La reforma laboral y la participación privada en los puertos del sector público, Otro de Economía. Universidad Kino
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Dockworker29 de octubre de 2017

La reforma laboral y la participación privada en los puertos del sector público, Otro de Economía. Universidad Kino

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Estudio de la CEPAL sobre la tematica economica-laboral-sindical portuaria en america latina y el caribe
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La reforma laboral y la participación privada en los puertos del sector público

CUADERNOS DE LA CEPAL 77

LA REFORMA LABORAL Y LA PARTICIPACIÓN PRIVADA

EN LOS PUERTOS DEL SECTOR PÚBLICO

NACIONES UNIDAS COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATMA Y EL CARIBE

Santiago de Chile 1996

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Este trabajo fue preparado por la Unidad de Transporte de la División de Comercio Internacional, Transporte y Financiarniento de la CEPAL

Copyrigth © Naciones Unidas 1996 Todos los derechos están revervados

Impreso en Santiago de Chile

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017, EE.UU. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Só1o se les solicita, que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

PUBLICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Número de venta S.96.II.G.7

ISSN 0252-2195 ISBN 92-1-321439-1

LC/G.1880-P Agosto de 1996

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ÍNDICE

Página

RESUMEN ................................................................................... 5 PREFACIO ................................................................................... 6

I. EL MARCO HISTÓRICO ......................................... 8

II. EL MOVIMIENTO LABORAL DE UN PUERTO VIRTUAL 13

A. Evolución de la negociación colectiva ......................... 13 B. La necesidad de una reforma laboral portuaria

en función del mercado .............................................. 17 C. La base del cambio ....................................................... 21

III. LOS PARÁMETROS DE MERCADO DE LA REFORMA LABORAL PORTUARIA. ............................................... 23 A. Políticas macroeconómicas ........................................... 23 B. El mercado laboral portuario ........................................ 28

1. La oferta de mano de obra portuaria ......................... 29 2. La demanda de mano de obra portuaria .................... 32

C. Los conflictos laborales ................................................ 35 D. Seguridad en el empleo ................................................. 40 E. La reinserción de los trabajadores despedidos

en la fuerza laboral ........................................................ 43

IV. LOS PARÁMETROS OPERACIONALES DE LA REFORMA LABORAL PORTUARIA ................................................ 46 A. Las necesidades de los usuarios del puerto .................. 46 B. Participación de los estibadores en las utilidades, las

decisiones relativas al lugar de trabajo y los derechos de propiedad .................................................................. 49

C. Adquisición de tecnología moderna y capacitación de los estibadores ............................................................... 54

D. Aumento de la eficiencia portuaria ............................... 57

V. EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA REFORMA LABORAL PORTUARIA ................................................ 60 A. El papel delos mecanismos del mercado ..................... 61 B. El papel de los gobiernos, ............................................. 64 C. El papel de los regímenes laborales .............................. 67 D. El papel de las negociaciones colectivas ...................... 70 E. El papel del movimiento, laboral portuario, ................. 74 F. El papel de los empresarios marítimos .......................... 77

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VI. LAS CONSECUENCIAS DE LA REFORMA LABORAL PORTUARIA .................................................................... 80 A. Consecuencias de carácter económico ......................... 81 B. Consecuencias de carácter político .................... 83 C. Consecuencias de carácter social ....................... 84

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............. 90 A. Nuevas funciones de los gobiernos .............................. 91 B. El proceso de la reforma laboral portuaria. ................... 94 C. Elaboración de un marco institucional

receptivo al mercado ..................................................... 96 D. Puesta en marcha de una estrategia .............................. 98

RECUADROS Y CUADROS

Recuadro 1 Importaciones japonesas de arroz .............................. 27 Recuadro 2 Trabajadores ocasionales en el puerto de

Rotterdam ..................................................................... 30 Recuadro 3 La demanda de servicios de estibadores y la

profundidad del agua .................................................... 36 Recuadro 4 Arbitraje real ............................................................. 37 Recuadro 5 Seguridad en el empleo en Brasil ............................... 42 Recuadro, 6 Ecuador: modernización del sector público .............. 44 Recuadro 7 Un amplio tratado de calidad para el puerto, de

Barcelona ...................................................................... 49 Recuadro 8 Decisiones obrero-patronales en Alemania ............... 50 Recuadro 9 Colaboración obrero-patronal. ................................... 52 Recuadro 10 Una empresa mixta obrero-patronal ......................... 53 Recuadro 11 Sistema de "desplazamiento" de costos y

trabajadores en los puertos de Israel ........................... 53 Recuadro 12 Multiplicidad de habilidades en el puerto de

Rotterdam ................................................................... 54 Recuadro 13 Reforma laboral en Chile ......................................... 69 Recuadro 14 Subsidios de las organizaciones extranjeras a los

sindicatos .................................................................... 72 Recuadro 15 Prestaciones módicas ............................................... 86 Cuadro 1 Productividad portuaria media ................................... 19

Cuadro 2 El impacto de los contenedores en la productividad de los estibadores ................................ 56

Cuadro 3 Afiliación sindical en los Estados Unidos .................. 75 Cuadro 4 Distribución estimada del ahorro después de la

liberalización en el ámbito comercial portuario en Chile ....................................................................... 83

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................... 102

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RESUMEN

Durante siglos quienes establecieron unilateralmente las condiciones de empleo de la mano de obra portuaria fueron los empresarios marítimos, pero en las últimas décadas en América Latina y el Caribe han sido los gobiernos, que son a la vez los empleadores, y los sindicatos. Los regímenes laborales vigentes atienden a la aspiración de los estibadores a un sustento adecuado, pero los aíslan de las señales del mercado y originan servicios monopolísticos de manipulación de la carga, con la consiguiente ineficiencia y sobredotación de personal. En una economía globalizada, es imperioso eliminar tales costos.

El comercio internacional ha transformado la competencia; ya no se trata de una pugna entre productos finales, sino entre todos los insumos que componen un producto, y la mano de obra no es sino un insumo más, con sus propias exigencias de mercado. Los objetivos comerciales de usuarios y empresarios marítimos y las metas sociales de los estibadores se han vuelto complementarios e interdependientes, y no pueden lograrse sin un esfuerzo colectivo de colaboración. El éxito comercial tiene una base social, que es importante no sólo para los trabajadores portuarios sino también para los usuarios y los empresarios marítimos. Los mecanismos del mercado y las leyes antimonopolio constituyen un parámetro independiente e imparcial con arreglo al cual pueden equilibrarse los objetivos comerciales y las metas sociales de empleadores y trabajadores. En una economía globalizada, la equidad social se orienta hacia la oportunidad y crea una fuerza de trabajo altamente motivada por su participación en las utilidades y en las decisiones de gestión, y apoyada en programas de capacitación, servicios de colocaciones, indemnizaciones y planes de jubilación anticipada.

Para elaborar regímenes laborales en función del mercado, es preciso que los gobiernos abandonen sus arraigadas tendencias a resolver los problemas comerciales por medios políticos. Deberían formarse equipos integrados por personas de distintos ministerios, grupos de usuarios, sindicatos portuarios, empresarios marítimos y administraciones de puertos, y eliminar los impedimentos regulatorios para dejar paso al libre juego de los mecanismos del mercado, descentralizar el mercado laboral, utilizar leyes antimonopolio para evitar el uso indebido de los mecanismos del mercado y cumplir con los límites de la equidad social orientada hacia la oportunidad al otorgar beneficios a los trabajadores. No se debería exigir que los empresarios marítimos pagaran por el valor político de los servicios de la mano de obra portuaria ni que emplearan a trabajadores innecesarios. Los usuarios y los empresarios marítimos deberían ver a la mano de obra portuaria como un singular instrumento de prestación de servicios, y los trabajadores deberían entender que su suerte está ligada a la viabilidad comercial de los usuarios y empresarios marítimos. Será necesario actualizar frecuentemente estos regímenes, a fin de responder a los cambios en las condiciones del mercado, y vigilar su aplicación, para velar por el cumplimiento de sus disposiciones.

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PREFACIO

El presente libro es el último de una trilogía. En el primero se presenta un análisis de las principales transformaciones que están ocurriendo en los servicios, los mercados, las tecnologías y el ambiente legal de los puertos, así como el papel esencial que les toca desempeñar en el logro de políticas de crecimiento basado en las exportaciones (CEPAL, 199la). En él se formulan directrices para hacer urgentes cambios en materia de instituciones portuarias sensibles a las señales del mercado, infraestructuras y tecnologías modernas, para que exportadores, importadores y transportistas estén en mejores condiciones de competir en una economía globalizada. Entre las numerosas recomendaciones, se señala la necesidad de identificar y definir el nuevo papel que deben desempeñar los sectores público y privado en los puertos en relación con el entorno comercial mundial, lo que llevó a la preparación del segundo libro, sobre la participación privada en los puertos estatales (CEPAL, 1992a). La principal contribución de dicho libro es la formulación de un marco institucional para la participación de inversionistas privados en los puertos estatales, lo que evitará los cuatro espectros de la privatización: el traspaso de un monopolio del sector público a la empresa privada; la socialización de las pérdidas y la privatización de las utilidades; el compromiso de la soberanía de una nación frente a los intereses privados o, peor aún, a los de otro país, y la eliminación de los sindicatos y pérdida de los beneficios que tanto les ha costado conseguir a los trabajadores portuarios. Ambos libros fueron presentados en varios seminarios nacionales celebrados en toda la región de América Latina y el Caribe.

En los debates que mantuvieron los participantes de esos seminarios, se determinó que la mano de obra era el impedimento más importante para la privatización de los servicios e instalaciones portuarios. El tercer y último libro obedece a su preocupación por los costos sociales excesivos que generalmente se relacionan con la privatización. En él se intenta facilitar los cambios comerciales que es preciso hacer en los puertos del sector público y se presenta un marco Instituciones para la reforma en función del mercado de los regímenes laborales, los acuerdos colectivos y las prácticas de trabajo portuarios. Se desarrolla un análisis que se compone de cuatro partes, con el fin de establecer las bases para alcanzar dicho objetivo. En la primera parte se presenta un marco conceptual que consiste en una reseña de la evolución del papel de las organizaciones sindicales portuarias y la descripción de un puerto virtual, de modo que los principales problemas que encaran los gobiernos miembros de la CEPAL, a saber, la estructura competitiva de una economía globalizada, las metas comerciales de exportadores, importadores, transportistas y empresarios marítimos, la seguridad en materia de empleo y prestaciones, los programas de readiestramiento, los planes de indemnización y la asignación de nuevas tareas, se entiendan como factores interdependientes que pueden motivar tanto a empleadores como a trabajadores a aumentar la competitividad de las exportaciones de una nación en los mercados mundiales. En la segunda parte se presentan análisis de los factores institucionales, operacionales y de mercado que exigen que se aplique una reforma comercial para crear un entorno laboral dinámico y sensible a los vaivenes del mercado para los estibadores.

