Resumen Libro Ibán, Ivan. C y Paloma Lorenzo., Resúmenes de Derecho Canónico. Universidad Complutense de Madrid (UCM)
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Resumen Libro Ibán, Ivan. C y Paloma Lorenzo., Resúmenes de Derecho Canónico. Universidad Complutense de Madrid (UCM)

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Asignatura: Derecho Canónico, Profesor: Iván C. Ibán, Carrera: Derecho, Universidad: UCM
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Temas más importantes.

TEMA 1. Principios Constitucionales del Derecho Eclesiástico español

1. Principio de Libertad religiosa. Supone el reconocimiento de un ámbito de inmunidad en

orden a la realización del acto de fe y de todas las expresiones individuales y colectivas que

lleva aparejado ese ámbito. Este principio genera el deber de abstención o no interferencia por

parte de los poderes públicos y para los demás sujetos privados. Esta libertad que propugna la

CE no se identifica con la simple tolerancia; significa además una proclamación de la

incompetencia estatal ante el acto de fe, el reconocimiento del carácter individual que tiene la

opción religiosa. El Estado no puede creer ni dejar de creer. En cuanto a las exigencias de la

libertad religiosa, esta supone el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena

inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales, de manera que el Estado

se prohíbe a si mismo cualquier concurrencia. En la Constitución de 1978 la libertad en general

y la libertad religiosa se manifiestan de un modo positivo, dando lugar a deberes de fomento y

prestación. El Ordenamiento asume una función promocional y de prestación, reconocida en el

artículo 9.2. Lo valioso no es la religión sino el ejercicio de la libertad, la realización de la

persona como ser religioso, que puede consistir tanto en una actitud creyente o de fe como en

una postura agnóstica o atea. El ´´libre desarrollo de la personalidad´´ esta recogido en el

artículo 10.1 CE. Este principio contiene tres elementos: inmunidad, no concurrencia y

promoción y contiene en esencia los criterios básicos que inspiran el Derecho eclesiástico

español.

2. Principio de igualdad religiosa. La igualdad encierra dos significados diferentes: igualdad sustancial e igualdad jurídica. La primera viene reconocida en el artículo 9.2 CE y alude a las

condiciones materiales de existencia, se conecta con la definición del Estado de Derecho como

social y democrático obligando en modo positivo a los poderes públicos en el sentido de

transformar las circunstancias sociales, culturales a fin de que el disfrute de los derechos y el

cumplimiento de los deberos se realice en situación de efectiva igualdad entre los ciudadanos.

Es un principio vinculado a la función promocional del Derecho. Distinto carácter tiene la

igualdad jurídica, proclamada en el artículo 14 CE: Los españoles son iguales ante la ley, sin

que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, religión… es un precepto

constitucional objeto de protección mediante el recurso de amparo por violación de los derechos

y libertades. La igualdad no genera una obligación concreta para los poderes públicos sino que

establece como han de actuar. La igualdad sustancial esta vinculada a la seguridad jurídica y a

la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Desde la perspectiva del Derecho

eclesiástico la igualdad obliga a la Administración y a los jueces a desarrollar y aplicar leyes sin

establecer discriminación éntrelos destinatarios de la norma por motivos de religión o ideología.

La igualdad jurídica defiende la exigencia de unos ciertos principios formales en la producción

legislativa. La igualdad jurídica reconocida en el art. 14 de la CE vincula y tiene como

destinatario a la Administración, al Poder Judicial y al legislador. Lo que obliga es a no

establecer discriminaciones, a que las distribuciones normativas respondan a una cierta

justificación o razonabilidad. Por eso, el TC requiere que exista una justificación objetiva y

razonable de la especialidad jurídica. Se trata de un juicio de razonabilidad. Que la igualdad sea

un principio vinculante también para el legislador significa que sobre el recae una carga de

justificación o argumentación. Siguiendo la doctrina del TC se puede proponer la siguiente

afirmación de principio: existirá violación del principio de igualdad cuando las creencias

religiosas sean tomadas en consideración como base de una disciplina normativa que no guarde

una relación de razonabilidad, adecuación y proporcionalidad con el hecho religioso alegado

como fundamento de la regulación especifica. Este principio es aplicable a los sujetos titulares

de la igualdad y a las confesiones.

3. Pluralismo ideológico y religioso. Constituye una consecuencia o resultado del ejercicio de la libertad y en este sentido puede considerarse comprendido en el primero de los valores que

proclama el artículo 1.1 CE. Estimula la existencia de opciones diferentes y veda por la

constitución de regímenes de monopolio que desvirtúen la posibilidad misma de elección. La

CE no recoge expresamente el principio de pluralismo religioso, ya que el artículo 1.1 alude

solo al pluralismo político. El artículo 16.3 contiene un reconocimiento indirecto del pluralismo

religioso cuando alude a las relaciones de cooperación con la IG y demás confesiones. Las

consecuencias jurídicas de este principio se clasifican en dos tipos: consecuencias negativas

para el Estado, que impiden al E adoptar ciertas medidas que alterarían el pluralismo natural;

consecuencias positivas que obligan al E a intervenir en el entramado social para evitar

tendencias monopolistas u oligárquicas. Si el Estado concurre al acto de fe vulnera el principio

del pluralismo. Por lo tanto, la neutralidad que postula el pluralismo se mueve entre los

principios de no confesionalidad y de igualdad jurídica de los individuos y grupos. Este carácter

neutral no significa que las instituciones estatales hayan de negar la protección a las

manifestaciones religiosas. El pluralismo representa un mecanismo de protección de las

minorías y constituye una consecuencia histórica o sociológica y al mismo tiempo una

condición jurídica del ejercicio de la libertad. Este principio puede conectarse al mandato del

artículo 9.2 CE y concebirse como una de las condiciones para que la libertad y la igualdad del

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. En efecto, no puede impedir

el éxito social de una opción ideológica ni interferir en la vida de las confesiones, pues tal

conducta representaría una actitud incompatible con el Estado laico.

4. Principio de no confesionalidad del Estado. Hemos de acudir al artículo 16.3 CE primer

inciso: Ninguna confesión tendrá carácter estatal. (Constitución de 1812, proclama al estado

como sujeto creyente y defiende la religión verdadera: La religión de la Nación española es y

será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por

leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra.). La idea de la estatalidad de las

religiones es distinta del principio de confesionalidad del Estado. Una confesión tiene carácter

estatal y significa que no existe separación entre religión y política, que la organización

confesional se confunde con la organización del Estado y los ministros de cultos son a la vez

funcionarios públicos. EL SISTEMA DE RELIGION DE Estado es el que se desarrollo en las

naciones protestantes, el E asume la organización eclesiástica como una autentica función

publica y los reyes se convierten en dignatarios de las Iglesias.

La doctrina entiende considerar la laicidad o no confesionalidad del E como uno de los

principios inspiradores de nuestro Derecho eclesiástico, un principio que impide que los valores

o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas

y actos de los poderes públicos y que veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas

y funciones estatales.

-CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y ACTUACION DE LOS PODERES PÚBLICOS:

a) El Estado no se concibe a si mismo como creyente. Consecuencia del principio de

L.Religiosa

b) Separación entre E y confesiones religiosas. Las I no desempeñan función política.

c) La comunidad responde a unos valores propios y plenamente seculares. Por ello, entre esos

valores se encuentra la garantía y promoción de la libertad de los individuos y de los grupos.

d) El modelo constitucional responde al principio de no confesionalidad cuando garantiza

igualdad jurídica entre individuos y grupos

La CE de 1978 parece haber huido de la tentación anticlerical. El modelo constitucional no es

confesional pero tampoco es indiferente ante el hecho religioso. No es confesional porque ni

considera a ninguna religión como verdadera ni acepta como tal a la seguida por la mayor parte

de los ciudadanos.

