Legislación. Relaciones juridicas., Apuntes de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
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Legislación. Relaciones juridicas., Apuntes de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

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Asignatura: Legislación aplicada, Profesor: Borja (Legislación), Carrera: Arquitectura Técnica, Universidad: UPM
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LAS RELACIONES JURÍDICAS

INTRODUCCION

Cualquier ordenamiento jurídico tiene sentido como regulación de la relaciones entre los seres humanos. Incluso las normas para la protección de la naturaleza sólo tienen sentido como regulación de la conducta humana.

La primera consecuencia de la existencia del ser humano es el reconocimiento de su propia dignidad, lo que origina la relación jurídica fundamental , es decir : Todo ser humano tiene frente a cualquier otro el Derecho a ser respetado por él como persona, a no ser perjudicado en su existencia y en un ámbito propio del mismo, y que cada individuo está obligado frente a cualquier otro de modo análogo.1.

Hay relaciones jurídicas en las que sólo participan algunas personas, como en las relaciones obligacionales, en las que uno o varios acreedores se hallan ante uno o varios deudores. Pero algunas relaciones jurídicas, como las que tienen por base los Derechos de la personalidad o la propiedad, que confieren a una persona un Derecho en relación con todas las demás, que tienen el deber general de respetarlos y no cometer una intrusión. El señorío de una persona sobre una cosa (propiedad) podría ser considerado, de una manera muy amplia, como una relación entre el propietario y la cosa; pero, como advierte G. García-Valdecasas, en realidad los sujetos de la relación de propiedad son, de un lado, el propietario y, del otro las personas obligadas a respetar el Derecho. El que el Derecho de propiedad puede estar sometido a muchas limitaciones y tenga un carácter relativo, es algo que se funda precisamente en su carácter de relación jurídica.

1. CONCEPTO

Para estudiar la relación jurídica debemos partir de la existencia de la relación humana, por lo que debemos tener en cuenta el concepto de vínculo o comunicación entre personas.

Esas relaciones humanas tienen diferentes grados de importancia para la misma sociedad, cuando tienen consecuencia para el derecho, estamos ante la relación jurídica. Entonces podemos conceptuar que:

1.1.. Relación jurídica es la relación humana que tiene consecuencias para el derecho positivo.

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1 KARL LARENZ Derecho Civil. Parte General, traducción española,

Madrid 1978

Entre las definiciones de distintos autores encontramos la que nos dice “La relación Jurídica es el vínculo entre personas. Una está en el derecho de exigir de la otra el cumplimiento de un deber Jurídico”.

Así las cosas, una relación jurídica mide la posición del poder que tiene una persona y el deber de otra, con la tutela de un ordenamiento jurídico.

Esta idea está muy inclinada a las llamadas obligaciones jurídicas, donde se establece un vínculo entre un acreedor, sujeto activo, persona que tiene la facultad de exigir la prestación de una obligación; y un deudor que es la persona obligada al cumplimiento, sujeto pasivo. Esta relación jurídica muestra un vínculo directo entre los dos sujetos: activo y pasivo.

También existe relación jurídicas en materia de derechos reales, aquí la percepción conceptual es mas compleja. Porque hay autores que no ven relación jurídica entre personas y cosas, opinan que la relación jurídica es sólo entre personas, en cambio hay otros que opinan lo contrario. Dualidad que ha originado diversas teorías. 1.2.. Relación humana y Relación jurídica

La actividad del hombre frente a los demás congéneres, es una actividad de relación social, es una relación humana. Pero no toda relación humana es relación jurídica, aunque toda relación jurídica si es relación humana. Todo acto del hombre en sociedad tiene alguna razón de ser, cuando el interés social o económico le da suficiente importancia a esos actos, se hace necesario la regulación por el derecho, entonces concluimos que: la condición indispensable para que sea jurídica, la relación humana, es que sea regulada por el derecho.

Entre las relaciones jurídicas tenemos las relaciones convencionales y extraconvencionales. Además de las relaciones jurídicas procesales y sus derivadas.

Relación Jurídica Convencional es aquella cuya finalidad e asienta en acuerdos previos de las partes. Ejemplo: la constitución de una asociación, una compañía, etc.

Relación Jurídica Extraconvencional surge de las actividades del hombre en sociedad, aunque entre los afectados no haya existido una intención previa para su existencia. Un caso puede ser la relación procesal de ejecución ni siquiera se comunica al adversario, enterándose por la comunicación de actos que ya viene a pertenecer al desarrollo de la relación ejecutiva. Es una relación que tiene carácter propio, originado en el hecho de que procede de una declaración por voluntad de la ley.

