memoria y violencia politica en Colombia, Ejercicios de Antropología Social. Universidad Complutense de Madrid (UCM)
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memoria y violencia politica en Colombia, Ejercicios de Antropología Social. Universidad Complutense de Madrid (UCM)

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Asignatura: Antropología de las Sociedades Iberoamericanas Contemporáneas, Profesor: RUBEN BLANCO, Carrera: Antropología Social y Cultural, Universidad: UCM
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La historia política de Colombia del siglo XX ha estado marcada por el conflicto armado

interno, desde fines de la década de los cuarenta con la aparición de múltiples grupos que,

ocupando la vía violenta, han disputado la representación de diversos sectores de la

sociedad colombiana, desemboco en una nación fragmentada social y políticamente. El

conflicto interno en Colombia deviene de los enfrentamientos de distintas facciones

políticas desde el siglo XIX, donde liberales y conservadores en la disputa el poder

dividieron a la población colombiana, estos partidos dominaron la vida social y política de

Colombia durante buena parte del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Desde 1902 a 1930

se vive un proceso de paz relativa en el cual gobierna el partido conservador en lo que se

denominó “hegemonía conservadora”, luego da paso a los gobiernos reformistas liberales

de 1930 al 1946, donde surgen nuevamente las tensiones, donde la oposición conservadora

adopta un tono beligerante que:

Legítima violencia frente a los abusos del poder, y por otro, la práctica del atentado

personal. Así se organizarían grupos al margen de la ley, armados, que buscaban paralizar la participación electoral del liberalismo y después, descontar la diferencia

de votos matando al opositor. (Oquist citado por Torregrosa, 2013).

En 1948, el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán a manos de Juan Roa Sierra

hecho conocido como el “Bogotazo”, comienza el periodo conocido como “La violencia”

que marca el devenir político-social de Colombia durante lo que resta de siglo. Desde 1948

a 1964 inician una serie de conflictos violentos de carácter local y regional que, además de

enfrentar a dos facciones políticas, provoca unos de los mayores cambios demográficos del

país debido la migración campo-cuidad a causa de los conflictos. El partido liberal decide

no participar de las elecciones de 1950, dejando vía libre para el triunfo del candidato

conservador Laureano Gómez, que continuo con la violencia partidista, al no negociar con

el partido liberal.

De esta forma, los liberales deciden apoyar acciones guerrilleras para hacer el peso al

actuar del partido conservador. Sin embargo, Gómez fue depuesto en un golpe de estado,

apoyado por la clase política, que instala en el poder al General Gustavo Rojas Pinilla.

Luego del retiro del general Rojas Pinilla, una junta asume el poder para iniciar una

transición a un régimen democrático. Ambos partidos, deciden iniciar un etapa de

transición en que se alternarían el poder durante 16 años (cuatro mandatos presidenciales),

este pacto es conocido como el “Frente Nacional”, firmado en Sitges, España en 1953

(Torregrosa, 2013).

En esta etapa, durante la presidencia de Guillermo León Valencia en 1964 se ordenó la

operación soberanía, en contra de lo que se denominó “Repúblicas Independientes”,

haciendo alusión a los diversos grupos armados que existían en el interior del país, insertos

en las comunidades campesinas, fueron declarados como foco de sublevación comunista y

debían ser erradicado. En los combates producidos durante la operación militar, un grupo

de guerrilleros, dirigidos por Manuel Marulanda conocido como “tirofijo”, logran vencer a

un contingente militar, dando inicio a unos de las milicias armadas que forman parte de la

violencia guerrillera que azotaron a Colombia.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aparecen formalmente en

1966 en el X pleno del partido comunista colombiano, que apoya su propuesta de un plan

guerrillero agrario donde su “concepción ideológica y política en cuanto a sus objetivos a

mediano y largo plazos, hasta la conquista del poder político absoluto por las masas trabajadoras que construirán la sociedad socialista en Colombia” (Ferro y Uribe citado por

Torregrosa, 2013, pág.87).

Conjuntamente a la aparición de las FARC, un grupo radical de las juventudes del partido

liberal, conformaron el “Ejército de Liberación Nacional” (ELN) en 1965. Ese mismo año,

desde el partido comunista colombiano también nace un grupo guerrillero, llamado

“Ejército Popular de Liberación”. Para terminar el cuadro de la violencia política

guerrillera, un grupo universitarios insurgentes de izquierda formó el “Movimiento 19 de

abril”, en respuesta a las acusaciones de fraude electoral en las elecciones de 1970. Durante

este periodo, desde 1964 a 1982, estos grupos combatientes configuran un conflicto de baja

intensidad pues es una:

Confrontación político-militar entre grupos o estados contendientes por debajo del

nivel de guerra convencional y por encima de la competencia pacífica y de rutina

entre los estados. Con frecuencia trae consigo conflicto prolongados entre principios

e ideologías en competencia. Los conflictos de baja intensidad abarcan desde actos

de sublevación hasta el empleo de las fuerzas armadas. (Torregrosa, 2013, pág. 89).

