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CONTABILITÀ DI STATO 4
5. Las tres funciones de la intervención pública.
La compleja estructura de la economía pública se basa en los tres fundamentos analíticos de la política fiscal: 1) la asignación de recursos; 2) la redistribución de recursos; 3) la estabilización de la economía.
Sobre la base de este enfoque tripartito, se desarrolló el modelo de las tres funciones del sector público: a) la función de asignación, b) la función de distribución y c) la función de estabilización.
5.1. Función de asignación La provisión de bienes y servicios públicos a la comunidad es el principal objetivo de la función de asignación del servicio público. Cubre no sólo los costes de su aplicación. (que forman parte de la producción total y, por lo tanto, de la oferta agregada de la economía), pero también los ingresos para financiarlas (que son de los contribuyentes y determinar la demanda agregada de la economía) Por consiguiente, ambos lados del presupuesto (ingresos y gastos) son fundamentales para la realización de la función de asignación.
5.2 La función de distribución La segunda función de la intervención de los ingresos y la riqueza. La redistribución puede ser: i. entre ciudadanos; ii. entre sectores productivos; iii. entre diferentes territorios del Estado, según su grado de desarrollo económico y social. La función redistributiva puede lograrse mediante transferencias en efectivo o en especie en beneficio de las personas desfavorecidas, así como mediante un sistema fiscal informado basado en criterios progresivos.
5.3. La función de estabilización
La función de estabilización se refiere a la utilización del gasto público y de los contratos. Se trata de determinar la demanda agregada del sistema económico de tal manera que iguale la oferta global (producción) y contribuya a aumentarla (objetivo de desarrollo económico). Desde este punto de vista, la economía pública es también un instrumento de política macroeconómica, cuyos dos objetivos principales son:
i) la estabilidad a corto plazo , que se logra mediante maniobras presupuestarias destinadas a garantizar que el.... 22
Contabilitá di stato
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ii) Estabilidad a largo plazo , que requiere intervenciones en el suministro agregado, con el fin de aumentar los potenciales del sistema.
La estabilización del ciclo económico presupone el ajuste de los ingresos y el gasto público para influir en la demanda agregada y, a través de esto, el libelo de la actividad productiva y el empleo.
En las fases recesivas de la economía, cuando la producción y el empleo tienden a contraerse, el aumento de los gastos y la reducción de la carga fiscal (política fiscal expansiva) tienen como objetivo reactivar el proceso de crecimiento económico.
Por otra parte, es deseable una reducción de los gastos y una reducción de los impuestos (política fiscal restrictiva) en las fases de expansión del ciclo, para contener los efectos negativos relacionados con el sobrecalentamiento de la economía.
El uso de instrumentos fiscales con el fin de estabilizar la economía ha sido suave e ingresos, pero también cómo se produce este cambio.
Las diferentes formas de utilizar el gasto y, sobre todo, los impuestos producen efectos diferentes, a través del sistema de precios, en la asignación de recursos y en la distribución de la riqueza. En otras palabras, la función de estabilización puede superponerse con las funciones distributiva y distributiva.
Además, los mecanismos que regulan los procesos públicos de toma de decisiones deben tomarse en consideración, ya que pueden influir en los resultados esperados de un cambio dado en los ingresos y gastos en una medida no despreciable.
En este sentido, la doctrina ha demostrado que una maniobra expansiva apuntaba a un cierto período de tiempo entre el momento de su deliberación / ejecución y aquel en el que produce los efectos económicos deseados. Siguiendo este intervalo de cambio las condiciones y el contexto económico.
Esto significa que la efectividad de las maniobras presupuestarias depende del tiempo variable, es decir, la puntualidad con la que se implementan. Si intervienen con retraso, en lugar de estabilizar las fluctuaciones cíclicas, pueden amplificarlas, generando efectos negativos.
6. LA EXPANSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
Habiendo examinado las funciones de la economía pública, su dimensión debe ser considerada dentro del sistema económico.
En el siglo pasado, a partir del segundo período de posguerra, hubo un fortalecimiento progresivo de la competencia en el mercado.
