penal, Ejercicios de Derecho Penal. Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
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penal, Ejercicios de Derecho Penal. Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

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Asignatura: derecho penal general, Profesor: ?? ??, Carrera: Derecho, Universidad: UAM
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2º carrera, 2º semestre.

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TEMA 1. EL CONCEPTO DEL DELITO.

1. ESTRUCTURA DEL DELITO Y DEFINICIÓN DE SUS ELEMENTOS.

1.1. DERECHO PENAL Y CÓDIGO PENAL.

La función principal de Derecho Penal es la protección de los bienes jurídicos más apreciados

como la vida humana o la integridad física, contra los ataques más graves como los violentos o

defraudatorios. El Derecho Penal como tal se divide en partes o aspectos diversos:

Derecho Penal objetivo (ius poenale). Desde una perspectiva normativa, se trata del

conjunto de normas que asocian los efectos jurídicos de pena y medida de seguridad al

presupuesto integrado por el delito.

Derecho Penal subjetivo (ius puniendi). Es la facultad del Estado para definir delitos,

imponer penas y aplicarlas. Está limitado por el Derecho Penal objetivo en cuanto que

el Estado solo puede imponer penas en la medida que las leyes lo permitan.

Derecho Penal como ciencia. Se preocupa del estudio, de forma ordenada y racional,

del Derecho Penal vigente en una determinada sociedad y momento histórico. Le

asisten las ciencias auxiliares:

o Dogmática. Versa sobre el reconocimiento de la libertad del individuo en la

comisión del delito y su consiguiente castigo.

o Criminología. Aboga que el delito tiene su origen en causas de orden individual

o Política Criminal. Hace referencia al conjunto de criterios empleados (o a

emplear) en el tratamiento de la criminalidad.

1.2. EL DELITO EN EL DERECHO PENAL.

a) Desde el punto de vista sociológico, el Derecho Penal es un instrumento de control

social a través del cual se intenta evitar el delito mediante el mecanismo de la pena. A

través de él se intenta que los miembros del grupo social respeten unas normas

básicas de conducta. De esta forma:

 Es un instrumento de control social primario, que funciona solamente a través

de la amenaza del castigo.

 Es “formalizado” debido a que su funcionamiento, dado que están en juego

derechos fundamentales de la persona, está rodeado de todas las garantías

constitucionales para que su aplicación resulte segura, previsible y controlable.

b) Desde el punto de vista jurídico, el Derecho Penal es un sistema normativo (conjunto

de normas de conducta, ya sean prohibitivas o preceptivas, y de reglas para su

aplicación) que vincula al delito como presupuesto, y a la pena (y/o la medida de

seguridad) como su consecuencia jurídica.

El delito, presupuesto de la pena, es un hecho socialmente dañoso (principio del hecho). Esta

concepción excluye la selección de los delitos a la “personalidad dañina” del autor, esto es, a

una determinada “forma de ser”. Todo ello no impide que las características personales del

autor puedan ser tomadas en cuenta en el momento judicial de la individualización de la pena.

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En la actualidad dominan los puntos de vista que vinculan la dañosidad social al criterio del

bien jurídico; según el cual, la dañosidad social de un hecho depende de que lesione o ponga

en peligro intereses fundamentales, individuales o colectivos, que afecten a las condiciones

materiales de la vida del hombre y que constituyan los presupuestos indispensables para la

vida en sociedad.

1.3. ELEMENTOS DEL DELITO.

Actualmente se imponen las definiciones estrictamente formales de delito. Todas ellas suelen

coincidir en la siguiente fórmula: todo hecho humano (acción) es típico, antijurídico y culpable.

De esto averiguamos los elementos del delito:

1. Acción. Referente a la puesta en marcha de una conducta humana exteriorizada, que

puede ser activa u omisiva, y depende de la propia voluntad del individuo.

2. Tipicidad. Se dice que el hecho es típico cuando “encaja” de forma exacta en el tipo

penal, es decir, el hecho debe figurar en el Código Penal. Vertientes del tipo: objetiva

(descripción objetiva de un suceso) y subjetiva (el DP prohíbe las acciones u omisiones

dolosas o imprudentes que realizan la vertiente objetiva de los tipos penales).

3. Antijuridicidad. Una conducta típica es antijurídica salvo que excepcionalmente exista

una causa que la justifique y la haga lícita. Las causas de justificación constituyen

autorizaciones del ordenamiento para realizar conductas típicas, y son: la legítima

defensa, el estado de necesidad y el ejercicio legítimo de un derecho.

4. Culpabilidad. Para que el hecho sea delito, el autor del hecho ilícito debe ser culpable.

Culpable es el autor que ha realizado el hecho antijurídico, a pesar de que se ha

podido motivar por el Derecho; y para ello es necesario dos requisitos:

a. Que el autor haya tenido la posibilidad de conocer la ilicitud del hecho. Éste se

excluye cuando el sujeto ha actuado con error sobre la prohibición invencible.

b. Que el autor haya tenido capacidad para comprender la ilicitud del hecho y, así,

actuar con arreglo a esa comprensión. Este requisito se excluye cuando el autor

es inimputable.

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE DELITO.

2.1. ÉPOCA CLÁSICA.

En esta primera fase, desarrollada a finales del siglo XIX fundamentalmente en Alemania,

debemos destacar dos grandes autores: Beling y Von Liszt; éste último fue el primer penalista

de la concepción moderna del Derecho Penal.

La doctrina alemana elaboró el concepto de delito bajo la influencia de un contexto filosófico

(positivismo científico) y político, dejando fuera todo tipo de valoraciones. De esta manera se

llega a un concepto objetivo (basado en la tipicidad y antijuricidad) y formal del delito, que se

intenta ajustar al concepto de Estado de Derecho.

1) Acción. Es entendida como un movimiento corporal que, impulsado por la voluntad del

actor, modifica el mundo exterior. Entre el movimiento y el cambio debe haber una

relación de causalidad. Por tanto, se limita a conductas activas sin incluir las omisivas.

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2) Tipicidad. Se trata de una descripción externa de la acción punible y valorativamente

neutra. Tiene un carácter objetivo y se relaciona con el principio de legalidad. La

tipicidad clásica puede ser un indicio de la antijuricidad, aunque no siempre.

3) Antijuricidad. Consiste en la mera contradicción del hecho contra el ordenamiento

jurídico. También es una categoría objetiva, aunque se puede calificar como valorativa,

en base a que puede llegar a ser un juicio de desvalor que recae sobre el acto ilícito.

4) Culpabilidad. Es el nexo psicológico que debe existir entre el autor y el hecho. Se

configura como un elemento descriptivo en la que se incluye todo lo subjetivo del

delito: dolo, imprudencia y ausencia de causas de exculpación (como el error).

En el marco de esta teoría, Beling afirmó que dentro del injusto era importante tener en

cuenta las características de la categoría delictiva, es decir, se debía hacer un juicio previo de

tipicidad. Por esto, el hecho debía ser típico y antijurídico para ser considerado injusto. Con

esto quedó formulada la estructura jurídica del delito, que se viene usando desde esa época,

pudiéndose establecer con la fórmula ATAC (Acción Típica, Antijurídica y Culpable). Aunque la

estructura sigue siendo la misma, el contenido ha cambiado. Hoy en día la distinción entre los

elementos es relevante ya que, si un hecho es injusto pero no es culpable, se puede imponer

una medida de seguridad y dirimir la responsabilidad si concurren varios participantes.

2.2. ÉPOCA NEOCLÁSICA.

Esta segunda fase (que se extiende a principios del siglo XX) viene a significar una revisión o

reformulación del conflicto clásico del delito. Entre los autores neoclásicos destaca Mezger.

También en este caso encontramos influencia filosófica, que entiende la realidad como un

conjunto de objetos libres de sentido y de valor; junto a ella se encuentra una ciencia formada

por conceptos, los cuales se elaboran, a su vez, a través de un método. Trasladado al Derecho,

se afirma que su objeto ha de ser comprender la realidad conforme a unos valores que

asientan las distintas ramas de las cuales se componen. Esto supone un cambio en el concepto

de delito: surge una nueva concepción valorativa y teleológica (que busca los fines del delito).

Plasmado en la definición de las categorías del delito:

1) Acción. Es concebida como una conducta humana exterior dependiente de la voluntad.

Sigue siendo causal, pero habla de conducta humana en vez de movimiento corporal.

Gracias a este cambio se puede entender la conducta activa y la conducta omisiva.

