Preguntas Mercantil, Ejercicios de Derecho Mercantil. Universitat Rovira i Virgili (URV)
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Preguntas Mercantil, Ejercicios de Derecho Mercantil. Universitat Rovira i Virgili (URV)

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Asignatura: Dret Mercantil I, Profesor: Teresa Franquet, Carrera: Dret, Universidad: URV
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PREGUNTAS MERCA 1. PRIMER PARCIAL.

Prestaciones accesorias T14

En las sociedades de capital, lo importante son las aportaciones patrimoniales de los socios, cosa que no ocurre en las sociedades colectivas, por ejemplo, ya que en las sociedades personales se puede aportar trabajo. No obstante, lo que sí pueden realizar son aportaciones no patrimoniales a las que se obliga el socio. Estas aportaciones accesorias pueden tener contenido diverso. Pueden venir aparejadas a la acción o participación, o bien se le dice a la persona de un determinado socio que tiene que realizar una prestación accesoria. No obstante, dicha aportación no integra el capital social porque no es patrimonial. Estas prestaciones podrán ser o no retribuidas pero, si lo son, deberá de especificarse dicha retribución. En ningún caso dicha retribución podrá ser superior al valor de la prestación accesoria.

Por lo que respecta a la transmisión de las acciones o participaciones que lleven aparejadas prestaciones accesorias, lo que se va requerir es la autorización de la sociedad puesto que no es una transmisión normal.

Es competente para aprobarlo, en las SL la Junta General, y en las SA los administradores sociales. En los estatutos se puede cambiar este régimen, pero deberá establecerse expresamente. El socio comunicará esa decisión de transmitir a la sociedad, y si transcurren dos meses sin que la sociedad no diga nada, se entiende autorización concedida por silencio positivo y podrá transmitir esa acción o participación con prestación accesoria.

Otra cuestión, que regula el art. 89 LSC, es que se pueden modificar, pero en tal caso cabe tener en cuenta que lo que sí va a requerir es el consentimiento unánime de los obligados (titulares de estas prestaciones accesorias).

Levantamiento del velo T5

Para contrarrestar esto, se ha desarrollado la técnica del “levantamiento del velo”, que consiste en averiguar quien está realmente detrás de una sociedad para que se regularice esta situación. Esta operación de penetración jurídica es delicada, ya que debe mantenerse la seguridad jurídica a las sociedades y tienen que existir claros indicios de abuso de derecho o fraude de ley, por lo que debe practicarse con mesura, que en la jurisprudencia se han ido clasificando.

Principios generales de la contabilidad T3

Los principios contables, regulados en el art. 38 CCom, son muchos. Algunos de los más importantes son los siguientes:

Principio de empresa en funcionamiento: toda la contabilidad del empresario, sobretodo las cuentas anuales, deben de redactarse como si esta empresa fuera a seguir en

funcionamiento ad infinitum. Esto es así por que cuando una empresa adquiere bienes no los pagará al contado, sino que lo hará en pagos aplazados. Si lo hiciera todo en un año, el endeudamiento sería masivo. La aplicación de este principio permite pagarlo fraccionadamente.

Principio de devengo: es un principio básico muy relacionado con el de prudencia que establece que las deudas se califican como tal siempre salvo que el empresario pueda determinar que no es una deuda sino un préstamo y que no generará más gastos. 


Principio de uniformidad: siempre debemos de seguir un criterio único para valorar los activos y pasivos del patrimonio de la empresa. 


Principio de prudencia: está relacionado con el principio de uniformidad. 


Principio de no compensación: no se pueden compensar deudas, ya que siempre tiene que haber un ingreso y un regreso de dinero. Si al empresario le deben una cantidad, debe de ponerse como ingreso pero si a su vez éste le debe la misma cantidad a la misma persona, no puede simplemente hacer desaparecer esas acciones, 
sino que tienen que constar en la contabilidad.


Principio de precio de adquisición: los activos, es decir, todos los bienes de la 
empresa, figuran en el balance con el precio de adquisición aunque el valor real del bien sea inferior. Esto supone un problema, cosa que hace que no se aplique a la totalidad de bienes y que se aplique únicamente a bienes no circulantes debido a la crisis económica. Esto provoca que se use el siguiente principio.