2.1.3. Teorías clásicas y modernas sobre la naturaleza de la relación jurídica

Entre las teorías clásicas tenemos la “teoría del derecho sobre el objeto”, la posición de los sostenedores de estas tesis manifiestan que para la existencia de la relación jurídica basta que exista un sujeto activo y un objeto motivo de la relación. El vínculo no se establece entre dos personas, sino entre una persona y una cosa. Esta posición no tendría objeción para el estudio de la naturaleza de los derechos reales, pero al considerar los derechos personales pierde validez.

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1º.- Teoría de los dos sujetos. Se basa en que todo derecho tiene necesariamente su sujeto activo y otro o varios sujetos pasivos, que obligatoriamente tienen que ser personas. Con esta posición, toda regla de derecho tiene por objeto establecer una relación jurídica entre personas, un sujeto activo que tiene la posición de poder, y un sujeto pasivo, quien tiene la posición del deber”.

En atención a la existencia de la norma se establece un vinculo jurídico es entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. Con motivo de la relación el derecho pone frente a frente es a dos personas. Esto explica las relaciones personales. Para explicar la relación en el aspecto de los derechos reales, compara el caso típico del derecho de propiedad, señalando que el derecho de propiedad se explica así: Hay un sujeto activo que es el propietario, mientras que los sujetos pasivos son todos los miembros de la sociedad quienes tienen la obligación de respetar su derecho de propiedad al sujeto activo. Esa obligación de respeto al propietario es la prestación. Esta tesis, exige la presencia de una persona como sujeto activo, con capacidad para reclamar y otra u otras como sujeto pasivo obligado a cumplir, entre ellos puede existir o no una cosa.

2º.- En una posición ecléctica, ciertos autores establecen que no es necesario ubicarse en una posición radical, así: “el orden jurídico con sus preceptos rige las relaciones humanas; asigna a cada cual una esfera de poder, en la que su voluntad es determinante; otorga derechos y establece los deberes correspondientes. De esta manera nacen las relaciones jurídicas, esto es, se asignan efectos jurídicos a las relaciones humanas que el orden jurídico haya formado”. Esta respetando la naturaleza de las relaciones, de allí que en sus escritos exprese que puede haber relaciones jurídicas entre una persona y una cosa, como ocurre en el derecho de propiedad, pero también pueden existir vínculos jurídicos entre dos o más personas, como ocurre en los contratos.

3º.- Entre los doctrinarios modernos encontramos a Hans Kelsen quien después de hacer una crítica tanto a la teoría del derecho sobre el objeto como a la teoría de los sujetos, señala en el capitulo VIII 2-d, de su libro “Teoría Pura del Derecho”, que: “los teóricos del derecho que se interesan más por los derechos subjetivos que por los derechos jurídicos. Algunos llegan hasta pretender que el deber no es una noción jurídica y que únicamente existen deberes morales. Ahora bien, un orden coactivo como el derecho tiene por función esencial establecer una relación normativa entre la conducta de un individuo y un acto de coacción destinado a sancionar esta conducta, y es de esta relación de donde resulta el deber de conducirse de tal manera para evitarla sanción.” Como podemos observar, Kelsen se aparta de las ideas tradicionales y ve la relación jurídica desde otros puntos de vista. Para Kelsen, el derecho objetivo es un conjunto de normas, el sentido subjetivo es solo un interés.

2.2 SUJETOS DE LA RELACCIÓN JURIDICA. PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

Como ya se ha apuntado, la relación jurídica tiene sentido en la medida en que regula el Derecho de un sujeto frente a otro, y este puesto de sujeto activo y pasivo el Derecho objetivo no puede llamar a una creación suya, sino que ha de limitarse a recoger la realidad previa de la existencia del

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hombre, entendido como sentido de la palabra alemana mensch: el ser humano, hombre y mujer.

2.2.1 Las personas físicas. El libro I del Código Civil lleva la rubrica “De la personas”, lo que indica

que la persona es el eje central en torno al cual gira el Derecho Civil, en sentido de que todo el Derecho ha sido establecido para la persona.

Las palabras persona y personalidad no deben confundirse. La personalidad jurídica no es un Derecho subjetivo, sino una cualidad jurídica, que constituye la condición previa de todos los Derechos y deberes. Con clara formula ha dicho Castán, que “ se es persona; se tiene personalidad”. La personalidad es la base de todas las demás situaciones jurídicas subjetivas; es la situación primaria y fundamental del hombre, hasta el punto de que éste, incluso en el supuesto de carecer de bienes y Derechos, siempre es titular de los Derechos de la personalidad.

El Código civil sigue, en cuanto al momento en el que comienza la personalidad jurídica, el sistema romano siendo uno de los pocos Códigos que formula de forma expresa el principio de la protección jurídica al concebido.

A tenor de lo dispuesto en el art. 29, prop. 1ª C.c.: "El nacimiento determina la personalidad"; añadiendo el art. 30 C.c. que: "Para los efectos civiles, sуlo se reputarб nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno", aquí el legislador incurre en una notable imprecisión terminológica, pues un ser vivo es un feto mientras permanece en el claustro materno, y deja de serlo desde el momento del alumbramiento, para pasar a ser un nacido o un aborto, si nace muerto.

