opinion, Ejercicios de Informática. Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
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opinion, Ejercicios de Informática. Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

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Asignatura: comunicacion, Profesor: MARIA ALVAREZ, Carrera: Información y Documentación, Universidad: UC3M
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DERECHO DE LA INFORMACIÓN (UCM)

DERECHO DE LA INFORMACION

BELL MALLÉN, IGNACIO 12-13

TEMA 1: CONCEPTOS DE DERECHO, INFORMACIÓN Y JUSTICIA

Derecho: conjunto de normas de obligado cumplimiento a través del poder coactivo del estado. Se pueden diferenciar tres facetas:

1. Derecho objetivo: conjunto de normas que promulga el estado y configuran una determinada actividad (derecho del trabajo, derecho de la información…etc). Regulan la vida en sociedad y su inobservancia está sancionada. Este derecho está basado en el subjetivo y cambia a lo largo del tiempo y según las sociedades.

2. Derecho subjetivo: facultad de las personas para realizar cualquier actividad (por ejemplo, y en este caso concreto, recibir información). El derecho objetivo está basado y fundamentado en el subjetivo.

La principal diferencia entre ambos es que el derecho subjetivo es innato a cada persona y el objetivo es el conjunto de leyes que funcionan como marco de ese derecho subjetivo.

La situación ideal es que ambos derechos se correspondan, es decir, que todos los estados (derecho objetivo) garanticen todos los derechos individuales de las personas (derecho subjetivo).

3. Derecho como justicia: el derecho es la realización de la justicia. Es el deseo de que se haga justicia, entendida ésta como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo (en este caso, la justicia informativa es dar a cada ciudadano la información que le corresponde).

La ética es el uso correcto de la libertad. Al contrario que el derecho, no es coactiva ni de obligado cumplimiento, por lo tanto, en lugar de normas hablamos de principios. Es el derecho quién plasma en normas estos principios éticos.

FALTAN APUNTES DÍA 11-10-2011

TEMA 2: DEL CONCEPTO DE LIBERTAD DE PRENSA AL DE DERECHO A LA INFORMACIÓN.

La libertad: está regulada por algo, desde fuera (ejemplo: libertad de comercio, de prensa…etc, en este caso reguladas por el estado). La libertad no es absoluta, tiene limitaciones, impuestas por factores externos a nosotros (estado y otras instituciones).

El derecho: es individual de cada persona y el estado y demás instituciones tienen la obligación de

reconocerlo y concederlo.

La relación entre ambos conceptos radica en que no se puede vivir un derecho sin libertad, es decir, aunque tuviera plena coherencia lógica interna, carecería de eficacia si estuviera rodeado por factores externos adveros.

Historia: El hombre siempre ha tenido necesidad de comunicarse, pero en la edad antiguano existían trabas legales para la comunicación y podía realizarse libremente, condicionada eso si, por los obstáculos derivados del hecho físico.

En el siglo III se comienza a poner trabas a la comunicación a raíz de la persecución del cristianismo, que dio lugar a la sanción por la circulación y tenencia de escritos cristianos, situación que sigue en este sentido durante los siglos siguientes.

En el siglo XV, se produce el nacimiento de la imprenta, que permite la multiplicidad de mensajes y su mejor propagación al grueso de la población. Desde este momento, la lucha no va a estar sólo contra la libertad de los contenidos, sino también a la libertad de industria, de comercio y de imprenta que comenzará a tener fuertes restricciones.

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se produce el ascenso de la burguesía que reclama la supresión de los privilegios de los grupos de poder (corona, nobleza y clero), entre ellos los informativos como por ejemplo imprimir libros o periódicos y ponerlos en circulación. Desde entonces comienza una encarnizada lucha entre poder e información.

El derecho de la información: El derecho de la información puede decirse entonces que es el resultado de un intenso proceso de consolidación, resultado de la lucha por la defensa y reconocimiento de los derechos del hombre. Por ello no podemos hablar estrictamente de derecho de la información hasta que en 1948 se produce la Declaración Universal de Derechos Humanos (de carácter ético y no jurídico) en la que se proclama por primera vez el derecho a la información, en cuyo artículo 19 se expone que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

TEMA 3: EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS TEXTOS UNIVERSALES.

Además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, texto fundamental en el proceso evolutivo del derecho a la información, cabe reseñar otros textos de interés dentro de dicho proceso:

Primeramente en Inglaterra encontramos en 1628 la proclamación de la Petition of Rihgts, en 1679 la primera declaración del Habeas Corpus y en 1689 la Declaración de Rihgts.

En EEUU se produce el 12 de Junio de 1776 la Declaración de Virginia, que en su artículo 13 declara que libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad que no puede ser restringida por ningún gobierno despótico. En ese mismo año se proclama la Declaración de Independencia de los EEUU, en cuya enmienda número 1 se otorga la libertad de expresión, de prensa, religiosa, asamblea pacífica y de petición al gobierno.

En Francia se promulga en el año 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en sus artículos 10 y 11 proclaman la libertad de opinión sin perturbar el orden público y la libre comunicación de pensamientos y de opiniones sin abusar de ella en casos determinados por la ley.

Y en España en la Constitución de 1812 se proclama por primera vez la libertad de expresión.

