Tema 2 Derecho Mercantil Esquemas, Esquemas y mapas conceptuales de Derecho Mercantil
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Tema 2 Derecho Mercantil Esquemas, Esquemas y mapas conceptuales de Derecho Mercantil

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Asignatura: Dret mercantil I, Profesor: Esperanza Gallego, Carrera: Dret, Universidad: UA
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Lección 2

EMPRESA Y EMPRESARIO: TEORIA GENERAL. ADQUISICIÓN DE LA CONDICION DE EMPRESARIO.

I. La empresa.

Concepto económico de empresa.

La empresa es una actividad económica organizada de producción y distribución de bienes y servicios valorables económicamente destinada a satisfacer necesidades humanas en el mercado.

El principio de economidad (el carácter económico de la actividad se decide en atención a los criterios de gestión adoptados en su desarrollo), es el dato decisivo para calificar la actividad como económica y, por ende, constitutiva de empresa.

La mera creación de riqueza por parte de la empresa no es suficiente. Se exige además que esta tenga lugar a costa de otra riqueza precedente que queda expuesta al riesgo de pérdida.

En consecuencia al concepto de empresa le es inherente la idea de riesgo.

La actividad constitutiva de empresa es, en segundo lugar, una actividad organizada, lo que significa que el empresario no se limita a yuxtaponer los medios de producción, sino que los ensalza y coordina racionalmente de forma estable con arreglo a un plan en atención a la función económica a la que están destinados, esto es, la producción y distribución de bienes y servicios para el mercado.

La organización se proyecta sobre medios materiales y humanos. Esta última apreciación pone de manifiesto que se trata de un comportamiento de actuación colectiva.

Su finalidad, es satisfacer necesidades de terceros en el mercado, entendido este como lugar de encuentro de la oferta y la demanda respecto de una determinada mercancía o servicio.

Concepto Jurídico de empresa.

La noción jurídica de empresa se halla anudada exclusivamente a aquellos aspectos del fenómeno económico con relevancia para él. Esto explica que no exista un único concepto jurídico de empresa.

Sin embargo, en el concepto relevante para el Derecho Mercantil se distinguen diversos aspectos o perfiles claramente diferenciados.

Por un lado la llamada dimensión subjetiva y funcional. Con ella se hace referencia al ejercicio profesional de la actividad económica de la empresa. Esta consiste en la realización por parte del titular de la misma, de una serie indefinida de actos jurídicos de naturaleza diversa, pero coordinados y unificados en el plano funcional por la unidad de un fin. Por otro lado, el aspecto objetivo, en el cual se materializa y objetiva la actividad del empresario. A través de él toma cuerpo y se hace real la idea de organización de bienes, derechos y personas destinados a la prosecución de una finalidad

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económica. El aspecto objetivo plasma la existencia de este conjunto de bienes que, por estar coordinados entre sí, pueden adquirir un valor superior al que alcanzarían aisladamente cada uno.

Junto a los aspectos subjetivo y funcional y a la dimensión objetiva de la empresa cabe añadir, por un lado, el llamado aspecto laboral y, por otro, la vertiente institucional ligada a la reforma de la empresa.

Por lo que a la dimensión laboral se refiere simplemente recordar que el empresario organiza y crea, bajo su dirección, una comunidad de personas, en la que se generan relaciones laborales individuales, retribuidas y por cuenta ajena, a las que son de aplicar la disciplina laboral y, en particular, el Estatuto de los Trabajadores.

Entre todos estos aspectos, es en torno a la noción de actividad donde adquiere relevancia jurídica el fenómeno de la empresa. La noción unitaria de empresa descansa en suma en la idea de actividad del empresario, con la consiguiente calificación de empresario y la aplicación del régimen o status que el Derecho vincula a dicha condición en razón de su ejercicio. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el concepto económico, en el jurídico, la actividad ha de ser realizada en nombre propio.

II. El empresario.

1. Concepto.

La condición de empresario se adquiere, como norma, por el simple ejercicio en nombre propio de una actividad empresarial, salvo que la Ley disponga otra cosa (caso de las sociedades anónimas o limitadas).

Empresario es, por tanto, (en base al criterio de imputación) quien ejercita una actividad empresarial en nombre propio. Es el empresario, y no la empresa, el titular de los derechos y obligaciones que la actividad empresarial genera.

A ello se refiere el art. 1.1 Ccom, que hace referencia al comerciante, sin embargo esto no impide de sustituir dicho termino por el de empresario (cuestiones históricas).

