la competencia, Apuntes de Derecho Civil. Universitat de València (UV)
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la competencia, Apuntes de Derecho Civil. Universitat de València (UV)

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Asignatura: Derecho Civil 2, Profesor: casos practicos escuder, Carrera: Criminologia, Universidad: UV
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Casos Prácticos 1-26, 2015 con respuestas.doc

Casos Prácticos 1-26, 2015 con respuestas.doc

Derecho Internacional Privado (UNED)

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Tutoría de DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Caso práctico nº 01.-

Al concluir sus estudios de doctorado en la Universidad de Berkeley (California),

Roberto R., de nacionalidad española, celebró matrimonio en Los Ángeles, ante autoridad

local del Estado de California, con Sandra S., universitaria de nacionalidad rumana, de 17

años.

Según el Derecho californiano, la capacidad matrimonial se posee desde los 16 años;

de acuerdo con la ley rumana, desde los 18 años. Al tratar de inscribirse el matrimonio en el

Registro consular de Los Ángeles, se plantean las siguientes cuestiones:

a.- Si la capacidad matrimonial de Sandra S. debe determinarse por la ley de California,

por la ley española (al ser español el marido) o por su ley personal.

b.- Si el matrimonio es válido, en cuanto a la forma de prestación del consentimiento.

Razone las respuestas.

Solución caso 1:

A).- Hay que tener en cuenta que la pareja de jóvenes (rumana y español)

deciden contraer matrimonio ante la Autoridad local del Estado de

California (EE.UU.), por lo que será el Derecho de ese Estado el que

regule la capacidad matrimonial de ambos contrayentes que, según el

enunciado del caso, está establecida a los 16 años.

Si, por el contrario, hubieran optado por contraer matrimonio ante el

cónsul español, éste habría aplicado la legislación española (artº 9.1.

del Código Civil) y habría detectado la menor edad de la contrayente

rumana, de acuerdo con la legislación española.

B).- En cuanto a la segunda pregunta, al solicitar la inscripción del

matrimonio (ya celebrado) ante el cónsul español, éste comprobará si lo

han hecho de acuerdo con alguna de las formas válidas de prestación del

consentimiento, aplicando el artº 49 del Código Civil y, en nuestro

caso, lo han hecho conforme a la lex loci (ley del lugar de

celebración), por lo que tendrá plena validez formal.

Caso práctico nº 02.-

Un nacional español y una nacional francesa deciden, tras contraer matrimonio,

modificar su régimen económico matrimonial a través de capitulaciones matrimoniales.

Determine:

1.- ¿Conforme a qué ordenamiento jurídico serían válidas las citadas capitulaciones

matrimoniales?

2.- ¿Qué ordenamiento jurídico determina la capacidad para poder otorgar capitulaciones

matrimoniales?

Razone jurídicamente las respuestas.

Solución caso 2:

a) Al no existir regulación de la UE ni del Dº convencional en esta

materia, hay que acudir al Derecho interno. El art .9.3 CC señala que:

"Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o

sustituya el régimen económico del matrimonio serán válidos cuando

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sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a

la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las

partes al tiempo del otorgamiento". Por tanto, las capitulaciones serían

válidos conforme a la ley personal o de la residencia habitual de

cualquiera de los cónyuges al tiempo de otorgar las capitulaciones.

b) La Ley personal de cada uno de los cónyuges, en base al art. 9.1 CC. No

obstante, si la ley personal de alguno de ellos no conoce o no permite el

otorgamiento de capitulaciones y, sin embargo, es admitido conforme a la

ley personal del otro cónyuge o de la residencia habitual de cualquiera de

ellos (art. 9.3 CC), se acudirá al ordenamiento que señala el art. 9.1 CC

solamente respecto a la capacidad general para contratar.

Caso práctico nº 03.-

Don Fidel Cajiga, nacional cubano, contrae matrimonio en el Consulado cubano en

Alemania con Dª. María Fernández, de nacionalidad española. Surgidas desavenencias entre

los cónyuges, Dª. María insta la nulidad matrimonial ante un Juzgado español alegando la

infracción de los requisitos de forma del matrimonio. Se pregunta:

1.- ¿Es válido el matrimonio de Dª. María y D. Fidel? Si lo fuera, ¿ha de inscribirse en

el Registro? Razone las respuestas.

2.- ¿Cuáles son las formas de matrimonio celebrado en el extranjero válidas para el

ordenamiento jurídico español?

Solución caso 3:

1.- ¿Es válido el matrimonio de Dª. María y D. Fidel? Si lo fuera, ¿ha

de inscribirse en el Registro? Razone las respuestas.

Sí es válido el matrimonio puesto que se trata de una forma admisible en

Alemania. Está permitida la celebración del matrimonio conforme a la ley

personal del contrayente extranjero ante su Autoridad consular siempre que

ésta sea una de las formas reconocidas por la lex loci.

Como se trata del matrimonio de una nacional española sí ha de inscribirse

en el Registro Civil para tener pleno reconocimiento.

2.- ¿Cuáles son las formas de matrimonio celebrado en el extranjero

válidas para el ordenamiento jurídico español?

Las formas de matrimonio celebrado en el extranjero válidas para el

ordenamiento jurídico español son: las formas previstas en la ley del

lugar de celebración (ya sean civiles o religiosas) o en su ley personal

(las formas religiosas previstas en la ley española y la forma civil del

matrimonio contraído ante la Autoridad consular española siempre que sea

admitida por el país extranjero). No está permitida la celebración del

matrimonio conforme a la ley personal del contrayente extranjero; sí ante

su Autoridad consular siempre que ésta sea una de las formas reconocidas

por la lex loci.

Apunte del tutor: Únicamente, al tratarse de un supuesto de matrimonio

consular, hacer alusión al artº 5.f., de la Convención de Viena sobre

Relaciones Consulares, de 24 de abril de 1963, como base para que un

Estado admita entre las funciones consulares la de autorizar matrimonios.

Dice así el citado precepto:

"Artº. 5.- Las funciones consulares consistirán en: ..... f).- Actuar en

calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y en

funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo,

siempre que no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor.

..."

En este caso, el Estado receptor es Alemania, y si éste admite el

matrimonio consular, será válido desde el punto de vista español al

serlo según la lex loci (artº 49 del Código Civil).

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Caso práctico nº 04.-

Dos ciudadanos de la República China de Taiwan, residentes en España, pretenden

contraer matrimonio civil en España.

Según se ha comprobado, el varón había celebrado anteriormente matrimonio, según

el rito islámico, con ciudadana marroquí en Barcelona, en 1984, sin que tal matrimonio haya

sido inscrito en el Registro Civil. Se pregunta:

a.- ¿Es válido este matrimonio según la legislación española?

b.- ¿Es inscribible este matrimonio en el Registro español?

c.- ¿Puede contraer este ciudadano chino el matrimonio pretendido?

Razone y fundamente en Derecho las respuestas.

Solución caso 4:

En primer lugar, no debemos perder de vista las fechas que se indican en

él; concretamente, se dice que "se ha comprobado que el ciudadano de

Taiwan había celebrado un primer matrimonio el año 1984, con una

ciudadana marroquí, en Barcelona, según el rito islámico".

1ª preg.- ¿Es válido este matrimonio según la legislación española? De

acuerdo con lo dispuesto en el artº 50 del Código Civil, "Si ambos

contrayentes son extranjeros, podrá celebrarse el matrimonio en España

con arreglo a la forma prescrita para los españoles o cumpliendo la

establecida por la ley personal de cualquiera de ellos". En nuestro

caso, el enunciado nos dice que han contraído matrimonio conforme al

rito islámico, que es el de la ciudadana marroquí. Por tanto, en

principio, es válido en cuanto a la forma, pero para que surta plenos

efectos habría de ser inscrito en el Registro Civil, de acuerdo con el

art. 61 del Código Civil, y en nuestro caso NO LO ES, pues el enunciado

nos dice que no fue inscrito.

Por otra parte, dada la fecha de celebración (año 1984) no se había

promulgado el Acuerdo de Cooperación del Estado español con la Comisión

Islámica, de 10 de noviembre de 1992 (B.O.E. de 12/11/1992) por lo que

no es de aplicación al caso, como lo puso de manifiesto explícitamente

la Instrucción de 10 de febrero de 1993, de la D.G.R.N., sobre la

inscripción en el Registro Civil de determinados matrimonios celebrados

en forma religiosa y que, en su Extermo I, declara el carácter

IRRETROACTIVO de dicho Acuerdo.

2ª preg.- ¿Es inscribible este matrimonio en el Registro Civil? Este

matrimonio sería inscribible si, previamente, los contrayentes aportan

al expediente abierto al efecto por el Encargado del Registro Civil los

documentos que acrediten los requisitos de capacidad y consentimientos

exigidos por la legislación española (artº 63 y 65 del Código Civil y

artº 256 y 257 del REglamento del Registro Civil).

3ª preg.- ¿Puede contraer el ciudadano chino el matrimonio pretendido?

Si se demuestra la validez del matrimonio celebrado en Barcelona en

1984, según el rito islámico, y su subsiguiente inscripción registral,

NO PODRÁ contraer válidamente el matrimonio pretendido con la ciudadana

china, al estar incurso en una de las causas comprendidas en el artº 46

del Código Civil, que prohibe contraer matrimonio a quien esté ligado

con el vínculo matrimonial, por lo que si persistiera en su intención,

tendría que obtener, previamente, el divorcio o la nulidad de su primer

matrimonio.

En resumen, ¡cuidado con las fechas que figuren en los enunciados de los

casos y el principio de irretroactividad de las normas jurídicas!

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Caso práctico nº 05.-

En el año 1993, Mónica H., de nacionalidad española, contrae matrimonio con Abdul

C., de nacionalidad marroquí, en Israel.

El matrimonio se celebra conforme al rito islámico, forma admitida actualmente en el

ordenamiento español, tras la firma de los Acuerdos de Cooperación con la Comisión

Islámica de España.