El nacimiento del que habla el C.c. exige unos requisitos, pues, para que produzca efectos civiles (determinación de la personalidad). Dichos requisitos son los siguientes:

1. Separación completa del claustro materno: Este requisito es el esencial, y significa que es necesaria la rotura del cordón umbilical, como se desprende de la expresión "enteramente desprendido del seno materno" (art. 30 C.c.), pues mientras no se produzca esa rotura el nacido sigue estando unido a la madre y no puede ser considerado como un ser de vida independiente.

2. Que el feto nazca vivo: Ello es obvio, pues si el feto nace muerto o no reúne alguno de los restantes requisitos legales, tiene la consideración, en el campo del Derecho civil, de aborto. Y se inscribe en concepto de tal en el Registro Civil, según el artículo 171 de su Reglamento que dice que: "Se entiende por criaturas abortivas las que no reъnen las circunstancias exigidas para que un feto se repute nacido a los efectos civiles".

3. Que tenga figura humana: Es éste un requisito que no responde (al menos según las interpretaciones modernas) a que de la mujer puedan nacer seres no humanos, como se creía en épocas pasadas (salvo que se produzca un desarrollo incontrolado de las investigaciones biogenéticas), sino a que el nacido no tenga tales defectos teratológicos o tales irregularidades biológicas que le

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impidan seguir viviendo (con lo que se reconoce en cierto modo la exigencia de la viabilidad, aunque el Código no la recoge).

4. Que viva veinticuatro horas: Se entiende que después de estar completamente desprendido del seno materno, aquí el tiempo ha de medirse de momento a momento, empezando a cronometarse a partir del corte del cordón umbilical, es decir de la completa separación de madre e hijo. El Código civil es uno de los pocos que formula de modo general el

principio de protección del concebido y aún no nacido (nasciturus), siguiendo el principio romano que afirmaba que el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Dice, en efecto, el art. 29, prop. 2ª C.c. que: "... el concebido se tiene por nacido a todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artнculo siguiente".

Por tanto, el concebido está protegido por el Derecho privado al atribuirle una cierta capacidad. La atribución de capacidad al concebido es meramente condicional, como claramente se advierte en el propio art. 29, cuando dice "siempre que nazca con las condiciones que expresa el artнculo siguiente". Esta capacidad condicional tampoco es plena, sino parcial, limitada a lo que le sea favorable. Ahora bien, ¿qué se entiende por efectos favorables? En principio parece que sólo los derechos, facultades e intereses legítimos son favorables a su titular; no lo serán, en cambio, los deberes, obligaciones, cargas o sujeciones. Pero ocurre que, en la práctica, las relaciones jurídicas son de carácter complejo, suponiendo para cada titular de las mismas derechos y deberes o cargas recíprocamente condicionadas o sinalagmáticamente vinculadas. Pues bien, en estos supuestos, habrá que sopesar el conjunto de la relación para determinar el favor o disfavor de la situación jurídica que se crea para el nasciturus.

Nuestro Código, además de la regla general contenida en el art. 29 hace aplicación concreta de la misma en varias ocasiones, así a los concebidos:

1. Les permite recibir donaciones (art. 627). 2. Los considera herederos forzosos al disponer que su preterición anula

la institución de heredero (art. 814). 3. Protege sus derechos en la herencia del padre premuerto hasta que

se verifique el parto (arts. 965 y 966). 4. Su nacimiento es causa de revocación de donaciones (art. 644-1º). 5. Pone a salvo su legitimidad siempre que se den los requisitos legales

(art. 962). 6. Concede derechos de alimentos a la viuda que queda encinta, aun

cuando sea rica, habida consideración de la parte que en ellos pueda tener el póstumo (art. 964). Por último, así como el nacimiento determina el principio de la

personalidad, ésta se extingue por la muerte de las personas. Según el art. 32 C.c.: "La personalidad civil se extingue por la muerte de las personas". En ese momento desaparece la persona en cuanto tal, con sus atributos y cualidades, cesando de ser centro de poder y de responsabilidad, se extinguen los derechos y relaciones personalísimos o vitalicios que le

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competían; y se abre la sucesión en los restantes, transformándose el patrimonio en herencia y el cuerpo en una cosa: el cadáver.

En lo relativo al momento en el que se produce la muerte, tradicionalmente se da por muerto al organismo que tiene el corazón parado y la circulación y respiración detenidas. Pero la ciencia médica conoce hoy que el individuo puede estar muerto antes de que todo ello ocurra, porque tenga el cerebro en silencio, sin estimulaciones, lo que permitirá el transplante de órganos.

