LECCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Ejercicios de Derecho Administrativo. Universitat de Barcelona (UB)
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LECCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Ejercicios de Derecho Administrativo. Universitat de Barcelona (UB)

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Asignatura: admi, Profesor: Sergio Afcha, Carrera: Dret, Universidad: UB
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BLOQUE I

TEMA 1. EL DERECHO FINANCIERO

Hacienda Pública y actividad financiera

Actividad financiera (concepto y caracteres) - ¿Qué es la actividad financiera?

El derecho financiero se viene identificando en relación con dos puntos: la Hacienda Pública y la

Actividad financiera.

Derecho Financiero: aquella rama jurídica que tiene por objeto la Hacienda Pública. Es el

ordenamiento de la actividad financiera de los entes públicos.

Dos enfoques: enfoque objetivo o material y enfoque subjetivo:

- El enfoque objetivo (trata de delimitar el campo del Derecho Financiero por razón de la materia sobre la que recaen sus normas) = ordenamiento que regula la actividad financiera

del Estado y demás entes públicos.

- Enfoque subjetivo (por razón del sujeto a quien está atribuido el ejercicio de la función financiera, la actuación del programa de ingresos y gastos públicos) = derecho de la

Hacienda Pública o de la Administración financiera.

Dos posibilidades de definir Derecho Financiero:

⎯ 1ª posibilidad: aquella rama jurídica que tiene por objeto la Hacienda Pública.

⎯ 2ª posibilidad: el que asocia la noción de esta disciplina a la actividad financiera, haciendo que sea esta última la que objetivamente delimite la aplicación de las normas; Derecho de la

Hacienda Pública o Derecho de la actividad financiera.

Cuando se hace referencia a la Hacienda Pública puede aludirse a tres realidades distintas, triple

acepción de la hacienda pública:

1) a un ente público (tipo subjetivo). 2) a cierta clase de bienes o de derechos (índole objetiva). 3) al desenvolvimiento de cierto tipo de actividad (carácter funcional).

En sentido subjetivo, la Hacienda Pública hace referencia al Estado y demás entes públicos en

cuanto desarrollan la actividad financiera, esto es, a los sujetos de la actividad financiera. La

Hacienda es aquella parte del aparato estatal que tiene encomendada la realización de ingresos y

gastos. El conjunto de órganos del Estado que tienen como misión propia y característica la

realización de estas actividades.

Desde un punto de vista objetivo, la Hacienda Pública es el conjunto de derechos y obligaciones

de contenido económico cuya titularidad corresponde al Estado y demás entes públicos. Hacienda

Pública como conjunto de medios económicos ordenados de modo permanente a un fin

determinado.

Art. 2 Texto Refundido LGT: “La HP está constituida por el conjunto de derechos y

obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde al Estado o a sus organismos

autónomos.”

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3 sentidos desde el punto de vista objetivo:

1. Hacienda Pública como conjunto de institutos jurídicos configurados por el ordenamiento, susceptibles de generar los derechos y obligaciones de contenido

económicos a que se ha aludido.

2. Hacienda Pública como conjunto de créditos y deudas de los que la HP es titular dentro de un período financiero.

3. Hacienda Pública como conjunto de cobros y de pagos que al ejercitar los expresados derechos o al dar cumplimiento de las obligaciones asumidas, se efectúan dentro del

período que se considere. (índole funcional) = conjunto de actuaciones administrativas

que se aglutinan en dos series fundamentales de procedimientos: los que dirigen la

obtención de recursos financieros y los procedimientos mediante los que se realiza la

ulterior aplicación de los recursos obtenidos mediante los que se realiza la ulterior

aplicación de los recursos obtenidos a través de los gastos y pagos pertinentes.

HP y actividad financiera vienen a ser expresiones equivalentes. La HP se identifica con la

actividad de los entes públicos dirigida a obtener ingresos y a realizar gastos.

La Actividad financiera es la actividad encaminada a la obtención de los ingresos y la realización

de los gastos, con los que poder subvenir a la satisfacción de determinadas necesidades colectivas.

Al Derecho Financiero le interesa, como objeto de conocimiento, la actividad financiera realizada

por las entidades públicas territoriales que son representativas de intereses generales.

¿Por qué se caracteriza la actividad financiera?

• Se trata de una actividad pública para el sujeto (Estado o ente público) y para el objeto, que se trata de la satisfacción de necesidades colectivas).

• Medial o instrumental en segundo grado. Para entender esto, hay que tener en cuenta que las actividades públicas pueden ser:

1) Finales: satisfacción final 2) Instrumentales/mediales: implica una satisfacción directa, como es el caso de la

enseñanza o de los funcionarios.

La actividad financiera trata de obtener recursos, unos recursos que sirven para financiar el

servicio público. Sirve para dar cumplimiento o soporte para que las demás actividades del estado

se puedan llevar a cabo. Es una actividad jurídica que no pertenece como sí a la ciencia jurídica.

Las disposiciones regulan cómo es esta actividad, no el impacto que tenga económicamente.

La actividad financiera es una realidad compleja (confluyen cuatro aspectos: político, jurídico,

económico y técnico), no puede ser asumida como objeto de conocimiento de una sola ciencia,

es necesario estudiar de manera simultánea (método integral):

- La ciencia de la Hacienda estudia los principios del reparto de los gastos públicos. - La política financiera enseña cuales son los fines que la HP puede o debe alcanzar, y los

medios que deben ser escogidos para ello.

- El derecho financiero expone las normas jurídicas de las leyes que determinan el reparto de los gastos públicos con el fin de indicar su exacta interpretación.

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Distinción entre:

• Disciplinas informativas: aquellas cuya misión no consiste en investigar determinados fenómenos reales, sino en recoger y ordenar los resultados

obtenidos por dos o más ciencias autónomas sobre un determinado campo real.

• Disciplinas autónomas: aquellas que con referencia a un determinado ámbito de la realidad, utilizan métodos propios que permitan transformar ese sector de

objetos reales en objetos ideales de conocimiento. Son estas las que están

llamadas a elaborar las distintas construcciones científicas sobre el fenómeno

financiero. La Ciencia de la Hacienda puede quedar definida como la ciencia

informativa de la actividad financiera, pero nunca como una construcción

superior.

La consideración científica de la actividad financiera: Economía financiera y Derecho

Financiero

¿Qué es el Derecho Financiero?

Se trata de una actividad que hace referencia a los ingresos o gastos públicos. Sus funciones

en relación con el Estado se resumen en la de satisfacer el interés general. El Estado tiene la

potestad de recaudar una serie de ingresos públicos para satisfacer las necesidades colectivas,

incluso coactivamente.

Cuando nos referimos al Estado como institución legitimada para este tipo de funciones

recaudadoras, también se hace referencia a las instituciones autonómicas encargadas de esto

en el territorio correspondiente. Todos los ingresos públicos se destinarán indistintamente a

financiar el gasto público, encaminado a preservar el interés general y preservar determinados

servicios. El derecho financiero se ocupa de la Hacienda Pública (como ente), que tiene la

capacidad de obtener los impuestos para satisfacer necesidades colectivas.

Derecho Financiero: Derecho Tributario y Derecho Presupuestario

Introducción al Derecho Financiero

El Derecho Financiero es una rama del Derecho Público. ¿Por qué? Porque se encarga de

regular relaciones económicas entre la Administración pública tributaria y los particulares.

Como ya se ha dicho, el Derecho Financiero regula la actividad financiera, por lo que es una

actividad para la realización de una serie de gastos que permiten hacer frente a la puesta en

marcha de varios servicios de carácter público. Encontramos dos RAMAS:

1) Ingresos públicos 2) Gastos públicos: estos están sometidos al principio de reserva de ley y al principio de

control.

Esto implica que el Gobierno no puede gastar de manera arbitraria el gasto público; el límite

está marcado por los Presupuestos generales del Estado elaborados por el Gobierno.

Se trata de una ley elaborada por el Gobierno y aprobada anualmente por el Parlamento. Se

trata de una norma con rango legal y está sometida a un estricto control por parte del Tribunal

de Cuentas, la Intervención general y las propias CCGG; está muy controlado en qué se gasta

ese dinero.

Está establecido de manera estricta en qué debe gastarse ese dinero y de qué manera debe

hacerse. Sí que es cierto que se permiten posteriormente ciertas modificaciones. Debe ser

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anualmente aprobada antes del 30 de diciembre; en caso contrario la propia CE contempla

una prórroga automática para no interrumpir los gastos públicos del Estado. Es una ley de

carácter particular porque tiene un procedimiento acelerado (tramitación acelerada – 3

meses). ¿Qué contiene?

- Previsión de ingresos teniendo en cuenta el presupuesto anual anterior. - Repartirlos entre los créditos presupuestarios.

¿Con qué ingresos cuenta el Estado?

I. Deuda pública: nade de la necesidad del Estado de dinero y una manera de conseguirlo es sacar a la venta unos productos pactando unos intereses. Esta situación tiene lugar

cuando el Estado tiene dificultades transitorias de tesorería. Desde hace años, se emite

deuda púbica cada año, por lo que no es tan extraordinario. La particularidad como

ingreso implica que lleva aparejado la devolución del capital con unos intereses, por eso

se limita en la ley presupuestaria. Hay una previsión constitucional.

Ahora bien, ¿una deuda pública se entiende que pertenece al derecho público o privado?

Debe entenderse como un híbrido, puesto que se regula por la ley presupuestaria (ámbito

público) y a la vez también está regulada dentro del capital (ámbito privado).

