TEMA 5, Ejercicios de Historia de España. Universidad Complutense de Madrid (UCM)
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TEMA 5, Ejercicios de Historia de España. Universidad Complutense de Madrid (UCM)

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Asignatura: Historia Política y Social de España e Hispanoamérica, Profesor: maria teresa nava, Carrera: Español: Lengua y Literatura, Universidad: UCM
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TEMA 5 – LA ESPAÑA BORBÓNICA DEL SIGLO XVIII

1. INTRODUCCIÓN: ESPAÑA A COMIENZOS DEL SIGLO XVIII

La llegada de los Borbones al poder fue en el año 1700. Viene con una gran carga dinástica y

política, pero además es una fecha que marca el inicio de un cambio ideológico progresivo de una

nueva forma de entender el mundo: la Ilustración. Desde el punto de vista político se pondrán en

marcha reformas con el objetivo de modernizar España: costumbres, religión, educación, romper con

el inmovilismo social, convertir a España en una gran potencia de nuevo.

1.1. RECUPERACIÓN DEMOGRÁFICA

A pesar de las pérdidas demográficas por la guerra de finales del siglo XVII, la población

española va a crecer a un buen ritmo durante todo el siglo XVIII. La razón es la superación de

factores negativos (epidemias, mejoras en la higiene, crisis de subsistencia). El crecimiento llevó a la

desaparición del Antiguo Régimen. El reparto de la población cada vez va a poner en evidencia una

tendencia: el crecimiento de la periferia frente al crecimiento menor del centro de la península.

1.2. ECONOMÍA

En el siglo XVIII los gobiernos pondrán mucho empeño en reformar la hacienda y crearán

leyes que tratarán de mejorar el comercio americano. Los efectos positivos provocaron la mejora de

la situación financiera. Se notarán especialmente a partir de los 60. En el sector comercial, se aprobará el reglamento de libre comercio por el cual se permitirá que los principales puestos

españoles negocien directamente con América. También se aprobarán medidas para favorecer la

producción industrial y fomentarla, medidas de liberalización. En el sector financiero, se creará el

banco de san Carlos, que se convertirá posteriormente en el banco estatal.

1.3. LA GUERRA DE SUCESIÓN

No todas las potencias europeas reconocen la validez de la designación de Felipe V como

nuevo rey español y a ello se suma la actitud arrogante de Luis XIV para injerir en la política

española. Varias potencias (Inglaterra, Holanda, Portugal, Saboya, y el imperio austríaco) firman un

pacto con la intención de derribar al nuevo rey y de intromisar al archiduque Carlos de Austria. Por

lo tanto, ya hay dos candidatos al trono español. La guerra de sucesión se inicia en 1701 y finaliza en

el sistema de paces de Utrech-Rastadt en 1713 – 1714.

Uno de los rasgos más significativos de este conflicto bélico es que Inglaterra se convierte en

la gran potencia naval en Europa y la superioridad su la flota fue prácticamente absoluta. Esta lucha

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se complicó con la insurrección de catalanes y aragoneses, que apoyaban a Carlos de Austria gracias

a su promesa de mantener los privilegios supuestamente amenazados para estos territorios (conflicto

internacional y también interno). El ejército del Archiduque desembarca en Barcelona y de ahí pone

rumbo a Madrid. Después de esta llegada a Madrid y una estancia relativamente corta, el ejército de

Felipe V logra expulsarlos de la capital y se inicia una fase en que las victorias son de la alianza

hispano-francesa (Ej.: Batalla de Brihuega y Villaviciosa – en 1710 ambas –). La Guerra ha

cambiado de signo, es una contraofensiva franco-española que hace que se retiren de la capital las

tropas austracistas. Recuperan Aragón, Valencia y Cataluña. En 1711 cambia la dinámica bélica y

política y debido a que el archiduque Carlos de Austria se convierte en emperador. El resto de

potencias ya no están tan claramente a favor del candidato austriaco y finalmente en 1713 se suscribe

por parte de buena parte de las potencias participantes en el conflicto el Tratado de Utrech, que

termina de conjugarse con los pactos finales en Rastadt en 1714. Este pacto reconoce a Felipe V

como rey de España a cambio de su renuncia a todo derecho a la corona francesa y a ser rey de los

Países Bajos, del Milanesado, de Nápoles, Cerdeña y Sicilia (esta última se cede al Duque de

Saboya). España renunciaba por tanto a sus territorios ultra pirenaicos. Inglaterra conserva Gibraltar

y Menorca, que eran dos plazas que la flota británica había ocupado durante la Guerra de Sucesión;

Inglaterra adquiere una serie de derechos de carácter económico (asiento de negros…) que España le reconoce en el ámbito colonial.