Por otro lado, el Ccom en lo que a exigencia de la actividad se refiere, procede a sustituir la habitualidad por la profesionalidad (cuestiones históricas). Ambas tienen en común la repetición de actos, la estabilidad y continuidad en el ejercicio de la empresa, pero, sin embargo, la última se compone, además, de otros tres elementos, la organización, la exteriorización y el fin de lucro (este último elemento no se considera esencial) .

2. Los profesionales liberales.

Comparten con los empresarios el ejercicio de una actividad económica destinada a la prestación de servicios (diferencia con el empresario la actividad de los profesionales lib. no requiere un alto grado de organización ni complejidad. Sin embargo en la actualidad han adoptado características de los empresarios).

A pesar de ello, no adquieren la condición de empresarios, aunque sería conveniente aplicarles, al menos, parte del estatuto de aquellos debido a las características

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comunes que comparten. Como excepción son empresarios si la forma social que adoptan es mercantil por la forma.

3. Clases de empresarios.

Empresario individual.

Empresario individual.Adquisición y pérdida de la condición de empresario.

El empresario individual es la persona natural que ejercita en nombre propio, por si o por medio de representante, una actividad constitutiva de empresa en los términos definidos anteriormente.

Para adquirir tal condición se precisa únicamente gozar de capacidad y ejercer profesionalmente la actividad constitutiva de empresa.

Si se pretende la inscripción en el Registro Mercantil deberá acompañar la acreditación de haber presentado la “Declaración de comienzo de la actividad empresarial” ante la Administración tributaria.

Ostentan capacidad legal para el ejercicio del comercio las personas mayores de edad que tengan la libre disposición de sus bienes (art. 4 Ccom).

Por consiguiente carecen de ella los menores y los incapacitados, ya estén sometidos a tutela o curatela y los emancipados (aunque rigen su persona y bienes como si fueran mayores de edad, no reúnen el requisito de gozar de libre disposición de sus bienes).

Como excepción a esta regla general, basada en el principio de continuidad de empresa, se admite que los menores de edad y los incapacitados puedan continuar el comercio que hubieran ejercido sus padres o causantes por medio de sus guardadores, esto es, sus representantes legales (art. 5 Ccom). En esa hipótesis, empresario será el menor o incapacitado (extensión de tal norma a los supuestos de imposibilidad sobrevenida).

En cuanto al requisito de la actividad constitutiva de empresa cabe mencionar que el Ccom presume su concurrencia desde que la persona que se proponga a ejercerla “anunciare por circulares, periódicos, cartas, rótulos expuestos al público… su actividad mercantil (art. 3 Ccom)”. Se trata con todo, de una presunción, por lo que puede ser destruida mediante prueba en contrario. La pérdida de la condición de empresario puede producirse de forma voluntaria, cuando se cesa en la actividad, o de manera involuntaria, como es el caso del fallecimiento o de la incapacitación.

Prohibiciones e incompatibilidades.

Las prohibiciones pueden ser absolutas (art. 13 Ccom) o relativas (art. 14 Ccom).

Las prohibiciones absolutas afectan a aquellas personas que, por leyes o disposiciones especiales, tienen vetado el ejercicio de todo tipo de actividades empresariales en todo el territorio nacional. Por ejemplo, miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración.

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Las prohibiciones relativas impiden el desarrollo de tal actividad sólo en el ámbito territorial en que la persona desempeñe sus funciones, o sólo respecto de ciertas actividades.

Se trata por ejemplo, de las que afectan a los funcionarios públicos (comprometen su imparcialidad e independencia). Son también prohibiciones relativas las que afectan a los socios colectivos, etc.

Estas prohibiciones alcanzan también a quienes llevan a cabo actividades empresariales a través de tercero interpuesto (art. 14 Ccom).

En los negocios realizados por quien se haya afectado por una prohibición la consecuencia no debe ser la nulidad (ya que ello liberaría al infractor de su obligación en perjuicio de tercero) sino la imposición de sanciones.

Las sanciones pueden ser administrativas, que son las que proceden en caso de prohibiciones absolutas y relativas referidas al territorio, o civiles, que se aplica en la mayor parte de las relativas atinentes a la actividad.

Mención especial merece la prohibición absoluta prevista para las personas que sean inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso (2 a 15 años).

El ejercicio de la actividad mercantil por persona casada.

En lo relativo a este tema el Ccom contiene ciertas precisiones que hay que entender sobre el régimen de gananciales.