Principio de valor razonable: cada vez que sea prudente hacerlo se actualiza la valoración que damos a nuestro activo no circulante y se actualiza al valor que se cree que tienen en el mercado. 
La aplicación de todos los principios es obligatoria. Según el ramo de actividad al que nos dediquemos habrá casos en que podremos optar entre uno y otro. 


Compraventa mercantil de la empresa T5

Supone la transmisión definitiva de la empresa. Cuando hablamos de compraventa hablamos de un negocio en funcionamiento, es necesario el elemento de organización, todos los elementos materiales y el pleno funcionamiento de la empresa. Hay otros sistemas

Tenemos un único negocio juridco de cual se desplegan diferentes obligaciones de hacer, no hacer o dar. De acuerdo con el art. 51 CCom para celebrar el contrato hay libertad de forma, se puede hacer verbalmente pero lo más normal es hacerlo por escrito.

Se celebra un contratopero después es necesario que se libren los elementos que forman la empresa, es necesaria una traditio. Todo esto respetando la norma especifica de cada bien. El contrato actua como titulo que precede a la traditio.

Las obligaciones del vendedor son dos. Por una parte, la entrega de la cosa, dando todo aquello que consta en el inventario, en defecto de estee, todo lo que permita constinuar con la explotación del negocio; listas de clientes, know how, secreto de empresa, etc.

Por otro lado, en relación a la prohibición de la competencia, se tiene que tener en cuenta si se ha pactado o si se tiene que presumir de buena fe.

La obligación del comprador es la de pagar el precio establecido.

Quan hay un proceso de compraventa se produce el due diligente, el comprador analiza toda la información del vendedor para ver si le interessa o no y valorar si es rentable. Es muy importante redactar bien las clausulas que obligan al comprador en el caso de no acabar comprando la empresa, proceso anterior a la celebración del negocio.

Valoración de las aportaciones en SA T14

Aparecerá la figura del experto independiente, que valorará las aportaciones en la SA.

Consiste en aportar patrimonio que no es dinero en efectivo. Siempre habrá que observar los posibles vicios y defectos que dichos bienes pueden tener. La finalidad es la de salvaguardar el capital social, como garantía ante terceros.

Las aportaciones no dinerarias nos plantean problemas para determinar su cuantificación, porque podemos aportar muebles, derechos de crédito, etc. La Ley menciona un par de preceptos que establecen que tendrán que identificarse esos bienes y se aplican normas de la compraventa: obligación al saneamiento por vicios ocultos y los riesgos que ese bien pueda sufrir los correrá la sociedad desde que pueda disponer de dicho bien.

En cuanto a los derechos de crédito, el aportante responderá de la legitimidad del crédito, y además de la solvencia del deudor porque hay que proteger el capital social.

Cuentas de participación T10

Finalmente, tenemos las cuentas de participación, que en situaciones específicas en las que determinadas personas llegan a un común acuerdo para llevar a cabo un determinado fin, pero por algún motivo no quieren aparecer en el tráfico como tal. Por ejemplo, porque un socio no quiere que externamente se le conozca como parte de una sociedad. Son sociedades que externamente no se nos presenta como sociedad y sólo operan como tal internamente. Una persona asume el papel de empresario y asume los derechos y obligaciones, aunque existe una relación interna con los otros miembros. Para terceros, esa persona, el cuenta partícipe, será el que asumirá los derechos y obligaciones.

Acuerdos Junta General T16

En referencia a la adopción de acuerdos, se adoptan por mayoría de votos (titularidad de participaciones sociales y acciones) y no de personas, una vez válidamente constituida la JG. En las SL, cuando se adoptan los acuerdos la mayoría se refiere al capital social, mientras que en SA se refiere a la mayoría de asistentes a la junta. En las SL los acuerdos se adoptan por mayoría que deberá de representar al menos el tercio del capital social. En caso de acuerdos extraordinarios se requiere más de la mitad del capital social. Para otro tipo de acuerdos se requieren dos tercios del capital social, es decir, una mayoría más reforzada. En ningún caso se podrá llegar a la unanimidad.