Todo ingreso de la naturaleza va a servir de forma indistinta para gestionar o satisfacer el

gasto público. Ningún ingreso está afecto a ningún gasto, el IRPF no sirve para financiar por

ejemplo solo defensa, sino el total financia el todo (ingresos tributarios).

II. Impuestos: los impuestos son los tributos. Podemos encontrar varias clases: ▪ Impuestos: el impuesto patrimonial más importante son los tributos. Éstos

guardan una estrecha relación con el principio de capacidad económica de la

persona a la que se le aplican. A medida que aumente la capacidad económica,

lo hace el tributo. Implica la progresividad. La intensidad con la que una y otra

recibe el IRPF es distinta. La presión no es la misma, de manera que si se cambian

porcentajes se desequipara todavía más la presión fiscal, es lo que intenta la

progresividad, que implica equiparar el esfuerzo que implica pagar.

Tasas: tributo cuyo hecho imponible consiste en que la administración le preste un servicio de forma individual al ciudadano. Es el coste para la prestación

inmediata. Además, la tasa se paga porque es un servicio que el administrador lo

solicita sin ánimo de lucro por parte de la administración.

Contribuciones especiales: a diferencia de los impuestos y en común de las tasas implica una contraprestación. Por una actuación de la administración,

normalmente gastos de intervención.

Los tributos pueden entenderse como ingresos públicos de derecho público. Existe una

interrelación entre la Administración y el ciudadano. Hay que mirar para saber si se habla de

derecho público o derecho privado si la administración actúa como administración o como

particular.

Hablar de derecho financiero implica tener en cuenta dos prerrogativas:

1) Prerrogativa 1 (autotutela ejecutiva): como la administración vela por la satisfacción general tiene más prerrogativas cuando se interrelacionan con el ciudadano. Los actos de

la administración se presumen válidos una vez notificados y al final una liquidación

tributaria implica que desde el momento que somos notificados estamos obligados.

2) Prerrogativa 2: Si yo no pago lo que tengo que pagar cuando llega el plazo es otro plazo voluntario de pago (por ejemplo, el IRPF fija un plazo del 1 de mayo al 30 de junio),

donde los contribuyentes pueden extinguir la obligación tributaria que nace cuando el

contribuyente realiza el hecho imponible, como podría ser recibir una herencia; pues con

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la realización de ese hecho surge la obligación de pagar ese tributo. Implica entregar una

determinada cantidad para extinguir.

HECHO IMPONIBLE NACE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA (contribuyente)

DEUDOR

Actualmente, cuando se habla de contribuyente se refiere al particular que realiza el hecho

imponible, la intervención de otras personas no se les conoce con el nombre de contribuyente

sino con el nombre de sujeto pasivo.

La obligación tributaria principal es la obligación de un impuesto por la realización del

hecho imponible, que solo la puede realizar una persona.

Si soy contribuyente (por haber obtenido rendimientos) y decido no pagar de manera

voluntaria en el plazo que se me establece como deudor ante la administración, ¿Qué pasa?

*Hay que tener en cuenta en primer lugar el carácter coactivo, hay obligación de satisfacción

de ese ingreso.

*La creación de un tributo viene necesariamente de una norma legal (en virtud del principio

de legalidad), que exige que cualquier iniciativa necesite una mayoría para aprobarse.

En relación a la pregunta planteada para el caso de impago del contribuyente, la

Administración tributaria tiene la potestad de ejecutar de manera forzosa la deuda pendiente

sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia; la cual cosa implica que la Administración

tiene en este tipo de situaciones la potestad para auto tutelarse. Si no pago, se abre otro plazo

en periodo ejecutivo, sino se ejecuta forzosamente el patrimonio, normalmente mediante

embargo. El plazo ejecutivo se abre, pero implica un incremento del importe de la deuda

(hasta un 20% de la deuda más los correspondientes intereses de demora por considerar un

perjuicio del particular a la Hacienda Pública).

La diferencia a las tasas y contribuciones esenciales de los tributos es que los impuestos se

pagan por la realización del hecho imponible sin recibir nada a cambio en el momento, pero

si indirectamente por la obtención de servicios.

Contenido de derecho financiero

El contenido del derecho financiero está determinado por dos vertientes: el ingreso y el gasto

público. El gasto público tiene como eje jurídico el Presupuesto, la parte del Derecho financiero

que lo estudia se denomina derecho presupuestario.

Los ingresos públicos presentan una mayor complejidad, ya que los entes públicos se sirven para

su obtención de varias figuras jurídicas. Una enumeración de los ingresos públicos se contiene en

el art. 22 LGT: ‘son derechos económicos de la Hacienda Pública y constituyen el haber de la

misma:

a) Los tributos, clasificados en impuestos, contribuciones especiales, tasas y exacciones parafiscales.

b) Los rendimientos procedentes de su patrimonio. c) Los productos de operaciones de la Deuda Pública. d) Los demás recursos que obtenga la HP.

Todos ellos abarcados por el vocablo: ingreso público:

1º) las instituciones o figuras jurídicas (Impuesto sobre la renta)

2º) los derechos de la Hacienda, de contenido económico, que se generan por aplicación de tales

instituciones (crédito tributario)

3º) los fondos que afluyen al Tesoro Público mediante el ejercicio de estos derechos.

Cuatro ramas del derecho financiero:

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1. Derecho tributario 2. Derecho financiero patrimonial 3. Derecho de la Deuda pública 4. Derecho presupuestario

La unidad del Derecho financiero como disciplina jurídica se defiende con los siguientes

argumentos:

1) No es exacto que las instituciones que lo componen sean heterogéneas, por el contrario, aparecen integradas en una unidad superior, que es la HP desde el punto de vista jurídico.

Todas estas instituciones tienen una misma función, que es la de constituir medios para

la satisfacción de las necesidades públicas.

2) Existen unos principios generales comunes a toda materia jurídico- financiera; reserva de ley, preferencia de Ley, control parlamentario retrospectivo, no discrecionalidad

administrativa e indisponibilidad administrativa de las situaciones jurídicas subjetivas.

3) Entre los ingresos y los gastos, no existe sólo una relación de instrumentalidad (los primeros son necesarios para realizar los segundos), sino también en el jurídico. La

conexión jurídica se refleja en la unión entre los tributos y el deber general, sancionado

por la constitución, de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la

capacidad económica, y se expresaría en la institución del Presupuesto. La cobertura de

los gastos públicos vendría pues a constituir también la justificación jurídica de los

ingresos públicos.

Derecho tributario: es la rama del Derecho financiero que organiza los elementos estructurales

constitutivos del tributo y determina normativamente las potestades, sujeciones y deberes a través

de los que se desenvuelven las funciones públicas de gestión, de resolución y de policía,

encaminadas a la aplicación del expresado recurso financiero.

La 1ª parte de la definición alude al derecho tributario material (elementos estructurales

constitutivos del tributo y obligaciones que de tales elementos derivan).

La 2ª parte alude al derecho tributario formal (zona secante con el Derecho Administrativo) que

tiene por objeto las funciones de gestión, resolución y policía, desenvueltas merced al despliegue:

1) De potestades atribuidas siempre por el ordenamiento jurídico a la Administración. 2) De deberes surgidos a cargo de los particulares como consecuencia del ejercicio de las

potestades antes mencionadas.

3) De deberes formales surgidos directamente del ordenamiento jurídico, es decir, sin necesidad de previo despliegue de potestades- a cargo de los particulares.

El derecho tributario es la rama del Derecho financiero que tiene por objeto la organización

material del tributo y el desarrollo de las funciones públicas dirigidas a su aplicación.

El segundo gran sector en que se proyecta la actividad financiera del Estado, la ordenación

jurídica del gasto público, gira en torno a una institución fundamental de Derecho público: el

Presupuesto del Estado.

Contenido del derecho presupuestario

El presupuesto es una institución jurídica que tiene un carácter normativo, constituye la expresión

jurídica del plan financiero del Estado para un período de tiempo determinado.

La institución presupuestaria no es, únicamente, una mera relación contable de las cantidades que

el Estado prevé que se realizarán en concepto de ingresos y de gastos en un período de tiempo

determinado, sino que, sobre todo, el Presupuesto constituye la expresión jurídica de las

obligaciones y de los derechos, de las potestades y de los deberes que competen a la

Administración en materia financiera. El presupuesto es una norma jurídica o un conjunto de

normas que dan efectividad y relevancia jurídica al plan financiero del ente público.

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Los Presupuestos consisten en una ley que recoge la totalidad de gastos e ingresos del Estado

previstos para cada año, y mediante la cual el legislador autoriza a las diferentes Administraciones

estatales para realizar dichos gastos, con los límites y el destino en ella especificados.

Funciones Presupuesto:

1) Plan de actuación de la Hacienda Pública para un ejercicio determinado. Los entes públicos, como sujetos de decisiones económicas, no pueden sustraerse a la exigencia de

formular los fines perseguidos y de ordenar los medios de que dispone en pro de su logro,

y a cubrir esta necesidad se dirige esta primera función del Presupuesto.

2) Erigirse en conjunto normativo regulador de la actividad financiera pública. Esta es la primordial, como ley que aprueba y autoriza la realización de unos determinados gastos,

disciplinando al mismo tiempo su destino, modalidades y límites. Significación que se

halla en la entraña de la institución presupuestaria desde sus más remotas manifestaciones

y que se ha convertido en la pieza esencial de la ordenación jurídica de la HP y de la

actividad financiera.

3) Cumplimiento del principio de reserva de ley en materia de gasto público.