Pero sin lugar a dudas, como ya hemos apuntado, es de vital importancia la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que en el ámbito de la información, cuenta con los artículos 12, 18 y especialmente 19, en el que se reconoce que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

las 5 Universalidades del derecho a la información Precisamente este artículo habla de las 5 Universalidades del derecho a la información:

1. Universalidad subjetiva: reflejada en las palabras “todo individuo”, que en este caso se diferencia del concepto de persona. El termino persona goza de determinados derechos, sin embargo, al referirse a individuo está incluyendo a todo ser humano.

2. Universalidad objetiva: concentrada en dos palabras, “opiniones” e “informaciones”. Esta universalidad, sin embargo, no es absoluta ya que existen excepciones al ejercicio de esas opiniones e informaciones que pueden violar el resto de derechos. En las informaciones es importante la veracidad de las mismas, mientras que en las opiniones se pide coherencia entre opiniones e ideales.

3. Universalidad física: cristalizada en las palabras “sin limitación de fronteras”, de espacio y de tiempo. En la práctica existen limitaciones, como ocurre por ejemplo en los países en los que no se permite la entrada a periodistas).

4. Universalidad técnica: concentrada en las palabras “por cualquier medio”. Esta universalidad tampoco es absoluta ya que existen limitaciones técnicas en determinados medios, un ejemplo de ello es la cantidad limitada de ondas

hertzianas en un espacio geográfico).

5. Universalidad jurídica: reflejada en las palabras “no ser molestado”. En pura teoría no debe haber distintas formas jurídicas para los diferentes medios, sin embargo las hay. Por ejemplo, no son necesarias las mismas licencias para medios escritos que para medios audio-visuales.

TEMA 4: EL DERECHO DE LA INFORMACION EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO EUROPEO Como ya se ha apuntado en temas anteriores, es a raíz de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuando se habla por primera vez de derecho a la información a nivel internacional.

A nivel europeo se establece en el año 1950 un Convenio para la protección de los Derechos y Libertades Fundamentales, que refrenda la Declaración de 1948. Su principal diferencia con dicha Declaración de 1948 es que aquella era de carácter ético y ésta de carácter jurídico, es decir, es de obligado cumplimiento y la Constitución de cada país debe adaptarse a este ordenamiento jurídico. Cabe destacar entre sus principales artículos el número9, en el que se defiende el derecho a la libertad de pensamiento de toda persona, y el número 10, que comparte gran semejanza con el artículo 19 de la Declaración de 1948. En él se establece el derecho de toda persona a la libertad de expresión, aunque dicha libertad se somete a ciertas restricciones previstas por la ley (entre ellas: seguridad nacional, integridad territorial o seguridad pública, protección de salud o para garantizar la autoridad…).

Un segundo texto fundamental en el ámbito del ordenamiento jurídico europeo es el Acta final de Helsinkiestablecida en la Conferencia sobre la seguridad y la cooperación en Europa en 1975, en cuyo punto VII se recoge la obligación de los países participantes de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción de sexo, raza, idioma o religión. Dicha actuación de los Estados está conforme a los propósitos y principios de la carta de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como las obligaciones definidas en los acuerdos y declaraciones internacionales.

Por último cabe destacar el Tratado de la Unión Europea de 1992, consolidado en Atenas en 2003, en cuyo artículo 6 se expone que la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos y libertades y el Estado de derecho, además de garantizar, en su segundo punto el respeto de los Derechos Fundamentales impuestos en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma en 1950 y tal como resultan de las tradiciones constitucionales.

TEMA 5: EL PROCESO DE CONFIGURACIÓN A NIVEL NACIONAL En España la libertad de expresión desde un punto de vista jurídico se establece en la Constitución de Cádiz de 1812 (La Pepa), en cuyo artículo 371 se recoge este derecho que otorga a todo español a escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión y aprobación siempre que se cumplan las restricciones y responsabilidades que establecen las leyes. Desde este momento desaparece la censura precia y entra en vigor la responsabilidad civil.

A partir de 1814 se producen constantes cambios en el poder entre liberales y conservadores, y la libertad de expresión se verá más o menos coartada según el gobierno que ostente el poder (con liberales mayor libertad, con conservadores menor libertad).

Por ejemplo con Fernando VII, en 1815 son abolidos los derechos de las Cortes de Cádiz y se prohíbe la publicación de periódico o folleto sin autorización previa, excepto la Gaceta Oficial y el Diario de Madrid.

En 1820 da comienzo el Trienio Constitucional y se promulga una Ley de Prensa en cuyos artículos 1 y 2 se incluye el derecho de todo español a imprimir y publicar sus pensamientos sin censura siempre que éstos no conspiren contra la religión o la monarquía.

Durante la Década Ominosa (1824-1834) de nuevo Fernando VII decreta una Real orden por la que vuelve a prohibir todas las publicaciones excepto las mencionadas anteriormente.

En la Constitución de 1837 se incluye en el artículo 2 la libertad de todos los españoles de publicar e imprimir sus ideas sin censura previa siempre que estén sujetas a las leyes. La calificación de los delitos de imprenta corresponde a los jurados. Precisamente el 22 de Marzo de ese mismo año se crea una Ley de Prensa en la que surge por primera vez la definición de periódico, se establece el derecho de respuesta y se crea por primera vez una Asociación de Periodistas.

