tema 2, Apuntes de Derecho Civil. Universidad Pablo de Olavide (UPO)
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Asignatura: Derecho Civil, Profesor: javier ales, Carrera: Derecho, Universidad: UPO
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DERECHO DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS (UJAEN)

TEMA 2

VILLANUEVA LUPIÓN, CARMEN 17-18

TEMA 2: 1. EL PAGO O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

1.1. Concepto

Constituye el cumplimiento de la obligación la exacta realización de la prestación debida por el deudor. Nuestro Código Civil identifica los términos cumplimiento y pago, lo cual es exacto, siempre que no se atribuya al término pago su sentido vulgar de entrega de cantidad de dinero, sino el más preciso de ejecución de la prestación debida, cualquiera que sea la naturaleza de ésta. Tanto son susceptibles de pago (o cumplimiento) las obligaciones dinerarias, como las que consistan en entregar una cosa, o prestar un servicio, o abstenerse de hacer algo.

Nuestro Código Civil, al enumerar en el artículo 1156 las causas de extinción de las obligaciones, incluye entre ellas, en primer lugar, “el pago o cumplimiento”. Pero la importancia y la especialidad de este modo de extinción justifica su estudio previo y separado de las restantes causas aludidas en el citado precepto, puesto que el cumplimiento es un efecto normal de la vida de la relación obligatoria y representa la actuación de su contenido. Por el cumplimiento se realiza exactamente el fin económico previsto al constituirse la obligación (lo que a veces se ha llamado “programa de la obligación”), y queda satisfecho el interés del acreedor precisamente mediante la actividad a que el deudor había quedado constreñido. Las otras causas de extinción de las obligaciones tienen carácter anormal y o bien no satisfacen el interés del acreedor (como sucede, por ej., en el caso de la pérdida de la cosa debida), o lo hacen en forma distinta a la inicialmente prevista (como en el caso de la compensación).

Se discute por la doctrina cuál sea la naturaleza jurídica del pago o cumplimiento, especialmente si se trata de un simple acto jurídico o de un negocio jurídico, distinción que ha de repercutir prácticamente en las condiciones exigibles para su eficacia. Generalmente, cuando se trata de una obligación de hacer o de no hacer, el cumplimiento sólo exige la actividad del deudor, y puede realizarse por éste sin cooperación alguna por parte del acreedor. Pero en otros casos, por ej., en las obligaciones de dar, el pago requiere también, para que la obligación pueda ser cumplida, la colaboración del acreedor, que ha de prestarse a recibir lo que se le debe, y es por consiguiente necesaria una concurrencia de voluntades y de actividades de deudor y acreedor.

En los casos en que el cumplimiento de la obligación requiere el consumo de la voluntad del acreedor, se está claramente en presencia de un negocio jurídico bilateral (que algunos autores consideran como un contrato de cumplimiento), paro cuya eficacia serán necesarios los requisitos de capacidad y libertad exigibles en todos los negocios jurídicos. Por ello el artículo 1163 niega validez, salvo en determinados casos al pago hecho a una persona incapacitada para administrar sus bienes, y el artículo 1160 exige que en las obligaciones de dar, el que realice el pago tenga capacidad para enajenar la cosa debida.

Por esto no autoriza para afirmar que en los supuestos en que el pago pueda realizarse por la sola actividad del deudor, el cumplimiento no sea nunca un negocio jurídico. En tales casos —como en todos— es necesario el animo solvendi en el deudor, y si bien a veces el cumplimiento se reduce a un mero acto debido, puede otras veces requerir una declaración de voluntad por parte del deudor, la cual, en cuanto dirigida a producir un efecto jurídico (la extinción de la obligación),

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que se produce porque así lo quiso el declarante, encaja en lo que la comunes opino incluye en la categoría del negocio jurídico, si bien en este caso se trata de un negocio jurídico unilateral, cuya eficacia sólo descansa en la voluntad del deudor. Sólo en aquellos casos en que el contenido de la obligación consiste en un mero hacer (por ej., ejecutar una obra) o en una omisión, puede verse en el cumplimiento un simple acto cuyos efectos liberatorios se producen ex llegue una vez realizado.

En resumen, que el pago es una figura jurídica que unas veces consistirá en un acto positivo o negativo, otras en un negocio jurídico unilateral, y otras (siempre en las obligaciones de dar), en un negocio jurídico bilateral.

1.2. REQUSITOS DEL PAGO

-Objeto: identidad, integridad, indivisibilidad

-Tiempo de cumplimiento de las obligaciones: distintas situaciones

-Lugar de cumplimiento

El pago o cumplimiento exige, para ser tal y producir efectos liberatorios, que se realice precisamente la misma prestación debida, y no otra distinta, aunque tenga el mismo valor o incluso valga más que la que el deudor está obligado a realizar. Este principio de la identidad en el pago lo formula el artículo 1166 diciendo que “el deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente, aunque cuando fuese de igual o mayor valor que la debida”, y añade que “tampoco en las obligaciones de hacer podrá ser sustituido un hecho por otra contra la voluntad del acreedor”.