Uno de los problemas principales y actuales se refiere precisamente a la necesidad de poner un límite a la expansión del sector público. Ya en 1883, Adolf Wagner (al elaborar la teoría que todavía se conoce como la ley de Wagner, según la cual, cuando la economía de un país crece, el sector público crece a una tasa de porcentaje más alta que la del sector privado) destacó la necesidad de poner algún límite al crecimiento de las actividades públicas, debido a las crecientes dificultades de su apoyo financiero, dado que los ingresos fiscales provienen de los presupuestos familiares y, en consecuencia, constituyen un límite para el consumo y los ahorros del sector privado.
El problema, hoy en día, es establecer cuál es este límite.
gestión administrativa, no puede hacer ningún gasto más allá de las sumas asignadas en presupuesto. La implementación de cualquier programa por parte del gobierno, por lo tanto, se expresa en el presupuesto, lo que requiere recursos financieros que se deben proporcionar en el presupuesto mismo.
Incluso la elección de las fuentes a las que recurrir para encontrar medios financieros es una opción política. No es solo el gasto público lo que puede indicar la dirección política, sino que, para este fin, también debemos tener en cuenta los recursos con los que pretendemos tratar los gastos. En otras palabras, el presupuesto debe considerarse en su doble aspecto de retiro y provisión de recursos. Y la identificación y selección de ingresos y gastos son esencialmente actos políticos.
2. EL PRESUPUESTO ESTATAL COMO ACTO ECONÓMICO
El perfil económico del presupuesto estatal está estrechamente vinculado a la situación política, económica y social del propio estado, cuando se elaboran los estados financieros.
La doctrina ha puesto de relieve cómo, con la desaparición de los estados absolutos y con el surgimiento de los estados modernos, las finanzas públicas son cada vez más importantes y, con ello, recurrir a retiros de la economía privada. Por lo tanto, el presupuesto estatal se ha convertido en la representación de los recursos que se extraen de las economías privadas para ser destinados a satisfacer las necesidades públicas.
Con el aumento de la intervención estatal en la economía y con el surgimiento de demandas sociales cada vez mayores, el gasto público ha aumentado cada vez más, y con ello, también la presión fiscal. En consecuencia, el tamaño de los ingresos y gastos del presupuesto estatal ha aumentado, lo que aún representa la característica de la acción financiera y, al mismo tiempo, constituye el principal instrumento de la política financiera del estado. Incluso hoy en día, el tamaño del presupuesto estatal es tal que supera con creces a las organizaciones económicas privadas más importantes.
Esto plantea (e impone) la necesidad de garantizar la economía del presupuesto estatal.
3. EL PRESUPUESTO ESTATAL COMO ACTO JURÍDICO
Además de la importancia política y económica, el presupuesto asume un valor legal de interés preeminente para la gestión administrativa del Estado. De hecho, es la base del procedimiento financiero para la adquisición y provisión de los medios necesarios para satisfacer las necesidades generales de la comunidad.
El presupuesto, bajo este perfil, es un acto que incluye un plan que debe ser implementado por el gobierno. Adquiere un significado diferente dependiendo de si se consideran los ingresos o gastos previstos en el presupuesto.
Con respecto a los ingresos, la provisión contenida en el presupuesto es esencialmente aproximada y no constituye una limitación del poder ejecutivo. Para los ingresos que no están relacionados con los impuestos, los estados financieros no pueden tener ningún significado legal, ya que son una evaluación financiera simple de los ingresos que derivan su título legal de las normas y los actos legales comunes (por ejemplo, arrendamientos).
Para los ingresos fiscales, el título legal para cada una de estas p consiste en los documentos de evaluación y recuperación que la administración tiene el deber de ejercer en virtud de las leyes orgánicas sobre impuestos; de modo que el pronóstico en los estados financieros de cada ingreso tributario no pueda limitar cuantitativamente el poder de aseguramiento y la recaudación de la administración (BUSCEMA).
La importancia jurídica de las disposiciones contenidas en el presupuesto con respecto a los gastos es diferente. La apropiación en blanco para un gasto surge, por un lado, como una herramienta necesaria para la ejecución material de la ley sustantiva que establece la obligación o otorga la facultad para realizar el gasto y, en segundo lugar, como un límite cuantitativo insuperable para la provisión. de lo mismo.