2.2.1.1 La personalidad

El concepto de personalidad jurídica es tan sólo una abstracción jurídica del concepto de persona que, además, es un concepto distinto y previo al de capacidad jurídica, aunque al respecto es frecuente en la doctrina general y, por supuesto, en la española, identificar los conceptos de personalidad jurídica y capacidad jurídica. Sin embargo, la distinción se impone, baste pensar que la personalidad es un quid simple, mientras la capacidad es un quantum y, por tanto, es susceptible de ser medida en grados. Se puede ser, como persona, más o menos capaz, pero no se puede ser más o menos persona. Persona se es o no se es: total, radicalmente.

El Ordenamiento jurídico no es quien concede la personalidad, pero sí la capacidad -como lo prueba el hecho de que restringe esta última cuando lo estima conveniente-. Ello no significa negar que a lo largo de la Historia haya ocurrido de otra manera: ahí está la esclavitud para demostrar lo contrario. Pero las modernas concepciones jurídicas, no sólo teóricas, sino encarnadas también positivamente, entienden que el Ordenamiento jurídico tiene que reconocer la existencia previa de la persona e, incluso, de unos derechos innatos o naturales que la protegen. Porque la personalidad jurídica del hombre no puede más que ser reconocida, mientras que la atribución de la condición de persona es obra de la misma naturaleza.

Ahora bien, esta posición, que nosotros compartimos en líneas generales, no es incompatible con la que identifica personalidad jurídica con capacidad jurídica, porque lo que sucede en realidad es que se contempla la misma cuestión desde dos planos diferentes: el ontológico y el jurídico.

Atendiendo al primero de ellos se considera que persona y personalidad jurídica son dos términos equivalentes pero utilizados en ámbitos distintos: el concepto de persona es extrajurídico, mientras que el de personalidad jurídica no es más que una abstracción del primero para ser utilizada en el ámbito jurídico. Pero tanto el uno como el otro se refieren exclusivamente a la idea de ser humano, entendida como prius de todo lo concerniente al hombre, de todo lo humano.

Sin embargo, analizando la cuestión desde un punto de vista estrictamente jurídico la cuestión cambia de matices, pues entonces la idea de personalidad jurídica no se concibe como un prius, sino como una facultad que el Ordenamiento jurídico otorga a todos aquellos seres humanos que nacen cumpliendo unas condiciones predeterminadas por el mismo, de modo que, desde ese momento son capaces para ostentar derechos y asumir deberes en el mundo

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jurídico. Desde esta perspectiva, se identifican personalidad jurídica y capacidad jurídica. Por todo ello podemos afirmar que, desde un punto de vista

estrictamente jurídico, persona es todo sujeto capaz de derechos y deberes, y por personalidad jurídica ha de entenderse, por consiguiente, la aptitud para ser sujeto, activo o pasivo, de relaciones jurídicas.

Como vemos, la personalidad se concibe como la confluencia de una serie de derechos innatos, derivados de la misma naturaleza del hombre, entre los que se encuentra el ser posible titular de derechos y obligaciones civiles. Si avanzamos un poco más el hombre pasa de ser una suma de derechos naturales a convertirse en un centro de imputación de derechos otorgados o negados por el Ordenamiento jurídico, es decir, en un mero receptáculo abstracto, que en cuanto tiene la posibilidad de llenarse con toda clase de derechos es igual, como potencia, a cualquier otra personalidad, en cuanto todo hombre es capaz de adquirir cualquier derecho, aunque actualmente carezca de él, ya que la personalidad, por su parte, es sólo una manifestación especial del hecho de ser persona. Un paso más y el concepto de personalidad pierde todo contenido ontológico y se convierte en una mera posibilidad lógica de ser punto o centro de imputación de derechos y obligaciones, como ente abstracto que sirva de apoyo a las relaciones de Derecho. Por esa razón puede decirse lo siguiente: se es persona, se tiene personalidad. Con lo cual se llega a la conclusión de que el concepto de personalidad jurídica es coincidente con el de capacidad jurídica (siempre desde una perspectiva estrictamente jurídica), aunque aquél es presupuesto de ésta.

La Constitución española de 1978 recoge el valor esencial de la persona. El art. 10 dice que: "La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demбs, son fundamento del orden polнtico y de la paz social". Se considera, pues, persona al hombre revestido de su dignidad y titular de unos derechos inviolables. Al mismo tiempo que se reconoce el libre desarrollo de la personalidad.