El pago o cumplimiento es además indivisible, y ha de realizarse íntegramente para producir efectos liberatorios. Aunque la prestación debida sea indivisible —por ej., entregar una cantidad de dinero, que es esencialmente divisible— no puede compelerse al acreedor a recibir pagos parciales, a menos que así se haya pactado expresamente, lo cual se explica porque el interés del acreedor no queda igualmente satisfecho recibiendo en momentos distintos y espaciados diversas sumas pequeñas, que si se le entrega de una vez lo que se le debe. Con la excepción, sin embargo, de que si la obligación tuviese una parte líquida y otra líquida, puede el deudor pagar con efectos liberatorios la primera, sin esperar a que se liquide la segunda. Este principio de la indivisibilidad no obsta, naturalmente, a que el acreedor, si quiere, reciba el pago parcialmente, en cuyo caso el deudor quedará liberado de su obligación en cuanto a la parte de ella que haya sido cumplida. Pero en todo caso la obligación no se entenderá pagada, sino cuando completamente (íntegramente) se hubiere entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía.

Como consecuencia del principio antes aludido, de que el pago ha de realizarse precisamente mediante la prestación debida ocurre, que si para cumplir una obligación dineraria el deudor entrega a su acreedor un pagaré o cualquier otro documento de esa misma naturaleza, dicha entrega por sí sola no constituye un pago, puesto que en realidad entrega cosa distinta de la debida. Tal entrega sólo producirá los efectos del pago cuando tales documentos hubiesen sido realizados, es decir, hechos efectivos en metálico a su vencimiento, o se hubiesen perjudicado por

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culpa del acreedor. Lo que sí ocurre en estos supuestos es que si el acreedor ha recibido de su deudor tales documentos, se entiende que ha concedido una prórroga al deudor para cumplir su obligación hasta el vencimiento de aquéllos, y no puede, en tanto que no venzan y queden impagados, exige el cumplimiento de la obligación. Así lo declara el artículo 1170 in fine al decir que entretanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso.

El principio de la identidad, que tratándose de obligaciones de dar cosa desestimada y específica no suscita dificultades, podría ofrecerlas en cambio en el supuesto de obligaciones de entregar cosa indeterminada o genérica, cuya calidad y circunstancias no se hubieren expresado, precisamente a causa de la indeterminación objetiva de la prestación, si el artículo 1167 no viniera a resolverlas, disponiendo que en tal caso el acreedor no podrá exigirla de la cantidad superior ni el deudor entregarla de la inferior; es decir, que para que el pago sea liberatorio bastará con que el deudor entregue cosas de calidad media. En medio, si se ha pactado una calidad o circunstancias determinadas, opera con carácter absoluto el principio de la identidad, y sólo podrá considerarse pagada la obligación entregado cosas que reúnan las cualidades pactadas.

En cuanto al momento en que debe y puede hacerse el pago, depende de las modalidades a que la obligación puede estar sometida. Si la obligación es pura (no sometida a término ni condición), el pago debe hacerse inmediatamente, tan pronto como se constituye, puesto que la obligación, en tal caso, es exigible, “desde luego”, como dice el artículo 1113. Pero ello no significa que el deudor no pueda válidamente pagar después, ni que el no hacerlo inmediatamente agrave o modifique por sí solo la situación del dudes, pues como veremos en su lugar oportuno al ocuparnos de la mora, es generalmente necesario ara incurrir en ella una previa intimación del acreedor (art. 1100).

Si la obligación es a término inicial, el deber de cumplir no surge hasta que el día fijado llega, o sea, en el momento en que la obligación es exigible (art. 1125). Pero si el deudor se anticipa y agua antes de que el plazo transcurra, no puede repetir lo pagado (pedir su devolución) estando tan sólo facultado, si realizó el pago ignorando la existencia del plazo, para reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiere percibido de la cosa. Por regla general, como el plazo se presume establecido en beneficio de acreedor y deudor, no puede éste, sin consentimiento del acreedor, compelerle a recibir el pago antes de transcurrir el término; pero sí podrá hacerlo cuando del menor de la obligación o de otras circunstancias resulte haberse puesto el plazo en favor del deudor. Si la obligación está sometida a condición suspensiva, el deber de cumplir no surge hasta que la condición se cumple, pues hasta ese momento no nace el vínculo obligacional. En cambio, en el caso de obligaciones a término final o bajo condición resolutoria, la obligación es exigible desde luego, y lo mismo que las puras pueden cumplirse desde que se constituyen, sin perjuicio de la posible resolución del vínculo obligaciones si la condición se cumple o al llegar al término.

