TEMA 7 – LA POSICIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS,
CIUDADANOS E INTERESADOS FRENTE A LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Estos apuntes están redactados con un enfoque de desarrollo, pensados para responder
adecuadamente preguntas largas de examen en Derecho Administrativo I.
1. Evolución histórica de la posición del individuo frente a la Administración
La posición jurídica del individuo frente a la Administración Pública ha experimentado una
profunda evolución histórica. En el Estado absolutista, el individuo era considerado un
súbdito, sometido al poder del monarca sin reconocimiento de derechos frente a la
Administración. Con la Revolución Francesa y el constitucionalismo liberal surge la figura
del ciudadano, titular de derechos frente al poder público. En el ámbito del Derecho
Administrativo aparece posteriormente la noción de administrado, que identifica al sujeto
en cuanto mantiene una relación jurídica con la Administración. En la actualidad, se
impone un nuevo paradigma en el que el ciudadano es concebido como cliente de la
Administración, lo que implica una orientación al servicio público, a la eficacia y a la
protección reforzada de sus derechos.
2. Capacidad jurídica y capacidad de obrar ante la Administración
La capacidad jurídica es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, mientras
que la capacidad de obrar es la aptitud para ejercitarlos válidamente. En el ámbito
administrativo, la Ley 39/2015 reconoce capacidad de obrar ante las Administraciones
Públicas a las personas físicas y jurídicas conforme al Derecho civil, a los menores de
edad cuando el ordenamiento les permita actuar sin asistencia, y a determinados
colectivos sin personalidad jurídica cuando así lo disponga la ley. La determinación de la
capacidad de obrar es esencial para saber quién puede iniciar procedimientos
administrativos y ejercer derechos en su seno.
3. Situaciones jurídicas frente a la Administración Pública
La doctrina distingue diversas situaciones jurídicas frente a la Administración. Las
situaciones activas o de ventaja incluyen los derechos subjetivos y los intereses legítimos,
que permiten al administrado exigir una determinada conducta administrativa. Las
situaciones pasivas o de gravamen comprenden los deberes, obligaciones y situaciones
de sujeción. Junto a ellas existen situaciones intermedias y complejas, en las que se
combinan elementos de ventaja y de carga. Esta clasificación es fundamental para
determinar el grado de protección jurídica y la legitimación para recurrir los actos
administrativos.
4. Derechos fundamentales y su incidencia en la actuación administrativa
Los derechos fundamentales y las libertades públicas actúan como límites materiales a la
actuación administrativa. La Administración no solo debe respetarlos, sino que tiene una
obligación positiva de promover su efectividad. Además, su regulación está sometida a
reserva de ley, quedando excluido el reglamento. La protección jurisdiccional de estos