Tras sufrir desavenencias matrimoniales, y de vuelta a España, Mónica pretende

contraer matrimonio civil en nuestro país.

Enterado de ello, Abdul se opone a dicho matrimonio alegando su condición de

esposo de Dª. Mónica. Se pregunta:

1.- ¿Alcanzan los mencionados Acuerdos al matrimonio contraído por españoles

fuera de España? ¿En qué supuestos?

2.- ¿Es válido conforme a la legislación española, y, por tanto, inscribible en el

Registro Civil, el matrimonio contraído en el Estado de Israel?

3.- ¿Lo sería si hubiera sido celebrado en Marruecos?

Razone la contestación aportando toda la fundamentación jurídica y legal necesarias.

1ª preg.- ¿Alcanzan los mencionados Acuerdos al matrimonio contraído por

españoles fuera de España? ¿En qué supuestos?

Para responder a esta pregunta es preciso que tengan ustedes presente la

mencionada Instrucción de la Dirección General de los Registros y del

Notariado, de fecha 10 de febrero de 1993, sobre inscripción en el

Registro Civil de determinados matrimonios celebrados en forma religiosa

(B.O.E. nº 47, de fecha 24/02/1993). Este documento es fundamental y

debe ser objeto de una lectura detenida pues, aún cuando ha sido objeto

de críticas por la doctrina iusinternacionalista privada española,

continúa vigente y, por tanto, es preciso tenerla en cuenta.

En su parte dispositiva, establece que" el ámbito territorial de los

citados Acuerdos ( se refiere a los concluídos por el Estado español con

las Comisiones Evangélicas, integradas en F.E.R.E.D.E., Islámica e

Israelitas en España), TIENE LIMITADO SU CAMPO DE APLICACIÓN a los

matrimonios celebrados en esas formas religiosaas que se celebren en

España (en territorio nacional), a partir de la entrada en vigor de los

mencionados Acuerdos. Quedan, pues, fuera de las previsiones legales la

inscripción de los matrimonios según ... (en nuestro caso) el rito

islámico que se celebren fuera del territorio español, SALVO que la

celebración de ese matrimonio según dicho rito, de español o españoles

fuera de España sea una de las formas admitidas como válidas según la

"lex loci", de acuerdo con lo dispuesto en el artº 49 del Código Civil".

Por lo tanto, en nuestro caso, el Acuerdo de Cooperación del Estado

español con la Comisión Islámica no alcanza al matrimonio contraído por

españoles fuera de España, salvo que esa forma sea una de las admitidas

por la lex loci.

2ª preg.- ¿Es válido conforme a la legislación española y, por tanto,

inscribible en el Registro Civil, el matrimonio contraído en el Estado

de Israel? No es válido y, por tanto, no es inscribible el matrimonio

de Mónica con Abdul (marroquí) celebrado en Israel, salvo que el rito

islámico sea una de las formas admitidas en el Estado de Israel, como

"lex loci".

3ª preg.- ¿Lo sería si hubiera sido celebrado en Marruecos? Dando por

supuesta la validez de los matrimonios contraídos en Marruecos de

acuerdo con el rito islámico, será válido y, por lo tanto, inscribible

el matrimonio de Mónica y Abdul siempre que concurran en él los

requisitos legales exigidos por el ordenamiento jurídico español, de

fondo y forma (artículos 49 y 65, entre otros, del Código Civil, y 256

y 257 del Reglamento del Registro Civil).

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Tutoría de DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Caso práctico nº 11.-

Un nacional español contrae matrimonio en Alemania con una nacional marroquí.

Pasados dos años, pretende obtener una declaración de nulidad del matrimonio, por

incapacidad –hasta ahora desconocida- de su esposa. Ambos residen habitualmente en Elche

(España). Se pregunta:

1.- ¿Son competentes los Tribunales españoles para declarar la nulidad de ese

matrimonio? Especifique y explique someramente la norma aplicable para

determinar la competencia judicial internacional.

2.- Ley aplicable. Suponiendo que los Tribunales españoles se declarasen finalmente

competentes, determine: A) ¿Qué ley debe aplicarse a la nulidad basada en

cuestiones de capacidad de la esposa? B) Si, hipotéticamente, se alegase la nulidad

formal del matrimonio, ¿qué ley habrá de aplicarse?

Solución caso Nº 11: 1.- ¿Son competentes los Tribunales españoles para declarar la nulidad de

ese matrimonio?

Sí son competentes los Tribunales españoles, según el Reglamento

2201/2003, art. 3.1 a) como la residencia habitual de los cónyuges, ya que

ambos residen en Elche.

2.- Ley aplicable. Suponiendo que los Tribunales españoles se declarasen

finalmente competentes, determine:

A.-) qué ley debe aplicarse a la nulidad basada en cuestiones de capacidad

de la esposa?

Si se alega una infracción de los requisitos de fondo, en este caso se

alega cuestiones de capacidad de la esposa, se aplicará la ley nacional de

cada uno de los contrayentes, siendo en este caso la ley nacional de la

esposa, la ley de Marruecos, para determinar su incapacidad

B.-) si, hipotéticamente, se alegase la nulidad formal del matrimonio,

¿qué ley habrá de aplicarse?

Si se alega la nulidad formal del matrimonio, según el art. 49 "Cualquier

español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España: ..." y 107 del

CC "La nulidad del matrimonio y sus efectos se determinarán de conformidad

con la ley aplicable a su celebración", habría que basarse en la ley del

lugar de celebración, que en este caso sería Alemania.

Caso práctico nº 12.-

María Luisa H., de nacionalidad griega, y Herman N., de nacionalidad holandesa,

contrajeron matrimonio civil en Atenas el 2 de noviembre de 2003 y tres años después

trasladaron su domicilio y residencia a Calahorra (La Rioja) pues ambos fueron contratados

para trabajar en una bodega riojana.

El 2 de abril de 2009 los cónyuges deciden divorciarse y acuden a un abogado de

Logroño al que le consultan:

1.- ¿En función de las normas de competencia judicial internacional en la materia

(indique el cuerpo legal aplicable), podrían solicitar el divorcio tanto en Atenas,

como en Calahorra o en Holanda?

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2.- Si en la respuesta a la pregunta anterior fuera Calahorra uno de los foros posibles y

por ese lugar se decidieran, ¿cuál sería la ley aplicable al divorcio?

Solución caso Nº 12:

1.-En función de las normas de competencia judicial internacional en la

materia (indique el cuerpo legal aplicable, podrían solicitar el divorcio

tanto en Atenas, como en Calahorra o en Holanda?

La norma aplicable, Reglamento 2201/2033, -art. 3.1 a)- ya que ambos

cónyuges son nacionales de dos países miembros d la UE (Grecia y Holanda),

por lo que deberían acudir a los tribunales españoles por ser el país de

residencia habitual.

Para acudir a los Tribunales de Atenas o de Holanda, tendrían que haber

trasladado allí su residencia habitual, al menos uno de los dos cónyuges y

hacer la demanda de forma conjunta.

En el caso de que uno de los demandantes cambiara su residencia habitual a

Grecia o a Holanda, tendría que residir allí un año inmediatamente

anterior a la presentación de la demanda, a no ser que fuera el país de su

nacionalidad, en cuyo caso esa residencia se reduciría a seis meses.

2.- Si en la respuesta a la pregunta anterior fuera Calahorra uno de los

foros posibles y por ese lugar se decidieran, ¿cuál sería la ley aplicable

al divorcio?

Esta pregunta, en cambio, tiene su "trampilla", que no es tal, y es la

referente a la fecha en que el matrimonio decide entablar la damanda de

divorcio (2 de abril de 2009), pues en esa fecha aún no se había

promulgado ni entrado en vigor el Reglamento 1259/2010 (Roma III), sino

que era aplicable el artículo 107 del Código Civil; concretamente, en su

párrafo 2º, establece una serie de conexiones jerarquizadas, la segunda de

las cuales "la ley de la residencia habitual común de los cónyuges en el

momento de la presentación de la demanda", que permite que dicho divorcio

se sustancie de acuerdo con la ley española.

Posteriormente, como sabemos, se ha modificado la regulación legal, al

entrar en vigor y ser de aplicación el anteriormente citado Reglamento

1259/2010 (Roma III), que establece una cooperación reforzada en el

ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial.

Como usted ha hecho referencia al mismo en su respuesta al caso, y apunta

la aplicación del artículo 5.1. del mismo, quiero hacer una reflexión al

respecto pues en este Reglamento se establecen una serie de conexiones,

según que los cónyuges hayan decidido elegir la ley aplicable (artº 5 del

Reglamento), lo cual no aparece constatada en el enunciado del caso, o

bien, en ausencia de elección de ley aplicable por los cónyuges, será de

aplicación el artº 8 del citado Reglamento.

Y aquí hay que tener en cuenta un matiz muy importante, porque si

resultase de aplicación el artº 5, por haber convenido las partes elegir

la ley aplicable a su divorcio, los criterios de conexión del citado

artículo son ALTERNATIVOS (pudiendo los cónyuges elegir cualquiera de

ellos), mientras que si las partes no han decidido elegir dicha ley,

será de aplicación el artº 8, en el que las conexiones son JERARQUIZADAS

(fíjese que, tras describir cada conexión, la frase termina diciendo

"... o, en su defecto, ...").

Caso práctico nº 13.-

Doña Alejandra Rodríguez y Don Paulino Mora contrajeron matrimonio en España

fijando posteriormente su domicilio en Francia. Surgidas desavenencias en su matrimonio,

obtuvieron en Francia una sentencia de divorcio en el año 2011. Doña Alejandra quiere, por

diferentes motivos, que conste su divorcio en el Registro Civil español. Se pregunta:

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1.- ¿Cuál sería el instrumento legal adecuado para cumplir ese objetivo? Razone la

respuesta.

2.- Con base en el texto elegido, ¿qué tipo de reconocimiento se puede utilizar y qué

condiciones se exigen?

Solución caso Nº 13:

1.- ¿Cuál sería el instrumento legal adecuado para cumplir ese

objetivo? Razone la respuesta.