Por o que respecta al lugar en que el pago ha de realizarse, establece el Código una regla básica, y otras dos subsidiarias. Rige en primer término, como en toda materia contractual, el principio de la autonomía de la voluntad y la ley del contrato. Hay que pagar en el lugar que las partes, hayan pactado. Pero a falta de pacto, cuando nada han estipulado sobre ello las partes, si se trata de obligación de entregar cosa determinada, ha de entregarse en el lugar donde se encontraba la cosa en el momento de constituirse la obligación. Pero esta regla sólo es aplicable a las cosas

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determinadas, específicas. Si se trata de entregar cosas fungibles o genéricas, como las cosas que han de ser entregadas no están individualizadas ni localizadas en ningún lugar, pudiendo el deudor entregar cualesquiera que pertenezcan al género, rige el principio, salvo pacto en contrario, de que el pago ha de hacerse en el domicilio del deudor. Y el mismo principio rige para cualquier otra obligación que no sea de dar cosa determinada. Todo ello resulta del artículo 1171.

1.3. SUJETOS DEL PAGO: SOLVENS Y ACCIPIENS

-Capacidad de los sujetos del pago

-El pago por tercero: Situaciones

-El pago hecho a un tercero: Situaciones

Sujeto activo. El pago hecho por tercero. Por lo que respecta al sujeto activo del pago (solvens), la persona obligada a realizarlo es el deudor (y en su caso sus herederos). Pero no es éste el único que puede pagar, pues en principio puede hacerlo cualquier persona, con efectos liberatorios para el deudor frente a su acreedor. Y se comprende que así sea, pues por regla general, el interés del acreedor se satisface lo mismo si recibe los 1000 euros que se le deben de manos de su deudor, que si las recibe de otra persona con intención de cancelar la obligación de aquél. Y una vez satisfecho el interés del acreedor nada puede ya reclamar, y su crédito queda extinguido. Pero esto no sucede en las obligaciones de hacer que tengan carácter personalismo, en las que al contraerse se han tenido en cuenta las personales circunstancias del deudor (por ej., realizar una obra, pintar un cuadro, cumplir un mandato), pues en estos casos no es indiferente para el acreedor que quien realice la prestación sea el deudor u otra persona distinta.

Esa regla general de que las obligaciones pueden ser cumplidas por cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento, y la excepción relativa a las obligaciones de hacer contraídas intuitu personae, aparecen formuladas en los artículos 1158 y 1161.

Ahora bien, el tercero ajeno a la obligación que realice el pago, puede hacerlo de diversas maneras: pueden pagar con conocimiento y aprobación del deudor, puede pagar sin conocimiento del deudor , y puede incluso hacerlo contra la expresa prohibición de éste, y las consecuencias que se producen en cada uno de estos supuestos son bien diferentes.

En los dos primeros casos, el solventa puede, después de pagar, reclamar del deudor lo que ha pasado por él, mediante la acción de reintegro. Pero la situación para quien paga no es idéntica en ambos supuestos, pues si lo hace con conocimiento y aprobación expresa o tácita del deudor , se subroga en el lugar del acreedor, y no sólo puede reclamar el reintegro, sino utilizar todos los derechos y garantías que fueran anexos al crédito (art. 1212), de suerte que en este caso el cumplimiento o pago realizado por el tercero no libera al deudor, sino que origina la sustitución del acreedor primitivo por otro nuevo. En cambio, si el tercero paga, ignorándolo el deudor, no se produce la subrogación, lo cual se explica porque el deudor puede tener interés en que su acreedor no sea sustituido por otro, y el solventa sólo podrá reclamar el reembolso mediante acción personal, como un simple gestor de negocios ajenos. En el tercer caso, si el pago se ha hecho contra la expresa prohibición del deudor, no puede el tercero reclamar lo que ha pagado por él, salvo “aquello en que le hubiera sido útil el pago”, porque no sería justo que el deudor se

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beneficiara a costa de quien pagó, produciéndose a su favor un enriquecimiento injusto o sin causa.

Sujeto pasivo. El pago hecho a un tercero. En cuanto al sujeto pasivo del pago, la persona a cuyo favor ha de realizarse (accipiens), lo es el acreedor (o sus herederos), o como dice el artículo 1162, “la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación”.

Pero ese principio genera tienen diversas excepciones. Innecesario es decir que, en primer lugar, puede hacerse el pago al representante o apoderado del acreedor facultado para recibirlo (art. 1162), y a la persona que puede haberse designado expresamente en el contrato con tal fin.

El pago hecho a un tercero no facultado ni designado expresamente por el acreedor para recibirlo, no es en principio válido. Pero puede ser excepción serlo y resultar liberatorio para el deudor, si repercute en utilidad del acreedor, como si, por ej., el tercero que recibió el pago entrega al acreedor lo percibido, pues con ello queda satisfecho el interés de éste. Y lo mismo sucederá, aunque el Código no lo dice, cuando después de recibir el pago el tercero, el acreedor hubiese dado su conformidad o ratificado lo hecho por éste, por aplicación de las reglas de la gestión de negocios ajenos.

Y también dispone el artículo 1164 que “el pago hecho de buena fe al que estuviere en posesión del crédito, liberará al deudor”, con lo cual se contempla el supuesto del pago hecho al llamar acreedor aparente, no bastando para ser reputado como tal con tener o poseer documento acreditativo de la deuda, sino que han concurrir las suficientes circunstancias de carácter objetivo como para no dejar lugar a dudas racionales respecto a que se trata del verdadero acreedor. Tal sucedería, or ej., si se pegase de buena fe al declarado heredero abintestato del acreedor, si después, por haber aparecido un testamento, resultase ser otro el heredero y por tanto el acreedor.