Estos análisis sirven para demostrar que la demanda de servicios de manipulación de carga ya no puede satisfacerse dentro de una estructura monopolística; que la equidad social para los estibadores se ha desplazado de una base sociopolítica a una base comercial; que si se amplía la autoridad decisoria de los trabajadores portuarios, de modo que incluya ámbitos normalmente reservados a los empresarios marítimos, se facilitará el logro de los objetivos comerciales, y que la utilización de procedimientos oficiosos de solución de conflictos puede aumentar la productividad y rentabilidad, además de fortalecer las relaciones obrero-patronales. En la tercera parte se evalúan las repercusiones económicas, políticas y sociales de la reforma laboral portuaria a fin de exponer los beneficios que puede reportar a gobiernos, estibadores y empresarios marítimos eliminar las alianzas entre trabajadores y gobierno y entre empleadores y gobierno, transformar las relaciones laborales antagónicas en pro de un objetivo común, desplazar las negociaciones colectivas del plano nacional al de cada puerto en particular, compartir información, adoptar regímenes institucionales de mercado para la mano de obra

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portuaria y motivar a los trabajadores respondiendo al carácter social del mercado laboral. En la cuarta y última parte se incluyen conclusiones y recomendaciones que los gobiernos podrían considerar al formular planes para la reforma comercial de los regímenes laborales, los acuerdos colectivos y las prácticas de trabajo portuarios.

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I. EL MARCO HISTÓRICO

En el siglo XVI, la carga y descarga de buques y el consiguiente almacenamiento de las mercaderías eran faenas que realizaban sobre todo las tripulaciones de los barcos, los empleados de los dueños de la carga y trabajadores ocasionales que contrataban éstos o los capitanes de los buques. La mayoría de los trabajadores portuarios ocasionales eran pescadores, agricultores, comerciantes del lugar y observadores que aceptaban el empleo temporario de manipular la carga cuando estaban libres de sus ocupaciones habituales. Casi todos los trabajadores se dedicaban a diversas actividades, según la temporada, la demanda y la posible remuneración. El único requisito para contratar a esos hombres era su estado físico; no se trataba de aptitudes especiales ni capacidad para resolver problemas. Los servicios de manipulación y almacenamiento de la carga eran tareas de uso intensivo de mano de obra y, dada la índole transitoria del empleo en el puerto, los trabajadores portuarios -denominación que, a los efectos del presente libro, incluye a todos los que se ocupan de la manipulación y almacenamiento de la carga en los puertos y a bordo de los buques- podían contratarse y despedirse según las variaciones en la demanda de sus servicios. Tales operaciones eran supervisadas por los capitanes de los barcos y los dueños de las cargas. Las condiciones de empleo de entonces, y durante muchos siglos más tarde, estaban determinadas unilateralmente por los empleadores. Los trabajadores tenían que aceptar las condiciones impuestas o buscar empleo en otro sitio.

Los estibadores realizaban sus faenas en un entorno que sólo puede calificarse de inseguro, peligroso e insalubre. Se los trataba como simples instrumentos para el enriquecimiento personal de los patrones. Se los contrataba y despedía día a día y de trabajo en trabajo. En una época en que no existían condiciones de seguridad y no se contemplaba la previsión social o la atención de la salud, romperse un hueso equivalía a quedarse inválido de por vida, las laceraciones con frecuencia eran fatales y los cargamentos infestados de ratas exponían a los trabajadores a pestes mortíferas. No necesitaban entrenamiento, y se los podía reemplazar fácilmente si se cansaban, no podían trabajar, no querían correr riesgos o estaban lesionados o enfermos. Los trabajadores portuarios eran remunerados con lo que tuvieran disponible los capitanes o dueños de la carga, y en general se trataba de las mercancías no aptas para la venta. Carecían de cualquier tipo de seguridad en el empleo o de derechos de indemnización por lesión y enfermedad, ya que los transportistas y dueños asumían estrictamente los costos de manipulación de carga, en tanto los componentes sociales, como las prestaciones de salud, discapacidad y jubilación, corrían por cuenta de los propios trabajadores. Los estibadores eran contratados precisamente por lo que los empresarios marítimos no tenían que pagarles, vale decir, los costos sociales de su relación laboral. Estas condiciones sentaron las bases para que durante siglos se creyera que el trabajo portuario era para los que no podían encontrar empleo en otra parte.

Con el transcurso de los años, lentamente la mano de obra ocasional comenzó a reemplazar a las tripulaciones de los barcos en las operaciones de carga y descarga. Se construyeron depósitos en la zona del puerto para almacenar mercancías y disponer de un lugar para su inspección y compra. Se utilizaron zonas aledañas ubicadas en el territorio adyacente a los puertos para construir casas para los estibadores que, dado lo impredecible de las llegadas de los buques y la falta de comunicaciones y sistemas de transporte público adecuados, tenían que vivir a corta distancia de su lugar de trabajo, para que se los pudiera llamar con facilidad y pudieran acudir a pie. Más tarde, esos depósitos y barrios residenciales contribuirían a entorpecer los esfuerzos por ampliar las instalaciones portuarias y restringir el acceso a transportistas terrestres y ferroviarios. Muchos periódicos de ciudades portuarias se iniciaron publicando información sobre las llegadas y partidas de los buques, así como avisos para la venta de mercancías y oportunidades de empleo en los puertos. En los últimos años del siglo XIX, puertos y barcos empezaron a estar dotados de cabrestantes a vapor, lo que permitió aumentos enormes de la productividad en la manipulación de carga. Los estibadores reaccionaron a estos aumentos de productividad y al carácter abusivo del empleo portuario ocasional organizando sociedades de asistencia mutua que luego se transformarían en sindicatos poderosos y dominantes.

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Con la creación de los sindicatos, los trabajadores portuarios comenzaron a plantear sus reclamos de mejoras salariales y previsionales y, paulatinamente, fueron sentando las bases de un nuevo sistema social en nombre de la clase trabajadora (Rial, 1988, pp. 511-591; Morris, 1966, pp. 93-95; Payne, 1965, pp. 13 y 36-37). En 1903, por ejemplo, el puerto de Valparaíso (Chile) quedó paralizado por una huelga. Los estibadores incendiaron uno de los principales edificios navieros del centro de la ciudad y el saldo fue una enorme cantidad de muertos y heridos en enfrentamientos con la policía y un destacamento naval (Ramírez Necochea, 1956). En 1913, el Gobierno del Perú aprobó reglamentaciones relativas a las negociaciones colectivas, huelgas y arbitraje obligatorio. Para hacer frente a las huelgas, creó una oficina del trabajo en el Ministerio del Interior, posteriormente traspasada al Ministerio del Trabajo. Dicha oficina fue facultada para resolver tales conflictos por decreto y dio órdenes a los oficiales de policía para que impusieran soluciones en el mismo momento si la violencia era excesiva. En 1920, la Constitución del Perú dispuso el arbitraje obligatorio de los conflictos laborales y delegó su resolución al Ministerio del Trabajo (Matos Mar, 1988, pp. 309-352; Gonzales Rosales, 1953, pp. 15 y 16). La ausencia de una relación permanente o contractual entre trabajadores y empleadores frustraba las negociaciones colectivas y la resolución de conflictos. En consecuencia, éstos generalmente se resolvían a nivel político merced a la intervención de órganos públicos.

A fines del siglo XIX y principios del XX el movimiento obrero comenzó a asumir una actitud más enérgica en cuanto a organizarse y empezó a concentrarse en una amplia gama de actividades comerciales, a saber, minería, construcción y operación de ferrocarriles, nuevas empresas comerciales y bancarias, transporte, y también pequeñas fábricas y tiendas. En ese entonces, los académicos elaboraban estudios sobre la "cuestión social", o la "cuestión del trabajador" y los "problemas del trabajador". Se consideraba que los insumos tradicionales de mano de obra y capital se enfrentaban en un conflicto irreconciliable y destructivo, y estos factores se combinaron para crear un período de extrema tensión social, protestas obreras y agitación ideológica (Iguiñiz, 1988, pp. 353-409; Payne, 1965, pp. 34, 35 y 202). La Gran Depresión de los años treinta contribuyó enormemente a la amplia aceptación de la tesis, originalmente propuesta por John Maynard Keynes, de que los gobiernos que atravesaban una atonía económica con trabajadores ociosos debían bajar las tasas de interés y aumentar el déficit del gasto para reducir el desempleo (Keynes, 1936).1 Estos factores favorecieron la creencia muy generalizada de que un gobierno intervencionista era esencial para la estabilidad económica y el pleno empleo, lo que llevó a muchos gobiernos de la región de la CEPAL a adoptar regímenes laborales ambiciosos y paternalistas en los años treinta (Latin Finance: Corporate Finance in Latin America, 1993, pp. 32, 33 y 36; Edwards, R., 1993, p. 13; Banuri, 1990, pp. 51-61).

El modelo paternalista permite que el movimiento obrero usurpe lentamente la autoridad regulatoria que tienen los gobiernos sobre los puertos y brinda a los trabajadores los medios de fortalecer sus demandas salariales y sociales. Los sindicatos portuarios han establecido alianzas mutuamente beneficiosas con gobiernos y partidos políticos y confederaciones nacionales del trabajo (Gazeta mercantil, 29 de junio de 1993, p. 4; El Mercurio, 30 de abril de 1993, pp. Al y A24; Tironi, 1988, pp. 45-74; Burns, 1972, pp. 200 y 201; Payne, 1965, p. 92). Por ejemplo, los estibadores y empleados administrativos del puerto de Santo Tomás de Castilla (Guatemala) utilizaron presión política para tener derecho a percibir un 25% de los ingresos portuarios, en tanto el gobierno recibe 50% y la empresa portuaria estatal debe utilizar el 25% restante para pagar los salarios y beneficios de sus funcionarios, así como inversiones. Asimismo, la ley federal del trabajo de México exige que las empresas compartan con sus empleados 10% de las utilidades antes de deducir impuestos.2 Los fabricantes y empresarios marítimos también crearon asociaciones comerciales para representar sus intereses ante trabajadores y gobiernos.3 Las alianzas políticas, las confederaciones del trabajo y las asociaciones comerciales se utilizan para respaldar los esfuerzos de los participantes por influenciar a los gobiernos a fin de que formulen

1 Véase la pertinencia de la economía keynesiana hoy, en The Washington Post (15 de junio de 1994). 2 Artículo 123 de la copnstitución de 1917 (García-Rocha, 1990, pp.141-154). 3 Véase el comentario sobre dichas asociaciones, no desde el punto de vista de equilibrar las relaciones obrero-patronales, sino de realizar actividades

antisindicales, en Goldfield (1987, pp.190-193).