En definitiva, puede afirmarse que el Derecho moderno concede o reconoce la personalidad jurídica a todos los hombres, con lo cual éstos pueden cumplir sus fines en la convivencia social; pero como existen fines que sobrepasan los medios y la propia vida del individuo, el Ordenamiento jurídico reconoce también la personalidad jurídica a ciertas organizaciones o colectividades humanas (asociaciones, fundaciones, instituciones) que tienden a la realización de esos fines colectivos o más duraderos. De aquí que en el Derecho moderno existan dos clases de personas en sentido jurídico: las llamadas personas naturales, físicas o individuales, que son los seres humanos, por lo que tal vez sea más apropiado llamarlas personas, a secas; y las llamadas personas jurídicas, morales o colectivas, que se integran en esas entidades que se constituyen para la consecución de fines permanentes de los hombres. Pues bien, el Derecho de las personas comprende el estudio de ambas clases de personas, pero en el presente trabajo únicamente nos ocuparemos de estudiar los aspectos jurídicamente más relevantes del comienzo y fin de la personalidad jurídica, obviamente desde una perspectiva exclusivamente propia del Derecho civil.

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2.2.3 Capacidad jurídica y capacidad de obrar

El concepto de capacidad jurídica es coincidente con el de personalidad (desde una perspectiva estrictamente jurídica). Sin embargo, la personalidad es la emanación jurídica de la persona y la capacidad le es atribuida por el Ordenamiento jurídico. La personalidad es presupuesto e implica la capacidad jurídica; toda persona, por el hecho de serlo, tiene capacidad jurídica y la tiene desde el comienzo y hasta el fin de su personalidad. Por consiguiente, la poseen tanto las personas como las personas jurídicas.

La capacidad jurídica puede ser definida como la aptitud para ser titular de derechos subjetivos y de deberes jurídicos, o, en otras palabras, como la idoneidad para ser sujeto de relaciones jurídicas. Por eso también se la puede definir diciendo que es la cualidad de la persona de ser titular de las distintas relaciones jurídicas que le afectan; entendida en este sentido, la capacidad jurídica es una cualidad esencial de la persona, de modo que no es persona quien carece de capacidad jurídica.

Por otra parte, son conceptos distintos los de titularidad del derecho y ejercicio del mismo; también existen diferencias, en consecuencia, entre la aptitud para ser titular del derecho (o capacidad jurídica: que la tiene toda persona) y la aptitud para el ejercicio de los derechos de que se es titular (o capacidad de obrar: cosa que depende de la situación personal de cada sujeto).

La capacidad de obrar es, pues, la aptitud para el ejercicio de los derechos subjetivos y de los deberes jurídicos; ésta, por consiguiente, no corresponde a toda persona ni es igual para todas ellas, sino que tiene una serie de grados o circunstancias modificativas que corresponden al llamado estado civil y que tienen íntima relación con la edad, la incapacitación, la nacionalidad y la vecindad civil. También puede ser definida como la cualidad jurídica de la persona que determina (conforme a su estado) la eficacia jurídica de sus actos; por tanto, el que tiene capacidad de obrar puede realizar válidamente actos jurídicos. La capacidad de obrar puede estar afectada por la aptitud natural del individuo (cuya falta puede venir de una mínima edad o dar lugar a la incapacitación), pero depende directamente del estado civil, por lo que cada persona tendrá la capacidad de obrar que la ley reconoce al estado civil que tenga.

Así como la capacidad jurídica se reconoce a la persona por su mera existencia, la capacidad de obrar tiene su presupuesto en su idoneidad para tomar conscientemente la decisión de realizar un determinado acto y comprender su trascendencia jurídica. Es por eso que, a diferencia de la capacidad jurídica, la capacidad de obrar no es esencial, sino contingente, pues se puede carecer totalmente de capacidad de obrar; y tampoco es una e igual para todas las personas, sino que es variable en función de la aptitud de cada persona para gobernarse a sí misma.

De todo lo dicho hasta ahora pueden extraerse algunas conclusiones: 1. Todas las personas tienen reconocidos una serie de derechos. 2. Solo los mayores de edad no incapacitados tienen atribuida una

capacidad plena para ejercitar por sí mismos tales derechos, sin perjuicio de que, excepcionalmente, el ordenamiento jurídico pueda haber previsto una edad cualificada.

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3. Como regla general, los menores de edad deberán ejercitar sus derechos a través de sus representantes legales (padres o tutores), sin perjuicio de que deban ser oídos cuando tengan una suficiente capacidad de juicio.

4. Excepcionalmente, cuando los menores de edad se emancipan, pasan a ser considerados, a efectos jurídicos, como mayores de edad. No obstante, siguen existiendo algunas diferencias, pues no son mayores de edad, y para cierto tipo de actuaciones el ordenamiento jurídico exige la mayoría edad.