Si el acreedor es un menor o incapacitado, el pago ha de hacerse, no al incapacitado mismo, sino a su representante legal. El artículo 1163 dispone que “el pago hecho a una persona incapacitada para administrar sus bienes será válido en cuanto se hubiese convertido en su utilidad”. De donde censo contrario se deduce que si el pago hecho al incapacitado no hubiere redundando en beneficio de éste, no será liberatorio para el deudor. Y en tal caso, la prueba de ayer sido el pago útil para el incapacitado, corresponderá al deudor.

1.4. IMPUTACIÓN DE PAGOS

Puede plantearse este problema de la imputación de pagos, cuando teniendo un deudor varias deudas homogéneas con el mismo acreedor, realiza una prestación en favor de éste. Si al verificar el pago declara el deudor a cuál de las varias obligaciones pendientes ha de aplicarse la prestación realizada, y el acreedor presta su conformidad, quedará entonces extinguida la obligación a que de común acuerdo hayan imputado el pago.

Pero el problema surge cuando no existe acuerdo, determinándose entonces a cuál de las obligaciones ha de aplicarse el pago por una serie de reglas supletorias del pacto, que en general se inspiran en el principio “favor debitoris” que es norma fundamental en el régimen de las obligaciones. Por eso, corresponde en primer término al deudor la facultad de hacer la imputación, al tiempo de realizar el pago, pero con las limitaciones de que si se trata de una

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deuda que produce interés, no puede estimarse hecho el pago por cuenta del capital mientras no estén cubiertos los intereses (art. 1173), y de que tampoco puede el deudor elegir para pagarla una deuda que, entre las varias existentes, no esté vencida, a menos que en ella el plazo se haya establecido en su beneficio. Siendo preciso advertir que aunque la imputación es una facultad que compete al deudor, se entiende que renuncia tácitamente a ella si permite que la realice al acreedor, obteniendo de éste un recibo en que haga la aplicación del pago, en cuyo caso no puede luego el deudor pretender aplicar el pago que realizó a otra deuda distinta, a menos que el consentimiento tácitamente prestado por él estuviera viciado.

Y por último, cuando ni el deudor haya hecho uso de esa facultad en el momento de pagar, ni tampoco el acreedor al extender el recibo, preceptúa el Código que se estimará satisfecha la deuda más onerosa entre las que estén vencidas (por ej., la que devengue interés, o mayor interés, o tenga cláusula penal), con criterio favorable al deudor que así se libera de lo más gravoso; y si todas las deudas fueran igualmente onerosas, se imputará el pago a todas a prorrata (art. 1174).

1.5. OTRAS FORMAS DE CUMPLIMIENTO: PAGO POR CESIÓN DE BIENES Y DACIÓN EN PAGO; OFRECIMIENTO DE PAGO Y CONSIGNACIÓN

-La nación en pago

Aun cuando la regla general es la de que el pago o cumplimiento exige, para producir efectos liberatorios, que se realice precisamente la misma prestación debida y no otra diferente, lo cierto es que, si el acreedor quiere, puede aceptar, con efectos liberatorios para el deudor, una prestación distinta de la debida, produciéndose entonces la figura de la dación en pago. Esta modalidad de cumplimiento, que exige siempre el consentimiento del acreedor, es en realidad un contrato, que ofrece cierta analogía con la compraventa cuando se realiza dando rem pro pecunia (esto es, cosa por dinero), que es lo que sucede cuando el deudor entrega una cosa con intención de transmitir su propiedad sal acreedor a cambio de lo que debe a éste, cantidad que funciona como precio ya recibido por aquél. Por eso, el Código aplica a la nación en pago algunas reglas de la compraventa, como por ej. , la posibilidad de ejercitar con nbase en la nación en pago el retracto legal (art. 1521); y le son aplicables, aunque el Código no lo diga, las obligaciones del saneamiento propias de los contratos transitivos de dominio. Si la nación tiene lugar dando rem pro re (esto es, cosa por cosa), se advierte la semejanza con el contrato de permuta.

-El ofrecimiento de pago y la consignación

En el cumplimiento de la obligación no sólo tiene interés el acreedor, sino que a veces puede tenerlo también el deudor. Así sucede, por ej., si se trata de una obligación que devengue intereses, los cuales tendrá que seguir pagando mientras la obligación subsista. Y en general puede afirmarse que en toda clase de obligaciones, en cuanto éstas representan una responsabilidad latente sobre el patrimonio del deudor, interesa a éste quedar liberado mediante el pago, evitando las consecuencias que la mora podría originarle.