2. FELIPE V (1701 – 1746): EL ADVENIMIENTO DE LOS BORBONES

2.1. CENTRALIZACIÓN Y REFORMA

Aunque se ha discutido si Felipe V, sucesor testamentario de Carlos II, albergó o no desde el

principio de su reinado el deseo de extirpar de raíz el sistema pactista de gobierno de los Habsburgo,

fue la guerra de Sucesión y, más en concreto, la adhesión mayoritaria de los reinos de la Corona de

Aragón a la causa austracista, lo que dio lugar a la posibilidad de remodelar por completo el

ordenamiento político de dichos reinos. Así, en el preámbulo del real decreto de 29 de junio de 1707

por el que, después de la victoria borbónica en Almansa, quedaron abolidos los fueros de Aragón y

Valencia, el monarca justificaba la medida aduciendo el delito de rebelión cometido al faltar al

juramento de fidelidad al rey; el derecho de conquista que cabía al ejército vencedor; el dominio

absoluto del soberano; y, por fin, la voluntad de reducir sus reinos a la uniformidad de las leyes de

Castilla.

A pesar de la rotundidad con que se proclamaba la derogación de los fueros, la sustitución del

régimen foral por la nueva planta de gobierno se hizo de manera contradictoria. En ambos reinos (y,

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en menor medida, también en Cataluña y Mallorca, donde el absolutismo se implantó con idéntica

firmeza, pero con menor precipitación) los primeros años se caracterizaron por la provisionalidad de

las reformas, por los desajustes entre las soluciones propuestas y los problemas reales y por las

continuas disputas que se prolongarían durante mucho tiempo- entre la nueva burocracia y la

autoridad militar, extraordinariamente fortalecida después de la contienda.

En el ámbito territorial, la intendencia fue la pieza clave del nuevo entramado institucional,

así como el mejor símbolo de la tendencia centralizadora de la monarquía borbónica. La función

principal-que no única- de los intendentes fue la reordenación fiscal y financiera de los reinos de la

Corona de Aragón. Si bien se pensó introducir allí los mismos impuestos que en Castilla, pronto se

puso en evidencia que trasplantar a estos reinos un sistema que durante siglos se había mostrado

ineficaz no era la mejor de las soluciones posibles, por lo que terminó arbitrándose su sustitución por

un impuesto considerado equivalente a las rentas provinciales de Castilla, que en cada reino tomó

nombres diferentes: equivalente en Valencia, contribución única en Aragón, catastro en Cataluña y

talla en Mallorca.

2.2. DECRETOS DE NUEVA PLANTA

La Nueva Planta también afectó gravemente al régimen local. El método insaculatorio de

provisión de cargos existente en las ciudades principales de la Corona de Aragón fue reemplazado por el sistema de designación real de regidores vitalicios. En consecuencia, las antiguas oligarquías

locales, que hasta entonces habían disfrutado de un cierto grado de autonomía, tuvieron que capitular

ante el absolutismo regio. La culminación de este proceso de sumisión municipal fue la implantación

de los corregidores y la división de los antiguos territorios forales en corregimientos, de acuerdo con

el modelo castellano.

Pero la reforma de la administración no se detuvo en los niveles territorial y local. También

los órganos centrales de gobierno se remodelaron. Contrarios al sistema polisinodial característico de

los Habsburgo, los ministros de Felipe V aprovecharon la coyuntura bélica para suprimir algunos

consejos (como el de Aragón, liquidado justo después de la abolición de los fueros de Valencia y

Aragón), y reformar el funcionamiento de otros. Novedad fundamental fue la creación de las

secretarías de Estado y de Despacho, que en adelante desempeñaron la función clave que los

consejos habían venido realizando.