CAPÍTULO 3
EL PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA
CONSTITUCIÓN
1.Introducción.
Tras la firma del Pacto Fiscal,el Presidente de la República promulgó la ley constitucional n.1 de 2012 que, tras el compromiso contraído con la adhesión al Pacto Presupuestario, introdujo formalmente en la Constitución el principio de equilibrio del presupuesto y sostenibilidad de la deuda pública.
El 1. costo n. 1/2012 describe las características fundamentales de la nueva disciplina presupuestaria, interviniendo en los artículos 81, 97, 117 y 119 de la Constitución (art. 1-4) y delegando la especificación más detallada y la implementación de la disciplina a una fuente legislativa, llamada la "ley marco", además, se "fortalece" mediante la provisión de un quórum calificado para su aprobación.
2.El balance de equilibrio.
sostenibilidad de la deuda se convierten en parte integral de la regla fundamental sobre la actividad administrativa y constituyen reglas generales vinculantes para la administración pública en su conjunto, incluidas las autonomías territoriales.
3. La prohibición de endeudamiento.
En estrecha correlación y complementariedad con la obligación de equilibrar el presupuesto, la ley constitucional n.1 / 2012 introdujo una prohibición general de endeudamiento (art.81, párrafo 2, Costo), que solo puede superarse en presencia de dos tipos de situaciones Excepciones: 1) La necesidad de enfrentar la fase del ciclo económico. 2) La ocurrencia de " eventos excepcionales ", antes, en este caso, de una autorización parlamentaria de mayoría calificada.
Las excepciones a la prohibición de la deuda son esencialmente atribuibles a los dos factores que afectan la dinámica del balance: 1) Las fluctuaciones del ciclo económico , que inciden en los flujos de entrada y gasto a través del mecanismo de los "estabilizadores automáticos" c.d ; 2) Las elecciones discrecionales de quienes toman las decisiones políticas.
Como se sabe, de hecho, la dinámica anticíclica inherente a la estructura del balance (o al menos en algunos "ítems" contables) permite "suavizar" los efectos de una situación económica adversa, mientras que las políticas "activas" se pueden decidir para estimular el crecimiento a través de aumento de los pedidos públicos y / o reducción de la carga fiscal sobre los hogares y las empresas. De ello se deduce que la excepción a la restricción fiscal está permitida para el ajuste que permite que los estabilizadores automáticos operen libremente en las fases adversas del ciclo, así como la ocurrencia de eventos "excepcionales" que no pueden sostenerse con decisiones presupuestarias ordinarias, por lo tanto, requieren recursos adicionales en comparación con los que ya están disponibles en el presupuesto.
El art. 81 de la Constitución, de esta manera, identifica límites específicos a la deuda estatal, tanto sustantiva como procesal, que están flanqueadas por la única restricción al mencionado endeudamiento contemplado en la Constitución, representada por la regla de oro, sancionada únicamente por las autoridades locales el arte. 119 ult.co ...
La doctrina no ha dejado de resaltar las diferencias estructurales y funcionales entre los dos órdenes de prescripciones: el art. 81. de la Constitución establece una prohibición general de la deuda, que puede superarse en la recurrencia de las situaciones despectivas expresamente previstas, destinadas a completar y vigente la regla general de equilibrio presupuestario. La regla de oro prevista por el art. 119 Costo.- sin perjuicio de los cambios realizados por el 1.cost.n. El 1/2012, que se analizará más adelante, en su lugar, se concreta en términos de una delimitación funcional del uso de la deuda, que se ajusta o permite de acuerdo con el tipo de gasto, dependiendo de si es corriente o inversión, a la que se destina el préstamo.
4. La obligación de cobertura financiera.
La ley constitucional n.1 / 2012 también ha hecho cambios a la co.3 del art.81, cuya nueva formulación dice: "cualquier ley que suponga una carga nueva o mayor proporciona los medios para enfrentarla".