Por eso, tratándose de una de aquellas obligaciones para cuyo cumplimiento es indispensable la colaboración del acreedor, dispone el art. 1176 del Código que en caso de que éste se niegue de manera expresa o de hecho y sin razón a admitirlo, o a otorgar documento justificativo de haberse efectuado, o a la cancelación de las garantías si las hubiere, el deudor quedará liberado

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de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida. También procederá ésta y con iguales efectos, en el supuesto de que el acreedor esté ausente del lugar donde ha de realizarse el pago, o se encuentre impedido para recibirlo, o cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar, o sea desconocido el acreedor, o incluso se haya extraviado el título que lleve incorporada la obligación. En tales casos, el ordenamiento suministra al deudor este procedimiento (la consignación) para quedar liberado de su obligación, consistente en depositar las cosas debidas a disposición del Juez o del Notario en los términos previstos, o bien en la ley de Jurisdicción Voluntaria de 2 de julio de 2015, o en la del Notariado de 28 de mayo de 1862, tal y como dispone el art. 1178 del propio Código civil.

De darse alguno de los primeros supuestos, esto es, que el acreedor se niegue injustificadamente a admitir el pago, o a otorgar documento justificativo de haberse hecho, o a la cancelación de las garantías si las hubiere, es requisito indispensable para proceder a la consignación, que haya un previo ofrecimiento de pago por parte del deudor. En los demás casos, esto es, ausencia dela creedor, o estar éste impedido para recibirlo o resultar desconocido, o concurrir varias personas pretendiendo el cobro, o haberse extraviado el título de la obligación, no es necesario tal ofrecimiento previo —que sería inútil o imposible de realizar—, pero en todo caso, para que la consignación libere al deudor, deberá previamente ser anunciada a las personas interesadas en el cumplimiento (art. 1177).

Una vez hecha la consignación, si el acreedor la acepta o judicialmente se declara bien hecha, se produce la extinción de la obligación, pudiendo el deudor pedir que se mande cancelar la misma, así como las garantías en su caso (art. 1180), siendo los gastos generados de cuenta del acreedor (art. 1179). Mientras que el acreedor no acepte la consignación o no se haya realizado la declaración judicial de estar bien hecha, puede el deudor retirar lo consignado, en cuyo caso la obligación queda subsistente. Después de dictada esa resolución aprobando la consignación, la cosa queda ya sustraída a la disponibilidad del deudor, y no puede por tanto retirarla, a menos que el acreedor lo autorice; pero de hacerlo así, aunque la obligación queda subsistente, el acreedor perderá cualquier preferencia que tenga sobre la cosa, y los codeudores y fiadores quedarán liberados (art. 1181).

-El pago por cesión de bienes

La cesión de bienes a los acreedores, tal como la regula el artículo 1175, consiste en un convenio o contrato celebrado con éstos, por virtud del cual el deudor les entrega sus bienes a fin de que los realicen y liquiden, cobrándose con el producto que de ellos se obtenga. Cesión ésta que ha de celebrarse a favor de todos los acreedores —pues de lo contrario podría ser fraudulenta— y que salvo pacto en contrario, no extingue por sí sola las obligaciones del deudor, sino que sólo le libera de ellas gata donde alcance el importe líquido de los bienes una vez realizados.

Aunque son muy diversas las teorías formuladas para explicar el mecanismo y la naturaleza jurídica de esta figura, se está generalmente de acuerdo en que la cesión, en tal caso, no produce la transmisión de la propiedad de los bienes del deudor a los acreedores, como sucede en la nación en pago, sino que mediante ella se confiere a los acreedores la posesión y la administración, con un encargo o mandato irrevocable, para que procedan a la venta de los bienes cedidos; y si en cambio existe remanente después de satisfechos todos los créditos, ha de ser entregado al deudor. Es por ello por lo que sería más correcto que este art. 1175 se refiriese a la cesión de los bienes del deudor para pago de sus deudas, y no en pago de las mismas, habida

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cuenta de que, como ya hemos dicho, con tal cesión lo único que pretende es facilitar a sus acreedores el cobro de su créditos, entregándoles los bienes para que los liquiden y con el importe obtenido se cobren de lo que les debe. O sea, quedarán extinguidas las deudas tan solo en el momento en que, tras haber procedido duchos acreedores a la referida liquidación, con la cantidad obtenida se hagan pago de su importe.

2. FORMAS DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DISTINTAS AL PAGO O CUMPLIMIENTO

-La extinción de las obligaciones

La forma normal de extinguirse la obligación es el pago o cumplimiento de la prestación debida por parte del deudor. Pero además, la obligación puede extinguirse por otra serie de causas que pretende enumerar el artículo 1156, aunque la mayoría de la doctrina, estima que esa enumeración es incompleta y en algunos extremos poco exacta, como ahora comprobaremos.

Según el artículo 1156 las obligaciones se extinguen, además de por el pago o cumplimiento, que ya hemos estudiado, por las siguientes causas: por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de los derechos de acreedor y deudor, por la compensación, y or la novación.

Vamos a ocuparnos en particular de los distintos modos o causas de extinción de las obligaciones, con referencia primero a las enumeradas en el artículo 1156, y después a algunas de las omitidas.