Desde 1714, éstas fueron cuatro y se especializaron en la gestión de distintas materias:

Asuntos Exteriores, Guerra, Gracia y Justicia, y Marina e Indias.

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Aunque no fue equiparada a una quinta secretaría, sí actuó como talla superintendencia de

Hacienda.

Tanto o más acusado resultó el avance del absolutismo en el plano de las relaciones con las

asambleas representativas, reducidas en la práctica a la nada. A raíz de los decretos de Nueva Planta,

las cortes de Castilla se convirtieron de hecho en las cortes españolas, al asumir la representación de

los antiguos reinos de la Corona de Aragón. Sólo subsistieron las cortes de Navarra, que lograron

mantener una cierta capacidad de intervención en el proceso legislativo, aunque siempre en un tono

menor. Por el contrario, las cortes de Castilla se vieron constreñidas a la mera función de asentir a

las iniciativas de la corona.

Mucho más compleja fue la reorganización de las relaciones con la Iglesia. La monarquía

borbónica no podía tolerar la existencia de una autoridad exterior que compitiera con ella, ni que las

rentas eclesiásticas salieran de España. No hace falta apelar al galicanismo de los Borbones franceses

para comprender los principios regalistas de Felipe V y sus sucesores, pues en gran medida no

hicieron más que desarrollar la herencia de los Habsburgo. Si al reto que encerraba la aspiración de

controlar los cargos y rentas de la iglesia española se suma el reconocimiento de los derechos

sucesorios del archiduque Carlos por parte del papa Clemente XI en 1709, no resulta extraño que el

conflicto planteado por la nueva administración terminase desencadenando la total ruptura de relaciones con la curia romana. El matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio, un lustro después,

contribuyó a mejorar algo las cosas. Los ministros más acentuadamente regalistas, como Macanaz y

Orry, fueron apartados del poder y sustituidos por individuos afectos al favorito de la reina, Alberoni,

que subordinaba las relaciones con Roma a los principios de su política exterior, vertebrada en torno

a la revisión del tratado de Utrecht. Con todo, los efectos de esta reorientación fueron muy limitados,

ya que la cuestión fundamental del patronato regio quedó irresuelta hasta la firma del concordato de

1753.

2.3. POLÍTICA EXTERIOR

La revisión del sistema de Utrecht fue, precisamente, uno de los ejes de la segunda mitad del

reinado de Felipe V. De acuerdo con los consejos del holandés Ripperdá, el rey selló en 1725 un

tratado con Carlos VI para poner fin oficialmente a la guerra.

La vía diplomática dejó paso a las armas al estallar la guerra de Sucesión polaca, que volvió

a dar ocasión a ambos monarcas para dirimir sus diferencias y permitió a las tropas borbónicas

conquistar Nápoles y Sicilia. No obstante, a cambio de que las principales potencias reconociesen la

ocupación, la monarquía española hubo de renunciar para siempre a sus antiguos dominios en el

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norte de Italia. Una década más tarde, la guerra de Sucesión austriaca hizo factible la instalación del

infante Felipe en el ducado de Parma, con lo que la casa real española vio colmadas muchas de sus

ambiciones dinásticas.

3. FERNANDO VI (1746 – 1759): LA BÚSQUEDA DE LA NEUTRALIDAD

Suele decirse que el reinado de Fernando VI (1746-1759) fue el preludio del pleno

reformismo de Carlos III. En efecto, libre de los imperativos revisionistas de Isabel de Farnesio y de

los virajes inesperados de Felipe V, el periodo se caracterizó por la neutralidad exterior y la

reconstrucción interior. A ello contribuyó también el carácter tímido e indolente del monarca y la

escasa ambición de su esposa, Bárbara de Braganza, que les llevó a dejar el gobierno en manos de

sus colaboradores, en su mayoría hombres con experiencia y capacidad probadas, que conocían bien

los problemas del país. De entre todos ellos destacaron dos: Zenón de Somodevilla, marqués de

Ensenada, y José de Carvajal y Lancaster, que acabaron asumiendo la dirección del equipo

ministerial.

