Tema 2 Derechos Humanos , Apuntes de Derechos Humanos. Universidad de La Rioja
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eugyna15 de febrero de 2017

Tema 2 Derechos Humanos , Apuntes de Derechos Humanos. Universidad de La Rioja

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Apuntes Derechos Humanos Universidad Internacional de la Rioja
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CLASE 1

Los derechos fundamentales en la Constitución Española II Material básico

Ideas clave

2.1. ¿Cómo estudiar este tema?

2.2. Los derechos fundamentales en la Constitución

2.3. Caracterización tipológica de los derechos reconocidos en el

Título I

2.4. Los derechos fundamentales en la Constitución: clasificación y

desarrollo normativo

Legislación

Jurisprudencia

2

T E

M A

La Protección de los Derechos Humanos

Material básico

Ideas clave

2.1. ¿Cómo estudiar este tema?

En este tema vamos a estudiar la tipología de los derechos fundamentales en

nuestra Constitución. Para ello vamos a tratar de superar la consideración de los

derechos contenidos en el Título I CE como los únicos reconocidos en nuestro

Ordenamiento, después vamos a sintetizar los elementos que caracterizan cada uno

de los grupos esenciales en los que se agrupan los derechos mencionados en la

Constitución (principios rectores de la política social y económica, derechos

reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I y aquellos otros reconocidos

en la Sección 2ª del Capítulo II del Título I).

Esa clasificación no es meramente académica ni tiene un fundamento simplemente

sistematizador, sino que las distintas categorías tienen un sistema de

protección diferenciado. Por ello conviene tenerla muy presente.

Por último, vamos a analizar uno por uno todos los derechos fundamentales

recogidos en el Capítulo II del Título I. Obviamente, no es posible un estudio en

profundidad, dada las limitaciones de espacio, pero sí se citan los elementos

esenciales.

Este tema se ha desarrollado con el objetivo de que no sea imprescindible acudir a

fuentes externas para su estudio. Sin embargo, se ha añadido una bibliografía básica

de referencia por si el alumno quiere profundizar en la comprensión de alguno de los

derechos fundamentales o libertades básicas que aquí se estudian. Dicha bibliografía

está integrada por tres textos dedicados, respectivamente, al análisis de los derechos

en la Constitución Española, en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y en

el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

TEMA 2 – Material básico 2

La Protección de los Derechos Humanos

2.2. Los derechos fundamentales en la Constitución

A simple vista, se llega a la conclusión de que en nuestro texto constitucional, no

hay más derechos y libertades que los incluidos en el Título I, precisamente

denominado «De los derechos y libertades fundamentales». Sin embargo, esa

afirmación no es completamente exacta. Es cierto que el núcleo fundamental se

encuentra en ese Título I. Pero, como veremos seguidamente, ni todos los derechos

se encuentran en ese Título, ni todo el contenido del mismo se circunscribe a la

exposición de los distintos derechos y libertades reconocidos en nuestro

Ordenamiento y a la garantía de los mismos.

En primer lugar, la regulación del Título I no es exhaustiva, ya que algunos otros

preceptos de nuestra Constitución postulados parecen recoger, al menos a primera

vista, derechos atribuidos a los ciudadanos. Por ejemplo:

El artículo 105 CE prevé que todos los ciudadanos pueden acceder a los archivos y

registros públicos.

El artículo 68.1 garantiza el derecho de sufragio universal .

El artículo 125 autoriza el ejercicio de la acción popular.

Ya sabemos que esos derechos, como todo el texto constitucional, son susceptibles

de aplicación directa y además, el principio de garantía institucional que protege

todas las instituciones diseñadas en la Constitución frente a su supresión o

desnaturalización, alcanza también a los derechos que se alojan fuera del Título I.

Sin embargo, la diferencia de esos derechos con los que se consagran en dicho Título

I radica en la específica protección que otorga a estos últimos el artículo

53 CE. Sobre ello volveremos en temas posteriores. En resumen, el Título I recoge

todos los derechos que están sometidos a un régimen de garantías

específico, consignado en el artículo 53 CE.

Por otro lado, no todo el contenido del Título I recoge derechos y libertades; habría

que comenzar precisando que el listado que ofrece es bastante heterogéneo no solo

en cuanto a la importancia de cada uno de los derechos en sí, sino también en

cuanto al grado de protección que se ofrece a las distintas categorías.

TEMA 2 – Material básico 3

La Protección de los Derechos Humanos

A ello hay que añadir que en dicho Título nos encontramos también otro tipo de

material normativo: deberes de los ciudadanos, mecanismos de protección

institucional, postulados generales o plasmación de valores objetivos

como «elementos objetivos del orden constitucional». En otras palabras, el Título I

no recoge solo derechos y libertades.

2.3. Caracterización tipológica de los derechos reconocidos en el Título I

Como ya hemos apuntado, el listado de derechos y libertades contenido en el Título I

es heterogéneo. Se puede efectuar, una triple clasificación en cuanto al nivel de

protección que asigna el texto constitucional. Aplicando un criterio de menor a

mayor protección se llega al siguiente esquema:

Principios rectores de la

política social y económica

Derechos reconocidos en la

Sección 1ª del Capítulo II del

Título I

Derechos reconocidos en la

Sección 2º del Capítulo II del

Título I

Principios rectores de la política social y económica (Capítulo II, arts. 39 a 52):

o Su formulación tiene fuerza normativa —como todo el texto de la

Constitución—, en el sentido de que los principios pueden operar como canon

de constitucionalidad de las leyes, aunque es difícil llevarlo a la práctica ya que

estos principios rectores están recogidos de forma bastante genérica y

abstracta en muchos casos; aunque no siempre es así, por ejemplo los artículos

41, 39.2 CE están formulados de manera bastante concreta.

o Encarnan valores dignos de protección constitucional y directrices para el legislador que pueden operar, incluso, como título de legitimación

para limitar algún derecho fundamental.

o No pueden ser alegados directamente de manera subjetiva, sino «de

acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen» (artículo 53.3).