2) Tipicidad. Deja de ser meramente descriptiva y neutra. La relación entre tipicidad y

antijuricidad se intensifica, es decir, la tipicidad es esencialmente antijuricidad.

3) Antijuricidad. Ha de suponer una ofensa a un bien jurídico (dimensión material).

4) Culpabilidad. Se establece la existencia de ámbitos de culpabilidad ante los que se

deben hacer análisis normativos (estado de necesidad exculpante). Este hecho se ve el

caso de la tabla de Carneades: no se puede hacer responsable a un individuo que, ante

una ocasión aleatoria, debe incurrir en un delito para salvar su propia vida. Por el

contrario, sí se consideraría delito la puesta en marcha de una conducta ilícita por

parte del sujeto, no cumpliendo la diligencia necesaria para evitarlo, y si éste no

considera dicha acción como un peligro. Por eso, la teoría de la culpabilidad flojea en

su subjetividad.

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Frank planteó la culpabilidad como juicio normativo, esto es, un juicio de reproche al autor por

haber actuado en contra del Derecho cuando debía y podía haber actuado conforme al mismo.

Sin embargo, este esquema daba lugar a soluciones insatisfactorias.

2.3. ÉPOCA FINALISTA.

El gran protagonista de esta época es el penalista alemán llamado Welzel, quien formula, a

partir de los años 30, la doctrina finalista de la acción.

Esta teoría también está influida por la filosofía, más concretamente por el ontologismo y la

fenomenología, que destacan la relevancia de ciertas leyes estructurales del ser humano que

condicionan la elaboración científica.

Welzel aplica estas ideas al DP y afirma así que existen determinadas estructuras lógico-

objetivas, previas a toda regulación jurídica, relacionadas con la condición humana y que

limitan la labor del penalista y del legislador. Dentro de estas estructuras, la fundamental es la

finalidad. Según Welzel, la base de todo delito está en la acción final. Así, la naturaleza final de

la acción humana se referiría al ser humano como un sujeto que puede, con el apoyo del

conocimiento y dentro de ciertos límites, dominar el proceso causal y conducir su actividad

para lograr un objetivo. Esa condición final se puede estructurar en tres fases:

1º. Anticipación mental del objetivo que se pretende alcanzar.

2º. Selección de los medios necesarios para realizar la acción.

3º. Ejecución de la acción en el mundo real.

La concepción derivada de la teoría de Welzel es radical: afirma que se deberá tener en cuenta

la voluntad del sujeto al realizar un hecho concreto.

1) Tipicidad. Se divide en parte objetiva y subjetiva, y dentro de ésta última se incluye el

dolo como elemento central y permanente (el otro es la imprudencia). El dolo se

entiende como dolo material, es decir, basta con querer realizar la parte objetiva del

tipo (la acción, el resultado y el objeto sobre el cual recaerá la acción).

2) Antijuricidad. Se subjetiviza, dando especial relevancia dentro de ésta al desvalor de la

acción, y como consecuencia, relegando el valor del resultado.

3) Culpabilidad. Se mantiene como reprochabilidad; sin embargo, se libera de aspectos

psicológicos como el dolo. Además, dentro de ella aparecen la inimputabilidad, la

conciencia de la antijuricidad y las causas que excluyen la culpabilidad.

En dicha doctrina utiliza dos argumentos: los elementos subjetivos del injusto y la tentativa,

donde se tiene en cuenta el dolo del autor. Con esto afirma que el dolo y la imprudencia deben

ser tenidos en cuenta, y que la acción debe ser entendida como final, ya que el sujeto persigue

determinados fines usando ciertos medios. El tipo ya no es solo objetivo, sino también

subjetivo: si el sujeto lo ha causado con dolo, imprudencia o con elementos del tipo aplicable.

Las causas de justificación también se ven modificadas. Para afirmar si alguien es culpable, lo

primero a tener en cuenta es si ese sujeto es imputable; en caso afirmativo, se debe ver si

conoce la juricidad del hecho cometido, valiendo solo la posibilidad de que lo supiera si se

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hubiera detenido a pensar y si la conducta es exigible. Desde esta perspectiva, el dolo se

entiende como dolus malus: el dolo natural (conocer que se está cometiendo un delito en base

a las disposiciones del tipo, conocer) y el conocimiento de la antijuricidad (saber que ese delito

está tipificado como tal en el ordenamiento jurídico). El dolo natural queda excluido por el

error de tipo y el conocimiento por el error de prohibición.

2.4. EN LA ACTUALIDAD.

Se tiende a una concepción finalista del delito, pero no a su fundamentación en la acción final.

Por tanto, se afirma que prevalece una simbiosis entre Neoclasicismo y Finalismo, en la cual

cobra una especial significación la Teoría de la imputación objetiva del resultado, se mantiene

la perspectiva material de lo injusto y se sustenta el concepto normativo de culpabilidad. Al

mismo tiempo, surgen dos tendencias metodológicas vinculadas a la idea del funcionalismo:

Funcionalismo teleológico-valorativo (Roxin). Se centra en la idea de la finalidad de la

crítica: cada categoría del delito ha de estar estructurada desde un punto de vista

político-criminal.

Normativización de las categorías normativas del delito (Jakobs). Es una perspectiva

más abstracta. Se caracteriza por carecer de delimitación de la imputación objetiva y

equiparar la conducta omisiva y la causación positiva.

Hoy en día, la Teoría Jurídica del Delito sigue siendo un sistema abierto, que conoce de los

elementos que integran el delito: acción típica (posiblemente delictiva en un enunciado legal),

antijurídica (socialmente lesiva o nociva) y culpable (tal conducta negativa es reprochable

personalmente a su autor).

3. DERECHO POSITIVO Y CONCEPTO DE DELITO.

Hoy en día existen varios conceptos de delito, sin embargo el concepto legal es el único válido,

aunque el CP no es demasiado claro en este aspecto: “son delitos o faltas las acciones u

omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley.” (art. 10 y 11 CP).

1) Acciones. Consisten en una acción positiva, en un hacer lo que está prohibido.

2) Omisiones. Consisten en incumplir un mandato determinado de actuar para evitar un

peligro. Esto se traduce en omitir o no hacer lo que se esperaba (prescindir de lo que

se está obligado a hacer).

En este punto, el delito se traduce en una acción de la conducta humana, que debe ser típica.

La tipicidad se deduce del art. 10: “delitos o faltas (…) penadas por la Ley”. Esta expresión

contiene las categorías de antijuricidad (porque la Ley no puede castigar acciones conformes

al Derecho) y culpabilidad (porque no hay delito si la Ley no establece una pena concreta para

esa conducta).

La doctrina discute si la categoría de la culpabilidad está o no incluida en el art. 10 CP (es en la

CE donde encontramos el concepto de culpabilidad):

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1) Según la concepción clásica, está incluida cuando se habla de acciones y omisiones

dolosas o imprudentes.

2) Según el Finalismo, se rechaza la interpretación como culpa de la exigencia legal de

conductas dolosas o imprudentes. Alegan que debería integrarse en el tipo de injusto.

Sin embargo la culpabilidad sí forma parte del concepto legal, ya que para imponer una pena el

autor ha de tener unas condiciones que permitan imputar o atribuir el hecho punible al autor.

La inclusión en la expresión “penadas por la Ley” se confirma cuando los arts. 19 y 20 CP

aluden a las causas de exculpación y cuando el art. 14.3 CP dicta el error invencible sobre la

ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal, que excluye la responsabilidad criminal.

3.1. CLASIFICACIÓN DEL DELITO Y DE LAS PENAS.

Como última clasificación, dependiendo de la gravedad de los hechos penalmente relevantes y

de la naturaleza y duración de la pena que tengan asignada, se diferencia entre delitos graves,

menos graves y leves. De acuerdo con los arts. 13 y 33 del CP, los ilícitos penales se clasifican

en tres categorías:

1. Delitos graves, cuando lleven aparejada la pena de prisión de 5 años o superior, la

inhabilitación absoluta, inhabilitaciones especiales por más de 5 años, etc.: “son delitos

graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave”.

2. Delitos menos graves, cuando supongan pena de prisión inferior a 5 años,

inhabilitaciones especiales hasta 5 años, multa de más de 3 meses, etc.: “son delitos

menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave”.

3. Delitos leves, cuando sean castigados con multa de hasta 3 meses, localización

permanente de un día a 3 meses, etc.: “son delitos leves las infracciones que la ley

castiga con pena leve”.