5. El principio de cooperación con las confesiones. Esta cooperación viene establecida por el artículo 16.3 CE. El modelo de cooperación parece ser la resultante histórica de dos tendencias:

evolución en los países de confesionalidad católica (España e Italia) o de dos grandes iglesias

reconocidas de importancia equivalente (Alemania); y la proyección en el ámbito del Derecho

eclesiástico de los postulados del Estado social. La cooperación de que habla el art. 16.3 es una

manifestación del estado social y democrático (art.1.1) y no de una confesionalidad. El principio

de cooperación se pone al servicio de la libertad religiosa en el Estado de Derecho. Esta

cooperación se mueve en un delicado equilibrio pues si el E no quiere comportarse de forma

confesional ni discriminar a sus ciudadanos por motivos religiosos, su ayuda y cooperación con

las confesiones ha de hacerse de tal modo que salvaguarden la libertad y la igualdad de los

demás grupos religiosos y no creyentes. El segundo inciso del art. 16.3 establece un sistema de

relación positiva que se expresa a través de los acuerdos de cooperaciones y la decisión

unilateral del E que se expresa a través de la ley queda desplaza ante el propósito de llegar a

una regulación negociada con las confesiones. Cualquier genero de ayuda a los individuos o a

los grupos prestada en atención a la plena garantía de ese derecho, cualquier clase de tutela de

los intereses religiosos debe encontrar su cobertura constitucional en ese principio que impulsa

al E a tener en cuenta las creencias religiosas presentes en la sociedad española. La cooperación

debe entenderse desde la perspectiva del E como la predisposición de este a facilitar y

promover las disposiciones que hacen posible el acto de fe y las manifestaciones que derivan

del mismo. El derecho eclesiástico español solo esta dispuesto a cooperar con los sujetos

colectivos de la libertad religiosa que muestran su creencia ante el Ser supremo. Se orienta hacia

un progresivo favorecimiento de las confesiones religiosas.

En conclusión cuando se trata de garantizar un ámbito de inmunidad o de proteger el ejercicio

de los derechos la CE toma un criterio básico de regulación de los principios de libertad e

igualdad sin valorar el ejercicio que cada ciudadano hacer de las facultades que tiene

reconocidas. A la hora de cooperar ya no resultad indiferentes las opciones ideológicas o

religiosas; el derecho eclesiástico español aliente una valoración positiva de las creencias

religiosa y estimula un tratamiento especifico del interés católico.

Tema 2. Derecho fundamental de libertad religiosa

1. Principio y derecho fundamental de libertad religiosa.

El principio de libertad religiosa impide al E erigirse en sujeto del acto de fe, sustituyendo al

individuo o concurriendo con el y le obliga a definir su política religiosa atendiendo a una

consideración de la decisión religiosa individual. En este sentido la libertad religiosa es una

norma objetiva que impone ciertas obligaciones a los poderes públicos. Es un derecho

fundamental, reconocido en el artículo 16.1 CE: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y

de culto...

-Como derecho fundamental, goza de una especial protección en el art. 53.2 CE

CLASIFICACION DERECHOS FUNDAMENTALES:

a. Derechos que protegen inmunidad del individuo y generan un deber de abstención

frente a terceros (como la libertad religiosa).

b. Derechos que facultan a su titular para realizar una determinada conducta (como los de

reunión y asociación).

c. Derechos cuya satisfacción requiere por parte del E el cumplimiento de una obligación

ya consista en dar o hacer.

La libertad religiosa supone ante todo la protección de un área de inmunidad frente a cualquier

coacción externa que represente una vulneración de la propia conciencia. No debe confundirse

el derecho sustantivo, libertad religiosa, con las acciones judiciales que pueden usarse para su

protección.

Libertad ideológica y libertad religiosa

El mas primario de los derechos humanos es aquel que corresponde a toda persona para poder

escoger o elaborar por si mismo las respuestas que estime mas convenientes, de comportarse de

acuerdo con tales respuestas. Esta es la que se suele llamar libertad de conciencia.

La CE no ha querido mencionar de manera expresa la libertad de conciencia sino ha preferido

reconocer la libertad ideológica y religiosa, además de la de culto. Cabe plantear si existen

diferencias entre ejercer la libertad ideológica y ejercer la libertad religiosa. La respuesta nos la

ofrece el artículo 16.3 CE, del cual pueden obtenerse dos conclusiones: que los poderes públicos

tendrán en cuenta las creencias religiosas, pero no las ideológicas; segunda que al menos en

ordena a la cooperación existe un nexo de unión entre el concepto de religiosidad y de

confesión religiosa. Este punto de vista se confirma en el artículo 3.2 de la LOLR.

2. Contenido derecho fundamental de libertad religiosa.

El contenido de la libertad ideológica es análogo al de la libertad religiosa en que ambas tienen

de inmunidad de protección del agere licere: profesar una creencia, laica o religiosa, expresarla.

La diferencia reside en el aspecto positivo en que se traduce la cooperación del Estado y que la

C ha querido reservar a las iglesias o confesiones. La libertad religiosa e ideológica tiene en

común la libertad de conciencia.

•Titularidad. Los derechos fundamentales admiten tanto una titularidad individual como

colectiva, salvo aquellos que son por naturaleza individuales (matrimonio). La CE ha querido

reforzar la regla de titularidad colectiva de los derechos fundamentales, tal es el caso de la

libertad religiosa (art.16), derecho de la intimidad familiar (art.18.1), derecho de petición

(art.30) para reconocer esta especifica cualidad en el ejercicio colectivo de tales derechos.

En el caso de la libertad religiosa supone: reconocer la libertas ecclesiae, la libertad de la IC y

ahora también de las demás confesiones. El contexto del artículo 16, la garantía de la libertad

religiosa de los individuos y de las comunidades representa el fundamento de la posición

jurídica de las confesiones. Esta cualidad de sujetos de una relación de cooperación con el E se

justifican por ser titulares del derecho fundamental de libertad religiosa. Esta protección jurídica

de la libertad religiosa de las comunidades tiene una base constitucional.

• Manifestación de las convicciones.

Art. 2 de la LOLR reconoce la libertad religiosa: ¨derecho a profesar la creencia religiosa que

libremente se elija o a no profesar ninguna¨; derecho a cambiar o a abandonar la confesión;

derecho a manifestar las propias creencias o ausencia de las mismas.

-Derecho a manifestar libremente las propias creencias. La exteriorización de las ideas y

opiniones representa el primer corolario de la libertad ideológica y religiosa. Esto se ajusta a las

reglas comunes sobre la libertad de expresión del artículo 20 CE y es un derecho que se ejerce

sin restricciones o censuras previas. Un aspecto de esta libertad de expresión es el derecho a

prestar juramento según una formula acorde con las propias convicciones. Aunque la libertad de

conciencia parece amparar por igual el derecho de manifestar las propias creencias como el

derecho a guardar silencio sobre las mismas, la CE ha querido prestar atención a este aspecto:

Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, art. 16.2 CE. Con

esto, la CE quiere excluir toda consecuencia negativa que pudiera derivarse tanto del silencio

como de la respuesta.

-Libertad de culto. El culto se define como el conjunto de actos y ceremonias con los que el

hombre tributa homenaje al Ser supremo o a personas o cosas tenidas por sagradas en una

determinada religión. Comprende la práctica individual o colectiva de los actos o ceremonias

prescritos en una confesión.

-artículo 2.1.b LOLR: reconoce el derecho de toda persona a practicar los actos de culto y

recibir asistencia religiosa; celebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura digna, sin

discriminación por motivos religiosos. Y no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir

asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales.

-puede plantear dificultades en el ámbito de determinadas relaciones laborales o administrativas,

ya sea por dificultad de practicar propios ritos o imposición de otros ajenos. En relación con los

militares se intenta garantizar la práctica del culto, con previa autorización de la celebración de

las reuniones.

-comprende también el derecho a celebrar las festividades propias de la religión. En España el

G fija anualmente un calendario de festividades cuyo origen cristiano es indiscutible. La

naturaleza religiosa del calendario español se ve confirmada por el artículo 3 del Acuerdo

Jurídico con la Santa sede: el E reconoce como días festivos todos los domingos.

