y expropiado podrán convenir otra

forma y lugar de pago. En el caso de que el propietario rechace recibir el justiprecio, éste

se consignará por la cantidad que sea objeto de disputa en la Caja General de Depósitos

a disposición de la autoridad o Tribunal competente.

En cuanto a la ocupación de los bienes expropiados, hay que diferenciar el procedimiento

ordinario y el de urgencia.

Procedimiento ordinario: tras el pago se produce con carácter general la

ocupación de los bienes y la consiguiente traslación de la propiedad. Con la toma

de posesión hay que levantar la correspondiente acta. El objeto expropiatorio se

adquiere en principio libre de cargas, salvo que pudiera conservarse algún derecho

real por ser compatible con el nuevo destino.

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Procedimiento expropiatorio de urgencia: el momento de la ocupación o toma

de posesión de los bienes expropiados es el de la transferencia de la propiedad, a

pesar de que el expropiado no ha recibido aún el justiprecio fijado por el Jurado

sino un justiprecio provisional o depósito previo a la ocupación.

+La responsabilidad por demora.

La LEF prevé unas garantías para la integridad de la indemnización económica derivada

de la expropiación. Son unas previsiones importantes. Los intereses de demora, la LEF

prevé su abono al expropiado cuando hayan transcurrido seis meses desde la iniciación

legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el

justiprecio de las cosas o derechos o cuando fijado éste haya transcurrido seis meses sin

que se haya hecho efectivo su pago.

La segunda garantía del expropiado es la retasación, que consiste en el derecho del

expropiado a exigir una nueva valoración adaptada a las fluctuaciones monetarias si han

transcurrido 4 años desde la fijación del justiprecio y ello sin haber tenido lugar el pago o

su consignación.

Con la retasación habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de

expropiación. Transcurrido dicho plazo, la revalorización del bien expropiado puede

exceder con creces a la aplicación de los simples intereses de demora por lo que debe

realizarse a solicitud del interesado nueva valoración y no una mera actualización

conforme al IPC.

+La expropiación urgente.

Se regula en los artículos 52 LEF y 56 y 60.3 REF. Señala el art.52 LEF que el

procedimiento de urgencia se inicia con la declaración por el Consejo de Ministros de la

urgente ocupación de los bienes afectados a que da lugar a la realización de una obra o

finalidad determinada. La necesidad de que la urgencia se justifique caso por caso, así

como el carácter excepcional del procedimiento de urgencia afirmando la exigencia de que

se den los requisitos constitutivos del mismo para su aplicación y que sus presupuestos

sean de aplicación estricta, no susceptible de interpretaciones analógicas o extensivas.

La ocupación inmediata del bien expropiado ha de ir precedida de levantamiento del acta

previa a la ocupación sobre los terrenos que han de ser expropiados y a la que concurren

los interesados tanto personalmente como por edictos en los periódicos oficiales y en los

diarios oficiales. A los interesados se les notificará al día y hora en la que ha de levantarse

el acta previa y ello con una antelación mínima de ocho días. Los interesados pueden ir

acompañados de peritos y de un notario.

A la vista del acta previa y de los documentos que obren o se aporten al expediente y

dentro del plazo que se fije al efecto la Administración procederá a la formulación de las

hojas de depósito previo a la ocupación que se calcula según los valores fiscales. Las

hojas de depósito previo a la ocupación urgente no prejuzgan la ulterior decisión sobre el

justiprecio y están encaminadas solamente a posibilitar la ocupación del bien expropiado.

Se incluirán las cifras de indemnización. Determinada la cantidad se procederá a la

consignación del depósito previo en la Caja General de Depósitos y la Administración

luego procederá en el plazo máximo de 15 días a la inmediata ocupación del bien de que

se trate. Tras la ocupación del bien se tramitará la fase de justiprecio y pago por los

trámites del procedimiento ordinario. Sobre el justiprecio se girará la indemnización

establecida en el art.56 CE con la especialidad de que será fecha inicial para el cómputo

correspondiente la siguiente a aquella en que se hubiera producido la ocupación de que

se trate.

Desde la ocupación del bien la Administración está obligada a abonar al expropiado los

intereses de demora que consistirán en el interés legal del justo precio hasta el momento

en que se haya determinado, que se liquidarán con efectos retroactivos, una vez que el

justo precio haya sido efectuado.

+Protección frente a las vías de hecho.

La LEF prevé una doble garantía jurisdiccional en aras de la protección de la propiedad

frente a su privación sin expropiación o frente a las expropiaciones irregulares: la

interdictal ante los Tribunales civiles y la contenciosa-administrativa.

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La intervención del Juez civil sólo viene justificada en el supuesto de incompetencia de la

autoridad administrativa o de falta de procedimiento.

Los casos englobados en la vía de hecho se recogen con carácter general a sensu

contrario en el art.105 LRJSP que dispone que no se admitirán a trámite acciones

posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de

competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

En caso de nulidad del expediente expropiatorio independientemente de la causa última

que haya motivado dicha nulidad, el derecho del expropiado a ser indemnizado estará

justificado siempre que éste acredite haber sufrido por dicha causa un daño efectivo e

indemnizable en la forma y condiciones previstas en el art.32 LRJSP.

Para que proceda la vía civil no es preciso que haya concluido el expediente expropiatorio

ni ninguna de sus piezas separadas, pudiéndose iniciar ante cualquier amenaza o

situación de hecho de desposesión y ello no sólo a través de los interdictos propiamente

dichos sino también por medio de otras acciones sumarias previstas en el art. 41 LH.