En la Constitución de 1845 se respeta el artículo 2, pero se suprimen los jurados, dando entrada a Tribunales especiales. Además se promulga un texto legal el 29 de Junio que tenía como objetivo delimitar los campos delictivos en esta materia, separando aquellos que debían juzgarse por el derecho penal de los que debían juzgarse en base a la ley de prensa. Sin embargo, todos estos avances son frenados de golpe con el Decreto de 1867 que supone un duro varapalo a la libertad de prensa.

Tras la Revolución de 1868 y el destronamiento de Isabel II se dicta un Decreto-Ley que proclama la libertad de los españoles de emitir libremente sus pensamientos y se suprime la jurisdicción especial para estos delitos. Dicho decreto se refuerza con el Manifiesto llevado a cabo por el gobierno provisional.

En la Constitución de 1869, en su artículo 17 se proclama la libertad de expresión de todos los españoles de sus ideas y opiniones ya sea de palabra, escrito o valiéndose de la imprenta; idea que queda reforzada en los artículos 22 y 23 de dicho texto constitucional.

Durante la Primera Republica de 1873, y contrariamente a lo que podríamos pensar, se producirán algunas limitaciones a la libertad de expresión que suponen un recorte a los artículos 17 y 22 citados anteriormente.

La Constitución de 1876 no aporta grandes novedades, si bien la Ley de Enero de 1879 reduce la libertad de expresión, al igual que la Ley de propiedad intelectual de 1879 y la de Policía de Imprenta de 1883.

El 14 de Abril de 1931 se proclama la II República y en esa misma noche se crea un Decreto en cuyo artículo 34 incorpora una declaración de apoyo a la libertad de expresión: toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas sin censura, no se podrá recoger la edición de libros y periódicos sin mandamiento del juez competente y no se podrá decretar la supresión de ningún periódico sin sentencia firme.

Este periodo es calificado por Castro Fariñas como “la línea máxima del liberalismo teórico”, ya que en la práctica tuvo grandes dificultades para que se cumpliera por desenvolverse en un periodo de gran convulsión. Dos ejemplos de estas limitaciones son la Ley de Defensa de la Republica y la Ley de Orden Público.

Durante la Guerra Civil el General F.Franco instaura una Ley de Prensa en 1938 con carácter transitorio y mecanismos de control muy rígidos que estará vigente hasta más allá del fin del Franquismo. Ésta se caracteriza por ser una ley de guerra, por ser la primera ley publicada en el bando franquista y por ser absolutamente contraria a la libertad de expresión. Se consideraba que la prensa está al servicio del estado.

En el año 1966 Manuel Fraga, por entonces Ministro de Información y Turismo inicia un tímido proceso de liberalización que culmina con la Ley de Prensa e imprenta complementada por los Estatutos de Publicidad, de Publicaciones Infantiles y Juveniles y el de Profesión Periodística entre otros. Dicha ley, basada en las libertades de expresión, creación de empresas informativas y de designación de director, tiene 13 grandes limitaciones reseñadas en su artículo 2.

En El año 1975, tras la muerte de Franco, se inicia un proceso constituyente; y en 1977 bajo el gobierno de Adolfo Suárez se aprueba un Decreto de Ley que establece la libertad de expresión en medios sin más limitaciones que las del ordenamiento jurídico, así como la derogación de las limitaciones establecidas en el artículo 2 de la vigente Ley de Prensa, en el artículo 165 bis 13 del Código Penal y las facultades atribuidas a la Administración por el artículo 69 de la Ley de Prensa e Imprenta.

TEMA 6. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN EL CONTEXTO CONSITUCIONAL ACTUAL: ART 20

Artículo 20.1 “…Se reconocen y protegen los derechos…”

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.”

Es muy importante en cuanto a derecho de la información. Recoge casi el 100% del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; en este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”), por lo que es un artículo positivo pero también es incompleto porque le falta la facultad de investigar. Se contempla en él hechos no muy propios de una constitución si no más bien de una ley. Es un gran avance o más bien un cambio radical desde la ley de 1966.

Las primeras palabras (“se reconocen y protegen los derechos…”) son indicativas de la importancia del artículo. Con ellas el Estado reconoce que el derecho a la información es un derecho que existe por el mero hecho de existir la persona. Es un gran cambio respecto a la legislación anterior porque es un derecho que el estado reconoce como previo a la Constitución. Además señala como obligación del estado la protección de este. Pero en el cómo protegerlo vienen las sombras de este artículo, ya que lo que primero protege es difundir el pensamiento, ideas y opiniones; aquí no hay información, únicamente libertad de opinión. Y después continua señalando la universalidad de medios, es decir, el anterior punto pero en cualquier medio.

Hay una corriente de autores que señala que este derecho contiene diversas clases de mensajes informativos (para un periodista, en cuanto a la expresión de opinión, se pide que lo que dice sea realmente lo que piensa. No lo dice la constitución sino el derecho).

El otro derecho además del de expresión de opinión que se refleja en este punto 1 del artículo 20 es el derecho a recibir información. Aquí sí que se exige que sea veraz, como dice Desantes, “no hay información si no hay veracidad”; la información o es veraz o no es información. Sin embargo hay que ver qué grado de verdad podemos exigir en un periodista, porque nunca va a tener la verdad absoluta.

Esto lo soluciona el derecho pidiendo el mayor grado de verdad posible.

El apartado “D” según muchos autores hace una referencia innecesaria (“la ley regulará el derecho…”). Falta añadir la palabra profesional porque si no está adscribiendo a todas las personas, algo que no sería lógico ni posible. Si se hubiera puesto se estaría reconociendo la profesión periodística.