Derechos de reunión, manifestación y asociación con finalidad religiosa. El artículo2 LOLR constituye un intento de especificación de las inmunidades y facultades que comprende la lr. Por

lo que se refiere a las reuniones y manifestación de inspiración o finalidad religiosa la LOLR en

su artículo 2.1.d. Regula tales derechos. El régimen general encuentra una excepción en el

ámbito Fuerzas Armadas.

-Derecho de asociación religiosa: toda persona tiene derecho a fundar asociaciones de carácter religiosa así como a integrarse en una existente. La inscripción prevista en el artículo 5 LOLR

no condiciona en ningún caso la licitud de los grupos religiosos. Una de sus consecuencias es el

reconocimiento de autonomía para dictar normas de organización y régimen interno. Art. 2.2

LOLR reconoce a las confesiones el derecho a establecer lugares de culto o de reunión con

fines religiosos, a designar y formar sus miembros, mantener relaciones con sus propias

organizaciones... No requieren previa inscripción de la Iglesia o Comunidad, pero el art. 6

LOLR exige dicho requisito para obtener plena autonomía y establecer propias normas de org.,

régimen interno y personal.

-limites: hasta donde llega la libertad de conciencia. La CE proporciona una pista: la libertad

religiosa, ideológica y de culto se reconoce ´sin mas limitaciones, en sus manifestaciones, que la

necesaria para el mantenimiento del orden publico protegido por la ley; art. 16.1.´´ es una pista

engañosa por las dificultades que entraña el precisar que es el orden publico, que tipo de

conductas pueden considerarse lesivas del mismo; porque no es del todo cierto que el

reconocimiento del derecho se efectué sin mas limitaciones; y si el orden publico es un limite a

la libertad de conciencia, resulta que esta también es un limite al orden publico y resulta

verosímil que una misma conducta pueda ser calificada como ejercicio de la libertad o

vulneración orden publico.

3. OBJECION DE CONCIENCIA.

Todo conflicto entre libertad de conciencia y Derecho. Puede ser definida así como la libertad

de conciencia en caso de conflicto, como la situación en que se halla la libertad de conciencia

cuando algunas de sus modalidades de ejercicio (prima facie) encuentran frente a así razones

opuestas derivadas de una norma imperativa o de la pretensión de un particular.

INCUMPLIMIENTO DE UNA NORMA POR MOTIVOS DE CONCIENCIA.

-IMPORTANTE ARTÍCULO 16.1 CE QUE TIENE COMO LÍMITE SALUD DE LAS

PERSONAS.

-Naturaleza. Las hipótesis de conflicto entre las convicciones religiosas, ideológicas o morales

y los deberes jurídicos son imposibles de catalogar. Objeción a la practica del aborto, a ciertos

tratamientos médicos... el deber jurídico frente al que se objeta tiene su origen en una ley del E

que impone obligaciones de carácter general; otras veces, el cambio en cuestión viene impuesto

por una relación contractual y supone un conflicto entre pretensiones opuestas de dos

particulares. La suerte jurídica que haya de correr cada una de las objeciones será el resultado

del juicio de ponderación.

-Distinción entre derechos prima facie y definitorios. Prima facie: la objeción presenta una

propiedad descriptible al mundo de los derechos fundamentales y en particular a la libertad de

conciencia, y deberá ser tratada como un caso de limitación de derechos, como conflicto entre

libertad y bien que deba satisfacer el deber jurídico.

La objeción de conciencia es un derecho reconocido explicita e implícitamente en la ordenación

constitucional española en su artículo 30.2 CE en su modalidad especifica de objeción al

servicio militar y con carácter general en el art. 16.1.

Modalidades. Ninguna modalidad de objeción de conciencia se halla hoy reconocida en España;

no existe ninguna norma legal o reglamentaria que tenga por objeto establecer un cierto régimen

de ejercicio para alguna clase de objeción.

a. Objeción al cumplimiento de ciertos deberes civiles.

El deber militar era el deber más gravoso que el E imponía a sus ciudadanos varones. En el E

moderno las prestaciones y cargas de tipo personas se han ido sustituyendo por cargas reales,

por el pago de impuestos, aun subsisten algunos deberes que reclaman de la persona una

determinada prestación de naturaleza positiva y frente a varios de esos deberes se han suscitado

problemas de objeción. En España el ejercicio del derecho a voto no tiene carácter obligatorio;

no sucede lo mismo con la participación en las Mesas electorales: la ley electoral (art. 143)

tipifica como delito la negativa a formar parte de las mismas cuando mediante sorteo el

ciudadano es llamado a tal misión. La objeción de conciencia formulada por los Testigos de

Jehová ha recibido una respuesta jurídica vacilante. En alguna STC se ha mantenido la

existencia de delito, en otras se ha considerado la ausencia de dolo penal. Dos formas distintas

de resolver el mismo conflicto.

Objeción al juramento: la prestación del juramento en nuestro sistema se reviste de una forma

alternativa u opcional, el juramente y la promesa, o el juramento por Dios o por el honor. En el

derecho español no abundan los deberes de mera adhesión. Los casos más relevantes de

objeción al juramento no han tenido carácter religioso sino más bien político, por el objeto

mismo del concreto juramento exigido, en este caso la C.E. Ante la negativa a jurar la CE por

parte de ciertos representantes electos, el TC declaro no haber lugar a esta forma de objeción.

Caso distinto cuando los cargos públicos no rehúsan jurar o prometer pero pretenden añadir

alguna frase que altera al juramento; este es el caso de los parlamentarios de Herri Batasuna,

quienes al tomar posesión de sus escaños tras unas elecciones generales antepusieron a la

formula si juro o si prometo la expresión ¨por imperativo legal¨. No cabe ocultar el escaso

entusiasmo, cuando no el abierto rechazo, con que hoy se contempla la exigencia de juramento,

que el propio TC ha calificado como una supervivencia de otros momentos culturales,

supervivencia poco compatible con el Estado democrático.

Objeción fiscal. No tiene por objeto una prestación de carácter personal sino real. Se ha planteado de forma selectiva, consistente en detraer un porcentaje del impuesto sobre la renta

coincidente con el dedicado en los Presupuestos a los gastos militares. Ninguna stc ha

ponderado tal forma de objeción porque al detraer (desviar, apartar) una parte del impuesto no

se produce una disminución de los gastos militares.

-esta objeción constituye un caso de desobediencia indirecta al Derecho, muy cercano a lo que

conoce con el nombre de desobediencia civil y resulta difícilmente encuadrable en el marco de la objeción que puede ser justificada a partir de la libertad de conciencia.

B. Objeción al cumplimiento de obligaciones laborales.

Esta objeción resulta algo problemática, dado que este genero de obligaciones de base

contractual son libremente asumidas y por ello parece revestir mayor fuerza que lo deberes

impuestos por el Estado. Estas obligaciones contractuales son autónomas y no parecería lógico

que un individuo se vincule al cumplimiento de una actividad que puga con su dictamen de

conciencia. La actitud de obediencia al Derecho es más vigorosa cuando tiene por objeto

obligaciones libremente asumidas que cuando se trata de deberes impuestos por la ley.

Objeción al aborto. Hasta 1985 esta conducta era castigada como delito. En aquellas circunstancias la objeción de conciencia quedaba excluida por hipótesis por la obligación que

consistía en no practicar abortos. Hoy, el artículo 417 bis del CP establece la no punición del

aborto voluntario que sea realizado bajo dirección médica y en centro sanitario habilitado al

efecto, cuando concurran ciertas causas de orden terapéutico, eugenésico o ético.

En la objeción al aborto el conflicto no se entabla entre una ley que imponga cierto deber y la

conciencia del objetor sino mas bien entre esta y las obligaciones laborales o profesionales

impuestas por la relación de trabajo. Aunque se hable de objeción al aborto no se trata de tal

cosa, ya que la practica del aborto no es una obligación legal ni para la madre ni para el medico

sino un permiso que se autoriza cuando concurren ciertas circunstancias cuando lo solicite la

embarazada.