El recurso contencioso-administrativo se interpone contra la resolución administrativa que

ponga fin al expediente de expropiación o a cualquiera de sus piezas separadas, siendo

en el primer caso admisible la impugnación tanto del justiprecio como de la legitimidad de

la propia expropiación.

En el supuesto de que el recurso se interponga contra los acuerdos que sobre el

justiprecio se adopten dicho recurso deberá fundarse en lesión cuando la cantidad fijada

como justo precio sea inferior o superior en más de una sexta parte al que en tal concepto

se haya alegado por el recurrente o en trámite oportuno.

+La reversión.

Fenómeno de invalidez sobrevenida a la expropiación por la desaparición del elemento

esencial de la causa. Es una condición resolutoria del negocio jurídico expropiatorio. Es la

obligación del expropiado o sus causahabientes de restituir la indemnización expropiatoria

actualizada conforme a la evolución del IPC en el periodo comprendido entre la fecha de

iniciación del expediente de justiprecio y la del ejercicio del derecho de reversión.

Excepcionalmente procederá nueva valoración en los casos en que el bien expropiado

haya experimentado cambios en su calificación jurídica.

Este derecho se fundamenta en la prohibición de realizar obras o de establecer servicios

distintos de los que justificaron la expropiación. El art.54 señala que el expropiado o sus

causahabientes podrán solicitar el derecho de reversión y recuperar la totalidad o la parte

sobrante de los bienes expropiados en los supuestos:

• -Cuando no se haya ejecutado la obra o establecido el servicio que motivó

la expropiación.

• -Cuando exista alguna parte sobrante de los bienes expropiados.

• -Cuando desaparezca la afectación.

No procederá la reversión cuando:

• Cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la

expropiación se acuerde justificadamente una nueva afectación a otro fin que

haya sido declarado de utilidad pública o interés social.

• Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de

utilidad pública o interés social se prolongue durante diez años desde la

terminación de la obra o el establecimiento del servicio.

El plazo para solicitarla es de 3 meses a contar desde que la Administración notifique el

exceso de expropiación, la desafectación del bien o su propósito de no ejecutar la obra o

servicio.

En defecto de dicha notificación el expropiado o sus causahabitantes podrán ejercer el

derecho de reversión en los casos y condiciones:

• Cuando se hubiera producido un exceso de expropiación o la desafectación del

bien o derecho expropiado y no hubieran transcurrido más de 20 años desde la

toma de posesión de aquéllos.

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• Cuando hubieran transcurrido más de 5 años desde la toma de posesión del bien

o derecho expropiados sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del

servicio.

• Cuando a ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del

servicio estuviesen suspendidas más de dos años por causas imputables a la

Administración o al beneficiario de la expropiación sin que se produjera por parte

de éstos ningún acto expreso para su reanudación.

Los efectos a la reversión ésta obliga a la devolución de los bienes al expropiado o a

sus causahabientes. No siempre puede proceder la reversión in natura . El derecho de

reversión se traduce en una indemnización por daños y perjuicios.

+Expropiaciones especiales:

La LEF y la regulación sectorial estatal y autonómica regulan una serie de procedimientos

expropiatorios especiales. El Título III de la LEF los tipifica atendiendo a diversos criterios:

• -Por la extensión del objeto expropiado.

• -Por el sujeto expropiante.

• -Por la singularidad d de la causa que justifica la expropiación.

• -Por los efectos colectivos que de la expropiación se derivan.

Tales procedimientos expropiatorios no son procedimientos completos, ya que se trata de

simples particularidades que no afecten a la aplicación del esquema básico de la

regulación general, es decir, donde no alcanzan las especialidades previstas para los

mismos se aplican las previsiones generales del procedimiento general expropiatorio.

+Ocupaciones temporales:

No es otra que la de construir una ocupación menos plena o una expropiación provisional

y transitoria del bien afectado, que ha de ser reintegrado a su titular una vez cumplida la

función que le fuere asignada. La LEF permite la ocupación temporal de terrenos en favor

de la Administración, así como de las personas o entidades que se hubieran subrogado en

su derecho en:

• Para llevar a cabo estudios o practicar operaciones facultativa¡s de corta

duración.

Para establecer estaciones y caminos provisionales, talleres, almacenes,

depósitos de materiales y cualesquiera otros más que requieran las obras

previamente declaradas de utilidad pública.

Para la extracción de materiales de toda clase necesarios para la ejecución

de dichas obras, que se hallen diseminados por la propiedad o hayan de ser

objeto de una explotación formalmente organizada.

Cuando por causa de interés social y dándose los requisitos del art.72 LEF

para la aplicación de la expropiación por incumplimiento de la función social

de la propiedad, la Administración estime conveniente no haciéndolo por sí

el propietario, la realización por su cuenta de los trabajos necesarios para que la

propiedad cumpla con las exigencias sociales.

Las viviendas quedan exceptuadas de la ocupación temporal e imposición de

servidumbres art.109 LEF. Las tasaciones se referirán siempre a la apreciación de los

rendimientos que el propietario hubiere dejado de percibir por las rentas vencidas durante

la ocupación agregando los perjuicios causados en la finca y los gastos que suponga

restituirla a su primitivo estado ( daño emergente).

Los conceptos indemnizables son los rendimientos dejados de percibir por la ocupación

temporal y los perjuicios que ésta haya causado realmente en los que se incluye la

indemnización de perjuicios por demérito o pérdida de valor. La tasación no puede

alcanzar el valor de la finca.

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