Ello significa dos cosas: en primer lugar, como afirmó la STC 19/1982 de 5 de

mayo, que no son normas sin contenido, sino que hay que tenerlos presentes

TEMA 2 – Material básico 4

La Protección de los Derechos Humanos

«en la interpretación tanto de las restantes normas constitucionales como de

las leyes» —ya hemos visto que, estrictamente, son canon de

constitucionalidad de las leyes—; en segundo lugar, que cada uno de los

principios recogidos en los artículos 39 a 52 CE puede tener distintos

desarrollos legislativos, expresión de diversas tendencias políticas, jurídicas o

sociales. Es decir, que no son de contenido unívoco.

o Informan «la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos». Aunque la aplicación inmediata de los principios rectores

es limitada, su poder de irradiación alcanza la actividad de los tres poderes del

Estado.

Derechos reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I:

o Vinculan a todos los poderes públicos (artículo 53.1 CE) tanto en sus relaciones con los ciudadanos como también en ejercicio de sus facultades de

autoorganización. Y esa vinculación no es a nivel de principios sino de manera

inmediata, sin necesidad de una norma concretizadora.

o Están sujetos al principio de reserva de ley. Esa ley respetará en todo caso su contenido esencial. Estudiaremos en el tema siguiente el alcance de

este principio, que se configura como una garantía normativa de los derechos

fundamentales.

o No es posible su regulación por decreto ley (STC 182/1997). o Se les aplica la reserva de ley orgánica (artículo 81 CE). Esta previsión

solo afecta a los derechos contenidos en la Sección Primera, y no a los

integrados en la Sección Segunda, según tiene declarada constante doctrina

del Tribunal Constitucional (STC 160/1987 y 127/1994, entre otras).

o Está vedada su regulación por delegación legislativa (artículo 82.1). o Son objeto de protección jurisdiccional reforzada mediante un

procedimiento preferente y sumario ante los tribunales del orden

jurisdiccional correspondiente.

o Su vulneración puede fundar un recurso de amparo (también la infracción de la igualdad ante la ley que proclama el artículo 14 CE y la

objeción de conciencia frente al servicio militar —artículo 30.2 CE—, que son

derechos que no están integrados en la Sección).

o La modificación ha de efectuarse por el procedimiento reforzado de revisión constitucional que se contempla en el artículo 168 CE.

TEMA 2 – Material básico 5

La Protección de los Derechos Humanos

Derechos reconocidos en la Sección 2º del Capítulo II del Título I: estos derechos comparten algunas características con los mencionados en la Sección

Primera:

o Vinculan a todos los poderes públicos (artículo 53.1 CE) tanto en sus relaciones con los ciudadanos como en el ejercicio de sus facultades de

autoorganización. Y esa vinculación no es a nivel de principios sino de manera

inmediata, sin necesidad de una norma concretizadora.

o Están sujetos al principio de reserva de ley, que en todo caso, respetará su contenido esencial.

o No es posible su regulación por decreto ley (STC 182/1997).

Sin embargo, carecen de un sistema jurisdiccional reforzado de protección (no son

tutelables ni por la vía del recurso preferente y sumario ni por el cauce del amparo

constitucional).

2.4. Los derechos fundamentales en la Constitución: clasificación y

desarrollo normativo

Ya hemos expuesto que no todos los derechos reconocidos en nuestra Constitución

se encuentran en el Título I. Sin embargo, solo los que están situados en dicho Título

se encuentran amparados por las técnicas de protección mencionadas en el

artículo 53. Por ello, nuestro estudio se va a centrar en ese conjunto normativo.

El artículo 10 CE actúa a modo de pórtico introductorio de todo el Título, afirmando

el carácter básico del individuo y de sus derechos para el orden político; se insiste así

en el valor objetivo de los derechos fundamentales, al que ya nos hemos referido.

Se contiene también en ese mismo precepto una referencia interpretativa de

todo el articulado de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos

Humanos y los tratados y acuerdos en la materia que hayan sido ratificados por

España; de este modo, nuestra Constitución se inserta en un marco normativo más

amplio que le sirve de complemento, pero sobre todo de parámetro exegético.

Esa exégesis no solo ha de tener en cuenta el texto positivizado de los tratados y

acuerdos, sino también su interpretación por los tribunales internacionales y

TEMA 2 – Material básico 6

La Protección de los Derechos Humanos

supranacionales (por ejemplo, la doctrina emanada del Tribunal Europeo de

Derechos Humanos).

El principio de igualdad

El artículo 14 actúa, a su vez como elemento

introductorio del Capítulo II que es, como

sabemos, aquel en el que se contienen los

derechos y libertades con un grado más

amplio de protección.

Nuestra Constitución se refiere al principio de igualdad en diversas ocasiones

(artículo 23.1, art. 49.1.1ª, etc.). Pero los emplazamientos clave son tres: el artículo

1.1, que considera la igualdad como un valor superior del ordenamiento

jurídico, el artículo 9.2que recoge el principio de igualdad desde una

perspectiva material y el artículo 14, que lo regula como un derecho

fundamental. Estos tres preceptos interactúan y hacen posible, por ejemplo,

determinadas diferencias de trato de carácter formal entre personas siempre que

tengan por objeto promover entre ellas una efectiva igualdad material.

A título de ejemplo, podemos citar la denominada en la jurisprudencia

norteamericana «affirmative action», que nuestro Tribunal Constitucional ha

configurado como casos de trato desigual desigualatorio, legitimándolos en nuestro

Ordenamiento Jurídico (STC 229/1992, de 14 de diciembre).

Así pues, lo que prohíbe el artículo 14, interpretado conjuntamente con el 1.1 y con el

9.2, es la discriminaciónpor cualquier tipo de circunstancia personal o

social, que carezca de justificación objetiva y razonable.

El principio de igualdad muestra un carácter bifronte muy acusado ya que se

comporta como un derecho subjetivo que puede ser invocado judicialmente y en

amparo ante el Tribunal Constitucional, y también como un parámetro que vincula

a:

A la Administración Pública tanto en el ejercicio de potestades discrecionales como en la aplicación de leyes y reglamentos.

TEMA 2 – Material básico 7

La Protección de los Derechos Humanos

Al Poder Judicial, que por aplicación del principio está obligado a motivar las decisiones que se aparten de las adoptadas en casos sustancialmente iguales.