Todo esto se puede trasladar a tres cuestiones. De los bienes que quedan afectos a las resultas del comercio, del sistema de administración de la empresa y del derecho de disposición sobre los bienes.

Los bienes que responden de las deudas contraídas por el cónyuge que ejerce la actividad empresarial son, en primer término, los propios del cónyuge empresario. Por bien propio hay que entender bien privativo, sin embargo, el bien propio puede ser de titularidad compartida, incluso con el propio cónyuge, siempre y cuando no lo sea en el ámbito de los gananciales.

La noción de bien incluye, a su vez, en sentido amplio, todo aquel que sirva para la satisfacción de los acreedores, quedando en consecuencia comprendidos también los derechos.

Junto con los bienes propios del cónyuge empresario quedan afectos a las consecuencias derivadas del ejercicio de la empresa los bienes comunes (bien común = bien ganancial) que se hubieran obtenido por el ejercicio de la actividad empresarial así como el resto de los bienes comunes, pero en este último caso, sólo si media el consentimiento de ambos cónyuges.

La sujeción que el Código ordena respecto de los bienes adquiridos como consecuencia del ejercicio de la actividad empresarial sin supeditarla al consentimiento del otro cónyuge, a pesar de que se trate bienes gananciales, se ha justificado en el principio económico según el cual si esos bienes son utilizados para crear una ganancia que aprovecha ambos cónyuges, las perdidas también deben ser soportadas por ellos.

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Esto es así, debido a que la propia empresa está sometida al carácter ganancial en razón del consentimiento tácito a la afectación de la empresa que hay que deducir en cuanto el cónyuge no empresario permite, al que lo es, su fundación.

Sin embargo, tal consentimiento no puede ser luego revocado por mera oposición a la afectación, para que fuera eficaz la desafectación tendría que hacerse con los mismos caracteres que tuvo la afectación misma, esto es, mediante el cese de la actividad empresarial. Por consiguiente se identifican los supuestos de empresa fundada con bienes del cónyuge comerciante y con bienes gananciales.

Con todo, en la práctica, será normalmente difícil conocer cuáles son los bienes gananciales que, por haber sido adquiridos a consecuencia del ejercicio de la empresa, pueden ser agredidos por los acreedores.

Sin embargo, desde un punto de vista práctico la cuestión anterior no reviste excesiva importancia porque, tratándose de bienes gananciales en general, el Ccom presume concedido el consentimiento, que conlleva la afectación de los bienes.

Según el art. 7 Ccom, se presume otorgado el consentimiento cuando se ejerza el comercio con conocimiento y sin oposición expresa del cónyuge que deba prestarlo. Y según el art. 8 Ccom existe tal presunción cuando, al contraer matrimonio, se hallare uno de los cónyuges ejerciendo y lo continuare sin la oposición del otro.

Para que la oposición surta efecto respecto de terceros se precisa escritura pública e inscripción en el RM, según establece el art. 11 Ccom. Su fundamente descansa en la regulación de la publicidad, que caracteriza nuestro sistema legal

Por tanto, los bienes propios del cónyuge no empresario solo quedaran afectos a las resultas del ejercicio de la actividad empresarial si media el consentimiento de aquel.

Esto no significa que el cónyuge no empresario deba prestar su consentimiento en el momento en que se pretenda la traba para que se lleve a efecto (conocimiento de los terceros por anticipado)

Lo que se pretende con esto es ordenar que se precisen en concreto si todos sus bienes propios quedan vinculados y, en caso contrario, cuales. No hay inconveniente para que, a través del Registro Mercantil, se establezca una afectación parcial.

Según el art. 10 del Ccom todos estos consentimientos, expresos o presuntos, podrán ser revocados libremente por el cónyuge del empresario. Si bien, en puridad del criterio, solo cabe hablar del consentimiento expreso (tácito consiste en un no hacer, en no inscribir la oposición en el RM).

Hay que tener en cuenta que no podrán, en ningún caso, perjudicar derechos adquiridos con anterioridad al matrimonio (arts. 11 y 20 y 21 Ccom).

El art. 6 Ccom. Dispone que en caso de ejercicio del comercio por persona casada, el cónyuge empresario puede enajenar e hipotecar sus bienes privativos y los gananciales obtenidos a resultas del ejercicio de la actividad empresarial. “A contrario sensu” no puede disponer del resto de los gananciales ni de los bienes privativos del cónyuge no empresario.

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Para el resto de los bienes del matrimonio se aplica el régimen visto arriba (gananciales), salvo en el caso de bienes propios del cónyuge no empresario, cuyo consentimiento habrá de solicitarse en cada operación que intente trabarlos.

Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes o después de celebrado el matrimonio. Su valides está supeditada a que consten en escritura pública, mientras que su oponibilidad a terceros requiere la inscripción en el Registro Mercantil y su publicación en el BORME.

En virtud de las mismas, los cónyuges capitulan, modifican o sustituyen el régimen económico de su matrimonio (art. 1325 CC y art. 12 Ccom).

De la alteración sin embargo, hay que excluir la responsabilidad por los bienes propios y los comunes obtenidos por el ejercicio de la actividad empresarial, que se considera inderogable.

Empresario persona jurídica.

Entre las personas jurídicas que poseen la condición de empresario destacan sin duda las sociedades mercantiles.

Sociedades mercantiles.

En cuanto a los requisitos para adquirir la condición de empresario, cabe distinguir dos grandes grupos de sociedades.

Por un lado, los denominados empresarios por razón de la forma, sociedades que adquieren esta condición por disposición legal sólo por haber adoptado una determinada forma. Es el caso de las sociedades de capital, sustancialmente la SA, la SL y la SCA. A este grupo pertenecen también las sociedades cooperativas y las mutuas.

Por otro lado, las sociedades cuya mercantilidad subjetiva (condición de empresario) se determinan por la actividad a la que se dedican, de manera que si esta consiste en el ejercicio de una empresa, su carácter mercantil en razón de esta circunstancia determina también la adquisición de la condición de empresario. De este tipo son las sociedades de personas, es decir, la SCo y la SCom.

Un caso especial representan las sociedades constituidas al amparo del art. 1670 del Cciv, norma que permite la fundación de sociedades con objetivo civil pero con forma mercantil. El contenido de derechos y obligaciones que derivan del contrato se rige por el Ccom, pero la sociedad en cuanto tal no adquiere la condición de empresario, por ser las normas del estatuto del empresario las que se oponen a las disposiciones del Cciv (serán aplicables las disposiciones del Ccom en cuanto no se opongan a las del Cciv).

En distinto orden de cosas, cabe mencionar que, en el derecho español, la capacidad jurídica de las sociedades no está limitada por el objeto social. Nuestro derecho consagra el principio de capacidad ilimitada de las personas jurídicas, sin que el objeto social tenga otra eficacia que la relativa a la responsabilidad del órgano de administración en cuanto se exceda en sus actos de lo que aquel autoriza.

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Por otra parte, conviene tener en cuenta que, en el marco de la intervención de los poderes públicos en la vida económica y dentro del denominado Estado social de derecho, se han ido separando paulatinamente ámbitos de actividad que, por razones de interés público, han quedado sometidos al control del aparato administrativo del Estado a través de la supervisión de las entidades que las ejercen (ámbito de aplicación entidades de crédito, las de Seguro y empresas de servicio de inversión). Con aquel objeto se les exigen licencias o autorizaciones administrativas para el ejercicio de la actividad empresarial de que se trate (art. 84 RRM).

Adicionalmente este tipo de entidades se halla sujeto a la inscripción en registros de carácter administrativo. El art. 85.1 RRM declara a estos efectos que, salvo que otra cosa disponga la legislación especial, no será necesaria la previa inscripción en los Registros administrativos para la inscripción en el Registro Mercantil en la inteligencia de que el control por parte de la administración ha sido ya ejercido en el momento anterior al solicitar la autorización administrativa (licencias, autorizaciones…).

A fin de coordinar, no obstante, la inscripción entre ambos Registros, el art.85.2 del RRM establece que, una vez practicada la inscripción en el Registro administrativo, se consignarán, previa solicitud del interesado, los datos de aquella inscripción en el Registro Mercantil.

Las asociaciones.

La regulación de las asociaciones se encuentra en la LODA y en las leyes autonómicas de asociaciones, que se aplican con preferencia a la primera, salvo que se trate de preceptos declarados de carácter orgánico por la LODA.

Las asociaciones adquieren la condición de empresario con sujeción al mismo criterio que las sociedades de personas, esto es, en el momento en que ejerciten una actividad empresarial.

Este hecho no las priva, sin embargo, de su carácter de asociación puesto que la LODA veta únicamente que los beneficios se repartan entre asociados, hipótesis que los convierte en sociedades mercantiles irregulares. Pero no prohíbe que las asociaciones ejerciten actividades empresariales, ni que se pretendan obtener ganancias, siempre que se destinen a los fines de la asociación (art. 13.2 LODA).