La ordenación jurídica del gasto público, en sus aspectos financieros, se desarrolla en torno al

presupuesto, que es el acto del legislativo mediante el cual se aprueba el plan anual de gastos,

estableciendo límites precisos a la acción del ejecutivo, que es a quien corresponde su realización.

El presupuesto es un instrumento de racionalización y organización de la actividad financiera y,

en general, de la actuación económica del sector público. El presupuesto tiene en el caso de los

entes públicos una importante significación jurídica; el presupuesto desarrolla efectos precisos en

cuanto a la realización de los gastos públicos, los cuales deben estar autorizados en el presupuesto,

que señala los límites de dichos gastos.

Derecho presupuestario:

1º Aspecto jurídico-político: conjunto de normas dirigidas a regular las relaciones entre los

poderes del Estado (Legislativo y Ejecutivo) en orden al ciclo presupuestario. Corresponde al

Derecho Presupuestario la regulación de la distribución de competencias en materia de

preparación, aprobación, ejecución y control del programa de ingresos y gastos del Estado.

2º Aspecto jurídico-financiero: efectos del presupuesto, en cuanto Ley, tiene con respecto a los

ingresos y a los gastos públicos; con respecto a los derechos subjetivos de los particulares y con

respecto al OJ y a las leyes financieras preexistentes.

3º El derecho presupuestario constituye una ordenación jurídica de los gastos públicos, puesto

que la Ley de Presupuestos no implica, en materia de ingresos públicos, para la Administración

ni una autorización ni una obligación de recaudar los ingresos, ni tampoco un límite que deba

respetarse, sino tan sólo una previsión de carácter contable. El derecho presupuestario debe

considerarse como un derecho de los gastos públicos: como un conjunto de normas que regulan

la gestión, administración y erogación de los recursos económicos del Estado y demás entes

públicos.

Derecho presupuestario: conjunto de normas y principios jurídicos que regulan la preparación,

aprobación, ejecución y control del Presupuesto del Estado y de los demás entes públicos.

Entendiendo por Presupuesto del Estado el acto legislativo mediante el cual se autoriza el

montante máximo de los gastos que el Gobierno puede realizar durante un período de tiempo

determinado en las atenciones que detalladamente se especifican y se prevén los ingresos

necesarios para cubrirlos.

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Se puede identificar la ordenación jurídica del gasto público con el concepto de Dº presupuestario,

comprendiendo bajo el mismo el conjunto de los principios y normas que rigen la institución a

lo largo de todo el ciclo presupuestario. Conceptuando el presupuesto como el acto a través del

cual el Parlamento establece la cifra máxima que la Administración está autorizada a gastar

durante el ejercicio, desglosada convenientemente en cada una de las diferentes atenciones o

líneas de gasto y acompañada de la previsión de los ingresos que se espera obtener mediante la

aplicación de las leyes tributarias y demás normas concernientes a los ingresos públicos.

Art. 48 LGT: los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y

sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer el Estado y de los derechos

que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.

En el derecho presupuestario confluyen una serie de principios propios, constitucionalmente

establecidos, como son los de legalidad, unidad, universalidad, anulabilidad y muy

significadamente la exigencia del 31.2 CE, según el cual el gasto público ha de realizar una

asignación equitativa de los recursos públicos.

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TEMA 2. EL ORDENAMIENTO FINANCIERO Y LA CONSTITUCIÓN: LOS

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Introducción

El derecho en general puede ser definido como el conjunto de normas que regulan la sociedad.

En nuestro Ordenamiento Jurídico la norma básica es la CE, así pues, la CE debe determinar qué

actos y qué hechos tienen el poder de producir normas, el sistema de fuentes.

Por otro lado, también determina quién puede dictar normas jurídicas válidas. Se puede hablar de

fuentes formales, que hacen referencia a aquellos actos que han de revestir una norma, así como

de fuentes materiales, que hacen referencia a las personas que pueden crear o no las normas. Es

por eso que, desde un punto de vista formal, encontramos las leyes, los decretos, etc. (QUÉ); y

desde un punto de vista material, encontramos el estado, las comunidades autónomas, etc.

(QUIÉN).

Entones el sistema de fuentes se pude clasificar de dos formas: mediante la forma que puede

adoptar el acto y mediante quién puede adoptar el acto.

Tanto las fuentes formales como materiales del Ordenamiento Jurídico financiero también vienen

marcado por la CE, y marca también el contenido posible de las leyes tributarias en función de

una serie de principios constitucionales que ninguna norma va a poder vulnerar.

La CE tiene un valor normativo inmediato y es de obligado cumplimiento, dice que los ciudadanos

y los poderes públicos están sujetos a la CE y al resto del ordenamiento jurídico. La ley orgánica

del poder judicial dice que la CE es la norma suprema del OJ y vincula a los tribunales y jueces,

por lo tanto, es de obligado cumplimiento y debe aplicarse de manera igual para todos.

Aspectos a tener en cuenta en relación con la CE:

1. Los poderes públicos deben tener siempre en cuenta el contenido de la CE a la hora de crear leyes y los poderes judiciales a la hora de juzgar.

2. La Constitución tiene eficacia derogatoria, de manera que cualquier ley previa a la CE que no se ajuste a sus preceptos queda derogada automáticamente.

3. El artículo 31.1 de la Constitución: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema

tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en

ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, se basa en un sistema tributario basado

en la igualdad y progresividad y que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio.

4. Conclusión de unos principios del sistema financiero: (1) principio de capacidad económica, (2) principio de igualdad, (3) principio de progresividad, (4) principio de

no confiscatoriedad, (5) idea de justicia en la imposición, (6) principio de

generalidad, etc.

Todos estos principios están relacionados y sirven para que efectivamente se cumpla y tenga

sentido en principio de capacidad económica.

5. El artículo 31.2 de la CE: “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de

eficiencia y economía”. De este modo solamente se podrán realizar prestaciones

personales (por ejemplo, el servicio militar obligatorio) o patrimonial de carácter

público (obligación de carácter económico que implica que un sujeto deberá

pagar/prestar una cantidad de dinero) según aquello que la ley disponga. Las dos son

de obligado cumplimiento para el destinatario, desde el momento que el estado o

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cualquier ente público dicta esto, el ciudadano no puede negarse a cumplir. Por eso

la CE entiende que para poder establecerse esto debe hacerse con una norma de rango

legal para asegurar la protección del ciudadano.

Las ST del TC han adquirido una importancia muy grande en el sistema de fuentes, pues el TC

es el principal intérprete de la CE, es independiente a cualquier otro órgano y solo está sujeto a

su propia LO y a la CE por tanto lo que el TC diga se debe tener en cuenta a la hora de legislar y

de hacer; así pues, el TC establece de alguna manera el sistema de fuentes.

La CE marca la actuación de los jueces y tribunales, además de vincular al legislador.

La declaración de inconstitucionalidad sólo la puede hacer el TC y un tribunal si se encuentra con

una duda, eleva la cuestión, pero si puede declarar la constitucionalidad de la ley y será reo quien

eleve la cuestión al TC.

6. Por otra parte, como dice el art. 53 CE; cualquier violación de los referidos principios podrá motivar la interposición de un recurso o cuestión de

inconstitucionalidad ante el TC contra Leyes y disposiciones normativas con fuerza

de ley. La eficacia limitativa se asegura mediante este reconocimiento de la

competencia del TC para declarar la inconstitucionalidad de cualquier disposición de

rango legal que conculque los principios de justicia tributaria. Las normas relativas a

la distribución territorial del poder tributario, así como el sistema de fuentes, afectan

junto a los criterios del art.31 a nuestra materia.

Además de las disposiciones que específicamente se refieren a la materia tributaria, la

Constitución garantiza el respeto y la tutela de otros principios y valores generales.

Los principios formales: El principio de legalidad tributaria. Los límites de la reserva de

Ley. El principio de legalidad tributaria y las relaciones ley-reglamento.

• Principio de legalidad tributaria:

Según este principio es necesario crear una norma con rango legal para poder establecer como

tal un tributo. Debe entenderse el concepto de tributo englobado en el concepto de prestación

patrimonial de carácter público. Cuando hablamos de principio de legalidad tributaria

también se relaciona con el principio de reserva de ley; es por eso que el artículo 153.1 de la

CE refuerza este principio de legalidad diciendo que el poder tributario del Estado se

establecerá mediante ley.

Esto significa que el poder del estado de imponer tributos debe realizarse mediante ley. El

segundo precepto del mismo artículo, es decir, el artículo 153.2, dice que las Comunidades

Autónomas podrán establecer tributos según lo que le permita la CE y la ley.

El principio de legalidad no solamente tiene importancia en el ámbito tributario sino también

en relación a las instituciones financieras básicas. Su fundamento se ha identificado con la

existencia de auto imposición (es decir, estamos de acuerdo con pagar porque estamos de

acuerdo con que el estado nos preste una serie de servicios). Si los tributos no se vieran

protegidos por el principio de legalidad, el Estado podría hacer lo que quisiera, haciendo que

para la aprobación de un tributo haga falta ley significa que ha de haber mayoría de la cámara,

que se supone que el pueblo ha elegido y lo representa. Además, asegura la democracia en el

establecimiento de tributos y frena la discrecionalidad o la posible discrecionalidad de la

administración en la aprobación de un tributo y en el procedimiento de gasto del estado.

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Además, protege el principio de seguridad jurídica porque a través del principio de legalidad se

exige que el contribuyente pueda conocer con suficiente tiempo el alcance de sus obligaciones

tributarias.