Al Poder Legislativo que no puede ser arbitrario, como indica el artículo 9.3 CE, y tiene el mandato positivo de promover la igualdad en el sentido del artículo

9.2, todo ello en el marco del artículo 14 CE.

Centrándonos en la alegación en sede judicial de una posible vulneración del

derecho a la igualdad, los errores más frecuentes cometidos por los abogados son

tres:

La falta de concreción de un término de comparación: la mera alegación

de la vulneración del principio de igualdad no es nunca suficiente para obtener un

pronunciamiento estimatorio del Tribunal. Es necesario que quien alega el trato

desigual confronte el caso planteado con otro en el que, sobre hechos similares, se

haya adoptado una decisión administrativa o judicial distinta.

La consideración del derecho a la igualdad como un derecho absoluto: como ya hemos visto, en bastantes ocasiones se permite una solución distinta en

dos casos similares cuando en uno de ellos se pretende subvertir una previa

situación de hecho discriminatoria.

La alegación de la igualdad en la ilegalidad: en algunas ocasiones, los tribunales se encuentran con que un letrado alega, por ejemplo, que su cliente no

ha de ser sancionado por conducir a velocidad inadecuada porque todos los hacen

y si se castiga a uno, habría de castigarse a todos, so pena de infringir el principio

de igualdad. Es un típico argumento condenado al fracaso, porque no existe el

«derecho a la igualdad en la ilegalidad», como ha afirmado el TC repetidamente.

La falta de concreción de un término de comparación.

La consideración del derecho a la igualdad como un derecho absoluto.

La alegación de la igualdad en la ilegalidad.

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TEMA 2 – Material básico 8

La Protección de los Derechos Humanos

Los derechos individuales de la persona física

Derecho a la existencia: el artículo 15 garantiza el denominado «trípode vital»

que integra los derechos a la vida, a la integridad física y a la integridad moral.

Los estudiaremos, sucintamente, de manera diferenciada.

o El derecho a la vida:el derecho a la vida es de reciente incorporación a los textos declarativos de Derechos Humanos; solo después de la Segunda Guerra

Mundial se fue incorporando en su articulado.

En la actualidad, hay que tener en cuenta la interpretación que hace el

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otras, en la sentencia McCann

c. Reino Unido, de 27 de septiembre de 1997.

En ella se formulan dos importantes consideraciones: en primer lugar, que el

derecho a la vida no admite excepciones en tiempo de paz; segunda,

que el apartado segundo del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos

Humanos (que enumera varios supuestos en los que un Estado puede

legítimamente causar la muerte) debe ser interpretado en el sentido de que

enuncia situaciones en las que se puede emplear lícitamente la

violencia, que eventualmente puede desembocar en una muerte involuntaria,

pero no permite que el aparato estatal cause conscientemente la muerte a un

ciudadano.

A lo anterior hay que añadir que el Protocolo numero 13 prohíbe la pena de

muerte en toda circunstancia de tiempo y lugar y excluye la posibilidad de que

se introduzcan reservas o matizaciones al respecto.

o El aborto: para la adecuada comprensión de la problemática jurídica que plantea la admisión del aborto en nuestro Ordenamiento ha de estudiarse en

profundidad la STC 53/1985, que se pronunció sobre su despenalización

parcial en el Código Penal.

De esa compleja y a veces contradictoria sentencia podemos llegar a tres

conclusiones: la primera, que la vida humana en formación forma parte

del valor o bien jurídico protegido en el artículo 15; la segunda, que el

nasciturus merece desde la concepción la protección del Estado,

incluida la protección penal. Por último, en determinadas circunstancias

TEMA 2 – Material básico 9

La Protección de los Derechos Humanos

otros valores o bienes constitucionalmente protegidos pueden

prevalecer frente a la vida del nasciturus.

o La eutanasia: en este aspecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha manifestado una posición clara, limitándose a afirmar en su sentencia Haas

c. Suiza, de 20 de enero de 2010, que el artículo 8 del Convenio no

supone en modo alguna una obligación para el Estado de facilitar los

medios para lograr la muerte de quien ha manifestado su voluntad de finalizar

su vida.

En el plano nacional, conviene citar la sentencia dictada por el Tribunal

Constitucional 120/1990. En ella se contienen dos principios importantes: de

un lado, que el derecho a la vida no es un derecho «de libertad», de modo que

el artículo 15 CE no atribuye a los individuos la facultad de disponer sobre la

propia vida. Además, afirmó que la autodeterminación personal no es un

derecho fundamental, de forma que la eventual facultad de disposición sobre

la propia vida no podría fundarse nunca en esa autodeterminación.

o La integridad física y moral: en estos casos, el valor protegido no es la vida sino la inviolabilidad del ser humano. El derecho a la integridad física y moral

tiene una doble faceta: el derecho a no sufrir tortura ni tratos

inhumanos o degradantes y el derecho a no ser objeto de

intervenciones en la esfera física o psíquica sin haber prestado con

carácter previo el consentimiento.

En cuanto a la primera de dichas facetas, conviene precisar que la mención a la

tortura y a los tratos inhumanos y degradantes hace alusión a un mismo

fenómeno, si bien de manera graduada, dentro de un mismo orden de

violaciones de derechos (STEDH Irlanda c. Reino Unido, de 18 de enero de

1978). Así los tratos inhumanos serían aquellos que tratar de doblegar la

voluntad del individuo con un fin concreto, mientras que los degradantes están

caracterizados por la presencia de un componente de humillación.

Finalmente, en cuanto a la necesidad de consentimiento para la realización de

intervenciones, el problema fundamental se plantea cuando colisiona con la

investigación policial o la instrucción judicial de los delitos. En cualquier caso,

y más allá de los problemas concretos que plantea el supuesto, es importante

TEMA 2 – Material básico 10

La Protección de los Derechos Humanos

destacar que la doctrina constitucional afirma que en estos casos, rige el

principio de reserva de ley (STC 207/1996).