-La pérdida de la cosa debida por imposibilidad sobrevenida de la prestación

Según el artículo 1156, las obligaciones se extinguen por la pérdida de la cosa debida, pero enunciado en esos términos tan generales, el principio no es exacto ni suficiente, porque lo cierto es que la pérdida de la cosa debida no siempre extingue la obligación, sino que sólo la extingue en algunos casos. Y porque además, entendido el principio en esos términos, podría hacer pensar que sólo son susceptibles de este modo de extinción las obligaciones de dar, en las que se debe entregar una cosa, cuando también a las obligaciones de hacer es aplicable esta causa de extinción.

Cuando se trata de obligaciones de dar, la pérdida de la cosa sólo extingue la obligación cuando el objeto de la prestación es una cosa determinada (específica) y la pérdida tiene lugar por causa no imputable al deudor y antes de haberse éste constituido en mora. En cambio, en las obligaciones de dar cosas genéricas no opera esta forma de extinción, en virtud del principio genus non perit, según resulta sensu contrario del artículo 1182 cuando dice que “quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiese o destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora”. De donde resulta además, que si la pérdida o destrucción de la cosa tiene lugar por cula del deudor, por dolo o negligencia del mismo, o cuando ya está constituido en mora —lo cual presupone una culpa anterior— la pérdida no produce la extinción de la obligación. Aunque en tal caso no pueda entregarla, no por ello queda liberado de la obligación, sino que tendrá que indemnizar al acreedor los daños y perjuicios sufridos por su incumplimiento imputable.

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Esta forma de extinción, aunque la expresión “pérdida de la cosa debida” sólo se refiere a las obligaciones de dar, es también aplicable a las obligaciones de hacer. En éstas, la situación semejante a la pérdida de la cosa es la de que la prestación debida resulte imposible de realizar. En este sentido dice el artículo 1184 que “también quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible”. Pero aunque este precepto no lo diga, es evidente que no siempre que la prestación resulte imposible se extingue la obligación de hacer. Así como cuando se trata de obligaciones de dar, la extinción y consiguiente liberación del deudor sólo tiene lugar si la pérdida ocurre sin culpa del deudor , también en estas obligaciones de hacer, sólo cuando la prestación resulta imposible por causa no imputable al deudor y antes de haberse éste constituido en mora, quedará el deudor liberado y extinguida la obligación. Si la imposibilidad es consecuencia del dolo o la negligencia del deudor, o tiene lugar de acusada la mora, no ese extingue la obligación, y queda el deudor obligado a indemnizar daños perjuicios.

-Condonación

La condonación, llamada también remisión o perdón, es aquella causa de extinción de la obligación que tiene lugar, porque el acreedor quiere liberar a su deudor de la deuda. La relación obligatoria representa para el acreedor una facultad, un poder, un derecho a exigir del deudor que realice la prestación debida, pero no una obligación a exigir. Y puede por tanto renunciar a aquella facultad o poder, liberando al deudor de la deuda. Ello es una consecuencia de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Código según el cual los derechos son en principio renunciables, con las limitaciones que el propio precepto establece. Y como renunciando a su crédito al acreedor no causa, en principio, perjuicio a tercero, ni va contra el orden pçublico, puede, si quiere, no hacerlo efectivo.

Pero cabe preguntarse si basta para ello la simple voluntad del acreedor, un acto unilateral de éste, o si hace falta también, para que la condonación produzca efectos, la voluntad o conformidad del deudor en cuyo favor se realiza. Claro es que si el acreedor nos uiere exigir el cumplimiento puede no hacerlo, pero esta actitud pasiva no basta para que el deudor quede liberado y la obligación resulte extinguida. Mientras no transcurra el plazo de prescripción de la acción, el deudor estará siempre amenazado de una reclamación. Lo que interesa determinar son las condiciones necesarias para que el deudor quede liberado del vínculo obligacional, para que la obligación quede extinguida por el perdón.

Cierta doctrina sostiene que la condonación es un negocio bilateral, y que mientras la voluntad de hacerlo sea sólo la del acreedor, éste podrá no exigir, pero el deudor quedará jurídicamente obligado. O sea, que la mera pasividad del acreedor no implica todavía una renuncia vinculante para él. Para que se produzca por condonación la extinción del vínculo obligaciones es indispensable que el deudor preste su conformidad a la voluntad liberatoria del acreedor, produciéndose sobre ello un acuerdo de voluntades. Entre otras razones —se dice— porque no puede imponerse al deudor, si él no quiere, una liberación de su deuda que cabe pensar no le interese, si no por motivos económicos al menos por motivos de índole moral o incluso de dignidad.