El instrumento adecuado sería el Reglamento Europeo 2201/2003 en función

de dos requisitos:

- Origen de la resolución en un Estado miembro, como es el caso planteado

(en Francia)

- Que la resolución sea positiva de divorcio, separación o nulidad.

También se da este requisito.

2.- Con base en el texto elegido, ¿qué tipo de reconocimiento se puede

utilizar y qué condiciones se exigen?

El tipo de reconocimiento depende de los efectos. En este caso parece que

lo que se pretende es su registro en el Registro Civil español. El

reconocimiento en este caso es automático pero ello no quiere decir

ausente de condiciones: presentación de los documentos del artículo 37.

Pero en cuanto a las condiciones, entendía que, aparte de los documentos a

presentar del art. 37, las condiciones que se exigen son las determinadas

en los arts. 22 y ss del Reglamento:

- Que el reconocimiento no sea contrario al orden público del Estado

miembro requerido (es decir, al orden público español)

- Que no se haya producido indefensión del demandado

- Que la resolución no sea inconciliable con otra dictada en un

litigio entre las mismas partes en el Estado miembro requerido

- Que la resolución no fuera inconciliable con otra anterior dictada

en otro Estado miembro o no miembro en un litigio entre las mismas partes,

siempre y cuando la primera reúna las condiciones necesarias para su

reconocimiento en el Estado miembro requerido.

- No podrá controlarse la competencia del órgano jurisdiccional de

origen (art. 24)

- No podrá negarse el reconocimiento alegando que el Derecho del

Estado requerido no reconocería el divorcio, separación o nulidad

basándose en los mismos hechos. (art. 25)

- La resolución no podrá ser objeto de una revisión en cuanto al

fondo (art. 26)

- Si la resolución fuere objeto de un recurso ordinario el Estado

miembro requerido podrá suspender el procedimiento de reconocimiento.

(art. 27)

- No podrá negarse el reconocimiento alegando que el Derecho del

Estado requerido no reconocería el divorcio, separación o nulidad

basándose en los mismos hechos. (art. 25)

Al decir que el "reconocimiento automático" (como es nuestro caso) implica

que no habráexequatur, esto es, una declaración previa del Estado receptor

por la que se homologa la resolución extranjera.

Así, el reconocimiento automático lo es porque dispensa de la exigencia

de un procedimiento, lo cual no es óbice para que se realice un control

de la resolución judicial

Caso práctico nº 14.-

Un nacional holandés es condenado a pagar la cuantía de 2.000,00 €, en concepto de

alimentos a su hijo nacional español. Se pregunta:

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1.- ¿Qué instrumento jurídico es el adecuado para instar aquí el reconocimiento y

ejecución de la decisión holandesa? Explique brevemente el procedimiento contenido

en dicho instrumento.

2.- Imagine que la demanda se interpuso ante los Tribunales españoles y que éstos se

declararon competentes para conocer, ¿qué ley es la aplicable?

Solución caso Nº 14: 1.- ¿Qué instrumento jurídico es el adecuado para instar aquí el

reconocimiento y ejecución de la decisión holandesa? Explique brevemente

el procedimiento contenido en dicho instrumento.

El instrumento jurídico aplicable es el Reglamento 4/2009 relativo a la

competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de las resoluciones

y a la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.

Como Holanda y España son estados miembros vinculados por el Protocolo de

la Haya de 2007, será de aplicación lo dispuesto en la sección 1:

- Art. 17: Las resoluciones serán reconocidas en los demás Estados

miembros sin que sea necesario recurrir a proceso alguno y sin posibilidad

alguna de impugnar su reconocimiento. Así mismo, gozarán de fuerza

ejecutiva en los demás Estados sin necesidad de otorgamiento de la

ejecución.

- Art. 20: documentos a efectos de la ejecución. El demandante deberá

presentar ante las autoridades de ejecución competentes: copia auténtica

de la resolución; extracto de la resolución expedido por el org. Jur. De

origen mediante formulario de anexo I; documento del estado de los atrasos

si los hubiera; si ha lugar, transcripción o traducción del formulario en

la lengua oficial del Estado miembro de ejecución.

- Art. 41: el procedimiento de ejecución de las resoluciones dictadas en

otro Estado miembro se regirá por el Derecho del Estado miembro de

ejecución.

2.- Imagine que la demanda se interpuso ante los Tribunales españoles y

que éstos se declararon competentes para conocer, ¿qué ley es la

aplicable?

La ley aplicable, conforme al art. 15 del Reglamento 4/2009, se

determinará de acuerdo con el Protocolo de la Haya de 23 de noviembre de

2007 en los Estados miembros que estén vinculados por este instrumento. De

acuerdo con el art. 3 del mencionado Protocolo, las obligaciones

alimenticias se regirán por la ley del Estado de la residencia habitual

del acreedor. Por lo tanto, sería la ley del Estado Español, puesto que

deducimos del enunciado que el acreedor en este caso es la madre del menor

con nacionalidad española, y cuya residencia habitual está en España.

Observación del tutor: Y aquí es donde salta la alarma, pues el acreedor de alimentos en

nuestro caso no es la madre del menor, sino el propio menor (aunque,

como tal, precise de la representación legal de su madre, suponiendo que

sea ella quien la tenga, o de quien ostente tal representación).

Por otra parte, no debemos dar por supuesta que sea la ley española la

aplicable, ya que desconocemos si el menor (del que sólo sabemos que es

nacional español) reside habitualmente en España o en otro Estado, y a

este respecto, el propio Protocolo de La Haya, en su artº. 3.2.

establece como garantía de protección del menor, como acreedor

alimenticio, que "En caso de cambio de residencia habitual del acreedor,

se aplicará la ley del Estado de la nueva residencia habitual desde el

momento en que se produce el cambio".

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Caso práctico nº 15.-

Por sentencia de divorcio de mutuo acuerdo, el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Orense

aprobó el convenio regulador firmado por los cónyuges ahora divorciados, Dª. Francisca F. y

D. José G., ambos de nacionalidad española y con domicilio en Cotelas (Orense).

En el convenio regulador se establecía, entre otros extremos, que Dª. Francisca F.

pasaría una pensión alimenticia de 1.000,00.- euros mensuales a D. José G., dado que se

encontraba en situación de gran invalidez.

Meses después, Dª. Francisca F. se trasladó a Buenos Aires (Argentina), donde tenía

familiares, y de forma unilateral dejó de cumplir su obligación alimenticia.

¿Qué posibilidades realmente efectivas tendría D .José G. para que Dª. Francisca F.

reanudara el cumplimiento de su obligación alimenticia, abonando todas las cantidades

adeudadas?

Solución caso Nº 15:

El problema planteado es el de la obtención o cobro de una obligación de

alimentos que el deudor ha interrumpido unilateralmente y el acreedor de

los mismos desea seguir percibiéndolos. En el ámbito del Derecho

internacional privado disponemos de tres instrumentos jurídicos para hacer

frente a esta contingencia:

En el ámbito intracomunitario, Reglamento 4/2009, aplicable a los

Estados miembros con excepción de Dinamarca. No es nuestro caso.

Casi paralelamente en el tiempo, la Unión Europea concluye con un número

creciente de terceros Estados (no comunitarios), el Convenio de La Haya,

de 2007, que entró en vigor el día primero de enero de 2013. En el

Manual de estudio, al pie de la página 559 se pueden consultar las

sucesivas adhesiones de terceros Estados en:

http://www.hcch.net/index_es.php. He entrado en dicho enlace y la

República Argentina (de interés en nuestro caso) no aparece como Estado

parte. Por lo tanto, tampoco resulta de aplicación este Convenio.

Por último, en el ámbito de las Naciones Unidas, disponemos del Convenio

de Nueva York, de 1956, del que son Estados-parte, tanto España como

Argentina, por lo que es éste el aplicable al caso propuesto, como muy

bien ha contestado.

De la lectura de su articulado podremos desarrollar el procedimiento

para la obtención o cobro de la obligación de alimentos, haciendo notar

que se trata de un convenio de cooperación entre Autoridades, que

pretende agilizar los trámites para la reanudación de la percepción de

alimentos, y que la Autoridad Central española (Autoridad Remitente, que

actúa también como Institución Intermediaria) es la Subdirección General

de Cooperación Jurídica Internacional, dependiente de la Dirección

General del mismo nombre y ambas pertenecientes al Ministerio de Justicia.

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Tutoría de DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Caso práctico nº 16.-

Se constituye una adopción internacional sobre un menor de nacionalidad y residencia

habitual en Nepal (Estado que ha firmado pero no ratificado el Convenio de La Haya, de 1993, por lo

que éste último no resulta aplicable).

Los padres adoptivos, nacionales españoles y con residencia habitual en Madrid, desean

proceder a la inscripción de dicha adopción. Se pregunta:

1.- Determine el instrumento jurídico que sería aplicable al reconocimiento de la adopción.

Conforme al instrumento legal elegido por usted, ¿cuáles son los requisitos que el mismo

establece para poder inscribir la adopción?

2.- El Encargado del Registro, al estudiar el Derecho extranjero, comprueba que el ordenamiento

nepalí contiene un derecho de revocación a favor de los padres adoptivos. ¿Es posible

subsanar esta cuestión y que la adopción tenga acceso al Registro español?

Solución Caso Nº 16: 1.- Determine el instrumento jurídico que sería aplicable al

reconocimiento de la adopción. Conforme al instrumento legal elegido

por usted, ¿cuáles son los requisitos que el mismo establece para poder

inscribir la adopción?

Al no ser de aplicación el Convenio de la Haya de 1993, el instrumento

jurídico que regirá el reconocimiento de la adopción será la LAI, ley

54/2007 (ordenamiento jurídico interno español).

Suponemos que el menor nepalí (adoptando) va a ser trasladado a España

(concretamente a Madrid, lugar de residencia habitual de los adoptantes).