Esta distinción afecta fundamentalmente a los plazos de prescripción de los delitos (art. 131.1

in fine CP) y de cancelación de los antecedentes penales (art. 136 CP), así como al período de

seguridad en el acceso al tercer grado penitenciario (art. 36.2, 2º inciso CP).

Además, el art. 13.4 CP añade: “Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre

las mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se considerará, en todo

caso, como grave. Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como

menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve.

3.2. CLASES DE CRITERIOS EN BASE A LOS DELITOS.

A. Sustantivos o materiales. Tratan de ofrecer nociones del delito válidas para cualquier

época y sociedad. Se caracterizan por definir el delito desde planteamientos religiosos,

éticos, políticos o sociológicos.

B. Formales. Parten del Derecho positivo, y tratan de reflejar (mediante términos

técnicos) el concepto de delito vigente en una legislación determinada.

C. Mixtos. Combinan criterios materiales y criterios formales.

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TEMA 2. LA ACCIÓN.

1. CONCEPTO DE ACCIÓN.

El art. 10 CP establece que el delito se basa en acciones humanas, sean activas u omisivas. Por

tanto, el concepto de acción se engloba como sustrato de una o varias conductas humanas. Si

en un determinado contexto no ha existido acción, tampoco habrá habido acción típica.

Al enfrentarse al concepto de delito, existen dos vías:

1º. Prescindir del concepto de acción y pasar a la tipicidad.

2º. Intentar aclarar ese concepto de acción, pretendiendo que sirva de punto de partida

de los restantes elementos que conforman el concepto de delito.

Esta última es la vía más aceptada por razones sistemáticas, teóricas y prácticas.

 Sistemáticas. Aun reconociendo que la dogmática jurídico-penal se define en la

tipicidad, antijuridicidad y en la culpabilidad, es preciso tener un concepto de acción al

que puedan referirse los demás.

 Teóricas. La caracterización positiva del comportamiento humano con carácter penal

partiendo del concepto de acción se va a derivar el establecimiento de un límite

máximo de imputabilidad de un hecho como obra de un ser humano.

 Prácticas. Porque el concepto de acción, en un sentido modesto, nos permite

prescindir de todo aquello que no tiene relevancia penal.

2. FORMAS: ACCIÓN Y OMISIÓN.

2.1. LA ACCIÓN.

Respecto a las funciones que puede cumplir la acción, el penalista alemán Mai Hofer se

pronunció al respecto, elaborando una tesis sobre el concepto de acción, destacando cuatro

de sus funciones básicas:

1. Función clasificatoria. El concepto de acción debe englobar las distintas formas de

conductas humanas relevantes para el Derecho Penal. Esas formas han de ser

abarcadas por el concepto de acción.

2. Función definitoria. El concepto de acción debe poseer contenido material suficiente

para que se pueda referir a las distintas categorías del delito.

3. Función coordinadora. El concepto de acción no debe adelantar los otros elementos

del concepto de delito.

4. Función delimitadora. El concepto de acción ha de excluir las formas de conducta que,

en ningún caso, puedan tener relevancia penal.

De esta forma, decimos que se han creado tres tesis sobe el concepto de acción, dando lugar a

la cuestión de si cada una de estas tesis puede cumplir los objetivos fijados por Mai Hofer.

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 Concepto causal de acción. Es consecuencia del pensamiento científico y la pieza clave

del sistema clásico del delito. Define la acción como el movimiento corporal que causa

una modificación en el mundo exterior. El núcleo esencial de esta teoría lo hallamos en

la causalidad, y tiene en cuenta la voluntad en el sentido de impulsora del movimiento

corporal. La mayor crítica es que este concepto no permite explicar el fenómeno de la

omisión y encuentra dificultades al comprender los delitos de mera actividad.

Concepto final de acción. Su autor es Welzel, el cual afirmaba que la conducta humana

estaba dirigida a intentar conseguir un fin y poner los medios para conseguir el mismo.

El problema de la finalidad es que no siempre se corresponde con los delitos del CP, ya

que a veces castigamos conductas cuya dependencia con el fin del sujeto es escasa o

nula. Dicho concepto pertenece al plano de la acción: describe acciones finales,

integrando el dolo en el tipo de injusto. Lo relevante del concepto de acción es si el

sujeto tenía una posibilidad mínima de haber hecho otra cosa o de hacer lo que se le

exigía; esta idea es la que confirma la teoría del “ultra posse nemo tenetur”.

La omisión no se explica con este concepto al suponer la negación de todo hacer

causal. En los delitos imprudentes, el resultado se produce de forma causal y lo que les

caracteriza no es la voluntad, sino la infracción del deber de cuidado.

 Concepto social de acción. Los mayores teóricos son Eb Schidt y Engisch. Ellos creen

poder conseguir un concepto unitario de acción desde un plano valorativo del entorno

circundante. Definen la acción como un comportamiento humano socialmente

relevante, que comprende tanto las conductas activas como las omisivas, así como las

dolosas y las imprudentes. Este concepto puede criticarse porque difícilmente logra un

concepto que no anticipe el contenido de otros elementos del delito.

Como conclusiones a estos conceptos:

1) Hay que reconocer el escaso eco que tiene esta polémica sobre el concepto de acción.

2) La doctrina penal dominante considera que la acción puede operar como sustantivo

sobre los que se puede apoyar los demás predicados del delito.

3) La función positiva del concepto de acción se puede encontrar al establecer la base

sustancia mínima sobre la que se pueden asentar los demás elementos del delito.

4) Hay que permitir el concepto ontológico: establece que es acción aquella conducta

humana exteriorizada y dependiente de la voluntad.

2.2. LA OMISIÓN.

Los tipos de omisión se refieren a la no realización de una conducta determinada, por lo tanto,

la omisión se cumple cuando tiene lugar una conducta distinta a la esperada por el Derecho, lo

cual está prohibido y, por consiguiente, es ilícito.

En cuanto al significado jurídico, los delitos de acción presuponen la infracción de una norma

prohibitiva de hacer algo, mientras que los tipos de omisión implican la infracción de una

norma preceptiva. Nuestro CP reconoce ambas formas de acción en el art. 10 al definir el

delito. Dentro de la omisión caben dos modalidades:

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1º. Omisión pura. Consiste en no hacer algo, en desistir totalmente de hacer una

determinada acción.

2º. Comisión por omisión. Según el art. 11 CP, los delitos consistentes en la producción de

un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del

mismo, por el autor, infrinja un deber jurídico. Por tanto, ésta tiene lugar en supuestos

en los que se llega a equiparar la conducta omisiva a la causa de la conducta activa.

Los requisitos que deben darse para considerar que una conducta es realmente omisiva, son:

1) Capacidad de evitación, es decir, la facultad de cumplir con el mandato o la norma.

2) Relación hipotética de causalidad, la cual se podría afirmar como una posibilidad

rayana a la certeza.

3) Encontrar una posición de garante (art. 11 CP). La existencia de una posición en donde

el sujeto no hace lo que debía hacer, sería equivalente a la realización directa por el

sujeto de la conducta omisiva, tratándola como una conducta activa.

3. AUSENCIA DE LA ACCIÓN.

3.1. CAUSAS DE AUSENCIA DE ACCIÓN: MOVIMIENTOS REFLEJOS, ESTADOS DE PLENA

INCONSCIENCIA Y FUERZA IRRESISTIBLE.

Esos factores, cuando concurren en la situación dada, ocasionan la falta de tipicidad de los

hechos (arts. 1 y 10 CP), incluso aunque en ellos haya intervenido físicamente una persona y,

como resultado, se haya ocasionado un daño. Las causas de ausencia de acción (aplicables,

mutatis mutandis, a los supuestos de omisión) son:

a) Los actos reflejos. Se realizan de forma automática, de modo que son reproducibles

sistemáticamente con independencia de las características personales y la afectividad

del autor. Tienen lugar cuando un determinado estímulo va directo desde el

subconsciente del hombre hasta uno de sus músculos o centros motores, provocando

un movimiento corporal. En tales supuestos, generalmente resulta imposible controlar

los movimientos suscitados por dichos estímulos, por lo que las acciones que así

puedan haberse llevado a cabo no serán relevantes respecto al tipo penal.

b) La fuerza física irresistible. Quien obra violentado materialmente por una fuerza de esa

naturaleza, no puede decidir voluntariamente su actuación. Esa violencia, que deberá

ser física o proceder de causas naturales, podrá ser aplicada por una persona sobre

otra o indirectamente sobre cosas.

c) Los estados de plena inconsciencia. Excluyen la acción si se producen en el momento

de la comisión del delito y pueden deberse a la pérdida de sentido, sueño o

sonambulismo, ya sean inducidos por causas orgánicas o exógenas (como narcóticos).

