Práctica de expropiación  forzosa, Ejercicios de Derecho Administrativo. Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
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Práctica de expropiación forzosa, Ejercicios de Derecho Administrativo. Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

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Asignatura: administrativo I, Profesor: FELIX VACA, Carrera: Derecho, Universidad: UC3M
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Grupo 10 Fecha: 29/03/2016

Práctica 5: Expropiación Forzosa

El Consejo de Ministros de 29 de Marzo de 2012 reconoció la utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa, de la finalidad a que han de afectarse los terrenos necesarios para la construcción del Centro de Inserción Social en un pueblo de Sevilla, y declaró de urgencia la ocupación de los bienes y terrenos necesarios para ello.

El representante legal de la Asociación Agraria de Jóvenes de Agricultores (ASAJA) interpuso recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros anterior. Alega nulidad por: 1) haber sido dictado el acto una vez transcurrido el plazo para resolver y notificar; y 2) ausencia de trámite de audiencia e insuficiente motivación de la declaración de necesidad de ocupación.

Admitido a trámite el recurso y recibido el expediente administrativo, se dio traslado a la parte recurrente para formalización de la demanda, en la que solicita que se revoque la resolución recurrida, declarando la nulidad de pleno derecho de la misma y la devolución del bien expropiado a la propiedad.

1. Enumere los elementos subjetivos y objetivos de la expropiación forzosa en este caso:

El elemento objetivo lo forman los terrenos sobre los que se va a realizar la expropiación. Son, además, terrenos agrarios (ASAJA). El expropiante y beneficiario asimismo lo forma el Estado. Finalmente, podemos señalar la nueva construcción del Centro de Inserción Social como elemento subjetivo de la operación.

2. ¿Qué pasos hay que dar en el procedimiento expropiatorio antes de llegar a la declaración de necesidad de ocupación?

El paso previo o requisito básico que se ha de llevar a cabo para la expropiación es la existencia de “una utilidad pública o un interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado” en virtud delart. 9 de la LEF. Esto queda contemplado en el artículo 33.3 de la CE y, de la misma manera, en los artículos comprendidos entre el 9 y el 13 de la LEF. La expropiación ha de declararse por ley en virtud del interés público y, a través de esta, el Consejo de Ministros puede aplicarla. Según el artículo 10, la utilidad pública “se entiende implícita en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio”. Además, el reconocimiento de la utilidad pública se ha de realizar, salvo en alguna categoría, conforme al Consejo de Ministros, como ya se ha mencionado.

Otro requisito, siguiendo los artículos de la Ley de Expropiación Forzosa (art. 11), es el que señala que la declaración de utilidad pública se realizará mediante Ley aprobada en Cortes en todos aquellos casos no reconocidos en el artículo 10 y de bienes inmuebles. En el caso de los bienes muebles, la utilidad habrá de realizarse mediante una ley para cada uno de dichos casos de manera expresa, exceptuando aquellos que hayan obtenido una autorización especial. Y, además, el artículo 13 hace referencia: ‘’El interés social determinante de transmisiones forzosas de cosas o derechos, a los fines específicos de los artículos 30 y 31 del Fuero de los Españoles, se sujetará, en cuanto a su declaración, al mismo procedimiento previsto en el artículo anterior.’’

3. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la resolución del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2012?

La naturaleza jurídica que posee la siguiente resolución acordada en el Consejo de Ministro es la circunscrita en el artículo 149. 1. 18 CE sobre la competencia exclusiva del Estado en legislación de expropiación forzosa (sin perjuicio de que las CCAA pueden tener paralela competencia legislativa para las operaciones de expropiación forzosa).

4. ¿Sobre qué fundamento jurídico puede basar AJASA-Sevilla la pretensión anulatoria ejercitada en la demanda?

El fundamento jurídico sobre el que pueden basar su pretensión anulatoria está en la falta de notificación e información pública de la expropiación tal y como señala el artículo 18 de la LEF, ejerciendo el Estado la audiencia al Ayuntamiento de la provincia y publicándose en el BOE y el BO de la Provincia. Del mismo modo, podrían desprender insuficiencias en la notificación pública tal y como señala el artículo 21 de la LEF.

5. ¿Qué pasa si, declarada la necesidad de ocupación y pagado el justiprecio, se declara la nulidad de dicha declaración de necesidad de ocupación?

Se entiende que es requisito previo e indispensable, para proceder a la expropiación forzosa la utilidad pública y necesidad de ocupación, la cual se entiende implícita. Por otra parte, en virtud del artículo quince de la LEF podemos ver dos datos importantes: por un lado, que la declaración de utilidad pública o interés social es en realidad un requisito previo en todo el procedimiento, pero asimismo desde una perspectiva tanto formal como material, el acuerdo de necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos, que es una resolución de la Administración expropiante, en la que se concretan los bienes y derechos estrictamente indispensables

para el fin de la ocupación. Con esta declaración del beneficiario, empieza el procedimiento.

Este acuerdo de necesidad de ocupación o adquisición es lo que garantiza la proyección de la potestad expropiatoria a nivel particular en cada caso concreto a fin de que los bienes o derechos afectados sean los justos y necesarios para la realización del interés general. De este modo, al declarase la nulidad de este requisito de necesidad de ocupación, como se dice en la STS de 12 de abril de 2011, recurso núm. 1935/2011; la nulidad de la causa expropiatoria arrastra consigo todo lo actuado. Ello implica la ilegalidad de la ocupación del bien expropiado, que debe ser restituido por la Administración a sus propietarios, indemnizando en su caso, los perjuicios ocasionados por dicha ocupación ilegal.

6. ¿Y si se declara su legalidad? Si fuese declara su legalidad se llegaría a la fase final del procedimiento expropiatorio en cuanto que, una vez fijado el justiprecio, se realiza el pago de éste (en un plazo de 6 meses) y se toma posesión del bien o los terrenos objeto de expropiación.

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