¿Cuáles son las prestaciones que se encuentran amparadas por el principio de legalidad? Hemos

visto que la CE ha optado por el término de prestación patrimonial o personal, no hablando del

término “tributo”. Así pues, serían las prestaciones públicas establecidas, prestaciones de carácter

público de obligado cumplimiento para su destinatario. Estas prestaciones vienen a coincidir

sustancialmente con el concepto de tributo, sin embrago el legislador ha decidido ampliar las

prestaciones más allá de las tributarias, que no se agotan en las tributarias, sino que hay más que

siendo sustancialmente tributarias no se entienden como tributarias, es decir, tributarias pero que

el derecho tributario no las estudia, por ejemplo, cotización de la seguridad social.

Respecto a la coercitividad, deben considerarse coactivas no solo les que lo son porque así lo dice

la ley sino también se deben considerar coactivas de las que nacen de la propia libertad del

“obligado” pero que realmente esta libertad no es muy libre porque no le queda otra que pagar.

Es decir, la capacidad de elección se queda reducida a nada.

¿Cuáles son los elementos de la prestación que también son amparadas por el principio de

legalidad? No todo lo relativo con el tributo deben ser regulados por una ley, lo que está amparado

por el principio de legalidad es la creación o establecimiento del tributo y sus elementos

esenciales. Sus elementos esenciales son los elementos determinantes de la identidad de la

prestación, así como la cuantificación de la prestación. En que situaciones de deber pagar, el

sujeto obligado al pago, cuanto hay que pagar, plazos de prescripción (4 años), beneficios fiscales

(supuestos de exenciones, reducción a un determinado colectivo de personas, x ejemplo

discapacidad) y todo lo relacionado con los derechos y garantías a los contribuyentes.

• Principio de legalidad tributaria y las relaciones ley

➔ Ámbito material del principio de legalidad tributaria

El principio de legalidad tributaria se encuentra recogido en el art. 31.3 CE: sólo podrán

establecerse prestaciones personales y patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley.

Así pues, el tributo, en tanto que prestación patrimonial impuesta unilateralmente por el Estado,

ha de ser establecido con arreglo a la Ley. Ningún tributo puede ser exigido sin una previa ley

que lo autorice.

El principio de legalidad cubre la regulación de los elementos esenciales del tributo. Por

establecimiento de la prestación hay que entender, no sólo su creación, sino también la

determinación de sus elementos esenciales. Dentro de éstos, quedan comprendidos, los elementos

que identifican el tributo, así como los relativos a su cuantificación.

La Ley debe regular en qué supuestos se origina el deber de pagar un tributo: hecho imponible;

quién está obligado a pagarlo: sujetos pasivos; cuánto hay que pagar: base tipo, cuota y otros

elementos esenciales como los supuestos de responsabilidad o los plazos de prescripción.

La Ley debe regular directa o indirectamente, a través de la fijación de límites y criterios a

desarrollar por normas reglamentarias, los deberes formales que acompañan normalmente a los

tributos, pues tales deberes se concretan en verdaderas prestaciones personales.

También queda reservado a la ley el establecimiento de exenciones y beneficios fiscales: art.

133.3 CEtodo beneficio fiscal que afecta a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud

de ley.

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La referencia expresa de la Constitución a los beneficios fiscales supone una llamada al legislador,

necesaria y conveniente, para que no esconda en ellos privilegios injustificados ni se prive al

sistema de la efectividad y generalidad que deben exigírsele.

TC ha mantenido el criterio de que se incluye en el pº de legalidad ‘el establecimiento de

exenciones y bonificaciones tributarias pero no cualquier regulación de ellos, ni la supresión de

las exenciones o su reducción o la de las bonificaciones, porque esto último no constituye

alteración de los elementos esenciales del tributo’.

➔ Alcance del principio de legalidad: su valor como reserva relativa

La doctrina suele distinguir entre reserva absoluta y reserva relativa.

Reserva absoluta: la ley debe regular de forma concreta y acabada la materia a ella reservada,

sin que pueda intervenir ningún otro tipo de norma.

Reserva relativa: la ley puede limitarse a establecer los principios y criterios esenciales, en el

marco de los cuales podrá desarrollarse la materia reservada por una fuente secundaria.

La reserva de ley tributaria es meramente relativa. Tal conclusión se fundamenta en la propia letra

del art. 31.3 CE, que no exige el establecimiento por ley, sino con arreglo a la ley, lo que implica

la necesidad de que sea el propio Parlamento el que determine los elementos esenciales del tributo,

pero no toda la regulación completa de esta materia, siendo suficiente que se predeterminen

legalmente los límites precisos dentro de los cuales debe producirse el posterior desarrollo

reglamentario.

Es necesaria la previa delimitación legal. En aquellos casos en que la ley no regule o establezca

directamente el tributo, o alguno de sus elementos esenciales, remitiéndose a una fuente

secundaria, esta remisión debe contener con suficiente concreción los márgenes dentro de los

cuales ha de actuar dicha fuente secundaria, de manera que pueda decirse que el tributo se ha

configurado o establecido con arreglo a la ley. Son inadmisibles las habilitaciones en blanco, esto

es, sin un marco básico legalmente preestablecido, habida cuenta de que los reglamentos son

siempre instrumento de la Ley necesitados de una habilitación legal con un contenido material

previamente definido.

La reserva de Ley en materia tributaria ha sido establecida por la Constitución de manera flexible,

tal reserva cubre los criterios o principios con arreglo a los cuales se ha de regir la materia

tributaria y concretamente la creación ‘ex novo’ del tributo y la determinación de los elementos

esenciales o configuradores del mismo.

La ley tributaria se encuentra en el punto de encuentro de dos coordenadas: la relatividad de la

reserva (referida a los elementos esenciales del tributo) y la prohibición de leyes en blanco que

remitan la regulación del tributo a fuentes secundarias.

Es aceptado que la reserva de ley tributaria es meramente relativa, no debería ser lo mismo

respecto a la materia tributaria sancionadora pues, es inexcusable su configuración como reserva

absoluta.

Los principios materiales: el reparto justo de la carga tributaria: El principio de igualdad,

el principio de generalidad, el principio de capacidad económica, el principio de

progresividad y el principio de no confiscatoriedad.

El art. 31.1 CE establece la ordenación básica y sustantiva del tributo a través de los principios

de generalidad, capacidad económica, igualdad y progresividad, entendiendo que todos ellos se

reconducen a un único principio: el de justicia tributaria, pues cada uno de los anteriores no son

13

más que concreciones parciales de este último. Entre estos principios existe una lógica de

dependencia por ser expresión del mismo ideal: el reparto justo de la carga tributaria.

El principio de igualdad exige el de generalidad que sólo se alcanza en relación con el de

capacidad económica, y, la progresividad es una manifestación de la igualdad, entendida como

igualdad real.

• Principio de igualdad:

Valor superior de todo el ordenamiento jurídico, garantizado en los arts. 6 y 14 CE que garantizan

la efectividad de la igualdad. También art. 1 y 31.1 CE.

La igualdad exige que situaciones económicamente iguales sean tratadas de la misma manera

puesto que la capacidad económica que se manifiesta es la misma. Todos los sujetos son iguales

para el legislador a la hora de establecer los tributos. La igualdad exige un trato igual a los iguales

y desigual a los desiguales. Cuanto mayor sea la riqueza de un individuo, mayor ha de ser la

cantidad con la que ha de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

TC ha sentado una serie de criterios en torno al concepto de igualdad:

- El principio de igualdad no impide cualquier desigualdad, sino sólo aquellas que puedan considerarse discriminatorias o arbitrarias.

- No toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del art. 14 CE, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre

situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y

razonable.

- El principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas.

Más allá de la igualdad formal, ha de atenderse también a su contenido de igualdad real: art. 9.2

CE, en base a lo cual, se amparan discriminaciones operadas por las normas tendentes a corregir

situaciones de desigualdad real que no sean justificables. Este art. puede exigir un mínimo de

desigualdad formal para progresar hacia la igualdad sustancial.

El Alto Tribunal ha señalado la estrecha relación del principio de igualdad (art.31) con el concepto

de capacidad económica y progresividad. Una cierta desigualdad cualitativa es indispensable para

entender cumplido el pº de igualdad.

El principio igualdad se predica también respecto del gasto público (31 CE): El gasto público

realizará una asignación equitativa de los recursos públicos…

*M4: se espera en todo el OJ, proclamado por la CE, se traduce en capacidad económica,

capacidad de contribuir o contributiva. La igualdad exige que situaciones económicas iguales

tengan las mismas consecuencias jurídicas o se traten de la misma manera atendiendo a que la

capacidad económica que se pone de manifiesto es la misma. Esto implica la búsqueda de una

igualdad real que equipare el esfuerzo de los contribuyentes, por eso el principio de igualdad se

liga con el principio de capacidad económica. Sin embargo, el TC señala que este principio no

prohíbe cualquier desigualdad sino solamente aquellas no razonables por no tener una

fundamentación. Se entiende que a iguales supuestos de hecho se tiene que dar las mismas

consecuencias, por lo que dos supuestos son iguales cuando la introducción de elementos

diferenciados sea arbitraria o carezca de racionalización. Cuando sea arbitraria se entiende que se

vulnera el art. 14 CE.