El TC ha declarado que el derecho a la objeción al aborto por parte del personal sanitario existe

y puede ser ejercido con independencia e que se haya dictado o no la oportuna normativa.

Quien puede objetar? Cual es el alcance de la objeción respecto de los actos médicos

antecedentes o posteriores a la intervención? Que medidas puede adoptar la dirección de un

hospital ante su personal objetor? Hay algún límite a la objeción?

Parece aceptado que la objeción tiene su limite en el grave peligro para la vida de la madre y un

medico llamado a intervenir no puede rehusar (rechazar) su concurso. Segundo, la objeción

cubre todos los actos antecedentes que conducen al aborto; en cambio la objeción no puede

alegarse para negar un acto medico dirigido a curar una patología posterior aun cuando tuviera

origen en el aborto; tercero, las medidas de traslado del personal objetor decididas por el

hospital no lesionan el derecho fundamental cuando las mismas no afecten al lugar de

residencia, ni al sueldo..

Dentro de estas objeciones al cumplimiento de obligaciones contractuales cabe incluir también

el conflicto que se produce por la negativa a trabajar en los días festivos por la propia confesión.

No existe un reconocimiento de esta modalidad de objeción dado que la posible solución del

conflicto se remite a un acuerdo entre las partes; con lo cual, de obtenerse, desaparece el deber

jurídico objetado y de no obtenerse la objeción resulta inviable.

c.Objeción a ciertos tratamientos médicos. Esta objeción es la que formulan los Testigos de Jehová a ciertas prácticas sanitarias y en concreto a las transfusiones de sangre.

Dos supuestos:

1. El adulto rechaza la transfusión o el tratamiento quirúrgico por motivos religiosos o

porque lo considera lesivo. En este caso es aplicable la Ley reguladora de la autonomía

del paciente cuyo art. 2.2. establecer que toda actuación en el ámbito de la sanidad

requiere consentimiento de los pacientes o usuarios; o art. 4: todo paciente tiene

derecho a negarse al tratamiento.

2. El pariente o un tercero se oponen a su realización sobre menores o sobre adultos que

no puedan expresar su consentimiento.

También cabria diferenciar la posición del personal sanitario que respeta o contradice la

voluntad del paciente, la del juez que autoriza o deniega la intervención..

-TS ha castigado como homicidio doloso la conducta de un Testigo de Jehová que retiro el

catéter de una enfermera perteneciente a la misma confesión y que se hallaba bajo shock

hipovolémico. Las creencias religiosas indicadas no pueden disminuir la responsabilidad del

hecho.

Testigos de Jehová es una asociación religiosa que prohíbe las trasfusiones de sangre porque

transfiere la corriente de la vida de uno a otro.

En el caso de los menores de edad. Es atendible lo establecido en el art. 158.3 CC.: el juez a

instancia del propio hijo dictara las disposiciones que considere oportunas..

Ante el caso de un juez que autorizo la trasfusión a una niña con la oposición de los padres, el

TS declara que la patria potestad no comprende el ejercicio de facultades que puedan poner en

peligro la vida del menor. En estos casos dramáticos en los que aparecen en juego la vida y las

más profundas creencias religiosas resulta verosímil que no se sancione al juez por violar la

libertad religiosa ni a los padres por la muerte de su hijo.

-Huelgas de hambre. Se trata de un caso de desobediencia civil indirecta. La conducta del

huelguista representa un acto de protesta que persigue alguna finalidad ulterior. Suscita

problemas pues existe un conflicto entre la libertad del individuo y una interpretación de la

norma (art 15 CE) que concibe la vida como derecho y deber. El problema se planteo con unos

presos de la org. GRAPO quienes sostuvieron una prolongada huelga de hambre a fin de

conseguir su reunificación en el mismo centro penitenciario. El TC considero la licitud de la

alimentación forzosa.

3. Protección de la libertad religiosa.

1. Garantía judicial. La garantía de los derechos fundamentales comprende los

instrumentos de protección jurisdiccional y el sistema de fuentes de producción

normativa.

Previsiones. Artículo 53.1: solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial

y podrá regularse el ejercicio de libertad religiosa; Esa ley ha de ser una LO (art. 81.1). La

libertad religiosa recibe la tutela privilegiada que caracteriza a los derechos fundamentales

mejor protegidos en nuestro sistema jurídico y que describe el art. 53.2. Hoy carecemos de una

ley que tutela los derechos en jurisdicciones civil, penal y cont.-adm. Aunque ese procedimiento

encuentra plasmaciones en normas particulares: art.114 LJCA, art. 175 Ley Procesal Laboral.

El recurso de amparo ante el TC funciona en la práctica como un T de última instancia.

La libertad religiosa figura en todos los textos internacionales de reconocimiento de los

derechos humanos que forman parte de nuestro derecho interno (art. 96). La existencia de una

protección internacional implica el establecimiento de una jurisdicción internacional capaz de

asegurar primacía de los derechos frente a la actuación de los E. La LR cuenta con los más

vigorosos procedimientos de defensa jurídica tanto en el orden interno como internacional.

2. Protección penal. La LR encuentra tipificación propia. Un sistema basado en la

protección dela libertad religiosa es incompatible con la existencia de lo que fueron los

delitos religiosos de manera que la protección de una determinada confesión ha sido

sustituida por la protección de la LR.

En la actualidad los delitos contra la libertad de conciencia, sentimientos religiosos y respeto a

los difuntos aparecen en la Sección segunda del Capitulo IV del Libro II del CP. Se recoge una

figura especial de coacciones consistentes en impedir la práctica de los actos de culto o en

forzar la asistencia a los mismos. Se castiga perturbación de los lugares de culto de las

confesiones religiosas inscritas, los actos de profanación y el llamado escarnio de los dogmas y

creencias. La religión esta presente en otros lugares del CP: tiene consideración de circunstancia

agravante cometer delitos por discriminación basada en la creencia o religión victima (22.4);

discriminación por motivos religiosos ámbito laboral (art.314).. El CP alude a las sectas, aunque

no utiliza ninguna de estas nociones, pero en su art. 515.3 considera asociaciones ilícitas las que

empleen medios violentos o alteración o control de la personalidad para su consecución.

Tema 3. Fuentes Derecho Eclesiástico

1. Constitución.

Función de la CE: función organizativa, se fija la forma de G, los distintos órganos del E,

división territorial.. Proclama derechos fundamentales y sus mecanismos de tutela. Desempeña

una función simbólica: símbolo del sistema democrático de la paz religiosa. Estas funciones

también son ejercidas en el D.E. el artículo 16 de la CE es el eje del sistema del D.E. español.

Hay otros artículos que pertenecen al núcleo constitucional del D.E.: el artículo 14, que al

proclamar el principio de igualdad ante la ley indica que los españoles son iguales ante la ley sin

que pueda prevalecer descremación alguna por razón de…religión. Una cierta desconfianza en

el respeto de esa igualdad se pone de manifiesto en el artículo 16.2, en el que se establece que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia.. Para concluir con las

referencias directas de nuestra C habría que aludir al artículo 27.2: los poderes públicos

garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y

moral que este de acuerdo con sus propias convicciones.

La C puede concebirse como un cuerpo sistemático y por lo tanto los artículos 14,16 y 27.3 no

agotan los elementos constitucionales del D.e; esas son las únicas referencias expresas a la

religión que allí encontramos.

Asimismo, no se puede obviar la referencia al TC. Probablemente sus resoluciones no tengan

encaje en una definición formal de las fuentes del D pero tienen capacidad de alterar el

ordenamiento. El TC crea el derecho a objetar, crea el Derecho. No solo en las stc resolutorias

de recursos o cuestiones de inconstitucionalidad cabe apoyar esta tesis de la función creadora de

Derecho por parte del TC. También en algunas resolutorias de recursos de amparo se pueden

aportar elementos que impliquen la aplicación del derecho de una manera distinta. Puede

afirmarse que la jurisprudencia del TC es fuente del Derecho porque la CE lo es y la CE dice

aquello que el TC dice que dice.

