(URJC) Derecho Civil I -> Tema 3: El Código Civil español: estructura y contenido, Apuntes de Derecho Civil. Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
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(URJC) Derecho Civil I -> Tema 3: El Código Civil español: estructura y contenido, Apuntes de Derecho Civil. Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

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Asignatura: Derecho Civil I, Profesor: urjc urjc, Carrera: Derecho, Universidad: URJC
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TEMA 3 1.- El Código Civil español: estructura y contenido. Estructura El texto del Código civil, siguiendo el modelo del Código francés, aparece dividido en cuatro libros, titulos y capitulos y a veces en secciones. La división se hace en artículos. Contiene el Código, 1975 artículos, una disposición final derogatoria que es el artículo 1976, trece disposiciones transitorias y tres disposiciones adicionales. Nuestro Código civil consta así de cuatro libros que se refieren: -El primero: De las personas (arts 19 al 332) -El segundo: De los bienes, la propiedad, y sus modificaciones (arts 333 al 608) -El tercero: a los diferentes modos de adquirir una propiedad (arts. 609 al 1088) -El cuarto: De las obligaciones y contratos (arts. 1089 al 1975) La sistemática del Código es defectuosa. Falta un tratamiento especial del Derecho de familia. El Código Civil dista mucho de ser perfecta. Contenido El Código civil contiene, un sistema de normas destinadas a regular las instituciones de Derecho civil o de Derecho privado. Código civil, es lo que se ha podido llamar “nuestro primer cuerpo legal” y contiene por ello normas aplicables de manera general a todas las materias jurídicas. Son aplicables a cualesquiera materias o situaciones jurídicas las normas contenidas en el Titulo Preliminar que trata. De manera que el Código no solo contiene derecho civil, tampoco puede decirse que contenga en él todo el derecho civil. Ha quedado fuera del Código una serie de leyes especiales que habían sido dictadas con anterioridad a su promulgación. El Código civil, en cuanto derecho común, constituye el primer cuerpo legal del ordenamiento jurídico español y del Derecho civil, y además contiene lo más sustancial de nuestra disciplina. 2.- La disposición final derogatoria. La disposición final del Código, contenida en el art. 1976, deroga todos los cuerpos legales, usos y costumbres, que constituyen el Derecho civil común en todas las materias que son objeto de este Código y que quedarán sin fuerza ni vigor así en su concepto de leyes directamente obligatorias, como en el de derecho supletorio. Hay pues una eficacia general derogatoria del Código civil, que es plena y absoluta respecto del Derecho anterior. La derogación se refiere tanto al Derecho escrito como al Derecho consuetudinario, pues el artículo 1976 menciona especialmente los usos y costumbres. Limites de la eficacia general derogatoria: 1º Los derechos forales 2º Los cuerpos legales con materias distintas del Código (Ley de Enjuiciamiento, etc) 3º Las leyes que el Código declara subsistentes.

4.- La legislación civil no codificada: carácter supletorio general del Código civil. El art. 13 del nuevo Titulo Preliminar se redactó en dos parrafos: el primero se ordenaba la aplicación general y directa a toda España de las normas del Titulo Preliminar, en cuanto termina los efectos de las leyes y las reglas generales para su aplicación. En el segundo párrafo se ordena también la aplicación del Código civil, pero con pleno respeto a los Derechos especiales o forales por lo que aquel regirá como supletorio en segundo grado, es decir, en defecto de lo que sea en cada una de aquellas, según sus normas especiales. El régimen autoritario de Franco supuso una consolidación en la realidad foral. Ya no se mantenía provisionalmente y en 1974 las compilaciones no se verían afectadas por un Código civil único en España.

Antecedentes históricos de la diversidad de Derechos civiles en España. Una de las peculiaridades de España es la coexistencia dentro de su territorio de ordenamientos juridicos privados diferentes. Desde 1469 a 1707 en España hubo unidad de monarquía y pluralidad de naciones, cada una de ellas con sus peculiaridades y con sus propios ordenamientos jurídicos. La monarquía borbónica y la Guerra de Sucesión modificó esta situación. Así, en el Decreto de 29 de junio de 1707, Felipe V manifestó su propósito de reducir todos los reinos de