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regímenes regulatorios que les otorguen distintas metas que no son de mercado, pero el valor de dichas metas está determinado por factores comerciales que se desarrollan en un marco económico global y que simplemente ya no pueden controlarse con fuerzas políticas.

En un reciente estudio de la CEPAL se advirtió que tales confederaciones, alianzas y asociaciones hacen sumamente difícil el logro de reformas laborales (CEPAL, 199la, p. 53).4 Sin embargo, la reforma laboral portuaria no es imposible. A modo de ilustración, cabe mencionar que durante 40 años los estibadores controlaron los puertos del Reino Unido, pero en 1983 éstos comenzaron a venderse a inversionistas privados y seis años después se derogó el régimen que otorgaba control monopolístico de los servicios de manipulación de carga a los sindicatos, el plan de mano de obra portuaria registrada (The Journal of Commerce, 16 de septiembre de 1994, p. 18; CEPAL, 199la, p. 47). Los regímenes laborales portuarios en función del mercado deben eliminar los monopolios en la manipulación de carga, acabar con la participación directa del gobierno en las negociaciones colectivas, detener la fragmentación de las actividades de manipulación de carga en un número interminable de pequeñas tareas para crear más puestos de trabajo, suspender las subvenciones públicas que absorben el costo de las prácticas laborales ineficientes, dejar sin efecto los sistemas de registro de la mano de obra portuaria que limitan la oferta de trabajadores a una nómina controlada de personas y generar competencia creando una base para la participación privada. Tales transformaciones no son superficiales ni cosméticas y ponen en tela de juicio la validez de los supuestos utilizados para establecer los actuales regímenes laborales portuarios.

Desde los años treinta, los regímenes laborales portuarios de América Latina y el Caribe se han basado en los siguientes supuestos:

1. Los gobiernos deben intervenir en las relaciones laborales porque los intereses de sindicatos y empresarios marítimos están enfrentados en un conflicto irreconciliable y destructivo.

2. Los servicios prestados por los estibadores que tienen monopolios de manipulación de carga pueden ser tan eficientes y productivos como los que presta el sector privado en un entorno competitivo.

3. No es necesario que los gobiernos ni el movimiento laboral portuario respondan a los mecanismos del mercado.

4. El hecho de que los empresarios marítimos utilicen tecnologías que ahorran mano de obra es una falta de responsabilidad social.

5. Los estibadores sólo se esforzarán por aumentar la eficiencia del puerto si se les ofrece incentivos monetarios.

6. La existencia de monopolios de mano de obra portuaria, sistemas de registro, alianzas políticas y subvenciones gubernamentales no redundará en una oferta excesiva de trabajadores ni en el pago de beneficios no ganados.

7. Los costos sociales de la reforma laboral portuaria son tan altos que los gobiernos no pueden incorporar los mecanismos de mercado en los regímenes laborales a fin de lograr un equilibrio de índole comercial entre los intereses de exportadores, importadores, transportistas, estibadores y empresarios marítimos.

Estos supuestos se formularon y utilizaron durante cinco decenios, de 1930 a 1980, y sirvieron para que los gobiernos modificaran las señales del mercado mediante sistemas de registro de la mano de obra, monopolios de manipulación y almacenamiento de la carga y subvenciones directas y cruzadas. Actualmente han perdido gran parte de su legitimidad, con la aparición de la economía globalizada y la introducción de políticas de crecimiento basado en las exportaciones. Ya no se puede considerar que el capital y la mano de obra son medio y fin y, como tales, están enfrentados en un conflicto irreconciliable y destructivo, ya que son dos medidas de la misma realidad. Ambos son medios y fines, y sólo pueden alcanzarse en un entorno sujeto a los mecanismos del

4 Como señaló Maquiavelo (1961, p. 51), hace unos 400 años, es preciso considerar que no hay nada más difícil de hacer, ni cuyo éxito sea más dudoso, ni más peligroso de manejar, que iniciar un nuevo orden de cosas. Es que el innovador tiene enemigos entre todos los que se benefician con el orden antiguo, y sólo endebles defensores entre quienes se beneficiarían con el nuevo.

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mercado, dado que éstos ofrecen un parámetro independiente e imparcial para conciliar los objetivos comerciales y sociales del capital y la mano de obra. Los objetivos comerciales de exportadores, importadores, transportistas y empresarios marítimos y las metas sociales de los estibadores portuarios han pasado a ser complementarios e interdependientes, y no pueden lograrse sin un esfuerzo colectivo. Pese a esta realidad, cada supuesto es esgrimido por una serie de poderosos grupos de interés que intentan influir en el gobierno para continuar utilizándolo, aun de manera espuria, para conservar sus privilegios no comerciales.

Una de las principales medidas utilizadas para exponer a los estibadores a la competencia y los mecanismos del mercado es crear una base para la participación privada en los servicios portuarios. Ni los fabricantes ni los puertos se empobrecen con la competencia. Más bien, la competencia contribuye a la creación de riqueza, a través de las inversiones y el dimensionamiento comercial de la fuerza laboral y el perfeccionamiento de los trabajadores profesionales mediante cursos de capacitación. El movimiento obrero considera que la participación privada es una amenaza seria a la seguridad en el empleo y de los beneficios de sus miembros, y reclama que equivale a un "dumping social"; los gobiernos sacrifican los logros sociales del trabajador en aras de los objetivos comerciales del capital (Fairplay International Shipping Weekly, 2 de septiembre de 1993, p. 4; The Journal of Commerce, 25 de junio de 1993, pp. 1A, 2A y 12B). Así como los problemas de la democracia se resuelven merced a una mayor participación ciudadana, la recuperación de los beneficios sociales de los trabajadores desplazados y la generación de nuevas fuentes de empleo para ellos se logran respondiendo a la competencia (Linde, 1995, pp. 2-5; Ámbito Financiero, 8 de septiembre de 1994, pp. 29 y 40). Dicha respuesta permitirá que el tremendo poder de adaptación de la economía de mercado establezca una base para el crecimiento comercial y el progreso social. Cada uno de los componentes de los objetivos comerciales y la equidad social en una economía globalizada cambia constantemente, al hacer frente a los nuevos desafíos que encaran los gobiernos, las nuevas necesidades de los estibadores y las nuevas oportunidades contempladas por el sector privado. Para resolver estas cuestiones, los gobiernos deberían acercarse y escuchar a los exportadores, importadores y transportistas, no sólo a los sindicatos y empresarios marítimos, para lograr un consenso que permita la reforma laboral portuaria.

Los elementos básicos para ese consenso existen hoy. El movimiento obrero ya no tiene los atributos de una doctrina ideológica orientada hacia una transformación revolucionaria de la sociedad ni recibe la protección de un sector público paternalista; muchos empresarios marítimos tampoco consideran que los trabajadores portuarios todavía abundan, son baratos y totalmente intercambiables, pero ello no basta para crear regímenes laborales que respondan a las leyes del mercado. Hay que contestar a muchas preguntas para formular tales regímenes. Por ejemplo, hay que saber cuáles son los factores económicos y sociales que justificaron la adopción de los actuales regímenes laborales y si esos factores existen hoy; si han cambiado los componentes de equidad social para la mano de obra portuaria; qué papel debe asignarse a los objetivos comerciales de exportadores, importadores, transportistas y empresarios marítimos en un marco institucional que garantiza la equidad social para los trabajadores portuarios; si los gobiernos pueden hacer caso omiso de los mecanismos de mercado en la formulación de regímenes laborales; qué grupos son responsables de la elaboración, aplicación y modificación de ese marco y, finalmente, cómo responderá el movimiento laboral portuario a estas iniciativas. Las respuestas a estas y otras preguntas ayudarán a que los gobiernos elaboren políticas laborales portuarias apropiadas que permitirán conciliar y lograr los objetivos comerciales y la equidad social.

La equidad social no consiste en repartir en forma absolutamente igual riqueza, beneficios, utilidades y privilegios. En un documento reciente de la CEPAL se indica que tiene los siguientes objetivos:

"El primero es minimizar la proporción de personas y hogares cuyas condiciones de vida se ubican por debajo de lo que la sociedad considera aceptable, tanto económica como social y políticamente. El segundo es promover el desarrollo de los talentos potenciales existentes en todos los grupos de la sociedad, eliminando progresivamente los privilegios y las discriminaciones jurídicamente establecidos, así como la desigualdad de oportunidades de cualquier tipo, incluyendo aquellas asociadas al origen social, étnico o

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geográfico, o bien al sexo. El tercero es buscar que ni el poder ni la riqueza, ni tampoco los frutos del progreso, se concentren de tal manera que se restrinja, para las generaciones futuras y presentes, su ámbito de libertad" (CEPAL, 1992b, p. 15).

Este enfoque brinda un conveniente punto de partida para definir la equidad social en el caso de la mano de obra portuaria.

Para los propósitos de este estudio, la equidad social es comercial y se orienta hacia la oportunidad. Ya no se ajusta a los parámetros de otrora, paternalistas y burocráticos, que distorsionaban el mercado, simplemente porque no garantiza puestos de trabajo ni un nivel determinado de ingresos, beneficios y poder adquisitivo a los trabajadores (Apolo, 1994, pp. 40 y 41). La eliminación de tales garantías impone un cambio de enfoque de la equidad social, de los numerosos, variados y a menudo contradictorios deseos personales de los estibadores a sus necesidades profesionales como operadores de máquinas y manipuladores de carga. Vale decir que la equidad social tiene una dimensión comercial y ya no puede invocarse para obligar a los empresarios marítimos a asumir el costo de peluquería de los trabajadores portuarios, a suministrar autobuses para transportarlos de sus casas a los puertos, a aceptar sistemas de empleo según los cuales las vacantes que se producen se reservan implícitamente para los hijos de los trabajadores que se jubilan, a otorgar becas a todos los hijos de estibadores, a proporcionar instalaciones recreativas para los trabajadores portuarios y a pagar prestaciones de viaje y subsistencia a los que son miembros de equipos atléticos para que participen en eventos deportivos nacionales e internacionales (Apolo, 1994, p. 43; The Journal of Commerce, 30 de septiembre de 1994, p. 1213; Fairplay International Shipping Weekly, 29 de septiembre de 1994, p. 32; 3 de junio de 1993, p. 35; El tiempo, 14 de junio de 1993, p. 813; Couper, 1986, pp. 83, 93 y 113; Evans, 1966, p. 48). En consecuencia, una definición comercial y orientada hacia la oportunidad de la equidad social ofrecería múltiples posibilidades a la mano de obra, haría innecesarios sus privilegios, que son contraproducentes para el comercio, y les permitiría apoyar los objetivos comerciales de exportadores, importadores, transportistas y empresarios marítimos.