Derecho a la libertad personal y a la seguridad (artículo 17): este tipo de derechos se reconocen también en el artículo 5 del Convenio Europeo de

Derechos Humanos (en adelante, CEDH) y en el 6 de la Carta Europea de

Derechos Fundamentales (en adelante, CDFUE). Protegen la libertad de orientar

la propia acción y la libertad física, es decir, la libertad ambulatoria (STC

120/1990).

Como todos los derechos, su ejercicio está sometido a límites, si bien estos deben

estar sometidos a reserva de ley y además solo pueden operar cuando respondan

a una de las indicaciones o supuestos contenidos en esa ley (orgánica) y se

apliquen en la forma prevista en la misma ley orgánica (lo que plantea límites,

por ejemplo, a la detención preventiva; esos límites son temporales y materiales).

Existe una copiosa doctrina del TEDH al respecto. A título de ejemplo, pueden

citarse las sentencias de 30 de agosto de 1990, Fox, Campbell y Hartley c. Reino

Unido, y la dictada el 24 de marzo de 2005, Epple c. Alemania).

Derecho a la legalidad en materia penal o sancionadora: se reconoce el

principio de legalidad penal en el artículo 25 CE, así como en el artículo 7 del

Convenio Europeo de Derechos Humanos y en los artículos 49 y 50 de la CDFUE.

Y se completa, ontológicamente, con la prohibición de la prisión por deudas que

aparece en el artículo 1 del Protocolo número 4 del CEDH y de la prohibición de

ser juzgado o castigado dos veces por los mismos hechos (artículo 4 del Protocolo

número 7).

Elprincipio de legalidad tiene una triple manifestación:

Lex scripta Lex certa Lex previa

TEMA 2 – Material básico 11

La Protección de los Derechos Humanos

o Lex scripta: los delitos y las penas han de constar expresamente en una norma y esa norma ha de tenerrango de ley; ello no excluye la

colaboración del reglamento siempre que los elementos básicos de la

infracción y la pena se hallen en la ley (STC 104/2009). Sin embargo, no se

cumple la exigencia de lex scripta cuando la infracción está prevista en un

Tratado Internacional.

o Lex certa: impone la exigencia de que la norma penal sea taxativa y

previsible (STC 10/2012) no solo en el momento de su elaboración, sino

también en el momento de su aplicación judicial, lo que supone que el juez

puede, y debe, precisar una ley penal excesivamente indeterminada.

o Lex previa: necesidad de que la infracción esté contemplada en la norma en el momento de producción de los hechos. Se trata de la irretroactividad de la

ley penal, reconocida expresamente en el artículo 9.3 y defendible por la vía

del recurso de amparo ya que el TC ha considerado que la irretroactividad de

la ley penal es un principio ínsito en el artículo 25 CE, aunque no goza de esa

protección la retroactividad de la ley penal más favorable; en estos casos,

entiende el TC que en esos casos no se puede acudir el recurso de amparo (STC

75/2002).

Es importante aquí citar la interpretación del principio de irretroactividad de

la ley penal que efectúa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el

asunto Kessler y Krenz c. Alemania, dictada el 22 de marzo de 2001, en la que

se enjuiciaba la legalidad del juicio contra los responsables de matar a quienes

trataban de evadirse de la República Democrática Alemana cruzando el Muro

de Berlín.

También emana del principio de legalidad penal el principio non bis ídem,

que impide sancionar dos veces la misma conducta, ya sean ambas en la

vía penal o una en la vía penal y otra en la administrativa, aunque en este

segundo caso con los límites expuestos en la sentencia del Tribunal

Constitucional 2/2003 dimanantes a su vez de la posición asumida por el TEDH

en la sentencia dictada el 6 de junio de 2002 en la sentencia Saider c. Austria.

Derecho a la intimidad (artículo 18): el artículo 18 CE, garantiza tres derechos de la personalidad conectados con la intimidad personal; el derecho al

TEMA 2 – Material básico 12

La Protección de los Derechos Humanos

honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, la inviolabilidad

del domicilio y la inviolabilidad de las comunicaciones.

Encuentra su correlato en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos

Humanos, aunque este no incluye expresamente el derecho al honor ni el

derecho a la protección de datos. Sin embargo, el artículo 7 de la Carta de

Derechos Fundamentales de la Unión sí incluye entre los derechos a la vida

privada, el derecho a la protección de datos.

Estos derechos han sido desarrollados por la Ley Orgánica de Protección

Civil del Derecho al Honor, la Intimidad y la Propia Imagen, aunque su

regulación afecta a las relaciones horizontales entre ciudadanos, y no a la posible

afectación de los mismos por los poderes públicos.

o El derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen: la intimidad es el núcleo de la protección constitucional de los derechos

reconocidos en el artículo 18. Y se entiende como «un ámbito propio y

reservado» de las personas físicas. A la hora de delimitar qué es exactamente

la esfera privada de la persona, el Tribunal Constitucional ha solido acudir a

un criterio material, definible como aquella parte de la vida de una persona

que según el uso social en un momento determinado es considerado ajeno al

interés de los demás.

Se trata, por tanto, de un criterio objetivo, que no permite modulaciones en

función del carácter o de la profesión de la persona afectada. Así por ejemplo,

la STC 143/1999. Sin embargo, en otras ocasiones, ha usado un parámetro

meramente formal, de acuerdo con el cual, lo privado es lo que cada persona

decida excluir del conocimiento ajeno (STC 115/2000).

En cualquier caso, y más allá de formulaciones teóricas, están incluidos dentro

del concepto de intimidad aspectos tales como la «intimidad corporal»

(STC 218/2009 y sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en

cuanto a las informaciones relativas a la salud y a las cuestiones sanitarias de

una persona), las preferencias y conductas sexuales (STC 136/2001), la

vida familiar, la morada como lugar en el que se desarrolla la vida

privada frente a actuaciones externas que la hacen imposible (STC

119/2001, siguiendo la línea iniciada por la sentencia del Tribunal Europeo DE

TEMA 2 – Material básico 13

La Protección de los Derechos Humanos

Derechos Humanos en el asunto López Ostra c. España, de 9 de diciembre de

1994). No están incluidos otro tipo de datos, como los patrimoniales (STC

76/1990), por lo que las limitaciones de acceso a dichos datos, de existir, no

podrán ampararse en este derecho, sino en otro de rango meramente legal y no

constitucional (por ejemplo, el derecho a que no se revelen los datos fiscales de

un individuo).