Ahora bien, a pesar de su condición de empresario, no están sujetas a la mayor parte de las normas que integran el estatuto de este. En primer lugar no pueden acceder al Registro Mercantil (art. 16 LODA).

En cuanto a la contabilidad la LODA exige que la lleven “conforme a las normas específicas que les resulten de aplicación” (art. 14.1 LODA).

Por otra parte, las cuentas deberán aprobarse anualmente por la Asamblea General (art. 14.3 LODA).

Si se trata de una asociación de utilidad pública, está se haya sujeta al RD 1491/2011, de 24 de octubre, “Normas de adaptación del plan general de contabilidad a las entidades sin fines lucrativos…”. Las demás asociaciones no están vinculadas por esta norma con carácter general.

Las fundaciones.

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Las fundaciones están reguladas en la LF estatal y en las leyes autonómicas sobre fundaciones. Son organizaciones sin ánimo de lucro dotadas de personalidad jurídica cuyo sustrato no es personal, sino patrimonial. Son patrimonios afectos a la realización de los fines de interés general establecidos por el fundador.

Pueden realizar actividades empresariales directamente, siempre que su objeto esté relacionado con los fines fundacionales (art. 24.1 LF), supuesto en que adquirirán la condición de empresarios. O a través de la participación en sociedades mercantiles (art. 24.3 LF). En cualquier caso, han de destinar el 70% de los ingresos netos que obtengan a la realización de los fines fundacionales (art. 27.1 LF). Si realizan directamente actividades empresariales deberán ajustar su contabilidad a lo establecido en el Código de comercio. En los demás casos. Las fundaciones de competencia estatal adoptaran el modelo de contabilidad previsto para las entidades no lucrativas (mismo RD que regula a las asociaciones de utilidad pública). Una modalidad destacada de fundación son las Cajas de Ahorro.

Las empresas públicas.

Las empresas públicas están mencionadas en nuestro ordenamiento en múltiples textos normativos de distinto rango y ámbito de aplicación con un contenido dispar.

Se trata de cualquier empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen.

Por lo demás, sus actividades y finalidad tampoco son homogéneas. Hay veces que desarrollan única y exclusivamente un servicio público. En otras ocasiones realizan actividades en atención a estrictos criterios de mercados.

Finalmente, su régimen jurídico, que difiere sustancialmente según la forma jurídica adoptada, combina la sujeción a normas de carácter público con la remisión a disposiciones de índole jurídico-privada.

4. Responsabilidad del empresario.

Consideraciones generales.

Como todo otro sujeto el empresario responde del cumplimiento de sus obligaciones legales, contractuales, cuasicontractuales o extracontractuales con todos sus bienes presentes y futuros. Esta máxima se aplica al empresario individual y al social.

Al respecto del primero conviene indicar que le está vetado constituir un patrimonio separado al que limitar la responsabilidad derivada del ejercicio de su actividad empresarial.

En cuanto a las sociedades, responden de sus obligaciones con la totalidad de su patrimonio.

Responsabilidad contractual.

Su responsabilidad contractual no ofrece rasgos peculiares de relevancia que separen su disciplina de la prevista en general en el Derecho Común.

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Responsabilidad extracontractual.

Hay que distinguir un régimen general y un régimen especial:

Régimen general.

En este régimen, el empresario está obligado a reparar los daños que cause por sus acciones u omisiones dolosas o culposas (art. 1902 CC), lo que, según el modelo común, obliga al tercer que reclame a acreditar la concurrencia de todos esos presupuestos, incluida la culpa del agente.

A pesar de ello existe una tendencia consolidada en la jurisprudencia que permite presumir la culpa. El empresario deberá acreditar que no actuó de forma negligente (teoría del riesgo quien genera el riesgo soporta la obligación de indemnizar).

En base a la obligación de indemnizar constituye por tanto, una especie de contrapartida del lucro obtenido con la actividad peligrosa.

Responsabilidad del productor.

El empresario está sometido a una responsabilidad adicional en caso de daños causados por defectos de los productos que, fabrique o importe (art. 135 TRLCU).

La responsabilidad alcanza al proveedor en dos hipótesis:

En primer término, cuando el productor no pueda ser identificado, será considerado como tal el proveedor del producto, a menos que indique al dañado o perjudicado la identidad del productor, o de quien le hubiera suministrado o facilitado a él dicho producto. Esta regla será de aplicación en el caso de un producto importado, si no indica el nombre del importador, aun cuando se indique el nombre del fabricante (art. 138.2 TRLCU).