Si se aplicara un criterio comercial y orientado hacia la oportunidad para la equidad social, se debería garantizar la disponibilidad de programas de capacitación y readiestramiento para los estibadores, así como la asignación de nuevos puestos de trabajo para que rápidamente pudieran reincorporarse en la fuerza laboral nacional, pagos por jubilación anticipada, compensación justa por renunciar a derechos y privilegios adquiridos y un marco institucional que vele por que ningún otro grupo de la comunidad portuaria o comercial se apropie de los beneficios y privilegios de los que ellos se han privado. De esta manera se asegura que los trabajadores portuarios puedan mejorar su competencia profesional, así como su vida material, cultural, ética y espiritual (Vidal, 1981, pp. 105 y 106). El concepto de equidad social ya no está divorciado de los objetivos comerciales de exportadores, importadores, transportistas y empresarios marítimos, porque contribuye a crear un entorno laboral dinámico que promueve el avance progresivo de las aptitudes, remuneración y satisfacción en el empleo de los estibadores. También exige que los gobiernos los expongan a los mecanismos del mercado y, al mismo tiempo, minimicen la carga que se le impone a la mano de obra al transformarla de un monopolio a un régimen institucional de mercado. Así, los objetivos de la equidad social moderna son crear una fuerza de trabajo portuaria dinámica, calificada y bien remunerada, y permitir que los puertos funcionen como entidades comerciales sin protección, dentro de un entorno mundialmente competitivo.

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II.EL MOVIMIENTO LABORAL DE UN PUERTO VIRTUAL

En América Latina y el Caribe muchos gobiernos han intentado aumentar la productividad y reducir los costos de sus puertos estatales. En esos esfuerzos ha sido crucial la oferta de servicios de manipulación y almacenamiento de la carga que han hecho los intereses privados. La mayoría de los regímenes laborales se ha estructurado para responder a los deseos de la mano de obra portuaria y alterar las señales del mercado a fin de lograr diversas metas sociales, lo que ha creado un fuerza de trabajo onerosa, inflexible y altamente ineficiente. Los dirigentes sindicales portuarios afirman que el problema fundamental son los gobiernos, no los trabajadores, y han preparado estudios que muestran que en los puertos del sector público hay varios empleados administrativos por cada trabajador portuario, a veces a razón de 8 a 1. La mayoría de los puestos administrativos se otorgan para pagar deudas políticas, lo que queda demostrado cuando se reemplaza a estas personas en grupo después de cada elección nacional.

A juzgar por artículos periodísticos sobre las posiciones antagónicas de exportadores, importadores, transportistas, estibadores y la administración portuaria, es evidente que no hay áreas de coincidencia ni para la participación privada ni para la reformulación comercial de los regímenes laborales. Sin embargo, con la aparición de la economía globalizada y la introducción de políticas de crecimiento basado en las exportaciones, los dueños de las cargas, transportistas y empresarios marítimos exigen que los trabajadores aumenten la productividad y controlen los costos para mejorar la competitividad de sus productos y servicios en los mercados nacionales e internacionales, y que los gobiernos reformulen el marco institucional del trabajo portuario a fin de incorporar los cambios registrados en el entorno económico. Un creciente número de gobiernos ha aceptado este desafío; es por eso que la mano de obra portuaria atraviesa por un período de transición de una estructura monopolística a una estructura competitiva.

El movimiento laboral portuario típico de América Latina y el Caribe desarrollado en este capítulo ilustra los obstáculos que se oponen a esa transición. Con él se pretende sentar las bases para entender los cambios que hacen falta en los regímenes laborales portuarios, los sindicatos y los gobiernos, a fin de satisfacer las exigencias de una economía globalizada. Los riesgos que entraña no reformar los regímenes laborales portuarios son evidentes para los gobiernos y para toda la comunidad portuaria: un puerto que no resulta comercialmente atractivo para dueños de carga y transportistas; un contexto complicado donde desarrollar las relaciones laborales, que responde a las influencias políticas, no a las señales del mercado; una base comercial inadecuada para financiar inversiones en infraestructura; posible corrupción de los funcionarios públicos; menor competitividad de las exportaciones en los mercados mundiales, y mayores precios de las importaciones para los consumidores internos. Para reformar las instituciones y regímenes laborales portuarios, algunas de las consideraciones más importantes se refieren a i) la evolución de la negociación colectiva, ii) la necesidad de una reforma laboral portuaria y iii) un punto de partida.

A.EVOLUCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Generalmente se define a un puerto como un fondeadero, bahía, rada o abrigo donde se han construido instalaciones para facilitar la carga y descarga de buques, el almacenamiento del cargamento, la inspección aduanera de las mercancías y el traslado de estas de los medios de transporte marítimos a los terrestres (CEPAL, 199la, p. 24). También podría describirse como un centro comercial que combina recursos naturales, mano de obra y capital para prestar los servicios antedichos para beneficio de exportadores, importadores y transportistas. Desde el punto de vista humano, es un lugar donde los trabajadores pasan gran parte de su vida activa, logran éxitos y enfrentan fracasos, reciben entrenamiento, adquieren experiencia y pertenecen a sindicatos, ganan una remuneración para educar a sus hijos y alimentar a sus familias, y hacen aportes a planes

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de salud y jubilación. De estas tres perspectivas del puerto, a saber, la física, la comercial y la humana, el gobierno ha apoyado enérgicamente la última, en detrimento de las instalaciones físicas y los objetivos comerciales. Ello dio lugar a la creación de monopolios para la manipulación y almacenamiento de la carga, sistemas de mano de obra registrada, alianzas entre trabajadores y gobierno, subvenciones, negociaciones colectivas tripartitas (gobierno, empleadores y trabajadores), subcontratación de las tareas de los estibadores portuarios a trabajadores ocasionales, no registrados, y rechazo de las tecnologías que desplazan a la mano de obra.

A partir de finales del decenio de 1850, el entorno político de la típica nación de América Latina y el Caribe estaba dominado por una polarización de las ideologías político-económicas que en definitiva llevaron a la creación de una amplia gama de partidos políticos diferentes. En ese entonces, el producto nacional bruto se basaba en gran medida en la agricultura y los latifundistas querían conservar su predominio en los asuntos nacionales, a fin de mantener una política monetaria inflacionaria. Esto les permitía cancelar deudas contraídas a nivel local con moneda nacional cada vez menos valiosa, mientras ganaban divisa fuerte, de creciente valor, con sus exportaciones. Para los trabajadores la situación era insostenible: experimentaban una pérdida de poder adquisitivo porque los empleadores no ajustaban sus salarios a la inflación, lo que provocó descontento y justificó la representación sindical. Los trabajadores encontraron que su causa contaba con el apoyo de ciertos partidos políticos, profesionales, profesores de universidad y clérigos, pero nadie estaba dispuesto a arriesgarse a alterar el orden político-económico establecido. Rápidamente los sindicatos pasaron a ser cruzadas sociales que intentaban imponer un nuevo orden político-económico en el nombre de la clase trabajadora. Al descubrir que se trataba de una empresa imposible, se concentraron en obtener mejoras salariales y sociales para los trabajadores, dentro del sistema existente.

Una vez que el movimiento sindical portuario obtuvo reconocimiento jurídico, sus líderes gradualmente comenzaron a apropiarse de muchas funciones regulatorias de los ministerios de obras públicas, transporte y trabajo. Con el transcurso de los años, dichos dirigentes pasaron a tener un papel preponderante en cuanto a prescribir elementos de su propio marco regulatorio, determinar tecnologías apropiadas, ejercer influencia para que el gobierno proporcionara subvenciones y obligar a la administración portuaria estatal a responder a sus reclamos de salarios y beneficios y a sus deseos de control monopolístico de los servicios de manipulación de carga. Dichas demandas se satisfacían independientemente de las calificaciones del trabajador, el valor de los servicios prestados o el impacto en la competitividad de las mercancías movilizadas, dado que los dirigentes sindicales dominaban los procesos gubernamentales a través de alianzas mutuamente beneficiosas con partidos políticos y funcionarios elegidos y designados. Muchos gobiernos han utilizado los puertos para dar trabajo a los desempleados y colocar en posiciones ejecutivas a miembros leales del partido. Estas medidas aumentan innecesariamente los costos portuarios y fortalecen los monopolios de manipulación de carga, ya que los directores encargados de los puertos no tienen experiencia y sucumben a las demandas de los trabajadores.

En tal situación, dichas demandas distorsionan el entorno comercial en los puertos. Los trabajadores, los partidos políticos y el gobierno consideran que la negociación colectiva es un medio para redistribuir la riqueza de la nación -tarea que usualmente está reservada a los impuestos-, no un medio de garantizar que se atiendan puntualmente las necesidades de los exportadores, importadores y transportistas. Los estibadores opinan que su posición negociadora dominante ante el gobierno y la administración portuaria estatal, los salarios altos y los beneficios generosos son justificados, y suponen categóricamente que cualquier cambio para aumentar la productividad propuesto por exportadores, importadores o transportistas será el inicio de un proceso tendencioso que eliminará puestos de trabajo. El gobierno, como empleador de la mano de obra portuaria y administrador de los puertos estatales, ocupa una posición poco envidiable. Como necesita las divisas que las exportaciones reportan a la nación, opta por apoyar a la comunidad portuaria y comercial, pero abriga la ambición política de permanecer en el poder y está muy consciente de que la confederación sindical nacional

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podría dar instrucciones a sus miembros para que votaran por un candidato de la oposición si se modificara cualquier componente del régimen laboral portuario establecido.