El principio de igualdad no solamente implica igualdad sobre la ley, sino también igualdad en la

aplicación de la ley (que un juez en casos idénticos no falle en sentido inverso salvo motivarlo

muy justificadamente). Para que la diferenciación se pueda considerar constitucionalmente lícita,

deber ser lícito también el fin que se persigue a través de la diferenciación, y además las

consecuencias jurídicas que se deriven de la introducción de la diferenciación tiene que ser

proporcionada y adecuada entre la medida tomada y el resultado obtenido. No solamente se

predica a los ingresos públicos sino también a los gastos públicos, pues hay una idea de igualdad

14

en relación a los gastos públicos. Se plantea un último supuesto: la dimensión territorial del

principio de igualdad. Cuando se promulgó la CE no se llegó a prever el desarrollo autonómico

sucesivo y se dejó su desarrollo a la LO de financiación de las CCAA (LOFCA). El hecho de que

las CCAA fueran asumiendo más autonomía política requería que fueran económicamente

independientes del Estado, y para ello el sistema de financiación autonómico actual está mucho

más desarrollado y regulado y éstas deben tener sus propios impuestos para poder auto financiarse

y recaudar. Sin embargo, el OJ vincula el criterio de territorialidad, es decir, que un alemán que

venda un piso tributará en España por haber recibido el rendimiento en territorio español. Esto

implica que puede haber países que no sigan este criterio, sino el de nacionalidad. En el caso de

que supuestamente en Alemania se siguiera este criterio, se hablaría de doble imposición si no

hubiera tratados bilaterales o multilaterales que contemplaran lo contrario.

• Principio de generalidad:

La Constitución dispone que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de

acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los

principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

En el mismo sentido, el art. 3 LGT previene que la ordenación del sistema tributario se basa en

la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de

justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no

confiscatoriedad.

El término todos tiene un doble significado:

1) Afirmar que el deber de contribuir se refiere tanto a los ciudadanos españoles como extranjeros, así como a las personas jurídicas españolas y extranjeras (consecuencia del

principio de territorialidad en la eficacia de las normas).

2) Se prohíbe la existencia de privilegios fiscales.

La generalidad no implica que todos tengan que pagar una misma cantidad de dinero, pues sería

injusto hacer pagar a quienes no pueden, como tampoco sería justo que todos contribuyesen con

un mismo importe. Por eso el pº de generalidad se atempera con el de capacidad económica.

El principio de generalidad constituye un mandato dirigido directamente al legislador que debe

tener en cuenta a la hora de tipificar los hechos imponibles de los distintos tributos, de forma que

contemple de igual modo todos aquellos hechos, actos o negocios jurídicos que sean indicativos

de capacidad económica.

El principio de generalidad quiebra si la ley, al definir los hechos imponibles, deja fuera de

gravamen hechos reveladores de capacidad económica, en este caso no quedaría repartida con

carácter general.

Impide la concesión de exenciones fiscales arbitrarias y discriminatorias. Ello ocurrirá cuando se

traten de forma distinta situaciones que son idénticas y cuando tal desigualdad carezca de

justificación razonable.

TC: La generalidad como principio de la ordenación de los tributos no significa que cada figura

impositiva haya de afectar a todos los ciudadanos. Tal generalidad es compatible con la regulación

de un sector o grupos compuestos de personas en idéntica situación. Notas: abstracción e

impersonalidad.

El establecimiento de beneficios fiscales puede ser materialmente legítimo siempre que mediante

su concesión se pretenda la consecución de fines que gozan de cobertura constitucional.

15

Hay que postular una interpretación conjunta de los principios constitucionales. El Alto Tribunal

admitió la legitimidad de la finalidad extra fiscal y la utilización del tributo como instrumento de

política económica.

*M4: la doctrina entiende que los beneficios fiscales no son privilegios sino medidas tributaras

usadas para definir más exactamente el deber de contribuir de acuerdo con la capacidad

económica del contribuyente. Existe una exención contemplada para el pago del IRPF, que se

considera el mínimo vital para poder subsistir de manera proporcional a lo que gane. Hay muchas

exenciones de este tipo, por lo que debe señalarse que lo que no se admiten son exenciones que

no sean generales o abstractas, es decir, se pueden establecer exenciones que se encuentren en

una misma situación de desigualdad. Un ejemplo sería una discapacidad de un 60%, la exención

estaría legitimada si se aplicara para todas aquellas personas que cumplan con el porcentaje, no

se admitiría a unos sí y a otros no. El legislador por unas razones justificadas puede determinar

que sujetos pasivos no estén sujetos (artículo 7 del IRPF: exención de distintas rentas). De manera

que los iguales serán tratados de la misma manera y los desiguales también serán tratados de la

misma manera dentro de su desigualdad.

• Principio de capacidad económica

Criterio básico y central en el reparto de la carga tributaria. Recogido en el art. 31 CE + 3 LGT:

la ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de los llamados a

satisfacerlos.

Durante mucho tiempo como único criterio material de justicia, pero por sí sólo ya no asegura un

sistema tributario inspirado en los principios de igualdad y progresividad.

La justicia del tributo exige: generalidad e igualdad.

Los Tributos han de basarse esencialmente en la capacidad económica de los llamados a

contribuir. Para ello es necesario determinar quién tiene y quien no tiene capacidad económica.

Es decir, determinar la capacidad contributiva absoluta: la aptitud abstracta para concurrir al

levantamiento de las cargas públicas. Establecido ya quienes tienen que tributar, es preciso fijar

en qué medida tiene que contribuir casa uno de ellos, de acuerdo con su capacidad contributiva

relativa.

La capacidad contributiva absoluta actúa como límite del legislador en el momento de fijación de

los hechos imponibles. El legislador debe configurar los hechos imponibles de tal forma que éstos

sean reveladores de capacidad económica. No obliga a que toda manifestación de riqueza tenga

que estar sometida a tributación necesariamente.

Existen unos hechos que revelan la capacidad económica, es decir, indicativos de tener la

capacidad para concurrir al levantamiento de las cargas públicas. Estos pueden ser:

• Índices directos: percepción de la renta o posesión de un patrimonio.

• Índices indirectos: gasto o consumo de la renta o circulación del patrimonio.

Tales hechos se configuran como hechos imponibles, hechos cuya realización determina el

nacimiento de la obligación a contribuir.

La doctrina ha acuñado algunos criterios orientadores de la idoneidad de esos índices para

manifestar capacidad contributiva:

- principio de normalidad; una determinada situación como hecho imponible debe atender a un supuesto que normalmente sea indicativo de capacidad económica. En

aquellos casos en que un hecho aparezca configurado como hecho imponible y, sin

embargo, no sea indicativo de capacidad económica en un supuesto concreto, la solución

deberá venir por vía de exenciones o bonificaciones.

- Exención del mínimo vital, entendiendo por tal existencia de una cantidad que no puede ser objeto de gravamen, toda vez que la misma se destina a la cobertura de las mínimas

necesidades vitales de su titular. Lo mismo ocurre con la exoneración o menor tributación

16

en la imposición sobre el consumo de determinados artículos considerados elementales y

de primera necesidad.

El reparto de la carga tributaria exige asimismo la determinación cuantitativa concreta de la

prestación tributaria de cada individuo. No es suficiente establecer los tributos en función de

hechos o actos que indican capacidad económica, sino que es necesario, además, que la medida

concreta en que debe contribuir cada uno también se determine de acuerdo con la capacidad

económica.

A través de los métodos impositivos, de las técnicas de cuantificación del tributo, se logra

asimismo hacer efectiva la igualdad y la generalidad tributaria: todos deben contribuir conforme

a su propia capacidad económica.

El tributo es justo si se adecua a la capacidad económica del sujeto que ha de pagarlo. Esta

adecuación tiene una doble vertiente:

1) quien no posea un determinado nivel de capacidad económica no deberá contribuir. 2) La contribución de cada uno debe establecerse habida cuenta de la capacidad económica

de los demás.

El principio exige no sólo la participación en el sostenimiento de las cargas públicas, sino también

que esa participación se establezca atendidos los niveles económicos de los contribuyentes, de tal

modo que los titulares de una capacidad económica mayor contribuyan en mayor cuantía que los

que están situados en un nivel inferior. Sólo así estas cargas son igualmente gravosas para los

distintos contribuyentes.

El principio de capacidad económica debe ser fuente principal a la hora de delimitar los diferentes

hechos imponibles y de cuantificar la concreta carga tributaria de cada contribuyente, pero no la

única. En cuanto los tributos tienen como fin fundamental lograr ingresos para el Estado. Pero el

tributo puede perseguir otros fines distintos a los estrictamente recaudatorios, con arreglo a otros

criterios distintos al de capacidad, siempre que estén protegidos por la Constitución.

Se admite la idea de que los tributos pueden ser utilizados con fines extra fiscales y, en particular,

para lograr el crecimiento del producto nacional y su mejor tributación (aparentemente

contradictorios).

El ‘sostenimiento de los gastos públicos’ a que se refiere el art. 31 CE, no quiere decir sólo

financiación de los gastos que efectivamente hayan de realizarse. El sostenimiento del gasto

público puede propiciar y exigir tanto un déficit como un superávit presupuestario, así como el

desaliento o el incentivo de determinadas actividades económicas que influyan de modo

significativo en la marcha general de la economía, y en consecuencia, en el nivel y distribución

equitativa del gasto que también viene exigida por el art. 31 CE.

El sostenimiento de los gastos públicos permite al legislador establecer tributos con fines distintos

al puramente recaudatorio, con fines extrafiscales, siempre que se respeten las exigencias mínimas

del pº de capacidad; que los fines queridos por el legislador sean queridos y amparados también

por la Constitución; que su consecución esté encomendada por ella al Estado y a los demás entes

públicos; y que su consecución se refleje en el nivel de gasto público o en su distribución.

La finalidad extrafiscal y la utilización del tributo como instrumento de política económica fueron

reconocidas por el TC.