España a la misma unidad de leyes, usos y costumbres. Esta obra fue conocida como Decretos de Nueva Planta, en los cuales se derogaron los Derechos de las regiones que lo tenían y en un segundo momento, se llamaron “Nueva Planta de las Audiencias” se restablecieron. Navarra y Pais Vasco no sufrieron ninguna norma derogatoria, al estar al lado de Felipe V en la Guerra de Sucesión. A principios del siglo XIX existía en España una serie de ordenamientos jurídico-privados de naturaleza especial o diferencial. La defensa de los fueros constituye uno de los motores de las guerras civiles de aquel siglo. Unificadora fue la Constitución de Cádiz de 1812 al consagrar Código civil, penal y de comercio. En la segunda mitad del siglo XX una serie de razones de orden económico-político produjo un nuevo florecimiento de los regionalismos. Las compilaciones forales El sistema de compilaciones excluyó toda idea de sacrificio o limitación. Para compilar no se tenía en cuenta la actual vigencia de las normas y se restablecían siempre que no estuvieran decaídas por el uso. Se distinguen varias fases: 1º fase: esta formada por compilaciones de Vizcaya, Álava, Cataluña y Baleares. 2º fase: formada por Aragón y Navarra. Y otra fase formada por la compilación de Galicia

Compilación de Derecho civil foral de Vizcaya y Álava promulgada en virtud de la Ley de 30 de julio de 1959. Su característica más llamativa consiste en su ámbito de aplicación, ya que no es aplicable en todo el territorio de las provincias Vascongadas; en realidad, es sólo aplicable en el campo. Tiende a potenciar el “principio supremo de la concentración patrimonial” en torno al caserío familiar.

Compilación del Derecho civil especial de Cataluña: promulgada a través de la Ley de 21 de julio de 1960. Rige en toda Cataluña aunque tiene disposiciones de marcado carácter local. Las instituciones básicas reguladas se encuentran en cuatro libros sobre: la familia - las sucesiones - los derechos - las obligaciones y contratos y la prescripción.

Compilación del Derecho civil especial de Baleares: promulgada mediante la Ley de 19 de abril de 1961. Sólo es aplicable en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y presenta una cierta matriz común con la compilación catalana.

Compilación del Derecho civil de Aragón: promulgada por la Ley de 8 de abril de 1967. Se centra sobre todo en las peculiaridades familiares y sucesorias del régimen histórico aragonés, diverso al castellano. Compilación del Derecho civil foral de Navarra: promulgada a través de la Ley del 1 de marzo de 1973, denominada Fuero Nuevo de Navarra. Es la compilación más extensa de todas las anteriores, y resulta imposible resumir su contenido; es necesario remitirse a la consideración concreta de las peculiaridades navarras en la sede de cada institución.

La llamada “cuestión foral”. Durante los siglos XVIII y XIX, en España aún existían diversas regulaciones civiles, ya que Aragón,

Navarra, Mallorca, Cataluña y las “Provincias Vascongadas” mantenían reglas propias en materia civil. Sin embargo, la codificación requería la unificación legislativa en toda

España mientras que los juristas forales se enfrentaban radicalmente a dicha unificación

representando un conservadurismo regionalista o localista contrario a los ideales triunfantes en la Rev. Francesa. Por eso, cuando el CC recibe su impulso final y definitivo, las posturas eran demasiado enfrentadas y la tensión quedó sin resolverse. Nace así la cuestión foral: una vez aprobado el CC, éste se aplica a la mayor parte del territorio nacional, mientras que en los territorios forales (los antes mencionados + Galicia en 1880) rigen disposiciones civiles propias.

El art. 149, apartados 1 y 3 de la Constitución: los Derechos forales y Estatutos de Autonomía. El art. 149 de la Constitución española, resuelve el problema de las relaciones entre el Derecho de Estado de que el Código civil forma parte y de los derechos autonómicos de los que forman parte los derechos civiles especiales o forales. En las materias que sean competencias de las Comunidades Autónomas, hay una supletoriedad del Derecho del Estado, que se producen como resultado del art. 149.3 de la Constitución y no por virtud del Código civil. Hay que tener en cuenta la supletoriedad y que es simplemente una norma ordenadora de la preferencia en la aplicación de las normas. La supletoriedad del Derecho del Estado se ve empañada por el hecho que en el art. 149.1.8ª de la Constitución haya otorgado a las Comunidades Autonómas competencias sobre el sistema de fuentes del derecho anterior a sus Derechos civiles especiales, como consecuencia de lo que han ido apareciendo algunas normas que establecen criterios de integración. Cuando no hay más remedio que acudir a la supletoriedad del Código civil se procura que tenga lugar en la menor medida posible. El Derecho civil foral del Pais Vasco lo constituyen además del mismo, las costumbres y los principios generales del Derecho, de acuerdo con su tradición, en defecto de la norma foral aplicable regirá como supletorio el Código civil y disposiciones de carácter general acompañándose de los principios generales del Derecho civil vasco arts.1 y 3 de la Ley 3/192.

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