El nuevo vocabulario constitucional hace que el principio de cobertura financiera sea más estricto, al exigir que cualquier ley que represente nuevas o mayores "cargas financieras" (en lugar de "gastos nuevos o más altos" mencionados en el texto anterior del Artículo 81) " prueba que "(en lugar de" indica ") significa lidiar con él. De esta manera, se resuelve cualquier duda interpretativa previa sobre la importancia o no de la obligación de "indicar" (de acuerdo con la expresión anterior) los medios de cobertura financiera con referencia a las leyes que prevén reducciones de entrada, que anteriormente no disminuían. Al menos textualmente, dentro del alcance de la obligación de cobertura financiera.
Por otro lado, las leyes con un impacto negativo en los ingresos ahora se incluyen explícitamente en el ámbito de aplicación de la versión modificada. 3 del artículo 81, que se centra en el concepto más amplio de "cargas financieras", teniendo en cuenta el hecho de que también es probable que las reducciones de ingresos tengan un impacto en los saldos de las finanzas públicas.
En cuanto a la expresión más vinculante "proporciona", en lugar de la anterior "indica", implica un principio de efectividad y puntualidad de la cobertura financiera, lo que hace que el nuevo dictado constitucional sea más adecuado para respaldar una aplicación estricta y rigurosa del principio de cobertura, además, en línea con dicho principio, un corolario y una supervisión necesaria del principio fundamental de equilibrar el presupuesto y su tenencia efectiva en el tiempo.
4.1 La naturaleza sustantiva de la ley de presupuesto.
5.La ley cuadro de contabilidad.
Basado en el último co. el arte. El artículo 81 de la Constitución, “el contenido de la ley de presupuesto, las reglas básicas y los criterios para asegurar el equilibrio entre los ingresos y gastos de los estados financieros y la sostenibilidad de la deuda de la administración pública son estables con la ley aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara, en cumplimiento de los principios definidos por el derecho constitucional ". La Constitución exige una “ley marco” de contabilidad (1.24 de diciembre de 2012, n.243) la disciplina fundamental del presupuesto .; Ley marco que, para implementar plenamente la constitucionalización del saldo presupuestario impuesto por el artículo 3 del Pacto Fiscal, está dotado de "resistencia pasiva reforzada", mediante la prescripción de su aprobación por una mayoría cualificada, capaz de subordinar cualquier cambio a un consenso parlamentario más amplio que el ordinario, así como a una reserva de Assamblea y todas sus consecuencias, entre las que la exclusión de la aprobación en la Comisión (art. 72, co.3 y 4 del costo) y de la presentación a un referéndum abrogativo.
El estatuto constitucional de la sede en la que se establece la reserva legal reforzada también conlleva una ley marco que se eleva a un parámetro interpuesto de legitimidad constitucional. La disciplina prevista por la ley marco debe garantizar evidencia específica de las causas de desviación compatibles con el saldo presupuestario (de origen ccoyuntural o debido a eventos excepcionales) de aquellos debidos a la ineficacia de las intervenciones, que por lo tanto están en contraste con el equilibrio en sí y que deben estar sujetos a medidas correctivas.
La ley confirma la disciplina de las relaciones constitucionales del Gobierno y el Parlamento y sus atribuciones relativas a la decisión presupuestaria, reiterando los principios de anualidad del presupuesto y su decisión parlamentaria, la obligación de informar, la unidad y la naturaleza unitaria del presupuesto. así como el principio de la exclusividad de la competencia del Gobierno en relación con la predisposición y la presentación de las Cámaras del proyecto de ley de presupuesto. "La formulación actual se refiere al" presupuesto ", y ya no, como el texto constitucional anterior, al" presupuesto " ", disipando cualquier duda interpretativa sobre el principio de unitariedad del presupuesto.
también se reconfirma el ejercicio provisional de los estados financieros, que "no puede ser otorgado excepto por ley y períodos que no excedan un total de cuatro meses", con la posibilidad, por lo tanto, de varias leyes que autorizan el año provisional, siempre que la duración total no exceda a los cuatro meses. "En cuanto al proyecto de ley de presupuesto, debe excluirse que la autorización pueda ser delegada al Gobierno o implementada por decreto ley o aprobada por las comisiones parlamentarias en la oficina deliberativa.