Por su parte, el derecho a la propia imagen se ha solido configurar, en las

escasas sentencias del TC que se han ocupado del tema, como una mera

manifestación del derecho a la intimidad, identificándose con la vertiente

corporal o física de la faceta reservada de las personas.

No obstante, la doctrina constitucional referente a este derecho ha

evolucionado últimamente: ha dejado de considerarlo un derecho vicario del

más genérico derecho a la intimidad para conceptuarlo como un derecho

autónomo, de forma que su objeto no es ya proteger un ámbito privado, sino

prevenir la mera reproducción y utilización de una imagen personal sin el

consentimiento del titular de la misma, aunque haya sido tomada en público.

No obstante, no será preciso el consentimiento cuando concurra un interés

público en la exhibición o reproducción de la imagen. Esta línea de

autonomización del derecho a la propia imagen no ha sido seguida por el

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sigue considerando que para

que se produzca una infracción de este derecho es preciso que se vulnere

simultáneamente el derecho a la intimidad.

o El derecho al honor: en el ámbito europeo, no existe un derecho autónomo al honor, salvo en el Protocolo Internacional de

Derechos y Libertades Políticas, en el que se prohíben los «ataques

ilegales a la honra y reputación», lo que obliga a cuestionarse en qué ocasiones

tales ataques pueden ser legales. En el CEDH, las únicas referencias en el

CEDH a la «reputación» se insertan en el marco de los límites a la libertad de

expresión.

Nuestro Tribunal Constitucional ha identificado el honor con el

aprecio social, la fama o la reputación exterior de una persona, de

forma que su titular tendría derecho a que una o varias personas no interfieran

TEMA 2 – Material básico 14

La Protección de los Derechos Humanos

negativamente en la opinión que globalmente se tenga de él, teniendo en

cuenta las «pautas sociales generalmente aceptadas» en cada momento

histórico (STC 49/2001).

o La inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones: se trata de dos derechos

formalmente diferentes, pero que tienen determinados

elementos comunes. Así, de un lado, se configuran como

garantías formales de intangibilidad de áreas excluidas

del conocimiento ajeno (el domicilio y las

comunicaciones).

Lo que se prohíbe con ellos es el mero acceso a esas zonas reservadas, al

contrario de lo que sucede con el derecho a la intimidad, que veda la intrusión

en determinados elementos materiales de la vida de su titular.

Estos derechos solo pueden ser excepcionados mediante una resolución

judicial, que únicamente podrá dictarse cuando la interceptación de las

comunicaciones o la entrada en domicilio esté expresamente prevista en una

norma legal. Así lo entiende el TEDH en su sentencia Valenzuela Contreras c.

España, de 30 de julio de 1998. Además, ha de existir la adecuada

proporcionalidad entre la injerencia y el objetivo pretendido.

El concepto constitucional de domicilio se identifica con el espacio en el que

se desarrolla la vida privada de una persona (STC 94/1999), de forma

que no coincide con el concepto penal (morada habitual), ni con el civil

(domicilio) ni con el administrativo-fiscal (residencia habitual).

En cuanto al secreto de las comunicaciones, es preciso indicar en primer lugar

que las comunicaciones verbales inmediatas, es decir, sin que

intervenga un medio técnico (ya sea telefónico, telemático, postal, etc.), no

están incluidas en el ámbito de aplicación del precepto.

Por otro lado, conviene añadir que lo que se protege no es solo el medio

empleado y el mensaje transmitido, sino todos los aspectos

circunstanciales de la comunicación (lugar, duración, tiempo en el que

TEMA 2 – Material básico 15

La Protección de los Derechos Humanos

se realiza y también, desde la sentencia 230/2007, la identidad de los

comunicantes).

El derecho a la libertad de residencia y circulación: pertenecen al campo de la libertad personal, aunque en ellos el bien jurídico protegido no es la

libertad ambulatoria, sino la posibilidad de fijar por uno mismo el lugar donde

estar de manera transitoria o permanente (STC 28/1999). Están proclamados en

el artículo 19 CE, y también en el artículo 2 del Protocolo número 4 del Convenio

Europeo de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de circulación y, en

cuanto se refiere al ámbito de la Unión Europea, en el artículo 21 CDFUE

La libertad de residencia puede limitarse, según la doctrina del Tribunal

Constitucional, en función del cumplimiento de obligaciones generales impuestas

por la legislación penal o civil. Así, es lícita la privación del uso de

inmuebles por incumplimiento de determinadas cargas (STC 85/1989) y

el desalojo por expropiación (STC 160/1991).

En cuanto a la libertad de circulación, el tema se plantea básicamente en

relación con los extranjeros, que son titulares del derecho «en los términos

que establezcan los tratados internacionales y la ley» (STC 169/2001), lo que

supone la posibilidad de imponer restricciones específicas, distintas de las que

operan para los españoles. Con respecto a los propios nacionales, sin embargo, el

artículo 3 del Protocolo mencionado impide que el Estado los expulse y les

prohíba la entrada. En este sentido, la denegación injustificada de

pasaporte constituye una vulneración del derecho, según ha expuesto el

TEDH en su sentencia de 10 de febrero de 2011, Soltysyak c. Rusia.

En cuanto a los extranjeros, el artículo 4 del Protocolo impide las

expulsiones colectivas y el artículo 1 garantiza su derecho a ser oídos en

los procedimientos de expulsión. Sin embargo, el derecho de los extranjeros

a fijar su residencia en un país extranjero se regula de acuerdo con las normas

internas aunque, como se ha dicho, existan limitaciones para la expulsión, entre

las que figuran, además, de las mencionadas, la que se derivan de la aplicación de

toros derechos, tales como el derecho a la vida privada y familiar (artículo 8

CEDH). Para un análisis en profundidad de estas limitaciones, ha de consultarse

la STEDH Üner c. Holanda, de 18 de octubre de 2006.