Es engañoso decir que los sindicatos portuarios se oponen a una reforma en función del mercado del marco regulatorio que rige sus actividades, ya que revela una claridad normativa que no existe. Lo que sí existe es una resistencia general a cualquier cambio del statu quo, ya sea político, comercial, técnico, institucional y social, porque las alteraciones en cada uno de esos ámbitos han reducido ostensiblemente la demanda de los servicios de los estibadores (The Economist Intelligence Unit, 1994a, p. 25). Los trabajadores expresan el temor de que, si son más productivos, habrá menos trabajo; si los exportadores e importadores ganan más por la baja de los costos de manipulación de carga, se reducirán sus salarios y beneficios; y si los empleadores privados prosperan, los estibadores se hundirán en la pobreza.

Este temor expresa una convicción errada de que las utilidades y los puestos de trabajo de un grupo de la comunidad portuaria se consiguen a expensas de otro. Poco tiene que ver con la capacidad de generar riqueza que muestra el mercado en una economía abierta. El crecimiento en las economías de mercado abierto se manifiesta en gran medida en el progreso recíproco y en desplazamientos de la mano de obra de un sector a otro, no en la redistribución de una cantidad fija de riqueza y trabajo (The Economist, 1 de octubre de 1994, p. 15).

Los sindicatos portuarios negocian acuerdos colectivos con el gobierno (la administración portuaria), entran en disputas con el gobierno (los empresarios marítimos) y utilizan al gobierno (el Ministerio del Trabajo y los tribunales) para resolver conflictos. El puerto es un organismo público, los estibadores son empleados públicos y las negociaciones colectivas son bipartitas (gobierno-trabajadores), no tripartitas (gobierno-trabajadores empleadores). Habitualmente los conflictos surgen porque los exportadores, importadores y transportistas exigen que el gobierno (administraciones portuarias y empleadores) obligue a los trabajadores a aceptar tecnologías modernas y arreglos institucionales que aumenten la productividad y reduzcan los costos. Los sindicatos exigen que el gobierno proteja sus salarios, beneficios y fuentes de trabajo. Para resolver los conflictos, el gobierno (Ministerio del Trabajo) interviene y en general decide que no se comprará el equipo o, si la compra es inevitable, que se lo utilizará aplicando prácticas de uso intensivo de mano de obra. En la mayoría de las huelgas ilícitas, vale decir, las que se hacen antes de agotar todos los mecanismos de resolución de conflictos o las que no respetan un acuerdo antihuelga previo, el gobierno (administraciones portuarias y tribunales) no entabla demanda ni impone castigo alguno. Dado el carácter bipartito de las relaciones de la mano de obra portuaria y la atención marginal que se presta a los factores comerciales, es imposible no cuestionarse si conviene que le quepa al gobierno un papel tan preponderante.

En las negociaciones colectivas los sindicatos abordan los temas más inmediatos, como el tamaño de las cuadrillas, las horas de trabajo, las vacaciones y los beneficios de salud, en tanto las dos confederaciones, una para los trabajadores registrados y otra para los ocasionales, se utilizan como organizaciones coordinadoras para realizar huelgas de todo el sector y para la negociación política al nivel ministerial.5 También participa una serie de asociaciones de industriales, organizadas por tipo de actividad, pero ninguna de ellas actúa como vocero nacional frente a los gobiernos y a los trabajadores (Matos Mar, 1988, pp. 309-352). El gobierno terminó con los monopolios de manipulación de carga en el barco y en tierra, y con la distinción entre esas actividades, hace más de un decenio, después de lo cual los 15 sindicatos existentes se dividieron en más de 100. Los sindicatos forman parte de una u otra confederación nacional. Las actividades de cada confederación están regidas por comités ejecutivos integrados por siete miembros, elegidos por sus respectivas juntas directivas para cumplir mandatos de dos años. La asamblea bienal de delegados de los sindicatos miembros elige a la junta directiva. Esta estructura orgánica formal aparentemente representa los intereses de los trabajadores, pero en realidad no es así. Los sindicatos de los trabajadores registrados y ocasionales del principal puerto de la nación tienen

5 Con respecto al papel del Consejo Nacional de Sindicatos de Estibadores de Japón, véase The Journal of Commerce (8 de abril de 1993, p. 1B).

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desmesurada voz y voto en los asuntos de la confederación y en más de una oportunidad han amenazado con retirarse si no se satisfacen sus demandas concretas.

El marco institucional existente que rige el trabajo portuario no expone a las administraciones (empresarios marítimos) ni a los trabajadores portuarios a los mecanismos del mercado, de modo que no hay razones para negociar acuerdos colectivos que respondan a las señales del mercado y atiendan las necesidades de exportadores, importadores y transportistas. No es exagerado insinuar que la conclusión pacífica de dichas negociaciones en gran medida depende de que continúen las subvenciones estatales y los monopolios de manipulación de carga. Cada sindicato respeta escrupulosamente los límites de las subespecialidades de los demás, a fin de evitar conflictos de demarcación. Cuando un sindicato va a la huelga, habitualmente los demás respaldan sus demandas, para que su propia posición negociadora se vea igualmente robustecida. Estos factores han creado una configuración institucional que es de por sí frágil y que ha pasado a ser rígidamente legalista, ya que exige la constante interpretación y aclaración de las reglamentaciones y acuerdos colectivos, proceso dilatado y oneroso, que perturba el normal desenvolvimiento del comercio. Así, el actual régimen laboral portuario ha llevado a un estancamiento institucional y operacional en los puertos del país, merced al cual los estibadores invariablemente buscan mantener el statu quo, a fin de proteger sus puestos y beneficios, en lugar de hacer frente a la competencia.

En suma, el movimiento laboral portuario comenzó como una cruzada social, en la que los dirigentes sindicales proclamaban su intención de establecer un nuevo orden en el nombre de la clase trabajadora. Con el reconocimiento jurídico de los sindicatos, el movimiento pasó a ser una fuerza política. Desde un principio, los sindicatos portuarios y los partidos políticos advirtieron la utilidad de las alianzas como medio de obtener respaldo para sus fines particulares. La alianza entre los partidos políticos y el movimiento laboral portuario tuvo mucha influencia en motivar a los gobiernos a que sancionaran legislación y enmendaran la constitución nacional con disposiciones que especificaban las necesidades sociales de los trabajadores. Además, la negociación colectiva se hizo bipartita (gobierno-trabajadores), de modo tal que los conflictos comenzaron a resolverse en el plano político. El papel de los puertos en la competitividad de los bienes en los mercados internacionales se transformó en una consideración estratégica con la introducción de las políticas de crecimiento basado en las exportaciones. El entorno comercial abierto que imponen a exportadores, importadores y transportistas la economía globalizada, las políticas de crecimiento basado en las exportaciones y las tecnologías modernas ha creado presiones competitivas cada vez mayores para toda la comunidad portuaria y los sindicatos luchan por mantener su posición preponderante en los puertos.

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B. LA NECESIDAD DE UNA REFORMA LABORAL PORTUARIA EN FUNCIÓN DEL MERCADO

Los principales problemas con que tropieza la administración portuaria son: una ubicación no muy buena frente a las grandes corrientes comerciales, una falta de infraestructura y equipo modernos, una insuficiente profundidad del agua para los buques de gran calado y el control monopolístico de las actividades de manipulación y almacenamiento de la carga que ejercen los estibadores. En general hay consenso en que dichos factores han creado prácticas laborales ineficientes relaciones industriales insatisfactorias, supervisión y gestión ineficaces, costos elevados y exceso de personal, y han eliminado la mayor parte de los beneficios que podrían dimanar de la competencia. El control de los estibadores sobre la actividad portuaria es tan férreo que, frente a la resistencia sindical, la administración del puerto no tiene autonomía suficiente para adquirir tecnologías que ahorren mano de obra. Estas deficiencias y debilidades han llevado a la autoridad portuaria a ofrecer servicios nocturnos y de fin de semana a tarifas punitivas de horas extraordinarias, a gastar en mano de obra el doble de sus ingresos mensuales y a incurrir en una deuda de aproximadamente 50 millones de dólares con el poder central. El nuevo director del puerto señaló recientemente que, si sus competidores se encargaran de la manipulación de todas sus mercancías, aun así no bastaría para solucionar los problemas financieros y operacionales del puerto (Fairplay International Shipping Weekly, 25 de febrero de 1993, p. 28; BIMCO Bulletin, enero/febrero de 1993, P.55).

En general las designaciones de los directores de puertos se hacen para pagar deudas políticas o satisfacer relaciones sociales. El director actual es un almirante retirado que inmediatamente después de asumir su cargo solicitó un automóvil, un chofer y 15 puestos para sus amigos. Como su designación es política, los directores de los puertos suelen no hacer valer los acuerdos colectivos, porque lo que buscan es evitar conflictos laborales que pudieran socavar sus carreras por lo demás impecables o sus aspiraciones políticas, o ambas. Por ejemplo, el acuerdo colectivo estipula 21 horas de trabajo al día, pero en la práctica los estibadores trabajan un total de sólo 14 horas diarias. En rigor de verdad, algo de tiempo se pierde porque en reiteradas oportunidades el equipo para la manipulación de la carga no está disponible, pero la mayor parte de la pérdida obedece a que los propios trabajadores llegan tarde, se van temprano, se toman excesivos descansos y prolongados intervalos para comer, además de que constantemente se interrumpen las operaciones cuando no se pueden completar una o más tareas, por estar reservadas, con arreglo a los acuerdos colectivos, a otros trabajadores, que no están disponibles en el momento, provocando así una reacción en cadena de demoras onerosas e innecesarias en todo el puerto.

La administración portuaria recientemente intentó aumentar la productividad y controlar los costos reduciendo la fuerza laboral de 3 000 a 1 600 estibadores registrados, aunque un tercio de los restantes sería suficiente. Estos despidos se realizaron merced a rescisiones por acuerdo mutuo y jubilaciones anticipadas con pagos de indemnizaciones de un promedio de 11 000 dólares para cada trabajador y de hasta 28 000 dólares que recibió uno de ellos. La financiación de las indemnizaciones se repartió entre el gobierno y el sector privado: dos tercios de los fondos provinieron del gobierno y un tercio de los exportadores, importadores y transportistas. La indemnización total que recibirían los estibadores se estimó originalmente en 22 millones de dólares, pero la Corte Suprema está en proceso de evaluar numerosos reclamos sindicales de que varios beneficios no se incluyeron. El gobierno actual alega que la Corte Suprema está respondiendo a una alianza entre los estibadores, el presidente de la nación inmediatamente anterior y su partido político. La tesorería nacional ha indicado que no puede aceptar responsabilidad por una deuda con trabajadores despedidos por exceso de personal que no tiene un valor absoluto máximo. De esta manera, los intereses privados que habrían estado interesados en ofrecer servicios de manipulación de carga y almacenamiento han comenzado a retirar sus propuestas de invertir en ciertos terminales.