No será necesario el exequatur. Para el acceso al registro civil se

deberán cumplir los siguientes requisitos o condiciones (art. 26 de la

LAI):

Generales:

- Se comprueba la competencia de la autoridad extranjera ante la que se

constituyó la adopción. Se considera que la autoridad extranjera que

constituyó la adopción es internacionalmente competente si se respetaron

los foros recogidos en su propio Derecho. No obstante lo anterior, en el

caso de que la adopción no presente conexiones razonables de origen,

antecedentes familiares u otros órdenes similares con el país cuya

autoridad haya constituido la adopción, se estimará que la autoridad

extranjera carecía de competencia internacional.

- Se comprueba la aplicación de las normas de conflicto de la autoridad

ante la que se constituyó la adopción. Si no se hubiera prestado alguna

declaración de voluntad o manifestado consentimiento exigidos por la ley

extranjera, estos requisitos podrán ser completados en España, ante las

autoridades competentes españolas, o ante cualquier otra autoridad

extranjera competente.

Específicas en función de los datos:

- Equivalencia de efectos entre la adopción constituida en el extranjero

y la española (ruptura del vínculo jurídico entre la familia biológica y

el adoptando, que surjan los mismos vínculos jurídicos que en el caso de

filiación natural y que la adopción sea irrevocable por los adoptantes).

- Certificado de idoneidad (cuando el adoptante es español y tiene

residencia habitual en España) previamente a la constitución de la

adopción por el órgano competente extranjero. No se exigirá dicha

declaración de idoneidad en los casos en los que de haberse constituido

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la adopción en España no se hubiera requerido la misma.

- Consentimiento de la entidad pública correspondiente a la última

residencia del adoptando en España cuando el adoptando sea español en el

momento de la constitución de la adopción ante autoridad extranjera

competente.

Requisitos formales:

- Legalización y traducción salvo que quede exento por otros motivos.

2.- El Encargado del Registro, al estudiar el Derecho extranjero,

comprueba que el ordenamiento nepalí contiene un derecho de revocación a

favor de los padres adoptivos. ¿Es posible subsanar esta cuestión y que

la adopción tenga acceso al Registro español?

Sí es posible subsanar esta cuestión. Los adoptantes españoles deberán

renunciar al ejercicio de la facultad de revocar la adopción antes del

traslado del menor del Nepal a España. Posteriormente, formalizará la

renuncia compareciendo ante el Encargado del Registro o mediante

documento público.

Conforme al art. 26.2 de la ley 54/2007, «cuando la ley extranjera

admita que la adopción constituida a su amparo pueda ser revocada por el

adoptante, será requisito indispensable que éste, antes del traslado del

menor a España, renuncie al ejercicio de la facultad de revocarla. La

renuncia deberá formalizarse en documento público o mediante

comparecencia ante el Encargado del Registro Civil».

Caso práctico nº 17.-

Un matrimonio español, domiciliado en Gran Canaria, decide adoptar un niño y para ello se

dirigen a los Servicios Sociales de la Comunidad autónoma donde residen. Finalmente les ofrecen

una pareja de gemelos naturales de Lima (Perú) y se solicita el desplazamiento a este país como fase

previa a la constitución de la adopción. A su juicio:

1.- ¿Conforme a qué instrumento internacional puede constituirse esta adopción? ¿Se requeriría

la idoneidad de los adoptantes? Fundamente la respuesta.

2.- ¿Han de constituir la adopción en España o en el país de origen de los niños? En el segundo

caso, ¿cuáles son las exigencias previstas por nuestro ordenamiento en orden al

reconocimiento de esa adopción en España una vez constituida en el extranjero?

Solución Caso Nº 17:

1.- ¿Conforme a qué instrumento internacional puede constituirse esta

adopción? ¿Se requeriría la idoneidad de los adoptantes? Fundamente la

respuesta.

El instrumento internacional es la Convenio de la Haya de 1.993 sobre

adopción internacional, siempre que ambos estados formen parte de este

Convenio, como es el caso.

El art. 23 del Convenio de la Haya de 1.993 hace referencia a la emisión

de un "certificado" que emitirá una Autoridad del Estado de constitución,

en el que debe constar que la adopción se constituye conforme a las

normas del Convenio. Por lo tanto, se requerirá sólo la traducción y

legalización de constitución de la adopción, más el citado certificado de

constitución, para que el vínculo de filiación despliegue efectos en el

Estado de recepción. Existe un Modelo de Certificado de declaración de

conformidad que puede ser empleado por las autoridades competentes de los

Estados parte.

Si la adopción se ha constituido en un Estado-parte del citado Convenio,

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éste, en su artº 5, expresa lo siguiente:

"Las adopciones consideradas por el Convenio sólo pueden tener lugar

cuando las Autoridades competentes del Estado de recepción:

a) Han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos

para adoptar.

b) Se han asegurado de que los futuros padres adoptivos han sido

convenientemente asesorados.

c) Han constatado que el niño ha sido o será autorizado a entrar y

residir permanentemente en dicho Estado".

Por ello, considero que, previa a la emisión del Certificado que usted

menciona, el Estado de recepción (en nuestro caso, España) ha debido

constatar la idoneidad de los futuros padres adoptivos, de acuerdo con

el apartado a), del artículo antes citado.

2.- ¿Han de constituir la adopción en España o en el país de origen de los

niños? En el segundo caso, ¿cuáles son las exigencias previstas por

nuestro ordenamiento en orden al reconocimiento de esa adopción en España

una vez constituida en el extranjero?

La constitución de la adopción, conforme al Convenio de la Haya de 1.993

sobre adopción, puede producirse en el Estado de origen del menor o en el

Estado de recepción.

Reconocimiento de la adopción por la Ley 54/2007 (LAI)

Procedimiento:

- Las adopciones como actos de jurisdicción voluntaria no necesitan

obtener exequátur, sino que podrán ser reconocidas de forma automática.

- El acceso al Registro Civil español es la forma de otorgar eficacia a

las adopciones.

Requisitos generales:

- Competencia de la autoridad extranjera ante la que se constituyó la

adopción.

- Que se haya aplicado a la constitución las normas de conflicto de la

autoridad ante la que se constituyó la adopción.

Requisitos según el caso:

- ADOPTANTE O ADOPTADO ESPAÑOL: Se controlará que los efectos de la

adopción constituida sean equivalentes a los atribuidos a la adopción

española.

- ADOPTANTE ESPAÑOL Y RESIDENTE EN ESPAÑA: Art. 26 LAI.- Obtención del

certificado de idoneidad, previamente a la constitución de la adopción,

legalizado y traducido.

- ADOPCIONES SIMPLES: Art. 30 LAI

a.-) Surtirá efectos en España si se ajusta a la ley nacional del

adoptando.

b.-) Dichas adopciones no tendrán acceso al Registro Civil como adopción

ni comportarán la adquisición de la nacionalidad.

c.-) Se articula el mecanismo de conversión de las adopciones simples,

constituidas en el extranjero, en la adopción plena española.

d.-) No será posible cuando produzca efectos manifiestamente contrarios al

orden público español, siempre teniendo en cuenta el interés superior del

menor.

Caso práctico nº 18.-

Iván Ruiz, español, y Anne Batiffol, de nacionalidad francesa, residentes en Francia, son

padres de dos hijos de corta edad. Tras graves problemas en su relación matrimonial, Iván se lleva a

los niños a España con la idea de que no vuelvan a París, lugar hasta entonces de su residencia

habitual.

Anne le consulta, como abogado, qué debe hacer para recuperar a sus hijos. Se pregunta:

1.- ¿Qué texto legal sería de aplicación? ¿Cuáles serían conforme al mismo los pasos a seguir?

Razone la respuesta.

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2.- ¿Podría Anne conseguir la devolución? ¿Qué circunstancias deberían darse para que ésta no

fuera posible?

Solución Caso Nº 18:

1.- ¿Qué texto legal sería de aplicación? ¿Cuáles serían conforme al

mismo los pasos a seguir? Razone la respuesta.

El texto legal aplicable sería el Reglamento 2201/2003 junto con el

Convenio de la Haya de 1980. Se dan los requisitos de ámbito de

aplicación espacial, ya que los menores, con residencia habitual en

París, son trasladados a España, y ambos países son Estados miembros y

signatarios del Convenio. En cuanto al ámbito de aplicación personal,

también es aplicable por ser los hijos de corta edad, es decir, menores

de dieciséis años.

Los pasos a seguir serían:

- Formular por parte de la madre, Sra. Anne, la petición de devolución

de conformidad a lo previsto en el Convenio de la Haya de 1980 (art. 8).

Se tramitará esta petición de devolución mediante un mecanismo de

resolución basado en la cooperación de autoridades. Esta vía es la más

utilizada aunque no es obligatorio para el particular utilizarla. La

solicitud incluirá:

a) Información de la identidad del demandante (Sra. Anne),

de los menores y de la persona de quien alega que ha sustraído o

retenido al menor (Sr. Iván Ruíz).

b) Fecha de nacimiento de los menores.

c) Motivos en que se basa la Sra. Anne para reclamar la restitución

de los menores (patria potestad compartida entre progenitores ...)

d) Toda la información disponible relativa a la localización de los

menores (España) y la identidad de la persona con la que se supone que

están (el padre).

La demanda podrá ir acompañada o complementada por:

e) Copia auténtica de toda decisión o acuerdo pertinentes

f) Certificación o declaración jurada expedida por una Autoridad

central o autoridad competente del Estado donde los menores tienen la

residencia habitual (Francia) o por una persona cualificada relativa al

derecho vigente en esta materia de dicho Estado

g) Cualquier otro documento pertinente.

- La Autoridad Central francesa transmitirá la demanda directamente y

sin demora a la Autoridad central española.

- Como consecuencia de esta cooperación entre las Autoridades Centrales

designadas en cada Estado (Francia y España), el menor deberá ser

restituido inmediatamente al Estado de residencia habitual (en este caso

París, Francia).