TEMA 2 – Material básico 16

La Protección de los Derechos Humanos

Libertades de contenido intelectual

El derecho a la libertad religiosa, ideológica y

de culto (art. 16): estos derechos están reconocidos,

además de en el artículo 16 CE, en el artículo 9 CEDH

y en el CDFUE. Fue objeto de desarrollo legislativo

mediante la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 5

de julio de 1980.

Presenta dos facetas: una positiva, consistente en la posibilidad de tener y

manifestar las creencias propias y otra, negativa, que se ciñe a no verse obligado

a declarar sobre tales creencias. Entronca también con el principio de neutralidad

religiosa del Estado que, de un lado, se manifiesta en su aconfesionalidad, y de

otro, se concibe de forma que permite entablar relaciones de cooperación (el

término es importante), con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

El aspecto positivo del derecho tiene dos manifestaciones: una interna, que

permite tener o dejar de tener ideas y creencias sin ser sancionado o discriminado

por ello, y que es un aspecto que no admite limitaciones estatales (STDH 12 de

abril de 2007, sentencia Ivanova c. Bulgaria) y otra externa, que se identifica

con la posibilidad de manifestar públicamente esas creencias (o falta de ellas)

incluso difundiéndolas o haciendo proselitismo. Una concreción de este aspecto

externo es el relativo a la denominada libertad de culto,que permite

ejecutar prácticas religiosas en público.

Es importante matizar que en este aspecto concreto, la Constitución de 1978 no

ha seguido el modelo de la de 1931, que relegaba el fenómeno religioso al ámbito

estrictamente privado. Dicho esto, las manifestaciones externas de culto sí

pueden ser limitadas; el propio artículo 16 lo reconoce, aunque circunscribiendo

esa limitación a la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido

por la ley, que solo excepcionalmente puede tener un carácter preventivo (STC

46/2001). De esta forma, la razón de orden público que permite limitar las

manifestaciones externas de culto ha de estar prevista por la ley (en este sentido

también, la STEDH de 27 de abril de 2000, Tadek c. Francia).

En cualquier caso, el tema de la libertad religiosa o ideológica tiene muchas

aristas; quedan cuestiones sin resolver con criterios claros, entre ellas, la

TEMA 2 – Material básico 17

La Protección de los Derechos Humanos

prohibición del velo islámico en lugares públicos (vid. a este respecto, la STEDH

de 29 de junio de 2004, Leyla Samic c. Turquía, que amparó la prohibición del

velo en recintos universitarios), y la manifestación externa de expresiones

ofensivas para la mayoría de la población (STEDH de 20 de septiembre de 1994,

Otto Preminger Institut c. Austria).

Libertad de expresión e información:el artículo 20.1 CE contiene un amplio elenco de derechos, subsumibles en las libertades de expresión e

información: el derecho a expresar libremente los pensamientos, ideas y

opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción;

el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; la

libertad de cátedra y el derecho a comunicar y recibir libremente información

veraz para cualquier medio de comunicación.

Los artículos 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el 11 de la Carta

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea recogen también estos

derechos.

El bien jurídico protegido por la libertad de expresión y de

información es la existencia de una opinión pública, requisito para el

adecuado funcionamiento de la democracia, según afirma la doctrina

constitucional reiteradamente (entre otras, las SSTC 6/1981, 85/1992). Es

importante en la comprensión de estos derechos deslindar entre la «expresión»,

que es identificable con la opinión, y por tanto, no ha de ser necesariamente

veraz, y la «información», es decir la noticia, que sí lo ha de ser (artículo 20.1.d).

Ahora bien, este requisito de veracidad ha sido flexibilizado por la doctrina

constitucional, que ha venido considerando que se cumple cuando el informador

ha acudido a fuentes fiables y, en su caso, contrastadas. También lo ha entendido

así el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia Whit c. Suecia, de

19 de septiembre de 2006.

Por último, es conveniente indicar que la libertad de información no solo se

refiere a la posibilidad de emitir noticias, sino también de recibirlas.

Derecho a la educación: el derecho a la educación está recogido en el artículo 27 CE, y también en el artículo 2 del Protocolo Adicional del

TEMA 2 – Material básico 18

La Protección de los Derechos Humanos

Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el 14 de la Carta de

Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La CE contiene un amplio conjunto de previsiones en relación con el derecho a la

educación, que van desde su formulación lapidaria en el apartado 1 del artículo

27 («todos tienen derecho a la educación») hasta la determinación de los rasgos

esenciales de dicho derecho, que queda así constitucionalizado en gran parte de

su configuración. Así, el apartado2 concentra los bienes jurídicos que

protege el derecho a la educación: «el pleno desarrollo de la personalidad

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los

derechos y libertades fundamentales».

El derecho a la enseñanza, por su parte, tiene

una doble manifestación: privada, de un lado,

pues se trata de una actividad libre (se

reconoce la libertad de enseñanza y también la

libertad de creación de centros docentes privados), y

de otra, pública ya que se trata de una tarea del Estado, dado que el

artículo 27 prevé la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica y otros

aspectos colaterales como la programación del sistema educativo.

Por otro lado, se impone al Estado un deber de neutralidad ideológica que no solo

deriva del artículo 16 CE, sino también del apartado 3 del artículo 27, que obliga a

los poderes públicos a «garantizar el derecho de los padres para que sus hijos

reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias

convicciones». Noobstante, la neutralidad ideológica del Estado está

limitada por lo dispuesto en el artículo 27.2, al que ya nos hemos referido.

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la

presencia de un crucifijo en el aula no es contraria al derecho a la libertad

religiosa (sentencia Lautsi y otros c. Italia, de 18 de marzo de 2011), ni tampoco la

vulnera la existencia de una asignatura obligatoria de religión, siempre que se

permita eximirse de la misma a quien no la comparta (Sentencia Folguero y otros

c. Noruega, de 29 de junio de 2007).

TEMA 2 – Material básico 19

La Protección de los Derechos Humanos

Libertades colectivas

Libertad de reunión y manifestación: el derecho de reunión y

manifestación se reconoce en el artículo 21 CE y también en el artículo 11 del

Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el 12 de la Carta Europea

de Derechos Fundamentales. En nuestro país ha sido desarrollado por la Ley

Orgánica reguladora del Derecho de Reunión de 15 de Julio de 1983.