Frente a estos casos de exclusión de la acción, existen situaciones en las que sí existiría acción

penalmente relevante, ya que el sujeto implicado aún podrá controlar el comportamiento. Así

ocurriría en:

- Situaciones de alta excitación emocional o “reacciones explosivas”.

- Comportamientos que, por frecuentes, ya se realizan de forma automática pero todavía

voluntaria y consciente.

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- actos en cortocircuito. Se producen cuando, ante un estímulo, se reacciona a tanta

velocidad que no da tiempo a que el sujeto sea consciente de otras motivaciones y evite

el comportamiento.

Se trata de formas de conducta en las que aún interviene la voluntad, por lo que se aprecia la

existencia de acción relevante. No obstante, algunas de ellas podrían constituir supuestos de

inimputabilidad del autor (por trastorno mental transitorio) o de atenuación de la

responsabilidad penal (por arrebato u obcecación). De hecho, entre las causas de ausencia de

acción y las de inimputabilidad existe sólo una diferencia de grado o intensidad.

3.2. EL MOMENTO DE LA AUSENCIA DE ACCIÓN: LA ACTIO LIBERA IN CAUSA.

En esos supuestos, no se considera que el sujeto haya realizado una acción en el momento de

la comisión del delito: es decir, para la tipicidad no puede tenerse en cuenta, aisladamente y

por sí mismo, el movimiento reflejo, ni el inconsciente… que hayan ocasionado algún resultado

de puesta en peligro o lesión de un bien jurídico. Sin embargo, en ocasiones será posible

atribuir causalmente dicho resultado a una conducta del individuo voluntaria y anterior a ese

momento de inconsciencia, y de la que sí pueda responder penalmente el autor.

Cuando dicha conducta voluntaria anterior haya acabado realizando un tipo penal por resultar

dolosa respecto a la lesión (si se ha buscado deliberadamente la inconsciencia para después

delinquir) o bien imprudente respecto a tal resultado (cuando se ha podido y debido prever

que se iba a producir la inconsciencia y la posterior comisión de un comportamiento delictivo),

será posible atribuir al sujeto el delito correspondiente. Esta es la doctrina de la “actio libera in

causa”. De ahí que la acción que produce materialmente el resultado, aun realizada durante el

sueño, es “libre en la causa”, pues su causa u origen sí es una acción libre y voluntaria. Por eso,

a la hora de excluir la acción y la responsabilidad penal por un determinado comportamiento,

habrá que comprobar si la conducta anterior al mismo fue voluntaria o no.

Como se ha indicado, cabe tanto una actio libera in causa dolosa como imprudente. Esta figura

aparece expresamente recogida en el CP solo para supuestos de inimputabilidad por trastorno

mental transitorio y por intoxicación al consumir alcohol o estupefacientes (art. 20.1ª y 2ª), si

bien su aplicación doctrinal y jurisprudencial se extiende a las causas de ausencia de acción.

4. EL TITULAR DE LA ACCIÓN.

4.1. PERSONA FÍSICA.

En la teoría del Derecho Penal, sólo la persona humana puede ser sujeto de una acción

penalmente relevante; ni los animales ni las cosas pueden ser sujetos de acción. Sin embargo,

el principio por el cual sólo las personas físicas son capaces de acción en sentido jurídico-penal,

ha sido sometido a revisión en el proceso de atribución de responsabilidad penal también a las

personas jurídicas.

4.2. PERSONA JURÍDICA.

Existe un principio fundamental proveniente de Roma que dicta que las sociedades jurídicas no

pueden delinquir. Durante la Edad Media y la Moderna se reconoció la capacidad de acción de

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las personas jurídicas. En el siglo XX se reconoce la responsabilidad penal de las personas

jurídicas en el Derecho anglo-americano, junto con un sistema jurídico jurisprudencial. Dentro

de ese criterio predomina la posición del pragmatismo, es decir, si esas personas jurídicas

están delinquiendo, se les puede exigir responsabilidad penal.

Frente a esta postura, está el sistema jurídico continental, defensor del principio de legalidad.

En este contexto, las sociedades no pueden delinquir, ya que el concepto de delito gira en

torno a un modelo, el individuo. En Francia y los Países Bajos se encuentra una vía intermedia:

en algunos casos aceptan el delito de sociedades. El problema es hacer frente a la delincuencia

organizada de tipo económico.

El Derecho Penal español vigente defiende el principio de que las personas jurídicas no pueden

delinquir, ya que no tienen capacidad de acción ni de pena. Existe un sector minoritario que es

partidario de la responsabilidad jurídica de las personas jurídicas, alegando cuestiones de

carácter pragmático. Junto a éste, existe otro sector que acude a criterios de funcionativismo

normativista, que habla de un concepto constitutivista de culpabilidad. Ambos sectores

afirman que como sujetos de Derecho tienen capacidad de obrar, ya que pueden realizar

contratos y también actos fraudulentos, y con ellos delitos económicos.

Sin embargo, no es la persona jurídica la que concluye contratos, sino la que queda vinculada

por los contratos que celebran en su nombre las personas físicas, que sí actúan como órganos

representativos de las jurídicas. Por tanto, las personas jurídicas solo tienen capacidad de

acción mediante sus órganos. Para ser titular de acción penal es necesario que una persona

realice el hecho punible.

El Derecho Penal, frente a esos delitos de las personas jurídicas, prevé formas de actuar en

nombre de otro y especiales sanciones penales recogidas pensando en las personas jurídicas.

4.2.1. Forma de actuar en nombre de otro.

En nuestro DP no había regulación específica para evitar que la incapacidad de acción de la

persona jurídica llegase a operar como una coartada respecto de las personas físicas para

delinquir impunemente. Esta era una necesidad eminente respecto de aquellos Derechos en

los que las características personales para ser sujeto activo concurrían en la persona jurídica, y

en cambio esas características no se daban en la persona física que actuaba en nombre de la

jurídica y provocaba la bancarrota. En estos casos, se llegaba a la irresponsabilidad criminal de

la persona jurídica y ese acto conllevaría, como consecuencia, la falta de castigo de los

verdaderos responsables del hecho: las personas físicas.

Una solución al problema era introducir una cláusula general del actuar en nombre del otro, al

contener una regla que operaba como una norma extensiva del tipo para los supuestos en los

que una persona física actuara en nombre de una jurídica. Gracias a ésta, se le impondría

aquellos tipos que exigiesen circunstancias especiales cuando no reuniese la condiciones

personales para ser sujeto activo de delito; en el caso de darse esas circunstancias especiales

en la persona que representa, atenderíamos al art. 31.1 CP.

12

La LO 15/2033 introduce, a este art. 31 CP: en estos supuestos, si se impusiere en la sentencia

una pena de multa al autor del delito, será responsable del pago de la misma, de manera

directa y solidaria, la persona jurídica en cuyo nombre o por cuya cuenta actuó. Así, reconoce

cierta responsabilidad penal a las personas jurídicas.

Sobre el art. 31.2 CP podemos interpretar que el destinatario sigue siendo la persona jurídica,

pero además establece una consecuencia accesoria por la cual la persona jurídica deberá pagar

una multa, ya que el sujeto ha actuado en su nombre y beneficio.

4.2.2. Especiales sanciones penales recogidas pensando en las personas jurídicas.

La pena presupone la comisión de una acción típica antijurídica y culpable, pero ninguna de

estas categorías les es aplicable a las personas jurídicas, por tanto, no se les puede imponer

una pena jurídica. Tampoco se les pueden aplicar medidas de seguridad, ya que faltan los

presupuestos del art. 96 CP, además de porque éstas no pueden cometer delitos. Sin embargo,

otros sectores de la doctrina no lo entienden así.

La prueba de la no responsabilidad de las personas jurídicas es la introducción en el CP de

penas accesorias referidas a la comisión de los efectos, instrumentos o ganancias de éstas. Con

el art. 129 C, se incorporan una serie de medidas que se refieren a la cláusula y a la disolución

de la empresa, lo que podíamos calificar como la pena capital para la persona jurídica. El

problema es que no se dice en que se fundamentan estas categorías accesorias, por ello la

doctrina ha determinado que el fundamento está en la peligrosidad criminal objetiva.

13

TEMA 3. LA TIPICIDAD: EL TIPO COMO TIPO DE INJUSTO.