Art. 20. 2 “El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.

- El ejercicio de todos estos derechos no puede verse suspendido por censura propia. Hay que tener en cuenta que veníamos de una dictadura y se pretendía con esto establecer que no había ningún tipo de censura para estos derechos.

Art. 20.3 “La Ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”.

- Hace referencia a los medios de comunicación del Estado. Hay que preguntarse si el Estado debe tener o no medios de comunicación, o debe ser estrictamente privada. Es incompatible el ejercicio del derecho de la información con una presencia abusiva del Estado en los medios de comunicación, con el objetivo de minimizar los medios del Estado.

Art. 20.4 Situa el punto de enfrentamiento entre el derecho a la información y los derechos personales. “Las libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

- Establece el choque entre el derecho a la información y otros derechos. Cuando haya interés público prevalece el derecho a la información.

Art. 20.5 “Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.

- Prohíbe el secuestro de las publicaciones, salvo por resolución judicial, no porque lo decida la administración como se hacía antes.

TEMA 7. EL DERECHO A LA INFDORMACIÓN EN EL CONTEXTO CONSTIRUCIONAL ACTUAL: OTROS ARTÍCULOS.

Artículo 36. La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Los periodistas no tenemos colegio profesional. Según el profesor, a los periódicos no les interesa crear este colegio por intereses.

Artículo 53. 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a.

El art. 53.1, recoge el desarrollo de los derechos sólo se podrá hacer por ley, no por decreto-ley, y esa ley deberá respetar el contenido esencial del derecho. Se desarrollarán estas leyes con lo previsto en el art. 161.1.a. Si una ley no respeta el espíritu constitucional de un derecho, el TC podrá derogar esa ley.

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo II ante los

Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

La justicia española es muy lenta y la constitución establece dos recursos basándonos en un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, cuando estén en juego un drecho o una libertad puedo acudir a los tribunales de justicia, al ser mi reclamación preferente respecto a los otros temas jurídicos, y sumario (se acortan los plazos de pruebas, de testigos…). El procedimiento es mucho más rápido.

Recurso de amparo se solicita al TC, para ver si se han vulnerado los derechos constitucionales del ciudadano.

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo III, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los desarrollen.

Artículo 54. Una Ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Restablece la figura del Defensor del Pueblo y dice que una Ley orgánica lo regulará. Tiene por misión recibir todas las quejas por el mal funcionamiento de la Administración. Lo intenta resolver, pero no es su función. Con todas estas quejas realiza un informe anual de cómo está la administración en España.

Artículo 55. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3; artículos 19, 20, apartados 1, a y d, y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de alarma, excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

2. Una Ley Orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha Ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las Leyes.

En estos 3 casos la vía constitucional no es la normalidad. Tomar medidas para que la convivencia entre los ciudadanos sea lo más normal posible incluso en las situaciones anormales. No es obligatorio suspender estos derechos, aunque sí pueden ser suspendidos.

TEMA 8: EL DESARROLLO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO INFORMATIVO ESPAÑOL (I) En España puede decirse que existe un buen derecho a la información, sustentado un gran número de artículos y leyes sobre las que haremos un breve repaso a continuación:

Ley del Derecho a la rectificación En primer lugar cabe referirse a la Ley del Derecho a la rectificación, mecanismo por el cual subsanar los errores cometidos por los periodistas mediante una rectificación. Si dichos errores informativos causan daño en el público, éstos tienen la facultad de intervenir en los medios para rectificar informaciones, con el objetivo no de buscar la verdad, sino de ofrecer la posibilidad a toda persona de rectificar el perjuicio causado por dicha información. No tiene que ver con otro mecanismo como las Cartas al Director o con las Fe de erratas, sino que se trata de un derecho jurídico de todo ciudadano.

Situaciones de alarma, sitio y excepción En segundo término, debemos referirnos a las situaciones producidas durante los estados de alarma, excepción y sitio. En el estado de alarma, declarado por el gobierno, no se restringen derechos relacionados con la información. Durante el estado de excepción, declarado por situaciones que evitan un normal desenvolvimiento de la vida del país, pueden producirse limitaciones de determinados derechos y libertades incluidas las relacionadas con la información. En el Estado de sitio también pueden producirse restricciones informativas.

Clausula de conciencia También habría que hablar de la Cláusula de Conciencia, una fórmula para que los periodistas puedan actuar cuando por alguna causa son atacados por su labor. Esto ocurre cuando un medio cambia de propietario y a su vez de línea editorial, provocando que los periodistas que hasta entonces trabajaban en él puedan sentirse incomodos al desarrollar su profesión en un medio con otros ideales. De esta forma, dicha cláusula ofrece la posibilidad al trabajador de rescindir su contrato a cambio de una compensación económica o finiquito.

Derecho de acceso a archivos y registros En cuarto lugar, destaca el Derecho de acceso a archivos y registros, que ofrece la posibilidad a cualquier persona de adquirir cualquier información siempre que se respeten otros derechos individuales como por ejemplo el derecho a la intimidad.

La ley de secretos oficiales Por su parte, La ley de secretos oficiales, creada en el año 68 y modificada en el 78

justo antes de la aprobación de la Constitución (por eso se considera preconstitucional aunque no anticonstitucional) ofrece la posibilidad al estado de declarar documentos secretos o reservados, provocando así una cierta restricción de información.