En el caso de las SA se requiere mayoría de los votos de los asistentes. Lo que ocurre aquí es que en aquellos casos en que se requiere un 50% del capital social en primera convocatoria y luego un 25% en segunda para estar válidamente constituida, el criterio en estos casos se aprueba por mayoría (mitad+1) de los asistentes en primera convocatoria. En segunda convocatoria se requieren 2/3 de los votos de los asistentes.

Adquisición condición de empresario individual T3

La adquisición de la condición de empresario importa sobretodo en el empresario individual, porque en el caso del empresario social ya hay un documento con fecha acreditativa de cuando se creó o constituyo la correspondiente sociedad. Es muy fácil determinar cuál fue el momento en que se manifestó la voluntad de asociarse como empresarios, no siendo así en el caso del empresario individual.

El art. 3 CCom establece ciertas presunciones, pero podría ser por cualquier tipo de comunicación pública de que se está ofreciendo un producto o servicio y atribuírsele la condición de empresario individual. Valdría incluso un SMS o Whatsapp. No ocurre así en el caso del empresario social porque existen otras formalidades, como la de acudir al notario y elevar la constitución de la sociedad a escritura pública.

Si adquirir esta condición de empresario individual es sencillo, la pérdida de esta condición es mucho más complicada. El empresario individual no tiene por qué inscribirse en el Registro mercantil, no siendo así en el caso del empresario social. Se trata de una formalidad voluntaria, pero si no se practica, la pérdida de la condición de empresario es mucho más complicada de probar. Se puede haber nombrado a un representante general y debe de revocarse ante el Derecho esa representación, por ejemplo. La ventaja de la inscripción mercantil permite esa baja con una fecha cierta de que se ha dejado la condición de empresario individual, así como poder inscribir y eliminar los poderes de representación. La desventaja de inscribirse es cumplir con los formalismos, pero al final parece que facilita las cosas. Lo mejor, es que es potestativo por lo que la mayoría de empresarios no se inscriben hasta que su negocio no adquiere cierta entidad.

Por lo que respecta al empresario extranjero, se regula en el art. 15 CCom. En cuanto a su capacidad, el art. 15 CCom establece que se regirá por su Ley nacional, mientras que para la creación de establecimientos y la explotación de su actividad en España habrá de someterse a lo dispuesto en nuestro Derecho positivo. La determinación, pues, de si son o no comerciantes los extranjeros y los requisitos para obtener este status depende de su

Ley nacional. No obstante, es importante diferenciar aquí a los nacionales de Estados miembros de la UE de los provenientes de Estados terceros. Para los primeros ha de tenerse en cuenta el principio de libre circulación que impera en la UE, que incluye la libertad de establecimiento (Art. 49 y ss. TFUE), derecho que comprende la constitución y gestión de empresas y, especialmente, de sociedades. La libertad de establecimiento abarca igualmente la apertura de establecimientos o sucursales en el territorio de otro Estado miembro. En lo que respecta a nacionales de otros Estados no miembros de la UE, habrá que estar a posibles Tratados o Convenios Internacionales firmados con la Comunidad o con alguno de sus Estados miembros por el Estado de procedencia del empresario. En su ausencia, se aplicará el Derecho nacional del Estado correspondiente. En nuestro caso, deberán obtener el permiso de trabajo en España, debiendo acreditar la solicitud de las autorizaciones exigidas para la instalación, apertura y funcionamiento de la actividad de que se trate. En el caso de individuos hay que hacer referencia mediante la capacidad legal. Si para tener esa capacidad se obtiene en su país con 21 años y no con 18, no puede venir a España a ejercer de empresario porque en su legislación nacional de origen no tiene capacidad legal o de disposición de sus bienes. Hay pocos casos, no obstante.

En cuanto a las sociedades extranjeras se trata de que éstas cumplan su legislación de origen en materia de constitución y de formalización de cuentas y, en actuar en España, deberán cumplir con la legislación española en materia de acceso al mercado español, producción y prestación de servicios.