3.1. LAS REFORMAS DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA

Preocupaciones principales de Ensenada fueron el fomento de la actividad económica, la

mejora de las infraestructuras y la reconstrucción de la marina. Fruto de sus desvelos fueron, en este

sentido, la creación de fábricas y compañías privilegiadas de comercio, la construcción de carreteras y puertos de montaña en Castilla y la instalación de arsenales en Cádiz, Cartagena y Ferrol, lo que,

unido a la modernización de las técnicas de ingeniería naval, permitió duplicar el número de barcos

de guerra en muy poco tiempo. Suya fue también la responsabilidad de la firma del concordato de

1753 con la Santa Sede. Ensenada preparó la negociación a conciencia y dispuso la formación de un

comité de investigadores con la misión de buscar en los archivos todos aquellos documentos que

abonaran el punto de vista de la Monarquía española en materia de regalías. La gestión diplomática,

aderezada con generosos sobornos, se coronó con relativo éxito, ya que el concordato permitió

consolidar el «patronato universal», en virtud del cual quedó bajo control de la corona la elección de

los obispos y el nombramiento de la mayoría de arcedianos, deanes y canónigos, además de reducir

drásticamente la salida de caudales hacia Roma.

No concluyó del mismo modo el proyecto de mayor enjundia de su carrera: la reforma del

sistema fiscal de Castilla. Partiendo del modelo ya ensayado en los reinos de la antigua Corona de

Aragón, Ensenada se propuso sustituir la multitud de gravámenes vigentes por un nuevo y único

impuesto, proporcional a la riqueza, del que ni siquiera los estamentos privilegiados pudieran

eximirse. Una real cédula de 1749 abolió las rentas provinciales e implantó en su lugar la única

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contribución, además de anunciar la realización de una encuesta de población y propiedad para

determinar el potencial tributario de los castellanos. Dicha encuesta, conocida como el catastro de

Ensenada, se completó en cinco años, lo que, si se compara con experimentos similares en otros

estados, puede calificarse como un gran logro. Pero, a la postre, la irreductible oposición de la

aristocracia y del clero obligó al gobierno a posponer primero la entrada en vigor de la reforma para,

finalmente, terminar cancelándola.

3.2. NEUTRALIDAD EXTERIOR

Aunque Ensenada concentró sus energías en la reconstrucción interior, su caída -en 1754- vino

provocada por sus discrepancias con Carvajal en una cuestión de política exterior: el acuerdo

alcanzado con Portugal para canjear la colonia del Sacramento por los territorios del Paraguay.

Ensenada, que juzgaba lesivo el tratado, se las ingenió para malograrlo, si bien perdió con ello el

favor real. Como su destitución coincidió casi con la muerte de Carvajal, fue necesario recomponer

el equipo de gobierno, pero no hubo ya hasta el final del reinado de Fernando VI un ministerio fuerte

como el de Ensenada.

4. CARLOS III (1759-1788): REFORMISMO E ILUSTRACIÓN

4.1. PROYECTOS DE REFORMA: MINISTROS Y REALIZACIONES

Resuelta la cuestión sucesoria en el reino de Nápoles, Carlos III arribó a España en 1759 para tomar posesión del trono vacante por la muerte de su hermano. De inmediato, el monarca ordenó la

rehabilitación de Ensenada, dando a entender con ello que pensaba retomar el camino de reformas

activado por este ministro. Sin embargo, los proyectos reformistas tuvieron que demorarse algún

tiempo, porque al punto se vio envuelta España en la guerra de los Siete Años. De entre los diversos

factores que empujaron al nuevo soberano a poner fin a la política de neutralidad resultó quizás

decisiva la presión británica sobre las colonias españolas en América. Sólo así se explica que Carlos

III entrara en liza, rubricando una nueva alianza con Francia (el llamado Tercer pacto de familia),

cuando la guerra estaba ya perdida. A pesar de todo, la paz de París de 1763 no fue demasiado

perjudicial para la Monarquía española, porque la pérdida de Florida se compensó con la cesión de la

Luisiana francesa.