2. Derecho internacional.

Las cuestiones relativas a la religión o libertad religiosa a las confesiones religiosas han sido

temas abordados en el derecho internacional. La santa sede es un sujeto de Derecho

internacional y desde tal posición ha acordado con muchos países compromisos recíprocos que

se fijaban en textos normativos reconducibles al ámbito del D.E. y del internacional.

La religión ha sido desencadenante de numerosos conflictos con implicaciones internacionales.

Hay que hacer alusión a aquellas organizaciones internacionales de las que forma parte España

y tienen alguna competencia en materias relativas a la LR. En la protección de los derechos

fundamentales han volcado su atención buena parte de dichas organizaciones. En concreto la

ONU y Consejo de Europa.

ONU: En la Carta de Naciones Unidas encontramos referencias a la protección de la libertad

religiosa, comenzando por su art. 1. Mayor concreción encontramos en la Declaración Universal

de Derechos Humanos en cuyo artículo 18 se reconoces el derecho de libertad religiosa. El

Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos también establece en su art. 18 que toda

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.. Todo ello

ofrece un sistema de declaración y concreción del derecho fundamental de libertad religiosa en

el plano universal pero no se puede ocultar su escasa virtualidad práctica.

CEuropa: en la Convención Europea para la Salvaguarda de los Derechos del Hombre y

libertades fundamentales se hacen referencias precisas a la libertad religiosa y se establecen

mecanismos de control. Establece la no discriminación por motivos religiosos.

T europeo de DH. Ejerce funciones jurisdiccionales. Un E puede ser condenado por violar el

contenido de la Convención.

3. Derecho Comunitario.

Goza de una eficacia muy superior al Derecho internacional. Es un derecho interno pero de

origen externo y en expansión.

El derecho eclesiástico aparece muy alejado del ámbito de competencias asumidas por la

Comunidad. El Tratado de Ámsterdam podría llevar a la conclusión de que la UE excluye de su

ámbito de competencias las cuestiones propias del D.E. al establecer que la UE respeta y no

prejuzga el estatus reconocido a las Iglesias.. La UE respeta el estatuto de las org.filosoficas y

no confesionales.

En la Carta de los D Fundamentales de la UE, Niza, se hace referencia directa a la libertad

religiosa. Se proclama dicha libertad, se prohíbe discriminación por motivos religiosos, se hace

referencia al pluralismo ideológico.. También encontramos algunas normas de D.E con carácter

vinculante por ejemplo en algunas directivas.

El TJ de las Comunidades europeas en algunas ocasiones ha tenido que resolver cuestiones que

afectaban directamente a materias relacionadas con las confesiones.

Es imaginable un Derecho eclesiástico comunitario a medio plazo elaborado por vía

jurisprudencial y habida cuenta de que la UE no tiene competencias en materias de D.E.

4. Acuerdos con la IGLESIA CATÓLICA

Una de las peculiaridades más llamativas en materia de D.e. es la existencia de Acuerdos con la

Santa Sede. No cabe hablar de instrumentos de relación con la IC, los acuerdos lo son con los órganos que la conforman y así juntos a los acuerdos con la Santa Sede encontramos acuerdos,

por ej., con la Conferencia Episcopal o unas determinadas diócesis, los cuales se situarían en el

ámbito interno.

Los acuerdos con la Santa Sede están dotados de tantas singularidades que difícilmente se

pueden describir como tratados de Derecho Internacional. La singularidad de la parte

contratante, la Santa Sede no es discutible. La Santa Sede resulta ser cabeza de dos entidades

distintas: de un Estado y de la organización global llamada IC.

Destinatarios de los acuerdos: católicos españoles, representados por España en tanto que

ciudadanos españoles y por la Santa Sede en tanto que católicos. No es lo habitual en un tratado

internacional.

En 1953 la Santa Sede y España firmaron un Concordato.. Dicho texto era la expresión máxima

de la fusión Trono- Altar que se venia propiciando desde el fin de la guerra civil y constituya un

completo catalogo de privilegios para la IG. Era tanto lo que se daba a la I que no se pudo

cumplir en su integridad y se produjeron algunos cambios en la Iglesia a raíz del concilio

Vaticano II donde se demostró que era un texto inservible para situaciones de conflicto. La

alteración se produce al fallecer Franco e hizo del Concordato una pieza inservible. No es de

extrañar que después de la muerte de Franco, el Rey en su sustitución, designase un nuevo

presidente del G, se firme un Acuerdo entre la Santa Sede y España en 1976. Cuando faltaban

más de años para la promulgación de la C la Santa Sede se había asegurado mediante un tratado

internacional que la futura España seria concordataria.

En 1979 se firman cuatro Acuerdos entre la Santa Sede y España que regulan todos los aspectos

que tenían algún interés para la IC, y se elaboraron sin tener en cuenta el texto de la CE. En

fecha simultánea se aprobaron cuatro acuerdos:

a. Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos. Versa acerca de los procedimientos de la adquisición

de personalidad jca de los entes que conforman la Iglesia (diócesis, ordenes religiosas);

reconocimiento del derecho a la asistencia religiosa católica a los internados en

hospitales; reconocimiento de efectos civiles al matrimonio celebrado en forma

canónica..

b. Acuerdo sobre Enseñanza y Centros Culturales. Establece la enseñanza de la religión

católica en centro docentes; derecho de la I a establecer seminarios..

c. Acuerdo sobre la Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y Servicio Militar de

Clérigos y Religiosos: abolido el servicio militar obligatorio, el objeto esencia de este

Acuerdo en el momento presente es regular la asistencia religiosa en las F.Armadas

d. Acuerdo sobre Asuntos económicos: regula el modo en que la I recibirá financiación

pública directa, conjunto de ventajas fiscales..

OTROS DOS ACUERDOS COMPLETAN EL SISTEMA CONCORDATARIO ESPAÑOL:

1.Convenio de 5 de abril de 1962 sobre reconocimiento a efectos civiles de estudios no

eclesiásticos realizados en universidades de la Iglesia. Sigue en vigor exclusivamente para

las cuatro universidades que se acogieron a él en su momento.

2.Acuerdo de 21 diciembre de 1994 sobre asuntos de interés común en Tierra Santa; en el

que se trata de resolver un complejo problema de origen histórico acerca de determinadas

propiedades en tierra santa y en otros lugares.

Con estos siete acuerdos no se agota el panorama de convenios entre la IC y el Estado.

Estos acuerdos están desarrollados en otros posteriores. Hay que hacer referencia a la

necesidad de acuerdos en el desarrollo de los mismos: para asistencia en prisiones y

hospitales, cooperación en materia asistencial, cursos religiosos en universidades, salarios

profesores religión.. Se llaman acuerdos en cascada, que están presentes en todo el derecho

público, el acudir a acuerdos para regular una materia que a su vez requiere de nuevos

acuerdos para su desarrollo.

En España, el estado de autonomías ha implicado el que numerosas competencias que

venían siendo ejercidas por la Adm. Central cada día lo son por los órganos

correspondientes a las CCAA. Ocurre que las competencias en materia sanitaria han sido

transferidas a las CCAA. Por ejemplo: que se prestara asistencia religiosa católica en

hospitales públicos se establece en un acuerdo concordatario del máximo nivel (Santa Sede-

Estado) pero su regulación requiere un desarrollo a un nivel inferior( Jerarquía eclesiástica

española-Administración central), pasando a un nivel mas inferior(Jerarquía diocesana-

Adm. autonómica).

5. Legislación ordinaria

En España el número de leyes exclusivamente de Derecho eclesiástico son cuatro. De una parte

tendríamos la LORL y de otra las tres leyes aprobatorias de acuerdo con tres grupo de

confesiones religiosas (judíos, evangélicos y musulmanes). Los tres acuerdos fueron

promulgados en 1992 y se establecieron con la Federación Evangélica, la Federación Israelita y

la Comisión Islámica. Estos tres acuerdos tienen contenidos prácticamente idénticos, lo cual

hace sospechar que estamos ante un texto ofrecido por la Administración.