Se trata de un derecho con un contenido único, y la diferencia entre la reunión y

la manifestación se debe a que en el primer caso, se ejerce en un lugar fijo,

mientras que en el segundo se discurre a lo largo de un itinerario.

Los elementos esenciales del derecho son dos: de un lado, una concurrencia

concertada de personas y de otro, una finalidad externa, que debe estar

conectada con la libre circulación de ideas.

Ambos elementos son necesarios, ya que el Tribunal Constitucional mantiene una

concepción limitada de los fines de reuniones y manifestaciones (STC 85/2004) y

entiende que la mera concentración de un grupo humano no constituye una

manifestación del derecho de reunión (por ejemplo, un partido de fútbol o un

concierto de música). Por eso es posible limitar o condicionar este último tipo de

concentraciones, por ejemplo exigiendo autorización previa; sin embargo, ello no

es posible cuando se ejerce el derecho de reunión y manifestación (art. 21 CE).

Estos podrán ser limitados solo en los casos previstos en el texto constitucional, y

además se podrán disolver las reuniones y manifestaciones cuando sean ilícitas

según las leyes penales, cuando se produzcan alteraciones del orden público y

cuando los asistentes vistan uniformes militares (artículo 5 de la Ley Orgánica

Reguladora del Derecho de Reunión), siempre desde luego, con respeto al

principio de proporcionalidad, tal y como enfatiza la doctrina del Tribunal

Europeo de Derechos Humanos (asuntos Ezelin c. Francia de 26 de abril de 1991),

que ya había puesto de manifiesto por nuestro Tribunal Constitucional (sentencia

59/1990).

Ley recientemente aprobada Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección

de la seguridad ciudadana, sanciona conductas que, sin ser constitutivas de

delito, atentan gravemente contra la seguridad ciudadana, como son las

TEMA 2 – Material básico 20

La Protección de los Derechos Humanos

reuniones o manifestaciones prohibidas en lugares que tengan la condición de

infraestructuras e instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la

comunidad y los actos de intrusión en estas. Se sancionan igualmente conductas

que representan un ejercicio extralimitado del derecho de reunión y

manifestación, así como la perturbación del ejercicio del mismo.

Derecho de Asociación: está reconocido en el artículo 22 CE, y regulado por la Ley Orgánica 1/2002, de 23 de marzo. Esta también reconocido en

el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y en el artículo 12 de

la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

Las asociaciones se pueden constituir para la consecución de cualquier fin

legítimo y en ello se diferencian de los casos de ejercicio de los derechos de

reunión y manifestación. Solo se prohíben asociaciones secretas o de carácter

paramilitar, y se consideran ilegales las que persigan fines o utilicen medios

tipificados como delitos. Los requisitos exigidos por la doctrina del Tribunal

Europeo de Derechos Humanos son dos: su naturaleza voluntaria (de forma

que la asociación forzosa o impuesta desde el Estado o desde cualquier otra

instancia no constituye propiamente una asociación) y la prosecución de un

fin común a todos sus miembros (sentencia Young, James y Webster c.

Reino Unido, de 13 de agosto de 1981).

Por último hay que hacer alusión a las dos facetas que integran el derecho

de asociacion, de acuerdo con la concepción doctrinal y jurisprudencial

dominante. En primer lugar, la faceta positiva, concebida como la libertad

de crear asociaciones y de integrarse en las ya existentes.

La vertiente negativa del derecho consiste en que nadie puede ser obligado a

afiliarse a ninguna asociación; esta segunda faceta no puede ser considerada en

términos absolutos pues, en determinadas condiciones, puede resultar

obligatorio, por ejemplo, inscribirse en un colegio profesional para ejercer

determinada actividad, lo que se justifica con fundamento en que dichas

corporaciones ejercen funciones públicas (STC

194/1998).

Derecho de participación política: los ciudadanos tienen derecho a participar en los

TEMA 2 – Material básico 21

La Protección de los Derechos Humanos

asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente

elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal; de igual manera, tienen

derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos,

con los requisitos establecidos.

El artículo 23 CE reconoce y protege ambas manifestaciones del

derecho de participación. Se trata de derechos de configuración legal, es

decir, su efectividad exige un desarrollo legislativo, lo que supone que el

contenido estricto del artículo 23 es el canon de constitucionalidad de las leyes,

pero para determinar si en un caso concreto un particular ha sufrido una

vulneración del derecho reconocido en dicho precepto, habrá que acudir al

análisis de las normas de desarrollo del citado artículo 23.

El Protocolo Adicional del Convenio Europeo de Derechos Humanos en su

artículo 3 también reconoce los derechos políticos, aunque

limitadamente, pues solo ampara el derecho de sufragio activo y pasivo, y no

el derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas. En

sentido similar, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea solo

acoge el derecho de elegir y ser elegido, y exclusivamente en relación a las

elecciones europeas y a las municipales.

Sin embargo, como hemos visto, en nuestra Constitución se garantiza el

derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos

públicos aunque no tengan carácter representativo. Como ha afirmado el

Tribunal Constitucional ello incluye tanto el acceso a la función considerado en sí

mismo, como la permanencia en ella (STC 209/1993). Se trata de un derecho que

solo se puede predicar de los cargos de naturaleza funcionarial y no a los de

índole laboral, es decir, regidos por el derecho laboral (STC 281/1993).

El derecho a la tutela judicial efectiva: se trata de la norma de cierre de todo el sistema, puesto a que a través del reconocimiento de ese derecho se

garantizan los medios para que los ciudadanos hagan efectivas las garantías

constitucionales y los derechos infraconstitucionales.

La doctrina del Tribunal Constitucional ha enriquecido muchísimo el contenido

del artículo 24 CE, que hoy no puede ser aplicado sin tener en cuenta esa copiosa

TEMA 2 – Material básico 22

La Protección de los Derechos Humanos

doctrina que, en gran medida, ha elevado el rango de determinados aspectos

procesales.