7. El escrutinio del Parlamento y el organismo de evaluación independiente.
La co. 4 del art. 5 l. n. El 1/2012 reconoce a las Cámaras, de acuerdo con los procedimientos establecidos por las regulaciones respectivas, "la función de control sobre las finanzas públicas, con especial referencia al balance entre ingresos y gastos y a la calidad y efectividad del gasto de la administración pública". De esta manera, la nueva ley constitucional establece una responsabilidad específica para las Asambleas legislativas en términos de control sobre el respeto del canon fundamental de equilibrio presupuestario por parte del Gobierno.
La ley de constitución n. 1/2012, además, proporciona "el establecimiento en las Cámaras, respetando la relativa autonomía constitucional, de un organismo independiente que atribuye los derechos de autor del análisis de las tendencias de las finanzas públicas y la evaluación del cumplimiento de las normas presupuestarias "
La disposición de la ley constitucional incorpora el art. 6 de la Directiva 2011/85 / UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre marcos presupuestarios, que requiere que los Estados miembros, para garantizar el cumplimiento efectivo de las normas presupuestarias, establezcan salvaguardias institucionales y reglamentarias para garantizar el control. Efectivo y oportuno a este respecto, basado en "una estructura libre e independiente, no acompañados por organizaciones despobladas o familiares" con respecto a la autoridad presupuestaria de los Estados miembros.
8. Armonización de los presupuestos públicos.
La armonización de los presupuestos públicos ha entrado en la Constitución con la reforma del Título V: el término "armonización de los presupuestos públicos y la coordinación de las finanzas públicas y el sistema tributario identifica, en ese texto, un tema (o, mejor, una función de Legislación concurrente incluida en la lista a que se refiere el artículo 117, tercera parte, Constitución.
La Ley Constitucional No. 1/2012 ha realizado cambios en el texto antes mencionado, separando la armonización de la coordinación y transfiriendo solo el primero de los asuntos reservados a la legislación exclusiva del Estado La nueva división de competencias legislativas, centralizando el poder legislativo en materia de presupuestos, tiene como objetivo superar los problemas relacionados con la naturaleza fragmentaria de la disciplina presupuestaria, en primer lugar, la correcta medición y agregación de las magnitudes de las finanzas públicas, requisito indispensable para un seguimiento eficaz y gobierno financian.
La ley de finanzas públicas y contabilidad (# 196/2009) en calificar la armonización como un principio fundamental , delegado del gobierno el establecimiento de uno o más decretos legislativos para la armonización de los sistemas de contabilidad y Estados financieros de la General [del gobierno] dependiendo de las necesidades de planificación, gestión y divulgación de las finanzas públicas ".
Las delegaciones han sido implementadas en primer a las regiones, las autoridades locales y sus cuerpos-con el cumplimiento. 23 de junio de 2011, # 118 y el segundo con el d.l.. 31 de mayo de 2011, # 91 , para los sistemas de contabilidad del estado y sus órganos. Las dos reformas- el estado de las finanzas públicas y federalismo fiscal parecen encontrar en el concepto de armonización de un punto clave común, considerado elegible evidentemente es para apoyar los mecanismos de control centralizado de los gastos necesarias para garantizar el cumplimiento de las limitaciones de las finanzas públicas europeas, que asegurar e implementar la autonomía financiera de las regiones y las autoridades locales, previstas en el art. 119, primera co., Constitución. La armonización de los presupuestos públicos responde, al menos directamente, a objetivos distintos de la coordinación. Se trata de "objetos distintos de aquellos a los que se dirige la coordinación": Se podría decir, al mismo tiempo autónomo e instrumental con respecto a la coordinación y, desde el punto de vista lógico, debe precederlo, de hecho, las finanzas públicas y los sistemas tributarios no lo hacen. pueden coordinarse realmente entre sí si los presupuestos de los organismos del sector público no tienen la misma estructura, si la ruta de planificación y previsión no está temporalmente armonizada con la del Estado, si las normas de gestión, y por lo tanto el sistema real de contabilidad - son diferentes entre sí, en última instancia, no obedecen a los mismos principios de contabilidad (MERCATTI)
Los trazos:
- La disciplina fundamental del presupuesto en la nueva ley marco contable.
- La naturaleza de la ley de presupuesto.
- La armonización de los presupuestos públicos.