• Principio de progresividad:

La progresividad constituye una característica del sistema tributario mediante la cual, a medida

que aumenta la riqueza de cada sujeto aumenta la contribución, pero en proporción superior al

incremento de riqueza. Se trata de que quienes más tienen contribuyan en proporción superior a

los que tienen menos. La progresividad supone la articulación del sistema tributario de tal forma

que permita conseguir la efectiva redistribución de la renta y de la riqueza.

17

Estrecha conexión con el principio igualdad.

El carácter progresivo afecta, no a cada tributo en particular, sino al conjunto del sistema

tributario, por lo que nada impide que existan tributos proporcionales.

La progresividad tiene un límite infranqueable en la no confiscatoriedad. La prohibición

constitucional es una especie de garantía frente a posibles abusos en la progresividad del sistema.

La confiscación se inserta en la regulación del derecho de propiedad.

En aquellos supuestos en que una Ley configure de tal manera un tributo que llegase a producir

efecto confiscatorio o de anulación del derecho de propiedad, el precepto sería tachado de

anticonstitucional sin necesidad de acudir a este principio, por el simple juego de la capacidad

económica.

*M4: A mayor riqueza hay que pagar más que proporcionalmente. No varía la presión aunque sí

varíe la riqueza sobre la que se ha de proyectar. La capacidad de destinar riqueza al ahorro o al

consumo es lo que varía. Un tributo proporcional, que podría ser apto para la capacidad

económica, admite su perfeccionamiento aplicando criterios de progresividad; que pague el que

más tiene o el que más gana, es decir, es elemental justicia, pero hay que objetivar i trasladar a la

norma. Este principio constitucional es más que la capacidad económica. ¿Por qué se dice que

completan estos dos últimos principios al núcleo de los principios constitucionales

indispensables?

Progresividad se predica de todo el sistema tributario. El IVA no es progresivo, se cobra lo mismo

independientemente de la capacidad económica, pues no se trata de un tributo sobre renta o

patrimonio. Es un tributo ciego, recae igual sobre todo el mundo, de manera que no cumple con

el criterio de progresividad. El TC dice que la progresividad se predica de todo el sistema en su

conjunto, y en todo caso podría ser exigible para impuestos de obligado

cumplimiento/fundamentales, como podría ser el IRPF. La Constitución pide que el sistema

tributario sea más o menos progresivo. Los impuestos especiales, las tasas, el impuesto de bienes

inmuebles no son progresivos.

En conjunto el sistema es progresivo; la medida de progresividad se aleja de la constitucionalidad,

pues la función de la ideología se considerará que podría serlo más o menos, y el alcance de las

normas constitucionales progresivas.

• Principio de confiscatoriedad

El TC se ha pronunciado -> se produciría si hubiera un tributo que se quedara con la totalidad de

la riqueza del ciudadano. No existen tributos que se queden la totalidad de la riqueza, sin embargo,

¿y si sobre una misma riqueza, confluyen dos o más tributos? ¿No pueden tener un efecto

prohibitivo de confiscatoriedad? Se puede dar el caso.

Se está prohibiendo una tributación que sea confiscatoria. La confiscación pertenece al derecho

sancionador, no al tributario, por lo tanto, ya tiene un matiz que se escapa al lenguaje y al sistema

de conceptos del derecho tributario. Que se produzcan efectos confiscatorios, ¿qué implica?

Ya que se ordenó que hubiera progresividad, se entendieron los efectos confiscatorios como un

límite de la progresividad, pues ésta de manera desproporcionada implicaría un exceso al derecho

de propiedad. Como contrapeso a la progresividad, se establece un límite. Progresividad sí pero

que no lleve a tener efectos confiscatorios, sería un freno en favor del respeto al derecho de la

propiedad.

18

Los principios de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva.

Por último, en materia de principios, señalar que hay otros principios constitucionales –sin salir

del derecho tributario-, a los que hay que prestar atención. El ordenamiento financiero y tributario

es una parte de todo el OJ, de manera que, aunque tenga sus principios propios, deberá responder

a muchos principios de ese ordenamiento conjunto, por ejemplo:

Seguridad jurídica: es exigible desde todas las perspectivas del OJ. En derecho tributario, al ser una rama jurídica extremadamente insegura, pues ni las normas son

estables ni son comprensibles ni duraderas, poder saber a qué atenerse es muy

complicado.

Tutela judicial efectiva (art.24CE): derecho a la defensa en sus diversas variantes. Es un principio trascendente en el derecho tributario y en su aplicación práctica al tratarse

de un derecho conflictivo; proclive al conflicto entre el acreedor –hacienda pública- y

deudor –contribuyente-, generalmente.

Las normas tributarias son normas hechas a favor de la administración tributaria, a favor de los

intereses de la hacienda pública y por lo tanto normalmente contrario a los intereses de los

ciudadanos, cosa que supone que la normativa de alguna manera va minando las posibilidades de

defensa, de reacción de los contribuyentes a la vez que favorece las potestades administraciones.

De este modo, son normales los conflictos y que en ellos se den situaciones de falta de “igualdad

de armas”.

19

TEMA 3. EL ORDENAMIENTO FINANCIERO. SISTEMA DE FUENTES FORMALES

El ordenamiento jurídico financiero y el sistema de fuentes. Fuentes formales y fuentes

materiales.

→ Concepto y clasificación:

En el Derecho Tributario, al igual que sucede en el conjunto del ordenamiento jurídico-público,

la teoría de las fuentes del Derecho se circunscribe prácticamente a los modos de creación del

Derecho escrito, de la Ley en sentido material.

La LGT reproduce el siguiente cuadro de fuentes:

Artículo 7. Fuentes del ordenamiento tributario.

1. Los tributos se regirán:

a) Por la Constitución.

b) Por los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de naturaleza tributaria

y, en particular, por los convenios para evitar la doble imposición, en los términos previstos en

el artículo 96 de la Constitución.

c) Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o

supranacionales a los que se atribuya el ejercicio de competencias en materia tributaria de

conformidad con el artículo 93 de la Constitución.

d) Por esta ley, por las leyes reguladoras de cada tributo y por las demás leyes que contengan

disposiciones en materia tributaria.

e) Por las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores y,

específicamente en el ámbito tributario local, por las correspondientes ordenanzas fiscales.

En el ámbito de competencias del Estado, corresponde al Ministro de Hacienda dictar

disposiciones de desarrollo en materia tributaria, que revestirán la forma de orden ministerial,

cuando así lo disponga expresamente la ley o reglamento objeto de desarrollo. Dicha orden

ministerial podrá desarrollar directamente una norma con rango de ley cuando así lo establezca

expresamente la propia ley.

2. Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales del derecho administrativo y los

preceptos del derecho común.”

Las fuentes formales: Ordenación sistemática: jerarquía y competencia. La Constitución,

los Tratados Internacionales.

• Normativa estatal: la Ley, las disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley, el Reglamento y las Circulares e Instrucciones

• Normativa autonómica: Leyes y Reglamentos

• Normativa local: la potestad reglamentaria de los Entes Locales.

Desde un punto de vista formal, el derecho categoriza las fuentes:

1) Constitución: recoge principios constitucionales, preceptos en los que se recoge materia financiera o tributaria. La Constitución regula los principios constitucionales que rigen

20

para cada una de estas subramas (principios del patrimonio público, deuda pública,

derecho tributario, etc). A parte de principios, una extensa parte de la CE se ocupa del

diseño de la financiación de los entes públicos, y dentro de éstos, hace un especial

hincapié en la financiación autonómica. Es pues ésta una materia bastante

constitucionalizada.

CE: PRINCIPIOS + DISEÑO DEL S. FINANCIACIÓN DE ENTES AUTONÓMICOS

2) Tratados o convenios internacionales con cláusulas de naturaleza tributaria: la materia tributaria actualmente se recoge en miles convenios (doble imposición, acuerdos

internacionales, etc). La globalización y la interrelación en materia fiscal entre los estados

hace que los vínculos de colaboración y cooperación, así como de adopción de medidas

es una tendencia creciente e imparable; hecho que justifica que la segunda fuente sean

los tratados o convenios.

El art. 96 CE dice que estos tratados se incorporan al OJ cuando son publicados en el BOE.

3) Normas de la Unión Europea: actualmente, los estados miembros de la UE –más aún los de la zona euro-, hacen una cesión de soberanía a la organización de tal manera que

asumimos que hay una serie de materias trascendentales que se regulan en la UE y no en

casa. Consecuentemente, la normativa dictada por la organización en algunos casos será

de aplicación directa, otras serán traspuesta al ordenamiento interno, pero en todo caso

está por encima siempre de las leyes ordinarias y orgánicas. Hay que pensar que estamos

ante un océano normativo.

En materia fiscal, la sujeción a la UE afecta sobre todo a una parte de los tributos. Por ejemplo,

hay algunos impuestos como el IVA o los impuestos especiales que son impuestos armonizados;

cualquier paso que haga España al respecto tiene que seguir las pautas que marca Bruselas.

Bruselas manda también en otras materias: lucha contra el fraude, impuesto de sociedades, etc.

4) La ley: sin embargo, en materia tributaria hay una más importante que las demás, ésta es la Ley General Tributaria (Ley 58/2003). Se trata de una ley ordinaria, aunque de

aplicación al resto (Entes locales y CCAA). Antes de esta ley había una del año 1963,

que también era ordinaria pero la LGT nunca ha tenido necesidad de llegar a ser orgánica

para que tuviera más supremacía, porque se parte y se asume ya que es la norma donde

se establecen todos los mecanismos y preceptos básicos que configuran nuestro sistema

tributario, que es esencial. Aun así, se completa posteriormente con otros reglamentos.