Resumiendo, debe tenerse en cuenta la legislación europea, ya que todos los ciudadanos y entidades comunitarias no son extranjeros de acuerdo al ordenamiento comunitario y español, por lo que el art. 15 CCom no puede limitar a los nacionales de EEMM de la UE; y, en principio, la capacidad legal del empresario extranjero se rige por su legislación de origen, pero para la realización de su actividad debe respetarse la legislación española.

Marco legislativo regulador de la competencia T6

Auditoría de cuentas T3

Respecto a la auditoría de cuentas, regulada en el RDL 1/2011 o Ley de Auditoría de Cuentas, la Ley nos dice que llegado un determinado volumen de actividad económica anual, esas cuentas anuales tienen que ser auditadas y revisadas por un profesional de la contabilidad que determine si se han aplicado bien los principios, si el balance es correcto, si se han cumplido con todas las obligaciones, etc. Este profesional es el auditor. La auditoría es una actividad profesional dirigida a la emisión de un informe acerca de la fiabilidad y veracidad de los documentos contables auditados. En general, es una actividad voluntaria, sin embargo existe obligación según la actividad, financiación o forma jurídica del empresario. Esto supone un coste a las sociedades porque son profesionales que cobran por su servicio. 


Existe un estatuto del auditor, en el que se pide profesionalidad, independencia, custodia y secreto. Independencia respecto del auditado y del juicio que le pueda dar al empresario para evitar conflictos de intereses graves. El trabajo del auditor, es decir, su informe, se regula en el art. 3 LAC. Como profesional tiene responsabilidad contractual (art. 22.1 LAC), extracontractual (art. 22.2 LAC), administrativa (arts. 33 y 34 LAC) y penal (art. 392 CP).

Copropiedad de acciones y derechos reales T15

Las acciones son indivisibles pero puede ser que varias personas sean titulares de unas acciones en régimen de cotitularidad o que tengan derechos reales sobre las mismas. Con frecuencia, las acciones son propiedad de varios accionistas o se establecen sobre la acción diversos derechos reales limitados. Es perfectamente posible que una o varias acciones o participaciones sean objeto de un derecho de copropiedad de dos o más titulares, personas físicas o jurídicas. La acción es indivisible, de modo que ninguno de los copropietarios ostenta la mitad o el tercio de la condición de accionista. Todas ellos, en común, ostentan esa condición. Para el ejercicio de los derechos sociales, deberán nombrar una sola persona para el ejercicio de tales derechos frente a la sociedad, pudiendo llegar a ser un tercero. Todos los copropietarios responderán solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionista.

Si las acciones en copropiedad son nominativas, deberá inscribirse en el libro registro de acciones nominativas, al igual que la identificación de la persona elegida como representante para el ejercicio de los derechos sociales. Además, en caso de que la copropiedad esté constituida sobre un paquete de acciones, podrá aquélla extinguirse mediante el ejercicio de la actio communi dividendo o mediante la partición hereditaria. Se regula en el art. 126 LSC.

Régimen de establecimiento abierto al público T5

Otra particularidad de la empresa como tal, es el establecimiento de la empresa abierta al público, aunque no toda empresa lo requiere en la actualidad. Lo prevé el art. 87 CCom. Si se da el caso, la Ley hace la ficción de las ventas serán pagadas al contado. Otra característica no tan importante es la tutela del adquirente a non dominio, art. 85 CCom, refiriéndose a la base del comercio a en cuanto es una excepción a la norma civil de que el verdadero propietario de los bienes siempre puede reivindicar la cosa que le pertenece. El adquiriente non dominio debe cumplir con unos requisitos que ha venido señalando la jurisprudencia: adquiere la propiedad de lo que compra si lo hace a una tienda abierta al público (si es la mercancía de venta habitual de ese comercio). Y finalmente, el adquirente debe tener buena fe, confiando en que se lo está comprando al auténtico propietario (a pesar de no tener título para venderlo).

Impugnación de acuerdos sociales T16

Se regula en los arts. 204-208 LSC. Hay que tener en cuenta que se debe observar si los acuerdos han cumplido ciertos trámites legales y estatutarios. Los acuerdos se pueden

impugnar porque sean contrarios a los intereses de la sociedad o a sus estatutos, o bien sean contrarios a la ley. Hay dos categorías:

Acuerdos nulos: contrarios a la ley.