Ley de Protección de datos personales Es conveniente citar en este ámbito, la Ley de Protección de datos personales, que regula el uso de las nuevas tecnologías y la informática para evitar que se produzcan violaciones a los derechos íntimos y la vida privada de las personas.

Ley de Protección del honor, intimidad y la propia imagen También destaca la Ley de Protección del honor, intimidad y la propia imagen, que tiene el fin de salvaguardar los derechos personales del mal uso de la información.

labor de la administración de justicia Por último, cabe mencionar la labor de la administración de justicia, basada en una gran transparencia y publicidad de sus contenidos y que en ocasiones necesita cierto secretismo en determinados asuntos (testigos, pueblos…etc.). Por este motivo se declara en algunos procedimientos jurídicos el secreto de sumario para impedir la publicación de ciertas informaciones.

TEMA 9: EL DESARROLLO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO INFORMATIVO ESPAÑOL (II) En España, la vía jurídica por la que pueden ser acusados los periodistas es la vía civil, regulada por el procedimiento civil mediante el enjuiciamiento civil. Sin embargo, en algunas ocasiones de mayor importancia, es posible que intervenga el código penal a través del enjuiciamiento penal.

La diferencia entre ambos se encuentra en la gravedad de la situación: mientras que el código civil puede acarrear castigos de índole administrativa, el código penal interviene en aquellos delitos que pueden conllevar privaciones de libertad (arresto domiciliario, cárcel…etc.).

Código Penal De esta forma, actualmente en el Código Penal, existen casi 60 artículos relacionados con el ámbito informativo, entre los que destacan los títulos 10 y 11. Se consideran delitos informativos todos aquellos cometidos a través de los medios informativos.

El artículo 10 hace referencia a la intimidad, al derecho de la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio. Mientras que el 11 versa sobre los delitos contra el honor: la calumnia (atribuir a alguien hechos falsos) y la injuria (deshonras, insultos…).

la Ley General de la Comunicación Otra norma de gran relevancia es la Ley General de la Comunicación del 31 de Marzo de 2010, que reúne todas las disposiciones relacionadas con el mundo

audiovisual. A partir de este momento quedan derogadas un total de 48 normas anteriores. La ley establece que todo el espectro radioeléctrico es propiedad del estado y sólo él puede disponer y regular ese espacio.

TERCERA PARTE: LOS SUJETOS EN EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN. DEBERES Y DERECHOS Antes de adentrarnos en este bloque, es preciso analizar algunos conceptos previos, que sirvan para una mejor comprensión de los temas que más tarde se van exponer.

Periodista: Profesional encargado de ofrecer información y exponer su opinión. En el ámbito de las opiniones hay que contar con los conceptos de objetividad y subjetividad. A la hora de ofrecer información, el periodista debe buscar la máxima adecuación a la realidad, es decir no debe traspasar la frontera de la objetividad, situada en el punto donde se mezcla información con opinión. La información se basa en la veracidad, la opinión, no.

Profesión: empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente. Tiene dos características claves: en primer lugar que se trata de una ocupación, y en segundo lugar que es de carácter público.

En este sentido hay que distinguir entre los conceptos “oficio” y “profesión”. Para muchos la actividad de un periodista es un oficio, que se caracteriza por la formación basada en la repetición de actividades. Sin embargo, se debe considerar el periodismo como una profesión, que necesita de mecanismo de formación para convertir a personas en especialistas de la comunicación.

Algunas leyes extranjeras, añaden al concepto de profesión las siguientes características: realizarse de forma habitual, que conlleve una retribución (salario), que las personas hayan sido formadas y que los profesionales tengan una formación ética.

TEMA 10: DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESIONALES La profesión periodística no existe como tal en España, ya que la identidad periodística no viene especificada por la ley. Por tanto, se entiende como periodista a todo ciudadano que realiza la actividad comunicativa.

Según José María Desantes la identidad del periodista viene determinada por sus actos informativos dentro de un proceso comunicativo.

Sin embargo, no todas las personas pueden ser periodistas, ni tener acceso a ese proceso comunicativo, ya que para ello se requiere una formación que permita al profesional conocer y realizar ese complejo proceso comunicativo para hacer llegar a la sociedad la información.

Dicho proceso comunicativo funciona de la siguiente forma: El sujeto Universal (la sociedad) delega de forma tácita al sujeto profesional (periodista) la capacidad de realizar el proceso comunicativo, con el fin de hacer llegar la información al sujeto organizado (empresa informativa) que será el encargado de transmitirla a la sociedad.

Un periodista (sujeto profesional) se diferencia del resto de la sociedad (sujeto universal) en su cualificación y formación, que le permite realizar el proceso comunicativo de la mejor forma posible.

Las notas diferenciadoras de la profesión periodística son: en primer lugar, la independencia en la actividad, ya que se trabaja con el intelecto y para ello es necesario la independencia del sujeto profesional, del sujeto organizado y de la sociedad en general. En segundo lugar, la libertad del periodista, quien aunque esté ligado a una empresa por un contrato no debe vender su independencia ya que el periodista trabaja para la información y es responsable tanto jurídica como socialmente de sus informaciones. En tercer lugar, el periodista debe estar cerca de la justicia, por lo que su actividad, además de libre e independiente ha de ser moral.

El principal deber de un periodista es informar y por consiguiente, ha de tener el derecho de poder informar. Todos los derechos de un profesional tienen como finalidad última la de informar.

