TALLER DE CONSULTORIO JURÍDICO
Profesor Dayana Mejía Gómez
Área Constitucional
Fecha 16/04/2020
Estudiante Samuel Granados Rodríguez
Id: 451657 Semestre: VIII Modalidad: Diurna /Nocturna
1) ¿Se puede interponer la acción de tutela contra sentencias judiciales?
La acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública que con sus acciones u
omisiones vulneren o amenacen derechos constitucionales fundamentales, incluidos, las
autoridades judiciales. La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de
tutela para la protección de derechos fundamentales vulnerados por decisiones judiciales.
Dada la naturaleza de las autoridades judiciales a las que la Constitución ha asignado la
función de administrar justicia, este tribunal ha precisado que la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales es excepcional, lo que ha llevado a la Corte a partir
de la Sentencia C-590 de 2005, a exigir el cumplimiento de requisitos generales y
específicos de procedencia.
2) ¿La acción de tutela es procedente para la protección de derechos colectivos?
Si, la acción de tutela es procedente para aquellos eventos en que la afectación de un
interés colectivo conlleve también a la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental. Por regla general, la acción de tutela no procede para la protección de los
derechos colectivos, pues la misma ha sido concebida como mecanismo idóneo para la
protección de los derechos netamente fundamentales, mientras que el ordenamiento
jurídico contempló a las acciones populares como el instrumento judicial especial de
protección para amparar derechos o intereses de carácter colectivos. La jurisprudencia
constitucional ha establecido que en algunos casos los juzgadores podrán admitir la acción
de tutela cuando se constate que existe conexidad entre la vulneración de derechos
colectivo y la afectación de derechos fundamentales, es decir, que de la violación de los
intereses colectivos se derive la amenaza de prerrogativas individuales. No obstante que
en el texto fundamental se consagran acciones constitucionales diferentes para la
protección de los derechos individuales y colectivos, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido la procedencia de la acción de tutela cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (I). Que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la
violación o amenaza a un derecho fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza
del sea consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo. (II). El
peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental,
pues la acción de tutela es de naturaleza subjetiva. (III). La vulneración o la amenaza del
derecho fundamental no pueden ser hipotéticas sino que deben aparecer expresamente