Acuerdos anulables: contrarios a los estatutos o al interés social.

Es importante esta clasificación porque va a afectar a dos temas: los plazos para ejecutar la acción de impugnación y los legitimados para impugnar.

El plazo de caducidad en el caso de acuerdos nulos es de 1 año desde la adopción del acuerdo y en su caso, si se inscribió y publicó en el BORME, desde entonces. Los acuerdos contrarios al orden público no tienen caducidad. En este caso están legitimados para impugnar los socios, administradores o cualquier tercero con un interés legítimo.

En caso de acuerdos anulables, el plazo se reduce a 40 días. Están legitimados el que se haya opuesto al acuerdo, es decir, los socios que hayan asistido a la junta y hayan hecho constar en acta su oposición al acuerdo; los socios ausentes; y aquellos que acrediten que han sido privados de su voto de forma ilegítima.

El legitimado pasivo es la sociedad.

Si la sentencia se estima, la impugnación deberá inscribirse en el RM y publicarse en el BORME con extracto de la misma. Si ha habido alguna inscripción y se han inscrito algunos asientos referentes al acuerdo deberían de anularse todos ellos. Es frecuente y hay una cierta tendencia a evitar los procesos judiciales y a tratar de resolver los problemas con sometimiento a arbitraje. Ello debe establecerse estatutariamente y se debe acordar con 2/3 de los votos del capital social y se exige que sea a través de juntas arbitrales que se de dediquen a esta función.

Régimen mercantil T4

Responsabilidad empresarial T3

El empresario mercantil responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros (art. 1911 CC), es decir, tiene responsabilidad patrimonial universal. Por lo tanto, ahora hay que determinar los grados de limitación a esta responsabilidad. El empresario individual tiene una limitación que fue mencionada anteriormente, el que se regula en la Ley 14/2013 que limita que la vivienda habitual no responda cuando cumpla los requisitos preceptivos.

Respecto a las limitaciones del empresario social (reguladas en la LSC), la tienen en el capital aportado por la sociedad, ya que observamos dos capitales: el propio de los socios y el capital social. No obstante, la Ley Concursal prevé la responsabilidad individual para aquellos que actúan como administradores. Si la persona es a su vez

socio, responde como administrador y no como socio, pero las personas que manejan a ese administrador social pueden llegar a responder.

Existe responsabilidad contractual no solo por actividad propia, sino también de sus apoderados. La obligación de indemnizar por daños y perjuicios requiere dolo o culpa (art. 1107 CC) que puede ser no solo propia sino también de los representantes del empresario.

La responsabilidad extracontractual es protectora del tercero perjudicado y también surge de culpa o negligencia. Existe una tendencia jurisprudencial a invertir la carga de la prueba y a aplicar la teoría del riesgo. Si cuando nosotros acusamos a un empresario tuviéramos que probar la negligencia, en muchos casos sería imposible. En esos casos, la inversión de la carga de la prueba exige al empresario que sea él el que pruebe la diligencia en la actividad empresarial. Se suele aplicar la llamada teoría del riesgo.

También hay responsabilidad extracontractual por actos de los dependientes: culpa in eligiendo o in vigilando (art. 1903.IV CC). La primera implica que no hemos sabido elegir o determinar si la persona tiene los conocimientos necesarios y suficientes para el cargo, y la segunda porque a pesar de que es una persona técnicamente válida, ha descuidado sus deberes dentro de su actividad y el superior no lo ha supervisado adecuadamente.

El empresario industrial también incurre en responsabilidad. La jurisprudencia tiene a reconocer su responsabilidad en el proceso de producción. Por ejemplo, muchos de los componentes que se utilizan pueden ser peligrosos por lo que la teoría del riesgo nos dice que si el empresario realiza una actividad que ya de por sí es riesgosa, ya sabemos que el producto es altamente peligroso y por ello la responsabilidad extracontractual está latente. Respecto a los productos defectuosos, la LGDCU también prevé esta responsabilidad extracontractual. En España existe una limitación al quantum de la indemnización pese a que son proclives a apreciar la responsabilidad extracontractual del empresario.