Antes del acto informativo, el periodista tiene el deber de formarse y adquirir una buena cualificación. Durante el acto informativo, el periodista tiene el deber de comunicar información verdadera y fidedigna. Y el deber posterior al acto comunicativo es el de rectificación para enmendar posibles errores.

TEMA 11: LA RESPONSABILIDAD ÉTICA EN EL CAMPO INFORMATIVO Antes de adentrarse en el tema de la responsabilidad, es preciso aclarar los diversos tipos de responsabilidad existentes.

tipos de responsabilidad existentes: Podemos diferenciar la RESPONSABILIDAD ETICA y la RESPONSABILIDAD JURIDICA, entre las que se encuentran la RESPONSABILIDAD JURIDICA CIVIL, recogida en el Código Civil a través de la ley de procedimiento civil; la RESPONSABILIDAD JURIDICA PENAL, recogida en el código penal mediante la ley de procedimiento penal; y la RESPONSABILIDAD JURIDICA ADMINISTRATIVA, cristalizada en la ley de procedimiento administrativo.

En el ámbito informativo existen las responsabilidades ética, civil y penal; mientras que no se aplican normas administrativas.

Para poder ejercer un ejercicio de responsabilidad es necesario disponer de libertad. Son las dos caras de una misma moneda.

La diferencia entre responsabilidad ética y la jurídica, radica en que la primera es voluntaria, mientras que la segunda es de obligado cumplimiento, ya que están contempladas en normas y leyes.

La ética funciona como fundamento del derecho, por lo tanto, la responsabilidad ética es más importante que la jurídica ya que ésta última se basa en ella.

La responsabilidad ética regula los actos humanos, distinguiendo entre actos humanos y actos del hombre. Los actos humanos son aquellos en los que el hombre es dueño de hacer o de omitir, son las acciones libres que proceden de la voluntad y de la inteligencia propia. Los actos del hombre, por su parte, son aquellos en los que se carece de libertad por falta de dominio de la ………………..

razones para plantearnos la ética: 1. Dignidad: es preciso mantener la reputación fuera de toda sospecha.

2. Práctica: ha de existir un comportamiento ético. Sin embargo, si la responsabilidad ética no se quebrase nunca, no haría falta la existencia de la responsabilidad jurídica.

3. Identidad y competencia profesional.

4. Economía de la empresa informativa: una empresa informativa es algo más que un negocio, sino que son empresas que trabajan con información y han de tener la ética como base de su actuación.

5. La responsabilidad ética se mueve en el escenario de la conciencia personal, no viene de fuera, está en nosotros.

Existen dos modos de entender la conciencia: como medidao como autoconciencia del yo. En el primer caso la conciencia mide nuestras actuaciones, y en el segundo caso el hombre asume la tarea de construir la medida con la que su conciencia ha de medir sus actos (“según mi conciencia”). La conciencia es cambiante según principios subjetivos.

juicio práctico de la inteligencia

Un elemento importante en este sentido es el juicio práctico de la inteligencia. La inteligencia influye de forma importante en la conciencia y es necesaria para establecer juicios éticos sobre lo que está bien y lo que está mal. Por ser un acto de la inteligencia humana la conciencia ha de fundamentar sus juicios.

Se puede decir que existen dos tipos de ética: la ética general, común a todos los hombres; y la ética profesional, propia de cada profesión. Así, los principios éticos relacionados con la información se recogen el código deontológico informativo.

En relación a estos códigos, destaca la existencia en todas las empresas, y por supuesto en los medios de comunicación, de unos estatutos que marcan la correcta aplicación de los principios deontológicos. Cada medio tendrá sus propios códigos y estatutos y variarán según su especialización.

La dignidad de la conciencia conlleva: 1. Obligación de formarse éticamente, es decir, conocer los códigos, estatutos

deontológicos o los criterios editoriales que sirven de guía ética, para no caer en el error de obedecer a nuestra conciencia no formada y tener la excusa fácil de “lo dice mi conciencia”.

2. Obligación de obedecer la conciencia personal bien formada.

3. Obligación de no coaccionar la conciencia ajena

4. Ser conscientes de que el juicio de la conciencia no es infalible, puede

equivocarse. Para esos casos, existe la rectificación.

Conflictos entre conciencia personal y organizaciones El trabajo de los informadores se desenvuelve en empresas informativas. Sin embargo, a pesar de trabajar para ellas, los periodistas deben seguir actuando según su conciencia, que nunca puede venderse a las organizaciones.

En este conflicto, las situaciones más comunes son:

1. La empresa carece de ética.

2. La empresa tiene códigos éticos pero no se viven en la práctica.

3. La organización, sin contar con la redacción, cambia los códigos éticos.

4. Existe una ética en la organización pero es rechazada por el informador.

Para dar soluciones a estos conflictos existen instrumentos como la objeción de conciencia.

La responsabilidad ética pide una ética abierta La ética abierta se alimenta de unas cuantas condiciones:

1. Solo se puede saber ética de la información sabiendo información

2. Solo se puede saber de información sabiendo de ética de la información.

3. La ética de la información es poder responder a estas tres preguntas: qué es, para qué es y por qué es la información.

4. Profesión y ética quieren decir sustancialmente lo mismo.

TEMA 12: LA RESPONSABILIDAD JURIDICA INFORMATIVA: CIVIL Y PENAL. La Responsabilidad jurídica viene concretada en códigos.