El director de relaciones laborales del puerto indica que los conflictos sindicales ocupan un 50% del tiempo de gestión y que el año pasado provocaron una pérdida de 91 días de trabajo. Los dirigentes de los

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sindicatos portuarios consideran que una huelga económica, vale decir, el mero retiro de los trabajadores del puerto, es una medida inútil, destinada al fracaso, debido a la baja calificación que se exige a los estibadores y la facilidad con que se puede reemplazar a los huelguistas dada la gran cantidad de desempleados que hay en la ciudad circundante. Los exportadores, importadores y transportistas señalan que el puerto es caro porque el costo de invertir en nueva infraestructura y equipo se añade a la carga financiera de una mano de obra ineficiente e innecesariamente grande. Es paradójico, pero las calificaciones que se exigirían a los estibadores aumentarían enormemente si aceptaran las tecnologías modernas de manipulación de carga. No obstante, ello produciría un exceso de personal, lo que ha sido objeto del rechazo de los trabajadores. Por esta razón, muchos conflictos sindicales han provocado daños materiales y violencia entre huelguistas y policías, por causa de propuestas para cambiar las prácticas laborales y utilizar tecnologías modernas. Así pues, para sindicalistas y estibadores, el éxito de una huelga no estriba en la coerción económica de los empleadores, sino en la negociación política al más alto nivel gubernamental posible, y en amenazas de disturbios civiles y violencia si no se accede a sus demandas.

La respuesta de los estibadores a las propuestas que modificarían los respectivos regímenes laborales, acuerdos colectivos y prácticas de trabajo para aumentar la productividad en la manipulación de carga y reducir costos ha sido la interrupción del trabajo durante dos horas un día a la semana o simplemente el trabajo a reglamento, que interfiere con las operaciones, ya que se ajusta estrictamente a los acuerdos colectivos existentes. Los legisladores implícitamente aceptan el supuesto de los trabajadores de que el capital es de por sí monopolístico y aprueban regulaciones que sancionan o toleran los monopolios y privilegios en favor de los trabajadores, indicando que son necesarias para contrarrestar al capital, en lugar de crear un entorno comercial sujeto a las fuerzas del mercado (Fairplay Internacional Shipping Weekly, 11 de febrero de 1993, p. 6; The Journal of Commerce, 25 de enero de 1993, p. 18). En otros casos, los sindicalistas han cifrado sus últimas esperanzas en una promesa lograda durante una audiencia con el Ministro del Trabajo, o incluso el Presidente de la nación, de que se mantendría el equilibrio regulatorio vigente en favor de la mano de obra en cualquier marco institucional futuro que rija la relación entre trabajadores y administraciones portuarias (empresarios marítimos). Si no se expone a los estibadores a los mecanismos del mercado y no se cuenta con su participación en las decisiones operacionales del puerto, la nación deberá pagar un precio muy alto por esa legislación y esas promesas, ya que se reducirá la competitividad de sus exportaciones en los mercados mundiales.

En el caso de otros servicios de apoyo, la situación es igualmente insensible a las señales del mercado. Hace muchos años, los operadores de remolcadores y prácticos formaron asociaciones que, de hecho, son monopolios. Los operadores navieros se quejan de que los prácticos sencillamente no acuden a sus casetas en los momentos en que se los solicita. La marea sube dos veces al día, lo que permite que los buques usen el canal de entrada en la misma proporción. Cuando los prácticos no están disponibles, los buques deben esperar otras 12 horas para que la marea suba otra vez. Para evitar esos períodos de espera, los capitanes han comenzado a regalar valiosos binoculares a los prácticos, para que éstos entren sus buques primero (Fairplay International Shipping Weekly, 10 de marzo de 1994, p. 40). En efecto, el monopolio de los prácticos es tan poderoso que las empresas navieras terminan pagando una suma equivalente por un practicaje de diez minutos en otro puerto de la nación, aunque no haya períodos de espera ni necesidad de un practicaje de cinco horas (Fairplay International Weekly, 9 de junio de 1994, pp. 32 y 33). Todas las propuestas para modificar este mecanismo monopolístico y corrupto con un aumento en la oferta de servicios -por ejemplo, capacitando a capitanes para que hagan las veces de prácticos de sus propios barcos si ya han entrado y salido del puerto varias veces y han pasado todos los exámenes pertinentes- han sido rechazadas de plano. El actual director del puerto estima que hay muy pocas oportunidades de empleo para los ex capitanes de barcos y que, con algunas modificaciones para garantizar la disponibilidad de los prácticos, debería permitirse que las cosas siguieran funcionando igual.

En 1992 se llevó a cabo un estudio de los operadores de portacontenedores que utilizaban el puerto. Se analizó el impacto medio de las demoras en la prestación de los servicios de practicaje a la luz de las pérdidas

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de productividad, los costos más altos y los mayores tiempos de permanencia en puerto de los operadores marítimos. En el siguiente cuadro figuran las conclusiones de dicho análisis.

Cuadro1 PRODUCTIVIDAD PORTUARIA MEDIA

(en horas y contenedores, según se indica)

Tiempo (en horas) Productividad

Esperando Navegando De perma- Perdido Contenedores Contenedores a práctico/ a muelle/ nencia en por buque/ por estibador/ marea océano en muelle muelle hora en muelle hora

Arribo del buque: 10 5 20 7 8 12 Partida del buque: 6 5 - - - -

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial suministrada por las administraciones portuarias de América Latina.

Si estos niveles de productividad y tiempo se transforman en costos, se puede decir que un buque recaló en el puerto para descargar 110 contenedores y cargar 50, o sea un total de 160 unidades con un peso medio de 10 toneladas cada una. Para movilizar eficazmente 160 contenedores, el buque insumió un total de 46 horas en lugar de 23, y otras 23 horas se perdieron ya sea en el muelle o esperando a los prácticos o a que subiera la marea. Vale decir que hay 23 horas o 50% del total que se pierden o son tiempo improductivo. Para ilustrar las consecuencias financieras que tienen estos factores para los operadores navieros, si se supone que el buque se fletó a una tarifa diaria de 7 000 dólares, el costo real para el fletador por 46 horas sería de 13 416.74 dólares, 83.85 dólares por contenedor u 8.39 dólares por tonelada de carga. Si se eliminaran las 23 horas de tiempo improductivo del buque, el pago correspondiente al flete se habría reducido a la mitad, o sea 6 708.34 dólares. Si se considera que el buque recala en el puerto cada 18 días o 20 veces al año, se advierte que el fletador está incurriendo en un gasto anual innecesario de 134 166.80 dólares, que equivalen a la tarifa de fletamento de 19.2 días, o ligeramente más que todo un viaje de ida y vuelta.

Si los estibadores realmente trabajaran las 21 horas diarias de rigor, en lugar de 14, la cantidad de contenedores movilizados aumentaría de aproximadamente 8 unidades por hora a 10. Las menores tasas de manipulación se deben a que el régimen laboral aprobado en 1934 prohibe despedir a los estibadores, de modo que da lo mismo que trabajen bien o mal, y a que los salarios de los capataces (los jefes de los estibadores) son casi iguales a los de sus subalternos, lo que no les da motivo alguno para complicarse la vida y exigir que se ponga término al ausentismo y a las falsas enfermedades o que se trabaje más duro para aumentar la productividad. La asociación nacional de exportadores ha estimado que, al promediar los costos de manipulación de todas las mercaderías cargadas y descargadas, una tonelada cuesta 40 dólares, en tanto en los puertos europeos se paga entre 6 y 8 dólares por tonelada (Seatrade Review, marzo de 1993, pp. 47, 49 y 51). El costo total que representa para el fletador la manipulación de 160 contenedores sería (1 600 x 40 = 64 000 + 13 416.74) 77 416.74 dólares, o sea 483.85 dólares por contenedor, o 48.39 dólares por tonelada de carga.

Si se eliminaran las 23 horas de tiempo improductivo del buque, si los estibadores trabajaran efectivamente 21 horas al día y el costo de manipular los contenedores se ajustara a los estándares europeos de 8 dólares la tonelada, la estructura de costos en el puerto cambiaría drásticamente. Primero, el pago correspondiente al fletador se reduciría a la mitad (13 416.74/2 dólares), o sea 6 708.34 dólares. Segundo, el pago por los servicios de manipulación de carga pasaría de 64 000 dólares a 12 800 (8 dólares x 1 600). El costo total de fletamento y manipulación de carga bajaría entonces a 19 508.34 dólares, en lugar de 77 416.74, o sea 121.93 dólares por

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contenedor, o 12.19 dólares por tonelada de carga, casi cuatro veces menos que los montos que se pagan en realidad. Debido a la actual estructura de costos, en definitiva los exportadores reciben sólo el 40% del valor c.i.f. (costo, seguro y flete) de sus productos, en tanto los de los países desarrollados obtienen el 60%. La asociación nacional de comercio calcula que esas ineficiencias operacionales en el puerto cuestan cerca de 1 000 millones de dólares anuales a la nación en concepto de exportaciones perdidas.

Se ha aprobado legislación para liberalizar el trabajo portuario, vale decir, eliminar los obstáculos burocráticos que se oponen a la interacción de las fuerzas del mercado en el ámbito laboral. La eliminación de un marco institucional, o cualquiera de sus partes, creará un vacío regulatorio a menos que se lo compense con otras reglamentaciones que orienten las funciones de los intereses públicos y privados. La liberalización del trabajo portuario no ha estado acompañada de esas medidas, por eso todos los que participan en la actividad portuaria se han visto sumergidos en este vacío regulatorio y luchan por conservar sus posiciones dominantes y rentas monopolísticas. Los estibadores portuarios continúan ejerciendo presión sobre el gobierno para que mantenga el régimen laboral existente, que los aísla de las fuerzas competitivas que deben enfrentar exportadores, importadores y transportistas, y hacen caso omiso de las advertencias de tales grupos en el sentido de que utilizarán otros puertos si no se reducen los costos de mano de obra y no aumenta la productividad. En efecto, los importadores de bobinas de acero han amenazado con utilizar los puertos de una nación vecina a menos que los sindicatos accedan a hacer esos cambios, aunque la distancia total de transporte es mayor, y los exportadores de fruta han comenzado a invertir en países más próximos a los mercados del hemisferio norte, previendo que no se lleve a cabo la reestructuración de los regímenes laborales portuarios internos.