Por otro lado, existen numerosas disposiciones normativas con rango de ley que son

específicamente de Derecho eclesiástico, pero se insertan en textos legales como CC, CP... En

España occidental solo hay dos países que tengan una LOLR: Portugal y España. La principal

razón de existencia de la LOLR es que existía esta ley de 1967. Esta ley de LOLR solo es

necesaria en aquellos Ord. En los que no había libertad religiosa. El cuadro que la Ley confiere

a las confesiones es reducido si lo comparamos con el conferido a la Iglesia Católica mediante

los acuerdos que la misma ha suscrito con el E. la IC no necesita acudir al a LOLR pues ve su

marco mas favorable en los Acuerdos. La ley añade poco a las previsiones constitucionales, las

novedades que introduce son la creación de un registro público específico para las confesiones

religiosas y el art.7.1. Si las disposiciones legislativas específicamente de Derecho eclesiástico

son muy reducidas, el número de disposiciones con rango de ley que afectan al Derecho

eclesiástico son muy numerosas. No se trata solo de las confesiones religiosas, principales

destinatarias del derecho eclesiástico, se pueden ver afectadas por la totalidad del ordenamiento

sino que existen normas que crean un marco de derecho especial para las confesiones por el

simple hecho de serlo.

El estado español al menos su constitución, ha dejado de ser confesional pero ello no implica la

desaparición de todas las normas inspiradas en esa confesionalidad. Para su desaparición es

necesario o bien sustitución de la antigua disposición confesional por otra no confesional o en

nuestro actual sistema, la declaración de la misma por el órgano competente como

inconstitucional. La confesionalidad ha sido considerada como favorecer a una religión frente a

otra y con tal consideración ha actuado el legislador español.

En definitiva, junto a muy pocas leyes específicas de derecho eclesiástico existen en nuestro

ordenamiento numerosas disposiciones legislativas, que se integran en textos no específicos de

derecho eclesiástico.

TEMA 4. CONFESIONES RELIGIOSAS.

En el Derecho Vigente, las cosas relativas a las confesiones religiosas aparecen claras en la

propia Constitución: Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad

española y mantendrán las relaciones de cooperación con la IC y demás confesiones. En este

artículo 16 aparece el vocablo ´´confesión´´: Ninguna confesión tendrá carácter estatal.

En momentos anteriores el ordenamiento ha sido confesionalmente católico. En todas esas

referencias constitucionales no se hablaba de confesiones sino de religión. Lo que se quería

establecer es la no confesionalidad católica pero para hacerlo utiliza la técnica ´´confesión´´. No

es la religión, lo que importa es la confesión, el grupo estructurado.

1. Concepto: La confesión religiosa tiene relación con la religión (creencias religiosas), en segundo lugar parece que debe referirse a un grupo (sociedad); también lo refiere a

España (española) y por ultimo da un ejemplo de lo que sea una confesión (Iglesia

Católica). La CE permite afirmar que una confesión es un grupo de personas en torno a

una creencia religiosa que sea similar a la IC.

2. Tipos de confesiones religiosas: La CE en su artículo 16, se refiere a la ´´Iglesia Católica y las demás confesiones´´. Esta expresión constitucional apunta algo que se

verifica en el resto del ordenamiento: no existe una categoría única de confesión sino

una pluralidad de tipos. La CE sugiere una primera división: de una parte la Iglesia

Católica, de otra, ´´las demás confesiones´´.

Nos encontramos ante una estructura piramidal a la hora de organizar el sistema de

confesiones religiosas en nuestro ordenamiento. En la cúspide de esa pirámide situaríamos

una sola confesión, aquella que tiene mayor numero de privilegios: Iglesia Católica. En un

segundo nivel y con menor nivel de ventajas, figuran aquellas confesiones que han suscrito

un Acuerdo de los previstos en la LOLR (evangélicos, judíos y musulmanes). En el tercer

nivel se situan las confesiones inscritas que no tienen suscrito un acuerdo (mayor número de

confesiones pero menos número de derechos). Un cuarto nivel vendría formado por aquellas

confesiones que no están inscritas. Aun podríamos imaginar un quinto nivel, de carácter

negativo: aquel formado por grupos religiosos que el ordenamiento entiende que deben ser

perseguidos y exterminados, sectas.

a. Iglesia Católica. Que es? Todos y cada uno de los centenares de millones de personas que han recibido el bautismo en el seno de la mismo; un obispo residente en Roma, una

parroquia sita en Eslovenia, el Papa, Santa Sede. Que es para el Derecho? La IC y la

Sede Apostólica son personas morales por la misma ordenación divina (canon 113 del

CDC). En España, la IC no actúa como un todo unitario en el ámbito de soberanía del

Derecho español, no actúa en el tráfico jurídico. Nuestro derecho trata de regular sus

actuaciones en el tráfico jurídico en el modo en que suceden en la practica, y la Iglesia

no actúa en el mismo directamente, sino a través de entes. Al primero de los entes al que

habría que referirse es a la Santa Sede.

-Santa Sede. Aparato centralizado de gobierno de la Iglesia Universal: el Papa y sus inmediatos órganos de apoyo. Relación entre Iglesia Católica, Estado de la Ciudad del Vaticano y Santa

Sede. La Ciudad del Vaticano se crea mediante los Pactos de Letrán, gracias a los cuales el

Reino de Italia y la Santa Sede convienen la creación de un ámbito territorial independiente de

Italia y sometido a la soberanía del Papa. Este Estado tiene numerosas peculiaridades pero posee

características propias de un Estado: un territorio minúsculo, posibilidad de acuñar moneda, un

cuerpo armado, y capacidad de establecer relaciones diplomáticas. Es una monarquía absoluta

de carácter electiva con una división de poderes.

La IC tiene una participación en organizaciones internacionales en la que es difícil sostener que

la representada es el Estado de la Ciudad del V.: Agencia Internacional Energía Atómica,

UNESCO. Aquí tenemos una representación de la Iglesia que se personaliza en la Santa Sede.

La Iglesia es una organización ideológica global distinta del E de la Ciudad del Vaticano.

En España, la SS se presenta como la cúspide de la estructura organizativa de la IC universal y

del E de la C del V, pero este estado resulta irrelevante para nuestro derecho. Por lo tanto la ss es

una persona jurídica, un sujeto de Derecho internacional y actúa como tal en nuestro ord. Los

acuerdos que relacionan a la IC con España han sido suscritos por la SS.

-Iglesia española. La mayor parte de las actuaciones jurídicas de la IC en el Derecho español se realiza a través de instituciones que radican en España, sometidas al D español y que configuran

la I española. En el Art 1.1. AA: el Estado Español reconoce a la IC el derecho a ejercer su

misión apostólica y le garantiza libre y publico desarrollo de sus actividades. Art. 1.2. AA: La

Iglesia puede organizarse libremente..

Las manifestaciones del ejercicio de la misión apostólica en el mundo del Derecho podrán

causar conflictos jurídicos, en la medida que se desarrollen a través de las cuatro libertades:

culto, magisterio, jurisdicción y organización. a) Culto: solo a las confesiones religiosas les

viene reconocida la libertad de culto en nuestro ordenamiento. b)Magisterio: modo católico de

dominar ejercicio de los derechos de libertad de enseñanza y de expresión. c)Organización.

Plantea ciertas dificultades al plantear su alcance. La iglesia es un grupo de personas

organizadas para la consecución de un fin, pero todo grupo de personas se constituye para

alcanzar un fin. El D español decide que determinados aspectos de organización de un grupo

podrán ser fijados por el propio grupo pero esto se refiere exclusivamente a cuestiones

organizativas en el seno del ordenamiento. c) Jurisdicción: No se reconoce tal libertad a ningún

otro tipo de asociación en el Derecho español, ni a ninguna confesión.

De estas libertades mencionadas no se puede dar una definición precisa de lo que es la I

española. Esta definición resulta innecesaria en la realidad normativa ya que es un reflejo de la

realidad práctica.