Al finalizar la contienda, el nuevo equipo de gobierno -al que se había sumado en 1762 Pedro

Rodríguez de Campomanes desde su puesto de fiscal del Consejo de Castilla-, se volcó en la

ejecución de las reformas sociales y económicas deseadas por Carlos IlI. Una de las más importantes

fue la del libre comercio de cereales, que incluía la supresión de la tasa de granos, cuyo origen se

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remontaba a los Reyes Católicos. Los defensores de la iniciativa, promulgada en 1765, justificaron

dicha supresión con el argumento de que favorecería a los productores y contribuiría a acabar con las

prácticas secretas de acaparamiento que hacían de la venta de cereales algo parecido a un género de

contrabando. No obstante, a corto plazo las malas cosechas, la deficiente red viaria y las maniobras

especulativas condenaron la medida al fracaso, algo que, por lo demás, ocurrió en todos los países

donde se llevó a efecto.

Aunque era la pieza primordial de la reforma del comercio, ésta no se agotaba en la libertad

del tráfico de granos. En 1765 se liquidó también el monopolio que Cádiz había tenido de los

intercambios mercantiles con América, al autorizarse el comercio directo desde otros puertos de la

Península y simplificarse los trámites de registro. Una década más tarde, el reglamento de 1778

completaría el decreto de libre comercio ampliando el número de puertos habilitados para el tráfico

con las colonias americanas, aunque su contenido no se aplicó hasta 1783, al término de la guerra

con Gran Bretaña. De los benéficos efectos de este decreto da buena prueba el hecho de que en

pocos años creció sobremanera el volumen de intercambios con América.

Otras reformas, no menos ambiciosas, acompañaron a la del comercio. Además de propugnar

la incorporación de señoríos a la corona, Campomanes dio a conocer en 1765 su Tratado de la

regalía de amortización, en que proponía la limitación de las propiedades eclesiásticas. En el terreno fiscal, el marqués de Esquilache, que había ejercido el cargo de secretario de Hacienda en Nápoles,

se encargó de relanzar el plan de establecimiento de la única contribución, para lo cual se erigió una

junta presidida por Ensenada.

4.2. LA CRISIS DE 1766-1767 Y EL TRIUNFO DEL REFORMISMO

Asimismo, al ministro italiano se le encomendó la mejora del orden público en la villa y

corte, asunto sin duda de menor calado político que los anteriores, pero que provocó los célebres

motines de marzo de 1766 que llevan su nombre. La etiología de los tumultos es confusa. En la

capital se mezclaron varios elementos: la oposición popular, teñida de xenofobia, a las novedades

«despóticas» introducidas por Esquilache; el rechazo de las medidas liberalizadoras, a las que se

achacaba la carestía de aquel año; el temor de la nobleza a la política de incorporaciones; y el

malestar del clero por el ataque contra las manos muertas. En el resto del país, los amotinados

arremetieron también contra otros objetivos: los intendentes, los usureros, la jurisdicción señorial,

etc. En cualquier caso, si los inductores de la sublevación esperaban paralizar las reformas no lo

consiguieron del todo, por más que algunas de ellas, como la limitación de las amortizaciones

eclesiásticas, fueran canceladas enseguida.

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Corolario de los tumultos fue la expulsión de la Compañía de Jesús, cuyos miembros fueron

presentados ante la opinión pública como los principales instigadores de la revuelta. Después que los

fiscales del Consejo de Castilla formulasen cargos contra los jesuitas, Carlos III firmó un decreto en

marzo de 1767 ordenando su expulsión de todos los territorios de la monarquía, incluida América.

Por supuesto, las razones que explican la medida iban más allá de la posible implicación en los

motines de algunos miembros de la Compañía o del desaguisado de las reducciones del Paraguay

durante el reinado de Fernando VI. Con su decreto, el monarca creía eliminar de golpe al principal

aliado de la Santa Sede en la lucha sobre las regalías y a quien prestaba justificación teórica (doctrina

del tiranicidio) a la resistencia contra el absolutismo, sin darse cuenta de que los instrumentos de la

reacción contra las reformas eran muchos y que se hallaban incluso entre los que aplaudían el

extrañamiento. Sea como fuere, Carlos III no cesó en su ataque hasta obtener del papa Clemente XIV

la extinción de la Compañía en 1773.