- Si la autoridad judicial o administrativa competente no hubiera

llegado a una decisión en el plazo de seis semanas a partir de la fecha

de iniciación de los procedimientos, el demandante o la Autoridad

central del Estado requerido (España), por iniciativa propia o a

instancia de la Autoridad central del Estado requirente (Francia),

tendrá derecho a pedir una declaración sobre las razones de demora.

Estas razones se transmitirán a la Autoridad central del Estado

requirente, o, en su caso, al demandante.

2.- ¿Podría Anne conseguir la devolución? ¿Qué circunstancias deberían

darse para que ésta no fuera posible?

Sí, Anne podría conseguir la devolución, ya que la denegación de la

misma se ha de producir de forma excepcional. Las excepciones que puede

alegar España se encuentran establecidas en los arts. 12 y 13 del

Convenio de la Haya de 1980.

Art. 12: si se han iniciado los procedimientos de devolución de los

menores en un plazo superior a un año y se demuestra que el menor se ha

quedado integrado en el nuevo medio.

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Art.13: si la persona, Institución u otro Organismo que se opone a la

restitución (en este caso sería el Sr. Iván, el padre) demuestra que:

a) la Sra. Anne, la madre, no ejercía de modo efectivo el derecho

de custodia en el momento en que fueron trasladados los menores o había

consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención; o

b) existe un grave riesgo de que la restitución de los menores los

exponga a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga

a los menores en una situación intolerable.

La autoridad podrá negarse a ordenar la restitución de los menores si

éstos mismos se oponen cuando hayan alcanzado edad y grado de madurez

suficiente para considerar sus opiniones.

No obstante, el Reglamento 2201/2003 ha matizado el apartado b) del art.

13, no siendo aplicable si las medidas necesarias han sido adoptadas

para la protección del menor, una vez que retorne al Estado de donde fue

desplazado.

El Convenio también incluye en el art. 20 una cláusula de orden público:

la restitución podrá denegarse cuando no lo permitan los principios

fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los

derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Si se aplicara alguna excepción a la restitución de los menores, el

órgano judicial francés puede intervenir porque en el Reglamento se

prevé el mantenimiento de la competencia de la citada autoridad para

decidir sobre el fondo del asunto (derechos de custodia y de visita), a

pesar de que los menores no se encuentren físicamente en Francia al

haber sido trasladados de forma ilícita a España.

Si la resolución judicial dictada por las autoridades francesas

requiriera para ser efectiva la devolución de los menores, la orden de

no retorno o permanencia en España quedaría sin efecto. La fuerza

ejecutiva de la decisión sobre el fondo del asunto se proyecta sobre la

restitución del menor, y para ello, el órgano judicial francés extenderá

el correspondiente certificado. Éste legitima la extensión de los

efectos de una decisión de un Estado (el francés en este caso) en los

demás Estados miembros, al margen de un procedimiento de exequátur.

Caso práctico nº 19.-

Pedro Páramo, nacional mexicano y con domicilio en Madrid, contrae matrimonio civil en

Cuenca con Josefa López, de nacionalidad española y con domicilio en esa ciudad castellano-

manchega. El día 20 de enero de 2001 nace del citado matrimonio un varón, José.

Pedro y Josefa deciden separarse de mutuo acuerdo y mediante sentencia judicial, de 21 de

octubre de 2003, se concede la guarda de José al padre que, con autorización judicial, se traslada a

vivir a Cuernavaca (México) con su hijo, y se atribuye el derecho de visita a Josefa, que se traslada a

vivir a Madrid.

El día 15 de abril de 2004, al término del ejercicio del derecho de visita, establecido en la

sentencia de separación, Josefa cambia de domicilio en España y se traslada con su hijo José a un

pueblo de Segovia para garantizar que José no vuelva con su padre a México.

1.- Califique y tipifique las irregularidades jurídicas de los hechos expuestos.

2.- ¿Podría Pedro recuperar la guarda de su hijo José en México? En caso afirmativo, ¿cómo?

Solución Caso Nº 19: 1.- Califique y tipifique las irregularidades jurídicas de los hechos

expuestos.

Se trataría de un TRASLADO ILÍCITO Y RETENCIÓN de un menor con infracción

de derecho de custodia. En el art. 3 del Convenio de la Haya de 1.980,

texto de aplicación en el presente caso, pues ambos países, España y

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México son firmantes del mismo, viene tipificado y definido el traslado o

la retención de un menor. Únicamente aplicable a menores de 16 años.

"El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos:

a.-) Cuando se haya producido con infracción de un derecho de custodia

atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución o a

cualquier otro organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en

el que, el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su

traslado; y

b.-) Cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o

conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría

ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención.

(...)"

Notas distintivas de la figura del llamado "secuestro internacional de

menores" y que puede ser aplicable a casos similares sobre esta materia.

Tres son estos caracteres:

1.- Desplazamiento ilícito de un menor; en nuestro caso, en

vulneración de los derechos de guarda y visita atribuídos a Pedro y a

Josefa, respectivamente, por sentencia judicial.

2.- Este desplazamiento es transfronterizo, lo que tipifica como

internacional al supuesto de hecho.

3.- El desplazamiento se realiza desde un ámbito de protección del

menor (éste se encontraba bajo la guarda de su padre) a otro, igualmente

protegido (el que, se supone, despliega su madre).

Estos caracteres han configurado tradicionalmente a la "sustracción

internacional de menores" como una figura jurídica incardinada en la

esfera civil, según el criterio mayoritario de la doctrina.

Sin embargo, esta situación quedó modificada tras la entrada en vigor de

la Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre (B.O.E. nº 296, de

11/12/2002), de modificación de la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del

Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores,

tipificando penalmente dicha figura, recogida en el nuevo artículo 225,

bis, del Código Penal más las concordancias por adiciones y

modificaciones de otros del mismo cuerpo legal, del Código Civil, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2.- ¿Podría Pedro recuperar la guarda de su hijo José en México? En caso

afirmativo, ¿cómo?

Sí podría recuperar la guarda de su hijo en virtud del mecanismo de

restitución contenido en el Convenio de la Haya de 1.980, basado en la

cooperación entre autoridades.

Este Convenio prevé la designación en cada Estado parte de una Autoridad

Central, a la cual se le encomienda la realización de todos los actos

necesarios para la restitución

inmediata del menor: localizar al menor, facilitar o incoar el

procedimiento judicial o administrativo... (Arts. 6 y 7 CH 1.980)

En virtud de esa cooperación entre autoridades, las Autoridades Centrales

de México y España, como Estados contratantes, accionarán dicho mecanismo

para que con su asistencia garanticen la restitución del menor. La AC de

España (lugar donde se encuentra el menor) recibirá la correspondiente

demanda y adoptará o hará que se adopten las medidas adecuadas encaminadas

a conseguir la restitución voluntaria del menor.

La solicitud debe ir acompañada por:

a) Información relativa a la identidad del demandante, del menor y de la

persona de quien se alega que ha sustraído o retenido el menor.

b) La fecha de nacimiento del menor, cuando sea posible obtenerla;

c) Los motivos en que se basa el demandante para reclamar la restitución

del menor;

d) Toda la información disponible relativa a la localización del menor y

la identidad de la persona con la que se supone que está el menor.

La demanda irá acompañada:

e) Una copia auténtica de toda decisión o acuerdo pertinentes;

f) Una certificación o declaración jurada expedida por una Autoridad

central o por otra Autoridad competente del Estado donde el niño tenga su

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residencia habitual o por una persona cualificada relativa al derecho

vigente en esta materia de dicho Estado;

g) Cualquier otro documento pertinente.

(Arts. 8 y ss Convenio de la Haya de 1.980)

Caso práctico nº 20.-

D. Manuel P., español con vecindad civil común, emigra a los Países Bajos en el año 1965,

en donde contrae matrimonio con Helen C., de nacionalidad holandesa. El matrimonio, que había

fijado su domicilio en Delf, otorga testamento mancomunado en abril de 1990 en aquella ciudad

holandesa. En dicho testamento se respetan las legítimas establecidas por la legislación española,

dejando el resto de los bienes al hijo mayor. El matrimonio traslada su domicilio a España en 1992,

donde el marido fallece en enero de 1993.

El testamento es impugnado por otros dos hijos ante los Tribunales españoles, alegando que

el testamento mancomunado está prohibido a los españoles de vecindad civil común, por el articulo

733 del Código Civil. Se pregunta:

a.- ¿Son competentes los Tribunales españoles?

b.- ¿Cuál debe ser, en su opinión, la decisión que adopte el Tribunal?

Razone sus respuestas, indicando la normativa aplicable.

Solución Caso Nº 20:

1.- ¿Son competentes los Tribunales españoles?

Dado que el Reglamente 650/2012 sobre sucesiones no entra en vigor hasta el próximo

mes de agosto de 2015, la competencia de los Tribunales españoles la determina el art.

22.3 LOPJ, establece que sería competente el Tribunal español cuando el causante haya

tenido su último domicilio en territorio español. Circunstancia que se da en el presente

caso, ya que el D. Manuel P. trasladó su domicilio a España en 1.992.

El artº 22.3., in fine, de la L.O.P.J., en relación con la competencia judicial de los Tribunales

españoles, dado que el Reglamento 650/2012 no será aplicable sino a partir del 17 de agosto del

presente año, con las excepciones relacionadas en su artº 84, y aplicación del Convenio de La Haya,

de 1961, sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias, en

cuanto a la validez formal del testamento por aplicación de sus artº 1 y 4, del citado cuerpo legal.

2.- ¿Cuál debe ser, en su opinión, la decisión que adopte el Tribunal? Razone sus

respuestas, indicando la normativa aplicable

El art. 1 del Convenio de la Haya de 1.961 sobre los conflictos de leyes en materia de

forma de las disposiciones testamentarias, prevé:

"Una disposición testamentaria será válida en cuanto a la forma si ésta responde a la ley

interna

a) Del lugar en que el testador hizo la disposición, o

b) De la nacionalidad poseída por el testador....