La I española actúa a través de una serie de elementos organizativos: entes. Es una estructura de

poder jerarquizada cuyos órganos de poder tienen un carácter territorial. Hay un poder

universal, encarnado en el Papa y en las estructuras organizativas que le rodean. La división

territorial de la Iglesia se estructura en torno a la diócesis, al frente de la cual se sitúa un obispo,

que están al frente de la I en ese territorio. Pero a su vez, toda diócesis debe dividirse en

parroquias. El párroco se ocuparía así del gobierno de una parroquia y el obispo del gobierno de

una diócesis. Existe un órgano superior, Conferencia Episcopal, que será la asamblea de los

obispos de una nación. No es un órgano de gobierno, sino de coordinación.

Aparte de esta estructura organizada también hay una serie de componentes individuales: losfieles. Entre ellos se desarrollan fenómenos asociativos no necesariamente impulsados por la jerarquía. En España existen más de diez mil entidades asociativas con la iglesia católica.

Algunas de ellas están llenas de peculiaridades: órdenes y congregaciones religiosas. Todos los

asociados viven bajo el mismo techo y realizan una vida comunitaria. Los mismos aceptan unas

reglas de conducta que incluyen la renuncia a ser propietarios de bienes, al matrimonio..

IGLESIA CATÓLICA APARECE ORGANIZADA.

1. Estructura organizativa jerarquizada de base territorial: Iglesia institucional -> parroquias y

diócesis, situándose al frente de ellas párroco u obispo.

2. Órgano central de coordinación compuesto por todos los obispos, que seria la Conferencia

episcopal.

3. Un peculiar fenómeno asociativo serian las órdenes religiosas, asociaciones y fundaciones.

El ordenamiento quiere proteger a la IC, no al catolicismo. El E quiere asegurarse de que lo que

protege es realmente a la IC a partir de lo que ella misma considera como tal, estableciendo

mecanismos de control.

-Conferencia Episcopal Española. Son estructuras organizativas de reciente aparición en la historia de la Iglesia. En el CD de 1917 no aparecían reguladas. La IC es una organización

extraordinariamente centralizada en torno al papa. Hay una org.territorial configurada en torno

a diócesis, a cuyo frente se sitúa un obispo. La iglesia ha tenido que adoptar sus divisiones a la

realidad territorial de carácter político. La normativa concordada con España lo pone de

manifiesto de un modo evidente: ninguna parte del territorio español dependerá del obispo cuya

sede se encuentre en territorio sometido a la soberanía de otro E…

La C episcopal esta recogida en el D canónico con todo tipo de cautelas. No es un órgano de

gobierno, seria poco más que un órgano de coordinación. En ciertas materias actúa como

interlocutor del E en representación de la Iglesia (española). Por eso es frecuente que firme

acuerdos con distintas Adm. Publicas o que intervenga como via de recepción de la financiación

publica del E a la IC. Todo ello sin tener en cuenta la relación no estructurada de carácter

informal que mantienen los representantes gubernamentales españoles con el presidente de la

Conferencia episcopal española. Es un organismo fundamental en la actuación jurídica y no

jurídica de la Iglesia española y un elemento integrante de la Ic. Está dotada de personalidad

jurídica, según artículo 1.3 AAJ.

-CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES.

La iglesia católica adopta una organización de carácter territorial en virtud de la cual una

porción de territorio denominada diócesis tiene a su frente una det.jerarquia que se denomina

obispo. Las diócesis se dividen en territorios menores denominados parroquias, a cuyo frente se

sitúa un párroco. Esta realidad multisecular tiene una presencia muy evidente en la realidad

social, económica y jurídica de España. A estas entidades territoriales pertenecen: templos,

museos, explotaciones agrícolas.. Los templos o cualquier otro bien son propiedad de la diócesis

o parroquia, no del obispo. El problema del derecho español es conocer cuantas son

exactamente tales circunscripciones territoriales, algunas decenas en caso de diocesis y millares

en el caso de las parroquias. Las diócesis, parroquias y otras circ.terr. gozan de personalidad

jurídica civil en cuanto la tengan canonica y esta sea notificada a los órganos competentes del E.

art. I.2. AAJ). La personalidad jurídica canonica es la garantía de que se estaante un elemento

integrante de lapropia IC, ya que esta la considera parte de ella. Para identificar cuales son

aquellas entidades es necesaria la notificación. Un sencillo modo de obtener personalidad:

indubitada pertenencia de tales entidades a la IC.

-ORDENES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS.

La dedicación de las ordenes es muy variada: algunas tienen por misión la enseñanza, otras la

caridad o la asistencia hospitalaria. La variedad se ve incrementada por el hecho de que sus

normas de funcionamiento y organización son propias y varian de unas a otras. Hay unos rasgos

comunes, la vida en comunidad, pues los componentes de orden se transforman en una familia

y junto a ello existencia de tres compromisos: pobreza, castidad y obediencia a su superior

jerárquico. En nada tiene que ver la condición de religioso miembro de una orden con la de

clérigo.

Cualquiera es consciente de la existencia de templos, monasterios, hospitales, propiedad de

ordenes religiosas. Todos esos bienes no son propiedad de los miembros de las ordenes sino de

las propias ordenes. E3n este caso nos encontramos con alguna complicación a la hora de

obtención de personalidad jurídica civil. El art. I.4 AAJ recoge este asunto: ´´las ordenes,

congregaciones religiosas y otros institutos de vida sagrada y sus provincias y sus casas

adquirirán la personalidad jurídica civil mediante inscripción civil en el Registro del E…´´

Estas ordenes religiosas se dividen en entidades territoriales menores. De una parte la ´´casa´´

directamente relacionada con la vida en común, agrupándose estas en privincias.. en segundo

lugar no basta con una simple notificación, sino que es necesaria inscripción en un registro

estatal. Esa inscripción dependerá si se reúnen los requisitos: ´´la erección´´, identificación en

sentido estricto y normas de funcionamiento… por ultimo reconocimiento por parte del Ord.

Español de que las normas de régimen interno son canónicas.

En el caso de las ordenes estamos ante un numero elevadísimo de sujetos, con grandes

variaciones entre unas y otras de su func, representación.

-ASOCIACION Y FUNDACIONES.

Art. I.4 AAJ: las asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas podrán adquirir

personalidad jurídica civil con sujeción a lo dispuesto por el ordenamiento del E mediante

inscripción en el correspondiente Registro.. Su régimen no es idéntico al de las ordenes

religiosas, aunque a simple vista lo parezca. Hay una diferencia radical por la remisión ´´a lo

dispuesto por el ord. Del E´´. No es peculiar de la IC el fenómeno de las asociaciones y de las

fundaciones. Nada singulariza las asociaciones y fundaciones de la IC con respecto a otras

asociaciones y fundaciones. El ordenamiento esta tratando de dar un tratamiento especial a una

asociación o a una fundaciones eclesiástica. Con la frase anteriormente nombrada se excluye un

tratamiento exclusivo de estas asociaciones y fundaciones, una exclusión del derecho español

especial. Tales asociaciones y fundacines estarán sometidas al derecho común que cualquiera

otra f o a. aunque este propósito no se cumple cuando hacemos referencia a algunas normas del

ordenamiento q se refieren a las fundaciones. Una disposición de 1984establece que las

fundaciones religiosas catolikcas se inscribirán en el registro de entidades religiosas y no en el

registro existente para las demás fundaciones, y en una norma mas reciente, la ley de

fundaciones, se salva ese régimen excepcional mediante la remisión a ´´los acuerdos con la IC´´.

Podríamos decir que para el derecho español están siempre presentes tres ideas:se trata de

favorecer a la Iglesia, el modo de favorecerla es captando sus especificidades y se trata de

asegrar que solo lo que es propiamente Iglesia reciba ese tratode favor. En el caso de las

asociaciones y fundaciones no son algo especifico de la IC, sino patrimonio de la sociedad por

lo tanto se les exclue aplicación régimen especial.

b. Confesiones con Acuerdo.