1. CONCEPTO Y FUNCIONES DEL TIPO.

La tipicidad se entiende como la descripción de la materia prohibida en la Ley penal. El proceso

de tipificación penal obedece a una labor selectiva por parte del legislador: de lo ilícito

selecciona un sector relacionado con bienes jurídicos fundamentales concretos y, además, lo

hace solo frente a los ataques más intolerables.

La tipicidad se deriva del principio de legalidad, el cual obliga al legislador a describir con la

máxima precisión y claridad el hecho punible y sus características (taxatilidad).

Existen cuatro acepciones del término tipo:

 Tipo de Injusto. Integra las características fundamentadoras de la antijuricidad de la

conducta prohibida.

 Tipo total de Injusto. Compuesto por las características fundamentadoras y

excluyentes de la antijuricidad (causas de justificación).

 Tipo de Culpabilidad. Se refiere a las características que fundamentan la culpabilidad.

 Tipo de Delito. Engloba el tipo de injusto y el tipo de culpabilidad.

Por otra parte, las funciones del tipo son tres:

o De garantía. El tipo de injusto cumple una importante función garantizadora propia del

principio de legalidad.

o Indiciaria. El legislador está describiendo la conducta típica, seleccionando del ámbito

de lo ilícito el ataque más grave al bien fundamental.

o De llamada. El tipo también cumple una función de prevención general, ya que con la

descripción típica se advierte que, si se realizan determinados hechos típicos, esa

conducta va a ser conminada con una pena.

2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL TIPO.

2.1. ESTRUCTURA.

El primer requisito para afirmar la existencia de un delito consiste en que pueda apreciarse la

tipicidad de los hechos que se estén valorando: es decir, que éstos sean subsumibles en alguna

de las descripciones de conducta (tipos) contenidas en el Libro II del CP o en las leyes penales

especiales. Cada tipo penal presenta una determinada estructura, en función de cuáles sean

los elementos que lo integran.

En la estructura objetiva se distinguen clases de tipos y de delitos teniendo en cuenta los

elementos comunes que se dan en los tipos penales. Así, podemos distinguir, en primer lugar,

entre delitos de acción (EJ: art. 164 CP) y delitos de omisión (EJ: art. 195 CP), ya que el DP no

sólo prohíbe acciones, sino que, en ocasiones, también impone ciertas conductas, castigando

como delito su no realización.

14

- A su vez, dentro de los delitos de omisión, en función del alcance y contenido que

tenga el mandato penal de acción existente detrás de cada uno, distinguimos entre:

 Delitos propios de omisión. En ellos, el contenido del injusto consiste en no

realizar la acción esperada por el legislador penal, sin que se imponga al

posible autor el deber de evitar un resultado de lesión para el objeto material.

 Delitos impropios de omisión. En éstos se sanciona tanto la conducta de omitir

una acción debida y esperada como el hecho de no haber impedido la

aparición de un resultado lesivo que para el omitente era evitable (“comisión

por omisión”). Esta variante de delitos omisivos se prevé a través de una

cláusula general (art. 11 CP), de acuerdo con la cual, para imputar a un sujeto

la causación de un resultado mediante omisión, será preciso que:

 Ese sujeto tenga un deber jurídico de garante respecto al objeto

lesionado por el que tendría que haber evitado el resultado.

 Exista equivalencia estructural o normativa entre la omisión en la que ha

incurrido el sujeto y la acción que hubiera producido el mismo resultado.

 Delitos propios cualificados de omisión. En éstos se sanciona con más pena a

quien, ostentando un deber especial de protección del objeto material, no

lleve a cabo la conducta esperada. Se trata de delitos propios de omisión

cualificados, “de garante” o de gravedad intermedia, que, siendo más graves

que los delitos de omisión propia simples, no alcanzan la entidad de los delitos

impropios de omisión.

- Por otro lado, dentro de los delitos de acción, debemos diferenciar entre:

 Delitos de lesión (de mera actividad o de resultado).

 Delitos de peligro (concreto o abstracto).

En la estructura subjetiva podemos realizar una distinción superpuesta a las demás: la que

diferencia entre delitos dolosos y delitos imprudentes.

- Dolosos son aquellos tipos en los que la conducta ilícita se lleva a cabo de forma

intencionada por parte del sujeto, que tiene conocimiento del nivel de riesgo para el

bien jurídico asociado a su comportamiento, y prevé el resultado lesivo como

consecuencia de su conducta.

- Son imprudentes aquellos tipos cuya realización implica el desconocimiento (evitable)

del grado exacto de peligro que supone la conducta ilícita: el sujeto debía y podía

haber tenido conciencia de ese peligro pero confió de forma negligente (y

reprochable) en que el resultado lesivo no se produciría.

Además, tanto los delitos de acción como los de omisión pueden ostentar, en función de su

tipo subjetivo, la naturaleza de dolosos o de imprudentes. Los delitos de mera actividad son

mayoritariamente dolosos; a su vez, los tipos impropios de omisión podrían ser de ambas

clases, mientras que los propios de omisión presentan carácter doloso. Finalmente, los delitos

de peligro (abstracto y concreto) pertenecen a la categoría de ilícitos dolosos, ya que la

conducta peligrosa es realizada conscientemente por el sujeto.

15

2.2. CLASES DE TIPOS EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUJETO ACTIVO, DE LA

ACCIÓN Y EL RESULTADO, DEL OBJETO DE LA ACCIÓN, DEL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y

DEL SUJETO PASIVO.

1º. Desde el punto de vista del sujeto activo (persona que lleva a cabo la acción u omisión

delictiva), se dividen en:

a. Delitos comunes. El Código Penal no establece ninguna condición especial para

el autor de un delito determinado.

b. Delitos especiales. En ellos se exigen requisitos de autoría. A su vez, pueden ser:

o Propios, cuando la conducta solo está prevista en el CP como típica si la

realizan esos sujetos especiales, dado que es precisamente la cualificación

de los autores lo que da sentido a la prohibición.

o Impropios, si la conducta también se prevé como delito común para cuando

la realizan sujetos no cualificados.

2º. Desde el punto de vista de laaccióny el resultado distinguimos entre delitos:

a. De mera actividad. Se componen de dos elementos, autor y acción. Basta con

que el sujeto lleve a cabo la acción prohibida para ser suficiente conforme a las

reglas de la tipicidad. Por consiguiente, no es preciso causar un resultado de

lesión efectiva en el objeto material de la conducta (persona o cosa).

b. De resultado. Se componen de cuatro elementos: autor, acción, resultado de

lesión e imputación objetiva de éste a la acción. Estos delitos, al contrario que

los de mera actividad, sí castigan expresamente la causación de una lesión o

modificación en el objeto material de la conducta. Dicha lesión ha de resultar

separable en el espacio y en el tiempo de la acción que lo ha producido, así

como externamente perceptible por los sentidos. Exigen que la conducta tenga

determinadas consecuencias, que pueden ser:

o De resultado lesivo. El autor causa una lesión a otro sujeto.

o De peligro concreto. El autor, además de causar una lesión a otro sujeto,

también origina una determinada situación de peligro.

También dependiendo del número de acciones, encontramos otra clasificación en:

a. Simples. Describen una sola acción.

b. Compuestos. Requieren una pluralidad de acciones. Se dividen en:

o Complejos. Están integrados por dos o más acciones que en sí mismas son

delictivas, pero que esa dualidad desaparece cuando se integran en un

nuevo delito. EJ: art. 241 CP.

o Mixtos. Son aquellos en los que bajo una misma pena concurren diversas

conductas delictivas. Dentro de estos tipos encontramos:

Alternativos. En estos casos estaremos ante distintas acciones pero

habrá solo un delito. Ej: art. 419 CP.

Acumulativos. Tienen lugar cuando una de las conductas constituye

por sí misma una unidad delictiva, existiendo tantos delitos como

conductas haya.

3º. Desde el punto de vista del objeto de la acción, el objeto puede ser:

a. Material. Se refiere al objeto sobre el que recae la acción típica.

b. Jurídico. Se vincula con el bien jurídico protegido.

16

4º. Según la intensidad de la afectación al bien jurídico protegido (no siempre son iguales

en todos los tipos), se habla de delitos:

a. De lesión. El tipo penal exige la lesión de un bien jurídico.

b. De peligro. No hace falta que se cumpla la lesión de un bien jurídico, basta con

una mera situación de peligros. Se subdividen en:

o Peligro abstracto. Constan de dos elementos, autor y acción. Consisten en

una conducta que representa ex ante y por sí misma una amenaza para

determinados bienes jurídicos, siendo peligrosa en términos absolutos

o Peligro concreto. Constan de cuatro elementos: autor, acción, resultado de

peligro concreto e imputación objetiva de ese resultado a la acción. Se

caracterizan porque en ellos sí ha de concurrir un riesgo inminente y cierto

de lesión para un objeto material concreto. Dicho riesgo deberá ser

comprobado a posteriori (ex post) por el órgano judicial a efectos de

afirmar que se haya cometido el delito.