Objeto y sujeto de la responsabilidad jurídica El objeto global de la responsabilidad jurídica son los actos humanos

informativos, es decir, los mensajes informativos que se han hecho públicos y han sido conocidos a través de los medios de comunicación.

No todos los mensajes son homogéneos, por lo que la responsabilidad jurídica no afecta del mismo modo a todos los mensajes. Por ello es preciso determinar el grado de responsabilidad jurídica de cada mensaje.

El sujeto de la responsabilidad jurídica es aquel al que se le puede aplicar la responsabilidad jurídica.

El problema radica en la dificultad de concretar la figura del periodista. Por ello se exigirá responsabilidad a todo aquel que una determinada cualificación trabaje en un medio informativo.

Como se regula la responsabilidad jurídica Exigencia ante unos tribunales de justicia.

Principio de legalidad y tipicidad: para exigir responsabilidad de una determinada falta o delito, éste debe estar recogido en los códigos civil o penal y explicado su desarrollo.

Principio de procedimiento: cada responsabilidad tendrá su propio procedimiento con el que enjuiciar una falta o delito.

La responsabilidad penal solo se puede exigir a las personas físicas, ya que ésta atenta contra la privación de libertad.

El sistema de recursos es propio de cada responsabilidad: una sentencia puede recurrirse hasta que se considere firme. La única excepción es el recurso de amparo.

Carácter de no retroactividad en las acciones legales, con el fin de evitar inseguridad jurídica.

La responsabilidad civil La responsabilidad civil reside en el articulo 1902, que dice que el que por acción u omisión causa daño a alguien, tiene la responsabilidad de reparar ese daño.

La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual.

En el caso de la responsabilidad civil contractual es necesaria la existencia de un contrato, que al ser incumplido conlleva unas determinadas consecuencias jurídicas y el inicio de litigios. Por ejemplo en el caso de un despido improcedente.

La responsabilidad extracontractual se refiere al daño que una persona puede hacer a otra sin que haya contrato de por medio. Por ejemplo, dañar al honor de una persona ajena.

La primera es propia de los medios de información como empresa, mientras que la segunda es la derivada de la actividad diaria que un periodista realiza sin necesidad de contrato.

Ambas responden del daño causado con el patrimonio de las personas. Pero también, la responsabilidad civil puede servir de complemento de la responsabilidad penal (ésta priva de libertad) para compensar directamente el daño causado por un determinado delito.

En el campo informativo hay una responsabilidad civil en cascada, es decir, que ante la comisión de una falta siempre tiene que pagar alguien, por lo que la ley informativa establece una ley subsidiaria por la que la empresa corre con la imputación de ese delito.

La responsabilidad penal La responsabilidad penal es más exigente que la responsabilidad civil, ya que se paga con la privación de libertad. En el ámbito de la responsabilidad civil el daño se comete a una persona o grupo, mientras que en la responsabilidad penal el daño se hace al conjunto de la sociedad. De ahí que sea más castigada. Por eso, ésta responsabilidad se califica como imperativa, puritiva y disuasoria.

La doctrina establece una serie de criterios en el ámbito de la responsabilidad

penal:

Tipicidad: para que un delito sea tal, tiene que estar tipificado en el código penal.

Antijuridicidad: el acto es contrario al derecho, es decir, tiende a violar las leyes tipificadas.

Imputabilidad: posibilidad de atribuir un delito a una persona.

En el campo informativo hay una distinción importante, por la cual se diferencian los delitos estrictamente informativos, por ejemplo clandestinidad de publicaciones; y los delitos cometidos a través de un medio informativo, por ejemplo: calumnias en un medio informativo (la calumnia es un delito en sí mismo, pero al ser difundido adquiere más relevancia).

Los delitos cometidos a través de los medios se clasifican en:

Delitos contra la seguridad externa del estado

Delitos contra la seguridad interna del estado

Delitos contra el honor y la seguridad

Delitos contra la propiedad

Los delitos contra el honor: la calumnia y la injuria La calumnia: imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o

temerario desprecio de la verdad. Por ejemplo, una denuncia falsa. El imputado por calumnia se considera inocente cuando el juez dicte sentencia a su favor.

La injuria: la acción o expresión que lesionan la dignidad de una persona menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Las injurias tienen que ser consideradas por el público como graves. El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad cuando quede probada su inocencia judicialmente.

TEMA 13: EL AUTOCONTROL DE LA ACTIVIDAD INFORMATIVA. Este tema responde a una pregunta: ¿Con la responsabilidad jurídica tenemos suficiente para regular la actividad informativa?

La respuesta es NO, aunque nos pongamos en un ideal de un derecho perfecto. Por eso, cada vez es más necesaria la existencia de un sistema complementario al derecho, hablamos del autocontrol.

Autocontrol personal y autocontrol colectivo

En primer lugar, debemos distinguir entre autocontrol personal (individual de cada persona) y autocontrol colectivo (de la profesión periodística en general).

En el ámbito del autocontrol personal, es importante el concepto de organismos de autocontrol:

1. Según Loeffler, Los organismos de autocontrol de la prensa son instituciones creadas por y para la prensa en el seno de las cuales periodistas y editores adoptando libremente las decisiones y siendo responsables únicamente ante su propia conciencia, cooperan a fin de preservar la existencia de relaciones equilibradas y leales entre la prensa de un lado y el estado y la sociedad de otro, por medio del mantenimiento en el interior de la prensa de una alta moralidad personal y por la defensa en el exterior de ella de la libertad de prensa.