5. Además, dentro del grupo de los menores de edad no emancipados, no todos los sujetos están sometidos a unas mismas reglas: por un lado, porque el ordenamiento jurídico puede permitir a estos ejercitar directamente sus derechos por sí mismos, sin intervención de sus representantes legales a partir de una determinada edad; o bien puede requerirse que su voluntad vaya unida a la de aquellos; por otra parte, porque puede establecerse que la capacidad de obrar en relación con ciertos asuntos no esté vinculada a la edad, sino a la capacidad natural de juicio, como sucede en relación con el ejercicio de los derechos de la personalidad (lo cual afecta al ámbito de la salud y las intervenciones corporales)

6. Pese a lo dicho en los apartados 4 y 5, incluso tratándose de menores de edad emancipados, o no emancipados pero a los que el ordenamiento jurídico les reconoce capacidad para ejercer por sí mismos alguno de sus derechos, pueden encontrarse excepciones que, o bien impidan su ejercicio en ciertos casos (por ejemplo, para someterse a una esterilización o a técnicas de reproducción asistida hay que ser mayor de edad necesariamente, y nadie puede consentir por el menor de edad), o bien requieran la intervención de un tercero que valide la decisión (por ejemplo, para consentir un aborto). Y ello puede producirse, a su vez, bien porque así lo establezca una norma jurídica de forma expresa, bien porque se entienda como una exigencia derivada del deber de los padres y tutores del menor de velar por sus intereses, lo cual supone necesariamente una relativización de la capacidad de autodeterminación que con mayor o menor extensión pueda haberse establecido normativamente.

Como se desprende de las anteriores consideraciones, resulta imposible establecer un listado de conductas que los menores de edad estйn capacitados para hacer o no, pues el sistema estб configurado en torno a unos criterios de regla general-excepciуn tan complejos que requiere un anбlisis caso por caso, en el que debe tenerse en cuenta tanto la conducta que el menor quiere llevar a cabo, como su situaciуn jurнdica (emancipado o no), asн como la capacidad de juicio del menor en cuestiуn. Y en todo caso, dado que la legislaciуn relativa a los menores de edad es enormemente dispersa y ha sido configurada con diferentes criterios, por diferentes personas y en diversos momentos histуricos, no es extraсo encontrarse con importantes contradicciones valorativas, de tal modo que los menores de edad estйn capacitados para realizar por sн mismos ciertos actos y no lo estйn para llevar a cabo otros que, en principio, puede parecer de una trascendencia mucho menor.

2.2.2 Las personas jurídicas

2.2.2.1 Concepto. La persona humana por sí sola no puede normalmente emprender

grandes proyectos si no lo hace en colaboración con otras, y por eso se suele unir con otros hombres para conseguir los fines que pretende.

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La persona jurídica es una agrupación de personas físicas o naturales encaminada a la consecución de un fin duradero y permanente, a la que el Derecho otorga capacidad patrimonial y personalidad jurídica propia distinta e independiente de la de sus miembros para poder ser titular de derechos y obligaciones. La atribución de personalidad a las personas jurídicas se corresponde con la existencia de un grupo de sujetos y de bienes que quieren actuar de forma independiente en el tráfico jurídico y de ahí que el Estado las reconozca y tienda a otorgar personalidad jurídica a una gran diversidad de grupos sociales. 2.2.2.2 Naturaleza El verdadero problema de la esencia de las personas jurídicas se resuelve al tratar de determinar su naturaleza. Surgen sobre ello las teorías más opuestas, que, generalmente, se clasifican en tres grupos:

1) Teorías negativas; parten del principio de que el concepto de persona sólo conviene jurídicamente al hombre individual, siendo las personas jurídicas no personas sino patrimonios 2) Teorías de la ficción; Para las teorías de la ficción las personas jurídicas son una ficción creada por el Derecho por razones de utilidad general y sólo pueden actuar como tales en virtud de un acto expreso del Estado, que puede también intervenir en su funcionamiento e incluso disolverlas a su voluntad 3) Teorías de la realidad. Admiten como principales formulaciones, entre otras, el organicismo puro, el psicologismo y la realidad jurídica. Para esta última, las organizaciones humanas que actúan en el Derecho carecen de realidad física, pero su funcionamiento constante en la vida social las convierte en una realidad jurídica, no en una ficción creada por el Derecho.

2.2.2.3 Clases Una primera clasificación de las personas jurídicas es aquélla que

distingue entre las personas jurídicas de Derecho Público y las personas jurídicas de Derecho Privado, según estén o no encuadradas en la organización pública. Las primeras son aquéllas que participan, en todo o en parte, de la soberanía o potestad pública del Estado, y cabe señalar como tales al Estado, las entidades públicas territoriales (como las Comunidades Autónomas, las provincias y los municipios), y las entidades públicas institucionales (como los organismos autónomos). Las personas jurídicas de Derecho Privado son aquéllas que no tienen participación alguna en las funciones y poderes estatales. Una segunda clasificación es la que distingue las personas jurídicas por su estructura en asociaciones (o corporaciones) y fundaciones (o instituciones), atendiendo a dos criterios principales: Por su parte, el Código Civil en su Artículo 35 distingue según los fines que persiguen entre:

1) Personas jurídicas de interés público: son las corporaciones, las fundaciones y las asociaciones de interés público que persiguen un fin general.