La LGT establece lo básico en derecho tributario, tanto los aspectos sustantivos como

procedimentales. El derecho tributario desde el punto de vista de su contenido se puede dividir:

(1) derecho tributario material, que habla de lo que son los tributos y sus elementos y (2) derecho

tributario formal, que habla de los procedimientos administrativos de los tributos. Sobre todo, en

esta segunda parte formal, sí que se hace preciso tener en cuenta que hay un importante desarrollo

reglamentario de la LGT.

A parte de la LGT, hay también un amplio número de leyes ordinarias que también son

imprescindibles en materia tributaria. La LGT se llama general, por lo tanto, es la que regula

aspectos generales y comunes a todos los tributos, pero luego están los tributos en particular. Se

habla entonces de una regulación específica para cada uno de ellos.

Además, esas leyes tributarias ordinarias especiales que tienen por objeto la regulación

generalmente de un solo tributo (“Cada tributo es objeto de una ley”), a su vez tienen

prácticamente siempre un reglamento de desarrollo. También, dada la relevancia práctica que hoy

en día tiene la materia tributaria, todo tiene trascendencia tributaria. Esto explica que haya muchas

leyes que, no dedicándose a la tributación de forma principal, prevean efectos fiscales.

21

Consecuentemente, no siendo una ley propiamente fiscal, tiene uno o varios preceptos que hablan

de fiscalidad. Esta ley no fiscal, pero que tiene alguna norma fiscal, se incluye dentro del apartado

de las leyes (pues tiene una repercusión fiscal).

Ley General Tributaria -> Leyes ordinarias especiales -> Reglamentos -> Preceptos fiscales ->

Leyes Orgánicas -> Decreto ley, decreto legislativo.

¿Hay leyes orgánicas en materia tributaria?

Hay leyes orgánicas que tienen contenido tributario. Son pocas a diferencia de las ordinarias, y

además responden prácticamente siempre la parcela de la financiación de los entes públicos, en

concreto de las CCAA, que exige ser regulada por LO. Dentro de esa financiación, habrá

lógicamente una parte tributaria; por lo tanto, es por ejemplo la Ley Orgánica de Financiación de

las CCAA (LOFCA) hay una parte concreta referente a tributos.

Diferenciar entre ley orgánica y ley ordinaria responde a la cuestión de competencias. Si

determinadas materias tienen que ser reguladas por LO, es porque competencialmente así se ha

establecido en la CE, aspecto que hace que se evite fricción en aspectos de financiación

autonómica.

Disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley

Dentro de las leyes, también debe hablarse de Decreto ley y de decretos legislativos.

El criterio de que el decreto ley obedece a una extrema y urgente necesidad está un poco

cuestionado, pues se trata de una figura legislativa que hasta ahora se ha empleado con mucha

frecuencia. Es cierto que las tramitaciones legales son largas, pero da la sensación que se trata de

una manera de legislar que puede lesionar la legitimidad del pueblo, pues ésta la expresa a través

de sus representantes en las CCGG.

El decreto ley en materia tributaria es de uso constante, pues después estos se pueden convalidar

o convertir en leyes. Pocas veces no consiguen convalidarse en esos 30 días o tramitarse como

ley (otra cosa es que se produzcan modificaciones). Por lo tanto, hay una tendencia en esta figura

en materia tributaria.

Los decretos legislativos, a través de los cuales el Gobierno elabora textos refundidos. Hay leyes

que están sometidas a tantos cambios que al cabo de un tiempo conviene actualizarlas

jurídicamente; hecho que justifica el encargo al Gobierno de una sistematización de las normas

que se refieren a una materia y lo haga a través de un texto refundido. Por ejemplo, la Ley de

Haciendas locales de 2004. Un decreto legislativo no innova, sistematiza.

Reglamentos y órdenes ministeriales

En derecho tributario no pueden existir reglamentos independientes, que son aquellos que se dicta

por el ejecutivo sin seguir una ley de bases. Lo que sí que puede hacer es desarrollarlo si así está

previsto en una ley, tal y como le manda la ley y en los términos previstos por la ley, pero no

puede tener iniciativa propia y legislar de manera autónoma. Es un punto de conflicto tradicional

en derecho tributario: el uso y abuso de los reglamentos. Se desfigura una razón de ser inicial de

los reglamentos tributarios, y es que es una materia compleja y técnica, hecho que implica que se

considere que ese elevado tecnicismo justifique que eso no tenga que ocupar el tiempo de los

figurantes del parlamento; por eso se dice que el poder ejecutivo puede asumir la función de

regular aspectos tan técnicos, de manera que éste complementa al poder legislativo. Eso, que en

principio se puede aceptar por partir de una realidad, tiene que ponderarse. Lo que sucede es que

22

el poder ejecutivo usa y abusa de la necesidad de que sea el reglamento del Gobierno el que

desarrolle materias que están en las leyes tributarias (conflictivo).

Hablar de reglamentos tributarios implica hablar de una aprobación por real decreto del consejo

de ministros, y por debajo de los reglamentos aprobados por real decreto estarían las órdenes

ministeriales que dicta el ministro de Hacienda, pues éste tiene competencia para dictar normas

de desarrollo de los reglamentos. Generalmente, lo que se espera de una orden ministerial es que

aborde cuestiones estrictamente procedimentales, formales, de gestión y puro detalle, pero a veces

no es así y se aprovecha para colar determinadas innovaciones.

Disposiciones

Por debajo del ministro de Hacienda, hay autoridades que dictan disposiciones. Por ejemplo, el

director general de la agencia tributaria puede dictar disposiciones. O dentro de la propia agencia

subdirectores generales de cada departamento pueden hacer públicas determinadas disposiciones.

Se usa dicho término para no decir normas, porque en realidad no son normas jurídicas (éstas se

acaban en las órdenes ministeriales). Son opiniones de superiores jerárquicos respecto de sus

inferiores o subordinados jerárquicamente hablando. Se puede considerar que es una opinión que

la hacienda tiene sobre una norma que se plantea, pero no obliga, no entra dentro de las fuentes,

NO ES NORMA Y POR LO TANTO NO ES FUENTE DEL DERECHO – es una mera

disposición interna-.

5) Disposiciones generales del derecho administrativo y los preceptos del derecho común (Carácter supletorio ante vació legal o anomia): antes que dejar un vacío, debe

irse a las disposiciones generales del derecho administrativo. El derecho financiero

guarda ciertas semejanzas con el derecho administrativo, incluso parte de la doctrina lo

considera una rama derivada del derecho administrativo. De este modo, buena parte de

los mecanismos del derecho tributario (elementos, conceptos, reglas) en realidad tienen

su origen en el derecho administrativo. Ante la duda, se habla de las disposiciones

generales, NO de todo el derecho administrativo. ¿Qué son disposiciones generales? Lo

básico, a la Ley 40/2015, que son las leyes del procedimiento administrativo común y

sector público. Son básicamente esas normas las que disponen lo básico del derecho

administrativo, y por lo tanto es de suponer que quizá se pueden encontrar en esa ley o

en otras de carácter general lo que en materia tributaria se requiere.

Hay cuestiones que, aun habiendo mucha regulación y siendo trascendentes no están reguladas,

por ejemplo, cómo se computa un plazo. Entonces, como que el derecho tributario a estos efectos

es administrativo, debe recorrerse la norma de derecho administrativo. La Ley 39 o 40/2015

modificó la cuestión de que los sábados son inhábiles. Claramente en derecho tributario debe

seguirse también ante el vacío existente.

También se habla de los preceptos del derecho común, ¿Qué es? Debe entenderse que lo que

se dice en la ley es que de nuevo hay que analizar el problema de materia tributaria y intentar

encontrar su origen o regulación originaria. La mayoría de elementos provienen del derecho

administrativo, pero también hay partes importantes que tienen su explicación o su antecedente

en instituciones, conceptos y reglas de otras ramas jurídicas. Por ejemplo, es básico en derecho

tributario partir del concepto de obligación tributaria del contribuyente (pago del tributo).

Como es una obligación, el derecho común estará en el derecho civil (relación sinalagmática

derecho tributario-derecho civil).

Otras: La jurisprudencia y la doctrina no son fuentes. Pero en jurisprudencia debe tenerse en

cuenta que, aunque no sea fuente específica, si el TC expulsa una norma del OJ o explica cómo

hay que interpretar una norma tributaria hay que atenderse a lo dicho. La doctrina y la costumbre,

que no tiene carácter de fuente, aunque lo conocido ayuda a la aplicación e interpretación de

derecho tributario, pero NO son fuente de información

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TEMA 4. EL ORDENAMIENTO FINANCIERO. SISTEMA DE FUENTES

MATERIALES

El poder financiero en la Constitución española: poder financiero original y poder

financiero derivado

La distinción entre poder financiero originario y derivado existe porque tradicionalmente el

originario se decía que era aquel que una CE atribuye a un ente o una clase de entes, y el derivado

es aquel poder financiero que ese ente con poder originario a su vez otorga a otros entes, como

un poder financiero de segundo grado. Este no es el planteamiento que encontramos en la CE

actual. Nuestra CE, a lo largo de sus preceptos, deja claro que todos los entes que tienen poder

financiero lo reciben directamente de la CE, no hay ninguno que derive de otra cosa que no venga

de la CE, aunque haya niveles distintos. No es el Estado el que decide darles un poder u otro a las

CCAA o a los entes locales.

El poder tributario, a su vez, tendría que distinguirse en dos planos o aspectos:

- El plano abstracto: quiere decir que un ente tiene poder tributario en abstracto cuando puede dictar o fabricar normas tributarias, tiene poder de producción normativa.

