Esquema de producción para la TA1
¿Consideras que el gobierno debería implementar sanciones efectivas
ante la explotación forestal, incluso si afecta a las comunidades que
dependen económicamente de las grandes empresas?
La abundancia del Perú es innegable, según Sagástegui (1999), el país ocupa el
noveno lugar mundial en superficie en cuanto a bosques, siendo el segundo lugar con
bosques amazónicos y la cuarta posición en bosques tropicales. No obstante, este
recurso ha sufrido una explotación sin límite, según Becerra (2023) nos explica que
una de las zonas del Perú más afectadas por la tala ilegal es Madre de Dios, siendo
evidente las graves consecuencias ambientales de este actuar. Ante esta perspectiva,
nos surge la necesidad de implementar políticas efectivas que protejan a nuestro
ecosistema. Sin embargo, Marc Dourojeanni profesor emérito de la Universidad
Agraria, nos relata en la SPDA Actualidad Ambiental (2020) que la explotación
agropecuaria es una de las principales figuras de la deforestación en el país, lo que
nos indica que la explotación ambiental no solo perjudica el medio ambiente, sino que
también pone en riesgo poblaciones enteras. Ante este panorama, existen posturas
que apoyan la tala, pero bajo ciertas condiciones y regulaciones; no obstante, la
realidad nos muestra que dicha actividad forestal perjudica y provoca daños
irreparables. Por ello, frente a esta situación, surge la siguiente pregunta: ¿Consideras
que el gobierno debería implementar sanciones efectivas ante la explotación forestal,
incluso si afecta a las comunidades que dependen económicamente de las grandes
empresas? En respuesta, consideramos que sí se deberían implementar sanciones
efectivas ante la explotación forestal. Para justificar nuestra postura, presentaremos
dos casos relevantes.
En primer lugar, en la página web del gobierno peruano (2021) el Ministerio del
Ambiente promulgó la Política Nacional del Ambiente (PNA) que impulsa el cuidado de
la naturaleza y de los ecosistemas, así como de sus bienes y servicios. Esta política
tiene como objetivo no solo disminuir los índices de deforestación, sino también
regular el desarrollo económico con la conservación ambiental. Es necesario
reconocer que el crecimiento económico no debe construirse sobre la destrucción de
los recursos naturales básicos para la vida humana y la biodiversidad. En segundo
lugar, el ministro Gabriel Quijandría (2021) expone que el gobierno aprobó la Política
Nacional del Ambiente al 2030. Con esto observar estrategias específicas para reducir
la deforestación y promover la educación y la sensibilización ambiental. Estas
estrategias nos dejan en claro que la protección del medio ambiente no es una opción
que podemos dejar a la ligera, es una necesidad primaria que debe ir de la mano con
sanciones estrictas para quienes buscan hacer daño al medio ambiente. Frente a todo
lo expuesto, consideramos que sí se debe implementar sanciones efectivas ante la
explotación forestal.
En conclusión, sí se deberían implementar sanciones efectivas ante la explotación
forestal porque esta actividad daña de manera crítica no solo al medio ambiente sino
también a las comunidades nativas. La responsabilidad ambiental es una tarea que ni
el gobierno ni la sociedad pueden evitar. En primer lugar, es primordial y necesario