En nuestra sistemática, los preceptos que el Código dedica a la materia no permiten llegar a soluciones seguras, aunque predomina la tesis que considera la condonación como un negocio bilateral. Tesis a la que sirve de base la equiparación que el propio Código establece entre la

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condonación y la donación. En tal sentido dice el artículo 1187 que cuando la condonación sea expresa, deberá ajustarse a las formas de la donación. Y el párrafo primero del mismo artículo somete la condonación, tanto expresa como tácita, a los preceptos que rigen las donaciones inoficiosas. Resulta de ello que para nuestro legislador la condonación de una deuda es algo análogo o muy próximo a la donación, y en efecto así es, pues así como mediante la donación una persona transmite a otra gratuitamente un elemento patrimonial, también por virtud de la condonación o remisión, el acreedor, generalmente a título de liberalidad —aunque puede tener también otra causa distinta— libera a su deudor de una obligación y realiza a su favor un acrecentamiento patrimonial. Y así como las donaciones son en nuestra sistemática actos bilaterales, verdaderos contratos, que exigen no sólo el consentimiento del donante sino también el del donatario, sin cuya aceptación la donación no se perfecciona, también cuando se trata de una liberalidad realizada en forma de condonación de una deuda, debe ser exigible, para que la extinción del crédito se produzca, el consentimiento del deudor. Por eso, en términos generales, puede afirmarse que cuando la condonación se expresa no sólo es necesaria para que produzca sus efectos la voluntad del acreedor que condona, sino también la del deudor de querer quedar liberado.

-Confusión

Se extingue la obligación por confusión cuando en una relación obligatoria la condición de acreedor y de deudor llegan a coincidir en una sola persona, puesto que como ya sabemos, la obligación exige siempre para existir la concurrencia de dos sujetos, uno activo (acreedor) y otro pasivo (deudor), y nadie puede ser acreedor o deudor de sí mismo. Esta causa de extinción de las obligaciones aparece definida en el artículo 1192 al decir que “quedará extinguida la obligación desde que se reúnan en una misma persona los conceptos de acreedor y de deudor”.

-Compensación

Constituye la compensación el saldo o liquidación recíproca de dos créditos contrarios de análoga naturaleza. El presupuesto esencial para que la compensación pueda tener lugar es que dos personas sean deudores y acreedores recíprocos, en cuyo caso los dos créditos recíprocos pueden extinguirse por compensación si son iguales, o se extingue el menor hasta donde ambos concurran.

El presupuesto esencial de la reciprocidad de créditos lo enuncia el artículo 1195 cuando dice que para que tenga lugar la compensación es necesario que “dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra”. Y el efecto de la compensación se describe en el artículo 1202 diciendo que es, “extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente”.

Esta institución de la compensación puede actuar de dos maneras, dando lugar a dos formas distintas de compensación: la legal y la voluntaria o convencional.

La compensación legal tiene lugar por ministerio de la ley, sin intervención de la voluntad de las partes, e incluso como dice el artículo 1202, “aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores”. Pero para que esta compensación legal se produzca es necesario que ambas deudas reúnan determinados requisitos que las hagan compensables, los cuales vienen enumerados por el artículo 1196.

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Es necesario, en primer lugar, que cada uno de los obligados lo esté principalmente, y sea a la vez acreedor principal del otro. Pero como requisito esencial y característico ha de señalarse el de que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero, o siendo fungibles las cosas debidas, sean también de la misma calidad si ésta se hubiere designado. Si las deudas no son homogéneas, —si el uno debe una cantidad de dinero y el otro debe cierto bien mueble, o si cada uno de ellos debe una cosa específica— no puede operarse, porque el respectivo valor o equivalencia de las prestaciones recíprocas no resulta de la prestación misma, y exigiría una previa valoración que es incomprensible con la forma automática de producirse la extinción de las obligaciones mediante a compensación legal, independientemente de la voluntad de los interesados. También exige el artículo 1196 para que la compensación tenga lugar que las dos deudas estén vencidas, y sean líquidas y exigibles. Si una de las dos obligaciones está pendiente de plazo o condición, o si para determinar su cuantía es necesaria una previa liquidación, no podrá producir por compensación la extinción de una obligación exigible de momento sin más trámites. Por último, es también indispensable que el crédito que se oponga en compensación esté en la libre disponibilidad del acreedor, pues si respecto de él existe retención o contienda promovida por terceras personas y notificada oportunamente al deudor, tal crédito no puede servirle al acreedor, mientras esté en esas condiciones, para realizar el ago abreviado que la compensación supone, todo ello según ese art. 1196 antes citado.

Dándose todos los requisitos enumerados en el artículo 1196, la compensación se produce por ministerio de la ley, sin necesidad del consentimiento de las partes, e incluso sin que éstas lo sepan siquiera. Claro es que, no obstante el hecho de que las obligaciones recíprocas se extingan en tal caso por ministerio de la ley, no impide que uno de los dos acreedores se niegue a admitirla, en cuyo caso, la parte que quiera compensar tendrá que acudir a los Tribunales de justicia. Pero la intervención del Tribunal se limitará, no a decretar la compensación, sino a declarar que se ha producido, desde que coexistieron las dos obligaciones recíprocas con los requisitos necesarios para producir la extinción, y a condenar al acreedor que se resista a pasar por ella.