Esta fase del conflicto se caracterizó por pasar de la violencia partidista a una subversiva,

dando origen a grupos guerrilleros y movilización social.

Desde 1982 a 1996, otros elementos se suman a la violencia como la aparición de

paramilitares como respuesta a la guerrilla y el narcotráfico. Los grupos paramilitares

nacen a principios de la década de los ochenta por la débil propuesta de paz del estado,

durante la presidencia de Belisario Betancourt, que no fue bien recibida por los

comerciantes, ganaderos, agricultores y dueños de minas de esmeraldas del país, que

organizaban tropas de autodefensa para repeler a la guerrilla que afectaba sus intereses

(Torregrosa, 2013) Estos grupos paramilitares se fortalecieron por sus redes con el

narcotráfico, pues los carteles de la droga que operaban en el país también se vieron

afectados con la insurgencia.

De esta forma se configura un plan contrainsurgente que eleva la violencia del país, ya no

solo en términos ideológicos o por la disputa del poder político, sino en términos

económicos. Esta estrategia paramilitar permitió apaciguar regiones en las que la guerrilla había propagado el terror en la población, pero a costa de actos de crueldad peor

(Cancimance, 2013). Unos de los grupos paramilitares que operó en Colombia fue la

denominada Autodefensa Unida de Colombia (AUC), formada en los años ochenta por los

hermanos Carlos y Fidel Castaños, en un comienzo llamados “Muerte a Revolucionarios

del Nordeste”, hacia los noventa se consolida como movimiento para militar de derecha

con conexiones con el narcotráfico.

Desde la década de los noventa hasta el año 2005 se configura en un principio por dar una

salida militar al conflicto, por el recrudecimiento de la violencia. El avanzar hacia el nuevo

milenio trajo consigo la oportunidad de dialogo entre las FARC y el estado colombiano,

durante la presidencia de Juan Andrés Pastrana en 1998, pero quedaron finalizados con el

secuestro de la candidata Ingrid Betancourt en el año 2002, lo que aumento, otra vez, los

enfrentamientos entre los insurgentes y las fuerzas armadas colombianas. En el año 2005

comienza un proceso de desmilitarización con la promulgación de la Ley de Justicia y Paz,

marco jurídico promovido por el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Esta fase del conflicto se caracteriza por la arremetida de la fuerza pública contra la

guerrilla, la desmovilización parcial de los paramilitares. Junto a esto, en el año 2008

muere Manuel Marulanda, tirofijo, fundador y máximo jefe de las FARC, y se produce la

liberación de Íngrid Betancourt y otros secuestrados que estaban en manos de la guerrilla,

a través del ejército colombiano.

En el 2012, las FARC y el estado colombiano, durante la presidencia de Juan Manuel

Santos, inician un acuerdo de negociación en La Habana, Cuba. Además el Congreso

colombiano aprueba el “Marco Jurídico para la Paz”, norma que implica una reforma

constitucional y otorga herramientas para una negociación con los grupos armados. Estos

diálogos de paz finalizan el año 2016 con la firma del acuerdo de paz, el cual fue llevado a

plebiscito el mismo año, siendo rechazado y llevado nuevamente a negociación para ser

firmado nuevamente en noviembre y ratificado por el senado colombiano el mismo año, lo

que permitió que las FARC formara un partido político y participaran en las elecciones

legislativas de 2018.

La memoria sobre los hechos de violencia en Colombia ha corrido de forma paralela al

conflicto. Estos procesos de reconstrucción se sitúan en “contextos de violencia sociopolítica es necesario tener en cuenta la relación con la historia y las particularidades

de tiempo y espacio en las que se relatan los recuerdos –o los olvidos–” (Pinto citado por

Cancimance, 2013, pág. 15). El primer esfuerzo por dejar un testimonio sobre la primera

etapa del conflicto fue en 1962, con el trabajo sociológico de Germán Guzmán, Orlando

Fals Borda y Eduardo Umaña, llamado “La violencia en Colombia”. El trabajo fue un

intento de hacer una radiografía sobre la violencia partidista de la época, para revelar

etnográfica y sociológicamente sus manifestaciones en las regiones del país.

Otro trabajo que intenta explicar este periodo fue el libro de Gonzalo Sánchez y Donny

Meertens de 1983 titulado “Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la violencia

en Colombia”, el texto explica el fracaso del frente nacional como herramienta política para

detener la violencia en Colombia.