5º. Desde el punto de vista del sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico afectado

por el delito, los bienes jurídicos pueden ser:

a. Individuales. Se corresponden en gran medida con los derechos fundamentales.

b. Supraindividuales. Son aquellos que no son derechos fundamentales del

individuo. En estos casos, tenemos dos tipos de sujetos pasivos:

o Genérico. El Estado.

o Específico. Bienes jurídicos colectivos que implican un disfrute compartido.

2.2.1. La acción.

Este concepto ha servido a la teoría jurídica del delito para establecer el mínimo de

condiciones que son necesarias a efectos de otorgar relevancia penal a un comportamiento

humano: si en un determinado contexto no ha existido acción, tampoco habrá habido acción

típica. Así, el concepto jurídico-penal de “acción” se define en la actualidad como

“comportamiento humano, exterior y evitable”.

 El 1º rasgo significa que solo el hombre como ente racional podrá realizar acciones que

tengan relevancia penal. Esto deja aparte los casos de daños producidos por animales u

objetos controlados por un hombre, en los que solo el hombre tendrá responsabilidad

penal. En cuanto a las personas jurídicas, solo podrán responder por delitos cometidos

en su nombre a través de sus representantes o empleados (art. 31 bis CP).

 El 2º rasgo indica que todo lo perteneciente a la psique humana carece de relevancia

penal (constituye una exigencia lógica del principio de responsabilidad por el hecho).

 El 3º rasgo implica que debe darse un comportamiento espontáneo y libre por parte del

sujeto. De ese modo, su conciencia ha tenido que intervenir en la realización física del

hecho, tanto para tipos dolosos como imprudentes (ambos serán actos voluntarios). Por

consiguiente, si concurre algún factor que excluya dicho elemento de voluntariedad,

será una causa de ausencia de acción.

17

2.2.2. El resultado.

Por lo que respecta al resultado de la acción u omisión, debemos distinguir entre el desvalor

de resultado y el resultado típico. En primer lugar, el desvalor de resultado consiste en aquel

contenido de injusto que todo delito conlleva por suponer la vulneración o puesta en peligro

de un bien jurídico; que será a veces un valor intangible o no materializable en un objeto físico.

En cambio, si consideramos el resultado como un elemento estructural del tipo, como un

menoscabo o modificación físicamente constatable de un objeto concreto, solo los delitos de

resultado lesivo y los de peligro concreto incluyen en su tipo objetivo tal elemento de

resultado. En efecto, los delitos de resultado lesivo exigen la causación de un efectivo daño o

alteración en el objeto material (persona o cosa) a fin de ver consumado su tipo objetivo.

También los delitos de peligro concreto constan en su estructura de un elemento de resultado,

no porque se llegue a lesionar o menoscabar el objeto sobre el que recae la acción, sino

porque se expone el mismo a un riesgo grave de lesión (EJ: art. 380 CP).

2.2.3. La imputación objetiva del resultado a la acción del sujeto.

En los delitos de lesión y resultado, la estructura del tipo objetivo es distinta a la de los delitos

de mera actividad y los delitos de peligro. En este sentido, los tipos de resultado exigen para su

consumación un efectivo menoscabo o lesión en el objeto material que resulte separable de la

acción en el espacio y en el tiempo y externamente observable.

A su vez, dicho resultado ha de ser atribuible a la acción del sujeto, en lo que se denomina

nexo de imputación. De acuerdo con la doctrina de la imputación objetiva (Roxin), para poder

apreciar tal nexo entre el resultado ocasionado y la acción (o la omisión) del sujeto activo, es

preciso constatar dos aspectos (si no concurre, en la situación concreta, el primer requisito

material, se excluirá para el juez la necesidad de plantearse el segundo):

1º. La existencia de una relación de causalidad entre la acción y el resultado, como requisito

mínimo para la imputación objetiva.

A fin de dilucidar si existe una relación de causalidad entre una conducta determinada y un

resultado constitutivo de delito vinculado a esa conducta, el método más habitual seguido

por la doctrina y la jurisprudencia es la teoría de la equivalencia de las condiciones. Según

ésta, será causa de un resultado cualquier factor del cual haya dependido que se produzca

dicho resultado. Es decir: todos los factores precedentes en el tiempo al resultado y

relacionados con éste son causas, equivalentes entre sí, del resultado, con independencia

de lo próximos que estén a ese resultado o lo importantes que hayan sido para éste.

De acuerdo con tal teoría, para saber cuándo una condición es causa del resultado, se

aplicará la fórmula hipotética de la conditio sine qua non: si, al eliminar mentalmente dicho

factor desaparece también hipotéticamente el resultado, ese factor será causa de tal

resultado. Sin embargo, de aplicarse como criterio único este silogismo hipotético, se daría

lugar a una ampliación excesiva del ámbito de la imputación. De ahí que sea imprescindible

corregir las conclusiones sobre la causalidad obtenidas por la teoría de la equivalencia de

las condiciones (mediante la fórmula de la conditio sine qua non).

18

Por otro lado, en ocasiones el curso causal entre una acción y un posible efecto de la misma

será difícil de averiguar con certeza (causalidad determinista o natural), de modo que solo

podrá deducirse una causalidad hipotética, basada en reglas de probabilidad estadística.

2º. La posibilidad de imputar normativamente dicho resultado a esa acción (criterios

normativos de imputación).

Se trata de comprobar la existencia de una relación de imputación objetiva del resultado a

la acción. En esta segunda fase sí estamos ante una cuestión valorativa, que se debe

solucionar con parámetros jurídicos y no empíricos. Aunque todo autor al que se impute

jurídicamente el resultado tendrá que haberlo causado previamente con su acción (ya que

la causalidad es el requisito mínimo de la imputación objetiva), no todo aquel que haya

causado dicho resultado va a responder jurídicamente por el mismo; y para determinar

cuándo el sujeto deberá responder, acudimos a la teoría moderna de la imputación

objetiva. Ésta exige comprobar tres requisitos imprescindibles para imputar el resultado a

la acción del sujeto en cuestión:

1) Que dicha acción haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado.

2) Que sea dicho riesgo, y no otro cualquiera introducido por una persona o factor

distinto, el que se haya materializado en el resultado (esto es, que el resultado sea

manifestación de un riesgo propio y esperable de esa acción).

3) Que dicho resultado sea uno de los que el tipo penal tenía por finalidad evitar (es

decir, que el resultado entre dentro de su ámbito de protección).

2.2.3.1. La creación de un riesgo jurídicamente desaprobado.

Para afirmar la imputación objetiva, será preciso que la conducta que haya causado

materialmente el resultado aparezca ex ante como creadora de un riesgo social y

jurídicamente desaprobado. Esto ocurrirá cuando, desde un punto de vista objetivo, se

previera que era posible causar el resultado con dicha acción. Por el contrario, esto no sucede

en tres grupos de casos:

a) Casos en los que la acción del sujeto tenga por finalidad disminuir un riesgo

preexistente que amenaza al bien jurídico. Otros casos en los que puede hablarse de un

riesgo jurídicamente tolerable son aquellos en los que se aplica el principio de confianza:

éste afirma que, si varios sujetos concurren en una situación de riesgo, cada uno habrá

de cumplir con el comportamiento debido y todos ellos podrán confiar en que los demás

así lo harán. Sin embargo, como principio opuesto se tiene en cuenta el de seguridad o

defensa, según el cual, si uno de los sujetos que intervienen en la situación da una

mínima señal de incumplimiento de la norma o de descuido, automáticamente se

incrementará el deber jurídico de cuidado para el resto de sujetos, a fin de prevenir el

comportamiento defectuoso de cualquiera de ellos (riesgo inaceptable y desaprobado).

b) Casos en los que no se llegue a crear un grado de riesgo que resulte jurídicamente

desaprobado, en la medida en que, ex ante, la acción no aparezca como peligrosa para

el bien jurídico, al generar solo un riesgo insignificante.