- El plano concreto cuando tiene poder para aplicar las normas tributarias.

No siempre los entes tienen ambos poderes, en abstracto y en concreto. El caso claro es las

administraciones institucionales, un organismo desconcentrado de la administración puede tener

poder para exigir una tasa, pero esta tasa no la ha establecido este ente, sino que habrá sido, por

ejemplo, la CCAA y le habrá encargado recaudarla.

Preceptos de la CE que van marcando las pautas:

• Artículo 1, en materia de soberanía

• Artículo 2, que introduce conceptos importantes como unidad, autonomía y solidaridad en esta materia.

• Artículo 137, cuando habla de la organización territorial del estado en municipios, provincias y CCAA.

• Artículos 140 y 142, en materia de autonomía y suficiencia de las haciendas de las corporaciones locales.

• Artículo 156, en materia de financiación autonómica.

Estos artículos recogen las parcelas financieras reconocidas constitucionalmente. Es un bloque

relativamente amplio en el cual el poder constituyente decide marcar los trazos básicos del poder

financiero del Estado con mayor o menor detalle.

Al estado se le deja más vía libre, porque mediante ley se regula a él mismo. Tampoco hay mucha

regulación en materia de corporaciones locales, puesto que sus rasgos básicos se regularán

mediante ley del Estado. No obstante, establece los principios de financiación autonómica y qué

tipo de ingresos van a obtener.

El Estado tiene reconocido a su favor en el artículo 149.14, la competencia exclusiva en materia

de hacienda general y deuda del Estado. Esto quiere decir que la deuda pública del estado la

regulará el propio estado, pero la hacienda general ha ido tomando forma a través de la

jurisprudencia del TC: hacienda del Estado hay que considerar que abarca, por un lado, la

hacienda del estado que solo el estado puede regular –ingresos y gastos- y, además, abarca los

rasgos fundamentales de las restantes haciendas, es decir, que la conformación de la hacienda

autonómica y local partirá de leyes estatales, y el Estado, desarrollando lo que en su caso diga la

CE, desarrollará lo fundamental de las haciendas autonómicas y locales, aunque existe un margen

para que ambas clases de entes establezcan sus propias haciendas.

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Otro artículo importante al respecto es el 133.1 CE: la potestad originaria para establecer los

tributos corresponde al estado exclusivamente mediante ley. Esto no se puede interpretar en el

sentido de que las CCAA no podrán dictar leyes para establecer tributos, porque si aceptamos

esta interpretación las CCAA no tendrían tributos propios, y los tienen. Por tanto, a diferencia de

CCAA y CCLL, el Estado tiene como único límite a su poder financiero lo que diga la CE. En

cambio, CCAA y CCLL tiene dos límites: lo que dice la CE y lo que dicen las leyes del Estado

que regulan el marco de esas haciendas.

Sistema de financiación de las Comunidades Autónomas: régimen foral y régimen común

Hay unos preceptos constitucionales donde el constituyente había querido pronunciarse de

aspectos básicos y medulares de la organización territorial del Estado. El artículo 1.2 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, establece que “Esta ley se aplicará en todo el territorio

nacional, sin perjuicio de los regímenes financieros forales de los Territorios Históricos del País

Vasco y Navarra”.

Las disposiciones transitorias y adicionales de la CE nos ayudan en este aspecto. Hay que advertir

que en las DDAA de la CE:

− DA 1ª: CE ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Esta es la vía de entrada para permitir haciendas especiales para el País Vasco y Navarra.

− DA 3ª: reconocimiento de la continuidad del régimen económico-fiscal de Canarias. Hay que aclarar que las Canarias tienen, en parte, una fiscalidad diferenciada del resto de CA

de régimen común. Su insularidad es una especialidad que afecta en tema impositivo. Los

impuestos indirectos son más benignos que el resto. Canarias tiene el IGIC, parecido al

IVA pero más reducido. Pero aparte de eso, es de régimen común.

Hay que diferenciar las comunidades especiales, Navarra y País Vasco, del resto, que se regirán

por el régimen común.

- DA 5ª se refiere en a Ceuta y Melilla, dando pie a que se establezca un sistema de financiación

preferente. Al ser ciudades con Estatutos de Autonomía, y teniendo en cuenta su situación

geográfica, el OJ prevé algunas ventajas. Los recursos con los que cuentan las haciendas de Ceuta

y Melilla son una acumulación de los recursos que tienen las Haciendas Locales y las Haciendas

Autonómicas. A parte, tienen trato más favorable en algunas figuras impositivas, como una

reducción en el IS.

PV y Navarra

Estas CCAA sustentan su marco en dos instrumentos: el Convenio (Navarra) y el Concierto

(Vasco). En estos dos territorios se exigen impuestos muy parecidos a los que tiene el resto del

Estado: al margen de que en su regulación pueden haber algunas diferencias, lo que resulta

esencial es que son impuestos establecidos por estas comunidades. De otro modo, si quitamos

País Vasco y Navarra, el resto de CCAA, en lo que son los tributos estatales, son regulados por

leyes estatales, y podrán participar en su recaudación, podrán repartirla, etc., pero siguen siendo

leyes estatales aprobadas por las Cortes Generales. En el País Vasco y Navarra, esas figuras

tributarias son reguladas por normas de estas comunidades o territorios.

En Navarra no tanto, pero en el País Vasco los entes con potestad para dictar normas están en los

territorios que coinciden con las provincias: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Son Juntas, no son el

Parlamento y regulan el IVA, el IRPF, etc. Estas normas, a efectos de impugnaciones, tienen

equivalencia con ley. En Navarra está más centralizado vía Parlamento de Navarra.

En el resto del Estado se aplican las leyes del Estado. En PV y Navarra se aplican impuestos y

normas autonómicas. Para trasladar una fracción de lo recaudado al Estado se utiliza el sistema

de cupo: una cantidad acordada entre el Estado y estas comunidades, por las cuales éstas entregan

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una cantidad al Estado en razón de los gastos que todavía tiene el Estado en esa comunidad. Es

una compensación por los gastos que le supone al Estado ejercer las competencias que mantiene

en esas comunidades. La norma que regula el Cupo se considera que utiliza criterios

manipulables. En el resto de España, las riendas de la financiación las lleva el Estado. Primero se

recauda, y luego se les da una parte a las CCAA.

Régimen general de financiación

El artículo 137 regula el poder financiero, y los artículos 148 y 149 las competencias.

- Binomio: unidad y autonomía (artículo 1,2 CE). Se refiere a la unidad de la nación española y

al reconocimiento del derecho a la autonomía.

- Autonomía política y financiera de las CCAA y de las Corporaciones Locales (artículos 137 y

143 CE). Las CCAA, a las que se reconoce poder político y una serie de competencias, necesitan

unos medios financieros para poder desarrollar estas funciones y competencias que tienen

reconocidas. El artículo 142 reconoce la suficiencia financiera de las Haciendas locales, pero en

ningún caso el silencio respecto a las CCAA debe considerarse buscado frente a la suficiencia de

las CCAA (es un olvido del constituyente).

- Hacienda general. Es un concepto que encontramos como competencia exclusiva del Estado en

el artículo 149.1.14 CE. Hay que descartar que este artículo se refiera a la Hacienda General como

toda la Hacienda: habrá hacienda del Estado y de las CCAA. Con los años, el TC ha emitido

jurisprudencia al respecto de qué se entiende como Hacienda General, que según el TC es:

o La Hacienda del Estado o Los aspectos principales y fundamentales de las otras haciendas (CCAA y HHLL). o El Estado podría legislar sobre los aspectos principales de las otras haciendas, como

sucede en realidad.

- Principios constitucionales esenciales:

o Principio de Solidaridad. Se repite en varias ocasiones en el texto constitucional (artículos 2,

156.1 y 158). Es un reflejo de los temores del constituyente. La solidaridad se liga con autonomía,

imponiendo la regla de que los territorios más desfavorecidos no deben quedar olvidados,

imponiendo las reglas para que el principio de autonomía no discrimine algunos territorios.

o Principio de Coordinación. Ligado a la autonomía también. En la medida en que el reparto de

poder no implica actuación descoordinada de los entes. Se incluye entre las competencias

exclusivas del Estado (149.1.13) prever la forma de coordinar la planificación económica (lo que

implica también la planificación fiscal y financiera) en todo el Estado.

o Principio de igualdad. Es un valor superior del ordenamiento. Está por encima de otros

principios, aunque luego se desarrolle en algunos de ellos. Los artículos 14 y 139 son los que más

nos interesan. Se trata de la igualdad desde el punto de vista territorial: todos los españoles tienen

los mimos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio. No se puede interpretar de

forma literal, requiriendo una interpretación que lo integre con el resto de preceptos

constitucionales. El Tribunal Constitucional, respecto del artículo 139CE, ha establecido que

habla de la igualdad en derechos y deberes fundamentales. Dentro de ese conjunto reducido de

derechos y deberes no está el derecho a la igualdad fiscal, pudiendo tener cada CCAA sus propios

derechos y obligaciones para sus ciudadanos. Además, la autonomía financiera de las CCAA da

lugar a la existencia de diversas Haciendas Autonómicas con una configuración propia de cada

una.

Hemos visto que la CE tiene una serie de preceptos que dan las pautas muy generales del sistema.

Son principios y valores, pero aparte de eso, en los artículos 157 y 158 dicen cuáles son los

recursos que tendrán las CCAA, detallándolos en el artículo 158. Además, hace una remisión al

legislador para que, mediante LO, regule todo esto.

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