Adquisiciones derivadas de los negocios acciones y participaciones T15

Órganos de aplicación del derecho mercantil T2

Antes de la Ley Concursal de 2003, la aplicación del Derecho mercantil correspondía al Juzgado de Primera Instancia, pero ahora corresponde a los Juzgados de lo Mercantil. El juez de lo mercantil conoce del 90% de la materia mercantil (porque hay algún resquicio que aún corresponde al juez de primera instancia), ya sea ante consumidores y usuarios o empresarios, porque lo que determina esta competencia es la norma que se deba aplicar.

A pesar de ello, volvemos a las normas ajenas al legislador español (como es el legislador europeo). Las normas europeas no pueden regular directamente actividades

económicas, aunque sí que es cierto que al tener normas como el TUE, que reconoce derechos y obligaciones a personas físicas y jurídicas, podemos pedir la aplicación de los principios y normas europeas si la legislación nacional no cumpliera con las directrices europeas. Por ello, hay determinados procedimientos por los que se puede demandar que una norma española sea analizada de acuerdo con el ordenamiento comunitario. Puede suceder que los tribunales europeos dictaminen que alguna norma española deba ser modicada y adaptada. Es un recurso frecuente en esta área, ya que hay normas que con más facilidad se quedan obsoletas.

Como órgano de aplicación mucho más efectivo, rápido y económico, tenemos el arbitraje y la mediación. El arbitraje se regula por la Ley 60/2003, de Arbitraje, y permite que, de mutuo acuerdo, en el momento de contratación o posterior al surgimiento del conicto, en lugar de acudir a la jurisdicción ordinaria acudamos al arbitraje o a la mediación. Destaca también el RDL 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. La mediación civil no suple la primera instancia, es totalmente voluntaria, pero puede resolver la controversia con la vocación de no llegar a judicializar los conictos entre partes.

Acuerdos prohibidos en el mercado de la competencia T6

Negocios sobre las propias participaciones/acciones T15

Derecho de voto y posibles limitaciones T16

Desembolso pendiente T13

Régimen supletorio de las participaciones T15

Fuentes del derecho mercantil T2

No existen ni fuentes propias, ni una jerarquía distinta de la establecida por el Derecho común. El art. 2 CCom no introduce una doctrina de fuentes, sino que trata de la primacía del Derecho especial respecto del común en la regulación de la materia mercantil. En lugar de regirnos por Ley, Costumbre, y Principios Generales del Derecho, el orden será: CCom, Ley Mercantil, Usos de Comercio y Derecho común (Derecho civil). Cuando no hay una regulación del CCom o de legislación mercantil especial en cuanto a contratación, se aplicará un uso comercial, o si no lo hay se aplicará el CC. No obstante, la legislación mercantil siempre va a quedar corta respecto a la realidad, por esto, en la contratación el legislador es muy reticente a regularlas y,

cuando no encontramos legislación en el CCom se utiliza el CC no como fuente alternativa, sino como fuente principal. Esto obedece a las razones históricas a las que se hicieron referencia en el tema anterior. Es una jerarquía de ordenamientos. La aplicación preferente del Derecho mercantil no altera el régimen común de fuentes. Son ordenamientos complementarios el uno del otro. Cuando en defecto de normas especiales se aplica el Derecho común, no puede decirse que éste sea fuente subsidiaria del Derecho mercantil, sino ordenamiento principal regulador de la materia mercantil y no alternativo.

Derecho sobre accionistas T15

Régimen de la empresa unipersonal T12

Arrendamiento de empresa T5

El arrendamiento de empresa sólo se puede dar en ciertos sectores de la actividad económica. Implica la cesión del uso y explotación de la empresa a aun tercero, por tiempo determinado y precio cierto. La condición de empresario la ostenta el arrendatario, ya que ejercita una actividad empresarial. La LAU 1964 distinguía entre el arrendamiento de empresa y de local de negocio, pero la vigente sólo habla de arrendamientos distintos al de vivienda habitual. 