Intervención de un sujeto en la acción dolosa de otro: se entiende que no existiría un

riesgo penalmente desaprobado, por efecto del principio de prohibición de regreso

(Frank), cuando un sujeto A crea de forma imprudente un riesgo socialmente adecuado

19

(1ª acción), aunque el sujeto B realice a partir de ese riesgo una acción lesiva (2ª acción),

siempre y cuando B actúe de forma libre y voluntaria. En tal sentido, se prohíbe hacer

regresar jurídicamente la responsabilidad por la 2ª acción al que realizó la 1ª acción en

el curso causal, quien responderá solo por su conducta y si presenta relevancia penal.

Desde otro punto de vista, Roxin, basándose en el principio de confianza, entiende que

el resultado final podrá ser imputable objetivamente al primer sujeto que actúa, en el

caso de que éste pudiera reconocer con la suficiente seguridad la tendencia a actuar

ilícitamente del segundo actor. En este sentido, se han expresado en España autores

como Rueda Martín: es el hecho de que el sujeto A conozca (dolo) que está

contribuyendo al plan ilícito de B y de que acepte tal circunstancia lo que convierte su

aportación, aunque a priori fuera “socialmente estereotipada”, en participación punible

en el delito de B. Por otro lado, de acuerdo con la teoría de la imputación objetiva,

cuando la acción del primer autor resulte imprudente, todavía podrá éste responder

penalmente por el resultado, siempre y cuando:

 Haya sido el peligro creado por él lo que haya posibilitado la actuación dolosa

del segundo actor.

 Ese segundo comportamiento se mantenga en el marco de lo previsible para el

primer sujeto.

c) Casos de riesgo socialmente adecuado o útil. En relación con delitos concretos, también

se excluirán del ámbito de la tipicidad, por ausencia de un riesgo penalmente

desaprobado para el bien jurídico, los supuestos en los que el titular de ese bien

consienta libremente en que otro se introduzca en su esfera de autonomía.

2.2.3.2. El resultado típico como concreción del peligro creado por la acción.

Una vez presente el primer elemento (creación de un riesgo desaprobado), para que el

resultado sea imputable a la acción del sujeto, es preciso también que dicho resultado pueda

considerarse materialización del riesgo creado por la acción del sujeto: que tal resultado

represente ex ante un riesgo inherente a la acción y que resulte imprevisible para el individuo.

Este requisito no se cumplirá (y se excluirá la imputación objetiva) en tres grupos de casos:

1º. Casos de concurrencia de riesgos. Se dan cuando el resultado se produce por un curso

causal anómalo o desviado, debido a la aparición de otros factores de riesgo distintos al

creado por el autor, desconocidos e imprevisibles ex ante para dicho autor. Esos otros

riesgos pueden ser: naturales o accidentales; causados por terceras personas; o

introducidos por la propia víctima. En tales supuestos, se imputará penalmente el

resultado definitivo a la persona que hubiera creado el foco decisivo de riesgo. Quienes

introdujeron el primer factor de riesgo únicamente responderán por ese riesgo inicial.

2º. Casos de comportamientos alternativos conformes a Derecho. Se producen cuando el

resultado se hubiera producido igualmente aunque la conducta hubiera sido lícita. En la

doctrina penal tradicional, estos casos se resolvían mediante la teoría de la evitabilidad:

solo se afirmará la imputación objetiva de un resultado a la acción del sujeto cuando se

pueda decir, con una probabilidad rayana en la certeza (del 99,9%), que el resultado

hubiera sido evitable de haber actuado el sujeto conforme a Derecho. Roxin formuló en

1962 una teoría con la que poder otorgar una solución más apropiada: la teoría del

incremento del riesgo (minoritaria en España): cuando se pueda concluir que la

conducta peligrosa del sujeto incrementó considerablemente el riesgo de lesión o

20

muerte de la víctima, tal sujeto sí responderá de dicho resultado. Ello ocurrirá cuando a

posteriori se pueda decir que, si el sujeto hubiera actuado correctamente, posiblemente

habría evitado el resultado. Esta teoría establece que la conducta no permitida se debe

comparar con la conducta que se debería haber realizado. Si con la conducta correcta se

habría evitado o disminuido el riesgo, aunque no sepamos a ciencia cierta si se hubiese

dado el mismo resultado, con eso basta para imputar al responsable. Hay un sector que

aboga el in dubio pro reo: si tenemos dudas de si se habría producido el resultado de

igual manera, se absuelve al responsable. Se debe aplicar este principio.

3º. Casos no cubiertos por el fin de protección de la norma (siendo ésta no penal). La acción

del sujeto incumple una norma de cuidado de carácter extrapenal, creando un riesgo

típicamente relevante; en dicha situación se produce un resultado lesivo que no

materializa el riesgo primero creado por el autor, ya que tal resultado no es uno de los

que la norma de cuidado infringida pretendía evitar. En ese sentido, el resultado

acaecido no entraba en el fin de protección de la norma infringida por el sujeto.

2.2.3.3. El alcance del tipo penal.

El tercer requisito supone que no se dará la imputación objetiva cuando el resultado producido

no entre dentro del “alcance del tipo” o “fin de protección de la norma penal” (Roxin). A este

respecto, no se afirmará la imputación objetiva del resultado a la acción en:

a) Casos de auto-puesta en peligro voluntaria de la víctima por sí misma o un tercero

(hetero-puesta en peligro consentida por la víctima). Sucederán cuando ésta se

exponga a un peligro creado por ella misma, con la colaboración de otra persona (a la

que no se le imputará objetivamente el resultado) o cuando la víctima consienta de

forma voluntaria, con pleno conocimiento del riesgo, a que esa otra persona la ponga

en peligro con su acción (tampoco se le imputará objetivamente el resultado).

b) Casos de atribución del resultado a un ámbito de responsabilidad ajeno. Tienen lugar

cuando, tras una acción inicial de riesgo llevada a cabo por un sujeto, sigue una

posterior acción de riesgo realizada por la víctima o por un tercero, determinando un

resultado más grave. En tales supuestos, el resultado acaecido se imputará a la

segunda acción realizada por el tercero, ya que esos resultados caen dentro de su

ámbito de responsabilidad, y no dentro de la esfera de responsabilidad del sujeto que

realiza la primera acción, que solo responderá de las consecuencias de su conducta.

c) Casos de consecuencias tardías o daños sobrevenidos. Se producen cuando un sujeto

ocasiona a otro una lesión de la cual se derivan para la víctima secuelas permanentes.

Ante estos casos no cabe imputar las consecuencias tardías a la acción primera que

creó esa vulnerabilidad en la víctima, pues tal resultado no entra en el alcance del tipo

vulnerado por la primera acción. A ese respecto, los delitos de lesiones graves, que

implican la pérdida para la víctima de órganos o miembros corporales importantes, ya

tienen en cuenta tal vulnerabilidad al imponer sanciones para quien los cometa.

21

2.2.3.4. Casos especiales en los que sí se afirmará la imputación objetiva.

Teniendo en cuenta lo anterior, existen por el contrario varios grupos de casos en los que sí se

afirmará la imputación objetiva del resultado a la acción del sujeto:

1) Aceleración de la causalidad. Cuando se supone que, de no haberlo causado el autor, el

resultado hubiera acontecido de todas formas.

2) Error irrelevante sobre el curso causal. El sujeto causa el resultado a través de un curso

causal distinto al pretendido, pero causado por el mismo riesgo prohibido que introdujo.

3) Sobredeterminación del resultado. En la causación del resultado intervienen varios

factores, cualquiera de los cuales hubiera bastado para producirlo.

4) Concurrencia de culpas. La víctima de la acción dañosa también introdujo (por

imprudencia, generalmente) un factor de riesgo en la situación, siendo el resultado

concreción tanto de ese riesgo como del creado por el autor.

2.3. ELEMENTOS DEL TIPO.

Existen elementos que pueden ser comunes a varias o a todas las modalidades de delito que

pueden darse en base a las características del tipo.

1º. Cualquier concepto empleado al establecer la conducta típica, podrá clasificarse como

descriptivo o normativo: descriptivos serán aquellos que designen una parte de la

realidad física, perceptible y determinable por los sentidos. En cambio, son normativos

aquellos cuya identificación por parte del legislador requiere de la aplicación de una

norma o definición socialmente acordada. A su vez, existen conceptos mixtos.

2º. En segundo lugar, los elementos que componen el tipo objetivo se clasifican como

esenciales (el autor, la acción, el resultado y la imputación objetiva de este último a la

acción, según los casos) o no esenciales (se incluyen todos los demás elementos que

pueden exigir algunos tipos concretos: circunstancias de tiempo de la conducta típica,

condiciones espaciales del delito, o medios instrumentales precisos para cometerla).

