El art 37 CE dispone en su inciso final que la ley que regule la adopción de medidas de
conflictos colectivos incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de
los servicios esenciales para la comunidad.
Dado que el cierre puede interrumpir el funcionamiento de servicios esenciales y esto
deben quedar garantizados, la doctrina entiende que en la practica quedan prohibidos
aquellos cierres que supongan paralización de servicios esenciales para la comunidad,
auque se den las circunstancias previstas en el art 12 RD ley 17/1977 debiendo acudirse
a medidas o remedios alternativos como por ejemplo la intervención de la fuerza
pública, la militarización de los servicios, contratación de otros trabajadores, etc.
El art 13.2 RD ley 17/1977 establece que la duración del cierre se limitará al tiempo
indispensable para asegurar la reanulación de la actividad de la empresa o para
eliminación de las causas que lo motivaron, por tanto, la duración del cierre no depende
de la voluntad del empresario sino de subsistencia de las causas que lo motivaron.
Desaparecidos estos, el empresario debe reabrir el centro.
La autoridad laboral podrá requerir al empresario que abra el centro de trabajo en el
plazo que se determine (art 14 RD ley)
La inobservancia de este mandato convierte en ilegal el cierre a partir de la
desobediencia.
Consecuencias:
Suponen la comisión de una infracción muy grave (art 8.9 LISOS) con sanciones muy
importantes para la empresa.
El empresario no puede oponerse legítimamente al requerimiento administrativo de
reapertura del centro auque consideren que persisten las circunstancias que justificaran
su decisión de cierre.
Si posteriormente se comprueba que la orden era improcedente y con la reapertura se
produjeron daños a las personas o a las cosas, el empresario y los demás perjudicados
podrán exigir responsabilidades a la administración.
Efectos del cierre patronal
Los efectos son los mismos que los producidos por la huelga legal (art 12.2 RD Ley).
Los contratos nos se extinguen sino que se suspenden con interrupción de las
obligaciones respectivas de trabajar y de abonar salario.
El descuento de las remuneraciones se realizará en proporción a la duración del cierre
en los mismos términos que en los supuestos de huelga legal.
Evidentemente estos efectos se refieren a los trabajadores que con anterioridad al cierre
no hubieren secundado la huelga, pues los trabajadores huelguistas ya tenían suspendido
su contrato con motivo de su decisión de realizar la huelga.
Los trabajadores afectados por el cierre permanecen en situación de alta especial en el
sistema de seguridad social con suspensión de la obligación de cotizar por parte del
empresario y del trabajador.
No obstante, los trabajadores afectados por el cierre pueden concertar un convenio
especial con la seguridad social para seguir cotizando durante los días que se desarrolle
el cierre.