2) Personas jurídicas de interés privado: son las asociaciones que persiguen un interés particular: las sociedades civiles y mercantiles.

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2.2.2.4 Capacidad Las posiciones doctrinales acerca de la capacidad de las personas

jurídicas responden a las que se ostenten sobre su naturaleza. Así las personas jurídicas se conciben como una ficción como una realidad.

Si se conciben como una ficción, sólo tendrán capacidad para los actos, derechos y obligaciones que la ley, que las crea y las mantiene, les otorgue especialmente.

Si se conciben como una realidad, se afirmará que tendrán la misma capacidad jurídica y de obrar que las personas físicas, como regla general, sin perjuicio de las limitaciones excepcionales que el Derecho pueda imponerles por razón de su sustancia. Más interesante resulta examinar las distintas esferas del Derecho privado, para conocer la capacidad que en cada una de ellas tienen las personas jurídicas:

a) Derechos de la personalidad: las personas jurídicas poseen los derechos de su propia personalidad, como el derecho al nombre y a los signos distintivos de la empresa, la nacionalidad y el domicilio.

b) Derechos reales y de obligación: el Artículo 38 del Código Civil dispone que las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de toda clase, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución.

c) Derechos familiares: por su propia esencia, las personas jurídicas carecen de derechos familiares, ya que no son susceptibles de relaciones matrimoniales o parentales de clase alguna.

d) Derechos sucesorios: las personas jurídicas no pueden disponer de sus bienes para caso de muerte mediante testamento, pero sí pueden suceder por testamento.

Finalmente cabe señalar que el Artículo 37 del Código Civil se limita a indicar con carácter general las fuentes a que hay que atender para conocer la capacidad de las personas jurídicas, según la clase de éstas (las corporaciones por las leyes que las hayan creado o reconocido, las asociaciones por sus Estatutos, las fundaciones por las reglas de su institución).

Por otra parte, cabe señalar que las personas jurídicas no pueden actuar por sí mismas en la vida jurídica ya que les falta el sustrato material necesario para ello, debiendo hacerlo por medio de sus órganos, integrados por personas físicas, a través de los cuales actúan para la consecución del fin que pretenden. La estructura interna de las personas jurídicas varía de unas a otras según el tipo de que se trate. Los órganos que las componen reciben distintos nombres, por ejemplo, el Consejo de Administración en una sociedad anónima, el Patronato en una Fundación, el Presidente en una asociación de vecinos, la Junta Directiva en una Asociación sin ánimo de interés público, etc. El número y funciones de estos órganos varían en las distintas personas jurídicas, pero siempre hay dos órganos fundamentales: un órgano decisorio que cumple con la función de decidir cómo actuar y un

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órgano ejecutor que cumple con la función de ejecutar esa voluntad, esas decisiones y que representa a la persona jurídica frente a terceros. 2.2.2.5 Extinción

La persona física se extingue con su muerte mientras que la persona jurídica se extingue con su disolución y liquidación. El artículo 39 del Código Civil enumera las causas de extinción de la persona jurídica:

a) Por expiración del plazo establecido para funcionar legalmente b) Por haber realizado el fin para el que se constituyó la persona jurídica c) Por ser imposible ya aplicar al fin de que se trate la actividad y los

medios de que disponían Las anteriores son causas generales a las que se podrían añadir otras dos causas especiales:

d) Por las causas concretas previstas y enumeradas por las normas que las crean, los estatutos, leyes o reglas de funcionamiento de cada una.

e) Por acuerdo de sus miembros, acuerdo de disolución de las asociaciones u orden de disolución emitida por el fundador o quien le represente en las fundaciones.

La disolución no provoca automáticamente la desaparición de la persona jurídica, sino que a la misma sigue un periodo de liquidación durante el cual sigue subsistiendo, teniendo capacidad jurídica para finalizar las operaciones pendientes, cobro de créditos, pago de deudas, etc. y preparar el patrimonio para un destino posterior. Así el Artículo 39 Código Civil establece que si por alguna de las causas anteriores dejaran de funcionar las corporaciones, asociaciones y fundaciones se dará a sus bienes la aplicación que las leyes o las cláusulas fundacionales, les hubiesen en esta previsión asignado. Si nada se hubiere establecido previamente, se aplicarán esos bienes a la realización de fines análogos, en interés de la región, provincia, o municipio que principalmente debieran recoger los beneficios de las instituciones extinguidas.

3. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO PERSONA JURÍDICA. La Administración pública es sencillamente la organización para la

gestión de los asuntos públicos. Esta formada por el conjunto de servicios públicos, cuyo buen funcionamiento permite la realización de los objetivos que define el poder político. Es el instrumento indispensable de cohesión y de coordinación de la sociedad.