Acogiéndonos al art. 1.a) del Convenio citado, si en el lugar donde realizó el testamento,

es decir, Holanda, SÍ es válida la forma mancomunada de testamento, éste sería válido.

El artº 1 nos ofrece una serie de conexiones alternativas, regidas por el "principio del favor

testamentii", lo que nos abre un amplio abanico de posibilidades para conceder validez al testamento

en función de la Ley interna bajo la cual se ha otorgado.

Además, el art. 4 del mismo Convenio establece "El presente Convenio se aplicará igualmente a la

forma de las disposiciones testamentarias otorgadas en un mismo documento por dos o más

personas." lo que quiere decir que es de aplicación al testamento mancomunado.

Observación del tutor: El artº 4, cuyo tenor es: "El presente Convenio se aplicará igualmente a la

forma de las disposiciones testamentarias otorgadas en un mismo documento por dos o más

personas", permite dar validez al testamento mancomunado, prohibido por el artº 733 en relación

con el 669, ambos del Código Civil, que quedan inaplicados.

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Tutoría de DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Caso práctico nº 21.-

Don Fernando Rodríguez, de nacionalidad española y domicilio en el Reino Unido, fallece

dejando una gran fortuna, parte de ella en inmuebles en España. En su testamento, redactado en el

año 2005, nombra heredera universal a su reciente esposa.

Los hijos de su anterior matrimonio acuden a los tribunales españoles alegando su derecho a

las legítimas que, según el ordenamiento español, les corresponden (en el Reino Unido no existen).

La viuda alega que Don Fernando había obtenido la nacionalidad británica dos años antes de

su fallecimiento, acaecido en 2008. Se pregunta:

1.- Suponiendo que fueran competentes los tribunales españoles, ¿qué ley aplicarían a la

sucesión? Razone jurídicamente.

2.- ¿En qué afectaría el cambio de nacionalidad del causante en la resolución del litigio?

Solución Caso Nº 21:

1.- Suponiendo que fueran competentes los tribunales españoles, ¿qué ley aplicarían a la

sucesión? Razone jurídicamente.

Dadas las fechas en las que suceden los hechos del caso, todavía no sería de aplicación el

Reglamento 650/2012, aplicable a partir de 17 de agosto de 2015 con las excepciones previstas en su

art. 84.

La ley que se aplicaría a la sucesión la establece el art. 9.8 del CC: «La sucesión por causa de muerte

se regirá por la ley nacional del causante en el momento del fallecimiento cualesquiera que sean los

bienes y el lugar donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los

pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador en el momento de su

otorgamiento conservarán su validez, aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las

legítimas se ajustarán, en todo caso, a esta última».

El testamento fue otorgado por D. Fernando en 2005 (con nacionalidad española), obtiene la

nacionalidad británica en 2006 y fallece en 2008.

Al adquirir la nacionalidad británica, la ley que rige la sucesión es la británica, pero las disposiciones

hechas en el testamento conforme a la ley nacional (española) de D. Fernando en el momento de su

otorgamiento serán válidas. Aquí sería discutible si realmente el testamento era conforme a derecho o

no, ya que el ordenamiento español, que era ley que regía el testamento en ese momento, establece el

derecho a legítimas de los sucesores, cosa que no hizo el testador. Del texto del art. 9.8 CC

se interpreta que las legítimas se deberían ajustar a la ley que rige la sucesión, es decir, a la ley

británica, en la cual esta institución no existe.

2.- ¿En qué afectaría el cambio de nacionalidad del causante en la resolución del litigio?

Si D. Fernando no hubiera cambiado de nacionalidad, conservando la española, los descendientes

hubieran podido impugnar el testamento alegando su derecho a las legítimas reguladas en el derecho

español.

El artículo 9.8 CC establece también: «Los derechos que por ministerio de la ley le corresponden al

cónyuge supérstite se regirán por la ley que regule los efectos del matrimonio a salvo siempre las

legítimas de los descendientes».

En cambio, al cambiar su nacionalidad D. Fernando, y adquirir la británica, la nueva ley que rige la

sucesión, la británica, no reconoce el derecho a las legítimas, con lo cual, los descendientes no tienen

base jurídica para reclamar dichas legítimas. En definitiva, se quedarán sin herencia, y todos los

bienes y derechos de D. Fernando pasarán a ser de su última esposa, su declarada heredera universal.

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Caso práctico nº 22.-

Aurelio W., de nacionalidad venezolana, otorgó testamento ante notario en Madrid el 1 de

febrero de 2007 y falleció en Caracas (Venezuela) el 2 de mayo de 2009, dejando viuda en Caracas y

dos hijos mayores de edad en Madrid así como un importante patrimonio de muebles e inmuebles

repartidos entre España y Venezuela.

La viuda y los hijos de Aurelio W. acuden a un abogado de Madrid y le consultan:

1.- ¿Es válido en cuanto a la forma el testamento otorgado en Madrid habida cuenta que Aurelio

W. falleció en Caracas? Determine el cuerpo legal aplicable.

2.- ¿Qué ley sería aplicable al fondo o contenido del testamento? ¿Con base en qué fundamento

de Derecho? ¿A qué ley habrían de sujetarse las legítimas? ¿Cuál sería la ley aplicable a los

inmuebles?

Solución Caso Nº 22:

1.- ¿Es válido en cuanto a la forma el testamento otorgado en Madrid habida cuenta que

Aurelio W falleció en Caracas? Determine e cuerpo legal aplicable

Por las fechas en que transcurre el caso, el Reglamento 650/2012 de sucesiones, no es de

aplicación.

Es aplicable en cuanto a la forma, el Convenio de la Haya de 1.961, ya que tanto España como

Venezuela son firmantes del mencionado Convenio, el cual en su art. 1 establece:

"Una disposición testamentaria será válida en cuanto a la forma si ésta responde a la ley

interna:

a) Del lugar en que el testador hizo la disposición, o

b) De la nacionalidad poseída por el testador, sea en el momento en que dispuso, sea en

el momento de su fallecimiento, o (...)"

Por lo tanto, será valido el testamento otorgado en Madrid, en virtud del art. 1 a) del Convenio de la

Haya de 1.961

2.- ¿Qué ley sería aplicable al fondo o contenido del testamento? ¿Con base a qué fundamento de

Derecho? ¿A qué ley habrían de sujetarse las legítimas? ¿Cuál sería la ley aplicable a los inmuebles?

En cuanto a la ley aplicable al fondo o contenido se aplicaría el art. 9.8 Código Civil, en base a que

"la sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento del

fallecimiento cualesquiera que sean los bienes y el lugar donde se encuentren".

El sistema de legítimas deberán ajustarse a la ley venezolana, puesto que es la ley nacional del

causante en el momento de su fallecimiento, a pesar de haber otorgado testamento en Madrid, su ley

nacional en el momento del fallecimiento sigue siendo la venezolana. Art. 9.8 CC " Las disposiciones

(...) Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme

a la ley nacional del testador en el momento de su otorgamiento conservarán su validez aunque sea

otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en todo caso, a ésta última"

En cuanto a los bienes inmuebles ha sido la "lex rei sitae", la ley rectora de los bienes inmuebles, es

decir, las leyes del Estado donde el bien está situado para facilitar su registro, inscripción, etc. En

España es el art. 10.1 de Código Civil "La posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes

inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen. La misma ley será

aplicable a los bienes muebles."

En esta pregunta se nos plantea una disyuntiva, que no podemos resolver, y es el modelo de

regulación jurídica de la sucesión mortis causa en Venezuela pues desconocemos si en ese Estado la

respuesta jurídica es personalista y universalista, como es el modelo español o, de lo contrario, sigue

el modelo pluralista con distintas conexiones en función del tipo de bienes a los que se refiere

(muebles o inmuebles). Por otro lado, desconocemos la regulación de la institución de las legítimas

en Venezuela. Todo lo cual nos llevaría a soluciones dispares, según se trate de un modelo o de otro.

Caso práctico nº 23.-

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Un empresario español, con residencia habitual en Sevilla, concluye en enero de este año un

contrato de compraventa en la ciudad de Dakar (Senegal) con un empresario senegalés, en virtud del

cual el empresario español compra al empresario senegalés una partida de piezas de orfebrería por un

precio de 115.000,00 euros. Entregada la mercancía en Málaga, tal y como preveía el contrato, el

empresario español constata que la mitad de dicha partida está en condiciones defectuosas para la

venta. En consecuencia, interpone demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla

solicitando una indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual. Se pregunta:

1.- Para apreciar la capacidad de cada una de las partes para contratar, ¿qué ley/es deberá aplicar

el juez español?

2.- Teniendo en cuenta que el contrato no establece la Ley aplicable, ¿qué Derecho aplicará el

juez español para resolver el fondo de la controversia? Fundamente jurídicamente la

respuesta.

Solución Caso Nº 23:

1.- Para apreciar la capacidad de cada una de las partes para contratar,

¿qué ley/es deberá aplicar el juez español?

Como cuestión previa, ya que el enunciado del caso no lo menciona, quiero recordar que en primer

lugar debemos establecer la competencia judicial internacional (FORUM), resultando de aplicación

al caso el artº 6.1., del Reglamento 1215/2012, que establece la competencia del órgano

jurisdiccional español (Juzgado de Primera Instancia de Sevilla), y cuyo tenor es el siguiente:

"Si el demandado no está domiciliado en un Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en

cada Estado miembro, por la legislación de ese Estado miembro, sin perjuicio de lo dispuesto en el

artículo 18, apartado 1, el artículo 21, apartado 2, y los artículos 24 y 25".

En materia de obligaciones contractuales, será de aplicación el Reglamento 593/2008. Éste, en su art.

1.2a) establece la capacidad de las personas físicas como una materia excluida de su ámbito de

aplicación, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 13.