No hay regulación específica por lo que hay que acudir a los arts. 1542 CC y ss. Está todo perfilado por la jurisprudencia, por lo que los criterios son los siguientes:

Existe arrendamiento de empresa cuando el objeto arrendado sea un local y el negocio en él instalado. Cuando constituya una unidad patrimonial.

Cuando la finalidad sea continuar la explotación de la actividad económica.

El arrendador está obligado a entregar la cosa, hacer en ella las reparaciones necesarias para que el bien arrendado esté en las condiciones óptimas para continuar con la explotación de la actividad económica en esa empresa arrendada. También deberá asegurar el goce pacífico al arrendatario. Obligaciones específicas derivadas de la propia naturaleza de la empresa pueden ser la de permitir al arrendatario disponer de las materias primas, enseres y mercancías que se deban transformar en la empresa; debe poner a su disposición todo cuanto sea necesario para explotar la empresa.

El arrendatario tiene la obligación de explotar la empresa con la diligencia de un ordenado comerciante, sin cambiar o alterar su objeto; tiene la obligación de restituirla al finalizar el contrato tal y como la recibió de modo que tenga un valor similar a los recibido inicialmente.

Políticas de clemencia T6

Ha sido importado de Europa. Las infracciones previstas por la LDC se clasifican en leves, graves y muy graves (art. 65 LDC). La calificación de “muy graves” se reserva para sancionar las conductas anticompetitivas de colusión, abuso de posición de dominio o falseamiento de la competencia por actos desleales. 
La política de clemencia (leniency) otorga un tratamiento favorable en materia de sanciones a los autores o coautores de prácticas colusorias. Se exenta de la multa a los informadores. Es la única forma efectiva de imponer sanciones en cuestiones de, por ejemplo, repartos geográficos. A veces, las presunciones no son suficientes en mercados muy dispersos. Su ámbito de aplicación está limitado a cierto tipo de acuerdos horizontales. Su principal efecto será la dispensa o reducción del importe de las multas. Para la dispensa total será necesario que la empresa aporte material probatorio sustancial del que no dispone la CNMC y que sea la primera en aportarlo (art. 65 LDC). 


Abuso de posición dominante T6

Se regulan en el art. 2 LDC: “será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los EEMM, la explotación abusiva por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en un parte sustancial del mismo”. Los elementos son los siguientes para que haya este abuso: 
• Existencia de posición de dominio. No necesariamente de una sola empresa sino de un oligopolio también. La existencia de posición de dominio puede corresponder a una o varias empresas. El punto de partida es la determinación del mercado relevante a través de la aplicación de tres criterios: 
- Geográfico (condiciones homogéneas).
- Temporal.
- Objetivo (intercambiabilidad o sustituibilidad de los bienes o servicios a los 
consumidores y usuarios). 
Requiere que la empresa en cuestión esté en condiciones de ejercitar por sí sola una influencia notable en el mercado, y que falte una competencia efectiva por una parte de otras empresas. 


• Comportamiento abusivo. Si es monopolista pero cumple con las reglas de la libre competencia no hay problema. El abuso se refiere al perjuicio injustificado a los otros participantes en el mercado: proveedores, clientes o competidores. Es la noción utilizada por el art. 2 LDC: 
- Imposiciones directas e indirectas de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativas; 


• - Limitación de la producción, distribución o desarrollo técnico en perjuicio de los

• consumidores; 


- Tratamiento discriminatorio a terceros contratantes, que les ocasione una desventaja competitiva, supuesto que incluye la negativa injustificada a demandas de compra de productos o de prestación de servicios; 
-Imposición de contratos vinculados, que se da sobretodo en servicios bancarios, de telefonía, de acceso a internet, etc. 
• Afectación total o parcial del mercado. Es el elemento más importante. Para ser abuso de posición de dominio el empresario debe tener un mínimo de un 5% de la cuota de mercado.

Tiene que haber un competidor que vea mermada su capacidad de incidir en el mercado debido al comportamiento de ese monopolista u oligopolista. 


