Seminario 1 dip, Apuntes de Derecho Internacional Público. Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
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Seminario 1 dip, Apuntes de Derecho Internacional Público. Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

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Asignatura: Derecho Internacional Público I, Profesor: soledad torrecuadrada, Carrera: Derecho + ADE, Universidad: UAM
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1. Las actividades del pesquero en cuestión son un cuanto sospechosas, de ahí que se investigue por los diferentes servicios de vigilancia aduanera en el mar, pues al no llevar bandera resulta sospechoso de estar llevando a cabo una actividad ilegitima. Destacar que la lucha contra el narcotráfico es una prioridad en la mayor parte de países.

A la actividad la llamamos tráfico ilícito de estupefacientes o drogas.

Los tratados de los que es parte España y los ha ratificado y por tanto está obligado por ellos, se mira en el BOE, puesto que es necesaria la publicación en el BOE para el funcionamiento interno.

2. El pesquero se encontraba fuera de las 12 millas náuticas tanto de Argelia como de las España, y también fuera de las 12 millas de contingencia de ambos países, aunque es cierto que estaba a menos distancia de Argelia que de España. Se encontraba en aguas internacionales, fuera de las zonas económicas exclusivas tanto de España como de Argelia.

La convención de Jamaica dice que los Estados ribereños dirá que esos estados decidirán su Zona Económica Exclusiva.

Destacar que hay un decreto de 2013 en el que establece su zona económica exclusiva desde el limite exterior de su mar territorial (12 millas náutica de la línea de costa) en Cabo de Gata alcanza las 46 millas.

3. En este caso no está permitida la persecución en caliente, pues según el art 111, solo está permitida si la persecución comienza en el mar territorial del país, cosa que en este caso no es así.

4. Si, basándonos en el artículo 4 y 17 de la convención de naciones unidas. El buque al no tener pabellón, no está bajo ninguna jurisdicción, por lo que en este caso España si sospecha no ha de pedir al país del pabellón autorización, es una interpretación del 17.4 de la convención.

5. Se basa en el artículo 23.4 apartados d) e i), pero los mira desde una misma perspectiva, y como si tuvieran que ser complementarios, cuando es errónea dicha interpretación.

Audiencia nacional, en primer lugar, dice que solo es competencia de los tribunales españoles si se cumplen los requisitos, y piensa que no se cumplen los requisitos, dado que establece que los apartados D) e i) del art 23.4 de LOPJ se han de cumplir de forma acumulativa o complementaria. El TS en cambio dirá que no procede hacer esos apartados acumulativos.

Apartado D) es específico para el TS porque dice “espacios marinos”.

6. La sala de lo penal del TS establece en su sentencia que España tiene jurisdicción, pues tras la reforma del art 23.4 de la LOPJ el apartado d) y el I) no son complementarios, pues aunque se traten de perseguir el mismo tipo de delitos, el origen, la esencia de dichos apartados no es la misma, en el caso del apartado i) se basa en el principio de personalidad, pues requiere que la nacionalidad del individuo sea Española, mientras que el apartado d) se basa en la atribución de la jurisdicción por medio de los supuestos previstos en los tratados internacionales ratificados por España, como es en este caso. Estos apartados no han de complementarse, son totalmente diferentes.

7. No, dado que por el artículo 23.4 d) de la LOPJ correspondería a los tribunales españoles conocer de ese caso.

En este caso tampoco cambiaria mi respuesta, pues se basa en la cooperación entre estados para lograr un bien mayor, que es acabar con el tráfico de drogas.

En este caso tampoco cambiaria mi respuesta.

Fundamental art 4 de la convención de naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, en que los estados trataran de declararse competentes, es decir, incorporaran en sus ordenamientos jurídicos normas para hacerse competentes ante este tipo de delitos en alta mar.

Art 17.2. Toda Parte que tenga motivos razonables para sospechar que una nave de su pabellón, o que no enarbole ninguno o no lleve matrícula, está siendo utilizada para el tráfico ilícito, podrá solicitar asistencia de otras Partes a fin de poner término a esa utilización. Las Partes a las que se solicite dicha asistencia la prestarán con los medios de que dispongan.

8. No, no cambiaría mi respuesta. Simplemente que, en este caso, el art 17 recoge un supuesto en el que el Estado del pabellón podría reclamar a sus nacionales para juzgarles en dicho país. Pues en primer lugar se pide al estado del pabellón que confirme la matrícula, si se confirma y se sospecha que es tráfico ilícito, el estado del pabellón autorizara la inspección.

9. No, debido a que en el artículo 23.4 LOPJ apartado d) el supuesto de trata de seres humamos, o la defensa de los derechos de ciudadanos extranjeros también está recogida, no solo la de tráfico de estupefacientes o drogas. En este caso la jurisdicción española actuaria de la misma manera, en función de los tratados internacionales ratificados.

La ONU entiende que no hay falta de consentimiento, por lo que, en este caso, no sería considerado como trata de seres humanos, sino como inmigración ilegal sin más, por lo que no correspondería actuar de la misma manera.

Hasta la reforma del año 2014, si que se recogía el supuesto de este caso, como el transporte ilegal de inmigrantes, por lo que hasta el año 2014 si que correspondería a los tribunales españoles juzgar este caso.

Desde el punto de vista internacional, tenemos el protocolo contra el transporte ilícito de inmigrantes, tiene un artículo que nos recuerda mucho al 17 de la convención de UN contra el tráfico ilícito de estupefacientes. El estado conforme al protocolo estaría obligado a tipificar, pero en este caso no se puede tipificar, dado que no es una embarcación con destino España o tránsito en España, dado que se encuentra en aguas internacionales, por lo que no sería aplicable el 318 del CP, a no ser que se pueda demostrar que el destino de la embarcación fuera España o un territorio de la UE, algo que no se antojaría fácil de demostrar.

10. APUNTES, ver No en la primera parte, puesto que en este caso España no necesitaría basarse en ningún acuerdo o ninguna ley sobre justicia internacional, sería mucho más sencilla la intervención, ahora bien, basándonos en los convenios anteriores podría solicitar colaboración para acabar con este tipo de delitos.

¿Si hubiera sido en el mar territorial de Marruecos?

Si se hubiera producido en el mar territorial de marruecos, seria jurisdicción marroquí y aplicando el art 108 de la Convención de Jamaica, deberá pedir el

estado español al marroquí su cooperación internacional para frenar este tipo de delitos.

11. Se regula de forma restrictiva los casos en que se va a intervenir, además de obligar a la existencia de nexos entre el delito y España.

¿es la formulación del 23.4 conforme al derecho internacional?

Sí, pues el derecho internacional faculta a los Estados para regular, y puede que en España nos hayamos pasado siendo restrictivos, pero en cualquier caso volvemos a lo anterior, faculta a los estados a como regularlo.

¿contiene realmente el art 23.4 el principio de jurisdicción universal?

No lo contiene como tal.

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