Así, la capacidad está sujeta en principio a la ley personal conforme el art. 9.1 CC (nacionalidad,

domicilio o residencia habitual de las partes). Sin embargo, el art. 13 del Reglamento 593/2008

dispone que para los contratos entre presentes no se tendrá en cuenta la causa de incapacidad prevista

por la ley de otro país (por ejemplo la ley personal del empresario senegalés en caso de que éste fuera

quien la invocara), a menos que la otra parte (por ejemplo el español) «hubiera conocido tal

incapacidad o la hubiera ignorado en virtud de negligencia por su parte». A esta excepción se le

llama «teoría de interés nacional».

Para apreciar la capacidad de las partes, el juez español, conforme al art. 9.1 CC, debería aplicar la

ley española en el caso del español y la ley senegalesa en caso del empresario senegalés, es decir, la

ley personal de cada una de las partes. Conforme al ordenamiento español, para poder contratar se

debe ser mayor de 18 años mientras que, quizás en Senegal, la capacidad para contratar requiera una

edad diferente al adquirirse la mayoría de edad, por ejemplo, a los 20 años. Sin embargo, considerará

válido el contrato si el empresario español demuestra que no conocía esta causa de incapacidad del

empresario senegalés.

Tras la lectura tanto del manual del curso como del art. 13 del Reglamento 593/2008 me surgen las

dudas siguiente:

- Tanto en el manual como en en art. 13 se contempla el supuesto en el que ambas partes gozan de

capacidad conforme a la ley del país de celebración del contrato y una de las partes invoca la

incapacidad resultante de la ley de otro país distinto al del país en el que se ha celebrado el contrato.

Por lo tanto, supongo que en el caso que nos ocupa, al celebrarse el contrato de compraventa en

Senegal, las partes deberían gozar de capacidad conforme a la ley de ese país y solo podrán

invocar la incapacidad conforme a ley de otro (en este caso el empresario español conforme a la ley

de España).

En el ejemplo del manual (pág 623), en el que se celebra una compraventa entre un español y un

marroquí de 19 años, tiene sentido la aplicación del art. 13 del Reglamento, tal y como se interpreta

de su lectura, solamente en el caso de que el contrato se celebre conforme al derecho de España y

después el marroquí impugne la validez alegando que la mayoría de edad en Marruecos es a los 20

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años. Si la compraventa se hubiese consolidado en Marruecos y conforme al derecho marroquí, ¿es

de suponer que las partes que han celebrado el contrato deben gozar de capacidad conforme a la ley

de Marruecos, es decir, ambos deben tener 20 años? ¿el español no podría tener 18 años, porque esta

edad no es conforme a la ley del estado de la compraventa aunque esta edad fuera conforme a su ley

personal?

Observación del tutor: En el ejemplo que usted cita, del que le surge la duda sobre si, en una

compraventa concluida en Marruecos, conforme al Derecho marroquí, entre un español y un

marroquí, ambos deben tener 20 años al ser esa la edad a partir de la cual se tiene capacidad para

contratar según dicho ordenamiento jurídico, considero que habría que consultar la norma de

conflicto marroquí (si existiera) que regule la capacidad pues la mayoría de los ordenamientos

jurídicos establece que ésta se regirá por

la ley personal, por lo que, aún dirimiéndose el litigio en Marruecos, el órgano jurisdiccional

marroquí declarado competente, aplicaría la ley personal del contratante español, esto es, la ley

española, no siendo necesario que éste haya cumplido los 20 años.

2.- Teniendo en cuenta que el contrato no establece la Ley aplicable, ¿qué Derecho aplicará el

juez español para resolver el fondo de la controversia? Fundamente jurídicamente la respuesta.

En virtud del art. 4.1 a) del Reglamento 593/2008, a falta de elección, la ley aplicable se determinará

por la ley del país de residencia habitual del vendedor en el caso de contrato de venta de mercancías.

Por lo tanto, será de aplicación el derecho senegalés.

En conclusión, el contrato se celebra en Senegal conforme al derecho de ese país.

Caso práctico nº 24.-

Una empresa francesa con sede social en Lyon (Francia) contrata en esa ciudad a un nacional

español para realizar en Portugal trabajos de mantenimiento de una red eléctrica (centro efectivo de

la actividad profesional). La empresa francesa, consciente de las ventajas inherentes a la legislación

laboral portuguesa, somete el contrato de trabajo a esta legislación. Se pregunta:

1.- ¿Es posible la sumisión de este contrato al Derecho portugués? Razone jurídicamente

citando la norma aplicable.

2.- ¿Podría haber sido posible la sumisión del contrato al Derecho español? ¿Qué límites plantea

la norma aplicable a la autonomía del empresario francés para designar el Derecho aplicable?

Solución Caso Nº 24:

1.- ¿Es posible la sumisión de este contrato al Derecho portugués?

Razone jurídicamente citando la norma aplicable.

El instrumento jurídico es el Reglamento 593/2008. En su art. 8.2, establece que cuando la ley

aplicable no haya sido elegida por las partes, el contrato se regirá por la ley del país en el cual, o, en

su defecto, a partir del cual el trabajador, en ejecución del contrato, realice su trabajo habitualmente.

Se interpreta del enunciado que las partes no han elegido la ley aplicable al contrato individual de

trabajo. Por ello, sí es posible la sumisión del mismo al derecho portugués, lugar donde el trabajador

contratado realizará los trabajos de mantenimiento de una red eléctrica.

2.- ¿Podría haber sido posible la sumisión del contrato al Derecho español? ¿Qué límites plantea

la norma aplicable a la autonomía del empresario francés para designar el Derecho aplicable?

En virtud del art. 3 del Reglamento, sobre Libertad de elección, sí sería posible la sumisión del

contrato de trabajo al Derecho español si así lo hubieran elegido las partes.

Los límites a la autonomía del empresario francés para designar el Derecho aplicable se contemplan

en el art. 8 del Reglamento. La elección del Derecho español no podrá tener por resultado privar al

trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse mediante

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acuerdo en virtud de la ley aplicable, a falta de elección, conforme a los apartados 2, 3 y 4 del art. 8.

Esto es:

2. la ley del país en el cual el trabajador realizará el trabajo habitualmente

3. la ley del país donde esté situado el establecimiento a través del cual haya sido contratado el

trabajador.

4. la ley del país con el que el contrato presente unos vínculos más estrechos que los indicados en los

anteriores apartados. Observación del tutor: Falta concretar a qué normas limitativas de la autonomía del empresario nos estamos refiriendo y que no son otras que las leyes de policía (normas imperativas), incluidas en

el artº 9 del Reglamento 593/2008 (Roma I), del ordenamiento jurídico que resulte aplicable a este

contrato en ausencia de pacto, como consecuencia de la desigual posición de las partes.

Caso práctico nº 25.-

Un empresario chino, residente en Madrid, contrata con un empresario japonés la compra de

una partida de palillos. Dicha mercancía, cuando la recibe el empresario chino, resulta que no está

hecha del material que habían acordado. El empresario chino decide plantear la demanda por

incumplimiento contractual ante un Tribunal español. Se pregunta:

1º.- Establezca el instrumento jurídico conforme al cual el Tribunal español determinará el

Derecho aplicable al asunto.

2º.- En el contrato firmado por las partes no existe cláusula de elección de ley. Conforme al

instrumento elegido por usted en la cuestión nº 1, ¿qué ordenamiento resultaría aplicable?

Solución Caso Nº 25:

1º.- Establezca el instrumento jurídico conforme al cual el Tribuna español determinará el

Derecho aplicable al asunto.

El instrumento jurídico es el Reglamento 593/2008. En su art. 1 «Ámbito de aplicación material», se

establece que se aplicará a las obligaciones contractuales en materia civil y mercantil en las

situaciones que impliquen un conflicto de leyes. Por lo tanto, la compraventa de una partida de

palillos quedaría incluida dentro de su ámbito material.

Según su art. 2, la ley designada por el Reglamento se aplicará aunque no sea la de un Estado

miembro, ya que es de aplicación universal. Por ello, será irrelevante para su aplicación el hecho de

que una de las partes (la demandada de nacionalidad japonesa) no sea nacional de un Estado

miembro de la UE ni resida en él.

Aunque el enunciado del caso no lo pregunte, podemos plantearnos si realmente los Tribunales

españoles son competentes judicialmente para resolver este litigio. No se puede aplicar el R

1215/2012 porque parece ser que el demandado (japonés) no tiene el domicilio en un Estado

miembro. Por ello, será de aplicación la LOPJ. En su art. 22.3 establece que serán competentes los

tribunales españoles «en materia de obligaciones contractuales, cuando éstas hayan nacido o deban

cumplirse en España». En el caso que nos ocupa, la obligación debe de entrega de la mercancía debe

cumplirse en España. Por tanto, sí serán competentes lo Tribunales españoles.

2º.- En el contrato firmado por las partes no existe cláusula de elección de ley. Conforme al

instrumento elegido por usted en la cuestión nº 1, ¿qué ordenamiento resultaría aplicable?

Conforme al art. 4 «Ley aplicable a falta de elección», la ley aplicable será, según el apartado a), al

tratarse de un contrato de compraventa de mercancías, la ley del país donde el vendedor tenga su

residencia habitual. En este caso, será la ley japonesa.

¿Cabría la posibilidad, dadas las circunstancias especiales de este caso, sobre todo, las personales, y

al hecho de que la mercancía se ha entregado en Madrid, que el Tribunal español aplicase la ley

española, de acuerdo con lo dispuesto en el artº 4.3., del Reglamento Roma I, cuyo

tenor es el siguiente:

"Si del conjunto de circunstancias se desprende claramente que el contrato presenta vínculos

manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en los apartados 1 o 2, se aplicará

la ley de este otro país."?

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Tutoría de DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Caso práctico nº 26.-

Un empresario ecuatoriano, con residencia habitual en Quito (Ecuador), concluye en enero de

este año un contrato de compraventa en la ciudad de Frankfurt (Alemania) con un empresario

español, en virtud del cual el empresario español compra al empresario ecuatoriano una partida de

1.500 toneladas de café por un precio de 385.000,00 euros. Entregada la mercancía en Valencia –tal

y como preveía el contrato- el empresario español constata que la mitad de dicha partida está en

condiciones defectuosas para la venta. En consecuencia, el empresario español interpone demanda

ante el Juzgado de Primera Instancia de Valencia solicitando una indemnización de daños y

perjuicios por responsabilidad contractual.