En líneas generales, los derechos reconocidos en este precepto pueden desglosarse

en varios aspectos diferenciados:

Derecho de acceso a los tribunales.

Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

Las garantías del proceso.

o Derecho de acceso a los tribunales, reconocido en el primer apartado del artículo. Equivale a la posibilidad de plantear ante los órganos juridiccionales

derechos e incluso meros intereses legítimos que no lleguen a constituir un

derecho como tal. Exige también una interpretación de las leyes procesales de

la manera más favorable a la incoación de un proceso judicial (principio pro

actione), aunque el legislador puede imponer determinadas condiciones a

quien quiera llevar su pretensión ante un juez (pago de una tasa, agotamiento

de recursos administrativos, obligación de ser representado procesalmente por

procurador, etc).

Asimismo, son manifestaciones típicas del derecho de acceso a los tribunales

las siguientes: a) el derecho a no sufrir indefensión, de decir, a que no se prive

injustificadamente al litigante de los medios de defensa legítimos (STC

143/2001); b) el derecho a obtener una resolución motivada y congruente (que

responda a lo pedido en el pleito) sobre la solicitud formulada al juez o

tribunal; c) el derecho a utilizar los recursos previstos en el Ordenamiento; y

finalmente, d) el derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales y a la

ejecución de las mismas.

o Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, que exige, de un lado, que este delimitada normativamente la competencia de cada orden

jurisdiccional y, dentro de él, del órgano concreto al que corresponde el

enjuiciamiento de un determinado asunto; además, deben fijarse con claridad

los criterios de designación de los integrantes de cada órgano jurisdiccional, de

manera objetiva y precisa (STC 148/1987).

TEMA 2 – Material básico 23

La Protección de los Derechos Humanos

o Las garantías del proceso; en la terminología anglosajona se trata del conjunto de aspectos que integran el «due process of law», y en la redacción de

la Carta Europea de Derechos Fundamentales, el derecho a un proceso

equitativo (artículo 6), entre esas garantías se encuentran el derecho a la

imparcialidad del juez (STC 39/2004), en su doble manifestación subjetiva

(STC 55/2007 y STEDH Pescador Valero c. España, de 17 de junio de 2003) y

objetiva (STC 162/1999), el derecho a la publicidad del proceso, que dimana

no solo del artículo 24.2 CE, sino, en el plano organizativo, del 120.1 CE; el

derecho a la asistencia letrada , que corresponde también a quienes se hallan

en rebeldía (STEDH de 16 de mayo de 2002, asunto Krombach c. Francia). De

este derecho dimana la exigencia de un sistema de asistencia jurídica gratuita

en caso de insuficiencia de medios.

Entre las garantías del proceso se encuentra también el derecho a un proceso

sin dilaciones indebidas, entendiendo por tales, no el mero incumplimiento de

un plazo procesal, sino la demora injustificada, que se aprecia de acuerdo con

tres parámetros: la complejidad objetiva del asunto, la actitud de las partes en

el proceso y la diligencia mostrada por el juzgador. Finalmente, es una

garantía del proceso el derecho a utilizar todos los medios de prueba

pertinentes para la defensa. Es pertinente toda prueba cuya denegación

produce materialmente indefensión (STC 37/2000), lo que no sucede cuando

la prueba inadmitida no influiría en el resultado final del proceso.

o El derecho de sindicación: el artículo 28 de la CE reconoce, junto al derecho de huelga, el derecho general a sindicarse libremente, y concreta que

la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o

Institutos Armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y

regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. El

derecho está desarrollado por la ley Orgánica de Libertad Sindical de 2 de

agosto de 1985. El Convenio Europeo de Derechos del Hombre no reconoce la

libertad sindical como derecho expreso, aunque sí lo hace la Carta de Derechos

Fundamentales de la Unión Europea, si bien como una modalidad del derecho

de asociación (artículo 12).

De acuerdo con nuestra doctrina constitucional, la libertad sindical tiene una

triple manifestación: en primer lugar, ampara tanto la posibilidad de

sindicarse como de no hacerlo; en segundo lugar, implica una garantía de

indemnidad, en el sentido de que la actividad sindical o la mera pertenencia al

TEMA 2 – Material básico 24

La Protección de los Derechos Humanos

sindicato, no ha de acarrear ningún tipo de consecuencia negativa. En sentido

contrario, vulnera la libertad sindical incentivar, por ejemplo mediante primas

económicas, la afiliación a un sindicato; por último, la libertad sindical implica

la legitimación de los sindicatos en los procesos en los que se ventilen intereses

colectivos de los trabajadores.

o El derecho de huelga: en realidad, el derecho de huelga es un derecho individual de ejercicio colectivo, que se reconoce en el artículo 28 CE y en el

artículo 28 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sin

embargo, no está recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Está desarrollado en el preconstitucional Real Decreto Ley de 14 de marzo de

1977, interpretado por la STC 11/1981.

o El derecho de petición: el artículo 29 CE reconoce el derecho de todos los españoles al derecho de petición individual y colectiva, por escrito en la forma

y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las Fuerzas Armadas o

Institutos Armados o de Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer

este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación

específica. Está desarrollado en la Ley Orgánica 4/2001, que lo conecta con el

derecho a la participación política y se reconoce también en el artículo 44 de la

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Su ámbito de aplicación se circunscribe a los escritos dirigidos a las

Administraciones Públicas, puesto que no cabe peticionar nada a los tribunales

de Justicia y el derecho de petición a las Cortes Generales y a los Parlamentos

autonómicos se regula por los respectivos reglamentos parlamentarios, que

dan respuesta a la previsión contenida en el artículo 77.1 CE, que indica que:

«las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, por escrito,

quedando prohibida la presentación de directa por manifestaciones

ciudadanas».

El contenido concreto del derecho de petición se limita a la obtención de una

respuesta, pero no a consecución de lo peticionado. Ello resulta lógico porque

la razón de ser del derecho es pedir cosas a las que no se tiene derecho, pues de

tenerlo, se podría acudir a la vía ordinaria de la reclamación o el recurso

administrativo o contencioso.

TEMA 2 – Material básico 25

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