Igual que en otros estados, la expulsión de los jesuitas abrió las puertas a relevantes reformas

en el campo de la educación, no sólo porque la corona se vio obligada a llenar el vacío dejado por los

institutos de la Compañía, sino también porque permitió renovar los planes de estudios en la

universidad y modificar los métodos de selección del profesorado en un sentido que favorecía los

intereses centralistas de la monarquía. Indisolublemente unida a esta remodelación estuvo la reforma de los colegios mayores, dirigida por Roda y alentada por el preceptor de los infantes reales Pérez

Bayer, que supuso la restauración de los estatutos originales y, por ende, la anulación de los

privilegios que sus miembros se habían arrogado durante siglos y gracias a los cuales habían

alcanzado el control de las más altas magistraturas civiles y eclesiásticas del reino.

Otra de las consecuencias directas de los motines de Esquilache fue la reforma del régimen

local, plasmada en la introducción en los municipios de los cargos de diputados del común y síndico

personero. Los primeros tenían voz y voto en los ayuntamientos y se encargaron originalmente de

administrar los abastos. Al segundo, en cambio, sólo se le dio voz para instar las actuaciones que

pudieran convenir a los vecinos. Ambos cargos debían elegirse por sufragio indirecto. En la práctica,

la reforma significó, ante todo, la limitación de la autoridad de los regidores vitalicios, razón por la

que fueron frecuentes desde entonces las disputas de competencias entre unos y otros,

particularmente en lo tocante a la administración de las haciendas y bienes municipales.

De mayor complejidad que las anteriores reformas y, quizás por ello, de efectos más

limitados, fue la reforma agraria, íntimamente ligada a la del régimen de propiedad de la tierra. A lo

largo de la centuria, la extensión de tierra comunal había disminuido a causa de apropiaciones de

particulares que, transitorias en principio, habían pasado a convertirse en definitivas. Desde el inicio

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del reinado de Carlos III se formularon críticas contra los regímenes privilegiados de propiedad, que

lesionaban los usos colectivos y eran considerados dañinos para el desarrollo agrario. Campomanes,

por ejemplo, veía en el exceso de vínculos y manos muertas la causa de la abundancia de tierras

incultas y de gente desocupada. Sin embargo, el gobierno no propuso la liquidación de tales

privilegios, lo que hubiera atentado contra uno de los cimientos del orden estamental, sino la

corrección del sistema.

A raíz de las quejas acumuladas en 1766, Carlos III encomendó a sus ministros la elaboración

de una Ley Agraria que solventara los problemas de la distribución de la tierra. Como es lógico, una

reforma de tal magnitud no podía llevarse a cabo sin alterar los fundamentos de la organización

social, razón por la cual el texto no estuvo listo hasta tres décadas después, muerto ya el rey, y

cuando la Revolución francesa había trastocado por completo las prioridades de la monarquía

española y el pensamiento liberal penetrado en los intelectuales. Nada tiene de sorprendente, por

tanto, que el Informe de la Ley Agraria de Gaspar de Jovellanos, fechado en 1794, plantease no sólo

la supresión de los mayorazgos nobiliario s y de los bienes amortizados por la Iglesia, sino también

de los bienes comunales, calificados como rémoras para el progreso económico y social.

4.3. OTRAS INICIATIVAS REFORMADORAS

Por último, desde la perspectiva estrictamente política, cabe destacar la creación de la Junta Suprema de Estado en 1787, por obra de Floridablanca, quien, desde su incorporación al gobierno

carolino en 1776 se comportó como un auténtico primer ministro. Varios son los motivos por los que

se tiene a este órgano como origen del actual Consejo de Ministros. En primer lugar, al

institucionalizar las reuniones de los secretarios de Estado y obligarlos a tratar sus respectivas

materias conjuntamente, facilitó la adopción de criterios generales. En segundo lugar, y como

consecuencia de lo anterior, contribuyó a dotar al equipo de gobierno de mayor estabilidad,

haciéndolo menos sensible a los cambios ministeriales. Por fin, sirvió para que las discrepancias

sobre competencias se dilucidasen con prontitud, favoreciendo la diligencia de los ministros.

4.4. POLÍTICA EXTERIOR

Capítulo fundamental del reformismo carolino fue la restauración del prestigio internacional.