1. Teniendo en cuenta que el contrato no establece la ley aplicable, ¿qué Derecho aplicará el

juez español para resolver el fondo de la controversia? Cite la norma aplicable.

2. ¿Podrían pactar las partes la sumisión al Derecho inglés aun cuando este Derecho no tuviera

ninguna vinculación con el supuesto? Razone jurídicamente.

Respuesta caso 26:

1. Aplicará las normas del Regl. 593/2008, Roma I, sobre la ley aplicable a las obligaciones

contractuales, ya que tiene carácter universal, y, por tanto, se aplicará con independencia de que la

relación contractual se sitúe dentro del ámbito de la UE o se vincule con un país 3º. Como el contrato

no establece la ley aplicable (autonomía de la voluntad de las partes), el Juez aplicará el art. 4.1 a) del

Regl. citado: “1. A falta de elección realizada de conformidad con lo dispuesto en el art. 3, y sin

perjuicio de lo dispuesto en los arts. 5 a 8, la ley aplicable al contrato se determinará de este modo: a)

el contrato de compraventa de mercaderías se regirá por la ley del país donde el vendedor tenga su

residencia habitual”. En nuestro supuesto, sería Ecuador. No obstante, el apdo. 3 del mismo art.

señala que si del conjunto de circunstancias se desprende claramente que el contrato presenta

vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado, se aplicará la ley de este

otro país.Creo que no es el caso.

2. Sí podrían pactar la sumisión al Dº inglés en base al art. 3.1 del Regl. 593/2008, que establece la

libertad de elección de las partes en cuanto la ley aplicable al contrato: “El contrato se regirá por la

ley elegida por las partes. Esta elección deberá manifestarse expresamente o resultar de manera

inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Por esta elección, las partes

podrán designar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato”.

Caso práctico nº 27.-

Don Antonio J., es un ingeniero especialista muy acreditado en la construcción de túneles.

Trabaja para una conocida empresa constructora española que en este momento tiene contratadas

distintas obras de construcción de carreteras en diversos países europeos y no europeos. Dada su

especialización, la empresa decide enviarle a algunas de estas obras para que supervise la ejecución.

Pero, antes de partir, se dirige a usted, como abogado, para hacerle una consulta previa por si en el

futuro surgieran diferencias con la empresa en torno a las condiciones pactadas. Se pregunta:

1.- Califique la relación contractual e indique cuál es el instrumento jurídico aplicable para la

determinación de la lex contractus.

2.- Una vez determinado el instrumento jurídico, ¿cuál sería la ley aplicable a dicho contrato?

Contemple todas las posibilidades.

Respuesta caso 27:

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1. Estamos ante un contrato de trabajo y el instrumento jco. aplicable para la determinación de la lex

contractus es el Regl. 593/2008, Roma I, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Tb.

hay que tener en cuenta la Directiva 96/71 sobre desplazamiento de trabajadores efectuado en el

marco de una prestación de servicios, que es una norma de conflicto especial que prevalece sobre la

solución general del Regl.

Esta Directiva obliga a respetar las condiciones de trabajo y empleo en el país de acogida

del trabajador o lugar de cumplimiento de la prestación.

Tutor: calificando la relación jurídica descrita en el enunciado y los textos de aplicación,

si bien la Directiva 96/71 será de aplicación entre Estados miembros de la Unión Europea, pero

estimo que no cuando el trabajador viaje a terceros Estados en su labor de supervisión de las obras

que su empresa esté ejecutando en dichos Estados. En cualquier caso, el Reglamento Roma I

establece en su artº 9 las leyes de policía que habrán de ser tenidas en consideración, sea cual fuere la

ley aplicable al contrato.

2. El Regl. Roma I admite que las partes pueden acordar la elección de la norma, pero es

una autonomía de la voluntad limitada, ya que éstas deben respetar las normas imperativas de

protección contenidas en los siguientes ordenamientos:

- Del país de cumplimiento de la prestación del trabajador: en este caso un país europeo

o no europeo, según el texto.

- Del país en que está situado el establecimiento que contrató al trabajador: en este caso,

España.

- Del que presente los vínculos más estrechos con el contrato: también sería España, en

nuestro supuesto.

Tutor: Teniendo en cuenta que en el enunciado no se menciona que las partes hayan elegido una

determinada ley por la que se rija el contrato y, a la vista de los frecuentes viajes que realiza el

ingeniero a distintos Estados de dentro y fuera de la Unión Europea, estimo que será de aplicación lo

dispuesto en el artº 8.3., del Reglamento 593/2008 (Roma I), por virtud del cual "Cuando no pueda

determinarse, en virtud del apartado 2, la ley aplicable, el contrato se regirá por la ley del país

donde esté situado el establecimiento a través del cual haya sido contratado el trabajador", esto es,

por la ley española.

Caso práctico nº 28.-

P.J.K. acude a la ciudad alemana de Munich con objeto de presenciar un importante

acontecimiento deportivo. Al finalizar el mismo se encuentra con un grupo del equipo rival quienes,

tras una serie de insultos y zarandeos, tiran la cámara de vídeo de P.J.K. al suelo. Ante tales hechos,

P.J.K. decide interponer una demanda por responsabilidad extracontractual y acude a usted como

abogado. Se pregunta:

1.- Una vez establecida la competencia del Tribunal español para conocer del asunto, ¿cuál es el

instrumento jurídico conforme al cual el juez español determinará el ordenamiento jurídico

aplicable?

2.- Conforme al instrumento elegido por usted en la primera pregunta, ¿cuál será el Derecho

material que aplicará el juez español?

Respuesta caso 28:

1.- Una vez establecida la competencia del Tribunal español para conocer del asunto, ¿cuál es el

instrumento jurídico conforme al cual el juez español determinará el ordenamiento jurídico

aplicable?

No sabemos el lugar de residencia habitual o domicilio de P.J.K., puesto que nada dice el enunciado.

Podríamos pensar que es España, pero es una mera suposición. Desconocemos el domicilio o

residencia habitual de los integrantes del grupo del equipo rival con quienes PJK discute.

Podríamos pensar que es Alemania, pero dado que se ha establecido la competencia del Tribunal

español para conocer del asunto, la única opción posible es que los del equipo rival tengan su

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domicilio en España, ya que el hecho dañoso (rotura de la cámara de vídeo) se ha producido en

Alemania.

La competencia judicial ha podido determinarse mediante el Reglamento 1215/2012, dado que se

trata de un conflicto de ámbito material civil.

Conforme a dicho Reglamento, además de la posibilidad de someterse de forma expresa o tácita a los

tribunales de un Estado miembro, se podría aplicar el foro general del domicilio del demandado (art.

4) o bien el foro especial por razón de la materia (art. 7.2). Conforme a éste último, «en materia

delictual o cuasi delictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda

producirse el hecho dañoso». En este caso, los tribunales españoles serían competentes en virtud del

art. 4 (el domicilio del demandado es España).

También se podría haber determinado la competencia judicial internacional conforme al art. 22.3 de

la LOPJ que dice que serán competentes los tribunales españoles cuando «el hecho del que derivan

(los daños) haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la víctima tengan su residencia

habitual común en España». Como el hecho ha transcurrido en Munich, la única opción sería que

ambas partes residieran en España, pero en ese caso, no sería de aplicación la LOPJ sino el

Reglamento Bruselas I refundido.

El tribunal español aplicará el Reglamento 864/2007 o Roma II, sobre obligaciones xtracontractuales

en materia civil y mercantil.

Para determinar la ley aplicable, el Reglamento prevé los siguientes supuestos:

- Autonomía de la voluntad: ambas partes eligen la ley aplicable aunque no tenga conexión con el

supuesto (mientras no perjudique derechos de terceros como las aseguradoras)

- Residencia habitual común de las partes. En este caso ambos deberían residir en España.

- Lugar en el que se produce el daño. En este caso sería la ley alemana.

- Cláusula de escape. Cuando el supuesto presente vínculos manifiestamente más estrechos con la ley

de otro país que no sea el del lugar del daño ni el de residencia habitual común de las dos partes.

2.- Conforme al instrumento elegido por usted en la primera pregunta, ¿cuál será el Derecho

material que aplicará el juez español?

A falta de elección de las partes, el juez aplicará el derecho español si damnificado y supuesto

responsable residen habitualmente en España (art.4.2). Si esto último no es así, recurrirá al derecho

alemán por haberse producido el hecho dañoso en Munich (art. 4.2). En principio, no parece

aplicable la cláusula de escape a este supuesto por no presentar el hecho dañoso vínculos más

estrechos con la ley de otro país (art. 4.3).

Entiendo que tiene prioridad la aplicación del derecho de la residencia habitual común sobre el

derecho del lugar del daño.

Caso práctico nº 29.-

Un vehículo matriculado en Francia, conducido por un ciudadano francés, colisiona en la

autovía Madrid-Burgos con otro vehículo matriculado en España y conducido por un ciudadano

español. De ese accidente de circulación se derivan una serie de responsabilidades. Se pregunta:

1.- ¿Son competentes los tribunales españoles para conocer de ese supuesto de responsabilidad?

Razone jurídicamente citando el texto legal aplicable y concretando cuándo es de aplicación.

2.- ¿Qué Derecho se aplica a la responsabilidad derivada del accidente: el Derecho francés o el

Derecho español? Razone jurídicamente citando el texto legal aplicable.

Respuesta caso 29:

1. Como ambos conductores tienen, supuestamente, su domicilio o residencia habitual en

Estados miembros, sí son competentes los Tribunales españoles en base al art. 7.2 del

Reglamento 1215/2012, Bruselas I refundido, que establece un foro especial de

competencia judicial internacional: "Las personas domiciliadas en un Estado miembro

podrán ser demandadas en otro Estado miembro (...). 2) En materia delictual o

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