Todos los requisitos antes mencionados son necesarios para que se produzca la compensación legal, pero en cambio para la compensación convencional o voluntaria no son exigibles tales requisitos. Así, por ej., la obligación de entregar un inmueble, no puede servir para extinguir por compensación legal una obligación de entregar otra cosa, o una cantidad de dinero; ni una obligación pura para extinguir una obligación aplazada y no exigible aún. Pero nada impide que por voluntad de ambas partes éstas se den recíprocamente por pagadas y por extinguidas ambas obligaciones. Lo que ocurre en tal caso es que ambas partes pactan, celebran un contrato por virtud del cual acuerdan liberarse recíprocamente de las obligaciones que existen entre ellos, dándolas ambas por extinguidas. Es decir, que tiene por objeto una remisión o condonación recíproca. Y para que así pueda pactarse no es necesario que las dos deudas sean homogéneas, ni que estén vencidas, ni que reúnan ningún de los otros requisitos del artículo 1196.

-Novación

Como ya hemos indicado con anterioridad, la novación en acepción clçasica tradicional y romana tiene lugar cuando existiendo una obligación se modifica su contenido, con lo cual la obligación se extingue y es sustituida por otra nueva. En este sentido la novación es al mismo tiempo causa de extinción y causa de producción de las obligaciones. En el pensamiento romano y tradicional la novación tenía siempre carácter extintivo, puesto que no se concebía que una obligación

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pudiera modificarse sin perder su identidad y dar lugar al nacimiento de otra nueva. Y la sistematización de nuestro Código parece a primera vista adoptar ese mismo criterio, al incluir en el artículo 1156 la novación entre las causas de extinción de las obligaciones.

En la actualidad se estima que no todo cambio en una obligación determina necesariamente su extinción, siendo posible que la obligación cambie en sus elementos subjetivos y objetivos sin que por ello se extinga, subsistiendo la misma obligación modificada. Y así se reconoce por la doctrina actual la existencia de dos tipos de novación una extintiva y otra simplemente modificativa, para lo cual ofrece, según ya vimos el articulado mismo del Código, algún punto de apoyo.

Vamos aquí a referirnos ya exclusivamente a la novación extintiva, siendo necesario, para que ésta tenga lugar, que exista un animus novandi, bien declarado expresamente o bien deducido en forma tácita del hecho de ser absolutamente inconciliables o incompatibles la obligación nueva con la subsistencia de la anterior. Por eso dice el artículo 1204 que “para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles”. Si la voluntad de las partes no está clara en cuanto a su voluntad de extinguir la obligación, esta voluntad debe interpretarse siempre en el sentido de haber querido producir los efectos más débiles, o sea, de haber querido simplemente modificar y no extinguir la obligación. Voluntad que puede también haberse expresado en forma tácita cuando las partes hayan concertado una modificación tal que la obligación resultante sea de todo punto incompatible con la que antes existía. La jurisprudencia del T.S. aplicando esta doctrina, ha declarado con gran reiteración que la novación extintiva no puede nunca presumirse.

Esta novación extintiva, según los elementos a que afecte el cambio, puede clasificarse en objetiva y subjetiva.

La novación objetiva puede consistir en el cambio de objeto (como, si por ej., debiendo el deudor una cosa se conviene en que entregará una cantidad de dinero), o en un cambio de la causa (como si una persona debe una cantidad como parte del precio de una compraventa, y se pacta que la siga reteniendo durante cierto tiempo en concepto de préstamo), o en el cambio de algunas de las condiciones principales. En cambio, las modificaciones meramente accidentales o secundarias de una obligación preexistente, no implican su novación extintiva.

La novación subjetiva puede consistir en el cambio de deudor o en el cambio de acreedor. En cuanto al cambio de deudor, que cuando conste claramente el ánimus novandi implica novación propia o extintiva, es claramente distinta de la asunción de deuda que, según vimos, no supone la extinción de la obligación primitiva. Por eso, el artículo 1206 determina que la insolvencia del nuevo deudor, que hubiese sido aceptado por el acreedor, no hace revivir la acción de éste contra el deudor primitivo, porque la anterior obligación quedó totalmente extinguida y liberado el primitivo deudor. Sólo por excepción responderá el nuevo deudor de la insolvencia del anterior, cuando dicha insolvencia hubiese sido anterior y pública o conocida del deudor al delegar su deuda, a modo de sanción contra el fraude que ello supone. Por lo que respecta a la novación por cambio de acreedor, el Código no se ocupa de ella más que al tratar de caso de la subrogación por pago, que como ya vimos en una lección anterior no constituye propiamente un caso de novación en el sentido extintivo. Cierto es que convencionalmente podrá llevarse a cabo a una novación extintiva por cambio de acreedor, pero prácticamente esta fórmula no es

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frecuente, ya que la misma finalidad puede obtenerse y con mayor facilidad mediante la cesión de créditos, y con mayor garante para el nuevo acreedor.

Por último interesa decir que como la novación de que aquí tratamos produce la extinción de la obligación primitiva, se extingue con ella los derechos sucesores. Y como dice el artículo 1207 sólo podrán subsistir tales obligaciones accesorias en cuanto aprovechen a terceros que no hubiesen prestado su consentimiento.

3. LA MODIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES

Apuntes plataforma y manual capítulo 10.

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