Responde en segundo lugar cuando haya suministrado el producto defectuoso a sabiendas de la existencia del defecto; si bien podrá ejercitar la acción de repetición contra el productor (art. 146 TRLCU).

Si se trata de una responsabilidad objetiva, puesto que el perjudicado no tiene que probar la culpa del fabricante (art. 139 TRLCU). Pero no es absoluta.

En primer término porque este último puede exonerarse si acredita la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 140.1 TRLCU (entre ellas destacar la relativa a que el estado de la ciencia y la técnica existente en el sector industrial concreto, en el momento de la puesta en circulación del producto, no permita apreciar la existencia del defecto, salvo que se trate de medicamentos y productos destinados al consumo humano).

En segundo lugar, porque la responsabilidad es susceptible de ser reducida, o incluso suprimida, en función de las circunstancias del caso, si el daño causado fuera debido conjuntamente a un defecto del producto y a culpa del perjudicado, o de una persona de la que éste deba responder civilmente (art. 145 TRLCU).

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También es una responsabilidad limitada, tanto en lo relativo a los daños indemnizables, como a la cuantía de la indemnización (arts. 141 y 142 TRLCU).

Responsabilidad por actos de dependientes.

El empresario responde también por los daños causados por sus dependientes (con ocasión del desempeño de sus funciones), se considera dependiente cualquier persona en situación de subordinación jerárquica al empresario en sentido amplio, no estrictamente jurídico- laboral.

Se trata por consiguiente, de una responsabilidad propia por hecho ajeno cuyo fundamento se encuentra en la culpa in eligendo o in vigilando.

Es además, directa, no subsidiaria, de modo que el dañado puede dirigirse contra el empresario, contra el dependiente o contra ambos a la vez, en cuyo caso se aplica la regla de solidaridad.

El empresario no obstante, puede repetir contra el dependiente lo que hubiera satisfecho.

Es una responsabilidad por culpa que, no obstante, se presume, invirtiéndose por ello la carga de la prueba.

III. El consumidor. Derecho del Consumo y Derecho Mercantil.

Lo que caracteriza a la noción de consumidor es la ambigüedad, claro ejemplo de ello es como la legislación europea y la interna vienen muchas veces a contradecir los términos con los que definen la noción, acarreando con ello una gran dificultad a la hora de poder encontrar una noción univoca para la figura del consumidor. Esta ambigüedad se explica en gran medida porque la noción concreta de consumidor varía según el ámbito de protección que pretenda otorgársele en cada caso. Como consecuencia de ello el Derecho de Consumo no pasa de ser una concatenación de normas inconexas, y en el que, ni si quiera se ha podido armonizar el ámbito subjetivo de aplicación

En realidad la protección del consumidor no pasa de ser un principio general informador del ordenamiento jurídico, constitucionalmente garantizado, que comprende la protección de intereses de la más variada índole, extracción, grado y forma de tutela (salud, seguridad personal, intereses civiles del ciudadano, etc.).

Por su parte, las disposiciones legales son asimismo de lo más dispar. No solo porque convergen en la reglamentación normas de carácter público y privado, sino también porque, en este último ámbito, la lista de disposiciones que confluyen en la ordenación del fenómeno no es en modo alguno reducida (centrándonos únicamente en los intereses económicos propiedad industrial, competencia desleal, seguros, créditos, etc.). Esta breve exposición confirma sin asomo de duda que el pretendido Derecho del Consumo, más que un “derecho”, es una política social.

Esta reglamentación debe ser además uniforme para todo el Estado, no solo porque así lo exige el principio de unidad de mercado, sino, sobre todo por la naturaleza de las normas implicadas, que son de carácter mercantil.

Con fundamento en la llamada “doctrina de los actos mixtos”, incluso las disposiciones del Ccom, no están solo destinadas a regular la organización y el

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estatuto del empresario, sino que se aplican, mediante la derogación de las normas correspondientes del DC, también a los no comerciantes (ciudadanos actos de consumo “contratan”). Esta circunstancia constata el carácter mercantil de la disciplina ya que es evidente que la referencia a los contratos mercantiles solo tiene sentido si el contrato es mercantil, actuando el DC como supletorio en aplicación del sistema de fuentes previsto en el art. 50 Ccom.

Con ello, se vuelve a contrastar la constante evolución y adaptación del Derecho mercantil a las necesidades del tráfico, incluyendo en esta ocasión las llamadas normas de protección material del consumidor como parte débil del contrato.

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