En este sentido, las partidas del gasto público demuestran que una de las prioridades de Carlos III fue

el mantenimiento de la estructura imperial que sobrevivió a Utrecht. Evidentemente, ello implicaba

participar en los grandes conflictos bélicos, como, por ejemplo, la guerra de independencia de los

Estados Unidos, lo cual hizo necesario no sólo reformar las estructuras militares, sino también buscar

nuevas fuentes de financiación. Por lo que atañe a los aspectos organizativos, se introdujeron

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cambios en el sistema de reclutamiento, se crearon academias para la preparación de los oficiales, se

copiaron las ordenanzas prusianas y se incrementó el número de navíos de la armada. Con todo, los

resultados dejaron bastante que desear, tanto por el retraso tecnológico respecto a Gran Bretaña

como por el fracaso del servicio militar obligatorio y la dureza de los nuevos métodos de instrucción.

Los esfuerzos bélicos alteraron el precario equilibrio presupuestario y forzaron la búsqueda

de nuevas fuentes de recursos para sufragar los gastos. Idea de Francisco Cabarrús fue la emisión de

vales reales, especie de títulos de deuda pública a cuyos tenedores la Real Hacienda se comprometía

a pagar el 4 % de interés anual. Los vales debían ser admitidos tanto en el pago de impuestos como

en las transacciones comerciales al por mayor. A la primera emisión de 1780 siguió una segunda en

1781, que resultó contraproducente, ya que el excesivo número de vales en circulación hizo

descender su cotización.

Cabarrús propuso entonces la creación de un banco nacional para respaldar la conversión de

los vales en dinero y solucionar el problema del crédito público. Por fin, en junio de 1782, se fundó

el banco de San Carlos, que consiguió restablecer la confianza en los vales hasta que el comienzo de

la guerra contra la Convención francesa, en 1793, provocó su depreciación y puso en serios aprietos

a la Real Hacienda. Así, unida su suerte a la de ésta, el banco de San Carlos no pudo ya evitar la

quiebra.

5. CARLOS IV: CRISIS POLÍTICA Y FINALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788 – 1808)

5.1. LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y SU INFLUENCIA EN ESPAÑA

Carlos IV es hijo de Carlos III y se apoya en el que entonces ya era el hombre fuerte del

gobierno español: el Conde de Floridablanca. Floridablanca va a proseguir inicialmente la política

reformista que ya había practicado en años anteriores. Esa orientación de políticas reformistas

moderadas se van a ver convulsamente influidas por un fenómeno clave: el estallido de la

Revolución Francesa en 1789. Floridablanca ante el miedo del contagio, va a imponer una censura

muy dura y también somete a vigilancia a muchos de los franceses que viven en España y reforzará

la autoridad de la Inquisición. Además, sucede otro acontecimiento: la condena del rey Luis XVI, lo

que endurece más en España la censura y las medidas contrarrevolucionarias. Las protestas del

gobierno francés por esta política contrarrevolucionaria fueron la principal causa de la caída del

gobierno de Floridablanca, que va a ser sustituido por el Conde de Aranda, quien es más

comprensivo (sin ser partidario) con la Revolución Francesa, pero que tampoco va a ser capaz de

mantenerse en el poder y es remplazado por Manuel Godoy. Godoy era miembro de la guardia real

que se ganó la confianza de la familia reinante y emprende desde esa posición una carrera política

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meteórica llegando a Primer Ministro. Cuando llega a esa cumbre de poder cambia el rumbo político

anterior e inicia una cooperación con Francia. Una colaboración que lo que conseguirá es que los

intereses españoles queden supeditados a los franceses. Carlos IV del lado de Napoleón va a

participar en dos guerras como aliado de Francia: contra Inglaterra y contra los países que formaron

una coalición anti-francesa. El sueño del emperador Napoleón de invadir Inglaterra se desvaneció en

la Batalla de Trafalgar en 1805, que lleva al desmantelamiento de la escuadra española. El único

medio que le quedaba a Napoleón era cerrar los puertos continentales al comercio británico. Para

lograr este bloqueo va a firmar en 1807 con España el Tratado de Fontainebleau, que planteaba era el

permiso para que las tropas francesas atravesaran el territorio peninsular camino de Portugal, para

obligar a Portugal a cerrarse al comercio con Inglaterra. El ejército francés, al mando del mariscal

Junot, comienza a penetrar en la Península. Sin embargo, se transforma en una invasión, en un

asentamiento de las tropas francesas en España. Este es el origen de la Guerra de la Independencia y

del fin del Antiguo Régimen.

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