De esta definición anterior se extraen las siguientes ideas claves:

Son creadas por y para la prensa, es decir, se crean por interesados en prensa y no requieren actuación del estado.

Son creadas por editores y periodistas. Aquí encontramos el único fallo, ya que no se incluye a los representantes del público.

Los periodistas y editores son responsables ante su propia conciencia, es decir, su incumplimiento no conlleva castigo jurídico.

Su finalidad es preservar la existencia de relaciones equilibradas y leales entre prensa, estado y público.

Esta finalidad se consigue a través de una alta moralidad personal, que garantice la libertad de prensa.

2. Según Hebarre, el organismo de autocontrol es el que debe permitir a la prensa, esta industria de género muy particular, llevar su función institucional propia en el seno de una sociedad democrática moderna.

En conclusión, podemos señalar, en primer lugar, que el objetivo fundamental de los organismos de autocontrol es seleccionar los actos que atenten contra los principios deontológicos.

En segundo lugar, hay que decir que la sanción máxima que puede establecer un organismo de autocontrol es la difusión pública de los actos delictivos. Además garantizan una legislación en favor del derecho de la información.

Éstos, sirven de nexo de unión entre el público y los medios para evitar abusos y dignifican la profesión periodística, necesitada de un rearme ético.

El autocontrol tiene la función de mejorar las relaciones con la sociedad y el estado. No es un concepto cerrado. Estos organismos carecen de función si no es complementada con el autocontrol individual, ya que la ética es propia de cada persona.

De la unión de ambos conceptos se puede extraer la definición de autocontrol, entendido como aquella decisión personal y libre del informador que basándose en su

conciencia e inspirándose en los principios deontológicos de la información, plasmados o no en un texto, le obliga a obrar éticamente y le permite llevar a cabo su actividad informativa, individual o colectiva, estando sujeto a las decisiones éticas que su comportamiento merezcan a las instituciones de índole ideológico existentes en el ámbito de la profesión.

De esta definición se pueden diseccionar varias ideas:

1. Es una decisión personal y libre que se basa en la conciencia individual.

2. Se apoya en la ética informativa.

3. Los principios deontológicos pueden estar plasmados o no en un texto. Hoy en día suelen estar recogidos.

Equívocos sobre el autocontrol El principal equívoco es confundir el autocontrol con la censura. Ambos términos no tienen nada que ver.

La censura se caracteriza por:

Es una coacción externa al informador.

Viene impuesta por quien tiene el poder y no la autoridad

Es el más grave atentado contra la información porque puede llegar a anular la libertad de difundirla

No tiene que ver con el ámbito ético

Supone falta de libertad para el informador

El autocontrol se caracteriza por:

Es una decisión interna del informador

Es fruto de su libre decisión, no se puede imponer

Salvaguarda el recto uso de la información al cual tiene derecho el publico

Se mueve, exclusivamente, en el campo de la responsabilidad ética

Potencia la libertad del informador.

Creación del autocontrol En primer lugar nace de los informadores, que son los que ejercen esa actividad de autocontrol.

En segundo lugar de los editores y las empresas, que es donde se ejerce la

actividad informativa. Los empresarios deben fomentar el autocontrol entre sus trabajadores.

En tercer lugar del público, que tiene la responsabilidad de exigir el autocontrol.

Los fundamentos y la razón de ser del autocontrol El fundamento básico lo encontramos en la necesidad de que los sujetos que intervienen en el proceso informativo tengan los elementos necesarios para la vigilancia ética de su actividad.

Normas en las que se basa el autocontrol El autocontrol se regula mediante los principios deontológicos. Por lo tanto, las normas que lo regulan se mueven entre la conciencia y los principios deontológicos.

Como conclusiones, podemos afirmar que:

El autocontrol es un elemento importante para regular la actividad informativa, pero no es el único.

Sólo los principios deontológicos son los utilizados por los órganos de autocontrol.

Los organismos tienen que estar compuestos por los tres grupos que intervienen en la actividad informativa: público, medio y periodistas.

TEMA 14: LA CLAÚSULA DE CONCIENCIA EN EL CAMPO INFORMATIVO Este tema tiene un componente ético importante, pero en la actualidad ha pasado a tener, también, un fuerte componente jurídico.

El objeto fundamental es salvaguardar la libertad de conciencia de los periodistas.

El periodista trabaja en un medio con unos determinados principios y pone su inteligencia al servicio de ellos, con los que supuestamente está de acuerdo. Sin embargo, hay dos casos por los que el periodista puede acogerse a la cláusula de conciencia.

El primero es cuando el medio cambia de línea editorial, por lo que el periodista puede dejar su puesto de trabajo por no corresponder con sus principios, o mantener su puesto. En este caso se podría dudar de la conciencia del trabajador por falta de coherencia, al continuar ofreciendo sus servicios a un medio que no responde a sus principios.

El segundo caso se pone de manifiesto cuando el periodista es trasladado de un medio a otro, ambos propiedad del mismo grupo editorial, pero que tienen un pensamiento ideológico distinto.

La cláusula de conciencia equivale a una marcha voluntaria, que se equipara a un despido improcedente, que supondrá el pago de una indemnización al trabajador.

La dificultad desde la óptica del periodista reside en la demostración de que se ha producido un cambio brusco de orientación informativa por parte del medio.

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