El gobierno ha presentado legislación al Congreso para descentralizar los puertos estatales. Dichas medidas no son eficaces ya que no especifican qué es lo que se está descentralizando (propiedad, administración u operaciones, o cualquier combinación de ellas) ni hacia quién (gobiernos estatales, autoridades municipales, intereses privados o un órgano mixto público-privado). No se ha hecho esfuerzo alguno por extender el régimen antimonopolístico más allá de las prácticas restrictivas de los exportadores, importadores y transportistas, y así incluir también a los monopolios de la mano de obra, igualmente perniciosos, ni por utilizarlo para proteger a los mecanismos del mercado de los abusos monopolísticos, de manera que los sindicatos portuarios y los empresarios marítimos tengan un parámetro independiente e imparcial para conciliar sus respectivas demandas. La Constitución Nacional establece una regla general que prohibe los monopolios, pero luego procede a autorizarlos en diversas actividades del sector público. El monopolio de manipulación de carga de los estibadores ha abultado los costos de mano de obra de tal manera que corresponden a cerca de 80% del total de los gastos, mientras que la eficiencia de este servicio ha disminuido. Los sindicatos portuarios no hacen caso de las necesidades comerciales de los exportadores, importadores y transportistas porque no están expuestos a los mecanismos del mercado, utilizan distintos argumentos sobre la defensa nacional y la seguridad económica para fundamentar sus reclamos de que la descentralización de los puertos del país es inconstitucional y han reunido gran cantidad de seguidorespolíticos que respaldan su posición.

También se ha propuesto reemplazar a la administración nacional de puertos por una junta directiva integrada por representantes de los gobiernos nacional, estatal y local, y personas que representen los intereses de los exportadores, importadores, transportistas y grupos obreros. La junta tendría amplias funciones, entre ellas determinar cuándo hay que cambiar el régimen jurídico portuario comercial, dirigir el proceso de licitación a posibles concesionarios, supervisar las operaciones portuarias para velar por que no haya abusos monopolísticos, realizar estudios para establecer las necesidades portuarias de toda la nación y fijar los derechos portuarios. Los exportadores, importadores y transportistas temen que la participación del gobierno en la junta perpetúe la tradicional parcialidad en favor de los estibadores y cree obstáculos que impidan inversiones privadas necesarias, debido a que los precios de la mano de obra portuaria serían más altos que los precios de plaza. Como ejemplos de esta parcialidad, dichos grupos señalan las disposiciones que figuran en la Constitución Nacional, en las leyes federales del trabajo y en los acuerdos colectivos, que crean el derecho a

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aguinaldo, vacaciones, participación en las utilidades, baja productividad, turnos vespertinos más cortos y exorbitantes tarifas de horas extraordinarias.

Los actuales regímenes laborales, acuerdos colectivos y prácticas de trabajo portuarios han dado lugar a una clase privilegiada de trabajadores que son los beneficiarios políticos de conquistas salariales y sociales que se obtuvieron sin tener que generar ventajas comerciales compensatorias para los exportadores, importadores y transportistas (Apolo, 1994, p. 44). El gobierno tiene muy pocos incentivos para controlar los costos de mano de obra portuaria porque utiliza criterios sociopolíticos para aprobar los acuerdos colectivos, y la administración portuaria, que es también el empleador marítimo, sólo tiene una motivación comercial limitada porque responde a los mismos criterios y tiene fácil acceso al, erario público para sufragar cualquier costo extra. El gobierno ha respondido a los deseos de los estibadores de mantener el statu quo dejando que la ley propuesta, que permitiría la participación privada en los puertos estatales, continúe siendo objeto de debates en comités, y ha elaborado un programa de comercialización de puertos basado en inversiones en infraestructura. Para los funcionarios públicos y legisladores, estas inversiones son una respuesta social no política y de bajo costo a la necesidad de aumentar la productividad y la rentabilidad en función de los costos, a diferencia de cambios en el marco institucional de la mano de obra portuaria.

C.LA BASE DEL CAMBIO

Quizá el precio más alto que haya pagado el gobierno por su obsesión de satisfacer las demandas sociopolíticas de los grupos dominantes, especialmente los trabajadores, es haber creado un entorno comercial distorsionado en sus puertos. Este hecho puede apreciarse en dos ámbitos: primero, el acceso de los puertos al erario público ha reducido, si no eliminado, el deseo de competir; y segundo, como los puertos son organismos del gobierno, no tienen que redituar utilidades ni corren el riesgo de quebrar. El vínculo entre el libre juego de los mecanismos del mercado y el atractivo comercial de los puertos para los exportadores, importadores y transportistas salta a la vista, dado que una señal de aquel provoca cambios que a su vez originan innovaciones, mejoras en la productividad y mayor rentabilidad. La capacidad de la mano de obra portuaria de reaccionar a esas señales se ve coartada, si no inhibida, por las alianzas políticas, los sistemas de mano de obra registrada, los monopolios de manipulación de carga y las subvenciones públicas. La competitividad de bienes y puertos en una economía globalizada es interdependiente, aunque regida por factores distintos, y cuando el gobierno socava una, la otra se resiente.

Al cabo de decenios de administración y operación públicas de los puertos, las pruebas son contundentes: los funcionarios del sector público y los sindicalistas no pueden negociar niveles salariales competitivos, fijar mejores tarifas portuarias o hacer inversiones más sagaces en infraestructura o equipo de manipulación de carga que el sector privado, que responde a las señales del mercado. También es evidente que sin un régimen laboral portuario orientado al mercado, no existirá una base comercial para la participación privada. La oposición de los estibadores a la reforma de su marco institucional es tan intensa que muchas iniciativas legislativas sucumbieron ante la presión que han ejercido los sindicatos sobre los funcionarios elegidos y designados. Sin embargo, no tiene por qué haber conflicto entre las metas de las administraciones portuarias, los estibadores, los exportadores, los importadores y las transportistas; sólo es preciso que su relación esté regida por los mecanismos del mercado. Los gobiernos pueden utilizar dichos mecanismos para transformar a los sindicatos, entidades sociopolíticas con gran influencia regulatoria sobre las prácticas de trabajo, la seguridad en el empleo y la remuneración, en instituciones de mercado en que predominen el servicio al cliente, los objetivos comerciales y la equidad social inspirada en la oportunidad.

La transformación del control de los puertos del gobierno central, con todos los beneficios de la generosidad burocrática y un marco regulatorio anticuado e inflexible, en un entorno comercial descentralizado, liberalizado y dominado por el sector privado, es ni más ni menos que abrumadora para los estibadores. Los

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regímenes laborales inflexibles y altamente centralizados permiten que los sindicatos dominen a los gobiernos y den prioridad a las metas sociopolíticas. De acuerdo con las políticas de desarrollo hacia adentro, el control de costos y la productividad eran consideraciones marginales, porque los altos costos portuarios sólo aumentaban los precios de las importaciones en los mercados internos, de modo que era innecesario que los estibadores fueran industriosos en su trabajo. Así se institucionalizaron las prácticas laborales ineficientes y los altos costos portuarios. Ahora bien, con la introducción de políticas de crecimiento basado en las exportaciones, hoy la mano de obra portuaria se considera un impedimento que aumenta los costos y no permite enfrentar con éxito a la competencia internacional. El marco institucional actual del movimiento laboral portuario es el resultado de esfuerzos encaminados a crear una economía nacional semiautónoma y la víctima de las estrategias encabezadas por las exportaciones. Así pues, la base del cambio estriba en una reforma del régimen laboral portuario en función del mercado, que sirva para establecer un marco comercial para exportadores, importadores y transportistas, además de condiciones de empleo profesionales, mejor remuneradas y comercialmente seguras para los trabajadores portuarios.

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III.LOS PARÁMETROS DE MERCADO DE LA REFORMA LABORAL PORTUARIA

Para comprender el movimiento laboral portuario de América Latina y el Caribe, es necesario tomar conciencia de la importancia política, comercial y social de los puertos. Con muy pocas excepciones, los puertos no son simplemente un fenómeno marginal que puede explicarse en términos de instalaciones físicas o teorías económicas, dado que están altamente influidos por acontecimientos políticos, corrientes comerciales y monetarias y factores que afectan al bienestar de los trabajadores. Muchos gobiernos de la región de la CEPAL han intentado reestructurar sus puertos estatales a fin de crear una base para la participación privada, pero los estibadores insisten en los altos costos sociales de despedir personal, las dificultades que éste tiene para encontrar otros empleos y los posibles disturbios civiles, y siembran la preocupación de que ellos y sus familias votarán por los candidatos de otro partido político en las elecciones siguientes si se utilizan criterios puramente comerciales para reestructurar las actividades portuarias (Port Development International, octubre de 1994, pp. 34-37; The Economist Intelligence Unit, 1994b, pp. 23 y 24). Parecería que no hay manera de superar las consideraciones sociopolíticas y la influencia de los estibadores, que dominan las actividades portuarias; sin embargo, la realidad es otra.

Los estibadores, como los controladores de tráfico aéreo, son centros bien ubicados de poder político y han utilizado los esfuerzos de los gobiernos por crear fuentes de trabajo y mantener la paz industrial para fortalecer sus propios salarios y prestaciones. Sin embargo, en una economía globalizada, los gobiernos deben velar por que los estibadores, que constituyen el factor más importante en los costos portuarios, estén expuestos a los mecanismos del mercado, a fin de que contribuyan al atractivo comercial de los puertos y a la competitividad de los bienes en los mercados internacionales y nacionales. Sólo es posible insertar a la mano de obra portuaria en un marco institucional sensible a los vaivenes del mercado si los legisladores están al abrigo de la coerción de los estibadores y autorizados a formular regímenes laborales portuarios que respondan a las señales del mercado y a los dictados orientados a la oportunidad de la equidad social (Ámbito financiero, 21 de abril de 1993, p. 4). La influencia competitiva de los mecanismos del mercado obligará a los empresarios marítimos y a los estibadores a colaborar en aras de los objetivos comerciales y sociales. Al formular un régimen laboral portuario que haga frente a estos desafíos, los gobiernos deberían tener en cuenta varios factores. Algunos de los más importantes son: i) las políticas macroeconómicas, ii) el mercado laboral portuario, iii) los conflictos laborales, iv) la seguridad en el empleo y v) la reinserción de los trabajadores despedidos en la fuerza laboral.

A. LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS

Desde el principio de este siglo, los gobiernos de América Latina y el Caribe han utilizado una amplia gama de políticas macroeconómicas, entre ellas, el laissez-faire, la industrialización mediante la sustitución de importaciones y las políticas basadas en la inversión y orientadas a la exportación (Silva, 1988 pp. 3-44). Por ejemplo, en el decenio de 1950, en general se daba por supuesto que las naciones desarrolladas controlaban los términos de intercambio mundiales gracias a su anterior industrialización y establecimiento de empresas multinacionales, y que los países en desarrollo estaban destinados a seguir exportando materias primas y demás productos básicos poco procesados (Bums, 1972, pp. 134 y 135). Para romper este círculo vicioso de dependencia económica, los gobiernos introdujeron políticas de sustitución de importaciones, con el fin de promover la industrialización y tratar de que estuvieran menos sujetos a la demanda externa de sus exportaciones, crearon bancos estatales de inversión y muchas empresas públicas y sancionaron legislación para proteger a las industrias incipientes de modo que pudieran competir con las empresas multinacionales (Golbert y Tenti, 1993, pp. 179-219; The Economist, 13 de noviembre de 1993, p. 6; Franco Montoro, 1993, pp. 12-14). Los gobiernos también otorgaron monopolios a industrias nacionales, limitaron el acceso de las empresas del país a proveedores extranjeros y en general trataron de evitar cualesquiera resultados negativos que pudieran

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tener esas políticas merced a derechos aduaneros sobre las importaciones, devaluaciones, subvenciones y restricciones sobre el tipo de cambio (Ocampo Siguenza, 1993, pp. 731-742).6

Las necesidades comerciales de muchas industrias nacionales se sacrificaron en aras de las políticas de sustitución de importaciones. Por ejemplo, las empresas navieras nacionales fueron obligadas a comprar los buques en astilleros locales. Para subvencionar a los astilleros deficitarios, en muchos puertos las tarifas se elevaron 50% para las exportaciones y 100% para las importaciones. Con la demanda de buques y la fuente de subvenciones aseguradas, los constructores nacionales no tenían gran incentivo para innovar y reducir costos, y siguieron armando buques tecnológicamente obsoletos mucho después de haber sido suplantados por modelos más modernos. Estas políticas crearon ineficiencias estructurales que afectaron la competitividad no sólo de los astilleros y las empresas navieras sino también de los bienes que estas transportaban. Así pues, el sistema actual de protección de mercado, paternalismo y privilegios fomenta la búsqueda de objetivos sociopolíticos que no pueden sostenerse en una economía globalizada.

Los regímenes regulatorios en que se basan las políticas de sustitución de importaciones aíslan a muchas industrias y trabajadores nacionales de la competencia internacional (Edwards, S., 1993, p. 47; Marshall y Tucker, 1992, p. 7; Heldman, Bennett y Johnson, 1981, pp. 6 y 7). En este período se institucionalizaron muchas prácticas laborales portuarias, como los monopolios de manipulación de carga y las ineficientes operaciones de dos turnos, y aún siguen aumentando el costo de los bienes nacionales en los mercados internacionales. La rigidez en materia de salarios y demarcación de tareas que se manifiesta en los acuerdos colectivos para los estibadores han invalidado fácilmente los aumentos de productividad y las reducciones de costos previstos que se lograrían si se utilizaran nuevos equipos de manipulación de carga. El impacto comercial de estas prácticas tiene poca pertinencia, ya que sencillamente reforzaron las políticas de sustitución de importaciones al hacer que estas resultaran más caras en los mercados internos. No obstante, a principios de la década de 1960, se empezó a reconocer cada vez más que se había llegado al límite de esta política, de manera que el gobierno procuró aumentar la recaudación de divisas mediante la promoción de las exportaciones. El interés en la promoción de exportaciones se afianzó con las crisis de la deuda de inicios de los años ochenta, cuando los gobiernos de América Latina y el Caribe comenzaron a abrir sus economías con la adopción de políticas de crecimiento basado en las exportaciones (Edwards, S., 1993, pp. 1358-1393).

Estas políticas pusieron claramente de relieve la función crucial que compete a los puertos en las actividades comerciales y aumentaron enormemente su importancia estratégica para el logro de los objetivos comerciales (The Journal of Commerce, 28 de octubre de 1993, p. 1B). Los puertos no contribuían a esas políticas, ya que eran ineficientes, contaban con un exorbitante número de personal, estaban controlados por monopolios de sindicatos portuarios y resultaban innecesariamente caros 7 (Apolo, 1994, pp. 47 y 57-59; Couper, 1986, p. 55).7 Para las naciones que adoptaron políticas de crecimiento basado en las exportaciones, esos costos e ineficiencias tuvieron un impacto negativo en los precios de exportaciones e importaciones. Los puertos siempre han sido instrumentales en el logro de las políticas macroeconómicas, de modo que la mayoría de los gobiernos han comenzado a reformar el marco institucional que rige la mano de obra portuaria a fin de

6 Por ejemplo, en julio de 1970, el Presidente Velasco, de Perú (Iguiñiz, 1988, p. 368), dijo: "Somos conscientes de que lo que está en juego no es otra cosa que el signo y el rumbo de la futura historia de Perú. Nuestra dependencia, nuestro subdesarrollo,

nuestra pobreza y nuestro atraso, son el producto de un sistema económico, político y social, cuyo mantenimiento hace lógicamente imposible superar esos males profundos del país."

Véase Iguiñiz (1988, pp. 353-409). La utilización de políticas de sustitución de importaciones no se limita a América Latina y el Caribe. Véase su empleo en Asia, enInternational Bulk Journal (diciembre de 1993, pp. 15-19).

7 Como ejemplo reciente del exceso de personal, en un conflicto entre la International Longshoremen's and Warehousernen´s Union (ILWU) (Unión Internacional de Estibadores y Almacenadores), que representa a los estibadores de la costa oeste de los Estados Unidos, y el Termina¡ de Cereales Peavey, por el despido de trabajadores superfluos, el tribunal dictaminó que las pruebas revelaban que, durante varios años, las funciones de un sobrecargo (el empleado que revisa la carga) habían sido similares a las que desempeñaba el jefe de cargas (el estibador más experimentado). De modo que, con frecuencia, la oferta de mano de obra portuaria y la asignación de sus tareas no tienen relación alguna con los volúmenes de la carga que se está movilizando ni con el equipo de manipulación utilizado. Véase The Joumal of Commerce (S de enero de 1994, p. 8B; y 16 de noviembre de 1993, p. 5B).

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reflejar los cambios en el entorno económico provocados por la transición del desarrollo hacía adentro al crecimiento basado en las exportaciones. El hecho de competir con el resto del mundo es una experiencia nueva para los estibadores de la región de la CEPAL, porque durante muchos años estuvieron protegidos de las influencias competitivas del comercio internacional por obra de leyes y reglamentos que apoyaban las políticas de sustitución de importaciones. No es posible hacer frente a los desafíos comerciales que tienen ante sí los exportadores, importadores y transportistas a menos que los estibadores estén expuestos a la influencia competitiva de los mecanismos del mercado.

La transición de las políticas de sustitución de importaciones a las encabezadas por las exportaciones parece un proceso simple, pero representa un profundo cambio que conlleva la reestructuración de casi todas las actividades económicas. Los monopolios de que gozaban los industriales nacionales se eliminaron gracias a una reducción de los derechos aduaneros, a fin de permitir que los bienes de otros países compitieran en los mercados locales. Dicha competencia obligó a los productores nacionales a satisfacer las demandas de los mercados internacionales a nivel local, y los preparó para competir fuera de las fronteras nacionales (The Economist Intelligence Unit, 1993a, p. 15). La medida paralela que estimularía a los estibadores a dar más apoyo a las políticas basadas en las exportaciones sería la adopción de regímenes laborales portuarios que los expusieran a los mecanismos de mercado (Business Latin America, 7 de noviembre de 1994, pp. 2 y 3; 22 de noviembre de 1993, p. 8; 4 de octubre de 1993, pp. 2 y 3). Esa exposición aseguraría que los estibadores se desempeñaran en un entorno competitivo, cuyo desconocimiento significaría un gran riesgo para la viabilidad comercial de los exportadores, importadores y transportistas, y para sus propias necesidades de beneficios y seguridad en el empleo. Así como las políticas de crecimiento basado en las exportaciones motivan a los industriales a dejar de desarrollar sus actividades al amparo de distintas medidas de protección otorgadas por los gobiernos, los trabajadores portuarios están destinados a reaccionar del mismo modo.

La posibilidad de comparar, adquirir y emplear servicios, materia prima y mano de obra en todo el mundo significa que la tradicional división de los mercados en nacionales e internacionales ha perdido gran parte de su pertinencia y debe reformularse como una exigencia global no protegida de especialización competitiva. En este contexto, los gobiernos de la región de la CEPAL han comenzado a promulgar legislación que crea una base para la participación de inversionistas privados en los puertos estatales. Ello también entraña exponer a los estibadores a los mecanismos de mercado, mediante la reestructuración de los regímenes laborales, a fin de incorporar los cambios que se han producido en el entorno comercial debido a su inserción en el mercado laboral internacional (The Journal of Commerce, 3 de octubre de 1994, p. 1B). Un ejemplo de este fenómeno es la competencia que se crea entre las redes de distribución de fruta fresca de Argentina, Chile, Nueva Zelandia y Sudáfrica a compradores de Chicago (Estados Unidos); si los costos de mano de obra portuaria son excesivos, o la productividad es baja, para cualquiera de ellos podría significar la pérdida de ese mercado, aunque sus costos de cultivo y cosecha fueran inferiores. Como hay mercancías parecidas que compiten en el mismo mercado, los estibadores están expuestos a la competencia del mercado laboral internacional. Así, el concepto tradicional de competencia entre productos terminados comparables se ha transformado en una competencia a nivel de cada insumo y del producto final, en que cada insumo y cada producto terminado tiene sus propias y elevadas exigencias de mercado.

Esa transición requiere que la comunidad comercial y portuaria entienda cómo los acontecimientos políticos, tecnológicos, económicos y humanos tienen repercusiones que pueden fortalecer o debilitar las políticas de crecimiento basado en las exportaciones. Por ejemplo, el Gobierno de Japón y los industriales nacionales unieron fuerzas para concentrar sus actividades en producir una amplia gama de artículos de alta calidad, estimular la productividad del trabajador y controlar los costos de producción e insumos, pero descuidaron los gastos que tienen que sufragar los obreros y que son ajenos a esas empresas (The Nikkei Weekly, 6 de diciembre de 1993, p. 3). Dado que el acceso del exterior a los mercados internos japoneses es limitado, la vivienda y el arroz, dos gastos básicos que no se incluyen en los gastos de producción y corren por cuenta de los

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