22

TEMA 4. LA ADECUACIÓN TÍPICA.

1. EN LOS TIPOS ACTIVOS.

La adecuación típica es la relación de coincidencia entre la acción real (conducta humana) y la

representación conceptual de la conducta prohibida en el tipo (el resultado). El problema de la

adecuación típica es distinto según se trata de un delito de mera actividad o de resultado.

Como todas las condiciones de las relaciones causales son equivalentes, hay que saber si unas

son más relevantes que otras, para lo cual recurrimos a teorías. Una de las teorías más

extendidas es la conditio sine qua non (Ergisch, 1931), definida en el tema anterior.

1.1. TIPOS DE MERA ACTIVIDAD.

En los delitos de mera actividad, el contenido del injusto reside en la lesión del bien jurídico y

la realización de su tipo objetivo, que únicamente exige llevar a cabo la acción prohibida,

entendiéndose vulnerado con ese comportamiento el bien jurídico protegido (EJ: art. 202.1).

1.2. TIPOS DE RESULTADO.

Los delitos de resultado sí se castigan con la causación de un menoscabo o modificación en el

objeto material de la conducta.

1.2.1. La relación de causalidad.

Teoría de la condición. Fue elaborada por el procesalista austriaco Glaser en 1958 y

establece que la acción será causa del resultado si ésta no puede ser suprimida

mentalmente sin que desaparezca, a su vez, el resultado: la acción, para ser causal,

debe constituir una conditio sine qua non del resultado. El mayor inconveniente es que

amplía demasiado el marco de la responsabilidad penal, además de que en

determinados casos el nexo de causalidad existe pero no opera como tal:

o Causalidad por adelantamiento. Se da en aquellos casos en los que, si no se

hubiese producido la acción, sería otra causa la que habría producido el mismo

resultado más tarde.

o Causalidad hipotética. Se origina cuando, si no se hubiera realizado el curso

causal que dio lugar al resultado, se hubiera producido otro que causaría el

mismo resultado de igual forma.

o Causalidad conmutativa. Engloba los supuestos de causalidad en los que el

resultado se ocasiona simultáneamente pero actuando de forma independiente.

Teoría de la condición conforme a las leyes naturales. Fue creada por Ergisch y

consiste en, empezando por el resultado típico más relevante, hacer preguntas

empíricas contrastadas hasta encontrar la relación causal entre la acción y el

resultado. Esta teoría, desde un punto de vista lógico, es coherente; pero tiene

problemas en la práctica: cuando no hay suficiente experiencia o cuando los

elementos no están contrastados.

23

Teoría de la adecuación. Se asienta en un juicio de probabilidad y corrige los excesos

de la anterior teoría. Es un antecedente de la Teoría de la Imputación Objetiva del

Resultado, afirmando que es adecuada aquella condición que resulta apropiada,

resultando jurídicamente irrelevantes aquellas condiciones no adecuadas al resultado.

Teoría de la relevancia jurídica. Acude a la idea del sentido del tipo, afirmando que

son relevantes jurídicamente aquellas acciones que encajarían dentro del sentido del

tipo. Por tanto, presenta problemas de interpretación de los mismos.

Teorías individualizadoras. Tratan de diferenciar las causas de las meras condiciones

del resultado. La conducta del sujeto es causa del resultado cuando se dé una

condición preponderante del resultado producido.

La doctrina del TS. El TS da a entender que una conducta atribuible a la víctima o un

tercero representa un accidente extraño, ya que esa conducta interrumpe el nexo

causal, por eso proclama que, el que es causa de la causa es causa del mal causado,

siempre que sea natural consecuencia del acto realizado por el autor.

1.2.2. La imputación objetiva.

Lo más importante a destacar es el requisito mínimo para que se produzca la imputación

objetiva: la causalidad. Esta imputación objetiva desarrolla la Teoría de la Adecuación y la

Teoría de la Relevancia Jurídica, para delimitar el ámbito de la responsabilidad penal.

De acuerdo con la doctrina de la imputación objetiva (Roxin), para poder apreciar un nexo

objetivo de imputación entre el resultado ocasionado y la acción (u omisión) del sujeto activo,

es preciso constatar dos aspectos: la existencia de una relación de causalidad entre la acción y

el resultado; y la posibilidad de imputar normativamente dicho resultado a esa acción.

De esta forma, solo podrá ser imputado objetivamente un resultado causado por la acción, de

acuerdo con la Teoría de la Condición, cuando ésta origine para el bien jurídico una situación

de peligro, y cuando esa situación de peligro típicamente prohibida se haya materializado.

A) La imputación del comportamiento: creación de un riesgo no permitido.

Creación de un riesgo típicamente relevante o desaprobado. La acción ha de ser en sí

misma relevante para causar el resultado. Se exige que sea objetivamente

previsiblemente que esa conducta pueda causar el resultado, en la forma concreta en

que se produjo. Si fuera objetivamente imprevisible y pese a todo se acaba causando

el resultado, éste no se podrá imputar a la acción, por ser fruto del azar.

Supuestos de disminución del riesgo. En ellos, el autor modifica el curso causal

disminuyendo el riesgo para la víctima, mejorando el bien jurídicamente protegido. No

procederá en estos casos la imputación objetiva, al entender que la lesión es menor

que la muerte de la persona o acudiendo a una justificación por estado de necesidad.

Riesgo permitido. La conducta realizada está permitida con carácter general. No

habrá, por tanto, imputación objetiva.

Prohibición de regreso. El sujeto asume un vínculo con otro que, de modo

estereotipado, no quebranta el rol como ciudadano, aunque el otro ubique ese vínculo

en un delito. No constituye una participación en una realización no permitida.

24

Imputación de la conducta al ámbito de responsabilidad de la propia víctima. Estos

casos se resuelven a través del principio de autorresponsabilidad que reconoce la

autonomía de los sujetos.

B) La imputación del resultado: causalidad y relación de riesgo.

Materialización del riesgo inherente a la conducta. Esto es que concurra un nexo

entre la conducta y el hecho típico. Dicha materialización debe negarse cuando el

resultado no implique la materialización del riesgo inherente a la conducta.

Fin de protección de la norma. Alude a la exigencia de que el resultado debe

encontrarse en el ámbito de protección del fin de la norma. Se aplica en los casos de

cursos causales irregulares.

Conducta alternativa conforme al Derecho. No serán imputables objetivamente los

resultados cuando éstos se produzcan en base a un comportamiento contrario al

deber de cuidado. Pero, aunque ese autor se hubiera comportado de forma diligente,

ese resultado se hubiera producido con gran probabilidad.

Consecuencia no inmediata del autor son los daños consecuenciales, que se dividen en:

- Lesiones de carácter permanente o transitorio producidas por el autor que con el

tiempo son la base de un ulterior daño. Existe una concurrencia de riesgos; por ello se

debe determinar si el riesgo posterior puede conectarse con el nexo de la imputación

respecto a la conducta inicial.

- Lesiones iníciales que conducen por su propia naturaleza a un proceso lento al final del

cual se produce un daño. Para algunos autores el mero paso del tiempo no afecta a la

imputación objetiva de resultado. Sin embargo, para otros habrá que excluir la

imputación objetiva en ciertos supuestos; incluso proponen que se puede reducir el

injusto, ya que no son casos de destrucción inmediata del bien jurídico.

Lex artis: obrar conforme al Derecho. Se infringe cuando, al existir un riesgo no permitido

creado por un determinado sujeto, otro sujeto distinto lo ve y no lo evita.

2. EN LOS TIPOS OMISIVOS.

2.1. TIPOS DE MERA OMISIÓN Y DE OMISIÓN Y RESULTADO.

En los tipos de mera omisión, el DP sólo puede atender a los hechos, los cuales pueden ser

activos u omisivos. Entre los omisivos, se distingue entre tipos de omisión pura, tipos de

omisión y resultado, y tipos de comisión por omisión u omisión impropia.

- En los casos de omisión pura (art. 195 CP), el ordenamiento toma en consideración

solo la conducta omisiva, independientemente de su eficacia causal. Este tipo de

delitos no pertenece más que a una conducta omisiva considerada con independencia

de los resultados que el autor no haya impedido.

- En los de omisión y resultado (art. 196 CP) se contempla la omisión en cuanto que

opera como condición negativa, es decir, cuando no impide un resultado. En ellos se

requiere, además de una conducta omisiva, que se produzca un resultado como

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