Conductas colusorias T6

Se regulan en el art. 1 LDC. La conducta ilegal requiere el concierto de voluntades (“entente”) que afecte a la actividad de dos o más empresas. El entendimiento entre empresas puede incluir:

• Acuerdos que no pretendan obligar jurídicamente (“acuerdos de caballeros”).


• Decisiones de asociaciones de empresas, adoptadas por mayoría de algún órgano

(recomendaciones); o adoptadas por un órgano unipersonal.

La concurrencia del requisito de “entendimiento” se juzga con criterios muy poco formalistas (STJCE de 6 de enero de 2004, Caso BAI/Bayer AG).

Las prácticas concertadas se manifiestan por un paralelismo consciente en la actuación de las empresas implicadas: cooperación práctica ente empresas que desemboca en condiciones de competencia que no corresponden a las condiciones normales del mercado. Hay una línea muy fina entre los que es una asociación de empresarios y cuando empiezan a crear patrones de reparto de mercados o sobre cómo vender un producto. La prueba de su existencia suele basarse en indicios y presunciones: RTDC de 13 de junio de 2003, Caso Transmediterránea-Euroferry-Nusquebus; STS de 20 de enero 2007, Iberia, Spanair, Air España, etc.

Las prácticas conscientemente paralelas son una modalidad de la práctica concertada en la cual aún hay menos pruebas concluyentes y acostumbran a ser prácticas de marketing o de distribución de materias primas.

La colusión requiere que el acuerdo tenga por objeto o pueda restringir la competencia o alterar el funcionamiento del sistema competitivo. Cuando el objeto del acuerdo es impedir, restringir o falsear la competencia, el régimen sancionatorio se aplica aunque no se hubiera conseguido la finalidad perseguida. También se prohíben los entendimientos que no tuvieran ese objetivo pero que pudieran producir ese efecto.

Tipos de acuerdos restrictivos:

• Acuerdos horizontales: entre competidores directos que ofrecen el mismo tipo de productos o servicios (cártel).

• Acuerdos verticales: entre distintos niveles de la cadena productiva o de distribución (pactos de exclusiva). Excepciones: Reglamento UE 330/2010, de exención por categorías y prácticas concertadas legales.

Supuestos de colusión prohibidas son:

•Fijación de precios u otras condiciones comerciales y de servicio. Por ejemplo, contratos de adhesión.

• Limitación o control de la producción.


• Reparto de mercado o fuentes de aprovisionamiento.


• Aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes.

Conductas de menor importancia, o conductas “de minimis”, se regulan en el art. 5 LDC. El alcance es desarrollado por el Reglamento de Defensa de la Competencia (RD 261/2008):

• El art. 5 LDC exceptúa de la prohibición a este tipo de acuerdos. 


• El art. 1 RDC delimita los acuerdos de menor importancia en función de la cuota de 
mercado de las empresas implicadas. 


• El art. 2 RDC señala los acuerdos que se considerarán prohibidos aunque cumplan el 
requisito de la cuota de mercado del art. 1 RDC. 
Las exenciones a la prohibición por autorización de colusiones son varias: 
•Acuerdos [...] que contribuyan a mejorar la producción o la comercialización y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico (art. 1.3 LDC). Por ejemplo, Reglamento CE 2659/200 (acuerdos de especialización); Reglamento CE 2659/2000 (acuerdos de investigación y desarrollo); Reglamento CE 772/2004 (acuerdos de transferencia de tecnología). (Art. 1.4 LDC). 
•Potestad del gobierno para exentar acuerdos (art. 1.5 LDC). Por ejemplo, RD 602/2006, de intercambio de información sobre morosidad. 


Aportaciones no dinerarias en la SA T14

Las aportaciones no dinerarias son aquellas aportaciones cuyo objeto es distinto del dinero. Pueden ser de muy variada naturaleza. Así, pueden consistir en bienes muebles, inmuebles, valores negociables, materias primas, maquinaria, patentes de invención, marcas comerciales, asistencia técnica, know-how, créditos contra terceros, incluso empresas y, en general, cualesquiera bienes o derechos patrimoniales distintos del dinero. En este tipo de aportaciones debe distinguirse la responsabilidad por aportaciones en SA y en SL.

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