La Constitución española de 1978 delimita las principales notas características de nuestra Administración pública. Podemos destacar las siguientes:

1ª. Es un instrumento al servicio de los intereses de la ciudadanía: su objetivo es satisfacer los intereses generales. Este rasgo es conocido como el “carácter instrumental o servicial” de la Administración pública. 2ª. Al actuar debe seguir unas reglas marcadas por la ley, que en definitiva es la expresión democrática de la voluntad del pueblo, y por

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el Derecho en su conjunto. Esas reglas incluyen determinadas garantías en favor de la ciudadanía. 3ª. Para cumplir con sus objetivos, el Derecho (Público) le otorga unos poderes o potestades 4ª. El responsable de dirigir su actuación es el Gobierno correspondiente. En nuestro caso, el Gobierno regional dirige la Administración autonómica y responde políticamente de su actuación. 5ª. Los Juzgados y Tribunales, a su vez, son los encargados de controlar la legalidad de la actuación administrativa y su adecuación a los fines que tiene encomendados.

Se puede definir formalmente la Administración pública como la Institución en la que se integran las entidades a las que el Derecho (Público) otorga unos poderes y encomienda la gestión de fines de interés general, con sumisión a la ley y al Derecho.

La Administración pública como persona jurídica es el factor que mejor explica -como ha señalado GARCÍA DE ENTERRÍA- el conjunto de relaciones jurídico-administrativas en la que participa la Administración, un sujeto de derecho del que emanan declaraciones de voluntad, celebra contratos, es titular de un patrimonio, es responsable, es justiciable, etc..... A través del elemento de la personificación el sujeto Administración adquiere, en suma, carta de naturaleza en el mundo del Derecho. Sobre su base se reconducen a la unidad el conjunto de órganos que en cada momento la integran, al tiempo que se explica el carácter jurídico de sus relaciones, haciendo posible su pleno sometimiento al control de losTribunales. En base a ello, la Administración pública se encontrará totalmente organizada, y sus funcionarios van a ser simples agentes de esa organización. La Administración no representa a la comunidad, sino que constituye una organización puesta a su servicio. Esta organización al servicio de la comunidad que es la Administración pública va a aparecer con personalidad jurídica propia, y para el Derecho administrativo, al que va a estar sometida, será, ante todo, un sujeto de relaciones jurídicas. La posición estatutaria que se acaba de sintetizar se ha constituido en la más importante tesis en torno a la Administración pública de cuantas se han desarrollado en las últimas décadas, no ya sólo por su extraordinaria influencia en nuestro panorama doctrinal, sino por haber hallado concreción expresa en el ordenamiento jurídico-positivo.

La actuación de la Administración se guía por una serie de principios, directamente recogidos en la Constitución que pretenden que satisfaga los intereses que tiene encomendados de una forma eficaz, pero dentro de la legalidad y teniendo en cuenta los derechos de la ciudadanía. Estos principios se dividen en dos los de organización y los de actuación.

Principios de Organización. - Jerarquía: significa que la organización administrativa se estructura de manera jerárquica, de tal forma que los órganos de nivel superior dirigen la actividad de los órganos inferiores.

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• Descentralización y desconcentración: ambos principios persiguen mayor agilidad y eficacia, por medio de la especialización o mediante la cercanía de la Administración a los administrados.

• Coordinación: pretende lograr la unidad en la actuación administrativa o la acción conjunta entre Administraciones diferentes o entre órganos que pertenecen a ámbitos distintos de una Administración no relacionados por el principio de jerarquía. Por ejemplo, dos Consejerías deben actuar de forma coordinada cuando un asunto afecta a ambas

• Colaboración y cooperación: la existencia de varias Administraciones públicas hace necesaria la colaboración, cooperación y asistencia mutua para la gestión eficaz de los asuntos que cada una tienen encomendados.

Principios de actuación • Legalidad: Las Administraciones públicas actúan con

“sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al Derecho”. Así, toda actuación administrativa debe estar prevista en una norma.

• El principio de eficacia: se refiere a la necesidad de conseguir los objetivos de la Administración, es decir lograr la satisfacción del interés general buscando la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía.

• La objetividad y el interés público: La actuación administrativa debe llevarse a cabo al margen de cualquier interés personal de sus gestores, de manera imparcial y en beneficio del interés público.

• Buena fe y confianza legítima: significan que la Administración no puede defraudar la legítima confianza que la ciudadanía aprecia objetivamente en su actuación, de manera que es legítimo que la ciudadanía pueda confiar en la Administración y ésta en la ciudadanía.

• Personalidad jurídica única: cada Administración pública actúa para el cumplimiento de sus fines como si fuera una sola persona (jurídica).

• Transparencia y participación: son principios a los que deben ajustarse las Administraciones en sus relaciones con la ciudadanía.

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