Práctida D. I. Público sobre la prohibición del uso de la fuerza y sus excepciones, Apuntes de Derecho Internacional Público. Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
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Práctida D. I. Público sobre la prohibición del uso de la fuerza y sus excepciones, Apuntes de Derecho Internacional Público. Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

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Asignatura: Derecho Internacional Publico, Profesor: Francisco Jimenez, Carrera: ADE + Derecho, Universidad: URJC
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La prohibición del uso de la fuerza y sus excepciones. Las

intervenciones armadas en Siria contra el terrorismo del Daesh.

La internacionalización de la sociedad, y por ende del Derecho, nos ha llevado a la

evolución en muchísimos sentidos. La preocupación por legislar y regular no se extiende

ya únicamente a las fronteras nacionales, sino que va más allá. Las necesidades

culturales, económicas y políticas nos han llevado a lo largo del último siglo a establecer

complejos marcos jurídicos en favor del hecho de que hoy en día la población se mueve,

compra y vende más allá de los límites de su Estado etc.

Desgraciadamente, la innovación en los factores geopolíticos también trae consigo la

misma evolución para el lado B del ser humano, el terrorismo. Enfrentarnos a la realidad

de la aparición de este factor con un carácter internacional, supone ser conscientes de

que los tiempos extraordinarios, requieren medidas extraordinarias, y tendremos por

ello que adapta, estos marcos jurídicos internacionales ya mencionados, para que nos

permitan actuar de forma legítima, eficaz y contundente cuando los mecanismos de

seguridad activa fallen.

¿Está pues justificada la violencia en los territorios de los que proviene el terrorismo?

¿Es legítimo que los Estados actúen con el respaldo del Derecho Internacional para

erradicar las amenazas?

Atendamos en primer lugar al hecho de que existen organizaciones internacionales cuya

naturaleza es armada (como la OTAN), y a que si los países tienen un ejército no es sólo

para repartir tiritas en Bosnia, sino por la evidencia de que existen amenazas que

pueden poner en peligro la seguridad de los ciudadanos. Desde el punto y hora en el

que hay bandas armadas terroristas que tratan, por motivos diversos, de minar la

pacífica convivencia de otros países; la legitimidad a la hora de actuar de estos

organismos internacionales y de los ejércitos está más que clara.

Yendo al campo de la legalidad y no tanto al de la legitimidad, nos encontramos con tres

principios recogidos en el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005:

1.“Incumbe al Estado la responsabilidad primordial de proteger a sus

habitantes contra el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración

étnica y los crímenes de lesa humanidad, así como de la incitación a ellos.”

2.“La comunidad internacional tiene la responsabilidad de alentar y ayudar

a los Estados a ejercer esa responsabilidad.”

3.“La comunidad internacional tiene la responsabilidad de utilizar los medios

diplomáticos, humanitarios y otros medios apropiados para proteger a las

poblaciones de esos crímenes. Si resulta evidente que un Estado no

protege a su población la comunidad internacional debe estar dispuesta a

adoptar medidas colectivas para hacerlo, de conformidad con la Carta de

las Naciones Unidas.”

Como vemos incluso según el punto 3, la seguridad de la población se antepone incluso

a la soberanía que ostenta el Estado procedente de la misma. La seguridad y el bienestar

de las personas es, ante todo, el objetivo primordial de un gran número de documentos

legislativos de carácter internacional. ¿Cómo no iba a estar justificado pues, el uso de la

fuerza para garantizar la salvaguarda de estos principios? Más cuando la amenaza no

subyace en movimientos con motivos legítimos, sino en profundos fanatismos religiosos

que tratan de imponer ideas por la fuerza.

Nos encontramos independientemente de lo expuesto, con que países como Siria

argumentan que la intervención armada de Francia o Gran Bretaña va contra los

principios del Derecho Internacional. Como exponen en su carta del 21 de septiembre

de 2015 al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su punto nº2, creen que haber

luchado contra bandas armadas como el Estado Islámico, el Frente Al-Nusra etc; les da

el conocimiento suficiente y la legitimidad para, como mínimo, exigir a los cuerpos

militarizados occidentales, que se coordinen con ellos y reconozcan su gran mérito. Más

allá de esto incluso tiran piedras contra el tejado de EE. UU, argumentando que más que

ayudar, han permitido la expansión de las bandas terroristas y de sus aliados.

Remata el Embajador el documento cayendo con todo el peso de la Ley sobre las

potencias occidentales:

“La República Árabe Siria destaca que el Reino Unido, Australia y Francia deben

acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad, en particular las resoluciones 2170

(2014), 2178 (2014) y 2199 (2015), en las que se pone de relieve que los Estados deben

respetar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de la República Árabe Siria.

Esos Estados también deben dejar de violar el Artículo 51 de la Carta de las Naciones

Unidas y de distorsionar su significado.”

Siendo el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas el siguiente:

“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente

de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un

Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya

tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad

internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho

de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de

Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del

Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la

acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la

seguridad internacionales.”

¿Qué dicen por otro lado los países aludidos?

En su 7565ª sesión en Nueva York, transcurrida el 20 de noviembre de 2015, el Consejo

de Seguridad de Naciones Unidas recoge citas como las del francés Delattre: “El pasado

13 de noviembre, Daesh cometió un acto de guerra contra Francia […] atentó contra el

mundo […] entre los fallecidos se han contado hasta la fecha 24 nacionalidades”. O como

las de Liu Jieyi: “El terrorismo es el enemigo común de toda la humanidad. Todos los

actos terroristas […] son crímenes graves que ponen en peligro la paz y la seguridad

internacionales […] Debe permitir que Naciones Unidas desempeñe su papel rector.”

Argumentan así, con discursos muy similares las grandes potencias, que el terrorismo

no es ya sólo un problema nacional en determinadas regiones. Ahora sus fronteras, son

cada vez más leves e invisibles, y ha llegado el momento de que sean organismos

internacionales basados en los acuerdos previos establecidos por los países, los que

tomen las riendas de la ofensiva, con el fin de establecer dentro de lo posible, las

mejores condiciones para la convivencia en paz y armonía de todas las personas a las

que tiene la responsabilidad de representar y proteger.

Deducimos pues según lo expuesto, y ateniéndonos a las declaraciones de los

representantes del Consejo de Naciones Unidas: que el uso de la fuera por parte de las

potencias en los territorios de origen del conflicto, es legítimo.

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