El articulo 16 de la CE utiliza la expresión:; ´´iglesia católica y las demás confesiones´´ para

concretar los sujetos de cooperación en que se concreta el compromiso de los poderes públicos

de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española.

TEMA 5. MINISTROS Y LUGARES DE CULTO

I. Ministros de culto

a. Condición de ministro de culto. El derecho español utiliza este concepto para designar a las personas físicas que realizan funciones religiosas con carácter estable y permanente, estando

comprendidas dentro de las de culto, asistencia religiosa o magisterio. Este concepto carece de

tradición en nuestro ordenamiento.

Hasta el siglo XIX: nuestro ordenamiento solo menciona a los clérigos y religiosos de la IC.

Estos quedaban sometidos en todo al Derecho canónico y a la jurisdicción de los tribunales de la

Iglesia, constituyendo uno de los tres estamentos en que se dividía la sociedad. Este modelo

entra en crisis en el siglo XIX, con la concepción igualitaria de la ideología liberal.

Teniendo en cuenta los antecedentes de nuestro Derecho histórico, la categoría de ministros de

culto obedece al intento liberal de unificar normativa civil en torno a las personas que se ocupan

de las funciones de culto en las distintas confesiones. Una definición instrumental aparece en el

art. 3.1 ACUERDOS CON LA FEREDE y FCI. Acuerdo FEDERE: los ministros de culto... de

las iglesias pertenecientes a FEREDE las personas físicas que estén dedicadas, con carácter

estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa y acrediten el cumplimiento de este

requisito mediante certificación expedida por la Iglesia respectiva... El de la CIE no menciona la

categoría de ministros de culto. Este Acuerdo especifica aun más que se entiende por dedicación

a las funciones religiosas.

En los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 no se contiene definición

alguna de que se entiende por ministro de culto católico en el Derecho español, aunque tampoco

parece necesaria. Esta categoría y la de religioso están definidas en el Código de D. Canónico.

La razón de ser del ministro de culto obedece a la vigencia en derecho español de ciertas normas que se refieres a ministros de culto, IC... Fuera de esas normas específicas los ministros

de culto se someten, como el resto de los ciudadanos, al Derecho común del Estado.

b. Secreto ministerial

Es aplicable a todo ministro de culto. La obligación y el derecho a resistirse a cualquier medida

coercitiva que impusiera el ministro de culto revelar una información conocida durante su

ministerio es una medida que adopta nuestro ordenamiento en la defensa de la obligación de

aquel de no revelar los hechos conocidos de su ministerio y el respeto a la intimidad de la

conciencia del fiel. El ministro podrá negarse legítimamente a revelar los hechos alegando

motivos de conciencia.

Un ámbito de protección del secreto ministerial es en materia penal. LEC: Exime a los

eclesiásticos y ministros de cultos disidentes de la obligación de denunciar delitos (art.263) y de

declarar como testigos. Esto viene ampliado por los Acuerdos con las confesiones vigentes. Así

se reconoce en el artículo 2.3 del Acuerdo de 1976 y en el 3.2 de los Acuerdos con evangélicos,

judíos y musulmanes disposiciones que, como consecuencia del bien jurídico tutelado,

intimidad personal, deben extenderse a las funciones de culto o asistencia de todo ministro de

culto. Otras normas de nuestro ordenamiento no preservan el secreto confesional, como por

ejemplo la legislación penitenciaria.

c. Seguridad Social.

La extensión a los ministros de culto de los beneficios de la asistencia pública prevista para el

resto de los ciudadanos es una consecuencia de los principios de solidaridad y universalidad

que presiden el sistema de la S.S.

Regulación básica ministros de culto: contenida en el RD 2398/1977 por el que se regula la

SS del clero. Diócesis o las iglesias y comunidades asumirán derechos y obligaciones de los

empresarios. En el caso de ministros de culto de otras confesiones este decreto no es de

aplicación directa. La Orden de 1987 incluye los ministros de culto de la Iglesia Adventista del

Séptimo Día, más tarde perteneciente a la FEREDE. Los artículos 5 de la FEREDE, CIE, FCI se

remiten a este RD, añadiendo el Convenio con la CIE que extiende la acción protectora a las

familias de los ministros de culto. Los rabinos e imanes no pueden beneficiarse de la acción

protectora pública, como los ministros evangélicos. El RD 369/1999 establece condiciones en el

régimen general de la SS de los ministros de culto de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE.

De la acción protectora, solo se extiende a estos y no a sus familias.

Religiosos españoles pertenecientes a ordenes de la IC que residan y desarrollen su acción en el

territorio nacional y no estén incluidos en el régimen de la SS quedan obligatoriamente

incorporados al RETA, que permite al trabajador elegir la base de cotización entre un mínimo y

un máximo det. por el G cada año.

Exclusivamente respecto al colectivo de clérigos y religiosos secularizados antes de que nuestro

Ord. Regulará su inclusión en el régimen de la SS, normas emanadas del 88al 2999 permite que

puedan tener derecho a una pensión de jubilación aunque no hayan cotizado el numero de años

necesarios.

c. Otras disposiciones normativas.

Existen referencias a los ministros de culto en materias como el Derecho penal, legislación

sobre extranjería, regulación sobre testamentos... Esto pone de manifiesto la tendencia del Ord.

A reducir al máximo temas religiosos. En el CP no se contempla ya el delito de maltrato de

ministro de culto; si se incluyen algunos delitos relacionados con funciones de relevancia civil...

de carácter residual, vinculadas a los principios de Derecho eclesiástico, encontramos ciertas

disposiciones en materia de testamentos en el CC. Por ultimo, cabe hacer alusión a otros

factores que han contribuido a la disminución de las normas referidas a los ministros de culto:

suspensión del servicio militar obligatorio ha llevado a la pérdida de una apreciable normativa

que regulaba el servicio militar de los ministros de culto.

d. Referencia a los religiosos de la Iglesia Católica.

El derecho estatal remite al Ord. De la Iglesia el concepto de religioso. Acudiendo al Derecho

canónico podemos establecer la nocion de religioso relevante para el Derecho del Estado,

contenido en el artículo 607 del CDC.

En la soc. estamental: religiosos quedaban sometidos al conjunto de derechos y obligaciones

que establecía la Iglesia. La entrada de las ideas liberales hace que tanto clérigos como

religiosos queden bajo normas comunes a todos los ciudadanos emanadas por el E. esta

evolución tiene relevancia en cuanto a la capacidad de obrar de los religiosos. El art. 38 de la

ley de 1837 otorga a los religiosos plena capacidad de obrar, que no excluye que el religioso

pueda cumplir con las obligaciones que ordena el Derecho de la Iglesia.

Respecto a actos de desposesión previos a la profesión religiosa el Ord. Canónico impone la

obligación de realizar la cesión de la adm. De los bienes y disponer del uso y usufructo antes de

la primera profesión. Como ya sabemos, el derecho canónico atribuye todo lo percibido por el

religioso por su trabajo de la orden, aunque niega al religioso secularizado todo derecho a

reclamar prestación alguna. Esto podría llevar a la conclusión de que el ex religiosos encontrara

en el ordenamiento secular protección jurídica y las vías de reclamación que le niega el D.C.

esto no es así. En el trabajo realizado a favor de la orden nuestra jurisprudencia reconoce al

religioso la condición de trabajador por cuenta ajena.

En materia de SS el Estado si protege a los religiosos, en coherencia con el carácter universal

del sistema publico de protección afirmado en el art. 41 CE.

II. LUGARES DE CULTO

1. Concepto. art. 2.2 LOLR. Reconoce el derecho de las Iglesias, confesiones y

comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos.

Puede ser que los bienes de las confesiones, u otros no dedicados al culto, se sometan a

una legislación protectora por motivos histórico-artísticos.

En nuestro Derecho las normas que establecer protección especifica de los lugares de culto:

contenidas en los Acuerdos con las confesiones.

geniales
muy apañados.
están bien
regular
Faltan un par de temas pero esta bastante completo y sobretodo escueto. Muy buenos.
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