En la década de los ochenta, tiene lugar el primer simposio internacional sobre la violencia,

en 1984, el cual queda plasmado en un libro “Pasado y presente de la Violencia en

Colombia”, de Gonzalo Sánchez, el cual tiene un trabajo de mayor complejidad pues

“encuentran relaciones entre la violencia y otros problemas de la historia social y

económica, como las estructuras y los conflictos agrarios” (Cancimance, 2013, pág.18). En

1987 se realiza la Comisión de Estudios sobre la Violencia, Colombia: Violencia y

Democracia, esta comisión abre una nueva etapa en el análisis del conflicto armado, pues

no se enfatiza en las motivaciones políticas sino en las víctimas de la contienda.

Con la llegada de la década de los noventa, la academia colombiana estudia la forma en que

se explora y se deja testimonio el conflicto, con el seminario de 1995 nombrado “La

memoria frente a los crímenes de lesa humanidad”, que fue una instancia a la reflexión,

desde diferentes visiones sobre la memoria. El seminario fue un lugar donde se planteó la

necesidad de hacer registros sobre los derechos humanos. En 1997 se lleva a cabo un

segundo seminario sobre la memoria denominado “Duelo, Memoria y Reparación”, en esta

instancia diversos actores de la sociedad colombiana compartieron visiones sobre los

derechos humanos y la impunidad de los crímenes cometidos. También se creó la

“Fundación Manuel Cepeda Vargas”, en honor al senador colombiano asesinado en 1994,

esta fundación tiene como objetivo construir el relato de las víctimas del paramilitarismo.

En sus investigaciones participan directamente las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El nuevo milenio trajo consigo un recrudecimiento del conflicto, lo que también

significo una baja en la discusión sobre la memoria, debido a la tensión social en la que

estaba inmersa la sociedad colombiana.

En el 2005, se promulga la Ley de Justicia y Paz, con la cual se crea la Comisión Nacional

de Reparación y Reconciliación (CNRR), la cual designa al historiador Gonzalo Sánchez

para dirigir el Grupo de Memoria Histórica (GMH) la cual se encarga de recoger los

testimonios de la violencia insurgente, es el primer esfuerzo estatal de memoria por darle

cabida a los relatos de las víctimas. La estrategia metodológica del GMH, supone:

El desarrollo de ejercicios participativos y dialogantes con habitantes de las

regiones donde sucedieron los hechos, la realización de talleres de la memoria,

conversatorios, exposiciones, trabajos fotográficos y audiovisuales, y la

compilación de formas de expresión creadas por las propias comunidades

(Cancimance, 2013, pág. 27).

El GMH entrega informes sobre casos emblemáticos, los cuales son seleccionados por

investigadores y actores regionales. Algunos de esos casos son “Memorias en tiempos de

guerra. Repertorio de iniciativas” (2009), “La masacre de Bahía Portete: Mujeres Wayuu en

la mira” (2010), “Justicia y paz: ¿verdad judicial o verdad histórica?” (2012).

En el año 2011, con la promulgación de la ley 1448 conocida como “Ley de víctimas”, el

artículo 146 de la ley dispone de la creación del Centro Nacional de la Memoria, con sede

en Bogotá, que tiene por objeto “incidir en la formulación, ejecución y evaluación de la

política pública en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no

repetición” (Cancimance, 2013, pág. 29). Los objetivos que busca el Centro nacional de la

memoria es la comprensión social del conflicto, consolidar la memoria en la esfera pública,

condiciones para la construcción de la paz, un legado testimonial de la violencia con la

creación del museo de la memoria y archivos de derechos humanos.

La forma en que se ha desarrollado el conflicto en Colombia, la memoria de estos

acontecimientos y sus resultados, aparecen como indispensables para la creación de una

apropiación de un pasado colectivo para la cohesión social construidos en base a consensos,

no tan solo como documentos históricos sino también como forma de justicia y reparación a las víctimas. En Colombia, la memoria también constituye un proceso que ayuda la

consolidación de un estado, pues esta memoria se establece como un análisis crítico de la

labor del estado en el desarrollo del conflicto.

Bibliografía

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de guerra y dignidad. Historia Caribe. Volumen IX N° 24 (pp. 235-242). Bogotá:

Colombia.

Cancimance, A. (2013). Memoria y violencia política en Colombia. Los marcos sociales y

políticos de los procesos de reconstrucción de memoria histórica en el país. Revista

Eleuthera, Volumen 9 N°2. (pp.13-38). Bogotá: Colombia

Centro Nacional de Memoria Histórica (2018). ¿Qué es el Centro Nacional de Memoria

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Torregrosa, N. (2013). Violencia y política colombiana. Algunas pistas para su

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Oficina del alto comisionado para la paz. (2018). Todo lo que necesitas saber sobre el

Acuerdo de paz. Recuperado de: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/

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